Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

miércoles, 29 de febrero de 2012

Inicio del juicio por el secuestro de FROILAN AGUIRRE en 1976

“Siempre pensé que llegaría al juicio”

Tenía apenas 17 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) cuando fue secuestrado. Logró identificar a su captor, Roberto José Martínez Dorr, un comisario retirado que goza de prisión domiciliaria por “razones de salud”.

 Por Alejandra Dandan

Froilán Aguirre está convencido de que el juicio no es sólo una reparación para un “damnificado”, sino una extensión de su rol de militante político: “Desde siempre pensé que alguna vez iba a llegar a esta instancia de justicia, memoria y verdad”, dice. “Uno lo vive como un granito de arena más en este proceso de búsqueda que mejora la institucionalidad de este país y de todo lo que hemos buscado durante tantos años.”

Hoy empezará el juicio por su secuestro, en septiembre de 1976, cuando militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios y tenía 17 años. El Tribunal Oral de Santa Fe integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango llevará adelante el debate en el que el único acusado es el ex comisario Roberto José Martínez Dorr, conocido como Morrongo, de 64 años, que era parte del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 1 de la policía de la provincia de Santa Fe y a quien Froilán logró ver, y con los años reconocer, entre la patota que lo golpeó en la comisaría 1ª. A esta altura, Martínez Dorr está con prisión domiciliaria por razones de salud, gracias a un beneficio que le dio la Cámara de Casación. En su legajo de servicio figura una felicitación por participar de un operativo que terminó con dos militantes fusilados. Y en los años ’90 ganó varios ascensos. El comienzo del juicio se pospuso varias veces porque el ex comisario presentó varios recursos que incluyeron hasta el pedido de una probation. El pedido fue rechazado y apelado una y otra vez hasta que en diciembre la Corte Suprema lo rechazó definitivamente. Entre sus estrategias de defensa, suele decir que él no es la persona que Froilán dice que es, pese a sus antecedentes, el legajo de servicios o los dichos de varios testigos que lo mencionan en la comisaría 1ª.

Justamente por esas dilaciones, la causa que originalmente incluía a otras víctimas y a otros acusados se fraccionó y Froilán llega al juicio solo: a enfrentarse, y acusar, solo, a uno de sus victimarios. “No es miedo lo que tengo, no”, intenta explicar. “Pero en algún momento tuve cierta inseguridad de que fuera consistente la acusación, pero después aparecieron otras víctimas que también lo identificaron y aparece en varios momentos, eso me da tranquilidad.”

A Froilán lo secuestraron el 8 de septiembre de 1976 en el Hospital Iturraspe de Santa Fe mientras esperaba a Juan Alberto “Beto” Osuna, uno de sus compañeros. Una patota se los llevó a los dos a una casa de campo en San José del Rincón. Los torturaron durante horas. A la madrugada, a Froilán se lo llevaron a la comisaría 1ª; pasó 29 días en una celda de un metro cuadrado y lo golpearon “tremendamente”, dice, entre varias personas, de las cuales reconoció a Martínez Dorr. Del Beto Osuna, su compañero, supo poco y nada con el paso de los años y es otra de las cosas que espera saber todavía. Sabe que Osuna apareció acribillado en el interior de una casa, en Paraná, en un episodio revestido con la supuesta cobertura de los enfrentamientos, que se llamó La Masacre de la Tapera.

“Después no supe más nada de él”, dice Froilán. “Siempre me quedé con la espina de saber qué pasó, de que se haga justicia con él, tenía esperanza de saber cómo realmente fueron las cosas, y de otros compañeros, porque alrededor de mi militancia hay decenas de compañeros muertos, y uno los lleva en la memoria.”

Hasta la intervención, la escuela era una usina de trabajo político y compromiso militante. El día que intervinieron las facultades, los estudiantes del secundario se fueron hasta el edificio de al lado donde funcionaba Ingeniería. Entraron en medio de una asamblea, pero las patotas del nuevo rector los corrieron a los tiros. En su escuela asumió un nuevo rector, llamado Raúl Calvo. Pese a que era septiembre, cerró la escuela apenas llegó por el grado de movilización y activismo. Dio por aprobadas todas la materias y la abrió recién en marzo de 1975.

“Cuando se inicia el ciclo lectivo de 1975 con todo el mundo eximido, en la escuela había entre 60 y 70 preceptores nuevos, todos gendarmes retirados, policías retirados y pibes jóvenes manejados por ellos”, dice Froilán. “En la puerta de entrada pusieron una mesa con un personal de policía femenina y otro masculino que nos pedían documentos y te los devolvían al salir de la escuela.”

Froilán terminó ese año, pero en 1976 dejó la escuela. “La cosa venía muy densa y la cosas no daban para que yo fuera otro año. Una vez volví a ver a un compañero, habrá sido a principios de abril, ya había sido el golpe y cuando quiero salir, unos minutos después, la policía que está en la puerta me detiene porque alguien me había identificado. Me llevan a dirección y me vienen a buscar en patrullero. Esa vez se enteraron mis familiares y me fueron a buscar, pero al poco tiempo, en junio, hubo una gran represión en la que cae todo el mundo de la UES y a mí me allanan la casa.”

Durante unos ocho meses estuvo escondiéndose, pero en septiembre lo secuestraron en el hospital: “En ese momento, durante unos diez días, fueron bastantes los que cayeron de los nuestros, uno tras otro, reventaron las casas”.

Antes de todo eso, la UES había alcanzado un desarrollo político importante en esa escuela. En septiembre de 1974, habían ganado el centro de estudiantes en una alianza con la Fede pero nunca lograron asumir. Hasta entonces, en la escuela, cada agrupación tenía lo que le decían “la casilla”, un espacio físico para el trabajo. “Nosotros teníamos una biblioteca en el hall, le habíamos puesto José Gervasio Artigas, y además de literatura hacíamos producción de apuntes y material de estudio.”

Froilán empieza hoy su juicio por él mismo como víctima de la dictadura, y un juicio que a la vez es colectivo. La querella la llevará adelante el mismo abogado de siempre, Horacio Coutaz, que como ahora es secretario de Derechos Humanos de Santa Fe se tomará unos días de licencia para asistirlo.

martes, 28 de febrero de 2012

Detuvieron represor Rodolfo Isach, en un chalet junto al mar

En Ostende, el represor Rodolfo Daniel Isach, en una playa junto al mar

El procedimiento se realizó el último fin de semana, cuando después de cuatro años de estar prófugo, Isach pudo ser detenido y trasladado a Rosario para ser indagado por el juez federal Bailaque. Está acusado de crímenes en centros clandestinos.

Por José Maggi

El represor Rodolfo Daniel Isach, ex comisario de la policía provincial y ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército (PCI) fue capturado en Ostende, un pueblo de la costa atlántica tras ser allanado su domicilio. El hecho ocurrió el último fin de semana, cuando después de cuatro años de estar prófugo, Isach pudo ser detenido y trasladado a Rosario para ser indagado por el juez federal Marcelo Bailaque, con la presencia de la fiscal federal Mabel Colalongo. Isach se negó a declarar y su defensor oficial Osvaldo Gandolfo hizo una presentación por escrito.

Isach solo reconoció que en su paso por la policía santafesina fue destinado a la Brigada de Explosivos, entre otros destinos a San Lorenzo, donde llegó incluso ya en democracia a ser el jefe de la Unidad Regional 17. El detenido fue alojado en el penal policial de la Jefatura, en avenida Francia al 5000, a la espera de ser trasladado al penal de Marcos Paz.

El hermano de Rodolfo Isach, Carlos, continúa prófugo en el marco de la causa Guerrieri, cuyo juicio oral ya condenó a prisión perpetua a Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, y a los civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo por los crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco y Ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.

Este diario había publicado las fotos de la propiedad de Ostende, ubicada en calle Irigoyen 98, el domingo 17 de agosto de 2008, bajo el título "Escondite en la playa", luego que "Tucu" Costanzo entregara la filmación de esa propiedad como prueba en el expediente donde se ordenara la captura de los hermanos Isach.

