Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

sábado, 30 de marzo de 2013

Impunidad : A 3 años del asesinato de Silvia Suppo


"Ojala no hubiéramos llegado a esta situación de impunidad", dijo la hija de Suppo.

Jueves, 28 de marzo de 2013

Desde Santa Fe

Ayer al mediodía, Marina Destéfani tenía los ojos húmedos. "Lloro a cada rato", le dijo a una compañera que se acercó a saludarla. La chica se conmovió. "Hay que llorar, hay que tramitar el dolor", la alentó. Y la abrazó con fuerza. Los tambores y bombos no alcanzaban a tapar el desconsuelo en medio de la plaza de Mayo, frente a la Casa Gris. Marina y Andrés Destéfani, habían llegado desde Rafaela para encabezar la marcha hasta los Tribunales Federales de Santa Fe y pedir "verdad y justicia" por el asesinato de su madre, Silvia Suppo, a tres años del crimen. "Una investigación completa y profesional y no sólo la acumulación de fojas y pérdida de tiempo", dice el documento en alusión al juez que tramita el caso, Reinaldo Rodríguez.

"Ojala no hubiéramos llegado a esta situación de impunidad", dice Marina. La plaza está a dos cuadras del Tribunal Federal. Una caminata a paso lento encabezada por los hijos de Silvia y un cartel sobre su legado: "Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera". Al doblar la primera esquina, arrancaron las consignas: "¡Olé, Olá, por Silvia Suppo hay que luchar. Que lo de Silvia no nos pase nunca más!", cantaban los militantes de Hijos. La marcha había sido convocada por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, que contiene a los organismos de derechos humanos y expresiones sociales y políticas. No había muchas banderas, pero sí la del Movimiento Evita y del grupo Madreselva.

Aún antes de llegar a la ventana del juez, siguió otro cántico. "¡Che, Rodríguez te venimos a reclamar, dejá de dar vueltas y ponete a investigar!". Y otro: "¡Se sabía, se sabía, que a Silvia Suppo, la mató la policía!".

Ya en las puertas del Tribunal Federal, los hermanos Desféfani y dos compañeras leyeron un documento del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo. Una denuncia pública "de la falta de una investigación profesional y completa del crimen. La causa se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, pero el juez Reinaldo Rodríguez no ha generado ninguna medida para el esclarecimiento, sino que por el contrario, insistente y repetidamente, ha obturado y obstaculizado la investigación". Y ofreció pruebas de esa "inacción, ineficacia y falta de ética profesional" en la causa:

* Los repetidos intentos de fraccionar la causa para que los dos detenidos que afirman haber actuado solos (Rodrigo Sosa y su primo, Rodolfo Cóceres) sean juzgados por un homicidio común, sin necesidad de cumplir con una investigación efectiva de la posible existencia de otros partícipes que buscaran atacar a Silvia por su condición de denunciante y testigo de delitos de lesa humanidad.

* "El reiterado incumplimiento de decisiones de los tribunales superiores que reafirmaron el deber de cumplir con una investigación completa y eficaz sobre la hipótesis del asesinato organizado contra Silvia".

* "Múltiples irregularidades procesales en contra de la parte querellante, como omisión reiterada de notificaciones o la invocación de normas legales hace tiempo derogadas".

* "La gravísima denegación a la Fiscalía y la querella de medidas probatorias verdaderamente efectivas con fuerzas de investigación fundamentales como la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el programa Verdad y Justicia de la Nación, que intervino en la causa por orden de la Cámara Federal y después del reclamo de la querella que el juez Rodríguez había desatendido".

* "Dar por concluida la tarea del Programa y de la PSA a pesar de que informaron que el juez no les facilitó elementos esenciales para cumplir con las limitadas medidas que el mismo juez les indicó".

* "La pérdida o desaparición misteriosa de pruebas fundamentales como el video entregado por la Terminal de Omnibus de Rafaela".

