Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

miércoles, 30 de septiembre de 2009

DETIENEN A TRES MILITARES POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Se esperan más detenciones

Diab, Ferger y Arrieta fueron los primeros detenidos porque residen en Santa Fe. Es inminente la captura de otros jefes militares.

Por Juan Carlos Tizziani

El juez federal Reinaldo Rodríguez ya detuvo a tres militares de alto rango por crímenes de lesa humanidad, mientras espera que en las próximas horas se cumplan otras órdenes de captura que firmó en una megacausa que investiga 28 homicidios, 18 desapariciones forzadas, cuatro secuestros, tormentos y un caso de supresión de identidad de una menor de edad. Desde el martes a la tarde y hasta la madrugada, el magistrado indagó al teniente coronel Roberto Pedro Arrieta y a un ex oficial de Batallón de Ingenieros Anfibios 121 de Santo Tomé, Mario Carmelo Ferger y hoy seguirá con el tercero: el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Jorge Roberto Diab. Los tres ya están alojados en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Las Flores, que comparten con otros represores de la dictadura.

Diab, Ferger y Arrieta fueron los primeros detenidos porque residen en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, mientras que la captura de los otros jefes militares imputados en la megacausa puede demorar un poco más porque tienen domicilio en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. "Puede haber novedades en las próximas horas", dijo una fuente cercana a la investigación cuando Rosario/12 le preguntó si había más detenidos.

El martes, Rodríguez ordenó la detención nueve militares y tres policías, pero seis de ellos ya estaban bajo arresto domiciliario, así que quedaron a su disposición para indagarlos cuando lo considere oportuno. Otros tres Diab, Ferger y Arrieta fueron detenidos el mismo martes, por lo que ahora el juez espera novedades sobre los tres restantes: el general de brigada Carlos Alberto Settel, el teniente coronel Adolfo Ernesto Alvarez y el capital Domingo Morales. Settel es el de más alto rango imputado en la mega causa.

El juez citó también a indagatoria el 8 de octubre al coronel Carlos Enrique Pavón y al ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti, en una causa que investiga la supresión de identidad de María Carolina Guallane, la única sobreviviente de la masacre de su familia biológica, en febrero de 1977, cuando tenía catorce meses. Veinte años después, en 1998, Carolina supo que su verdadero nombre era Paula Cortassa, que su padre biológico, Enrique Cortassa está desaparecido y su madre, Blanca Zapata, fue asesinada de un disparo en la cabeza con un embarazo a término y perdió el bebé.

Estos son los doce militares y policías detenidos o con pedido de captura:

* José María González: coronel, jefe del Area 212 desde diciembre de 1974 hasta diciembre de 1976. En el golpe del 24 de marzo copó la Casa de Gobierno y asumió como el primer interventor de la dictadura en la provincia hasta mayo de 1976. Fue el primer represor procesado por homicidio en Santa Fe por el secuestro y asesinato del militante político Mario Osvaldo Marini, el 9 de diciembre de 1975.

* Juan Orlando Rolón: coronel, sucedió a González en la jefatura del Area 212 a fines de 1976 y hasta diciembre de 1979 cuando asumió como ministro de Bienestar Social de la provincia. El Tribunal Oral Federal lo apartó del primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en Santa Fe por su estado de salud. Tiene prisión domiciliaria y está imputado en la causa por asociación ilícita, pero el conjuez Lazzarini no resolvió su situación procesal porque no lo puede indagar.

* Adolfo Ernesto Alvarez: teniente coronel, era el segundo de Rolón. Fue el jefe de su plana mayor y responsable del Centro de Operaciones Tácticas (COT) que comandaba la represión de las fuerzas conjuntas.

* Domingo Manuel Marcellini: teniente coronel, jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 desde diciembre de 1975 hasta fines de 1977. Tiene prisión domiciliaria en su departamento céntrico en la ciudad de Mendoza. Debía comparecer en el juicio que se inició a seis represores santafesinos, entre ellos el ex juez Victor Brusa y cinco policías, pero fue apartado por su estado de salud. Está imputado y procesado en otra causa por asociación ilícita junto con Brusa y compañía que instruye el conjuez Ricardo Lazzarini.

* Jorge Roberto Diab. Teniente coronel, prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 122 entre enero de 1976 hasta 1979, primero como jefe de la 1¬ Sección y luego como segundo jefe. La semana pasada en el juicio oral a los represores el ex jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212, comisario Juan Calixto Perizzotti, lo acusó de haberle entregado a fines de marzo de 1977 diez mujeres que estaban secuestradas en un centro clandestino de detención en las afueras de Santo Tomé. Perizzotti dijo que el operativo se cumplió por orden de Rolón.

* Domingo Morales: Mayor del Ejército. Operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar con el grado de capitán. En el juicio a los represores, en la audiencia del martes, una ex militante de la Unión de Estudiantes Secundaria, Cecilia Mazzetti, lo acusó de haberla torturado en la comisaría 4¬ cuando tenía 17 años y estaba embarazada.

* Roberto Pedro Arrieta: ex jefe del Distrito Militar Santa Fe.

* Carlos Alberto Settel, general de brigada. Es el militar de más alto rango imputado en la megacausa. Está acusado en la desaparición de un soldado que hacía el servicio militar obligatorio bajo sus órdenes.

* Mario Carmelo Ferger. Ex oficial del Batallón de Ingenieros Anfibios de Santo Tomé.

* Juan Calixto Perizzotti: comisario. Jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212 entre enero 1977 y noviembre de 1983.

* Mario José Facino: comisario, jefe del Comando Radioléctrico entre diciembre de 1976 y agosto de 1979

* Héctor Romeo Colombini: involucrado en un operativo con dos muertos el 6 de septiembre de 1976, en un piso de alto en Martín Zapata al 2500.

martes, 29 de septiembre de 2009

Más militares y policías al banquillo de acusados


La lista la encabezan tres coroneles (González, Rolón y Marcellini), el teniente coronel Arrieta y dos oficiales de Inteligencia (Diab y Morales). Rodríguez dispuso la indagatoria del ex juez de Menores, Vera Candioti y el coronel Pavón.

Por Juan Carlos Tizziani

El juez federal Reinaldo Rodríguez ordenó ayer la detención de ocho militares y tres policías en una megacausa por crímenes de lesa humanidad que investiga 28 homicidios, 18 desapariciones forzadas, cuatro secuestros, tormentos y un caso de supresión de identidad de una menor de edad. La lista la encabezan tres coroneles que ya están bajo proceso o con prisión domiciliaria: José María González que copó la Casa Gris en el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 , su reemplazante en la Jefatura del Area 212, Juan Orlando Rolón y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Domingo Manuel Marcellini. Pero se agregaron otros, entre ellos el teniente coronel Roberto Pedro Arrieta y dos oficiales de Inteligencia: Jorge Roberto Diab y Domingo Morales, que el Tribunal Oral Federal que juzga a los represores santafesinos había ordenado investigar. Rodriguez dispuso también la indagatoria del ex juez de Menores, Luis Vera Candioti y del coronel Carlos Enrique Pavón para interrogarlos por uno de los casos acumulados, el que investiga la masacre de la familia biológica de María Carolina Guallane, la joven periodista de Venado Tuerto que recuperó su identidad en 1998 cuando los análisis de ADN confirmaron que era Paula Cortassa. Las detenciones comenzaron a trascender a media tarde a poco de que el Tribunal Oral resolviera enviar al juez Rodríguez el testimonio de una ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) que acusó a Morales y a otros integrantes del grupo de tareas de haberla torturado en la comisaría 4ª, en 1976, cuando tenía 17 años y estaba embarazada.