Justamente Costanzo lo había señalado en su declaración ante la justicia federal, como uno de los partícipes de la matanza en La Intermedia, la casa quinta de la familia Amelong donde habían sido llevados los detenidos de la Quinta de Funes. "Los hicieron salir uno por uno, hacia otra construcción más precaria, la de los caseros y allí los fue matando Rodolfo Isach, de dos disparos, con una ametralladora. Después los pusieron en la galería, antes les habían tapado los agujeros de las balas, les decían que era por los aviones. Y los envolvieron en frazadas", declaró Costanzo en la recorrida hecha el 24 de noviembre de 2009.

El represor detenido era buscado junto a otros 26, entre ellos los ex oficiales de la Policía de Santa Fe César Heriberto Peralta y Antonio Tuttolomundo, acusados de delitos de privación ilegítima de la libertad, violencia, amenazas, torturas y homicidio en el caso de Conrado Galdame, ocurrido en diciembre de 1978, y que formó parte del llamado Juicio a las Juntas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -a través de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia- había ofrecido el año pasado una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte datos ciertos que permitiera ubicar a estos sospechosos, en el marco de causas que tramita el Juzgado Federal de Bailaque.

Isach fue capturado en Ostende, en el mismo lugar al que fue a vivir tras retirarse de la Policía provincial en 2000. Si bien en todo este tiempo lo habían ido a buscar nunca había sido hallado en su casa de Yrigoyen 98.

Isach de 65 años, ingresó a la Policía a principios de los 70, y se incorporó a los grupos de tareas que operaron en Rosario y el sur de Santa Fe antes y durante la dictadura. Al regreso de la democracia se mantuvo dentro de las filas policiales e incluso ascendió posiciones sin ser molestado. Sin embargo su nombre ya había sido mencionado por sobrevivientes de centros clandestinos de detención.

De hecho, en el marco de la causa Guerrieri por la que estaba prófugo está acusado de delitos muy graves, todos de lesa humanidad, al igual que el resto de los ex policías y militares que fueron condenados en la causa Quinta de Funes y que recibieron condenas a cadena perpetua.

domingo, 26 de febrero de 2012

Represor Morales: dirigía los procedimientos de secuestros

Al frente de un grupo de tareas

"La primera vez que veo a Domingo Morales fue el 23 de marzo de 1977, cuando un grupo de tareas ingresa en mi domicilio, en calle 4 de Enero, donde vivía con mis padres", recordó Anatilde Bugna. "Y cuando digo grupo de tareas me refiero a que estaba integrado por militares, policías y civiles, entre ellos, este señor, a quien luego pude identificar por su nombre, Domingo Morales, que estaba de civil. No era muy alto, cara redonda, pelo largo, de unos 30 años aproximadamente, retacón, no tenía un aspecto atlético. Me llamaron la atención los bigotes: tupidos, oscuros, eran tan llamativos que pensé que eran falsos".

"Morales y otro que estaba con uniforme del Ejército dirigían el procedimiento en mi casa", relató Bugna. "Morales tenía aspecto más formal, a pesar de que estaba de civil. Era imperativo en su tono. Mi padre le preguntó adónde me llevaban y él le contestó que a la Policía Federal, que estaba en calle 1º de Mayo. Nunca me llevaron allí, fui conducida directamente a la comisaría 4ª y luego a 'La Casita'", agregó.

"Las voces que escuché en 'La Casita' eran las mismas de los que estaban de civil cuando fui secuestrada. Entre esas voces estoy segura de que estaba la de aquella persona que dijo que venían a buscarme para hacerme preguntas sobre mi hermano que estaba detenido. Reconocí la voz de quien describí particularmente por sus bigotes y que luego puedo saber que se llama Morales. Además, estoy convencida de que este señor Morales era el encargado del chupadero, debajo de Nicolás Correa (El Tío), que era el jefe. Y aún cuando no podía verlo porque estuve encapuchada, estoy segura que estaba presente en el lugar porque escuchaba su voz".

Bugna dijo que volvió a ver a Morales en el despacho de Perizzotti, en la GIR, después del traslado desde "La Casita". "Me hacen entrar y veo a Perizzotti conversando con Correa, a quien reconozco por su voz. No tengo ninguna duda de que era él. Y en otro escritorio, sentado, vuelvo a ver a Morales, con esos bigotes que tanto me habían llamado la atención en mi casa cuando soy secuestrada. Entro y me dice: 'Hola, Anatilde'. Sabía quién era, me había monitoreado todo el tiempo de mi detención y aún más, ya que hablaba de mi relación con mi esposo, Juan Perassolo", explicó.

Suficientes prueblas sobre su responsabilidad
Morales dirigía y tomaba decisiones

La abogada querellante Lucila Puyol dijo que las pruebas producidas en la investigación judicial revelan la responsabilidad de Domingo Morales en el circuito represivo de Santa Fe. En diciembre de 2010, la Cámara Federal de Rosario lo desprocesó de los cargos de asociación ilícita, 16 homicidios y supresión de identidad de una menor por considerar que "al momento de los hechos" era "capitán" y no integraba la "franja de los oficiales superiores". "Las pruebas nos conducen de manera decisiva a una conclusión opuesta", dijo Puyol. Y mencionó algunas:

*"El legajo personal de Morales indica que fue designado con tareas de Inteligencia en Santa Fe el 15 diciembre de 1976 y luego nombrado jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia (fs. 108)".

*"El imputado figura en el Libro Histórico del Ejército Argentino, Destacamento de Inteligencia 122, que se agregó al expediente. Y figura en la Nómina del Personal Superior del Destacamento de Inteligencia 122".

*"El Boletín Reservado del Ejército (BRE) Nº 4694, pág. 1049, consigna: 'Por resolución del señor Comandante en Jefe del Ejército de fecha 15 Dic. 76, pasen a continuar sus servicios a los destinos que en cada caso se especifica, el siguiente personal superior (el resaltado me pertenece), proveniente de la Escuela de Inteligencia al Destacamento de Inteligencia 122: Teniente 1ro. D. Domingo Morales'".

*"En el legajo personal puede verse que fue ascendido a capitán y posteriormente a jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia".

*"En su testimonial, Anatilde Bugna, reconoce al imputado Morales como quien dirigía el grupo de tareas que la secuestró en su casa y que luego la interrogó en La Casita, al punto que lo considera el encargado del lugar. En la GIR también fue interrogada por Morales, quien finalmente le dice que va a salir en libertad, cosa que efectivamente sucedió, lo que denota un grado importante de dirección y participación en los hechos", concluyó Puyol.

Morales: El represor que apretaba a las presas adolescentes

 Tres militantes peronistas acusan a Teniente Domingo Morales,como integrante dek Destacamento de inteligencia 122

Anatilde Bugna, Cecilia Mazzetti y la asesinada Silvia Suppo ubicaron al militar como jefe de operativos de secuestro, y torturador. A Mazzetti, que tenía 17 años y estaba embarazada, la amenazaba con que se iba a "pudrir" en la cárcel.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Tres militantes peronistas son las que acusan al represor de la dictadura que esta semana volvió a la cárcel de Las Flores, Domingo Morales, un teniente coronel que operó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe. Anatilde Bugna lo identificó como uno de los jefes del operativo que la secuestró en su casa, el 23 de marzo de 1977, y a quien luego escuchó en las sesiones de torturas en un centro clandestino al que llamaban "La Casita", en Santo Tomé, y en interrogatorios en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). Cecilia Mazzetti lo señaló como uno de sus torturadores en la comisaría 4ª y luego en la GIR, donde la interrogaba en la oficina del jefe del centro de detención, Juan Calixto Perizzotti y hasta llegó a amenazarla en el patio. Y Silvia Suppo fue testigo de esas amenazas de Morales a Mazzetti, según relató en el juicio al ex juez Víctor Brusa y a otros represores santafesinos, en octubre de 2009, cinco meses antes de ser asesinada en Rafaela. En los tiempos del martirio, en 1977, Mazzetti tenía 17 años y esperaba un bebé y Suppo, 18 años.