* "La revictimización y exposición constante a la que su falta de profesionalismo somete a los hijos de la familia querellante". "La insistencia de declarar inocentes a sospechosos sin cumplir previamente con una verdadera investigación, a pesar de los llamados de atención de los tribunales superiores".

* "Adelantar opinión en el expediente sobre cuestiones que todavía se tienen que investigar, incurriendo en un evidente causal de apartamiento". "Cuando exigimos verdad y justicia, exigimos una investigación completa y profesional y no la acumulación de fojas y pérdida de tiempo. Exigimos una investigación que nos diga que le pasó a Silvia Suppo, quiénes y por qué la mataron".
Andrés y Marina ingresaron al Juzgado para entregar un petitorio, acompañados por dos madres de Plaza de Mayo, Otilia Acuña y Olga Suárez. Los recibió el juez Rodríguez, quien reivindicó su tarea. "Nos dijo que actuó con imparcialidad y honestidad intelectual", explicó Andrés. Frente a la puerta del Tribunal, en la mitad de la calzada, una jovencita ya había sintetizado el reclamo con pintura blanca: "Rodríguez, tres años de impunidad. ¿Y Silvia Suppo?".

Reclaman juzgar en conjunto la represión del cordón industrial de San Lorenzo

Una foto no muestra la película

La semana pasada comenzó en Rosario el juicio por el secuestro del dirigente gremial Manuel Casado. Pero la fiscalía y los querellantes sostienen que un debate por un hecho no permite conocer la verdad ni establecer la responsabilidad de los culpables.

El general Agustín Lanusse y Ricardo Balbín lo llamaban el “cinturón rojo del Paraná” mientras que el asesinado obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, le puso el cuerpo a las luchas obreras del cordón industrial de San Lorenzo. La dictadura cívico-militar se cobró allí decenas de víctimas, pero hasta ahora sólo uno de esos casos llegó a ser juzgado en la instancia oral y pública. Se trata del juicio por el secuestro y tormentos sufridos por el dirigente gremial Manuel Casado, que tiene como imputados a los ex militares Horacio Maderna y Osvaldo Cervera, y al civil Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, que comenzó el viernes 22 de marzo y en el cual la fiscal Mabel Colalongo pedirá la unificación con los demás casos de la llamada “causa de los trabajadores”, que aún está en etapa de investigación.

“En esta causa (conocida como causa San Lorenzo) sólo se han incorporado los hechos que afectaron a una sola de las víctimas del cordón industrial, y están ausentes todos los operarios, obreros especializados, militantes sociales y estudiantiles que fueron blanco de la represión ilegal, incluso antes del golpe formal del 24 de marzo de 1976”, había argumentado Colalongo en su momento y volverá a hacerlo el 11 de abril, cuando tenga lugar la próxima audiencia del juicio.

“Un debate por un hecho, de los cientos que ejecutó el brazo armado (Fuerzas Armadas) de los intereses económicos de los empresarios argentinos, torna ilusorio el mencionado derecho a la verdad, consecuentemente el de justicia y ni hablar de la obligación de determinar la identidad de los responsables, las circunstancias que rodearon las violaciones a los derechos humanos y la aplicación de la debida sanción a los partícipes en cualquier calidad de la comisión de delitos de lesa humanidad”, agregó la fiscal. La queja no es sólo de Colalongo, sino también de los querellantes y familiares de la causa que todavía está en etapa de instrucción, por 17 muertos y desaparecidos. “Resulta absolutamente imposible establecer la verdadera responsabilidad de los requeridos en la violación masiva a los derechos humanos que sufrieron los operarios, obreros, estudiantes y militantes sociales del llamado ‘cinturón rojo del Paraná’, como le solía decir el presidente de facto entre 1971 y 1973 Alejandro Agustín Lanusse, para referirse a la zona ribereña del Paraná, desde San Nicolás hasta Puerto General San Martín, por la importancia de la actividad industrial”, expuso la fiscal, y enumeró las empresas que integran ese centro fabril, entre ellas Acindar, Somisa, Jabón Kopp y Celulosa Argentina.

