Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

martes, 18 de junio de 2013

Cuestionan las demoras para restituir los bienes a la biblioteca Vigil

Como si 36 años no fuera nada

La fecha para completar la devolución de los edificios y demás pertenencias de la biblioteca popular intervenida por la dictadura militar es el 6 de diciembre. Desde la institución, afirman que existe una virtual paralización del traspaso.

 Por Lorena Panzerini

A seis meses de la promulgación de la Ley Provincial de Restitución de Bienes para la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, saqueada durante la última dictadura cívico militar, los miembros de la Comisión Directiva lamentaron los "escasos avances" en la recuperación de los espacios indispensables para el funcionamiento. De hecho, el presidente de la institución, el abogado Marcelo Abaca, habló de una suerte de "paralización", ya que todavía no cuentan con el edificio de la ex unidad administrativa, que además necesita importantes refacciones. "Hay buen diálogo con la provincia; no hay conflicto, pero los tiempos no son los mismos. Nuestro cronograma es que al 6 de diciembre tenemos que tener disponibilidad de Gaboto 450, el teatro Saulo Benavente y el lugar donde está hoy la biblioteca", reclamó Abaca. Por su parte, el vicegobernador Jorge Henn lamentó que "a veces los tiempos no son los que uno quisiera", pero aseguró: "Estamos trabajando para la restitución".

La ley de traspaso tuvo media sanción en Diputados, en septiembre de 2012. Al mes siguiente, Senadores la transformó en ley. En diciembre, el gobernador Antonio Bonfatti la promulgó, y estableció desde ese día el plazo de un año que planteaba el proyecto votado en la Legislatura.

Sin embargo, rápidamente se desaceleró la marcha: ya pasó el primer semestre y la Comisión Directiva de Vigil no cuenta siquiera con el edificio de Gaboto y Alem, donde funcionó la sede local del Ministerio de Educación de la provincia. Hoy está vacío y "en estado de abandono". La imagen de los vidrios rotos y paredes descascaradas de la histórica institución, que hasta 1977 fue emblema de la cultura, la educación y símbolo social de la ciudad, golpea con fuerza a quienes buscan recuperar esa impronta, desde la mesa de un bar, ubicado frente al edificio.

"La provincia designó funcionarios, pero hay muchas cuestiones internas con la organización que hacen parecer que eso es la centralidad de la historia. En ningún momento lo prioritario es Vigil", lamentó Abaca. "No queremos chocar con el gobierno, sino reflejar un hecho cierto, porque la biblioteca sigue sin un espacio propio para funcionar", agregó. "Aunque la gente se va a asociando, no tenemos espacio para las actividades culturales", dijo. Pese a trabajar desde un bar o en la casa de algunos miembros de la comisión, unos 350 socios se reinscribieron a la institución.

Al repetir la idea de la recuperación, Abaca describió que buscan "abrir la biblioteca con más de 50 mil volúmenes; tener espacio para eventos culturales como se viene haciendo en otros lugares y muchos objetivos más", dijo.

Como respuesta al reclamo, el vicegobernador, quien mantuvo las primeras reuniones con la Comisión, aseguró que "se ha tomado la decisión política de devolver la Vigil a la asociación, tal como lo sancionó la Legislatura. A veces los tiempos no son los que uno quisiera para resolver esto. Estamos trabajando para que eso ocurra", dijo Henn a Rosario/12.

Por su parte, Abaca subrayó: "Hay una fecha cierta: el 6 de diciembre tiene que estar todo a nuestro nombre". Al mismo tiempo, adelantó que luego de ingresar un pedido por escrito, se dispuso que dos bibliotecarias comiencen a recatalogar los libros que están en la Biblioteca Pedagógica Provincial Eudoro Díaz.

Los miembros de la Comisión trabajan para que la histórica sede de Vigil en Alem y Gaboto vuelva a ser sinónimo de cultura y organización popular, que la dictadura cívico militar cerró y saqueó, en 1977. Los que se desea recuperar son aquellos bienes y espacios que sobrevivieron a la liquidación y que quedaron bajo custodia estatal.

