Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

jueves, 30 de septiembre de 2010

Nueva querellante por la familia Betanin, emblemática en la causa Feced

En su propio nombre contra genocidas

María Inés Luchetti de Bettanín fue incorporada a la causa, ante el juez federal Marcelo Bailaque. La secuestraron el 2 de enero de 1977, en su casa, donde estaba toda su familia. Su esposo fue asesinado, y su cuñada murió en el camino.

María Inés Luchetti de Bettanín fue presentada ayer ante el juez federal Marcelo Bailaque como querellante en la causa Feced por los hechos padecidos durante la dictadura militar junto a su esposo asesinado Leonardo Bettanín, quien fuera Diputado Nacional del PJ y periodista en ese momento. Está patrocinada por las abogadas Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Leticia Faccendini, Jessica Pellegrini e Isabel Fernández Acevedo.

Durruty como abogada de Familiares remarcó que "el caso Bettanín era un caso emblemático, y muy conocido dentro del horror del Servicio de Informaciones. En ese sentido la testimonial de María Inés y de su suegra fueron medulares para la conformación de la causa, por lo cual estamos agradecidas que hayan confiado en nosotros para representarlas en el juicio. Por supuesto vamos a acompañarlas en esta nueva tarea que reinicia en estos días, no sólo en el ámbito del juicio oral, sino en la denominada Causa Feced residual, en la que hay muchas puertas que hay que seguir abriendo. Por eso creemos que esta participación de María Inés no solo como testigo sino como querellante va a marcar un antes y un después".

La familia Bettanín fue diezmada por la dictadura: el 2 de enero de 1977, policías fuertemente armados irrumpieron en la casa de la familia Bettanin, ubicada en la calle 2, número 626 del Barrio Gráfico, en Rosario. Estaban reunidos en ocasión de festejar el año nuevo junto con el marido de María Inés, Leonardo Bettanin, sus hijas Mariana de 3 años y Carolina de 1 año, su suegra, Elba Juana Ferraro de Bettanin, su cuñada Cristina Bettanin y su marido Jaime Colmenares, Roque Maggio, Clotilde Tozzi y las dos pequeñas hijas de ambos. María Inés estaba embarazada de nueve meses. Les ordenaron que salieran. Asesinaron a Leonardo al momento de salir y se llevaron a María Inés Luchetti, a las cuatro niñas, a su suegra Elba Juana Ferraro de Bettanin y a Cristina Bettanin, quien falleció en el trayecto.

María Inés relató que fueron llevadas en primer lugar a la Comisaría 17 donde el propio Agustín Feced, quien fuera Jefe de la Policía de Santa Fe en aquel momento, "comienza a interrogarnos a mi suegra y a mí delante de las niñas. Como nuestras respuestas no lo satisfacían, amenazó con continuar el interrogatorio con la picana eléctrica."

Previo paso por la Comisaría de Menores donde las obligaron a dejar a las niñas, fue llevada al Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario. De su relato surgen además las terribles condiciones en las que dio a luz a su hija en la Asistencia Pública, permanentemente esposada a la cama y con personal con armas largas apuntándola.

"Antes de salir en libertad, el propio Feced me comunicó oficialmente la muerte de mi marido (Leonardo Bettanin), de mi cuñada (Cristina Bettanin), de Clotilde Tozzi y Roque Maggio, pero no mencionó a mi cuñado, Jaime Colmenares. Mi esposo y su hermana fueron enterrados como NN en el Cementerio de La Piedad por las fuerzas policiales", relató Nené.

A mediados de agosto, la agrupación HIJOS había presentado como querellante a una de las sobrevivientes de aquel trágico 2 de enero de 1977. Se trata de Bárbara Peters Tozzi, quien relató que aquella casa de barrio Gráfico vivían y estaban presentes al momento del ingreso del grupo Leonardo Bettanin y su mujer María Inés Luchetti -quien estaba embarazada- junto a sus dos hijas Mariana y Carolina, de 3 y 1 año y medio respectivamente. La incorporación de Luchetti de Bettanín a la causa permitirá profundizar sobre lo ocurrido aquella noche.

lunes, 27 de septiembre de 2010

Causa Diaz Bessone y otros : la dilatación judicial, la demora de la justicia

El juicio se sigue dilatando

Por la salud de José Scortecchini, cuya operación ya obligó a suspenderlas dos semanas, volvieron a levantar la audiencia. En el cantero central de Oroño recordaron a los desaparecidos Miriam Moro, Roberto De Vicenzo y Antonio López.
   
 Por Sonia Tessa

La audiencia de la causa Díaz Bessone duró ayer menos de 15 minutos. Ese tiempo bastó para que la secretaria del Tribunal Federal Oral número 2, Silvina Andalaf, leyera los informes médicos que recomendaban reposo absoluto hasta el 1º de octubre a uno de los imputados, José Antonio Scortecchini, y el presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, comunicara el levantamiento de la audiencia hasta el lunes próximo. Junto a sus colegas Beatriz Barabani y Jorge Benegas Echagüe, recién ese día resolverán las cuestiones preliminares planteadas en las últimas audiencias antes del receso por la cirugía de Scortecchini, que ayer concurrió en ambulancia a los Tribunales. De este modo, se postergó el comienzo de la etapa de indagatorias. Ante la dilación, los militantes que habían concurrido a hacer el aguante se llenaron de bronca. No era un día común: ayer se cumplieron 34 años de los secuestros de Miriam Moro, Antonio López, Roberto de Vicenzo y Oscar Bouvier. Y la radio abierta que se realizó en el cantero central de Oroño se convirtió en un visceral homenaje en el mediodía frío y gris.

Durante el rato que se desarrolló la audiencia, cinco de los seis acusados estaban sentados en sus lugares. En el banquillo, Mario Alfredo Marcote escribió en su cuaderno una fecha: 27/09 y una hora: 11.40, la del comienzo de la audiencia. Por su parte, José Rubén Lo Fiego había apoyado en una carpeta plástica, con tapa transparente, en la silla vacía. En el extremo izquierdo de la sala, Ramón Genaro Díaz Bessone sacaba unas pastillas de mentol. El que fuera jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército y Lo Fiego deben responder por homicidios, y también -como Scortecchini, Marcote, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicki por privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y asociación ilícita.

Aunque la audiencia se desarrolló cerca del mediodía, en la vereda de los Tribunales, la gente había comenzado a llegar desde las 9. Cuando se nubló, comenzó el viento, y el frío, muchos lamentaron haber llevado poco abrigo. Florencia Del Negro, de APDH Rosario, cebaba mates y Luciana Pololla, otra de las jóvenes aguantadoras, lucía su remera con la leyenda: "Yo me pongo la camiseta por el juicio y castigo". Por allí andaban también la Madre de la Plaza 25 de mayo, Elsa Chiche Massa, con la foto de su hijo Ricardo en la mano. Otra Madre, Herminia Severini, llegó con su bastón. Había unos cuantos testigos y querellantes. Todos esperaban el comienzo de las indagatorias. La consigna era: "Lo único que queremos que digan los represores es donde están nuestros compañeros".

De todos modos, una vez que la audiencia se levantó, lo que se escucharon fueron quejas. "Una vez más, estas dilaciones, este tipo de chicanas, terminan extendiendo en el tiempo esta causa, y siguen garantizando la impunidad a estos genocidas", dijo la diputada provincial Alicia Gutiérrez.

Por su parte, Mónica Garbuglia, del Colectivo de presos políticos y Sobrevivientes Rosario, afirmó: "Estamos con una gran indignación, nos sobrepasan estas situaciones". Carlos Novillo, querellante, también destiló su bronca.

