Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

viernes, 28 de mayo de 2010

"No admitiremos como estudiante a un represor".

 SI RAMOS SE ANOTA EN LA UNL, LOS PROFESORES NO LE DARAN CLASES
   
Los profesores de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL repudiaron ayer la decisión del Tribunal Oral de Santa Fe que autorizó al represor Eduardo Ramos a estudiar la carrera a distancia desde un aula virtual en la cárcel de Las Flores y advirtieron que no recibirán como un estudiante más a un criminal de lesa humanidad condenado a 23 años de prisión por cinco secuestros y torturas y que operó como espía infiltrado en la Facultad de Derecho, en los años '70. "No admitiremos como estudiante en nuestras aulas (presenciales o virtuales) a ningún represor que haya participado de dictadura alguna", dijeron. "Nos indignamos ante la posibilidad de que un ex agente de Inteligencia con semejantes antecedentes sea integrado al ámbito universitario que fue su objetivo criminal, un ámbito en el que un gran número de estudiantes y profesores sufrimos en carne propia el horror de la dictadura cívico militar del '76", señalaron.

Ramos había solicitado al Tribunal una autorización para estudiar el profesorado de Literatura y Lengua en el Instituto Superior Incorporado Nº 4.031 Fray Francisco de Paula Castañeda, para lo cual debía salir de la cárcel tres veces por semana para concurrir a clases. Después de pedir informes al instituto y al Servicio Penitenciario de la provincia, el Tribunal rechazó el pedido de Ramos, pero le ofreció como "alternativa" que estudie la carrera a distancia desde un aula virtual que hay en Las Flores.

La UNL es una de las universidades que dicta carreras a distancia, entonces ante la posibilidad de que Ramos pueda convertirse en un estudiante virtual, los profesores de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias plantearon su objeción de conciencia.

Repudiaron "la decisión del Tribunal que otorga a Ramos la posibilidad de estudiar Letras, ya sea en la modalidad presencial o a distancia". Y advirtieron que no lo recibirán como un estudiante más.

En el fallo que lo condenó a 23 años de años de prisión en diciembre último, por cinco secuestros y torturas, el Tribunal Oral imputó a Ramos "el mismo grado de perversidad" con que actuaban otros torturadores en los centros clandestinos. Consideró que tenía un "compromiso ideológico y político con la represión ilegal, a la que reivindicó sin ningún tipo de prurito, tildando de mentirosas aquellas verdades históricas que indican la existencia de '30 mil desaparecidos' como producto del accionar del régimen de facto". Y "lo encontró autor de los delitos imputados en tanto se desempeñaba como oficial del Departamento de Informaciones de la Policía de Santa Fe (el tristemente célebre D 2), infiltrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral", dice la sentencia.

Tras recordar que la "actividad docente universitaria implica la responsabilidad de formar a formadores" con pensamiento crítico y compromiso "con la democracia de nuestro país", los profesores de Letras de la UNL consideraron una "trágica ironía" que un criminal de lesa humanidad "viva como estudiante en las aulas universitarias. Nos indignamos ante la posibilidad de que un ex agente de Inteligencia con semejantes antecedentes sea integrado al ámbito universitario que fue su objetivo criminal, un ámbito en el que un gran número de estudiantes y profesores sufrimos en carne propia el horror de la dictadura".

Ramos es un "condenado por delitos de lesa humanidad", es decir por "haber atentado ni más ni menos que contra toda la comunidad". Por lo tanto, "como parte de esta humanidad lesionada, los profesores de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias nos sentimos ofendidos e injuriados en nuestra dignidad ante la posibilidad de vernos obligados a igualar a este criminal con miles de estudiantes que necesitan de la serenidad y de la libertad para comprender el conocimiento en sus justas dimensiones de práctica, de crítica y de compromiso activo con la democracia. De este modo, repudiamos las decisiones de esta supuesta justicia que vuelve a poner en las calles a quienes deben ser alejados definitivamente de ellas por la índole abominable de sus ofensas".

ESCRACHE DE ORGANISMOS FRENTE AL DEPARTAMENTO DEL REPRESOR LOFIEGO

Para que sepan qué vecino vive allí
Organismos y militantes realizaron un acto contra el ex integrante de la patota de Feced, excarcelado por la justicia. "Si no hay justicia, hay escrache popular", fue la consigna.

 Por Lorena Panzerini

Organizaciones de derechos humanos y sociales marcharon anoche por calle Paraguay, entre Córdoba y Mendoza, para repudiar la excarcelación de los represores José Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, imputados en la causa Díaz Bessone (ex Feced) por cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. El 30 de abril pasado, fueron liberados por la sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, tras pagar una fianza de 135 mil pesos, en total. La movilización se concentró en el domicilio de "El Ciego" Lofiego, donde lo escracharon con proyecciones en su balcón, bombas de estruendo y al grito de "asesino". El desagrado con la determinación judicial cobró fuerza cuando se conoció el argumento de la Cámara de Casación, que los benefició con la libertad "vigilada": "Es una hipocresía que los genocidas tengan este derecho por el tiempo que llevan detenidos sin que se realice el juicio. Ni la sociedad, ni las víctimas, ni los querellantes y testigos son responsables de esta situación, sino el propio Poder Judicial que permitió y avaló que estos juicios se dilaten. Venimos reclamando que los juzguen desde 1984", indicaron los organismos. Además, exigieron "que el gobierno provincial tenga una política clara sobre los derechos humanos, que está muy floja". También pedirían al Tribunal Oral Federal, que juzgará a estos represores desde el 21 de julio, que permanezcan detenidos durante los juicios por la seguridad de los testigos y querellantes.

Para el Espacio Juicio y Castigo y la agrupación H.I.J.O.S., la excarcelación de los represores fue "una provocación por parte de miembros de la corporación judicial. Es un despropósito político y jurídico, y no hace otra cosa que abonar el largo camino de impunidad de décadas consagradas con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos desde los poderes constituidos y avalados en distintas instancias", apuntaron.

"La justicia se vende por 135 lucas", decía una de las proyecciones en los balcones del edificio de Mendoza 1480, en referencia a la fianza que pagaron Lofiego y Cía.

Tras partir de la plaza Pringles, la marcha se dirigió, por Paraguay, a calle Mendoza, al grito de "alerta, alerta, alerta que caminan milicos asesinos por las calles rosarinas", mientras se colocaban carteles viales simulados, que marcaban la ruta hasta la casa de Lofiego. El represor reside en el octavo piso del edificio que se emplaza sobre Mendoza 1480, donde unos seis oficiales de policía custodiaban la puerta, mientras los manifestantes advertían: "Si no hay justicia, hay escrache popular".