El traspaso de bienes incluye la media manzana delimitada entre las calles Alem, Gaboto, 1º de Mayo y pasaje Perkins, y la manzana enmarcada por Alem, Gálvez, Ayacucho y Virasoro. También deben restituirse elementos de la mapoteca, discoteca, hemeroteca y diapoteca; piezas de animales embalsamados, colecciones del Museo de Ciencias Naturales de la Biblioteca y elementos del observatorio astronómico. La serie de cuadros que están bajo custodia del Ministerio de Cultura en Plataforma Lavarden es otro de los tesoros a devolver.

La importancia de esta restitución se traslada a 1953, cuando se fundó Vigil. Seis años después, lanzó la primera rifa en cuotas. No tardó en promover la lectura en el barrio Tablada, junto con la organización de una universidad popular, una escuela secundaria, gimnasio, teatro para 500 personas, y la publicación de más de un centenar de títulos desde su editorial. Como si eso fuera poco, construyó un edificio de siete plantas con un observatorio astronómico.

Pero en 1977, todo se derrumbó: hombres armados a las órdenes del dispositivo de represión de Agustín Feced asaltaron su sede el 25 de febrero de ese año. Comenzó así la intervención militar, la persecución de sus miembros más activos, sus secuestros, y el saqueo del patrimonio que se hoy se busca recuperar.

miércoles, 12 de junio de 2013

Un juicio emblemático a represores

Es el primero en la provincia que destapa la violencia sexual como uno de los mecanismos del terrorismo de estado para quebrar voluntades. "Las violaciones perseguían el objetivo de anular la personalidad" de las víctimas, señalaron los fiscales.

 Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe


El juicio al grupo de tareas que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista ya es emblemático: el primero en la provincia que destapa la violencia sexual como uno de los mecanismos del terrorismo de estado para quebrar voluntades. Y ayer, el alegato del Ministerio Público lo ratificó. Los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum imputaron a los siete represores del banquillo por "privación ilegítima de la libertad" y "tormentos agravados" a 39 víctimas -según los casos?, pero a cinco de ellos: el jefe de la patota, Danilo Sambuelli y cuatro policías: Carlos Nickisch, Arnaldo Neumann, Rubén Molina y Horacio Machuca, los acusaron también por "violaciones reiteradas y agravadas" a una niña de 16 años y a su hermana de 23. Y pidieron las penas consiguientes: 25 años de prisión para Sambuelli, 20 para Nickisch, 15 para Neumann y 12 para Molina y Machuca, todas de cumplimiento efectivo. "La violencia sexual era parte del plan sistemático de la represión. Los cuerpos de las mujeres afectadas se transformaban en campos de batalla, en el que los varones imponen de manera cruel el poder y la dominación que culturalmente ejercen sobre las mujeres", dijo uno de los fiscales al citar un fallo del Tribunal Oral de Santa Fe en 2010, el mismo que juzga ahora a los represores de Reconquista, y que fue el primero en el país que consideró la violación en centros clandestinos como una de las formas de la tortura.

El lunes, los abogados querellantes Lucila Puyol e Iván Bordón habían pedido condenas de 20 a 11 años de prisión. Ayer, los fiscales Suárez Faisal y Salum solicitaron el máximo de la escala penal para Sambuelli, el jefe del grupo de tareas: 25 años de prisión. Y 20 años de cárcel para sus dos laderos: el comisario Nickisch (ex jefe del Departamento Informaciones) y Jorge Alberto Benítez (ex interventor militar en la Unidad Regional IX). El resto va en descenso: Neumann (15 años), Molina y Machuca (12 años) y Eduardo Luque (8 años).

Pero el fiscal acusó también a "Sambuelli, Nickisch, Neumann, Molina y Machuca por el delito de violaciones reiteradas y agravadas" a dos hermanas, Griselda y Luisa Pratto. Griselda era una niña de 16 años cuando la secuestraron el 5 de febrero de 1977 en la III Brigada Aérea, hasta el 26 de marzo: 49 días de martirio y esclavitud sexual, en los que cumplió los 17. Luisa tenía 23, dos pequeños hijos y un embarazo de siete meses. Suárez Faisal imputó a Sambuelli, Nickisch y Neumann por la violación de Griselda y a Nickisch, Neumann, Molina y Machuca por la violación de Luisa.