En el cantero central de Oroño, la histórica militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Ana Moro, recordó a su hermana Miriam, secuestrada hace 34 años, y a su cuñado Roberto. Relató que en 1976, también fue lunes el 27, que había pasado todo el domingo anterior con su gemela, quien le manifestó que estaba dispuesta a morir, aunque lo lamentaba por sus dos pequeños hijos, Darío y Gustavo, de apenas 7 meses cuando la secuestraron. Después habló Gustavo, quien subrayó la identificación de los restos de su padre, en marzo pasado. El joven invitó a todos a una "gran fiesta popular para tenerlos presentes" el día que recuperen el cuerpo arrebatado.

La última oradora fue Marta Vennera, esposa de Antonio López, asesinado en la madrugada del 27 de septiembre, en Villa Diego, cuando iba en moto junto a Miriam Moro para repartir volantes. Acompañada por su hijo, Gerardo, Vennera leyó un texto destinado a darle carnadura a su compañero desaparecido. "Vivimos la ilusión genuina del cambio posible, del socialismo como destino y la esperanza del hombre nuevo", expresó la mujer, que terminó: "El había logrado comprometer sus ideales en el proyecto de un mundo mejor para todos y también para el hijo que esperábamos. Cayó en su primera misión, su primera volanteada en Villa Diego. No tuvo ninguna oportunidad, ninguno de ellos la tuvo". Los abrazos detrás del parlante de llenaron de lágrimas, nadie pudo contener la emoción.

martes, 21 de septiembre de 2010

Cayó Walter Roscoe, o Ricardo Ríos

EX PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA ACUSADO DE CUATRO HOMICIDIOS

El represor fue indagado el lunes por el juez Marcelo Bailaque y la fiscal Mabel Colalongo. Lo imputan del secuestro, las torturas y la desaparición de Raquel Negro, Fernando Pipa Agüero, Alberto Barber Caixal y Héctor Larrosa.

Por José Maggi

El represor Walter Roscoe cayó detenido en Rosario. El ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército que utilizó el alias de Ricardo Ríos durante la última dictadura prestó declaración ante el juez federal Marcelo Bailaque y la fiscal Mabel Colalongo el último lunes. Roscoe, quien vivía en Misiones y trabajaba para el gobierno provincial, quedó detenido imputado por cuatro casos de secuestros, torturas y homicidio en perjuicio de Raquel Negro, Fernando "Pipa" Aguero, Alberto Barber Caixal y Héctor Larrosa.

La foto de Walter Roscoe que ilustra la portada de Rosario/12 forma parte de una plantilla, una de las pocas que fueron preservadas del robo los tribunales provinciales en 1984. A pedido de este cronista, Eduardo Costanzo señaló a varios represores entre esas fotografías e identificó concretamente a Roscoe, sobre quien indicó que "es el que hizo los pasaportes de los cinco que viajaron para la Operación México. Hoy vive en Misiones, en Posadas. Se casó con la viuda de un teniente que mataron los Montoneros", apuntó Costanzo.

Con respecto a las víctimas por las que Bailaque imputó a Roscoe en su indagatoria, se trata de Fernando "Pipa" Aguero, detenido en la Quinta de Funes. Es el "Pipa" del libro de Miguel Bonasso "Recuerdo de la muerte".

El Indio Rivero, compañero de militancia del Pipa, recordó: "Militábamos juntos en el Frente Revolucionario 17 de octubre. Era empleado público en Córdoba donde fue secuestrado en 1977 y traído a Rosario".

En cuanto a la desaparición de Raquel Negro, la historia es conocida. Era la pareja de Tulio Tucho Valenzuela, quien desbarató la Operación México ideada por Leopoldo Galtieri para matar a los máximos dirigentes montoneros. Luego del fracaso de esa operación de inteligencia, se desmanteló la Quinta de Funes, y se trasladó a los detenidos a la Escuela Magnasco, para luego llevarlos a la Intermedia, la casa quinta de la familia Amelong en La Ribera, donde se llevó adelante el procedimiento de disposición final revelado por Costanzo. Según el "Tucu", Negro fue llevada a Paraná donde dio a luz a sus mellizos, y traída a ese centro de detención sin vida, en el baúl de un auto. A fines de 2008, la hija de Negro recuperó su identidad, y se corroboró que había sido llevada a Paraná para dar a luz.

Finalmente, los casos de Alberto Barber Caixal y Hector Larrosa corresponden a dos militantes montoneros. El primero era director de la escuela Industrial de Santa Fe y los dos eran ex alumnos del Politécnico. Justamente, esa casa de estudios los recordó junto a otros ex alumnos desaparecidos en la dictadura durante un acto que tuvo lugar a fines de marzo de este año. La ceremonia contó con la presencia de autoridades de esa casa de estudios, el director de Coordinación de Secretaría Académica, Claudio López, profesores y alumnos del Politécnico, quienes participaron activamente en la organización de este homenaje.

Durante el mismo se proyectó un video realizado por el secretario de Asuntos Estudiantiles Damián Villar, quien junto a un grupo de estudiantes y personal del Instituto rescataron de los archivos fotos y documentación del paso dentro del "Poli" de alumnos que están desaparecidos.

En esa oportunidad, la profesora Elvira Scalona remarcó "los instantes en que fueron secuestrados y desaparecidos los ex alumnos" y además hizo hincapié "en la formación de conciencia y derechos humanos con los que se debe educar a las futuras generaciones".

Posteriormente, los asistentes al acto se trasladaron al Edificio del Instituto Politécnico y descubrieron en el Aula 02 una placa recordatoria que lleva el nombre de todos los ex alumnos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado. Este Aula pasó a llamarse "Aula de la Memoria", con los nombres de Caixal, Larrosa, Alberto Britos, Mario Delfino, Alberto Mario Galimberti, Héctor Gualdo, Reinaldo Hernández Cuenca, y Rodolfo Usinger.

domingo, 12 de septiembre de 2010

Un testigo protegido vinculó a represores con el crimen de Silvia Suppo


La punta de un ovillo grueso

El testimonio fue aportado por la querella. Debía mantenerse bajo estricto secreto, debido al peligro que corría quien accedió a brindar datos. A partir de estos nuevos datos, el juez Alejandro Mognaschi tomó dos nuevas indagatorias.
Por Sonia Tessa

La información debía manejarse de manera confidencial, pero se filtró en medios de comunicación de Rafaela y Santa Fe. Un testigo presentado por la querella vinculó el crimen de Silvia Suppo con acusados por causas de lesa humanidad. Lucila Puyol y Guillermo Munne, abogados de Marina y Andrés Destéfani, los hijos de Suppo, concurrieron la semana pasada al juzgado federal número 1, a cargo de Reynaldo Rodríguez, para presentar al testigo, dado que el magistrado lleva adelante la causa por el secuestro y desaparición de Guillermo Hattemer (pareja de Suppo en 1976), así como los secuestros de la propia Suppo y su segundo esposo, Jorge Destéfani. Sin embargo, la fiscal Cintia Gómez y el propio Rodríguez decidieron remitir las actuaciones al juez provincial Alejandro Mognaschi, que tiene a cargo la investigación del asesinato de la testigo y víctima del terrorismo de Estado, ocurrido el 29 de marzo pasado. Mognaschi ya tenía decidido cerrar la instrucción, acusando a Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, de 19 y 22 años. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que la semana pasada -y a raíz de los dichos de este nuevo testigo fueron indagadas otras dos personas.

En tanto, Puyol, Munné y la también abogada querellante Paula Condrac, presentaron la semana pasada un pedido de declinatoria del juez Mognaschi, al entender que el asesinato de Suppo debe investigarse en la justicia federal, ya que está vinculado con la condición de víctima y testigo de delitos de lesa humanidad de quien brindara uno de los testimonios más importantes en la causa Brusa. La causa contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros cinco integrantes de los así llamados grupos de tareas, terminó con condenas de entre 21 y 23 años de prisión el 21 de diciembre del año pasado.

Justamente, el pedido para que el testigo declarara bajo protección y reserva de su identidad estuvo fundado en el grave peligro que corría su vida a partir de esa declaración. Sin embargo, el diario Castellanos de la ciudad de Rafaela publicó la información, descalificando los dichos de este nuevo testigo, así como también a la querella.