Morales quedó detenido el jueves en los Tribunales Federales, tras participar en una rueda de reconocimiento de personas ﷓-donde Mazzetti lo señaló sin titubeos-﷓ y ser indagado por el juez federal Reinaldo Rodríguez. Ya había estado preso cuatro meses, a principios de 2010, por asociación ilícita, 16 homicidios y supresión de identidad de la hija de desaparecidos, pero zafó cuando la Cámara Federal de Rosario anuló el procesamiento, en diciembre de 2010. Uno de los crímenes que el magistrado imputó a Morales es el asesinato del esposo de Mazzetti, Roberto Daniel Suárez, desaparecido el 1º de agosto de 1977, cuando cumplía el servicio militar en el Batallón de Ingenieros Anfibios 601, en Santo Tomé.

Las tres denunciantes coinciden en que Morales operaba en el circuito represivo de la dictadura y una de ellas dijo haberlo escuchado en "La Casita". "Estoy convencida de que era el encargado del chupadero", afirmó Bugna, cuando declaró en la causa el 4 de abril de 2011 (ver aparte). Los juicios de lesa humanidad en Santa Fe ya probaron que los grupos de tareas que operaban en los centros clandestinos estaban bajo el mando del jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, ya fallecido.

Mazzetti denunció a Morales en el juicio a Brusa, Perizzotti y a otros represores, en setiembre de 2009. Lo señaló como uno de sus torturadores en la comisaría 4ª y dijo que luego lo volvió a ver en la GIR. "En diciembre de 1977, se llevan a casi todas las mujeres menores de edad que estábamos allí. Yo quedo un año más, con dos chicas de Rafaela, Silvia Suppo y Graciela Rabellino", recordó.

"Durante ese año (1978) me bajaron varias veces a la oficina de Perizotti, donde me encontraba con esta gente que me había interrogado en la comisaría 4ª y me seguía amenazando. Me decían que si no les decía lo que ellos querían saber no me iba a ir más de ahí. Mi compañero estaba desaparecido", desde el 1º de agosto de 1977.

"Perizzotti estuvo varias veces al costado del escritorio donde me interrogaban. Y un día, cuando salíamos al recreo vino uno de ellos y me dijo: 'Yo soy el capitán Morales'. Parecía disfrazado, porque usaba ropa vieja. 'Soy de inteligencia del Ejército. Vos nunca me dijiste lo que yo quiero saber, así que te vas a pudrir acá', me dijo. Eso lo hacia cada tanto, cada quince días", agregó Mazzetti.

En el juicio, Cecilia señaló sobre un plano de la GIR el despacho de Perizzotti y la ubicación de los muebles. "Había dos escritorios. En uno de ellos estaba el capitán Morales y otras dos personas que me interrogaban. A veces, también estaba (María Eva) Aebi, que era la secretaria de Perizzotti", recordó. "Algunas de las veces que me bajaron a la oficina de Perizotti, también me interrogaba él. Me decía que era encargado de evaluar mi posible reinserción en la sociedad".

Cecilia salió en libertad el 24 de diciembre de 1978. Y al mes, vuelve a sufrir otra amenaza. "Llegó a buscarme un grupo de hombres para deportarme a Chile. Mis padres les muestran mis documentos, que soy argentina. Pero les dicen que tengo que presentarme en San Martín y Obispo Gelabert (donde funcionaba el D﷓2, el servicio de Inteligencia de la Policía santafesina). Por supuesto que no voy", le comentó al Tribunal Oral. Sin embargo, como vivía cerca del D﷓2, pasó por el lugar "cuando salían el capitán Morales y (Nicolás) Correa. Y me dicen: 'Hola, Cecilia'. Nunca más los volví a ver".

Silvia Suppo fue testigo de la persecución y las amenazas de Morales a Mazzetti. Y lo dijo el 5 de octubre de 2009, cuando declaró ante el Tribunal Oral que juzgó a Brusa y Perizzotti. Un testimonio espeluznante sobre su martirio en el circuito represivo de Santa Fe, donde sufrió violaciones y un aborto. Una de las abogadas de la querella, Lucrecia Fascendini, le preguntó sobre su detención en la GIR, junto con otras menores, entre ellas Mazzetti, Patricia Isassa y Milagros Almirón. "Nos dejaban salir a un patio en el que había un aljibe, primero todas juntas y luego las tres que quedamos: Cecilia Mazzetti, Graciela Ravellino y yo, porque las demás fueron llevadas a Devoto", dijo.

-¿Vio al capitán Domingo Morales? --quiso saber la abogada.

-Sí, en el patio. Siempre que la veía a Cecilia, iba a presionarla. Le decía: "Vos no me dijiste una cosa que yo quiero saber, así que te vas a pudrir acá dentro. Ellas dos van a salir y vos no" --contestó Silvia.

-¿Y usted, cuándo recupera su libertad?

-En diciembre de 1978 --concluyó.

jueves, 23 de febrero de 2012

Genocida Morales: 4 meses preso en el 2010, y después a pasear!!!

Un ex teniente coronel fue identificado por una de sus víctimas
Morales volvió a la cárcel

La justicia volvió a detener a un militar de alto rango que operó en centros clandestinos de Santa Fe. Estuvo preso cuatro meses a principios de 2010 y después zafó porque la Cámara de Rosario anuló el procesamiento.

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

Un oficial de inteligencia del Ejército que estuvo preso apenas cuatro meses por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe y zafó cuando la Cámara Federal de Rosario anuló su procesamiento por 16 homicidios, asociación ilícita y supresión de identidad de la hija de desaparecidos, volvió ayer a la cárcel de Las Flores tras ser identificado por una de sus víctimas e indagado por el juez federal Reinaldo Rodríguez. El teniente coronel Domingo Morales, que operó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122, quedó detenido luego de participar en una rueda de reconocimiento de personas, en los Tribunales Federales, donde María Cecilia Mazzetti, lo señaló como uno de sus torturadores cuando fue secuestrada por la dictadura, tenía 17 años y esperaba un bebé. Morales ya había sido denunciado en sede judicial por Mazzetti y dos de sus compañeras de tormentos, Anatilde Bugna y Silvia Suppo, antes de que esta última fuera asesinada en Rafaela, en marzo de 2010. Ahora, el juez Rodríguez tendrá diez días para analizar la situación del acusado y resolver si lo procesa "o no" por las torturas a Mazzetti y los otros 16 casos que le imputó en noviembre de 2009 y que la Cámara anuló un año después, en diciembre de 2010.

"La cara se le transformó cuando el juez le dijo que quedaba detenido", dijo  una fuente judicial que participó en la rueda de reconocimiento, y luego, en la indagatoria. Morales es uno de los pocos militares imputados en una causa acumulada en 2009, en la que también está procesado uno de sus jefes, el teniente coronel Roberto Jorge Diab, quien era el segundo en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 y hoy goza de la prisión domiciliaria.

El caso de Morales es emblemático por el intríngulis judicial. El 3 de noviembre de 2009, el juez Rodríguez lo procesó por "asociación ilícita", 16 "homicidios" y "supresión de identidad, sustracción y ocultación" de la hija de un matrimonio desaparecido, Paula Cortassa (María Carolina Guallane). Estuvo preso apenas cuatro meses porque el 23 de marzo de 2010, en vísperas de otro aniversario del golpe de 1976, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó excarcelarlo por su "buena conducta", la falta de "antecedentes penales" y la "inexistencia de constancias" que indiquen el deseo de fugarse. Morales salió del pabellón de represores de la cárcel de Las Flores el 7 de abril.

El Ministerio Público apeló el fallo de Casación y logró darlo vuelta. El 28 de diciembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la excarcelación de Morales en un fallo que sentó jurisprudencia con otros represores que estaban en libertad por resoluciones similares.