"La violencia sexual fue el medio que utilizaron los represores para torcer la voluntad" de las hermanas Pratto, relató el fiscal. La familia ya había sido secuestrada: el compañero de Luisa, Rubén Maulín, su suegra y tres hermanos. Luisa quedó a cargo de sus chiquitos -el mayor de dos años y medio y una beba de un año?, más el embarazo de siete meses. Griselda había ido a Reconquista para ayudarla. "Ninguna de las dos estaba en condiciones físicas ni morales para oponerse a los represores, que las violaron siempre en conjunto, en una patota que operaba en los procedimientos ilegales", agregó.

"Los relatos de Luisa y Griselda Pratto demuestran la inescindible relación entre las violaciones, las torturas y el objetivo perseguido, que era la anulación de la personalidad, la obtención de una declaración autoincriminatoria o datos sobre el paradero de otras personas que habían etiquetado como 'subversivos'", explicó el fiscal. Y mencionó los relatos de Maulín y de uno de los hermanos Pratto, Juan Carlos. Otro testigo, Alberto Prez, que estaba alojado en calabozo de la III Brigada Aérea, vio por una rendija "a una chica desnuda y rodeada por represores, y que tiempo después la volvió a ver completamente ensangrentada y escuchó sus llantos y quejidos toda la noche". "No tenemos dudas de que esa adolescente era Griselda Pratto", reveló el fiscal Salum.

Salum citó también una "investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de estado", que se publicó en Rosario ("Grietas en el silencio") y el fallo del Tribunal Oral de Santa Fe que condenó al ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo Barcos, el 12 de abril de 2010. "Los abusos sexuales y la violación sufridos por la víctima durante su cautiverio constituyen crímenes contra la humanidad", dijo. "Los cuerpos de las mujeres afectadas se transforman en campos de batalla, en los que los varones imponen de manera cruel el poder y la dominación que culturalmente ejercen sobre las mujeres". En el juicio, Griselda dijo que Sambuelli le decía que él "tenía el poder", que podía hacer con ella lo que quisiera.

El fiscal Salum aportó otro argumento más, que las violaciones a las víctimas del terrorismo de estado podían ser en centros clandestinos, pero también afuera, como ocurrió con Luisa y Griselda. "Cuando eran llevadas a otro lugar físico o privadas de su libertad y abusadas en su propio domicilio. Lo relevante no es el lugar donde se comete el delito, sino el ejercicio de un determinado tipo de poder que se expresa en la acción, precisamente, el tipo de poder característico de los crímenes contra la humanidad", concluyó.

martes, 11 de junio de 2013

Solicitaron de 11 a 20 años de prisión para el jefe de la patota del norte santafesino

Es el tiempo de los alegatos

La querella unificada pidió ayer condenas para cinco de los siete imputados en el juicio al grupo de tareas que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista. Por primera vez, se juzga la violencia sexual de los represores como delito de lesa humanidad.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe


La querella unificada pidió ayer condenas de 20 a 11 años de cárcel para cinco de los siete imputados en el juicio al grupo de tareas que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista. Los abogados Lucila Puyol e Iván Bordón solicitaron 20 años de prisión para el jefe de la patota, Danilo Sambuelli; 19 años para el ex interventor militar de la Unidad Regional IX de Policía, Jorge Alberto Benítez; 15 años para el ex jefe del Departamento Informaciones (D﷓2), Carlos Nickisch y once años para dos subalternos de éste, Horacio Machuca y Arnaldo Neumann. Hoy, seguirá el alegato de los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum que completarán los cargos a los otros dos acusados: Eduardo Luque y Rubén Molina y alegarán por todas las víctimas, alrededor de 40, entre ellas las hermanas Griselda y Luisa Pratto, martirizadas por la violencia sexual de los represores que se juzga por primera vez en la provincia como delito de lesa humanidad. Griselda fue secuestrada cuando era una niña de 16 años y cumplió los 17 como esclava sexual en un centro clandestino y Luisa tenía 23, estaba embarazada de siete meses -de un bebé, luego apropiado﷓ y sufrió violaciones hasta dos años después de su secuestro. "Es necesario visibilizar estos delitos como delitos autónomos de la tortura porque son violaciones a los derechos humanos con la particularidad que están dirigidas a las mujeres en su condición de tales", dijo Puyol.