Ya la semana pasada, el Tribunal había resuelto enviar al magistrado copia de la indagatoria de uno de los imputados en la causa: el ex jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212, comisario Juan Calixto Perizzotti, que confesó haber recibido en marzo de 1977 diez mujeres que estaban secuestradas en un centro clandestino de detención, en las afueras de Santo Tomé. El operativo fue comandado por el mayor Diab por orden del coronel Rolón. Nueve de las mujeres van a declarar en el juicio oral y público al ex juez Víctor Brusa y a otros cinco policías.

Diab y Morales ya estaban bajo la lupa de la justicia. A fines del año pasado, la fiscal Cintia Gómez había solicitado al juez Rodríguez que acumule 22 causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 en Santa Fe. El magistrado hizo lugar al pedido, pero parcialmente: resolvió acumular 16 de esas causas en un mega expediente y bajo una sola carátula: "Investigación de delitos de lesa humanidad" (16/08). Pero después, entre mayo y junio, el juez incorporó otras cinco denuncias, con lo cual sumó 21 casos.
El 24 de agosto último, luego de un minucioso trabajo de investigación y recopilación de datos y documentos, los fiscales Cintia Gómez, José Ignacio Candioti y Martín Suárez Faisal formularon el requerimiento de instrucción y pidieron al juez la detención de nueve militares, tres policías y un civil para que "se determine la responsabilidad que les cupo en 28 homicidios, 18 desapariciones forzadas, cuatro privaciones ilegales de la libertad con aplicación de tormentos y un caso de supresión de identidad de menor de edad", según revelaron a Rosario/12 fuentes seguras. El doctor Rodríguez hizo lugar al requerimiento de los fiscales, pero en los casos del ex juez Vera Candioti y del coronel Pavón sólo dispuso la indagatoria en el mes de octubre. Los tres policías imputados en la megacausa son Perizzotti, Héctor Colombini y Mario Facino, que ya están bajo arresto domiciliario y sometidos a juicio ante el Tribunal Oral Federal.

En la audiencia de ayer, declararon ante el Tribunal dos ex militantes de la UES secuestradas en el invierno de 1976: Patricia Isasa, que tenía 16 años y Cecilia Mazzetti, de 17 y embarazada de su compañero Daniel Suárez, que hoy está desaparecido. Ambas relataron su martirio en el circuito represivo de Santa Fe: la comisaría 4ª y la Oficina de Coordinación del Area 212, a cargo de Perizzotti desde enero de 1977.
En la redada a los secundarios, además de Isasa y Mazzetti, cayó otro puñado de adolescentes: Grisel Droz, Claudia Spotti, Viviana Cazol y María de los Milagros Almirón que tenía 14 años. Milagros debía declarar ayer, pero su testimonio se postergó hasta el lunes. Su hermano, Luciano Almirón que declaró la semana pasada también fue detenido a los 16 años, precisamente, en una visita a su hermana. La mamá de ambos también sufrió el terrorismo de estado, y quedó cuadriplégica por la tortura.

Cecilia Mazzetti acusó al capitán Morales de haberla torturado en la comisaría 4ª. "Tenía 17 años. Estaba vendada y con capucha. Les dije que estaba embarazada porque mis compañeras me habían dicho que se los diga, que me iban a tratar mejor. Pero fue peor. Uno de ellos (los interrogadores) me dijo que 'el hijo de un guerrillero no debía nacer'".
Cecilia dijo que lo último que recordaba de esos tormentos era un fuerte golpe en la cabeza. "Me desperté en la sala Policial del hospital Cullen", relató. "Estuve cuatro días sin levantarme de la cama porque no podía mover. Un día vino un enfermero que se anotó en la mano el teléfono de mis padres y les avisó que estaba en el hospital. Por eso me encuentraron, había pasado un mes del secuestro".
Mazzetti padeció otros traslados a la comisaría 4ª, donde la pusieron parada contra la pared. "Veo que se acerca una persona y comienza a gatillar un arma en mi cabeza: 'No te preocupés que hay una para vos'. Era un preso común de apellido Lago Castro, que estaba jugando. Después me llevan a otra oficina, pero esta vez no me ponen la capucha, entonces veo a los mismos que me habían torturado antes. Me amenazan y me dicen que estoy sin capucha porque si no les decía lo que ellos querían, no importaba. Firmo una declaración y me llevan de vuelta a la GIR".

En diciembre de 1977, salieron en libertad todas las menores, menos ella que quedó un año más con Silvia Suppo y Graciela Rabellino. "Durante ese año, varias veces me llevaron a la oficina de Perizzotti, donde encontraba con la misma gente que me había torturado en la 4ª. Y un día cuando salimos al recreo, se acercó una de estas personas y me dijo que era el capitán Morales. Estaba de civil. Y me dijo: 'Te vas a podrir acá'".

lunes, 28 de septiembre de 2009

Juicio y Castigo con voces propias.


Radio abierta para acompañar los juicios

Con la consigna "Los juzga un tribunal, los condenamos todos", tanto el Espacio Juicio y Castigo de Rosario como el de Santa Fe realizarán hoy radios abiertas en las dos ciudades para apoyar a los testigos y querellantes de los juicios por delitos de lesa humanidad. En Rosario, la actividad comenzará a las 9.30, frente a los Tribunales Federales de Oroño 940, con la participación de diferentes grupos culturales, artísticos y musicales. En tanto, en la capital provincial, la radio comenzará a las 16, frente al Tribunal también, en San Gerónimo y Primera Junta.

Desde H.I.J.O.S. Rosario indicaron que la radio abierta se desarrolla "en el marco de la campaña 'Los juzga un tribunal, los condenamos todos". La convocatoria corre por cuenta del espacio Juicio y Castigo, "integrado por Madres de Plaza 25 de Mayo, Familiares, APDH, MEDH, H.I.J.O.S. y un conjunto de organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles". Así acompañarán a los testigos del primer juicio contra represores de Rosario.

En ese sentido, recordaron que "Los acusados en este proceso son el ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex teniente Juan Amelong, el ex mayor Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Los dos últimos son civiles que se desempeñaron en el servicio de inteligencia del Ejército. En este juicio, que engloba sólo una parte de todos los ilícitos que cometieron, se les imputa privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física de una treintena de personas". También recordaron que "para conocer lo que sucede en cada jornada, se puede visitar el Diario de los Juicios en: http://diariodeljuiciorosario.blogspot.com".