Morales era "capitán del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, asiento de una de las estructuras de represión que integraron la organización criminal formada al amparo de la última dictadura" y por lo tanto, "tenía poder de decisión sobre los operativos represivos" que se realizaban en Santa Fe y "el destino final de las víctimas", señaló la Corte. "No es cualquier imputado", sino alguien "entrenado y capacitado para operar en la clandestinidad sin ser identificado y eliminar toda prueba que pueda incriminarlo a él o a sus camaradas, y que, además, todavía podría conservar un ascendiente sobre esas estructuras que habrían actuado bajo sus órdenes y que, como es notorio, han dado sobradas pruebas de poder aun después de restablecida la democracia", agregó.

Sin embargo, dos días después de la sentencia de la Corte, el 30 de diciembre de 2010, la Cámara Federal de Rosario anuló el procesamiento de Morales dispuesto por el juez Rodríguez en noviembre de 2009. El argumento de la Cámara fue el mismo que esgrimió la defensa, que Morales era un oficial de bajo rango "El grado de 'capitán' que desempeñaba (el imputado) al momento de los hechos no alcanza la franja de 'oficial superior', y por tanto no puede responder como autor mediato por los mismos", dice la resolución.

La Cámara Federal de Rosario le pidió también al juez Rodríguez que someta a Morales a "una rueda de reconocimiento" para acreditar o descartar "su participación en los interrogatorios y torturas de los que resultó víctima María Cecilia Mazzetti -viuda de Roberto Daniel Suárez-, quien "señaló al 'capitán Morales' como uno de los responsables de los mismos".

Otra andanada de recursos de la defensa demoró la rueda de reconocimiento y la indagatoria de Morales hasta ayer, cuando Mazzetti lo identificó como uno de sus interrogadores. Ella fue torturada en la comisaría 4ª y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde un día la llevaron al despacho del comisario Juan Calixto Perizzotti -quien operaba como el alcaide del centro de detención- y allí pudo reconocer a dos militares de Inteligencia. Uno de ellos era Morales.

miércoles, 22 de febrero de 2012

Volvió a suspenderse el juicio en la causa Díaz Bessone por crímenes de la dictadura

El Tribunal Oral Federal Nº 2 suspendió hoy hasta el martes próximo las audiencias del juicio por la causa Díaz Bessone, a pedido de la defensa del militar retirado, que argumentó “falta de instrucciones” para llevar adelante el alegato final, producto de los problemas de salud que padece el imputado. La fiscalía rechazó el planteo y habló de dilación.


El Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF2) de nuestra ciudad suspendió hoy hasta el martes próximo las audiencias del juicio por la causa Díaz Bessone, en la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, a pedido de la defensa del militar retirado, que argumentó “falta de instrucciones” para llevar adelante el alegato final, producto de los problemas de salud que padece el imputado.

El ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército durante el primer año de la última dictadura Ramón Genaro Díaz Bessone sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) a principios de años que, de acuerdo con el planteo que realizó esta mañana su abogado defensor, Gustavo Miño, le impide brindar instrucciones para afrontar la etapa final del juicio.

La medida fue adoptada a pedido del abogado Miño, y recogió el rechazo del fiscal de la causa, Gonzalo Stara, y de los abogados de las querellas particulares, quienes consideraron una “nueva dilación” en el proceso la suspensión solicitada por la defensa de Díaz Bessone.

Según explicó el fiscal Stara, “el alegato es una tarea técnica a cargo del abogado de confianza y no es necesario que el imputado le dé instrucciones”.

“Esta nueva dilación -continuó el representante del ministerio público- le da tiempo extra al señor defensor que le permite valorar con más detenimiento la prueba producida durante el debate y preparar el alegato”.

Los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la agrupación Hijos y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) hicieron suyos los argumentos de la Fiscalía para rechazar el planteo del abogado de Díaz Bessone.

Sin embargo, el TOF2 decidió suspender las audiencias hasta el martes 28 de febrero y encargar a una junta médica la revisión del imputado a los fines de establecer sus condiciones de salud, según dijo hoy el presidente del Tribunal, Osmar Paulucci. “Esto no se trata de un chicaneo ni de querer bicicletear”, adujo Miño, el abogado defensor de Díaz Bessone.

“Esta defensa carece de instrucciones, sabemos que los alegatos son cuestiones técnicas, pero en este tipo de causas hay cuestiones históricas que la defensa tiene que consultar con su defendido para saber qué se tiene que decir o qué no se tiene que decir”, abundó el letrado.

Miño también planteó que es necesario “valorar que existen tratados internacionales y que existe el derecho a la salud, que es más importante que una o dos audiencias, y en este caso es importante el estado de salud de Díaz Bessone”.

El juicio oral y público se inició en julio de 2010 y además del militar retirado también están imputados y procesados los ex policías santafesinos José Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, Ramón Vergara y José Carlos Scortechini, junto al civil acusado de complicidad con la represión, Ricardo Miguel Chomicky.

En el proceso se ventilan delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita cometidos contra 91 víctimas en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicios de Informaciones (SI) de la policía de Rosario, en los primeros años de la última dictadura.

martes, 21 de febrero de 2012

Finalmente se Inicia juicio al ex comisario Martínez Dorr

El 1 de marzo comienza el juicio al ex comisario Roberto José Martínez Dorr

El ex comisario está acusado de secuestro y tortura en perjuicio de Froilán Aguirre en 1976, cuando tenía 17 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios. El militante social había sido secuestrado por un grupo de tareas en el interior del Hospital Iturraspe.

El 8 de septiembre de 1976, Froilán Aguirre tenía 17 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Fue secuestrado por un grupo de tareas en el interior del Hospital Iturraspe. Había acordado un encuentro con otro compañero de militancia, Juan Carlos Beto Osuna, cuando los detuvieron.

Ambos fueron trasladados a una casa de campo situada en la zona de San José del Rincón y torturados durante horas. Durante la madrugada, Aguirre fue trasladado a la comisaría 1ª donde pasó 29 días en una celda de un metro cuadrado y fue golpeado sistemáticamente. Su compañero apareció acribillado en Paraná, en lo que se conoció como La Masacre de la Tapera.

Casi 36 años después, a partir del jueves 1 de marzo, Aguirre enfrentará en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, al ex comisario Roberto José Martínez Dorr (64). Más conocido como Morrongo, fue parte del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I de la Policía de la provincia de Santa Fe, con el cargo de oficial auxiliar, desde septiembre de 1976 hasta diciembre de 1978, y es a quien Aguirre señala como autor de brutales golpizas que recibió mientras estuvo detenido en la comisaría 1ª.

Los jueces que conformarán el tribunal serán María Ivón Vella (como presidenta de la causa), José María Escobar Cello y Roberto López Arango. El ministerio público fiscal estará a cargo del fiscal general Martín Suárez Faisal, y en representación del imputado actuará el defensor oficial, Germán Artola. Del debate participarán 30 testigos y la sentencia está prevista para el 23 de marzo.

La Casita
Aguirre relató por primera vez los tormentos sufridos ante la Conadep, en 1984, pero fue en mayo de 2006 cuando formalizó su denuncia. Aquel 8 de septiembre de 1976, el encuentro con Osuna estaba pautado para las 20. Apenas si alcanzaron a verse, cuando una patota, vestida de civil, armados y encapuchados, los secuestraron y los subieron en diferentes vehículos.

Aguirre fue trasladado en un Dodge 1500 color verde metalizado. Viajó recostado en el piso del auto, cubierto con su propio saco, mientras los policías lo pisaban y pateaban. Frenaron en una casa de campo, situada en la zona de San José del Rincón, que se estima que es La Casita: un centro clandestino de detención, que si bien aún no ha podido ser localizado con exactitud, se cree que se trata del mismo inmueble en el que estuvieron secuestrados otros militantes, entre ellos el matrimonio compuesto por Daniel García y Alba Sánchez.

Debajo de la escalera
A pesar del paso del tiempo, los recuerdos de terror de esa noche fueron imborrables para Aguirre. Fue desnudado a golpes en una habitación pequeña y luego trasladado a otro cuarto preparado para la tortura.