Tras la filtración, ex detenidos desaparecidos junto a integrantes de organismos de derechos humanos escribieron una carta dirigida "a los/as compañeros/as, hermanos/as, militantes y en especial a quienes honran la memoria de Silvia". La intención fue dilucidar la situación de la causa. "El desarrollo del expediente nos lleva a plantear demasiadas dudas por la impericia policial, las tremendas contradicciones de los funcionarios policiales en sus testimoniales, las llamadas anónimas nunca investigadas y la escasez de medidas que abran una línea de investigación distinta al 'homicidio en ocasión de robo'", dice el documento que no se envió a la prensa.

Entre las dudas que surgen para los militantes, la principal está centrada en la falta de elementos objetivos de prueba. No hay huellas identificables ni sangre en la ropa, en los cuchillos supuestamente usados para matar a la víctima, así como tampoco en la ropa encontrada en un campo cercano a Rafaela. Además, Cóceres no cuenta con ningún antecedente penal, mientras Sosa -con antecedentes de robos es analfabeto, lo que genera dudas sobre la competencia para ejecutar un crimen con tan pocos cabos sueltos. Al mismo tiempo, la pericia del Cuerpo de Médicos Forenses de Rosario no concluyó con certeza que los cuchillos secuestrados fueran los utilizados para matar a Suppo.

En ese escrito, los militantes indican: "Por la seriedad de la información y por razones de seguridad no pudimos informar abiertamente, por lo que acudimos a las autoridades nacionales, que nos brindaron todo su apoyo".

sábado, 11 de septiembre de 2010

Las confesiones de Eugenio Zitelli, ex capellán de la policía de Rosario en la dictadura

"Yo a Feced le pedía que actuara con la Ley"

El actual cura párroco de Casilda, habló hace años en un programa de televisión sobre su papel en la dictadura. Ahora, ese y otros testimonios forman parte de los argumentos con que lo denunciaron en la justicia federal.

Por José Maggi

"Yo siempre a Feced le decía con la Ley, con la ley por favor. Yo acompañé más de treinta muertos, asesinados de la Policía, compañeros muertos, policías muertos, digamos de atentados terroristas y subversivos. Usted cree que esa situación dentro de la policía no incidía para la reacción de la gente, para la reacción de la represión. Usted cree que eso ayudaba. ¡Era una guerra tremenda!...Yo no justifico en absoluto las reacciones, pero me las explico". La confesión pertenece a Eugenio Zitelli, párroco de Casilda y ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura. La hizo en el año 1995 en un programa televisivo, cuya desgabración acompaña ahora la presentación realizada por un grupo de militantes de Casilda junto a organizaciones defensoras de derechos humanos y dirigentes políticos.

La denuncia fue presentada por Claudia Alejandra Nigro, Juan José Noste, Silvio Rosa, Sandra Michelón de la agrupación UMANO (Unidos por la Memoria Ante el Olvido) con el patrocinio de Luciana Censi, Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini, Leticia Faccendini y Daniela Asinari. En este sentido la abogada Leticia Faccendini patrocinante de la causa remarco que "el caso del cura Zitelli, resultaría de similares características al caso del capellán Von Wernich, dado que el mismo habría concurrido asiduamente al centro clandestino de detención, habría accedido a las zonas en las que se encontraban ilegalmente privadas de su libertad las víctimas, manteniendo contacto directo con ellas. Y habría justificado los tormentos y torturas de los que eran objeto".

En los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 1 para el juicio a Cristian Von Wernich se manifiesta que: "Es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima, o el que llega después a `aconsejarle' que hable para no ser torturado nuevamente. Por ello creemos que llegó el momento de investigar las complicidades eclesiásticas con el genocidio en nuestra zona".

Zitelli, actual cura párroco con cargo de "Monseñor" de la Iglesia San Pedro Apóstol de Casilda, se desempeñó como capellán hasta el inicio de la democracia, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención en dependencias del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario (Unidad Regional II). En esa función, habría participado de las "misas, confesiones y entrevistas" con los detenidos y detenidas en la mencionada dependencia, en su carácter de capellán de la Policía, de lo cual resultaría una pieza mas para el funcionamiento y sostén del mecanismo represivo existente en ese sitio. Ello surge, de la propia declaración de Zitelli en un medio televisivo de la ciudad de Casilda en el programa "Contraluces", conducido por Francisco Campabadal el 26 de setiembre de 1995.

En esa entrevista al ser preguntado sobre su labor como capellán, Zitelli manifestó "la Policía de Rosario es una institución muy grande, tiene muchas áreas, varios cuerpos: infantería, Caballería, en aquel entonces, Bomberos, Escuela de Policía, Policía de Menores, yo trabajé mucho allí con Sacomano, con la Policía de Menores".

De igual modo preguntado sobre su función de capellán cuando hablaba con los presos, el sacerdote manifestó: "Le estoy hablando de los presos comunes, no cierto, después vamos a hablar de los presos"de los presos especiales, primero en forma personal después tenemos las charlas en formas grupales, los que quieren venir y teníamos misas mensuales, esto con los presos comunes, así que había una regla".

En la presentación hay además otros testimonios:

* El del ex sacerdote tercermundista Santiago Maguire quien decía "en 1978, mientras esperaba, contra la pared, que apenas me podía tener y con las esposas, a tres metros estaba Zitelli con Cuccidonchi que fue el director de la cárcel de Coronda más cruel de la historia, pero con cara de bueno cual nipón en las películas de la segunda guerra mundial, que cuando salía el visitante tocaba un timbre y lo liquidaba, así era. Fumando, tomando café los dos, Zitelli y el director este, por fin me hacen pasar, me hace pasar Zitelli, eran dos pares, "que tal cómo está" más que eso no pude hacer, mirarlo seriamente y decirle "y qué te parece". Dice "yo estaba de paso por acá, yo estaba de paso" ¿y cómo anda"", "¿y cómo puedo andar"" insisto, "muy mal, el Señor me asiste". Lo desprecié con la mirada, todo lo que pude. Es lo menos que podía hacer."

* El testimonio de Darío Castagnani: "Mi suegra con militancia católica en Casilda, se había movido y había llegado a la influencia de Zitelli, que era el que podía saber cuál era mi paradero. A los 15 días de detenido me llevaron para arriba vendado, pienso que era el primer piso, me sacaron la venda. Entré y me encontré a este personaje llamado padre Zitelli que yo ni lo conocía. Me dijo "siéntese hijo". Me explicó que las circunstancias eran muy duras, pero que aguantara que esto era una cosa circunstancial en la vida de no sé si era la república o la patria o de la nación, no me acuerdo bien, que tratara de aguantar que esto era circunstancial, que no me iba a pasar nada y que tratara de leer la Biblia, yo le dije "mire leer la Biblia allá" lo único que hay es tortura, palo y nada más no hay nada que leer".

* El testimonio de Olga Cabrera Hansen, incluido en la causa Díaz Bessone: "Por presión de nuestros familiares se logra que el capellán de Alcaidía preste asistencia espiritual, se presentó el cura Zitelli quien solo se indignó frente a las denuncias de violaciones, manifestando que le habían prometido que eso había terminado, respecto a las demás torturas manifiesta que son un medio para obtener información.

* María de las Mercedes Sanfilippo, declara en la misma causa y menciona que: "viene un sacerdote de apellido Zitelli quien, luego de escuchar mi exposición poniéndole en conocimiento de la gente desaparecida y de las torturas recibidas, no dio importancia a mis relatos interesándole solo el hecho de si me habían violado".