En la capital provincial, en tanto, el espacio Juicio y Castigo invitó a "participar activamente de las distintas jornadas del juicio a represores genocidas". De la radio abierta participarán Agite Artístico, la murga Príncipe de Momo, Hip-Hop y la banda Nómade 4 (rock). En esa ciudad se desarrolla el juicio conocido como Causa Brusa, donde los acusados son el ex juez federal Víctor Brusa, la carcelera María Eva Aebi, y los integrantes de la fuerza de seguridad, Juan Calixto Perizotti, Mario José Fascino, Eduardo Curro Ramos y Héctor Romeo Colombini.

De ausencias y presencias


Por José Ernesto Schulman *

El juicio oral que se lleva adelante en Santa Fe, como todos, tiene su especificidad distintiva. En principio destaca la presencia de un ex Juez Federal, pero no en el lugar habitual del Tribunal, sino en el del banquillo de acusados por perpetrar un genocidio. Víctor Hermes Brusa, funcionario judicial del Dr. Mántaras, Juez Federal en Santa Fe bajo la dictadura, articulaba su accionar con el grupo de tareas que torturaba en la Cuarta (Bv. Zavalla y Tucumán) y fue promovido a Juez por Carlos Reutemann por medio de sus senadores Gurdulich de Correa y Rubeo. La infamia se cometió bajo el menemato en 1992.

Pero su presencia es un emergente: el de la subordinación del Poder Judicial al Terrorismo de Estado como confirmó ya la CONADEP en los 80 y ahora parece olvidarse: negaban los habeas corpus, ignoraban toda denuncia de tortura o asesinato, legitimaban los actos de un poder surgido ilegalmente, y por ende, nulos de toda nulidad. Todos sus actos: la deuda externa, los fallos judiciales, las adjudicaciones de ondas radiales...

A decir verdad la tragedia del liberalismo había comenzado en 1930 cuando la Corte Suprema de entonces legitimó el primer gobierno surgido de un Golpe de Estado abriendo paso a la "continuidad jurídica" que aún sufrimos.

Pero no es esa, la de Brusa, la única presencia. También están los compañeros sobrevivientes, "mandatados" para horrorizar por la tortura sufrida en cuerpo y alma, y que ellos dan vuelta para convertir su testimonio en una acusación contra los represores y el modelo de país que impusieron. He ahí su derrota, pensaron que nos habían quebrado y los vencimos. Vencidos vencimos. Y también están los desaparecidos con nosotros, y ellos lo saben. Todos lo saben. Los desaparecidos están desaparecidos había dicho Videla pero también en eso fue derrotado. Aquí están, y no sólo en las fotos que portamos al declarar, sino en nuestros corazones y se sabe que quien vive en el corazón del pueblo, vive para siempre.

Pero el juicio también es simbólico por las ausencias: la de los tres militares que por razones biológicas (uno falleció y los otros dos tienen cáncer terminal) lograron el sueño de ser Pinochet: morirán acusados pero no condenados. Y no es el cáncer el culpable, sino la impunidad. En 1983 estaban sanos, también en el 2003, su impunidad no es un problema sanitario sino político: es una decisión estatal que sólo haya pocos juicios por pocos represores, y así pasarán a la historia los sucesivos gobiernos constitucionales, como quienes desaprovecharon el respaldo social existente para castigar el Genocidio.

Y hay todavía una ausencia más dolorosa. En el juicio se confirma que no sólo eran perversos torturadores, sino vulgares ladrones de libros y licuadoras; pero el robo verdadero lo hicieron los grandes grupos económicos como Acindar (no olvidar, Martínez de Hoz, antes de ser ministro de Videla fue presidente de la empresa de acero) que gastaron a cuenta de la deuda externa que luego Cavallo estatizó y todavía seguimos pagando.

Pero de todas las ausencias y presencias me quedó con una de las que no estaban dentro de la pequeña sala de audiencias, en la calle, un jovencito con ojos grandes y remera del Che, el día del inicio me abrazó y me dijo: "Esta la ganamos, compañero", y como lo dijo con tanta convicción, yo le creí. Esta la ganamos, compañeros.

* Querellante en la causa Brusa. Secretario de Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

domingo, 27 de septiembre de 2009

ANALISIS DE LAS QUERELLAS SOBRE EL JUICIO CONTRA REPRESORES Rosario


Las primeras nueve audiencias del proceso oral y público contra cinco de los integrantes del terrorismo de Estado en Rosario dejó momentos notables, como el testimonio de Jaime Dri, que los reconoció a todos por su nombre de guerra.

Un freno a la impunidad

Por Ana María Figueroa*

Después de 32 años de las graves violaciones a los derechos humanos por el gobierno militar en el período 1977/78 en los Centros clandestinos Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia, La Calamita y Fábrica Militar de Armas de Rosario y su zona, en los tribunales federales de la ciudad se inicia el debate oral, por medio del cual, se substanciará el juicio, se pondrán sobre la mesa las investigaciones y pruebas, para que los imputados de crímenes de lesa humanidad, reciban la sanción ejemplar que corresponda.

Si bien las audiencias comenzaron el 31 de agosto, recién el 21 de setiembre y junto con la primavera comenzó el contradictorio, al haberse terminado con las lecturas de las requisitorias y habiendo planteado los defensores oficiales de Guerrieri, Amelong, Fariña, Pagano y Costanzo - Abogados Grasso, Galarza Azzoni, González Charvay y Artola , las excepciones y nulidades, que se sumaron a los casi doscientos incidentes anteriores, repitiendo planteos que habían sido resueltos aún por la CSJN, los que fueron rechazados por el TOF1 que entiende en el juzgamiento.

De los imputados puede señalarse que siguen defendiendo el accionar, que fueron ejecutores, que debían poner "orden a los desordenados", que el juzgamiento para determinar responsabilidades y evitar la impunidad es contrario al porvenir, reclaman la aplicación de jurisdicciones castrenses, el cumplimiento de las leyes de obediencia debida y punto final, que se inaplica el derecho penal común, argumentan con los mismos discursos de la época, afirman la doctrina de la seguridad nacional.

Las abogadas que representamos a las querellas particulares Gabriela Durruty, Daniela Cinalli, Ana Oberlin, Nadia Schujman, Virginia Blando Figueroa, Lucas Ciarnello, Alvaro Baella y yo que también represento a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación , conformamos "las querellas", que si bien nos conocemos desde hace muchos años, por nuestra praxis en derechos humanos, tenemos además como elemento común, que todas somos egresadas de Universidades Nacionales y la mayoría de la UNR.

Por la Fiscalía Mabel Colalongo y Gonzalo Stara, argumentan y defienden el control de la legalidad y la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos.