Lo ataron a un sillón metálico quedando reclinado y desde atrás alguien le tapaba la boca con un almohadón. Recibió descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo durante toda la noche, hasta quedar desmayado. Por momentos podía escuchar cómo torturaban a su compañero en la otra habitación.

La noción del tiempo se tornó difusa, pero pudo asegurar que fue esa misma madrugada cuando lo trasladaron de vuelta a la ciudad de Santa Fe, hasta la comisaría 1ª y lo encerraron en una pequeña celda situada debajo de la escalera. Allí permaneció entre dormido y desmayado casi cuatro días. Cuando despertó, continuaba esposado, encapuchado y con los pies atados.

La celda triangular, tenía dimensiones tan pequeñas que no superaban el metro por cada lado. En ese lugar permaneció casi un mes con los pies atados, encapuchado y con las manos esposadas a la espalda, los golpes se repetían todos los días.

“Un día logré sacarme las esposas con un alambre que encontré y escribí, mi nombre, la fecha y mi agrupación política en una de las paredes. Cuando descubrieron la inscripción recibí la peor paliza de todas a manos de quien después pude conocer que se llamaba Roberto José Martínez, alias Morrongo”, relató Aguirre.

 En esa ocasión, Martínez Dorr le azotó la cabeza contra la pared innumerables veces, saltaba sobre sus pies, lo golpeó en todo el cuerpo y también en sus genitales con un llavero. Froilán tenía 17 años y estaba totalmente debilitado y sin posibilidades de defenderse para cubrirse de los golpes. Su contextura física era pequeña “frente a un torturador de más de 100 kilos”, recordó.

Originariamente, la fecha de inicio de este juicio había sido fijada para el 31 de marzo del año pasado. Sin embargo, se suspendió cuando la defensa del imputado pidió la suspensión del juicio a prueba. Un beneficio que fue rechazado por el Tribunal pero llegó a la Cámara de Casación donde estuvo varios meses, hasta que el 28 de diciembre de 2011 rechazó el recurso extraordinario, y recién entonces se pudo volver a fijar audiencia.

Cinco juicios
Martínez Dorr está preso desde el 2008, cuando fue procesado por el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez. En agosto del 2010, logró que Casación, tras la negativa del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, le concediera la prisión domiciliaria por “una degeneración macular relacionada con la edad”, llamada “maculopatía bilateral” en la cual “cada recaída implica una cicatriz”, habían explicado lo médicos.
 
Y, en marzo del año pasado, intentó una última maniobra para debilitar su persecución y solicitó al Tribunal Oral Federal la “suspensión del juicio a prueba”.

Los jueces también rechazaron la solicitud por considerar que “las violaciones a los derechos humanos” durante la dictadura “resultan de tal gravedad social y trascendencia institucional que no pueden ser objeto del beneficio que se pretende”.

De esta manera, dentro de 20 días, el ex comisario llegará a la sala de audiencias, para ocupar el banquillo de los acusados en el quinto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que se tramita en la ciudad de Santa Fe.

lunes, 20 de febrero de 2012

La verdad demoró 36 años en conocerse

Identificaron los restos de Marite Vidal Valls, secuestarda en agosto de 1976
La justicia federal en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense identificaron a la militante de la Juventud Guevarista que tenía 21 años. Su cuerpo fue tirado al río y cuando apareció, lo enterraron como NN en La Piedad.

 Por José Maggi

La última fiesta de fin de año tuvo para la familia Vidal Valls otro sentido. "Cerramos un capítulo en la historia de nuestras vidas", confiesa Agustín Vidal. Es que después de 36 años, los restos de su hermana Marité fueron identificados por la justicia federal. Lo hizo un equipo de trabajo encabezado por la fiscal federal Mabel Colalongo junto a Miguel Nieva del Equipo Argentino de Antropología Forense. María Teresa Vidal Valls estaba enterrada en el cementerio La Piedad, como NN, en la tumba 135 del solar 75. "Haberla encontrado me movió toda mi vida, me descolocó. Fue una mezcla de alegría por cerrar una etapa de ideas de terror, y a la vez de tristeza por tener la certeza de lo que había pasado", confía Agustín.

El primer eslabón de la historia fue un parte de inteligencia que recuperó la fiscalía: "El 11 de setiembre de 1976 personal de la seccional 11 con colaboración de la Prefectura Marítima de la ciudad de Rosario procedieron a sacar de las aguas del río Paraná a la altura de calle Gutiérrez a un cadáver del sexo femenino cubierto con una lona y atado de pies y manos, no siendo posible su identificación por el estado en que se encontraba". Esto rezaba el documento oficial.

Al respecto, el antropólogo Miguel Nieva explicó que "los restos, o mejor dicho parte de los mismos, es decir, fragmentos estaban en el solar 75 y fueron exhumados a mediados del 2010". Luego del análisis antropológico, se enviaron al laboratorio para extraer un perfil genético que se comparó con la base de datos de familiares de desaparecidos. "Este trabajo nos dio elementos para avanzar fuerte en las restantes sepulturas --afirma Nieva--, un trabajo que se concretó después" y en el que fueron exhumadas más de un centenar de tumbas, con un total de casi trescientos restos óseos de distintas personas.

El hermano de Marité, Agustín Vidal, confesó: "Mi familia vivió con el miedo de no encontrarla nunca". Marité fue sacada de una de las habitaciones del que era el Hotel Italia, en Maipú al 1000 --en la actual sede de Gobierno de la UNR-- donde vivía de manera transitoria junto a parte de su familia el 6 de agosto de 1976. En ese mismo momento, sus captores se robaron también una cartera con valiosas joyas que tenía su abuela. Tanto el ex jefe de la policía Agustín Feced como hombres de la SIDE dijeron no saber nada de la desaparición, mientras que la cara pública del hotel, una mujer llamada Angela Pereyra Iraola, se mostraba con confianza y recibía favores en la oficina del jefe de la Policía Federal. La patota llegó en tres autos para buscar a su presa de 21 años, militante de la juventud guevarista del ERP-PRT con responsabilidades en el área de prensa, estudiante de letras y de música que había cursado el secundario en Misericordia y que había sido amenazada por la Triple A en un cartel que apareció con su nombre y el de otras personas colgado en la entonces facultad de Filosofía y Letras de la UNR, en Entre Ríos al 700.

Desde allí fue llevada al Centro Operacional Fisherton, en Mendoza al 8500, frente al Mercado de Productores. Allí fue vista por Fernando Brarda, único sobreviviente de ese centro y que el 11 de agosto del 76 se presentó en el Hotel Imperio, donde vivían los hombres de la familia, el padre Juan María Vidal y los hijos Agustín y Fernando y rápidamente se entrevistó con ellos.

"A mi hermana Marité la privaron de su música, de su futuro, de su familia, de sus nietos, de sus futuros hijos, de su libertad, de sus sueños, de su alegría y de todo aquello que cualquier ser humano anhela para el futuro. Marité era un extraordinario ser humano en todos los sentidos. No pudieron llevarse su alegría, su magia; su recuerdo que sigue intacto como el ultimo día en que la vi. Como dijo León Felipe: 'Se llevaron todo pero no pudieron llevarse la canción'", expresa Agustín.

El ex canciller Rafael Bielsa también está movilizado por la identificación de los restos de Marité. "Desgraciadamente no puedo sentir el alivio que entiendo que otros pudieran sentir, porque siempre la verdad restituye el espíritu -dice ahora-. Para mí, desde el momento en que ella desapareció, era mi mejor amiga, y durante décadas, fue un caso estremecedor, porque nadie había oído hablar de ella, nadie sabía nada. Yo escribí una serie de cosas sobre ella con la esperanza de que eso llegara a algún lugar de alguien conocido, y me contaran algo. Precisamente escribí en Página/12 La tercera margen del río. Esta nota trajo hasta mi oficina a Fernando Brarda, que es la primera persona que habló de Marité, que había estado con ella. Y a partir de ahí la historia la conocen todos. No sé que hubiese pasado si ese relato no se publicaba, si Fernando no aparecía, y si no nos contaba lo que nos contó. El hecho de la aparición de los restos la verdad, no modifican esa ausencia en mi, esa amputación".