* El periodista Carlos Del Frade, en su libro "El Rosario de Galtieri y de Feced" publica declaraciones, de un suboficial retirado de la policía provincial quien "a principios del 76, cuando me tocó hacer guardia en ese entrepiso que daba a la ochava de San Lorenzo y Dorrego, donde una escalera comunicaba a las piezas donde estaban, por separado, las mujeres y los hombres detenidos, asistí a una sesión de tortura donde él (Zitelli) estaba presente".

viernes, 10 de septiembre de 2010

Carta abierta a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Esta "CARTA ABIERTA A LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS" fue  entregada hoy, 9 de septiembre de 2010. Al pie del texto pueden leerse las 41 firmas que la avalan.
 
     Con todo el respeto que Ustedes nos merecen, con la importancia y la repercusión que tienen en nuestro país y en el mundo los juicios contra el terrorismo de estado que se están realizando en estos  años, queremos pedirles humildemente que también Ustedes nos respeten.
     Todos nosotros hemos pasado por la vivencia de secuestros y torturas, no sólo de nosotros mismos sino también de nuestros seres queridos (madres, padres, esposos/as, hermanos/as, hijos nacidos y por nacer, compañeros, amigos), hemos  vivido la incertidumbre de la desaparición, la ignominia y el terror del Centro Clandestino de Detención, el encierro prolongado durante años, la persistente impunidad de nuestros verdugos, las pérdidas definitivas.

     En las primeras audiencias del Juicio Oral contra “Díaz Bessone, Lofiego, Marcote, Vergara, Scortecchini y Chomicki por detenciones ilegales, tormentos y homicidios, más asociación ilícita, nos enteramos que esa Secretaría, en su calidad de querellante, había desistido de acusar a Ricardo Chomicki (y a Nilda Folch, Graciela Porta, Carlos Brunatto, quienes inadmisiblemente siguen estando prófugos y quienes, protegidos por el paraguas que Ustedes les brindan, lo seguirán estando).
      Desisten Ustedes de una acción inculpatoria interpuesta por Ustedes mismos en tiempo y forma (en oportunidad de presentar vuestra “Requisitoria a elevación a juicio oral”). ¿Habría que agregar que bien fundada?
     Y para fundamentar vuestro posterior desistimiento (y el inexplicable viraje producido de la noche a la mañana) recurren Ustedes a un nefasto documento de la Unidad Fiscal Nacional del año 2008. Documento que oportunamente impugnamos con dureza aquéllos que nos sentimos aludidos por sus aseveraciones. Además de conminados a pensar-obrar-decir-no hacer- no pensar-no decir lo que unos pocos “expertos” allí dictaminan.

     Decimos que ese documento, que en mala hora emitiera la Unidad Fiscal, es sencillamente nefasto. Y lo es por varios motivos:
     En primer lugar y sobre todo, porque falsea la realidad de lo ocurrido en los campos de concentración de nuestro país. Y porque al hacerlo nos agravia. Agravia a quienes somos sobrevivientes y nos comprometimos, desde siempre y a lo largo de décadas, en la denuncia de los horrores vividos y en la búsqueda infatigable de verdad y justicia. Y lo que es peor, agravia a nuestros muertos, instalando un relato falso y forzando  una interpretación postrera de sus actos que está muy lejos de la verdad tal como ésta se perfila en los testimonios de los sobrevivientes. Citamos textual:
       “La dinámica de los centros de detención, cuyo efecto puede sintetizarse con el lema omnipresencia del terror,” - hasta acá, coincidimos absolutamente – “configuraba un sistema que permitía conducir a los detenidos  a efectuar  comportamientos típicos en contra de otros también en situación de cautiverio, sin necesidad de que las órdenes ni las amenazas que los generaban y apoyaban se explicitasen o actualizasen a cada momento. El terror constante hacía funcionar un sistema perverso en el cual muchos detenidos pasaban a ser victimarios, a la manera de  engranajes de una maquinaria de aniquilación en la que se los obligaba a insertarse y de la que debían participar prestando colaboración para proteger su propia existencia.”  (el subrayado es nuestro)
     Esto no es sólo una mentira alevosa: se trata simplemente de una infamia. Decir que “muchos detenidos pasaban a ser victimarios” y que efectuaban “comportamientos típicos en contra de otros también en situación de cautiverio” y “sin necesidad de que las órdenes… se explicitasen” es dar a entender que en los Centros Clandestinos de Detención quien más quien menos colaboraba. Esto es mucho más de lo que estamos dispuestos a soportar. Y para limitarnos a lo que compete al juicio “Díaz Bessone y otros”, afirmamos categóricamente: no es cierto que las cosas hayan sucedido así en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.  
     En segundo lugar, ese documento es nefasto porque pone en un mismo plano tareas tales como barrer, servir la comida, con “tareas que implicaban violencia contra otros detenidos”, las que formarían parte de las “tareas propias del campo”, sin ningún distingo, y habrían constituido –según el documento citado- “una práctica constante”.
     Disculpen, doctores, pero por un mínimo de honestidad tenemos que decir –y los invitamos a Ustedes a pensar- que entre agarrar la escoba y empuñar la picana o hacer inteligencia para los represores hay un abismo. Y que no cualquier persona lo atraviesa. De hecho, un escasísimo porcentaje de detenidos lo hicieron. Y no reconocer esa diferencia abismal es también agraviante para los detenidos-desaparecidos que fueron llevados a realizar trabajo esclavo, sin por ello identificarse con los represores ni dejar de ser solidarios con sus compañeros.
     En tercer lugar, ese documento es nefasto porque opera una generalización inaceptable en lugar de habilitar una escucha fina de las voces que desde hace rato están testimoniando a lo largo y a lo ancho del país, y que nos entregan relatos insustituibles, que echan luz sobre la singularidad de cada lugar de detención (incluidas las denominadas ‘cárceles legales’).  Citamos:
     “En los centros de detención así como en otras experiencias de campos de concentración, la utilización de personas detenidas para cumplir tareas propias del campo y, entre ellas, también tareas que implicaban violencia contra otros detenidos, ha sido una práctica constante.” (el subrayado es nuestro)
     “El tipo de actividad que cumplía cada detenido dependía de sus habilidades o conocimientos, de las necesidades específicas del campo o del mero azar. Esta colaboración se obtenía por medio de la amenaza constante de muerte y de las torturas que quebraban la voluntad del detenido. Al colaborador se le concedían ciertos ‘privilegios’ que ayudaban a vencer la resistencia: mayores comodidades de alojamiento, permisos de salidas para visitar a familiares, comunicación telefónica con familiares y especialmente el cese de las torturas, y la esperanza –que sin embargo en numerosas ocasiones no se concretó en los hechos-, de recuperar la libertad y sobrevivir. Estos privilegios significaban, al menos temporalmente, no estar sujeto al régimen ‘normal’ de crueles vejámenes y torturas psíquicas y físicas del centro clandestino de detención”.

     ¿A qué universo se refiere? ¿Qué experiencias investigadas dieron lugar a estas tesis? ¿Están incluidos los gulags, Autchwitz, el Servicio de Informaciones, el Estadio Nacional de Chile, La Perla, las mazmorras de la Inquisición, Automotores Orletti, Guantánamo, Miranda de Ebro, Boer, la ESMA, Orduña?  ¿Son todos lo mismo?
     En lo atinente al Centro Clandestino de Detención que nos ocupa (el Servicio de Informaciones de Rosario), por el que pasamos no menos de dos mil personas, debemos consignar que los únicos colaboradores fueron los cinco que siempre hemos denunciado, que las actividades que cumplían eran detener gente, interrogarla y torturarla (¿en base a “sus habilidades y conocimientos” previos?) y que, por cierto, fueron muy bien recompensados y quedaron agradecidos con los represores, no quebrando nunca el pacto de silencio, pese al pedido expreso de familiares de desaparecidos. En el caso de Chomicki- Folch, convitieron a Feced en su padrino de bodas.