En la 8ª jornada comenzaron las testimoniales de los sobrevivientes: Jaime Dri, quien reconoció a los imputados según los nombre de guerra que tenían al momento de su secuestro en la Quinta de Funes y Escuela Magnasco; el ex canciller Rafael Bielsa conmovió por la dignidad y solidaridad hacia los compañeros que compartieron cautiverio y hoy se encuentran desaparecidos, pudiendo identificar a varios de ellos por sus voces y apodos; Eduardo Ferreira que fuera secuestrado en Corrientes, detenido ilegalmente en La Calamita y liberado en Pergamino no sólo relató sus torturas sino que sacó de su bolsillo la soga y las vendas que llevaba cuando lo tiraron en un camino de chacra. Todos relataron la convicción de que no saldrían con vida, la sistematicidad de las torturas, los padecimientos, las circunstancias, por lo que fue muy claro, que nadie podrá olvidar esa trágica etapa de nuestra historia.

También pasaron expertos que por sus saberes específicos pudieron ilustrar, entre ellos el Coronel Horacio Ballester del Cemida, quien explicó la doctrina francesa y de la seguridad nacional, cómo se desarrolló en el Cono Sur, dejando en claro que no hubo una guerra de baja intensidad, que no deben cumplirse órdenes ilegales, que también son subversivos los militares que se alzan contra la Constitución; Pablo Feldman como periodista y por las notas publicadas en Rosario/12, entrevistas realizadas por José Maggi al imputado Costanzo, donde relata lo que reafirmó en el juicio, dando datos, nombres, funcionamientos de CCD, enterramientos, desaparecidos, circuito de los ilícitos; el periodista del diario Clarín Daniel Santoro se refirió a un trabajo de investigación tomando como base la desclasificación de información del Servicio Secreto de México de 1978, en oportunidad que detuvieron a Amelong en dicho país, cuando había ingresado para eliminar a la cúpula montonera y Juan Carlos Nobile del Equipo Argentino de Antropología Forense, quien ilustró con medios audiovisuales las investigaciones, analizó que entre los años 76 al 79 se dieron las mayores cantidades de ejecuciones sumarias y desapariciones, poniendo de manifiesto lo mucho que falta por hacer.

La investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables a las graves violaciones a los DH, que de manera sistemática torturaron, privaron ilegalmente de la libertad, aplicaron torturas, ejecutaron sumariamente, desaparecieron personas, cometieron crímenes de lesa humanidad, es la única respuesta posible en un país civilizado, con la convicción que la impunidad no oculta los crímenes, sino los agiganta, configurando un legicidio intolerable.

*Doctora en Derecho. Abogada por la querella Secretaria de Derechos Humanos

Pruebas sólidas para una condena

Por H.I.J.O.S. Rosario*

Nueve jornadas quizás es poco tiempo para realizar un balance, sobre todo cuando el hecho a desmenuzar es un proceso histórico del cual deberá pasar mucho tiempo para saber cómo impactará en nuestra sociedad. Pero podemos mencionar algunas cuestiones relevantes del transcurso de este esperado juicio oral y público.

Debemos decir por ejemplo que la metodología de las audiencias no responde a prácticas que tiendan a una reparación verdaderamente integral de las gravísimas violaciones a los derechos humanos allí juzgados, tanto para las víctimas como para los familiares que asisten a las mismas.

Sumado al pequeño lugar de la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, tema del que se viene hablando hace meses, los concurrentes deben soportar malos tratos del personal de Gendarmería que custodia el interior del edificio de los tribunales federales. Hemos llegado a presenciar cómo un efectivo de Gendarmería ordenó colocar delante de una Madre de Plaza de mayo de 85 años de edad a otro personal de la misma fuerza por considerar que le estaba viendo las anotaciones al imputado Amelong.

Pero también debemos decir, en relación a la valoración de las pruebas producidas hasta ahora en el marco del juicio, que se viene construyendo un marco probatorio muy sólido para poder arribar a la condena de los cinco imputados por los delitos cometidos.

Si bien todos los testimonios ofrecidos hasta el momento han sido muy significativos y precisos, merece una mención especial la declaración de Jaime Feliciano Dri, el único sobreviviente de los militantes que estuvieron secuestrados en los centros clandestinos de detención "Quinta de Funes", "Escuela Magnasco" y "La Intermedia", uno de los principales testigos en la causa.

En la audiencia en que dio su testimonio, Dri pudo enfrentar personalmente a los represores de estos centros clandestinos, y reconocerlos en el mismo recinto donde se desarrolla el juicio, lo que constituye una prueba relevante, ya que es posible confrontar los apodos usados por los captores con sus verdaderas identidades. También les pidió que digan "dónde están nuestros compañeros".

Asimismo, brindó un testimonio minucioso y en absoluta consonancia con las declaraciones realizadas tanto en la instrucción de esta causa como en anteriores oportunidades. Con envidiable precisión política y como respondiendo al reclamo que el imputado Daniel Amelong manifestara por intermedio de su vincha -la cual rezaba "legalidad" , expresó: "Nosotros crecimos en la legalidad del golpe contra Irigoyen, del bombardeo a Buenos Aires en 1955, de la proscripción y la persecución a los obreros peronistas ¿De esa legalidad es que hablan?" "Milité en la JUP, fui electo diputado por el Frejuli, vino el golpe y se terminó la legalidad, como en el 30, 55, 66, y 76. Hemos vivido regímenes ilegales que sortearon la Constitución Nacional y las leyes de la república. En ese marco y en mi militancia como peronista, se cierra la legislatura, dejo de ser diputado".

En la misma línea que aquellos perseguidores del 55 ubicó luego a los militares y policías que lo mantuvieron cautivo y que "trabajaron para los Martínez de Hoz, los Krieger Vassena, los mismos sectores que hoy no pueden dar un golpe de Estado pero bloquearon las rutas y tiraron leche".

Son sólo cinco los represores imputados en este juicio, el ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex teniente Juan Daniel Amelong, el ex mayor Jorge Fariña, y los agentes Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Tres militares y dos civiles. Sólo cinco entre tantos personajes que integraron la inmensa maquinaria del terrorismo de estado que militarmente vino a barrer con la resistencia al plan político económico de José Martínez de Hoz y los grupos de poder locales y multinacionales. Esta bien, son sólo cinco represores, pero son los primeros cinco.

A la luz de los testimonios que se van conociendo por estos días, cuesta más que nunca creer que esos cinco militares enjuiciados hayan estado libres hasta hace muy poco tiempo. Cuesta casi tanto como pensar que vuelvan a estarlo luego de este juicio.

*El equipo jurídico de H.I.J.O.S. integrado por Ana Claudia Oberlin, Nadia Schujman, Alvaro Baella y Lucas Ciarnello.