-¿Que significó en su vida Marité Vidal?

-Fue un actriz de los años más importantes de mi vida, la conocí siendo adolescente en su casa de la calle Córdoba 1983, donde pasé mucho tiempo. Marité era nieta de un famoso pediatra y esa casa era una especie de Alejandría, porque los que iban de Oriente a Occidente pasaban por ahí, y los de Occidente a Oriente, también. Era una casa de música donde nos reuníamos con Charly Pagura, con Alberto Callaci. Era casa de poesía de literatura, una casa de mucha discusión, de mucha polémica. Esa casa era como un aleph, todos los lugares se reunían ahí, todos los episodios más importantes del despertar, de la sensibilidad, de la amistad, de compañerismos, de la militancia, del compromiso, para mí todo eso nació ahí y nació con ella".IDENTIFICARON LOS RESTOS DE MARITE VIDAL VALLS, SECUESTRADA EL 6 DE AGOSTO DE 1976

La verdad demoró 36 años en conocerse

La justicia federal en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense identificaron a la militante de la Juventud Guevarista que tenía 21 años. Su cuerpo fue tirado al río y cuando apareció, lo enterraron como NN en La Piedad.

 Por José Maggi

La última fiesta de fin de año tuvo para la familia Vidal Valls otro sentido. "Cerramos un capítulo en la historia de nuestras vidas", confiesa Agustín Vidal. Es que después de 36 años, los restos de su hermana Marité fueron identificados por la justicia federal. Lo hizo un equipo de trabajo encabezado por la fiscal federal Mabel Colalongo junto a Miguel Nieva del Equipo Argentino de Antropología Forense. María Teresa Vidal Valls estaba enterrada en el cementerio La Piedad, como NN, en la tumba 135 del solar 75. "Haberla encontrado me movió toda mi vida, me descolocó. Fue una mezcla de alegría por cerrar una etapa de ideas de terror, y a la vez de tristeza por tener la certeza de lo que había pasado", confía Agustín.

El primer eslabón de la historia fue un parte de inteligencia que recuperó la fiscalía: "El 11 de setiembre de 1976 personal de la seccional 11 con colaboración de la Prefectura Marítima de la ciudad de Rosario procedieron a sacar de las aguas del río Paraná a la altura de calle Gutiérrez a un cadáver del sexo femenino cubierto con una lona y atado de pies y manos, no siendo posible su identificación por el estado en que se encontraba". Esto rezaba el documento oficial.

Al respecto, el antropólogo Miguel Nieva explicó que "los restos, o mejor dicho parte de los mismos, es decir, fragmentos estaban en el solar 75 y fueron exhumados a mediados del 2010". Luego del análisis antropológico, se enviaron al laboratorio para extraer un perfil genético que se comparó con la base de datos de familiares de desaparecidos. "Este trabajo nos dio elementos para avanzar fuerte en las restantes sepulturas --afirma Nieva--, un trabajo que se concretó después" y en el que fueron exhumadas más de un centenar de tumbas, con un total de casi trescientos restos óseos de distintas personas.

El hermano de Marité, Agustín Vidal, confesó: "Mi familia vivió con el miedo de no encontrarla nunca". Marité fue sacada de una de las habitaciones del que era el Hotel Italia, en Maipú al 1000 --en la actual sede de Gobierno de la UNR-- donde vivía de manera transitoria junto a parte de su familia el 6 de agosto de 1976. En ese mismo momento, sus captores se robaron también una cartera con valiosas joyas que tenía su abuela. Tanto el ex jefe de la policía Agustín Feced como hombres de la SIDE dijeron no saber nada de la desaparición, mientras que la cara pública del hotel, una mujer llamada Angela Pereyra Iraola, se mostraba con confianza y recibía favores en la oficina del jefe de la Policía Federal. La patota llegó en tres autos para buscar a su presa de 21 años, militante de la juventud guevarista del ERP-PRT con responsabilidades en el área de prensa, estudiante de letras y de música que había cursado el secundario en Misericordia y que había sido amenazada por la Triple A en un cartel que apareció con su nombre y el de otras personas colgado en la entonces facultad de Filosofía y Letras de la UNR, en Entre Ríos al 700.

Desde allí fue llevada al Centro Operacional Fisherton, en Mendoza al 8500, frente al Mercado de Productores. Allí fue vista por Fernando Brarda, único sobreviviente de ese centro y que el 11 de agosto del 76 se presentó en el Hotel Imperio, donde vivían los hombres de la familia, el padre Juan María Vidal y los hijos Agustín y Fernando y rápidamente se entrevistó con ellos.

"A mi hermana Marité la privaron de su música, de su futuro, de su familia, de sus nietos, de sus futuros hijos, de su libertad, de sus sueños, de su alegría y de todo aquello que cualquier ser humano anhela para el futuro. Marité era un extraordinario ser humano en todos los sentidos. No pudieron llevarse su alegría, su magia; su recuerdo que sigue intacto como el ultimo día en que la vi. Como dijo León Felipe: 'Se llevaron todo pero no pudieron llevarse la canción'", expresa Agustín.

El ex canciller Rafael Bielsa también está movilizado por la identificación de los restos de Marité. "Desgraciadamente no puedo sentir el alivio que entiendo que otros pudieran sentir, porque siempre la verdad restituye el espíritu -dice ahora-. Para mí, desde el momento en que ella desapareció, era mi mejor amiga, y durante décadas, fue un caso estremecedor, porque nadie había oído hablar de ella, nadie sabía nada. Yo escribí una serie de cosas sobre ella con la esperanza de que eso llegara a algún lugar de alguien conocido, y me contaran algo. Precisamente escribí en Página/12 La tercera margen del río. Esta nota trajo hasta mi oficina a Fernando Brarda, que es la primera persona que habló de Marité, que había estado con ella. Y a partir de ahí la historia la conocen todos. No sé que hubiese pasado si ese relato no se publicaba, si Fernando no aparecía, y si no nos contaba lo que nos contó. El hecho de la aparición de los restos la verdad, no modifican esa ausencia en mi, esa amputación".

-¿Que significó en su vida Marité Vidal?

-Fue un actriz de los años más importantes de mi vida, la conocí siendo adolescente en su casa de la calle Córdoba 1983, donde pasé mucho tiempo. Marité era nieta de un famoso pediatra y esa casa era una especie de Alejandría, porque los que iban de Oriente a Occidente pasaban por ahí, y los de Occidente a Oriente, también. Era una casa de música donde nos reuníamos con Charly Pagura, con Alberto Callaci. Era casa de poesía de literatura, una casa de mucha discusión, de mucha polémica. Esa casa era como un aleph, todos los lugares se reunían ahí, todos los episodios más importantes del despertar, de la sensibilidad, de la amistad, de compañerismos, de la militancia, del compromiso, para mí todo eso nació ahí y nació con ella".

jueves, 16 de febrero de 2012

El portero del gol 1.000 de Pelé, acusado de represor

Andrada, juzgado por crímenes en la dictadura 

Joaquín Maroto | 16/02/2012
Edgardo Andrada, el portero argentino del Vasco da Gama que encajó de penalti el gol número 1.000 de Pelé, ha sido investigado y juzgado en Argentina por el secuestro y asesinato durante la dictadura militar de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Edu Pereyra Rossi, ocurridos en mayo de 1983.

Andrada tenía un sobrenombre como portero, el Gato, y otro como represor de los servicios de inteligencia, Antelo, del exdictador Reynaldo Bignone, el último presidente del régimen militar que gobernó de facto en Argentina de 1976 a 1983.