     En cuarto lugar, el documento es nefasto porque omite cualquier referencia a la resistencia que los detenidos-desaparecidos en los Centros  Clandestinos de Detención opusimos al poder omnímodo de nuestros captores, a las estrategias de supervivencia que nos dimos. Citamos:
     “He aquí un punto neurálgico de los casos analizados: la realización de una conducta bajo una presión psíquica insoportable, guiada por el instinto de supervivencia. La alternativa de no colaborar o de dejar de colaborar implicaba asumir el riesgo cierto de costos altísimos, que se pagaban con nuevas torturas e inclusive con la vida misma. Cumplir con las órdenes, colaborar con los captores, era así, un modo de auto conservación.” (El subrayado es nuestro)
     Sólo desde la ignorancia o el cinismo puede afirmarse, como regla general, que el ser humano, guiado por su instinto de supervivencia, como modo de auto conservación, ataca a miembros de su colectivo de pertenencia, uniéndose a quienes lo destruyen. La supervivencia y la auto conservación de la vida humana no refieren sólo -ni principalmente- a la defensa de los órganos del cuerpo, de la vida biológica. No somos cucarachas. Los humanos nos auto conservamos defendiendo nuestros lazos sociales, nuestros afectos, nuestros rasgos identificatorios, nuestros ideales, nuestros lugares de pertenencia, nuestros valores, nuestras representaciones imaginarias acerca de lo que somos y lo que queremos ser. El sentido último de nuestros actos.

     Esa es la vida que defendimos con uñas y dientes en los Centros Clandestinos de Detención argentinos casi todos los que pasamos por ahí.
     No desconocemos que el plan sistemático de exterminio montado por el terrorismo de estado - que incluyó persecuciones y secuestros, torturas en centros clandestinos, desaparición y asesinatos de opositores políticos- apuntó a la colaboración. ¿Cómo desconocerlo, si no hemos hecho otra cosa, mientras estuvimos secuestrados, que resistirnos como pudimos a ese propósito?  
        Por último, es nefasto el documento que Ustedes toman como verdad revelada para fundamentar vuestro desistimiento de inculpar a Chomicki, porque parte de una certeza que nosotros, disculpen, no tenemos. Parte de la certeza –y busca imponerla a fiscales, querellantes, abogados, testigos - ¿y por qué no a la opinión pública?- de que estos colaboradores devinieron tales luego de soportar terribles torturas y a causa de éstas. ¿Devinieron auxiliares de las patotas represivas  luego de soportar terribles torturas? ¿Chomicki, por ejemplo? ¿Folch? ¿Brunatto? ¿Ustedes están seguros de eso? No podemos menos que expresarles nuestra admiración, porque a nosotros, que transitamos esa historia – y otras tantas historias conexas- no nos queda para nada claro. Y en algunos casos nos inclinamos francamente por pensar que las cosas ocurrieron de otro modo. Es más, nos gustaría que estos imputados, en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, puedan volcar informaciones que contribuyan a esclarecer los sucesos que los involucran. Cuestión que jamás sucedería si a partir de esa especie de pre-juzgamiento favorable que el citado documento decreta  -y que Ustedes hacen suyo- se les garantizara su cuota de impunidad.

     Estimados doctores del la Secretaría de DDHH:
       ¿Por qué no conversaron con nosotros cuando decidieron cambiar los fundamentos de vuestra acusación a Chomicki- Folch en fundamentos para no acusarlos? ¿Por qué tomaron, al margen nuestro, sin ningún tipo de comunicación con nosotros, una decisión que repudiamos los sobrevivientes del Servicio de Informaciones, que contradice todos los testimonios prestados en esta causa desde enero de 1984, que va en contra de la voluntad y la conciencia de los propios querellantes?
     Disculpen, pero no queremos que ningún ‘expert’ en Centros Clandestinos de Detención ni en Leyes venga a decirnos quiénes fueron nuestros verdugos, a contarnos lo que vivimos ni a imponernos cómo debemos interpretarlo. Llevamos décadas reflexionando acerca de lo que nos pasó.
     Tampoco queremos abrir un debate ético acerca de la colaboración ni acerca de su supuesta eficacia como estrategia de supervivencia. No porque carezca de interés –que lo tiene y mucho- sino porque no lo consideramos oportuno en este momento histórico. Y la sala de audiencias de un tribunal Federal no nos parece el escenario más adecuado. Pero, si somos llevados a dar el debate, lo daremos.

     Estimados doctores de la Secretaría de Derechos Humanos:
     Por favor, no nos agredan más. No nos resulta fácil exponernos, brindando nuestros testimonios en el juicio. Hacerlo, además, frente a seis imputados que fueron algunos de nuestros verdugos ¡¡¡y que están en libertad!!! No nos agredan con aseveraciones falsas que nos denigran y echan un manto de sospecha sobre nuestro comportamiento, que no nos merecemos. Como tampoco nos merecemos que nos traten  como seres insensibles que acusan a sus ‘pobres compañeros’. No lo somos. No somos insensibles. Por el contrario, hemos dado muestras de solidaridad en los momentos más difíciles y las seguimos dando. Si acusamos, tenemos nuestras razones. ¿No les parece que sería más correcto escuchar los testimonios en el juicio antes de tomar semejante decisión?

       Lo lamentamos. Lo lamentamos enormemente. Y nos sorprende, realmente nos sorprende. Les pedimos que desistan de vuestro desistimiento, que sostengan el texto de vuestra requisitoria. Y de lo contrario, si sostienen Ustedes la postura de no acusar a uno de los imputados que nosotros acusamos, yendo de este modo en contra de nuestras estrategias jurídicas y de la verdadera ocurrencia de los hechos, tal como la venimos denunciando desde siempre, entonces, les pedimos por favor que se abstengan de ejercer nuestra representación en el juicio.
     Esperamos que sepan Ustedes comprender las razones que nos asisten. Hemos sido discretos, hemos sido por demás de discretos. La actitud que Ustedes asumieron nos obliga a expresarnos públicamente.
     Sólo nos resta esperar que el Tribunal, considerando todas las pruebas ofrecidas, al cabo del largo proceso que nos aguarda, haga su dictamen, a conciencia y de ser posible, sin presiones.    
 