En el escrito con el cual pretende que sean agregados los demás casos al juicio que comenzó, la fiscal expresó que “además de la actividad política y sindical de operarios, obreros especializados, en su mayoría contrarios a las acciones desplegadas por los burócratas sindicales de turno, se sumaba la actividad de los referentes barriales, vecinales, la militancia de jóvenes estudiantes secundarios, en particular de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 y del Colegio Nacional de San Lorenzo, integrantes de organizaciones sociales que conformaron, entre otras, la agrupación Evita, Peronismo de Base y una importante actividad de gremios estatales, en particular del Sindicato de Trabajadores Municipales”. La fiscal quiere poner en evidencia que si se juzgara el conjunto de las violaciones a los derechos humanos y no un caso aislado “se podría demostrar el vínculo de los sectores económicos con la dictadura”.

Por su parte, los organismos de derechos humanos indicaron que el de Casado será un juicio “parcializado que no juzgará los tormentos sufridos dentro de la coherente estructura del plan sistemático, sino que intentarán reducirlo a un hecho aislado”. El Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial reclama, en definitiva, la unificación de la causa San Lorenzo con la de los Trabajadores.

jueves, 7 de marzo de 2013

Marina Destéfani ATENCION ESTAMOS JUNTANDO ADHESIONES!!

Desde el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo al cumplirse un tercer aniversario del asesinato de la testigo y querellante, Silvia Suppo, continuamos denunciando la falta de una investigación profesional y completa de dicho crimen por parte de la justicia.
Hoy en día la causa se tramita en el Juzgado federal N° 1 de Santa Fe pero el Juez Federal Reynaldo Rodríguez no ha generado ninguna medida a favor del esclarecimiento sino que, por el contrario, insistente y repetidamente ha obturado y obstaculizado la investigación.

Muestras claras de su inacción, ineficacia y falta de ética profesional han sido:
Los repetidos intentos de fragmentar la causa intentado que los dos detenidos que afirman haber actuado solos, sean juzgado por un homicidio común sin necesidad de cumplir con la investigación efectiva de la posible existencia de otros partícipes que buscaran atacar a Silvia por su condición de denunciante y testigo sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La filtración de información sensible hacia los medios de comunicación perjudicando la investigación y violando condiciones de seguridad requeridas para querellantes y testigos.
El reiterado incumplimiento de las decisiones de tribunales superiores que debieron intervenir para reafirmar el deber de cumplir con una investigación completa y eficaz sobre la hipótesis de asesinato organizado contra Silvia. Tales fueron los pronunciamientos del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando sin efectos las distintas decisiones del juez Rodríguez para evitar esa investigación.

Múltiples irregularidades procesales en contra de las partes querellantes como omisión reiterada de notificaciones o la invocación de normas legales hace tiempo derogadas.
La gravísima denegación para la fiscalía y las partes querellantes de implementar medidas probatorias verdaderamente efectivas con fuerzas de investigación fundamentales como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Programa Verdad y Justicia de la Nación, luego que se logró su participación en la causa por orden de la Cámara Federal ante el reclamo de las querellas que el juez Rodríguez había desatendido.
Limitar e interferir el accionar de dicho Programa y de la mencionada PSA dándoles muy poco tiempo de trabajo (tan sólo 60 días) y ordenarles escasas y superficiales medidas probatorias.
Dar por concluida la tarea del Programa y de la PSA a pesar de que informaron que el juez no les facilitó elementos esenciales para poder cumplir debidamente con las limitadas medidas que el mismo juez les indicó.
La pérdida o desaparición “misteriosa” de pruebas fundamentales como el video otorgado pro al Terminal de ómnibus de Rafaela
La revictimizaciòn y exposición constantes a la que su falta de profesionalismo somete a lxs hijxs querellantes.
La insistencia en declarar inocentes a sospechosos sin cumplir previamente con una verdadera investigación a pesar de los llamados de atención de tribunales superiores
El adelantar su opinión en el expediente sobre cuestiones que todavía tiene que investigar, incurriendo en una evidente causal de apartamiento.
Estas irregularidades se repiten también en la causa Hattemer-Destèfani-Suppo que debería investigar la desaparición forzada del primero y las torturas y vejaciones sufridas por todxs las víctimas de los crímenes a los que refiere ese proceso judicial. La misma lleva ya màs de 10 años de instrucción …