El tiempo de los alegatos arrancó con Puyol y Bordón, en representación de seis sobrevivientes que se constituyeron como querellantes: Elvira Dieringer, Alejandro Córdoba, Raúl Pintos, Silvio Iznardo, Adolfo Maggio y Osvaldo Marcón. Acusaron por secuestros, torturas y vejámenes a cinco de los siete integrantes de la patota y pidieron condenas rigurosas: 20 años de prisión a Sambuelli, 19 a Benítez, 15 a Nickisch y once años a Machuca y Neumann. "Por la crueldad demostrada por los autores de los hechos, su falta de arrepentimiento, su negativa a colaborar. Por su insistencia cuando dicen que nunca dieron ni recibieron una orden ilegal. Por todo esto, debe aplicarse el máximo rigor de la ley, reservado para los casos de extrema gravedad", afirmó Bordón. Y comparó la escala penal con la que el mismo Tribunal Oral -con otros integrantes﷓ aplicó en el juicio al ex juez Víctor Brusa y el grupo de tareas que operó en Santa Fe.

"Señores jueces -planteó Bordón-, los juicios se han demorado mucho tiempo. Por Eduardo Sartor y Nélida Esquivel, que fallecieron sin ver justicia. Y por todas las víctimas, pedimos justicia".

Puyol dedicó un capítulo de su alegato a "la violencia sexual en centros clandestinos que se juzga por primera vez en la provincia como delito de lesa humanidad". Mencionó el caso de su representada, Elvira Dieringer, quien padeció el acoso de los represores en el secuestro y los traslados. Y señaló el martirio de las hermanas Pratto, que padecieron el terror y el estigma, hasta de sus más cercanos. "Luisa lo dijo claramente en el juicio, que hasta su familia le cerraba las puertas. Le decían: 'Por favor, Luisa, andate, no nos comprometas'", recordó la abogada.

"Griselda Pratto fue secuestrada a los 16 años, de la casa de Luisa, en febrero de 1977. Ella había ido a Reconquista a ayudar a su hermana con sus hijos pequeños y un embarazo de siete meses. La torturaron durante días en la III Brigada Aérea, en los pechos, en la vagina, en las axilas", recordó Puyol. "Una noche la subieron a un auto, la llevaron a otro lugar y la violaron. Lo dijo en el juicio: fueron Sambuelli, Nickisch, Neumann y el cabo Estofaretti (que no está entre los imputados). Ella dijo que 'Sambuelli tenía el poder, que podía hacer con ella lo que quisiera'", remarcó.

Y agregó: "También su hermana, Luisa Pratto, sufrió violaciones. Su esposo, Rubén Maulín, estaba detenido, tenía un niño de dos años y medio y una beba de 9 meses y estaba embarazada de siete meses. Sufrió abusos y violaciones en su domicilio durante dos años. Y además, le robaron lo poco que tenía para alimentar a sus hijos".

Puyol cerró entonces con un fallo de la Cámara Federal de Mendoza sobre la violencia sexual como delito de lesa humanidad. "Algunas de las formas de violencia sexual son la violación, el abuso y la amenaza de abuso. Es necesario visibilizar estos delitos como delitos autónomos de la tortura porque son violaciones a los derechos humanos con la particularidad que están dirigidas a las mujeres en su condición de tales", concluyó.

lunes, 10 de junio de 2013

Tramo final del juicio por delitos de lesa humanidad en Reconquista

A un paso de recibir condena

Comienzan hoy los alegatos de la causa contra siete represores de la patota que operó en la III Brigada Aérea del norte provincial, cuyo jefe era Danilo Sambuelli. Se incluyen secuestros, torturas y delitos sexuales contra dos mujeres.