El torturador, fue liberado hace un mes, junto a Marcote y Vergara. Los tres eran miembros del servicio de información, y "responsables de la desaparición, muerte y tortura de la mayor parte de los detenidos y desaparecidos entre el '76 y el '83, en la zona de Rosario". Sobre la excarcelación, Laura Ferrer, querellante de la causa señaló: "Según sabemos deben presentarse una vez por semana, pero circulan libremente por la ciudad. A causa de una Justicia garantista, ellos están libres; pero esa garantía debería ser para el conjunto de la población, los testigos, querellantes y abogados; porque el hecho que se les dio es un peligro para nosotros", advirtió. Además, recordaron lo sucedido con los testigos Silvia Suppo y Julio López.

Por su parte, Esteban Mariño, también querellante de la causa, indicó: "Hay que tener en cuenta que la Cámara de Casación que excarceló a los torturadores, es la misma que dio lugar a las chicanas políticas que dilataron el juicio. Es la principal responsable".

El reclamo fue más allá, y llegó a las autoridades provinciales: "Queremos que se reconozca políticamente que esta gente tiene que estar presa y pedimos que estos juicios se desarrollen con los acusados presos", dijo Ferrer, a lo que Juan Pablo Bustamante, también querellante de la causa, agregó: "Como damnificados y víctimas de la época de la represión, necesitamos que estas personas estén controladas y vigiladas para proteger a la sociedad. Conociéndolos a ellos, les inspira un ánimo muy grande de venganza, lo manifiestan fervientemente -dijo ; por eso, necesitamos una política activa".

Luego agregaron: "El gobierno provincial tuvo conocimiento de la excarcelación porque los genocidas estaban detenidos en la alcaldía que depende la policía provincial, y no estableció los mecanismos para las organizaciones de derechos humanos y sociales, testigos, querellantes, y a los que están en el Programa de Protección a Testigos. Este hecho es irresponsable".

"Por el Servicio de Informaciones pasaron alrededor de 2 mil secuestrados ilegalmente. Hombres, jóvenes, niños y mujeres embarazadas que fueron sometidos a los más crueles tormentos y de los cuales cientos de ellos se encuentran desaparecidos", recordó Juicio y Castigo.

miércoles, 26 de mayo de 2010

El represor Ramos no podrá ir a clases

RECHAZAN LAS SALIDAS DE RAMOS PARA ESTUDIAR
 
El Tribunal Oral Federal rechazó ayer un pedido del ex oficial de Inteligencia de la Policía santafesina, Eduardo Ramos, condenado a 23 años de prisión por delitos de lesa humanidad, para salir de la cárcel de Las Flores tres veces por semana y cursar la carrera de letras, pero le ofreció como "alternativa" que estudie a distancia, "a través de un aula virtual instalada dentro del mismo penal" y después rinda como alumno libre, o bien, que gestione "el traslado a otra cárcel que cuente con la modalidad requerida".

Ramos había solicitado autorización para estudiar el profesorado de Lengua y Literatura en el Instituto Superior Incorporado Nº 4.031 Fray Francisco de Paula Castañeda y no en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, como Rosario/12 informó por error. Ayer, la Facultad aclaró que el ex espía de la dictadura -infiltrado en la Universidad durante la guerra sucia no figura en el padrón de estudiantes en la Oficina de Alumnado, ni en el Centro Multimedial de Educación a Distancia (Cemed).

Las gestiones de Ramos para estudiar letras afuera de la cárcel de Las Flores fueron denunciadas la semana pasada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre como "otra provocación" de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Y reveló que el "torturador Ramos, condenado en diciembre por monstruosos crímenes de lesa humanidad", había obtenido un permiso para salir "tres veces por semana, como si fuera un estudiante de Letras más".

En realidad, el pedido estaba en trámite. El Tribunal recién lo desestimó ayer después de evaluar dos pedidos de informes que solicitó antes del feriado largo: uno, al instituto privado al que quería concurrir Ramos y el otro al director de la cárcel de Las Flores, quien informó a los jueces que era "imposible" afectar un equipo de vehículos y guardias para la custodia del condenado cuando concurra a clases.

Ayer, el Tribunal rechazó el requerimiento de Ramos por dos razones: porque "resulta improcedente en esta etapa de la ejecución" de su condena a 23 años de prisión, pero además porque es "materialmente imposible" llevarlo a la práctica.

Sin embargo, el Tribunal le ofreció al represor una "alternativa": la posibilidad de "cursar el nivel universitario a través del aula virtual instalada dentro del mismo penal" o bien que gestione "el traslado a otro penal que cuente con la modalidad requerida", dice la resolución que firman los conjueces Carlos Renna, Andrea de Creus.

Una fuente judicial consultada por Rosario/12 recordó que Ramos recién fue condenado a fines de diciembre último y por lo tanto "no está en condiciones de pedir salidas transitorias en esta etapa de la ejecución (de la pena). Recién podría solicitarlas cuando cumpla la mitad de la condena y bajo determinados requisitos, que no se dan en este caso".

"Lo importante es aclarar que el Tribunal en ningún momento hizo lugar al pedido de Ramos", agregó la fuente.

El cura de Feced reapareció en Casilda

ZITELLI FUE INVITADO A LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO
   
 Por José Maggi

La agrupación de derechos humanos de Casilda "Unidos por la Memoria Ante el Olvido" (UMANO) denunció que monseñor Eugenio Zitelli, quien fuera capellán de la Jefatura de Policía de Rosario durante la última dictadura, fue invitado a los festejos del Bicentenario organizados por el municipio de esa ciudad. "Zitelli estuvo parado en la primera fila del escenario, junto al senador por el Departamento Caseros, Eduardo Rosconi, como cualquier funcionario y político de un sistema democrático al que nunca hubiéramos llegado, si el proceso de reorganización nacional hubiera tenido el éxito que el monseñor esperaba. Nadie se bajó del estrado, a excepción del vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, Juan José Noste, que se negó a subir, señaló UMANO.

El organismo denunció que "en el marco de los festejos oficiales desarrollados por el Bicentenario, el 25 de mayo, resulta altamente ofensivo para la historia y la memoria colectiva del pueblo de Casilda; asistir a la presencia del ex capellán de la patota del represor Feced, compartiendo el palco con las autoridades y legisladores, legítimamente elegidos por el voto popular democrático".

En ese sentido UMANO se pregunta: "¿Cómo pudieron soportar semejante personaje, en un momento con tanto significado histórico?, ¿fue por causa del "protocolo"? ¿qué temen nuestros políticos?, ¿arder en los infiernos, si rechazan a un representante de la religión oficial? ¿dónde está escrito que el "protocolo" debe incluir a ex capellanes de la policía de los centros clandestinos de detención de personas, que hubo a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio? ¿qué persona puede compartir un espacio, cualquiera fuese, con quien habría justificado la tortura como método para conseguir información? ¿cuántos "25 de Mayo" deberemos vivir todavía, hasta encontrar dirigentes políticos con convicciones éticas férreas, más allá de protocolos mal interpretados y temores electorales?".