Cuando exigimos Verdad y Justicia exigimos investigación completa y profesional y no acumulación de fojas y pérdida de tiempo de valor decisivo.
Cuando exigimos Verdad y Justicia exigimos investigación completa y profesional que nos diga qué le pasó a Silvia Suppo, quiénes y por qué la mataron.

Cuando exigimos Verdad y Justicia para Silvia Suppo, exigimos Verdad y Justicia para Todxs.
Cuando exigimos Verdad y Justicia exigimos NO SOLO CONDENA JUDICIAL sino también CONDENA SOCIAL.
Por todo lo expuesto lxs abajo firmantes EXIGIMOS UNA INVESTIGACIÓN COMPLETA Y PROFESIONAL del asesinato de Silvia Suppo.

lunes, 4 de marzo de 2013

Testimonio clave en el juicio a la patota de la III Brigada Aérea de Reconquista

"Vine a contar mi verdad y a pedir justicia"

Griselda Pratto relató ante el Tribunal Oral de Santa Fe cómo un grupo de tareas que operó en el norte provincial la convirtió en esclava sexual cuando tenía 16 años. Su declaración marca un punto de inflexión en el juicio.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El 17 de marzo, Griselda Pratto cumplirá 53 años. Tenía 16, era una niña, cuando un grupo de tareas la secuestró en Reconquista. Ella no era militante política, sólo estaba en la casa de Luisa, su hermana embarazada, para esperar el parto y ayudarla con sus hijos más chiquitos. Un estruendo la despertó en la madrugada, el 5 de febrero de 1977. La llevaron a los golpes, maniatada y encapuchada, hasta la III Brigada Aérea de Reconquista, un centro clandestino de la dictadura, donde cumplió los 17, convertida en esclava sexual de la patota. "Esta nenita... Podemos jugar con esta nenita", le decían en la sala de tormentos. La dejaron ir recién el 26 de marzo. Fueron 49 días en el terror, en el miedo en su máxima escala. Treinta y seis años después, Griselda pudo declarar ante el Tribunal Oral de Santa Fe que juzga a sus secuestradores y violadores. Los identificó a todos, entre ellos al ex jefe de Inteligencia de la Base Aérea, Danilo Sambuelli y al ex jefe de Informaciones de la Policía santafesina (el tristemente célebre D2), Carlos Nickisch. "Vengo a contar mi verdad y a pedir justicia", les dijo a los jueces. Ellos la escucharon.

El testimonio de Griselda fue directo, descarnado. Un punto de inflexión en el juicio, el primero en la provincia y el segundo en el país que juzga los abusos sexuales y violaciones en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad y parte del plan sistemático del terrorismo de estado. Los imputados también la escucharon desde el banquillo: Sambuelli, el mayor Jorge Alberto Benítez y los cinco policías: Nickisch, Arnaldo Neumann, Rubén Molina, Horacio Machuca y Eduardo Luque.

"Entraron a la casa de mi hermana a las patadas -recordó Griselda-. Luisa les preguntó: ' ¿Qué pasa?'. Le contestaron con un puñetazo. Y comenzaron a revisar todo. Debajo de mi cama, Nickisch encontró 20 pesos y le dijo a Neumann: 'Mirá, acá hay plata, tomá'. Y le entregó los 20 pesos. Después, cuando me sacan de la casa, uno le dice a otro: 'Machuca, correte'".