 Por Juan Carlos Tizziani -  Desde Santa Fe

Comienza hoy el tramo final del juicio a siete represores de la patota que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista, acusados por más de 40 casos secuestros y torturas, a los que se agregaron -"por primera vez en la provincia-" los abusos sexuales como delitos de lesa humanidad, entre ellos la violación de una niña de 16 años y su hermana de 23, que estaba embarazada. A partir de las 10, el Tribunal Oral de Santa Fe escuchará los alegatos de los abogados querellantes Lucila Puyol e Iván Bordón y mañana, el de los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum. Las defensas seguirán la semana que viene y el veredicto se conocerá después de la feria de julio. Los siete imputados son dos oficiales de la Fuerza Area: el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez y cinco policías: Carlos Nickisch (ex jefe del Departamento Informaciones, el temible D"2), Eduardo Luque, Rubén Molina, Horacio Machuca y Arnaldo Neumann.

La jornada de alegatos de la acusación arrancará hoy con la querella unificada, a cargo de Puyol y Bordón y mañana les tocará a los representantes del Ministerio Público. El Tribunal está integrado por los dos jueces de Santa Fe, José María Escobar Cello y María Ivon Vella y su colega de Rosario, Otmar Paulucci.

Sambuelli y compañía están imputados por "privación ilegítima de la libertad calificada", "tormentos agravados" y "vejámenes" en un universo de casos que oscila entre 10 y 40 víctimas, según el acusado. Pero Sambuelli, Nickisch, Machuca y Neumann deben responder también por las "violaciones reiteradas" -﷓como delitos de lesa humanidad-﷓ a dos hermanas; el primero, a una adolescente de 16 años que cumplió los 17 cuando estaba secuestrada en la III Brigada Aérea y los otros tres, a la hermana mayor, de 23.

El juicio comenzó el 19 de noviembre; en Reconquista, es conocido por el número del expediente ("la causa 050") y en Santa Fe, por el apellido del jefe del grupo de tareas ("Sambuelli"), que operó como jefe de Inteligencia de la III Brigada Aérea y después del golpe del 24 de marzo de 1976, asumió como interventor de la Municipalidad de Reconquista. La Unidad Regional IX de Policía, a la que pertenecían los cinco policías imputados, quedó al mando del otro oficial de la Aeronáutica, Benítez.

Uno de los acusadores de Sambuelli fue un militante político, Silvio Iznardo, que cumplió el servicio militar en la III Brigada Aérea a las órdenes del represor un tiempo antes y por lo tanto conocía hasta su timbre de voz. Iznardo sufrió dos secuestros, el primero, en febrero de 1976 y el segundo, un mes después, el 24 de marzo. Cuando lo tenían secuestrado después del golpe, en un hangar de la Brigada Aérea, identificó a su ex jefe. "Escuché una voz conocida que daba las órdenes: 'Lleven a éste para acá, traigan a este otro'. Al pasar cerca de mí lo reconocí. Era Sambuelli, a quien en la desesperación, como había sido soldado bajo su mando, mis padres fueron a verlo y les prometió que se ocuparía de mi situación. Por supuesto, que mis padres nunca se enteraron que Sambuelli era uno de los represores y asesinos. El comandaba el grupo de tareas que operaba en Reconquista".

"Sambuelli era el jefe de Inteligencia de la base aérea, todos los detenidos de esa época pasaban por las manos de él", recordó Iznardo. "También atendía personalmente a los familiares de las víctimas" y de esa manera, "tapaba lo que en realidad nos hacían padecer en las celdas", agregó. "Sambuelli estuvo como mínimo en dos o tres interrogatorios que me hicieron. Lo reconocí perfectamente, por la voz y porque hice el servicio militar bajo su mando durante catorce meses y salí cuatro o cinco meses antes de que me secuestraran", concluyó.

viernes, 7 de junio de 2013

El Tribunal Oral de Santa Fé suspendió la autorización para viajar a Brasil de un procesado

El represor se quedó sin caipirinhas

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe


El teniente coronel Carlos Enrique Pavón, procesado por delitos de lesa humanidad, no podrá salir hoy del país para pasar diez días de vacaciones en Buzios. El Tribunal Oral de Santa Fe abrió el recurso que interpuso el fiscal general Martín Suárez Faisal –al que se sumó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alvaro Baella–, pero lo hizo “con efecto suspensivo”. Lo que significa que el viaje de turismo que había autorizado desde hoy hasta el 16 de junio quedó en suspenso hasta tanto lo autorice la Cámara Nacional de Casación Penal. Y comunicó la sentencia a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que si Pavón intenta tomar hoy su vuelo a Río de Janeiro, que sale a las 6.30 de la mañana, lo frenen en el aeropuerto de Ezeiza. “Nada de caipirinhas”, sintetizó una fuente judicial, en referencia al título de Página/12, que el domingo informó sobre el permiso para vacacionar en Brasil, que ayer fue revocado.