"La misma ciudad que agasajó hace unos días atrás a la señora Estela de Carlotto, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, la declaró Visitante Ilustre toleró con muestras de un olvido imperdonable, que un personero de la hoja más negra de nuestra historia contemporánea, ocupara un lugar destacado en un acto histórico cívico popular", señaló el organismo casildense.

"Lamentablemente -culmina la declaración de UMANO- Casilda pasará a la historia bicentenaria, como apañadora de figuras emblemáticas de dictaduras sanguinarias; sostenedora en palcos oficiales de pastores que entregaron a su rebaño, cómplices de quienes no terminan de comprender que el único camino hacia la libertad está hecho de justicia, verdad y memoria".

La ex presa política, María Inés Luchetti de Bettanín, había declarado en su momento que Zitelli en plena confesión le había asegurado: "Usar la picana está bien porque estamos en guerra y es un método para obtener información política".

domingo, 23 de mayo de 2010

POR EL ESCLARECIMEINTO DEL CRIMEN DE SILVIA.

Desde el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo los convocamos a otra actividad a realizarse el sábado 29 de mayo en la ciudad de Rafaela que consistirá en Marcha y Música por VERDAD Y JUSTICIA, POR EL ESCLARECIMEINTO DEL CRIMEN DE SILVIA.

Queremos que su presencia sea significativa en esta actividad y por esto les proponemos participar activamente con un stand en donde puedan manifestarse.

En esta oportunidad nos concentarremos frente al Cine Belgrano (Bv Santa Fe y Tucumán-RAFAELA) a las 16:30 hs. y marchamos hacia la Recova donde se hará un cierre con músicos locales y donde se encontrarán los stand.

Para aquellas organizaciones que necesiten quedarse una horas posterior a la actividad habrá un espacio físico a disposición. Aguardamos su confirmación.

*Se agradece su difusión*
                                   
                    ESPACIO VERDAD Y JUSTICIA POR SILVIA SUPPO

PD: Si llueve el sábado 29 la actividad se suspende y se traslada al sábado 05 de junio en el mismo horario. Muchas Gracias!

Las y los convocamos a las acciones públicas organizadas desde el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo-Rafaela, que se realizarán el día sábado 29 de mayo desde las 16.30 hs. Las mismas consistirán en Marcha y Recital con los músicos locales Duilio Quinteros, Toto Murillo, Charly Alcaraz, Diego Tosello, Pablo Morales, Bimbo, Facundo Curbelo y Diego Paublán.

MARCHA Y RECITAL
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
POR EL ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO

DESDE CINE BELGRANO MARCHAMOS HASTA LA RECOVA RIPAMONTI, CIERRE DE LA MARCHA CON RECITAL DE MÚSICOS LOCALES

SÁBADO 29 DE MAYO -  16,30 HS.
ESPACIO VERDAD Y JUSTICIA POR SILVIA SUPPO. RAFAELA.

- Familiares y compañeros de los hijos de Silvia Suppo.
- Enredadera. Grupo de mujeres y feministas.
- Centro Cultural y Social Estación Esperanza.
- La casona de los pibes.
- Centro Testimonio Rafaela.
- Movidero.
- Programa de Promotores Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.

 Agradecemos la difusión.

Otro torturador que va a la sombra

DETUVIERON E INDAGARON A RAMON TELMO IBARRA, REPRESOR DEL SERVICIO DE INFORMACIONES.
Está acusado de torturas y secuestros y se lo vincula a la masacre de Los Surgentes donde asesinaron a militantes rosarinos.
Por José Maggi

Ramón Telmo Alcides Ibarra alias "Rommel", quien fuera jefe del Servicio de Informaciones de la Policía; fue detenido e indagado por la justicia federal en la víspera. Fue visto en el Servicio de Informaciones desde el inicio de la dictadura hasta finales de 1978. Está comprometido en la masacre de Los Surgentes ocurrida en la madrugada del 17 de octubre de 1976. En febrero del `77 formó parte de la intervención militar de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil bajo las órdenes del capitán Esteban César Molina. Ibarra fue el principal ejecutor de todas sus operaciones y además uno de los responsables del saqueo, quema y destrucción de los ochenta mil libros que contenía la biblioteca del edifico de la Vigil en Alem y Gaboto. También participó de la venta de los locales, bienes y terrenos que eran propiedad de la Biblioteca por un total de 10 millones de dólares. Antes de pasar a disponibilidad en 1998 se desempeñó como jefe de la División Informaciones de la UR II.
 
El ex torturador y policía retirado de la provincia, de 68 años, fue detenido en su domicilio de calle Saavedra 555 de la localidad de Viale, (Entre Ríos), y fue indagado en la mañana de ayer por el juez federal Marcelo Bailaque ante la presencia del fiscal Gonzalo Stara.
 
Ibarra fue imputado -hasta ahora- de la privación ilegítima de la libertad de al liberad mediante violencia y amenazas de Hugo Rubén Méndez y de Angel Florindo (Chichin) Ruani. Así como de la privación ilegítima de la libertad mediando violencia y amenazas y torturas de Laura Torresetti, Carlos Alberto Corbella, Liliana Gómez, Juan Luis Girolami, Juan Carlos Patiño, Ana María Ferrari, y Celia Raquel Valdez de Luraschi.

La única respuesta de Ibarra -que estuvo acompañado de la defensora oficial Rosana Gambacorta- fue muy breve: "Me voy a abstener de declarar". Luego fue trasladado al penal policial de la Alcaidía Mayor de la Jefatura, en Ovidio Lagos al 5000.
 
Según el informe Borgonovo, realizado en 1997 y con el que se le dio de baja de la fuerza a los efectivos ligados al terrorismo de estado y que aun quedaban en actividad, Ibarra había sido Jefe del Servicio de Informaciones, con lo cual las imputaciones podría aumentar en los próximos días.
Consultada por Rosario/12 Marta Bertolino, denunciante de Ibarra recordó que "en la indagatoria le imputaron a Ibarra la privación ilegítima de la libertad de Juan Luis Girolami, quien era el dueño de la vivienda donde fuimos secuestrados junto con mi esposo, Oscar Manzur (hasta hoy desaparecido) Wenceslao Rueda, y la madre y hermana de Juan Luis, lamentablemente fallecidas. Voy a dar instrucciones a mis abogadas para que pidan que se amplíe la declaración indagatoria al menos a todo el grupo, dado que se trata de un hecho indisoluble que ya ha sido inexplicablemente desmembrado por la justicia, aunque ahora la audiencia oral por el caso de Oscar tramitará conjuntamente con la causa Diaz Bessone (ex Feced)".
 
Ibarra ya había sido investigado por delitos de lesa humanidad y convocado a prestar declaración indagatoria por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, pero fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida.
Entre los testimonios volcados en la Causa Feced que lo sindican a Ibarra figuran el de Mario Luraschi, quien afirma que lo "picaneó junto a Rubén el Ciego Lofiego" entre otros, y afirma que "lo podría reconocer". La mayoría de sus víctimas mencionadas más arriba lo nombraron claramente en sus declaraciones, y algunas podrían reconocerlo.