Posibilidad histórica

Por Gabriela Durruty y Daniela Asinari*

Durante la vigencia del estado terrorista, la aplicación de un plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición de personas, apropiación de niños y saqueo generalizado fue política de estado. Durante los gobiernos que se sucedieron desde advenimiento de la democracia, la impunidad de aquellos delitos también fue política pública. El camino para desandarla en nuestra ciudad comenzó en los mismos albores de la democracia, cuando un grupo de sobrevivientes y familiares comenzaran la causa Feced. Luego fue necesario luchar contra la complicidad judicial claramente manifestada por un vergonzante robo de expedientes desde el propio Tribunal Provincial, las leyes de impunidad y los indultos. A partir del año 2003 comienza a desmoronarse el andamiaje jurídico que impedía el accionar de la justicia, y al amparo del Derecho Internacional de los DDHH llegamos a los primeros juicios en la provincia, Guerrieri en Rosario y la emblemática causa Brusa en Santa Fe.

Durante el transcurso de las pocas audiencias que se desarrollaron resulta insoslayable el impacto producido por los valientes testimonios prestados, que acreditan a estas alturas tempranas del proceso, la veracidad de los hechos denunciados. Jaime Dri manifestando su conocimiento de los imputados en la sala de audiencias, el Coronel retirado Ballester dando cuenta de la entereza de un militar de la democracia, Ungé Ferreira aportando un conmovedor relato de su cautiverio ilegal que pone de relieve la existencia de un plan coordinado dado su paso por distintos centros clandestinos de detención en varias provincias, presentando al tribunal las vendas y la soga con las cuales lo sujetaron, como muestra cabal de la infamia. Rafael Bielsa pidiendo mirar a los ojos a quienes enfrentan la acción de la justicia.

Todo ello ocurrió en el marco de un juicio oral y público acorde los preceptos constitucionales, respetando el derecho de defensa que les fue negado a una generación de valientes que dio su vida por un país mejor. Los más de 20 planteos introducidos por las defensas como cuestiones preliminares, todos ellos rechazados por el Tribunal Oral Federal 1 así lo demuestran.

Estamos ante la histórica posibilidad de cumplir, al menos en parte, con la responsabilidad asumida por el estado argentino frente a la comunidad de las naciones cumpliendo con el mandato legal de investigar y sancionar estos crímenes que ofenden a la condición humana.

Falta mucho por recorrer, no comenzamos siquiera a desplegar toda la prueba aportada por la acusación, pero estamos seguros de que el camino solo puede finalizar con un resultado ejemplar: el debido juicio y castigo a los culpables.

*Abogadas querellantes.

Detallado mapa del horror represivo

Fue presentado por el antropólogo Juan Nobile ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 y en su redacción trabajó Miguel Nievas, miembro del EAAF. Detalla asesinatos, desapariciones, lugares de reunión de detenidos políticos, entre otros datos.

Por José Maggi

"En el Sur de la provincia de Santa Fe, se registraron un total de 442 casos, que se dividen en 238 Desaparecidos y 204 Asesinados". Así comienza el informe que el Equipo Argentino de Antropologia Forense (EAAF) realizó para contabilizar los crimenes de lesa humanidad cometidos en el sur provincial durante la última dictadura. El documento fue presentado el último miércoles por el antropólogo Juan Nobile, ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 que juzga las causas Guerrieri-Amelong, y en su redacción trabajó Miguel Nievas, miembro del EAAF .

El texto explica que dentro de los Asesinados hay una gran parte de los que sus familias pudieron recuperar los cuerpos, otros no han tenido esa posibilidad. Dentro de este grupo, se analizaron aquellos casos que se encuentran registrados como "Asesinados". Estas personas fueron muertas de al menos de cuatro formas distintas:

* Enfrentamientos fraguados 55.

* Ejecuciones 70.

* Enfrentamientos Reales 2

* Asesinados en Procedimientos 75

Los casos que agrupa los Enfrentamientos Fraguados (27 %), se deben a casos en los que aparecieron notas periodisticas, donde se daba cuenta de un "enfrentamiento con elementos subversivos", de los cuales las unicas victimas, habian sido secuestrados con anterioridad y vistos en los Lugares de Reunión de Detenidos. En cuanto a los Asesinados en Procedimientos (37 por ciento), son aquellas personas que ofrecieron resistencia al momento que se los quiso detener. El grupo que nuclea a las Ejecuciones (35 %) que son aquellos que aparecieron a la vera de caminos y rutas. Por último el grupo de Enfrentamientos Reales (1 %) que son solamente dos casos de personas que murieron en el asalto del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltran en abril de 1975.

Lugar de reunion de detenidos (LRD)

En muchos de los casos registrados se pudo saber, por testimonios de sobrevivientes, que las personas detenidas o secuestradas en los procedimientos, eran trasladadas a diferentes centros de reclusión. Estos lugares se pueden agrupar en aI menos dos grupos, los edificios estatales donde operaban las diferentes Fuerzas Armadas y de Seguridad y casas particulares, que en algunos casos eran alquiladas en forma legal. Del primer grupo podemos destacar el Servicio de Infonnaciones de la Policia de la Provincia, el Batallón de Comunicaciones 121, Fabrica de Armas Portatiles Domingo Matheu, y el Batallon de Arsenales 121 (hoy 603) de Fray Luis Beltran.

Para el segundo grupo, podemos afinnar que se utilizaron casas ubicadas en las afueras de la ciudad de Rosario, al menos una de estas, que no conocemos su ubicacion, funciono en el año 1976, en el año 1977, se conace la existencia de la quinta ubicada en Granadero Baigonia denominada "EJ Fortin", conocida públicamente como La Calamita y otra ubicada en la localidad de Funes, conocida como "Quinta de Funes".

Las exhumaciones

Dentro del marco de las diferentes causas que se tramitan en los juzgados de la provincia, se llevaron a cabo una veintena de excavaciones arqueológicas en las que se recuperaron una serie de restos óseos y la evidencia asociada a estos.

En los cementerios de:

* Santa Fe 11 cuerpos exhumados, 10 identificados.

* San Lorenzo 3 exhumados 1 indetificados

* Coronda 4 exhumados 3 identificados

* Barrancas 2 exhumados 1 identificado

* Melincue 2 exhumados

* Maciel 1 exhumado

* Timbues 1 exhumado

* La Piedad 1 exhumado 1 identificado

* Granadero Baigorria 1 exhumado 1 identificado

* La Paz (Entre Rios) 1 exhumado 1 identificado

En total fueron exhumados 27 cuerpos e identificados 18. De los 9 casos todavia no identificados, se continúan las tareas tendientes a lograr Ia identidad de los mismos. También se realizaron excavaciones y/o analisis de restos que no arrojaron resultados, es decir, no se recuperaron cuerpos de interes a estas investigaciones. Estas tareas se llevaron a cabo en Fray Luis Beltrán, Rincón, Videla, restos aparecidos en el Río Paraná, Andino, Campo San Pedro, Arroyo Aguiar, Aeropuerto Fisherton, entre otros.