Pavón está procesado por suprimir la identidad de una hija de desaparecidos, María Carolina Guallane, cuando era una beba de un año y medio, en 1977. En 2009, logró la excarcelación y espera en su casa el juicio oral que recién se realizaría el año que viene. En 2011 y el año pasado, el Tribunal Oral de Santa Fe lo autorizó a viajar a Chile, y como volvió, le concedió un tercer permiso para pasar diez días de vacaciones en Buzios, desde hoy hasta el 16 de junio.

El fiscal Suárez Faisal apeló la resolución y advirtió sobre el riesgo de una fuga. “Resulta dramático desde la perspectiva de la víctima que aquella persona que ha sido procesada y acusada por integrar un sistema delictivo que la separó de su familia de origen y luego asesinó a sus padres, que suprimió su verdadera identidad y la reemplazó por otra nueva bajo la idea de que se trataba de una hija de ‘delincuentes subversivos’, hoy espera el ya demorado juzgamiento descansando en playas tropicales, con el serio y grave riesgo de que, favorecido por esas libertades, pueda evadir la acción de la Justicia”, dijo el fiscal. El abogado de Abuelas se asoció al argumento.

El Tribunal admitió que el permiso a Pavón para irse de vacaciones a Buzios “puede causar a las partes un gravamen irreparable o de insuficiente reparación ulterior” y “poner en riesgo” el juicio oral y público ante “el peligro de una fuga”. Con la consecuencia –ya advertida por el Ministerio Público– de la “gravedad institucional” que tienen los delitos de lesa humanidad y el “compromiso internacional” de la Argentina de juzgar al terrorismo de Estado. Por lo tanto, y “sin perjuicio de los fundamentos” que se evaluaron para autorizar el viaje de Pavón a Brasil –que no eran otros que sus idas y vueltas a Chile–, “los argumentos en que se fundan los agravios resultan suficientes para abrir el recurso”, dijo el Tribunal que integran los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Miguel Abásolo.

En consecuencia, concedió “el recurso con efecto suspensivo al no existir otro camino posible para lograr que la resolución por la cual se autorizó a Pavón a salir del país” pueda ser revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

miércoles, 5 de junio de 2013

HIJOS-Santa Fé, repudió el ascenso a un juez de la dictadura

Los principios innegociables

La agrupación de Derechos Humanos de Santa Fe cuestionó al gobernador Bonfatti por haber promovido a Fernando Ferrer, de Rafaela, a camarista. Ya en 2009, Binner lo había intentado pero el pliego fue rechazado por 34 a 0 por la Legislatura.

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe


La agrupación Hijos impugnó el pliego del juez de Faltas de Rafaela Fernando Ignacio Ferrer, repudió la decisión del gobernador Antonio Bonfatti de designarlos vocal de la Cámara Penal de Santa Fe (Sala II) -porque salió segundo en el concurso del Consejo de la Magistratura- y solicitó a la Asamblea Legislativa que rechace el ascenso del magistrado por que integró el aparato judicial de la dictadura. "Ferrer fue uno de los tantos jueces que miraron para otro lado y dejaron hacer mientras se violaban los derechos de los ciudadanos, se saqueaba el país y se regaba las calles de sangre y miedo", afirmó la agrupación. "Los simpatizantes, cómplices y beneficiarios de la dictadura cívico militar no deberían ocupar cargos en la justicia de la democracia y mucho menos ser ascendidos o promovidos. Semejante designación va contra el sentido de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", agregó.