Por si fueran pocos los hechos de secuestros, torturas y desapariciones desde el 25 de febrero de 1977, Ibarra alias "Rommel" fue designado en el cargo de Director del Departamento de Educación de la Biblioteca Vigil junto a Carlos Sfulcini alias "Carlitos" o "Carlos Bianchi" en el cargo de Director del Instituto secundario de la Biblioteca Vigil, otro conspicuo miembro de la Patota de Feced, implicado en la desaparición de Tito Messiez y beneficiado con la prisión domiciliaria.

viernes, 21 de mayo de 2010

El coronel ya tiene quien lo juzgue

ARRANCA EL JUICIO ORAL AL PRIMER INTERVENTOR DE LA DICTADURA EN SANTA FE

González -quien hoy tiene 81 años y cumple prisión domiciliaria en Capital Federal por la llamada megacausa de Santa Fe- será juzgado por el homicidio del militante de la JP, Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa.
 Por Juan Carlos Tizziani

El primer interventor de la dictadura en Santa Fe, coronel José María González, será juzgado por crímenes de lesa humanidad. El juez federal Nº 2, Francisco Miño, elevó ayer a juicio oral una causa en la que el jefe golpista está procesado por la desaparición y el "homicidio" de un militante de la JP, Mario Osvaldo Marini y la "privación ilegal de la libertad" de éste y de su esposa, Ana María Cavandini, en diciembre de 1975. "González era la máxima autoridad del Ejército en la ciudad de Santa Fe y ningún operativo militar o disposición final de los detenidos se hacía sin su conocimiento y orden. Es responsable como autor mediato o intelectual del secuestro de los esposos Marini y el asesinato de Mario", dijo el abogado querellante Jorge Pedraza en el requerimiento de elevación a juicio al que tuvo acceso Rosario/12.

El coronel González está imputado también en otra mega causa que investiga el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, quien en noviembre del año pasado lo procesó por "asociación ilícita", 22 homicidios de militantes políticos, "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" en cuatro casos, todo en concurso real.

El 24 de marzo de 1976, González era el jefe del Area 212, así que esa madrugada al mando de tropas golpistas copó la Casa Gris, derrocó al gobernador Carlos Sylvestre Begnis y se convirtió en el primer interventor de la dictadura en la provincia, hasta mayo de 1976, cuando lo sucedió el vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni, ya fallecido. En esos tres meses, lo secundó un gabinete integrado por jefes militares de Santa Fe y Reconquista, entre ellos el coronel Reynaldo Tabernero, quien asumió como ministro de Gobierno y tiempo después se convirtió en subjefe de la Policía Bonaerense y segundo del general Ramón Camps. Hoy, González tiene 81 años y cumple prisión domiciliaria en su departamento en la Capital Federal.

Marini vivía con su esposa y el bebé de ambos de 45 días en el barrio sur, en una casa humilde, Jujuy 3618 (hoy Pasaje Andrade). El diciembre de 1975, un grupo de tareas integrado por nueve represores allanó la casa y esperó que él llegara para detenerlo. Ana María y el niño fueron trasladados a la comisaría 1ª, en el microcentro, donde ella se enteró después que su esposo había muerto en las sesiones de torturas.

En 2007, apareció en el archivo de los Tribunales Federales un expediente con un acta que prueba el secuestro: Marini fue detenido el 9 de diciembre de 1975, a las 21.30, y supuestamente se fugó a las 21.55. Es decir, que según este documento, estuvo preso 25 minutos y lleva 35 años desaparecido. "Una fábula que oculta la verdadera trama y a la que ni siquiera se la puede llamar 'ley de fuga' ya que seguramente Mario fue muerto en la mesa de torturas y luego tuvieron que fraguar los acontecimientos porque habían actuado a cara descubierta, sin tabicar o encapuchar a Ana María Cavandini", explicó Pedraza.

El acta del secuestro de Marini está firmada por el teniente coronel Carlos Adalberto Rodríguez Carranza, quien entonces era el oficial de operaciones del Area 212 y después del golpe del 24 de marzo asumió como jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe hasta mayo de 1976. Rodríguez Carranza murió impune. También estaba imputado en la causa de la Escuela de Mecánica de la Armada por la desaparición de otra militante política, Laura Susana Di Doménico, secuestrada en Santa Fe, el 24 de setiembre de 1976 y trasladada a la Esma, donde fue vista por otros detenidos, entre noviembre y diciembre de 1976.

Mientras estuvo detenida en la comisaría 1ª, Cavandini fue interrogada dos veces por un oficial del Ejército que "le dijo que había formado parte del procedimiento en su casa" y "luego le admitió que Mario 'se les había escapado'". Ese militar era el capitán Douglas Patrick Dowling, del Destacamento de Inteligencia 122, con asiento en Juan de Garay y avenida Freyre de Santa Fe. "Era un hombre de 35 años, ojos claros, buenos modales, facciones delicadas, que había llegado poco tiempo antes a Santa Fe desde otro lugar, que tenía hijo o hijos en edad escolar que también habían venido con él. Y conforme a su legajo del Ejército reservado en la causa está fallecido", dijo Pedraza.

"En total agregó el abogado , Ana María estuvo detenida cuatro años y medio a disposición del PEN. Permaneció detenida en Santa Fe en el Buen Pastor y en octubre de 1976 la llevaron a Devoto. Con el correr del tiempo y habiendo sido visitada por sus familiares supo que su casa había sido literalmente desmantelada, que les robaron todas sus pertenencias: ropas, vajillas, libros, regalos de casamiento, electrodomésticos y sólo le dejaron los muebles vacíos".

La querella ubicó el secuestro y asesinato de Marini en el período previo al golpe del '76 cuando el poder militar ya se había superpuesto al poder civil, un lapso en el que desaparecen también otros 20 militantes políticos en Santa Fe. "El coronel González era el jefe del Distrito Militar y del Comando de Artillería 122 (luego Area 212), entre octubre de 1974 y noviembre de 1976, cuando lo reemplazó el coronel Juan Orlando Rolón. González era la máxima autoridad del Ejército y ningún operativo militar o disposición final de los detenidos se hacía sin su conocimiento y orden. Es responsable como autor mediato o intelectual" de los delitos de lesa humanidad por los que se lo juzgará, concluyó Pedraza.

jueves, 20 de mayo de 2010

Otro torturador en las calles

EDUARDO RAMOS ESTUDIAR LETRAS EN LA UNIVERSIDAD DEL LITORAL
Otro torturador en las calles

Fue sentenciado a 23 años de prisión por secuestros y tormentos. Ayer, una de sus víctimas, reveló que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo autorizó a salir tres veces por semana de la cárcel para ir a estudiar a la Facultad de Humanidades.   