-   Marta Bertolino,  DNI 10.987 703, sobreviviente, testigo, querellante, esposa de Oscar Manzur (desaparecido)
-   Juan Carlos Ramos,  DNI 14.981 926, sobreviviente, testigo
-   Eduardo Seminara,  DNI 11.871 085,  sobreviviente, testigo, querellante
-   Azucena Solana, DNI 14.151 889, sobreviviente, testigo, querellante
-   José Aloisio, DNI 13.502 503, sobreviviente, testigo, querellante
-    Alfredo Vivono, DNI  11.447 294, sobreviviente, testigo, querellante
-  Alejandra Manzur, DNI 25.438 997, sobreviviente, testigo, hija de Oscar Manzur (desaparecido)                                                       
-   Juan Girolami, DNI 8.524 017, sobreviviente, testigo
-   Héctor Medina,  DNI 12.232 216, sobreviviente, testigo, querellante hermano de Oscar Medina (desaparecido)
-   Carlos Corbella, DNI   4.695 279, sobreviviente, testigo
-   Laura Ferrer,  DNI  12. 720 253,  sobreviviente, testigo
-   Oscar Bustos, DNI  13.077 076, sobreviviente, testigo, hermano de Raúl (desaparecido)
-    Yolanda Medina, DNI  4.841 098, querellante, hermana de Oscar Medina (desaparecido)
-   Élida Luna,  DNI 6.255 404, querellante, esposa de Daniel Gorosito                                    (desaparecido)
-    Jorge Rueda, DNI 12.804 804, sobreviviente, testigo
-    Liliana Gómez, DNI 11.448 023, sobreviviente, testigo
-    Cristina Bernal,  DNI  10.183 877, sobreviviente, testigo
-  Nicolás Segarra,DNI 13.588 627, sobreviviente, testigo, hermano de Rodolfo (desaparecido)   
-   Teresita Marciani,  DNI   5.269 422,  sobreviviente, testigo, hermana de Tita (muerta junto a su bebé, nacido muerto, después de pasar por el S.I.)
-   María Inés Luchetti,  DNI   6.735 413, sobreviviente, testigo, cuñada de Jaime Colmenares (desaparecido)
-   Daniel Bas y Mansilla, DNI 13.588 032, sobreviviente, testigo  
-   Stella Hernández,  DNI  13.580 362,  sobreviviente, testigo
-   Laura Torresetti, DNI  12.381 968, sobreviviente, testigo
-  Nelly Ballestrini,  L.C 5.565 922, sobreviviente, testigo, esposa de Gregorio Larrosa  (sobreviviente, testigo, fallecido con posterioridad)
-   Patricia Antelo,  DNI   13.588 440,  sobreviviente, testigo
-  Francisco Oyarzabal, DNI   12.522 790 querellante, hermano de José Antonio  (desaparecido, caso  Los  Surgentes)
-   Cristina Rinaldi, DNI   12.527 279, sobreviviente, testigo
-   Félix Manuel López, DNI  6.043 052,  sobreviviente, testigo
-   Élida  Deheza,  DNI  11.826 312,  sobreviviente, testigo
-   Marcelo Jalil,  DNI 10.864 868, querellante, hermano de Sergio Abdo Jalil
      (desaparecido, caso Los Surgentes)
-   Gloria Martínez,  DNI  10.410629 esposa de Osvaldo Vermeulen
      (desaparecido)
-   Patricia Costanzo,  DNI 12.522 771 hermana de Cristina Costanzo
      (desaparecida, caso Los Surgentes)
-   Marcelo Márquez, DNI 16.852 714, querellante, hermano de María Cristina (desaparecida, caso Los Surgentes)
-   Jorge Berg,  DNI 13.587 390, sobreviviente, testigo
-   Daniel Gollán, DNI 12.110 173  sobreviviente, testigo
-   Ángel Florindo Ruani, DNI   12.521 359,  sobreviviente, testigo
-   Enzo Tossi, DNI  6.069 319,  sobreviviente, testigo
-   Juan Carlos Cheroni, DNI  8.284 649, sobreviviente, testigo, cuñado de Miriam Moro y Roberto de Vicenzo (desaparecidos)  
-   Mirta Isabel Castelini, DNI  10.538 903, sobreviviente, testigo, hermana de María Juana Castelini (desaparecida) cuñada de Luis Alberto Esteban  (desaparecido)   
-   Luis Cuello, DNI  11.874 122, sobreviviente, testigo  
-   Maria del Carmen Sillato, Sobreviviente, testigo

Controvertido testimonio en la Causa Suppo: el hijo de un represor habría mandado matar a Silvia Suppo


Un hombre declaró en la justicia federal bajo la figura de identidad reservada. Habría señalado que el hijo de un represor mandó a matar a la mujer. Su relato se giró a Rafaela, donde se investiga el crimen. Preocupación del Gobierno por las derivaciones.

Héctor M. Galiano

La semana pasada se presentó en el juzgado federal Nº 1 de Santa Fe un hombre que llegó acompañado por miembros de un organismo de Derechos Humanos. Declaró ante el juez Reinaldo Rodríguez que contaba con información que podría aclarar el homicidio de la ex militante de la JP y ex presa política Silvia Suppo, ocurrido el lunes 29 de marzo de este año. Hasta el momento, dos jóvenes, (primos entre ellos, de 18 y 22 años) están imputados en el hecho, caratulado como “homicidio calificado”

En el fuero provincial el juez penal de Rafaela, Alejandro Mognascchi, es el que lleva adelante la investigación que tiene muchos elementos de prueba para acusar a los detenidos, además de las confesiones de autoría de ambos, en sede policial y también tribunalicia. En este expediente están constituidos los hijos de la víctima como querellantes, patrocinado por los abogados Guillermo Munné y Lucila Puyol. Ambos impulsaron la declaración del testigo de identidad reservada en el fuero federal. La figura esta prevista para proteger a testigos en causas por tráfico de estupefacientes (aunque operativamente no funciona), pero se ha ampliado en otros casos, como por ejemplo en atentados terroristas (Causa Amia). “El juez Rodríguez accedió al pedido teniendo en cuenta que todavía no hay imputados, por lo cual el derecho a defensa no se vería menoscabado por el medio de prueba”, dijo una fuente judicial confiable a Notife.

Enlaces

El testigo de identidad reservada llegó hasta el juzgado federal acompañado por cuatro integrantes de una organización de Derechos Humanos de la provincia. Actualmente vive a 50 kilómetros de la capital santafesina y es por ello que fue trasladado en un patrullero de la policía de Santa Fe hasta el ingreso al juzgado. Reinaldo Rodríguez le tomó el testimonio en el que se desplegó una historia bastante confusa y controvertida. Expresó, como dato de interés, que tenía información sobre la muerte de Silvia Suppo, sindicó a dos delincuentes comunes de la zona de la cuenca lechera que, a pedido del hijo de uno de los represores condenados en Santa Fe por delitos de lesa humanidad, mataron a la mujer en los últimos días de marzo. “Es un bluff”, arriesgó una fuente incontrastable que tuvo acceso a la declaración, “De todos modos se corrió vista a la Fiscal y luego el juez resolvió enviar la declaración en sobre lacrado al juzgado de Rafaela”, completó la fuente.

El miércoles pasado, el diario rafaelino Castellanos publicó una nota (repleta de adjetivaciones) en la que daba cuenta del tratamiento que el juez Mognascchi le dio al testimonio del testigo. Peligrosamente, también el diario lanzó una hipótesis de conflicto intracarcelaria en el penal de Coronda , abonada en la idea que uno de los apuntados como sicarios podría tomar represalias. Este viernes, representantes de distintos organismos de Derechos Humanos y ex detenidos por causas políticas información –no oficialmente- que “por la seriedad de la información y por razones de seguridad no pudimos informar abiertamente por lo que acudimos a las autoridades nacionales, que nos brindaron todo su apoyo y pusieron a trabajar en el tema al organismo competente (…) con estos elementos, nos presentamos a Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Dr. Rodríguez en la causa “Hattemer-Suppo-Destéfani” donde los hijos de Silvia –Marina y Andrés- son querellantes, solicitando se autorice una testimonial con identidad reservada. A lo solicitado, el juez corrió vista a la fiscalía, a cargo de la fiscal Cintia Gómez de Martínez y el día martes 31 de agosto se concretó la testimonial. Ese día se hicieron presentes los funcionarios de nación mencionados”, señalaron los ex detenidos ilegales durante la última dictadura cívico - militar.

Rodríguez tomó la testimonial con un representante del Ministerio Público, que 24 horas más tarde pidió el desglose de la testimonial del expediente federal y remitirlo al juez rafaelino. Mognascchi recibió el testimonio en sobre lacrado y ordenó algunas diligencias de rigor. Aún Notife no pudo establecer de qué forma el juez rafaelino incorporó al expediente el testimonio del testigo de identidad reservada. La figura no está contemplada por el Código Procesal Penal (ni el viejo, escrito e inquisidor, ni el moderno de transición) de la provincia, por lo que la validez como prueba pende de un hilo.

A priori, el juez penal sospecha de la versión del testigo reservado. Es más, pensaba cancelar la instrucción en lo próximos días y firmar el decreto de elevación a juicio. Ahora, deberá extender los plazos y descartar de plano cualquier relación –por más mínima que fuese – entre los denunciados, la víctima y el supuesto instigador.

Para Mognascchi está sumamente probado que Rodolfo Valentino Cóceres y su primo Rodrigo Sosa fueron los autores del homicidio de Silvia Suppo en el local “Todo Cuero” el pasado 29 de marzo. La mujer murió como consecuencia de 8 heridas corto punzantes provocadas por los imputados, una de ellas en la zona del hemitorax, que resulto ser la mortal. Ingresó con vida a las 11.20 al Samco Jaime Ferré de Rafaela y, a pesar del esfuerzo enorme del cirujano Diego Lanzotti, la mujer falleció algunos minutos después.

