Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 14 de octubre de 2012

El represor Scortechini vive en otra casa fijada para la prisión domiciliaria


El represor se toma sus libertades
El colectivo de Ex Presos Políticos y APDH fue a la Justicia Federal, y el fiscal le pidió al Tribunal Oral Federal II que constate el cumplimiento de la detención. "El genocida podría ser remitido al penal de Marcos Paz", advirtió Stara.

Por José Maggi
El Colectivo de ex Presos Políticos y Sobrevivientes de Rosario y la Asamblea por los Derechos Humanos denunciaron ante la justicia federal que el represor José Carlos Scortechini, condenado a diez años por delitos de humanidad, estaría violando su detención domiciliaria. Según la denuncia "el represor estaría viviendo en calle Viamonte 2845 cuando el domicilio que declaró ante la justicia es el de Saavedra 2661". Informado de la presunta violación, el fiscal de la causa Feced, Gonzalo Stara advirtió que "de ser comprobado el incumplimiento, la prisión domiciliaria de Scortechini podría ser revocada, y el genocida convicto remitido al Penal de Marcos Paz".

La presunta violación fue informada al fiscal por la presidenta de APDH Rosario, Norma Ríos, y por Mónica Garbuglia, del Colectivo de Ex Presos Políticos, quienes manifestaron que el represor fue visto al menos en dos oportunidades en un domicilio distinto al que el tribunal ordenó como lugar de cumplimiento de su pena, basándose en una dolencia de salud aducida por Scortechini.

Stara se comunicó con el TOF II ha fines de informar a los magistrados, solicitando se corrobore en forma inmediata la situación de Scortechini. El Tribunal así lo hizo, comprobando que, en el transcurso del viernes por la tarde el represor era trasladado por personal de Gendarmería Nacional para realizar un control médico.

Consultado el fiscal, manifestó: "Al momento de comunicarme con el Tribunal, el condenado se encontraba a disposición de los magistrados. Restaría comprobar el incumplimiento denunciado. De ser así, estaríamos ante la confirmación de que no correspondía hacer lugar a la prisión domiciliaria, cual fuera la posición de este Ministerio Público, que apeló la resolución del TOF II, por lo cual debería resolver la cuestión la Cámara Nacional de Casación Penal."

Sin embargo, desde el Colectivo de ex Presos, Garbuglia y Luis Megías, ratificaron su denuncia a través de un comunicado en el que recuerdan que "Scortechini fue condenado a diez años de prisión efectiva, en cárcel común pero debido a una afección de páncreas se le concedió prisión domiciliaria en Saavedra 2661 de Rosario. Averiguamos dónde debería encontrarse y se nos informó que en calle Saavedra 2661 de Rosario. Entonces nos preguntamos: ¿Quién y cómo se controla la efectividad de la prisión de los represores?, ¿Por qué esto no se cumple? ¿Quienes son los responsables de las verificaciones?, ¿Cuáles son las funciones que deben seguir desde el TOF que no se realizan después de las sentencias?", se preguntaba el Colectivo en su texto de prensa. "Porque nos resulta altamente preocupante que esto ocurra y consideramos un atropello al fallo de la Justicia que no se cumpla con lo que ella misma impone a través de sus jueces competentes, hacemos conocer este hecho ante los organismos de DD.HH. y ante la prensa"

No es la primera vez que la detención domiciliaria de Scortechini provoca polémica: en los primeros días de marzo de 2011 no pudo ser ubicado en su vivienda en dos oportunidades por el Patronato de Liberados, el órgano provincial encargado del control de la detención. Luego que la Fiscalía y los organismos advirtieran que el represor podría haberse fugado, el ex policía del Servicio de Informaciones fue localizado en su casa. El argumento que dio fue que no escuchó el timbre por un corte de luz cuando llegaron a constatar que estaba allí. La "ausencia" de "Archie", se explicó días después cuando se conoció que había sido beneficiado con un permiso judicial para oficiar de instructor de vuelo en la academia Flying Time, que funciona en cercanías del Aeropuerto de Fisherton.

lunes, 8 de octubre de 2012

Jorge Muñoz procesado por delitos de lesa humanidad en San Nicolás


El guardaespaldas que formó la AAA
En el juicio oral y público que desarrolla el Tribunal Oral Federal número 2 un testigo reconoció al que fuera jefe de la Policía Federal de esa localidad como custodio de Isabel Perón. Cercano al comisario Villar, reprimió en el Villazo.

 Por Sonia Tessa
"Muñoz es un apellido muy común, pero había un Jorge Muñoz que era custodio de Isabel Martínez de Perón", dijo el comisario general retirado de la Policía Federal, Raúl Acosta. "Sí, es él", afirmó cuando vio a Jorge Muñoz, uno de tres los acusados por delitos lesa humanidad en San Nicolás. La irrupción de ese dato puso sobre la mesa la historia del represor que dijo esperar "reconocimiento" por su actuación en la masacre del 19 de noviembre de 1976, en la calle Juan B. Justo 676, donde asesinaron a los militantes Ana María Granada, Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini y los niños María Eugenia y Fernando Amestoy, de cinco y tres años. Muñoz perteneció al núcleo fundador de la Triple A, fue estrecho colaborador del comisario Alberto Villar, y uno de los encargados de la represión en Villa Constitución, a partir el 20 de marzo de 1975. Su labor como guardaespaldas de la ex presidenta no consta en su legajo, adjuntado al expediente del juicio que se realiza en el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario. Por entonces, lo ubican "en comisión". En cambio, sí puede leerse que fue condecorado por la dictadura de Hugo Banzer Suárez, en Bolivia, en 1972, por los servicios prestados. Después de la declaración de Acosta, Muñoz ﷓﷓jefe de la Policía Federal en San Nicolás en 1977, pidió ampliar su indagatoria, algo que ocurrirá en las próximas semanas.