En las conclusiones destacan que "del total de casos relevados, podemos inferir que en su mayoría fueron ultimados en forma extrajudicial al menos en un 45 % del total de casos, mientras que el 54 % restante se encuentran aún desaparecidos. En su mayoría, a excepción de los casos que fueron muertos en los procedimientos, fueron detenidos/secuestrados y llevados a los diferentes lugares de reunión de detenidos, donde a través de interrogatorios y torturas se les extraía información que devenia en nuevos procedimientos, formando asi una cadena que se retroalimentaba permanentemente, sumándosele otras fuentes de información proveniente de las diferentes reparticiones de inteligencia de país (Policías, Gendarmeria, SIDE, Ejercito, etc.).

Como métodos para deshacerse de los detenidos, se utilizaron varias formas. La ejecucion a la vera de un camino o ruta, fraguando enfrentamientos y arrojándolos al río. También podemos inferir en que se utilizaron otras vías, al igual que en otras partes del país, como arrojandolos al mar desde aviones, la quema de los cuerpos y/o los enterramientos clandestinos".

jueves, 24 de septiembre de 2009

DECLARARON DOS PERIODISTAS Y EL CORONEL BALLESTER


Otras voces, otros testimonios

Pablo Feldman, editor de Rosario/12, expuso sobre las entrevistas al "Tucu" Constanzo publicadas en este diario. Santoro, de Clarín, sobre un informe de inteligencia de la Operación México. Ballester detalló la doctrina de seguridad nacional.

Por Sonia Tessa

"Eduardo Costanzo llegó a la redacción del diario en el invierno de 1992 y le pidió a la secretaria entrevistarse con un periodista. Lo atendió Reynaldo Sietecase, quien publicó por primera vez cuál había sido el destino final de los 14 prisioneros asesinados en La Intermedia", indicó el editor de Rosario/12, Pablo Feldman, en el juicio oral y público contra algunos de los responsables de la Quinta de Funes. En el público, dos familiares de esos prisioneros se tomaban la mano, afectados por el relato. Feldman se refirió en primer lugar a la entrevista que realizó el periodista José Maggi a Costanzo, en enero de 2008. Allí, el integrante de la Patota identificó el circuito de centros clandestinos de detención, así como sus responsables.

A Feldman le hizo dos preguntas el defensor oficial de Juan Daniel Amelong, Héctor Silvio Galarza, quien recibió continuos apuntes en voz baja de su defendido durante toda la mañana. La primera pregunta se refirió al pedido de contraprestación económica que, según había entendido el defensor de la declaración de Feldman, habría pedido Costanzo en 1992. Pero el editor de Rosario/12 aclaró que no hubo solicitud de dinero. La otra pregunta de Galarza fue cómo se concertó la entrevista entre Maggi y Costanzo.

En la mañana de ayer declaró también el presidente del CEMIDA, coronel Horacio Ballester, quien dio el marco general de las acciones que describió como "represión ilegal" de parte de las Fuerzas Armadas. Ballester se refirió a la doctrina de seguridad nacional, a la persecución ideológica y a las acciones tanto represivas como intimidatorias que quedaban a cargo de los "servicios de inteligencia". El militar, a quien le dieron la baja en 1971 por sublevarse contra la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, puntualizó que las órdenes militares podían no cumplirse, como lo hicieron los integrantes del CEMIDA. Los abogados defensores plantearon algunas preguntas a Ballester. Galarza lo inquirió sobre su conocimiento de órdenes secretas posteriores a 1976, ante lo cual Ballester indicó que después de ser dado de baja no accedió a documentos clasificados. En ese sentido, el abogado querellante Alvaro Baella, del equipo jurídico de Hijos, dejó constancia de que el documento mencionado por Galarza no figuraba en la prueba del juicio, y por lo tanto la pregunta no tenía valor en el desarrollo de la audiencia. Antes, la fiscal Mabel Colalongo le había preguntado a Ballester si conocía el documento identificado con la sigla RC 9.1, que sí forma parte de la causa. "Sé de su existencia pero no lo conozco personalmente", indicó el testigo.

Además, el presidente de CEMIDA consideró que el 24 de marzo de 1976 no existía una "situación extrema" que justificara el accionar represivo, y advirtió además que las acciones contra lo que la dictadura llamó los "elementos subversivos" debió hacerse "siguiendo la legislación argentina y los tratados internacionales". La declaración de Ballester -quien se refirió a la doctrina francesa- dio pie a que Colalongo insistiera con el pedido de convocatoria a declarar como testigo a la periodista francesa Marie Monique Robin, quien realizó un documentado trabajo sobre la aplicación de los métodos franceses de la guerra de Argelia en la terrorismo de Estado argentino. Todos los abogados querellantes apoyaron este pedido, y la defensa manifestó su oposición. El Tribunal decidirá la semana próxima si convoca a la profesional francesa como testigo.

Ayer también declaró el periodista de investigación del diario Clarín, Daniel Santoro, quien el 20 de enero de 2008 publicó una nota a partir del documento obtenido por el periodista mexicano Carlos Osorio, donde se transcribe el testimonio de dos agentes de inteligencia argentinos en la Dirección Federal de México. Los interrogados ingresaron en enero de 1978 con nombres falsos. Manuel Pablo Funes era en realidad uno de los imputados, Juan Daniel Amelong, y Miguel Vila Adelaida era Carlos Laluf, uno de los prisioneros de la Quinta, que se encuentra desaparecido. Santoro recordó que el documento fue obtenido por su colega a partir de la ley de acceso a la información pública del Estado Mexicano

martes, 22 de septiembre de 2009

EL TESTIMONIO CLAVE DE JAIME DRI SOBRE SU DETENCION EN LA QUINTA DE FUNES


"Yo viví porque era un trofeo de Massera"

En la jornada más contundente del juicio a represores en Rosario, Dri -trasladado de la Esma a la Quinta de Funes-, identificó a Amelong, Guerrieri, Pagano, Fariña y Costanzo, sentados en el banquillo de acusados.

Por José Maggi

Jaime Dri giró su cuerpo y mirando a cada uno de los imputados a los ojos, de izquierda a derecha, los identificó: "Ese es Daniel, él es Jorge, ese es Sergio II, el siguiente es Sebastián y el último es el Tucumano". Así identificó claramente a Juan Daniel Amelong, Oscar Pascual Guerrieri, Walter Pagano, Jorge Fariña y Eduardo Costanzo, uniendo por primera vez en más de 30 años los rostros con sus nombres de guerra. Fue la medida más contundente en la causa Guerrieri-Amelong.