Los dos imputados reconocieron que mataron a Suppo porque iba a reconocerlos. Alrededor de las 10 de la mañana del lunes 29 de marzo ingresaron a local “Todo Cuero” para pedir cambio de billetes de bajo valor. Al observar la desprotección de la mujer se fueron para luego volver con la intención de robarle.

En la indagatoria, el imputado Sosa, alias “Michito” le dijo al juez que ingresaron para robarle. "Yo la agarré del cogote (sic) pero ella logró sacarme el cuchillo que llevaba en la cintura (…) Cóceres ve esta situación y se va por detrás de la mujer, la agarra y le da golpes con el cuchillo a la mujer en las costillas, yo aprovecho y recupero el cuchillo y le doy puntazos mientras Cóceres la lleva para atrás (del local). La suelto y cae al piso. Luego me dice Cóceres que vuelva hasta donde estaba la mujer y, como la vi con los ojos abiertos, le di más puntazos en la espaldas, serían dos o tres”, dijo Sosa en la indagatoria que consta en la foja 284 del expediente original. El 12 de abril pasado, el juez Mognaschi procesó a Sosa y Cóceres por el delito de Homicidio Calificado y transformó en prisión preventiva la detención que ya venían sufriendo los autores del hecho.

Mucho ruido

Desde el lamentable episodio de la muerte de Silvia Suppo, muchas conjeturas se desplegaron sobre el móvil del crimen. “Es la penosa historia de una mujer que durante 35 años de su vida luchó contra la injusticia y la exclusión social, y justo ésa exclusión la mata”, dijo uno de los querellantes en la causa Brusa a Notife. Suppo estuvo detenida en la Guardia de Infantería Reforzada durante la última dictadura militar. Antes de ser “blanqueada” en la GIR fue torturada y violada en una casita que el Ejército tenía en Santo Tomé y que era un centro clandestino de torturas, hasta hoy, sin identificar. Producto de las violaciones Suppo quedó embarazada y debió abortar por pedido de Juan Perizotti, entonces jefe de la GIR, que le dijo “que ese error lo iban a corregir”. La historia de muerte y dolor también alcanzó a su ex pareja Reinaldo Hattemer, secuestrado en una Iglesia rafaelina en la dictadura y desaparecido por los verdugos. El hermano de la mujer. Hugo Rogelio, también estuvo preso pero logró escaparse de los represores por un descuido de los guardias que lo custodiaban en una sala del Hospital Cullen. Se escapó por los trechos malherido, fue protegido por un matrimonio del barrio Roma que le dio un dinero para viajar a la provincia de Buenos Aires. Allí se contactó con Monseñor Casaretto que lo sacó vestido de cura en el baúl de su auto por la frontera entre Argentina y Brasil.

El brutal crimen habilitó también hipótesis trasnochadas y deliberadamente falsas. Desde asegurar que Sosa y Cóceres recibieron 2 mil pesos para matar a Suppo y que “era un comentario frecuente en el barrio San Agustín”, donde fueron detenidos. También se intentó (en vano) abonar la teoría que un grupo de desconocidos llego a Rafaela ese día en un auto y ése mismo día desapareció por completo. Pura fantasía.

Los abogados que patrocinan a los hijos de Suppo ingresaron tarde al expediente. Igualmente pidieron medidas fundamentadas. Por ejemplo, el 22 de abril propusieron una prueba pericial ofrecida por la Nación y que estaría a cargo del doctor Alberto J. Linares “a los fines de indicar y/o proponer expertos en la realización de análisis de cabellos, pisadas, huellas y sangre o ADN de la víctima y de la ropa de los imputados encontradas en un descampado (…) también un análisis de las uñas cortadas del cuerpo de la víctima el 29 de marzo por el equipo Forense de la Policía”. Las respuestas recibidas no arrojaron datos de importancia para la causa. Sí, la querella pudo probar la incompetencia policial en la entrega de un video de la Terminal de Ómnibus de Rafaela en donde aparecen Sosa y su primo en las cintas en vídeo aportadas. Por paradojas del destino, el jefe de la URV, Juan Mondino, fue uno de los oficiales de rango que el ministerio de Seguridad envió a Estados Unidos a capacitarse en el FBI el mes pasado.

Desde el Gobierno santafesino se sigue el caso de cerca y con prudencia por las posibles derivaciones que podrían tener el tema si “se mal informa, o si la noticia es difundida con inexactitudes”, señaló un funcionario del ministerio de Justicia.

jueves, 9 de septiembre de 2010

Abogados defensores de cinco represores presentaron nulidades

Ramón Genaro Díaz Bessone
Planteos con respuesta cantada

Como era de prever, ayer se conocieron los planteos de "ilegalidad" de lo actuado "por no respetar el derecho a defensa en juicio", así como la "afectación de la garantía de juez natural". El Tribunal había rechazado estos planteos en la causa Guerrieri.
Por Sonia Tessa

Los planteos de nulidades de los abogados defensores de cinco de los seis acusados por crímenes de lesa humanidad en la causa Ramón Genaro Díaz Bessone y las respuestas de las querellas insumieron toda la jornada de ayer del juicio. El abogado del principal acusado, Gonzalo Miño, pidió la suspensión de las audiencias hasta que se acumulen todas las causas en las que está imputado quien fuera jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976. Incluso, Miño desempolvó un extracto de declaraciones de Arturo Larrabure, hijo de un militar que fue secuestrado por el ERP. Sin que tuviera relación con su pedido, Miño tomó como cierto lo dicho por Larrabure, quien afirmó que "los captores" de su padre, Amorosa Brunet de González, Ruth y Estrella González, así como Héctor Vitantonio murieron en un enfrentamiento, tal la versión oficial que publicaron los diarios en octubre de 1976. En ese punto, el fiscal Gonzalo Stara lo interrumpió para aclarar que era imposible acumular esas causas. Miño continuó con su teoría, desmentida por numerosas pruebas.

En realidad, aquel supuesto enfrentamiento fue fraguado. En la causa Díaz Bessone hay numerosas pruebas de los secuestros de Estrella y Héctor, el 23 de septiembre de 1976. A Ruth la habían privado de su libertad el 19 de julio, hay numerosos testigos de los tormentos que padeció. Fue asesinada. Así fue leído durante la requisitoria de elevación a juicio. Los tres cuerpos aparecieron juntos, cerca de la avenida de Circunvalación, el 5 de octubre de ese año.

En todos los casos, los abogados de la querella rechazaron los pedidos de nulidades, basados en decisiones anteriores de la Cámara Federal y del mismo Tribunal Federal Oral. El lunes será el turno de los argumentos de la fiscalía, a cargo de Gonzalo Stara, sobre esos planteos. Luego, deberá decidir el tribunal, integrado por Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Benegas Echagüe, quien presidirá la semana próxima. En realidad, será una sola audiencia: la del lunes, porque el martes se suspenderá el proceso oral debido a que el imputado José Antonio Scortecchini, debe someterse a una cirugía.

En la audiencia de ayer se trataron lo que se conoce como preliminares. Silvio Galarza Azzoni, el defensor de Ricardo Chomicki -el civil que ingresó como secuestrado y luego colaboró con la patota de Feced-, no interpuso ningún planteo. El primero en expresar un pedido de nulidad, por supuesta afectación del derecho de defensa en juicio, fue Gritzko Gadea, defensor oficial de José Lofiego. Después expuso Germán Artola, como representante público de Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Mario Alfredo Marcote. El planteo fue similar, pero también agregaron el rechazo de un grupo de querellantes particulares por asociación ilícita, al entender que no eran directamente ofendidos por ese delito. Este planteo fue respondido puntualmente por los abogados Alvaro Baella, de Hijos, y Jessica Pellegrini, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Daniela Asinari, en nombre de sus representados, recordó que un planteo similar se había presentado durante la causa Guerrieri, y fue respondido negativamente por resolución 519, ya que el Tribunal consideró que "la condición de ofendido debe ser interpretada de manera extensiva". Aunque integran otro Tribunal, los integrantes del que lleva adelante la causa Díaz Bessone son los mismos.