Ya en la Base Aérea, la encerraron en una celda, encapuchada. Entró uno de los guardias, "el cabo Estofaretti. Me dijo que tenía un arma, que eso significaba que tenía el poder. Y me violó. Yo era virgen", relató Griselda. "Al rato, llegó otro guardia que le dijo (a Estofaretti) que tenía un minuto para salir y que mí no me podía tocar nadie porque estaba prohibido".

"Después me volvieron a encapuchar. Me llevan a un lugar cercano, donde había agua en el piso. Y ahí me picanearon en la vagina, en los pechos, en las axilas, mientras me preguntaban qué hacía en Reconquista. Yo les contestaba lo mismo, que vine a ayudar a mi hermana, a cuidar a los chicos. Y más me golpeaban. Me arrastraron de los pelos hacia la celda que no tenía nada, ni colchón", agregó.

"Al cuarto día, a la noche, me llevan en un auto hasta una casa, donde me sacan la capucha y las esposas y me violan. Ellos me decían: 'Sambuelli, Nickisch, Neumann y Estofaretti tienen el poder'. Las violaciones fueron por todos lados. Jugaban con mi cuerpo. Tenía que tomar el semen de cada uno de ellos. Después, me llevaron al baño, donde había materia fecal en el inodoro, me metieron la cabeza dentro del inodoro y me hicieron comer la materia fecal. No podía evitarlo. No tenía más fuerzas. Quería evitar hacer eso, pero no podía. Luego me encapucharon y me llevaron a la Base Aérea".

Griselda se quebró en el llanto. El presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, resolvió entonces un cuarto intermedio. La pausa la ayudó a recuperar el habla. "¿Puede continuar?", le preguntó más tarde el juez. "Sí. Vine a contar mi verdad y a pedir justicia", le contestó ella.

Las sesiones de torturas siguieron. Y los simulacros de fusilamiento también. "Me agarraban de los pelos y decían: 'Esta nenita... Podemos jugar con esta nenita'. Yo era su esclava. Ellos tenían el poder, hacían conmigo lo que querían. Nunca me asistieron. Una vez me vino la menstruación y me tuve que envolver con papel de diario. Ya no podía ni hablar. Mi desayuno eran la picana y los golpes. La cena, las violaciones. La última vez me bañaron con semen. Yo escribía en las paredes. Le pedía a Dios que se apiade de mi. Le decía: soy tu hija. Le pedía que tenga misericordia de mí".

"Me destruyeron la vida -dijo Griselda-. A veces tengo pesadillas muy feas. Me casé, pero no de blanco porque me daba vergüenza. Vengo acá con miedo, pensando que me va a pasar lo mismo. No tengo por qué mentir".

"Creía que me iban a matar porque les vi la cara a todos. Después, vino un médico, el doctor Arredondo a curarme, me dijo que hasta que no me quedara ninguna marca no me podía ir. Un día me sacaron sin capucha. Estaba Sambuelli, sentado como un rey. Me dio unas monedas y me dijo: 'Yo soy Sambuelli y no te quiero ver más acá'. Me seguían por todos lados. Nickisch, Neumann, podían violarme donde y cuando quisieran", relató.

- ¿Cómo supo los nombres de los que le hacían eso? -le preguntó uno de los jueces.

- Cuando ellos entraron a la casa se nombraron Nickisch y Neumann, cuando uno le dice al otro: 'Tomá la plata'. Y cuando me violaban, decían: 'Ahora te toca a vos, Sambuelli. Ahora te toca a vos, Nickisch', y ahí me violaban sin capucha. Al cabo Estofaretti lo nombró el guardia de la celda.

- ¿Volvió a ver a Arredondo?

- No, no lo vi nunca más -contestó Griselda.