El ex oficial de Inteligencia de la Policía santafesina, Eduardo Ramos, sentenciado a 23 años de prisión por los secuestros y tormentos a cinco víctimas de la dictadura, fue autorizado por el Tribunal Oral Federal a salir tres veces por semana de la cárcel de Las Flores "para ir a estudiar la carrera de letras" en la Facultad de Humanidades y Ciencias. "Es otra provocación más de la justicia federal que actúa en la provincia de Santa Fe", denunció la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en una declaración que firman su presidenta, Graciela Rosenblum y su secretario, José Schulman, quien fue precisamente uno de los torturados por el represor.

Ramos fue condenado "por crímenes de lesa humanidad", en diciembre último junto al ex juez Víctor Brusa y otros policías: los comisarios Héctor Romeo Colombini, Mario Facino y Juan Calixto Perizzotti y la ex carcelera María Eva Aebi. "El juicio oral probó que era uno de los más perversos torturadores que operaba en el circuito represivo de Santa Fe: el centro clandestino conocido como "La Casita", la comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada y el destino final", precisó la Liga. "Y en ese circuito fueron victimizadas cientos de compañeros y compañeras, casi todas ellas sometidas a delitos de violencia sexual cometidos por el propio Ramos quien llegó a decir en la audiencia publica, ante la denuncia de una compañera, que él sabía que 'tenía fantasías sexuales con él'. Como se sabe, Silvia Suppo fue violada y luego obligada a abortar por orden de uno de los condenados en el mismo juicio: Juan Calixto Perizzotti".

"A pesar de que la sentencia reconoció el carácter sistemático de los delitos de lesa humanidad" y "el plan de exterminio, que para nosotros es genocidio, ahora se le da al torturador Ramos un trato diferencial y especial, que no reciben los presos sociales que pasan meses y años gestionando permiso para estudiar", agregó.

Según la Liga, el Tribunal Federal de Santa Fe desconoce "la peligrosidad manifiesta de Ramos" y "el carácter especial de los delitos cometidos por él, que llevó en su momento al Tribunal Federal de La Plata a decir en una sentencia que quienes los hubieran cometido, no pueden pasar ni un solo día fuera de la cárcel". Sin embargo, "el Tribunal a cargo de la sentencia acaba de otorgarle a Ramos el derecho a salir tres veces por semana para 'estudiar letras'. Una provocación contra las víctimas y la sociedad toda", apuntó.

La Liga vinculó también las "salidas de estudio" de Ramos con los fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal que dejó sueltos a seis represores en la provincia en las últimas semanas. Tres militares en Santa Fe: el coronel Domingo Morales, el general Carlos Alberto Settel y el suboficial del Mario Carmelo Ferger. Y tres policías en Rosario: Rubén "El Ciego" Lofiego, Mario "El cura" Marcote y Ramón Rito Vergara.

"La justicia federal está reaccionando ante nuestros avances y sentencias favorables en los juicios a Brusa y a Barcos (en Santa Fe) y por la Quinta de Funes, con acciones de apariencia judicial, pero que tienen un claro contenido político de provocación contra los luchadores contra la impunidad".

miércoles, 19 de mayo de 2010

Marcha por Silvia Suppo hasta la Casa Gris

RECLAMAN AL GOBERNADOR BINNER EL ESCLARECIMIENTO DEL CRIMEN
Por Juan Carlos Tizziani

A casi dos meses del asesinato de Silvia Suppo, una marcha convocada por el Foro contra la Impunidad y la Justicia se plantó anoche en la plaza de Mayo para reclamarle a Hermes Binner "una investigación a fondo y el esclarecimiento de un crimen político". Se lo pidieron de dos maneras: en los discursos, en la plaza de Mayo, y en una carta que después dejaron en la Casa Gris. "El asesinato de Silvia, luchadora ejemplar, es la máxima expresión del costo que tiene la impunidad en la provincia", dice el petitorio del Foro que agrupa a organismos de derechos humanos, expresiones sociales y políticas.

Fue una marcha no muy numerosa, pero precisa en la demanda. "Exigimos que se investigue a fondo y se esclarezca este crimen", dijo la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Celina Kofman, en el arranque del acto. "Los organismos de derechos humanos nunca hemos aceptado como única alternativa la hipótesis del robo. Puede ser que lo sea. Pero más bien nos da por pensar en un crimen político porque Silvia fue testigo en el juicio al (ex juez Víctor) Brusa, que mandó a prisión a seis represores y era testigo en el próximo juicio por la desaparición de su ex compañero (Reinaldo Hattemer, en enero de 1977, en Rafaela). Esas casualidades son causalidades. Los organismos de derechos humanos no podemos permitir que bajo la cobertura de un robo se encubra un crimen político de extrema gravedad", planteó Kofman.

"Los juicios van a seguir y tenemos que asegurar la integridad de los compañeras y compañeros que ponen el cuerpo y la vida después de haber sufrido cárcel y torturas para que los genocidas vayan presos. No queremos otro caso como Julio López, que fue muy emblemático. Desde la primera hora dijimos que (la desaparición de López) tenía todas las características de un secuestro. No nos equivocamos. Pero se perdieron dos meses en idas y venidas pensando que el compañero que con tanta valentía había declarado (en el juicio a Echecolatz) pudo haber perdido la memoria o tenía miedo", agregó.

"Venimos a entregarle una carta al gobernador -explicó Celina-. Le pedimos una investigación a fondo de este asesinato y que desmantele el aparato represivo que aún hoy tiene capacidad operativa para hacer secuestros y amenazas que sufrimos continuamente los organismos de derechos humanos, los querellantes y la sociedad comprometida".

La presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos de Rosario (APDH), Norma Ríos, coincidió que el crimen de Suppo es "político". "Y así fuera un robo, el crimen sigue siendo político porque la realidad es que los testigos, los querellantes y todos los que luchamos para que los genocidas vayan a la cárcel estamos en peligro", afirmó.

"Hace unos días escribí una carta imaginaria para Silvia en la que decía que nos sentíamos culpables por no lograr que el campo popular, por tantas razones, se una en una marcha interminable a lo largo y ancho del país para lograr justicia en un crimen que para la APDH es político. Y es político porque ya un gobierno nos quiso hacer creer que un señor que era el principal testigo contra Echecolatz se había ido a tomar el te con la tía. No lo creímos, salimos a la calle y tuvimos razón".

Ríos recordó también los fallos de la Cámara Nacional de Casación que dejaron en la calle a los represores "Lofiego, Marcote y Rito Vergara, tres hombres que están procesados y van a ser juzgado dentro de un mes. Tenemos que pedirle una vez más a esta justicia vergonzante que meta presos a estos genocidas que ahora entrarán a Tribunales por la misma puerta que entramos nosotros y a un juicio, donde se contará cómo violaban y cómo asesinaban. Esto no es un problema del pasado o de unos pocos, es un problema del presente y de toda la sociedad argentina", agregó.

sábado, 15 de mayo de 2010

JUAN LUCERO, SOBRE LA SEGURIDAD A TESTIGOS DE LOS JUICIOS.