Esta es una síntesis de su testimonio:

De la Esma a la Quinta de Funes. Dri fue detenido y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada, y desde allí trasladado a la Quinta de Funes. "Cuando llegué a Rosario entré a un lugar donde había un escritorio, y ahí aparece mi antiguo jefe, el Tío Retamar, y me dice 'Pelado qué miserable que sos, caíste con la misma camisa que usabas en Rosario... El Tío me sigue visitando en la celda, me llevaba los cigarrillos, y me decía que habíamos perdido, que él colaboraba con el Ejército. Después me enteré que salía con la Patota a operar y calzaba un 38. 'Fijate que esta gente es distinta' me decía, 'yo caí en la jefatura de policía, me tenían tirado, esta gente me rescató y me curó'. Y llega el 31 de diciembre de 1977: al atardecer me vienen a buscar, me sacan la esposa que me amarraba a la cama, me sacan la capucha y me llevan y ahí pude mirar por primera vez todo el espacio donde me encontraba. Y ahí fue recibir el abrazo de todos, algunos conocidos otros no. El Cabezón Toniolli, Juan Dussex, el Tío, Leticia o Lucy que era su compañera, el Foca y la Gringa, que tenía un brazo enyesado, lo veo a Leopoldo que no lo conocía y a su compañera la Flaca. Estaba una compañera de nombre María Soledad, una que le decían María, que después me enteré que era María Reyna Lloveras, el Ignacio al que conocía, el Pipa cordobés que no lo conocía, el Nacho y la Nacha"..

* "Días después los detienen en Mar del Plata a Tulio Valenzuela y Raquel Negro, y los traen a Funes. Tucho dice que acepta colaborar. En pocos días tiene acceso a la casa principal donde había muchos archivos, y empieza a preparar el informe que iba a llevar a la conducción de la columna Rosario. Ahí participa el Nacho fundamentalmente. En una oportunidad me incluyen, veo lista de gente que simpatizaba con nosotros, gente en libertad, como el cura Mac Guire. Se emitían panfletos de la secretaría política. Nacho le llevaba al cura los panfletos a efectos que si alguien tomaba contacto con el cura se lo podía agarrar. Finalmente se arma la propuesta del viaje a México para entregar la conducción del movimiento. Ahí creo que se hizo un asado, porque venía Galtieri para hablar con Tucho. Se instaló en una piecita de atrás de la casa, me hicieron pasar, y hablé con él. Con Tucho hablé largamente".

* "Una tarde, en un vehículo se va María con el Seba que era su hijo, era un bebé, y entiendo que lo llevaron a la casa de los padres de María. También recuerdo que tiene que haber sido en los primeros 10 días de enero que sale la comitiva a México. En esa comitiva fueron capitán Sebastián, el teniente Daniel, Bueno o el Barba y el Nacho. Hasta que una tarde una llamada de México, entró Jorge, y atendió, salió muy nervioso, y se fue de ese lugar, que a esta altura todos sabemos que se trata de la Quinta de Funes. El Foca muy calladito en un rincón me dice: 'Pelado, no abrás la boca que nos van a matar a todos, porque Tucho se fugó'".

El traslado a la Escuela Magnasco. "El que toma la batuta ahí es el Tordo, médico, es quien me cura las heridas. No se decía nada pero había mucho movimiento, me acuerdo cuando el Tordo saca un arma y le parte la cabeza a la perrita de la Nacha. Al atardecer estaban los autos para trasladarnos. La orden fue ante cualquier movimiento sospechoso se abre fuego. Pensamos que nos iban a matar pero no, llegamos a un lugar, tabicados, nos suben, todos tabicados todos contra la pared. Pero pasado el tiempo el tabique se afloja, fui viendo las ventanas tapadas con periódicos y como el baño estaba abajo, nos pusimos un tarro para orinar en una esquina. Se había caído un pedacito de una esquina de una ventana y vi que estaba en calle Zeballos y por el ruido de los autos intuí que la otra era Ovidio Lagos. Otra cosa que pude ver fue un cuadro de un motor por eso pensé que se trataba de una escuela industrial. Después Toniolli me dijo que era la (Escuela) Magnasco. Eran vacaciones, los días pasaron y había que irse y entonces vino la noticia que nos íbamos a La Intermedia. En una noche nos subieron a un camión y nos llevaron".

El final. "El Tío Retamar me tiraba chicanas, me decía 'decidite'. Pensé que a María la habían torturado, que había dicho que nos íbamos a fugar. Lo concreto es que me anuncian que al otro día me devuelven a la Esma. El Nacho me dice 'mirá que yo estoy entregando compañeros para salvarlos'. Y yo le dije 'eso no es salvarlos, estamos acá prisioneros'. A la mañana temprano el Teniente Daniel es uno de los que me llevó. Yo viví porque era un trofeo de Massera, tuve la suerte de caer en manos de él y no de esta gente, porque nunca más vi a los compañeros con los que estuve en los tres centros clandestinos de detención".

lunes, 21 de septiembre de 2009

Declara un miembro del grupo de tareas


La Patota que integró Costanzo

"Sencillamente se los mataba y se los tiraba", reconoció Costanzo, en una brutal descripción del accionar de sus pares. Los identificó con nombres y apellidos y dio detalles de crímenes cometidos en La Intermedia, uno de los centros clandestinos.

Por José Maggi

Eduardo "Tucu" Costanzo declaró ayer durante más de dos horas ante el Tribunal Oral Federal Nº 1, tiempo en el cual identificó a cada uno los miembros del Grupo de Tareas al que perteneció, y a quienes acusó de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en cinco centros clandestinos de detención: La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. "No había jueces que ordenaran las detencioens, apenas había algunos Consejos de Guerra. Sencillamente se los mataba y se los tiraba", reconoció Costanzo, en una brutal descripción del accionar de sus pares. Además denunció que "Juan Daniel Amelng planeó mandar a matar al camarista federal (Guillermo) Toledo".

Costanzo comenzó su testimonio recordando que "cuando estaba detenido en el Batallón 121 me quiso matar dos veces el teniente coronel (Juan Daniel) Amelong. La denuncia está en el juzgado de Sutter Schneider y no se hizo nada, a pesar de que había testigos como los soldados".

El ex PCI recordó sus cuitas con el ex magistrado a quien acusó de no darle las garantías necesarias. "Cuando estaba en el 121 iba el coronel Chizzini Melo que era el nexo ente el Ejército y la justicia y me dijo que cuando se fuera (Omar) Digerónimo lo iban a nombrar a Sutter Schneider que era 'hombre nuestro y lo manejamos nosotros'. Es un hombre que no me merece confianza porque de lo que yo le he dicho no hizo nunca nada, ni tampoco de lo que le pidió la fiscal Tessio, como muchas detenciones".

Después tuvo un apartado sobre los autores de los 14 asesinatos de los detenidos en La Intermedia: "Los mataron Rodolfo Isach, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, y Pascual Guerrieri, que son los cuatro que estaban en la pieza, los hacían llevar uno por uno y los mataban ahí adentro". Describió a La Intermedia como "una casaquinta de la familia Amelong, ubicada en el kilómetro 23 frente al Automóvil Club, yendo a Santa Fe. Ahí estaban alojados cuatro o cinco meses. Era 1978, dos o tres meses antes del Mundial de Fútbol. El Ejército tenía que deshacerse de esa gente porque tenían que trabajar en el Mundial. Los tuvieron tres o cuatro meses después que los sacaron de la Escuela Magnasco. Antes de eso habían estado dos meses en la Quinta de Funes. Y antes de eso en La Calamita. En la Intermedia los eliminaron por lo cual pido la reconstrucción del hecho para señalar claramante qué fue lo que pasó. Allí hay un chalet, a unos veinte metros había una casa en construcción. A los catorce los mataron con dos tiros en el corazón que les pegaba Isach, el ex comisario general, que hoy se encuentra en Pinamar en una cabaña".