El legajo consigna que Jorge Muñoz (de apellido paterno Muñoz Pinochet) nació el 14 de abril de 1935, e ingresó el 5 de enero de 1971 a la Dirección de Orden Urbano, a cargo del comisario Villar, conocida como "brigada antiguerrillera". A los pocos meses lo enviaron a Córdoba, para reprimir la manifestación conocida como El Viborazo. El 22 de octubre de 1971, Muñoz fue parte del escandaloso copamiento de la comisaría 4ª de la policía provincial de parte de los Federales. A los golpes, los efectivos al mando de Villar entraron para "rescatar" el sumario por la detención irregular de Eduardo Romero, de 25 años, a quien las huestes de Villar habían secuestrado durante unas horas el día anterior. Por ese episodio, Muñoz recibió la sanción de 15 días de arresto el 28 de marzo de 1972, impuesta por el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Rafael Herrera. Sin embargo, el legajo también consigna --en su folio 22-- que el 22 de noviembre de 1974, por orden de Villar, "se deja sin efecto la sanción".

El 16 de septiembre de 1971, también por órdenes de Villar, Muñoz fue "designado para dictar cursillo sobre guerrilla urbana, sabotaje, emboscadas, golpes de mano, terrorismo en distintas unidades del Ejército Argentino".

Sus servicios se extendieron a Bolivia. El 21 de enero de 1972 "se le autoriza a usar en el uniforme el distintivo de Ranger, que le fuera entregado por el gobierno de la República de Bolivia y fue también galardonado con el emblema de la Guardia Nacional de Bolivia". Así consta en el folio 83. La Unidad Rural de los Ranger fue designada por el dictador del vecino país para "combatir la insurgencia armada".

Las "hazañas" de Muñoz --todas documentadas-- recién empezaban. En julio de 1974, se consigna un "cambio de destino". Allí fue el todavía oficial principal Muñoz, bajo las órdenes de Antonio Fischietti, a participar de la represión previa al Operativo Independencia. Al año siguiente, entre enero y febrero de 1975, lo trasladaron a Villa Constitución. "Del entorno de Villar integran las AAA, el principal Jorge Muñoz, el inspector Jorge Veyra, el inspector Gustavo Eklund, el subinspector Eduardo Fumega, el inspector Alejandro Alais, el principal Bonifacio, el inspector Félix Farías y el principal retirado Tidio Durruti", sostuvo el ex comisario de la policía federal, Rodolfo Peregrino Fernández, en su declaración ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983. Así lo escribió el periodista Carlos del Frade, quien considera que esa declaración fue "la más precisa y clara descripción sobre el origen de la Triple A en la Argentina y sus principales operativos, entre ellos, Villa Constitución, el 20 de marzo de 1975".

El 21 mayo de 1975, en un momento del año inusual para los ascensos policiales, que se producen en diciembre, por decreto 1336 del Poder Ejecutivo Nacional, Muñoz fue ascendido a la categoría de Comisario. Al comienzo de la dictadura militar, Muñoz ya era jefe de la Policía Federal en San Nicolás.

El 19 de noviembre de 1976 se produjo la masacre por la que está acusado junto al ex jefe del Area 132 del Primer Cuerpo de Ejército, Manuel Fernando Saint Amant y al ex militar Antonio Bossie. En su defensa, cuando prestó declaración indagatoria, el 1º de agosto pasado, habló de un enfrentamiento y del suicidio de Amestoy y Fettolini. Las declaraciones de los vecinos que se sucedieron en estos tres meses del juicio oral y público desestiman la teoría del enfrentamiento. Unos 40 hombres del Ejército, la policía bonaerense y la Federal irrumpieron en la madrugada en la casa, tirando granadas de gases lacrimógenos --que terminaron asfixiando a dos de los tres niños-- y disparos a mansalva. Sólo sobrevivió el bebé de cinco meses, Manuel Gonçalves Granada, a quien sustrajeron su identidad durante 19 años.

Lo del suicidio, queda descartado por un sumario de prevención que el propio Muñoz elevó a la jefatura en noviembre de 1976, y cuyo original desapareció sugestivamente de la causa judicial iniciada en aquella época. "El suscripto al irrumpir en la finca con el principal Farías, el inspector Berutti y demás personal de esta unidad fueron recibidos mediante disparos de armas de fuego por una pareja de sediciosos que se hallaba dentro de la casa. De inmediato se repelió la nueva agresión logrando abatir a la mencionada pareja", dice el texto que Muñoz firmó en aquella época.

Justamente, Acosta --el que develó que Muñoz había custodiado a Isabel Perón-- desconoció su firma en la copia de aquel sumario que elevó la Dirección de Interior --de la que Acosta estaba a cargo-- a la Dirección de Investigaciones Administrativas de la Policía Federal. Los fiscales Adriana Saccone y Juan Murray pidieron una pericia caligráfica pero antes dejaron constancia de que se trataba de un documento público, con membrete oficial de la Policía. El Tribunal integrado por Beatriz Caballero de Baravani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echague hizo lugar a la pericia, en la última etapa de producción de prueba del juicio.