"Un cuerpo propio de civiles"

Es lo que propone este ex preso político y ex diputado provincial del '73 al '76. Lucero vino a Rosario a testimoniar en una causa por terrorismo de Estado. Asegura que lo preocupa que sean policías los que le dan la seguridad a los testigos.
Por José Maggi

"Me preocupa la falta de seguridad brindada a quienes estamos decididos a que el país cambie en serio. No podemos tener una seguridad policial bajo ningún punto de vista, la policía no nos da ninguna garantía. En el tiempo de Brandazza la seguridad la dábamos nosotros, y no aceptábamos seguridad policial porque la policía está ligada a los que han producido estos hechos de terrorismo de Estado, fueron gente de las diferentes fuerzas armadas y la policía". El que habla es Juan Lucero, más conocido por su apodo "Chancho" ex diputado provincial entre 1973 y 1976, quien declaró esta semana ante el juez federal Marcelo Martín Bailaque en la causa que investiga el secuestro y desaparición de Daniel Gorosito en 1976. En diálogo con Rosario/12, Lucero -radicado en Dinamarca reivindicó la investigación de todos los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, pero no a través de las mismas fuerzas armadas o policiales que los cometieron. Por eso pidió la creación de un cuerpo propio de civiles que custodien a los testigos de las diferentes causas por delitos de lesa humanidad. La idea suena creíble en boca de quien encabezara la Comisión legislativa que investigara el Caso Brandazza, y que saliera vivo de siete atentados contra su vida.

¿Qué lo preocupa?

Hoy lo más preocupante es la falta de una organización del Estado ya sea provincial o nacional que investigue los hechos como corresponda, porque las cosas ocurrieron hace años, pero la investigación debería hacerse como corresponde. Por ejemplo el caso de Brandazza, en el que logramos probar que ahí se lo había tenido secuestrado y lo habían asesinado (la dependencia policial de Dorrego al 900). Hay elementos para hacer una investigación, porque de lo contrario van a seguir ocurriendo hechos como este de Silvia Suppo, o Julio Lopez y otro más, y quizás puedan ocurrir más. Y me preocupa la falta de seguridad brindada a quienes estamos decididos a que el país cambie en serio. Nosotros no podemos tener una seguridad policial bajo ninguna punto de vista porque la policía no nos da ninguna garantía. En el tiempo de Brandazza la seguridad la dábamos nosotros, y no aceptábamos seguridad policial.

¿Por qué?

Porque la policía está ligada a los que han producido estos hechos de terrorismo de estado, fueron gente de las diferentes fuerzas armadas del país, como pasó en el caso Brandazza en la subárea Rosario, o después con la Triple A. Entonces esta gente no está para brindarnos servicios de inteligencia, sino que pretenden producir un hecho a favor de quienes los utilizan como herramientas, y que siguen existiendo, como los Martínez de Hoz, Cavallo, López Murphy o Macri. Y son muy peligrosos, porque están sirviendo a alguien que existe, enormes corporaciones dirigidas desde Nueva York a través de mafias, de las que Cavallo es uno de los representantes más grandes. Por eso digo que si no existen organizaciones del propio estado que investiguen estos hechos van a ocurrir cosas como las que pasan en Rosario: donde desde los clubes privados y los barrios privados en los que está esta camarilla, siguen organizando cosas contra el Pueblo. Por eso repito lo de Daniel Gorosito, tiene que investigarse y no lo pueden parar cosas como las de Julio López o Suppo, y menos aún compensar a las familias con una indemnización. Con esto no se hace nada, esta no es una respuesta a lo que ha ocurrido. El hecho de sangre no se puede pagar con ningún dinero del mundo por más que la gente lo acepte por necesidad.

¿Qué pudo aportar sobre Gorosito?

A Daniel lo conocí en la cárcel de Coronda donde hablé a través de una ventana. En ese momento me confió que tenía temor porque Feced lo había amenazado. Yo le conté que a mí también me habían intentado sacar y no lo había logrado porque había ordenes de no hacerlo. Al poco tiempo lo vinieron a buscar a la cárcel y los carceleros lo sacan fuera de su celda, pero empezamos a golpear jarros, a gritar, hicimos todos ruido para que no se lo llevaran. Así que lo dejaron y lo pusieron en otro calabozo con un sindicalista que después contó que antes de sacarlos les habían hecho firmar su libertad, para después hacerlos aparecer muertos en combate. Esta mecánica la usaron también en Rosario con un chico de apellido Galeano, que se les estaba muriendo en la tortura, y le hicieron firmar la libertad para después asesinarlo afuera. Esto lo hicieron Cirone (Octavio) y Kushidonchi (Adolfo, ambos gendarmes y directores de la carcel Coronda el primer en 1977 y el segundo en el 78). Los dos estuvieron primero en la cárcel de Encausados de Rosario y después fueron para allá. Como muestra de lo que hacían me castigaron durante tres años en una celda todo tapiado, taparon al ventana, 24 horas encerrado. A veces me sacaban una hora, cuando todos estaban encerrados, a dar una vuelta. Creí que me moría, y terminé hablando con los bichitos".

domingo, 9 de mayo de 2010

Más que un burla

Daniel García y Alba Sánchez cuestionan que el gobierno provincial haya designado a José Serruya, yerno del propietario de un lugar donde estuvieron secuestrados.
 
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

La designación de un funcionario político en el gobierno de Hermes Binner planteó más interrogantes a dos víctimas de la dictadura. Daniel García y Alba Sánchez estuvieron secuestrados en un centro clandestino al que el grupo de tareas llamaba "El Borgia" y que ellos denunciaron como una quinta en San José del Rincón, propiedad del abogado Jorge Ayala Bergero, ya fallecido. Ambos reconocieron el chupadero junto a otros dos sobrevivientes en el juicio al ex juez Víctor Brusa, aunque después el Tribunal sentenció que "no se había probado" que la casa fuera la misma que denunciaba el matrimonio. "Ese fallo fue una sorpresa", dijo García. "Pero hubo más, esta semana nos enteramos que seis días antes del reconocimiento de la casa, el gobierno de Binner designó en un cargo político en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia al contador José Alfredo Serruya. ¿Quién es este funcionario? El yerno de Ayala Bergero", agregó. "Puede ser que esto no pruebe nada, pero el ministro (de Justicia y Derechos Humanos, Héctor) Superti debería explicar por qué y de qué manera este hombre llega al gobierno", tiró García.

En diálogo con Rosario/12, García dijo que recién ahora se enteró de la designación del yerno de Ayala Bergero como director de Recursos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. El decreto es el número 2180 del 12 de noviembre de 2009 y está refrendado por Superti. Lo que llamó la atención a García y a su esposa son las fechas: Serruya fue nombrado en la Secretaría de Derechos Humanos seis días antes del reconocimiento de la casa de su suegro, que se realizó el 18 de noviembre de 2009. "El contador Serruya es esposo (de la abogada) Sanyal Ayala Bergero, quien defendió la posición de su familia y de su padre en el juicio a Brusa", explicó García.