Bonfatti es el segundo gobernador que propone a Ferrer como camarista de Santa Fe. Hermes Binner ya lo había hecho en 2009 para el mismo cargo, al que no pudo acceder porque la Asamblea Legislativa rechazó el pliego por unanimidad (34 a 0). El argumento de entonces es el que mismo que ahora plantea Hijos: "Un juez de la dictadura no puede ser juez de la democracia".

El pliego de Ferrer -y de otros cinco camaristas penales para Santa Fe y Rosario- debía tratarse hoy, pero la Asamblea fue postergada para el jueves que viene porque mañana cierra el plazo de presentación de listas de candidatos municipales para las primarias del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre.

La impugnación de Hijos criticó la "insistencia" de Bonfatti en ascender a juez de Cámara a "un participe de la última dictadura cívico?militar", un "cargo en el cual debe garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes de la República". Y le reclamó al gobernador "el efectivo compromiso con la memoria, la verdad y la justicia" para que sus "actos y acciones" sean coherentes con sus "discursos de la construcción de la justicia".

"La Legislatura no puede aprobar el ascenso de Ferrer a camarista por ser partícipe de quienes convalidaron el accionar de civiles y militares que atentaron contra la democracia", agregó.

"Durante la dictadura cívico militar, Ferrer fue designado juez de Faltas de Helvecia, según el decreto 1237/80 del usurpador Poder Ejecutivo y se desempeñó a partir del 12 de mayo de 1980. Y el 12 de de abril de 1983, ascendido a fiscal titular de San Cristóbal. Ya en los '80 --recordó Hijos-? "el aparato genocida ya se había cobrado la vida de miles de militantes políticos y sociales, las cárceles estaban atestadas de ciudadanos torturados, deshumanizados, y sin ningún acceso a la justicia ni al derecho de defensa; los partidos políticos seguían prohibidos y varios de ellos eran considerados ilegales; los sindicatos intervenidos y no se respetaban los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional". "La dictadura contaba con un aceitado mecanismo represivo y opresor" y designaba "sólo a sus simpatizantes y seguidores en cargos del Estado. No existía la posibilidad de acceder a ningún cargo de poder sin tener una clara y manifiesta afinidad con el sistema represivo, anticonstitucional y genocida", explicó.

"Ferrer juró acatar los objetivos básicos fijados por la Junta Militar y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. Fue promovido y ascendido durante el terrorismo de estado y uno de los tantos jueces cómplices que miraron para otro lado".

"Semejante designación va contra el sentido de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", dijo Hijos. Y recordó los casos del ex juez federal Víctor Brusa, con condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti, procesado por la "supresión de identidad" de una hija de desaparecidos, María Carolina Guallane. "El aparato judicial formaba parte del sistema represivo y genocida de nuestra provincia", concluyó.

domingo, 2 de junio de 2013

Autorizaron a un represor procesado a ir de vacaciones a Buzios para tomar caipirinhas

Carlos Enrique Pavón está acusado de ocultamiento y supresión de la identidad de una hija de desaparecidos, pero está excarcelado. El fiscal apeló la autorización que le dio el tribunal, que ya le había dado permiso para ir a Chile en dos oportunidades.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe


El Tribunal Oral de Santa Fe autorizó a un represor del Ejército, acusado de suprimir la identidad de una nieta recuperada, María Carolina Guallane, cuando era una beba de un año y medio, en 1977, a salir del país y pasar diez días de vacaciones en las playas de Buzios. El Ministerio Público Fiscal apeló la resolución ante la Cámara Nacional de Casación Penal, aunque no se descarta que pueda adoptar otras medidas ante el riesgo de una fuga. El turista es el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, procesado por “retención y ocultamiento” de un niña desaparecida, “supresión de su identidad” y “falsificación de documento público”, pero está excarcelado y libre desde 2009 hasta que se realice el juicio oral, posiblemente el año que viene. Pavón ya había logrado un permiso del Tribunal para ir a Chile dos veces, la última en noviembre de 2012, así que su viaje a Brasil será el tercero al exterior, desde el viernes que viene hasta el 16 de junio. “Resulta dramático desde la perspectiva de la víctima, que aquella persona que ha sido procesada y acusada por integrar un sistema delictivo que la separó de su familia de origen y luego asesinó a sus padres, que suprimió su verdadera identidad y la reemplazó por otra nueva bajo la idea de que se trataba de una hija de ‘delincuentes subversivos’, hoy espera el ya demorado juzgamiento, descansando en playas tropicales, con el serio y grave riesgo de que favorecido por esas libertades pueda evadir la acción de la Justicia”, dice el recurso de casación que interpuso el fiscal general Martín Suárez Faisal, al que accedió Página/12.