El fiscal general Juan Patricio Murray vincula a Edgardo Antelo Andrada con un grupo de represores y asesinos dirigidos por Bignone y en el que también formaban escuadra el excomisario Luis Patti, el militar Pascual Guerrieri y los exagentes de Inteligencia Ariel Porra y Juan Andrés Cabrera.

La Justicia llegó a Andrada por una denuncia anónima que investigó el juez de San Martín, Alberto Juárez, quien finalmente obtuvo la confesión de otro represor, Eduardo Costanzo, que involucró al exportero "Tenemos acreditado en el expediente que el 14 de mayo de 1983, día en el que sucedieron los hechos, Andrada figuraba como agente especial del destacamento de Inteligencia 121 de Rosario". En esa fecha se produjo el secuestro y la desaparición de los dos militantes peronistas, Cambiaso y Pereyra, que días después aparecían asesinados. Costanzo ya fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, aunque cumple arresto domiciliario.

El Gato Andrada inició su carrera de guardameta en Rosario Central, fue campeón de Río de Janeiro en 1970 con Vasco y logró el título brasileño en 1974. Se retiró en 1982 con la camiseta del Colón de Santa Fe. Tras su etapa como jugador, y una vez que surgieron los primeros rumores sobre su pertenencia a los escuadrones de inteligencia de la dictadura militar, Andrada volvió al fútbol y se colocó como preparador de porteros en Rosario Central, trabajo que ha sido forzado a abandonar una vez que se ha celebrado el juicio contra él. El presidente del club rosarino, Norberto Speciale, le pidió la dimisión y aseguró que si Andrada es culpable él mismo se encargará "de arrancar de las paredes del club todas las fotos de Andrada, de borrar su paso por la historia de este club".

Según O Globo, el fallo se conocerá en el plazo máximo de un mes, pero Murray anticipa que "hay indicios para que Andrada vaya a prisión".

Genocida Facino: sale cuando quiere

Varios testigos confirmaron que Facino violó el arresto domiciliarioSólo es cuestión de citarlos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos ofreció al Tribunal Oral de Santa Fe el testimonio de personas que vieron al ex jefe de la comisaría 4ª, en un Súper. "Si Facino violó la prisión domiciliaria hay que revocarle el beneficio", dijo Lewis.

Desde Santa Fe

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, reveló ayer que el gobierno ofreció al Tribunal Oral de Santa Fe varios testigos que confirmarían -si se los cita a declarar- que el ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, violó el arresto domiciliario en su casa de San José del Rincón, donde cumple dos condenas a 20 y 23 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos es un funcionario del Ministerio de Seguridad ﷓al quien no identificó﷓, pero que el lunes al caer la tarde vio a Facino tomando café en un supermercado de Colastiné Norte, a pocos kilómetros de la quinta del ex comisario y alertó por teléfono a la Casa Gris. Inmediatamente, se montó un operativo policial, pero cuando llegaron el jefe y el subjefe de la Unidad Regional I, Facino ya se había ido a bordo de un automóvil, junto a dos mujeres. Para el ministro, si la justicia ratifica este hecho, Facino "no debe tener el beneficio de la prisión domiciliaria".

Lewis pasó ayer por la Legislatura para pedirles a los diputados del oficialismo y la oposición que voten un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y establece un cronograma de tareas para implementar de manera definitiva la reforma procesal penal en la provincia (ver aparte). El sistema de juicio oral y público llevará su tiempo, recién se pondrá en marcha en 2013.

Pero en una ronda de prensa, le pidió al Tribunal Oral que revoque el arresto domiciliario de Facino. "Un funcionario del Ministerio de Seguridad vio a esta persona tomando un café (en un supermercado de Colastiné Norte) cuando cumple prisión domiciliaria en su casa de San José del Rincón. Entonces, a esos fines, se realizaron dos dispositivos policiales para corroborar si esto era efectivamente cierto. Se intentó chequear el dato. Y se hizo una presentación al Tribunal Oral firmada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, donde se solicitó al Tribunal una serie de medidas para averiguar si efectivamente había sido así, y en su caso, que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria, que es lo que corresponde", comentó Lewis.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia considera que los represores condenados por delitos de lesa humanidad "no deben tener estos beneficios, que si bien están previstos en la ley, tienen que otorgarse cuando se den las circunstancias y corresponda, y evidentemente, este no es el caso. Por lo tanto, solicitamos al Tribunal que investigue" si Facino violó la prisión domiciliaria y le revoque el beneficio, agregó.

-¿Además de ese funcionario, hay otros testigos que aseguren haberlo visto en el supermercado y que violó la prisión domiciliaria?

-Nosotros hemos ofrecido al Tribunal Oral de Santa Fe una serie de testimoniales para que se verifique el dato.

-Y si se confirma que fue así, ¿Facino sería trasladado a una unidad carcelaria?

-Bueno, esa es una decisión del Tribunal Oral que debe determinar dónde y cómo debe ejecutar su condena el sujeto. Yo entiendo que sí, que debería ir a una unidad carcelaria, pero lo debe decidir el Tribunal y en ese sentido tiene un amplio espectro de posibilidades ﷓explicó el ministro Lewis.

Patricia Isasa, sobreviviente de La Cuarta, señaló que Facino "violó la detención domiciliaria con soltura. Seguramente no es la primera vez que pasa. Resulta que los controles no son ni continuos. El represor, luego de que se retira el control, espera unos minutos y listo, sale, llegando a pasearse en el supermercado Kilbel o tomar café en un centro comercial de Colatine Norte. Tambien maneja su Megane FVY 185".

"El ministro Lewis es quien tiene en su órbita la Subsecretaria de Asuntos Penales (manejada por Devora Cotichini), que debe controlar a los genocidas en sus casas. Por eso les cabe también responsabilidad en la forma del control", entendió Isasa.

Facino cumple dos condenas por delitos de lesa humanidad. En diciembre de 2009, en el juicio a al ex juez Víctor Brusa y otros represores, el Tribunal Oral lo condenó a 20 años de prisión por secuestros y torturas y en agosto de 2010, a 23 años de cárcel en la primera condena por homicidio en Santa Fe, al considerarlo autor mediato por el secuestro y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López.

lunes, 13 de febrero de 2012

Repudian al Colegio de Abogados por no tratar la quita de matrícula a Amelong

Organismos de derechos humanos repudiaron ayer la decisión del Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Rosario de postergar por 15 días la decisión de suspenderle la matrícula profesional el represor Juan Daniel Amelong, condenado en dos oportunidades por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

La decisión del Tribunal de Etica de la institución, que fue adoptada anteayer con la presencia del propio Amelong, quien llegó a los Tribunales Provinciales de Rosario desde Campo de Mayo, donde cumple prisión, permitió que el abogado y militar retirado pueda ejercer la profesión al menos hasta que el organismo defina la situación.

"Que este asesino pueda seguir siendo un abogado colegiado es repugnante y vergonzoso", dijo ayer Daniela Asinari, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y querellante en juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en Rosario.

"Parece que para miembros de ese tribunal ser un asesino, ladrón de bebés, genocida y torturador no violentaría la ética y el decoro de la profesión", agregó la letrada.

Por su parte, desde la agrupación Hijos Rosario condenaron también la determinación del Tribunal de Etica del Colegio de Abogados.

"Esperábamos menos vueltas para resolver una cuestión que debería ser muy clara para los hombres del derecho, como es apartar a un genocida de su colegio", sostuvo Gerardo Fernández, militante de esa organización.

La abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Oberlin, dijo que "es hora de que el colegio tome una actitud muy clara en relación a la contradicción trascendente de que una persona que está condenada por delitos de esa gravedad puede ejercer una profesión que tiene como valor supremo la búsqueda de justicia".

Oberlin destacó además "la gravedad" que supone que el ex teniente Amelong pueda ejercer la abogacía, atento a que en un juicio al que fue sometido el año pasado en la ciudad entrerriana de Paraná, solicitó "la autodefensa".

"Se produce un choque, porque por un lado al ejercer su defensa tenía derecho a interrogar a los testigos, y es muy intimidatorio que lo haga la misma persona que está acusada de cometer los delitos", explicó.