Sobre los planteos de ilegalidad de lo actuado por no respetar el derecho a defensa en juicio, así como la afectación de la garantía de juez natural, las encargadas de responder fueron la misma Asinari y Nadia Schujman, de Hijos. Las dos argumentaron que el Tribunal Federal Oral número 1 había rechazado planteos similares durante la tramitación de la causa Guerrieri, que culminó el 15 de abril pasado con las condenas de prisión perpetua a los cinco acusados.

En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello rechazó el pedido de unificación de las causas realizado por Miño. Recordó que el planteo había sido interpuesto por Miño en otras instancias del mismo expediente, y había sido rechazado el 31 de marzo de 2009, cuando el Tribunal consideró que "corresponde hacer una excepción a las reglas de conexión" en virtud de impedir un grave retardo en la causa.

En las sillas destinadas al público en la sala de audiencias, mientras tanto, la silente presencia de las fotos de los desaparecidos se reflejaba sobre los vidrios que separan al público, sobre las espaldas de los acusados. De ese modo estuvieron allí, presentes con sus imágenes, Carlos María Araya, Catalina Fleming, Daniel Gorosito, Oscar Medina, Adriana Tasada y Roald Montes. Muchos otros lo estuvieron en la memoria. Desde ayer, las audiencias dejaron de transmitirse por internet, y tampoco pueden ingresar a presenciarlas los testigos de la causa. Por eso, porque no había sobrevivientes que pudieran clavarle la mirada en la espalda, ni cámaras de televisión para enfocarlo, Díaz Bessone estuvo toda la jornada sentado en la sala, separado de Lofiego por un gendarme que se sienta entre ambos. Cuando escuchaba los argumentos de los defensores, Lofiego asentía con la cabeza.

Mientras las cuestiones llamadas preliminares se debatían en la sala de audiencias, en la vereda de los Tribunales Federales un grupo tomaba mates y comía una pastafrola hecha por Margarita Furno, que todos los días lleva alguna torta para compartir. Su esposo, Eduardo Marinángeli, era el encargado de cebar los mates. Yoli Medina, firme, esperaba apoyada en la reja, mientras conversaba con Olga Moyano, Silvia White y Alicia Lesgart. Marta Bertolino pasó al mediodía, justo en uno de los dos cuartos intermedios. Con el sol entibiando la primera tarde, los chistes corrían entre Héctor Medina, Félix López, Angel Ruani y Ramón Verón. Junto a los históricos había algunos más jóvenes, como María Luciana Pololla. Cuando terminó la jornada, algunos de ellos se treparon a la reja para desatar el gran cartel negro que dice "Aquí se juzga a los responsables del terrorismo de Estado", como lo hacen cada día de audiencias.

Aunque la semana próxima el juicio se suspenderá por 15 días, ayer comenzó otra instancia de un debate esperado por más de 30 años, por sobrevivientes, familiares y amplios sectores de la sociedad. Una buena parte del accionar del terrorismo de estado en la región se ventilará en esa sala.

martes, 7 de septiembre de 2010

SECUESTRO, TORTURA Y ASESINATO DEL ESPOSO DE MARTA BERTOLINO

Marta Bertolino
"Lo torturaron hasta matarlo"

Ambios fueron torturados en el Servicio de Informaciones que manejaba Lofiego. Bertolino recordaba los gritos de su esposo desde una sala contigua: "Le escuché decir que se estaba muriendo y después no volví a oírlo". Hoy Manzur está desaparecido.
  
 Por José Maggi

La causa Díaz Bessone tuvo ayer su segunda jornada en la semana: durante toda el día se leyó la querella presentada por Marta Bertolino, por el secuestro, tortura y asesinato de su esposo Oscar Manzur, que es a la vez el relato de su propio secuestro y tortura. Bertolino denunció ante Rosario/12 al ex juez federal Guillermo Tschopp, por haber creído en la versión oficial sobre la fuga de Manzur, a su defensora oficial (y actual camarista federal) Laura Inés Cosidoy "por aconsejarme que no denunciara las torturas".

"Siempre es muy doloroso escuchar de nuevo las propias palabras, con todos los detalles de cómo fuimos secuestrados por el Ejército y la Patota de Feced, cómo fuimos torturados en el Servicio de Informaciones, salvajemente, yo en un estado de embarazo muy avanzado, y a su vez cómo Oscar sufrió como torturas suplementarias, las torturas que me infringían a mi, y a su hija por nacer", recordó Bertolino a Rosario/12. Justamente Alejandra Manzur, hija de ambos estuvo presente en la audiencia. Por el caso Manzur están procesados Ramón Genaro Díaz Bessone y José Rubén Lofiego.

Oscar Manzur era delegado gremial de los trabajadores del Sanatorio Británico, donde se desempeñaba como técnico en hemoterapia. Había sido también candidato a secretario general del gremio de la Sanidad por una lista opositora a la oficialista en las elecciones realizadas en 1975. El mismo día del golpe fueron a detenerlo en su lugar de trabajo. Como era su día franco no lo encontraron, pero ya no pudo volver a trabajar. Finalmente fue secuestrado el 10 de agosto de 1976 del departamento de calle España 344 de Rosario, junto con su esposa, que en ese momento estaba embarazada de 8 meses y fue llevado al Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía donde lo torturaron al mismo tiempo que torturaban a su mujer.

Del relato de Bertolino surge que escuchó los gritos de su esposo, que desde una sala contigua lo escuchó decir que se estaba muriendo y que después no volvió a oírlo y tampoco volvió a saber nada de él.

La misma Bertolino dijo: "Permaneció siempre desaparecido y los informes policiales dirán con un cinismo impune que 'se escapó, que nunca pudieron detenerlo'". Aunque "hay varios testigos que dan cuenta que Oscar estuvo en el Servicio de Informaciones y fue salvajemente torturado en ese lugar", según remarcaron sus abogadas patrocinantes Daniela Asinari y Jessica Pellegrini.

En su relato Bertolino, recordó un episodio más que particular: "En una ocasión el Pollo José Baravalle (un colaborador que se suicidó en Italia hace dos años) vino a ofrecerme mi salvación si colaboraba brindando nombres y domicilios de mis compañeros. Y también me pidió que brindara una conferencia de prensa televisiva como jefa montonera en el que debía llamar a los jóvenes a ayudar a los militares en el Proceso de Reorganización Nacional. Ese ofrecimiento me lo hizo el Pollo en persona y la contrapartida era un pasaporte al extranjero y la salida inmediata del país para salvar la vida de mi hija. También hubo un comandante, que fue presentado en esos términos, quien me alertó sobre las torturas que iba a padecer, tras lo cual me ofreció llevarme a un hospital y legalizarme como presa si daba ciertas informaciones que suponía que tenía. Y finalmente me encontré con un juez federal como Guillermo Tschopp, ante quien denuncié mi secuestro y el de mi marido, pero nunca figuré en el expediente, ya que tomó el relato policial que decía que Oscar se había fugado. Supongo que cuando termine esta causa y quede probado que a mi esposo lo torturaron hasta matarlo, alguien le preguntara a este juez jubilado algo al respecto".

Marta recordó otro capítulo de su detención -que este diario publicó hace varios años- cuando su defensora oficial Laura Inés Cosidoy se presentó para aconsejarle que "sobre los hecho acontecidos a mi marido no dijera nada, porque no me convenía. La doctora Cosidoy me aconsejó también que no dijera nada sobre mis torturas, porque tampoco me convenía. De resultas de las entrevistas mi familia resolvió ponerme un abogado particular, que fue Oscar Borgonovo".