"A nosotros ya nos había sorprendido el fallo del Tribunal que dijo que 'no se había probado' que esa era la casa donde estuvimos secuestrados", desde diciembre de 1977 a mayo de 1978. "O sea, negaron las pruebas. Nosotros consideramos que la prueba que aportamos era abundante en cuanto a testimonios, incluso de quienes vivieron en esa casa en una época posterior y por la cantidad de datos que habíamos dado. Nosotros tenemos la seguridad de que esa era la casa y por eso nos sorprendió el fallo".

"También nos había sorprendido la actitud de la Fiscalía en el momento del reconocimiento y ante la presión de la doctora Ayala Bergero de Serruya, porque nosotros íbamos a un reconocimiento y no a un intercambio de opiniones con la hija del dueño sobre si esa era la casa donde estuvimos secuestrados. Sin embargo, todo eso se produjo. Incluso, el Tribunal no sólo fue permisivo sino que alentó eso, la Fiscalía se hizo a un lado y no participó y de la misma manera actuaron los abogados de la querella. Esto nos tenía sorprendido y mucho más cuando salió el fallo", sostuvo García.

"Y ahora -agregó descubrimos por este decreto (Nº 2180) que, llamémosle por casualidad, seis días antes del reconocimiento el gobierno nombró en la Secretaría de Derechos Humanos al yerno de Ayala Bergero, heredero vivo del dueño de la casa que denunciamos y esposo de quien asumió la defensa de esa casa. Entonces, comienzan a cerrar algunas cosas".

García se preguntó también "por qué no se llegó a fondo en el tema (del ex mayor del Ejército y hoy empresario inmobiliario) Eduardo Villa, quien tuvo como abogado a Ayala Bergero durante 40 años y era socio del teniente coronel Benito Guglielmone, ya fallecido. Esto cierra cuando en el juicio (al ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo) Barcos, éste dice que quien lo introduce en el mundo de la inteligencia militar fue Guglielmone, que era socio de Villa. Todas estas cuestiones nos hacen ver que hay un sector que no permite que se vaya a fondo. De cualquier manera, esto es una situación nueva. Por lo tanto, vamos a insistir sobre el tema de El Borgia".

¿De qué manera van a insistir? -preguntó Rosario/12.

Vamos a esperar el juicio por asociación ilícita a estos mismos personajes que fueron condenados en el juicio a Brusa y en el cual nosotros somos querellantes. De última, que designen al yerno de Ayala Bergero en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia no prueba absolutamente nada, pero hay que convenir que por lo menos es sospechoso y deja al Poder Ejecutivo y al ministro Superti en una situación muy poco cómoda. Creo que ellos deberían dar una respuesta de cómo llega este hombre al gobierno de Binner porque no se nombra en esos cargos a cualquiera que pasa por la calle. Debe haber alguna relación política porque no se designa a un director provincial así nomás.

Y lo designan en el Secretaría de Derechos Humanos.

Claro, no lo nombran en Aguas Santafesinas, en Defensa Civil. Lo designan en Derechos Humanos. Por la edad que tiene no fue partícipe de aquella época, pero es el yerno de Ayala Bergero -concluyó García.

martes, 4 de mayo de 2010

Indignación y alarma por la salida en libertad del represor Lo Fiego




Querellantes y testigos apuntaron contra la Cámara de Casación por demorar la causa y luego beneficiar con los plazos de la prisión preventiva a los imputados por crímenes de lesa humanidad.
 Por Jorge Kaplán / La Capital

La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la excarcelación de José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote y Ramón Rito Vergara, ex policías de la provincia imputados por crímenes de lesa humanidad en el marco de la megacausa Feced. Víctimas, familiares, querellantes y organismos de derechos humanos repudiaron la liberación de los sindicados represores, y expresaron su seria preocupación por la seguridad de los más de cien testigos del juicio oral que dará comienzo el 21 de julio. Además, advirtieron sobre el riesgo de que los acusados se fuguen, teniendo en cuenta “la abrumadora prueba en su contra” y la posibilidad concreta de recibir duras condenas.
   Querellantes y organismos se quejaron de haberse enterado de las excarcelaciones —que se concretaron el viernes— por los medios de comunicación y recién en la mañana de ayer.
   Héctor Chinche Medina, secretario gremial de Sitratel, testigo y querellante en la causa, resumió: “Queremos que los compañeros y querellantes sepan que están en libertad los represores que están acusando. Queremos que la Corte se pronuncie. Además, hay una responsabilidad de la provincia por la garantía de cada uno de los ciudadanos que son testigos y querellantes en esta causa”. Y enfatizó: “Todos sabemos la responsabilidad de estas personas en la desaparición de cientos de compañeros, por lo tanto lo que les espera es la cadena perpetua. No somos ingenuos y sabemos que les están dando la posibilidad de que se fuguen o que amedrenten a testigos”.
Como Grassi. De esta manera, los seis imputados que serán llevados a juicio el 21 de julio están en libertad (ver aparte). Al respecto, Leticia Faccendini, abogada de parte de la querella, señaló que “vamos a ir a juicio con una prueba que es irrefutable y con probabilidad alta de condena, y hasta tanto la Corte Suprema no se manifieste dejándola firme, los genocidas van a seguir en libertad. Un ejemplo fue el caso del cura pedófilo (Julio) Grassi que lo condenaron pero se fue a su casa”.
   Ahora, los abogados insistirán ante la Corte Suprema de la Nación para que revoque las excarcelaciones. Faccendini argumentó que “un Estado de derecho no puede medir con la misma vara delitos comunes, y aplicar las garantías propias del derecho penal interno, frente a delitos de lesa humanidad”. Recordó que “el Estado está obligado a juzgarlos ante la comunidad internacional”. Además, la letrada dijo que Casación “no puede estar aplicando un plazo de preventiva cuando la misma Cámara durante años cajoneaba incidentes demorándolos”.
   La excarcelación fue decidida por Casación hace un año, pero el fiscal de Cámara presentó un recurso de queja ante la Corte, pero como esa solicitud no tiene efectos suspensivos, hasta que la Corte no se expida —algo que aún no ha hecho—, los acusados salen en libertad.
   La abogada Daniela Asinari indicó que “no sólo vamos a esperar lo que decida la Corte sino que también vamos a intentar presentar nuestros reclamos ante el Tribunal Oral”.
   Explicó que “la prisión preventiva está para resguardar el proceso, y el hecho de que estas personas estén en nuestras calles afecta seriamente el proceso, el derecho al acceso a la justicia de las víctimas”.
Igualados. Laura Ferrer, ex detenida por la patota de Agustín Feced, señaló que “el mayor problema es que nosotros vamos a entrar al tribunal a declarar de la misma forma que ellos como acusados, sabiendo que son los culpables de la muerte de los compañeros que pasaron por el Servicio de Informaciones”.
   La querellante Marta Bertolino apuntó que “esta liberación es efecto de los bolsones de impunidad que hay en el Poder Judicial, donde la Sala 2 de Casación permanentemente toma este tipo de definiciones. No pueden seguir en una Argentina democrática”.
   Por su parte, Elida Luna, de Familiares de Desaparecidos, expresó su estupor por las excarcelaciones, y planteó que “nos preocupa muchísimo el funcionamiento del Programa de Protección de Testigos de la provincia para que familiares y querellantes se enteren por los medios. Hay que ver si hay que reestructurarlo, porque es increíble lo que ha pasado”.
   En una conferencia realizada en el ex Servicio de Informaciones, querellantes y organismos, calificaron de “barbaridad que (los ex policías) estuvieran presos en Jefatura, custodiados por la misma fuerza de seguridad que integraban y con la cual tienen relaciones totalmente tramadas”. También expresaron su solidaridad organizaciones sociales y gremiales, y los concejales del PJ Norma López y Arturo Gandolla.