Pavón solicitó la autorización para viajar a Buzios, el 29 de abril. “Ya dispone de los pasajes aéreos, con fecha de salida del aeropuerto de Ezeiza el 7 de junio y regreso el 16 de junio”, dice el escrito de su abogado, Héctor Tallarico. Y acompañó una factura del costo del vuelo: 2287 pesos.

El Tribunal corrió vista al fiscal Suárez Faisal que se opuso al pedido. “La autorización para salir del país de un procesado excarcelado resulta una excepción que debe justificarse en razones concretas, serias y relevantes. No cabe conceder un permiso con apreciaciones generales, abstractas y fórmulas dogmáticas, sino que corresponde tener en cuenta (...) los hechos imputados, la expectativa de pena y el derecho de la víctima a encontrar una respuesta jurisdiccional adecuada.”

Pavón está imputado por “delitos de lesa humanidad”, recordó el fiscal. “No son delitos comunes, sino crímenes del poder, cometidos por una asociación criminal compuesta por un vasto, complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrado por numerosas personas que, en algunos casos, hasta hoy han conseguido permanecer impunes respecto de sus horribles abusos. Razonar sobre su capacidad para conservar un estatus de privilegio frente a la ley de igual modo con que se lo haría en el caso de delincuentes sin semejantes capacidades resultaría cuando menos una ingenuidad.”

El fiscal pidió al tribunal que prohíba a Pavón salir del país, anote esa prohibición en Migraciones para evitar que “transponga los límites fronterizos de la Argentina en cualquier momento” y aumente el monto de la “caución”, que hoy es “irrisoria”, “similar al costo del pasaje” en avión. El tribunal solicitó a Pavón que informe los motivos de su excursión. “Un viaje de turismo”, contestó su abogado. La respuesta fue suficiente. El 27 de mayo, el Tribunal le autorizó una estadía “desde el 7 al 16 de junio en Río de Janeiro, con fines turísticos”, dice la resolución de los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Miguel Abásolo. El fundamento es que el represor ya viajó a Chile dos veces, en 2011 y el año pasado y volvió. “No existe impedimento para salir del país que pese sobre el imputado”, por lo tanto, “corresponde hacer lugar”.

Suárez Faisal planteó entonces el recurso de casación ante el riesgo de fuga. Aceptar que un acusado por delitos de lesa humanidad pueda salir del país “es una afrenta para las víctimas de estos hechos”, dijo. Carolina fue secuestrada por un grupo de tareas, “el 11 de febrero de 1977, cuando tenía 18 meses. Su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, murió el 23 de febrero” por un balazo en la cabeza. El bebé nació muerto. “Y su padre, Enrique Cortassa, fue secuestrado y permanece desaparecido.” Una de las hipótesis que evalúa el fiscal es que los represores utilizaron a Carolina “en los interrogatorios bajo tortura” de su papá, por “las secuelas psicológicas que la niña presentó durante sus primeros años”.

Después del operativo, Pavón –que entonces era teniente primero– puso la niña a disposición del entonces juez de Menores, Luis María Vera Candioti, también procesado en la causa, con un documento del Ejército falso, con fecha anterior al secuestro de la familia Cortassa. “La naturaleza, gravedad y carácter de lesa humanidad de los delitos por los que ha sido procesado y será juzgado Pavón, impone a los jueces de la Nación la responsabilidad y el deber inexorable de garantizar que los compromisos en defensa de los derechos humanos que asumió internacionalmente la Argentina sean cumplidos” y que “las aspiraciones de justicia de las víctimas no se desbaraten por situaciones de indebido privilegio”, concluyó el fiscal.