El directorio del Colegio de Abogados local había cancelado en agosto pasado la matrícula de Amelong con el argumento de que no cumplía con "los estándares mínimos para el ejercicio de la profesión en forma decorosa".

Medida cautelar.El 28 de diciembre de 2011 el Tribunal de Etica de esa institución suspendió "provisoriamente como medida cautelar hasta el 10 de febrero" la matrícula del represor luego de que la Cámara de Apelaciones Penal de la Justicia santafesina —ante una apelación de Amelong— levantara con un fallo la suspensión de la matrícula decidida en agosto por el directorio del Colegio de Abogados.

El Tribunal de Etica volvió a reunirse anteayer, cuando vencía el plazo de la suspensión "provisoria" que pesaba sobre el condenado por delitos de lesa humanidad.

Sorpresivamente, el propio Amelong llegó al lugar junto a un abogado, recusó a seis de los integrantes del referido tribunal y pidió la nulidad de la suspensión de su matrícula dispuesta el 28 de diciembre pasado bajo el argumento de "prejuzgamiento".

La defensa de Amelong se basa en que si bien el represor fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, la sentencia aún no se halla firme porque fue apelada ante a Cámara de Casación Penal, que todavía no se expidió.

Amelong fue condenado el 15 de abril de 2010 por el Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario a prisión perpetua, a cumplirse en cárcel común, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos en 29 hechos, y por homicidio agravado por alevosía en 16 casos.

En tanto, el año pasado el teniente retirado de Ejército fue condenado por el Tribunal Oral de Paraná a 13 años de prisión por los delitos de sustracción y adulteración de identidad de un menor, por el caso de los mellizos de la militante desaparecida Raquel Negro.

domingo, 12 de febrero de 2012

Amelong, el genocida quiere ejercer de abogado

Apeló la sus pensión y recuperó la matrícula para ejercer. El represor recusó al tribunal

El Colegio de Abogados de Rosario debía resolver ayer si retiraba la matrícula del abogado-represor, pero Amelong impugnó a integrantes del Tribunal de Etica por lo que el plenario volverá a reunirse en 15 días. Mientras tanto, podrá ejercer.

Juan Daniel Amelong llegó ayer al Colegio de Abogados para hacer uso de su derecho a defensa en la reunión del Tribunal de Etica convocada para tratar la suspensión de su matrícula. Condenado el 15 de abril de 2010 a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común por crímenes de lesa humanidad, el ex militar apeló y pidió la nulidad de la suspención de su matrícula, resuelta por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados, el 28 de diciembre pasado. Ante ello, la asamblea se postergó por 15 días. En tanto, el presidente del Colegio de Abogados, Ignacio del Vecchio, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal por el fallo que en diciembre pasado revocó la cancelación de la matrícula del represor decidida por el directorio del Colegio el 4 de agosto pasado. Si la Cámara acepta el planteo de Del Vecchio, éste será elevado a la Corte Suprema de Justicia provincial para su resolución. Al mismo tiempo, ayer venció el plazo de suspensión preventiva de la matrícula del ex militar decidida a fines de diciembre pasado, por lo que desde hoy está habilitado para jercer.

El ex militar fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario, en 2010, en el marco de la causa Guerrieri, por la desaparición de 17 personas. En agosto del año pasado, el directorio del Colegio decidió cancelarle la matrícula. Del Vecchio recordó que la decisión se tomó porque "el doctor (Amelong) refrenda lo que se ha hecho con los delitos de lesa humanidad". En ese sentido, señaló: "Tenemos que velar por todo el foro, y asegurar a toda la población rosarina que quien ejerza la profesión de abogado lo haga dentro de los mínimos planos de ética; por eso le cancelamos la matrícula".

La resolución institucional provocó que el año pasado el defensor de Amelong, Gonzalo Miño presentara un recurso de apelación ante la Cámara Penal. La respuesta de la Cámara de Apelaciones en lo penal llegó el 13 de diciembre pasado, cuando la Sala IV de la Cámara, integrada por los jueces Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho, dejó sin efecto la resolución del directorio por dos motivos expresados en el fallo: el Tribunal de Etica del Colegio no se había expedido al respecto, y la condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad no está firme, está a revisión de la Cámara de Casación.

En consecuencia, el viernes 3 de febrero, Del Vecchio presentó un recurso de inconstitucionalidad de ese fallo, que será contestado la semana próxima. Si esa instancia es aceptada por la Cámara Penal, la presentación para cancelar la matrícula del represor será elevada a la Corte provincial.

Posteriormente, la presidenta del Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Rosario, Isabel Fernández Acevedo, citó de urgencia a una asamblea que se realizó el 28 de diciembre, en la que se votó --siete a dos-- la suspensión provisoria de la habilitación del represor para ejercer la abogacía. El plazo venció ayer y Amelong pidió la nulidad de dicha reunión porque no se dio a conocer quiénes integraban el Tribunal para tomar esa decisión.

Al cumplirse la fecha establecida en diciembre, los miembros se reunieron ayer para evaluar la continuidad de la medida preventiva. Al encuentro fue citado el ex militar con su defensor, quien presentó una serie de planteos, entre los que hay una recusación de los miembros que conformaron el Tribunal de Etica. Ayer, Enrique Sirio, Carmen Borghini, María Rosa Galardi, Mónica Vittola, Julián Cochero, Héctor Morelli, Eduardo Tetamantti, Susana Hercovich, Carlos Almada y el vicepresidente del cuerpo, David Nardiello --quien presidió la asamblea ante la ausencia de la presidenta, que se excusó de votar ya que firmó como querellante de la causa en la que fue condenado el represor en cuestión--, estaban dispuestos a votar, pero ante la apelación de Amelong, debió posponerse la votación. Nardiello señaló que "el Tribunal de Etica se vio obligado a citar a un nuevo plenario, en 10 o 15 días para evaluar esos planteos".

Ante la sorpresa que causó la presencia de Amelong en los Tribunales Provinciales, Nardiello afirmó que "no fue circunstancial"; sino que la reunión permitió "al denunciado tener la oportunidad de recusar a los miembros del Tribunal". "Se le garantizó a Amelong el derecho a la defensa", concluyó.

miércoles, 8 de febrero de 2012

Los otros “albañiles” de la inteligencia militar

Las infiltraciones de la inteligencia militar también incluyeron a otros dirigentes del gremio de la construcción. Durante la dictadura, Horacio Barcos, “Quique”, fue agente civil del Destacamento de Inteligencia Militar 122.

Figura como “agente de reunión”. En mayo de 1978, en Santa Fe, participó del secuestro y tormentos contra José Tur y Amalia Ricotti.

Años más tarde, esta última lo reconoció, lo denunció y Barcos fue juzgado y condenado a 15 años de prisión, que cumple en la cárcel de Las Flores.

En 1996, Barrios, que trabajaba en la Obra Social de la UOCRA, fue designado por Gerardo Martínez como interventor en 1996 en Tres Arroyos.

De esa excursión, se llevó una condena de cinco años por extorsionar a un empresario de la construcción. Barcos se desempeñó como agente de la inteligencia militar hasta 1997. Otro agente civil que aparece en el listado del Destacamento 122, también como “agente de reunión”, es Eduardo Juan Daffunchio, asesor legal de la UOCRA Santa Fe.

Por último, otro agente civil del Batallón 601, muy allegado a Martínez -actuaron juntos en la intervención militar del gremio- es Raúl Alberto Leiva, quien fuera vocal de la UOCRA en 1983. En algunos asados gremiales, Leiva se ufanaba de haber sido un “hombre operativo” de la banda de Aníbal Gordon durante la dictadura. Mencionaba que en esa época Francisco “Barba” Gutiérrez , actual intendente de Quilmes, se les había escapado más de una vez.

Gerardo Martínez designó en varias oportunidades al ex 601 Leiva como interventor de las seccionales de Bahía Blanca y Neuquén de la UOCRA.