lunes, 3 de mayo de 2010

TRES REPRESORES DE ROSARIO FUERON PUESTOS EN LIBERTAD

Parte de la patota, libre
Lofiego, "el Cura" Marcote y Vergara fueron liberados el viernes pasado, aunque recién ayer trascendió la medida judicial. "El Ciego" pagó 25 mil pesos de fianza y 55 mil pesos cada uno de los otros dos. "Es una vergüenza", dijeron los organismos.
Por José Maggi

Los represores Rubén "el Ciego" Lofiego, Mario "el Cura" Marcote y Ramón Rito Vergara fueron liberados el viernes por la justicia federal, y abandonaron la Alcaidía Mayor de la Jefatura de policía tras el pago de una fianza: 25 mil pesos en el caso de Lofiego, y 55 mil pesos en los otros dos casos. Los tres acusados de delitos de lesa humanidad llegarán en libertad al juicio por la llamada causa Díaz Bessone (ex Feced) previsto para el 21 de julio. Los querellantes denunciaron no haber sido notificados del trámite procesal. "Es una vergüenza habernos enterados por los medios de prensa", apuntó Héctor "Chinche" Medina, de Familiares.

El 31 de mayo de 2009 Rosario/12 publicaba que "la Cámara de Casación Penal ordenó la libertad de José Rubén Lofiego, uno de los más emblemáticos represores rosarinos, por haber pasado más de cuatro años detenido sin sentencia. Además, le fijó una fianza de 100 mil pesos, más tres fiadores cada uno de los cuales debe acreditar ese monto". Según explicó la abogada Gabriela Durruty el pedido de libertad había sido elevado a la Cámara de Casación luego de que fuera denegado por el Tribunal Federal Nº 2. (ver aparte).

Esta medida, agregó Durruty, "no sólo supone que Lofiego, Marcote y Vergara estarán en libertad al momento de ser juzgados. Podrán llegar al Tribunal caminando", sino que además "van a permanecer en libertad durante el juicio pero seguirán así hasta que no quede firma la condena por la Corte Suprema de Justicia".

Lofiego tendrá que responder por los cargos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 17 oportunidades, asimismo por privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por la duración de más de un mes con tormentos en cuarenta y cuatro oportunidades, y privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia, amenazas y homicidio calificado en tres oportunidades.

Marcote será juzgado como autor de tres hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias, amenazas y por la duración de más de un mes en concurso real con veinticinco hechos de tormentos. Además, de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con tormentos en veintiséis oportunidades por el delito de asociación ilícita calificada.

Vergara se encuentra procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 14 oportunidades con asociación ilícita calificada.

Organismos de derechos humanos y abogados de los familiares de desaparecidos calificaron como "muy grave" la decisión de la Cámara de Casación de Capital Federal. Y solicitaron a la Corte Suprema que busque una solución al tema que sirva para todos los casos similares que puedan aparecer.

Para Marta Bertolino -por la parte querellante-, la libertad bajo fianza de estos represores muestran que "en el poder Judicial hay bolsones de impunidad". Laura Ferrer, testigo de la causa Feced, se preguntó "cómo es posible que si van a recibir condenas a prisión perpetua, se les permita esperar el juicio en libertad". Elida Luna de Familiares se quejó también por haberse enterado "por las radios locales de la noticia. Y nos preocupa porque son acusados de delitos aberrantes".

La abogada de Familiares de Desaparecidos, Leticia Faccendini explicó que "la Cámara de Casación consideró que se encontraban vencidos los plazos de la prisión preventiva" y ordenó liberar a los ex policías aplicando una medida "simétricamente para un delito de lesa humanidad que para uno común".

Militantes y sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones sostuvieron ayer en rueda de prensa que la situación de gravedad es doble: por un lado, porque hay riesgos de que los ex policías liberados se fuguen; pero también temen por los testigos que deberán declarar en el proceso que comenzará el próximo 21 de julio.

Los concejales del Frente para la Victoria, Arturo Gandolla y Norma López remarcaron que "si bien la orden del Tribunal tuvo que ser acatada, la provincia debió garantizar la protección de los testigos, que desde el viernes hasta el lunes, estuvieron expuestos a encontrarse en las calles con sus denunciados, a ser objeto de intimidaciones por parte de esos represores. Esto es otra muestra de ineficiencia absoluta en la seguridad pública santafesina".

Medina y Lilian Echegoy entendieron que debe rediscutirse el Programa Provincial de Protección de Testigos "porque es increíble que nos tengamos que enterar por los medios de la liberación".


La abogada Durruty resumió de este modo el camino judicial recorrido hasta entonces:
* El 5 de diciembre de 2008, ante el Tribunal Oral Federal 2, la defensa de Lofiego solicitó el cese de prisión ya que se encontraba detenido desde el 7 de setiembre de 2004.
* El 9 de diciembre el TOF II rechazó el cese solicitado, por lo cual el 23 de diciembre de 2008 la defensa de Lofiego interpuso recurso de Casación. El 6 de marzo de 2009, el TOF II prorrogó la prisión preventiva de Lofiego por 8 meses.
* La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, con el voto de Yacobucci y García, y la disidencia de Mitchell, resuelve hacer lugar al recurso de casación, ordenando el cese de prisión preventiva de Lofiego. Disponiendo su libertad, que debía ser efectiva bajo la caución personal prestada por el imputado y otros tres fiadores.
* La CNCP rechazó el recurso extraordinario y contra aquella el Fiscal interpuso recurso de queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante la resolución de casación, la defensa de Lofiego plantea la inmediata libertad.
* El 28 de abril el TOF II fija la caución personal de Lofiego en 100.000 pesos, que ahora bajó a 25 mil pesos. Se estableció entonces la prohibición de salida del país, no mudar de domicilio y presentarse el primer y tercer miércoles de cada mes por ante el Tribunal Oral II.
* El 30 de abril el TOF II dispone su inmediata libertad.