Y nombró entre, los asesinados, a "Tonioli, Nacho (Laluf) y la Nacha, Leopoldo Tossetti y la señora, la Gringa y la Foca, que era el marido, estaba Novillo, el Tío (Retamar)".

Al momento de recordar a sus pares comenzó por Juan Andrés Cabrera alias el Barba, "es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que la torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas, es el que tortura a Cambiaso y Pereira Rossi dentro del camioncito en bulevard Oroño al fondo, cuando estaban haciendo la avenida de Circunvalación".

Luego recordó a Víctor "Chuli" Rodríguez, como quien estuvo en el secuestro de Cambiaso y Pereira Rossi, junto con Guerrieri. También nombró a "Carlos Sfulcini que sigue y lo hace detener a Messiez en una fotocopiadora, junto con el Barba, Porra y Gustavo Bueno. Lo chupan en el centro y lo llevan a La Calamita y lo torturan durante cinco horas". Sobre Sfulcini tuvo un aparte: "Lo llamaban Carlos Bianchi y junto a un camarista de la justicia provincial de apellido Paulicelli planearon el robo a los tribunales provinciales de los archivos de la Conadep".

También nombró a "Ariel Porra, alias el Puma; Ariel López que es el que lo mata a Remo y tira a la gente del avión; Juan Carlos Bossi, alias Julio Balonchard que los inyectaba y los mataba".

También recordó "27 detenidos que llevaron a Monje para matar, entre quienes estaba la cieguita de la calle Santiago. A ellos los mataron en Monje y según me contó Hugo Cardozo antes de morir de cáncer cuando vino a mi casa hace ocho meses atrás, a los 27 los enterraron en una finca de Rolón en Santa Fe. Con todo eso la fiscal Tessio le pidió a Sutter que me hiciera declarar con el juez de Santa Fe y no hizo nada".

En tanto sobre Jorge Walter Perez Blanco recordó que "era el jefe de la sección Calle, era el que llevaba a toda la gente, el que los hacía detener y el que los entregaba. Estuvo mucho tiempo también trabajando en La Calamita".

También apuntó contra "Armando Pelliza, era del grupo que iba en el avión que tiraba los cuerpos al mar, en la bahía de Sanborombón. El que manejaba todo ahí era el teniente coronel Marino González que vive en Santa Fe".

En tanto como jefe del Destacamento de Inteligencia señaló a Edgardo Juvenal Pozzi. "Nunca estaba, el que estaba al frente de todo era el teniente coronel Guerrieri, después Fariña que era capitán ascendido a mayor, y el teniente coronel Marino González, y después había un par de sargentos, el encargado de la Patota de nosotros era el sargento Mario Vera".

jueves, 17 de septiembre de 2009

Los rostros de los desaparecidos

Una comitiva de representantes de Familiares de Desaparecidos, Madres de la plaza 25 de Mayo, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se reunieron con el secretario de Tribunal Oral Federal Nº 1, Osvaldo Facciano, a quien le manifestaron su "profunda preocupación por la concurrencia de diferentes episodios que revictimizan a las víctimas". Puntualmente exigieron al tribunal que "permita que los logos de nuestras organizaciones estén presentes, así como las fotos de nuestros familiares, víctimas directas de crímenes atroces. Porque ellos, los desaparecidos, no tuvieron un juicio, ni defensores, ni jueces. Tuvieron verdugos. Sus rostros deben estar en este juicio porque les fue arrancada la vida y a nosotros, solo se nos ofreció la impunidad de los autores de las más graves violaciones a los derechos humanos".

Destacaron que "el 31 de agosto, ante la caída de una Madre de Plaza 25 de Mayo que intentaba entrar al recinto un integrante de la custodia de Gendarmería dispuesta para este juicio dijo 'una menos' causando estupor e indignación a los que pudimos escuchar".

"Por si fuera poco -agregan- personal de Gendarmería filmó y fotografió sin disimulo a los concurrentes al acto de apertura al juicio".

Remarcaron que "el tribunal permitió durante toda la audiencia que uno de los imputados, Daniel Amelong, exhibiera una vincha con la palabra "LEGALIDAD" y un portafolios en que se leía "CFK PERDISTE" en clara alusión a la presidenta, violentando el artículo 369 del Código Procesal de la Nación".

Además se "impidió a un miembro de Familiares de Desaparecidos ingresar con un prendedor con la sigla del organismo de derechos humanos, que no tiene ninguna otra connotación que la de ser justamente, familiar de un desaparecido. Ningún familiar, ni víctima, ni ofendido por los crímenes de lesa humanidad por los cuales se encuentran acusados Guerrieri, Fariña, Amelong, Constanzo y Pagano realizó acto de provocación y/o intimidación alguno como los que viene permitiendo el tribunal por ejemplo a Pagano, al que solo observó en una oportunidad".

Herminia Severini habla al inicio de los juicios en Rosario

Herminia Severini, Madre de Plaza de Mayo

PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL POR REITERADOS ABUSOS.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS, MADRES DE LA PLAZA 25 DE MAYO, MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS, ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS, HIJOS ROSARIO, QUERELLANTES Y CIUDADANOS QUE ASISTEN A LOS JUICIOS EN ROSARIO, nos presentamos y respetuosamente decimos:

a- Que venimos a manifestar profunda preocupación por la concurrencia de diferentes episodios y situaciones que ponen de manifiesto que luego de 32 años de lucha y reclamar justicia por hechos que ofenden la conciencia universal como son las graves violaciones a los derechos humanos que se están juzgando, se registraron desde el inicio de este juicio el 31 de agosto y que no hacen otra cosa que confirmar la revictimización de las victimas de torturas , intimidaciones, asesinatos y porque no impunidad.

b- Hechos a destacar entre otros, el 31 de agosto, ante la caída de una madre de plaza de mayo que intentaba entrar al recinto un integrante de la custodia de Gendarmería dispuesta para este juicio dijo “UNA MENOS” causando estupor e indignación a los que pudimos escuchar.
c- Personal de Gendarmería filmó y fotografió sin disimulo a los concurrentes al acto de apertura al juicio.
d- El tribunal permitió durante toda la audiencia que uno de los imputados, Daniel Amelong exhibiera una vincha donde se podía leer claramente la palabra “LEGALIDAD” y un portafolios en que se Leia “CFK PERDISTE” en clara alusión a la presidenta de la Nación, violentando claramente el articulo dispuesto por el articulo 369 del CPPN.
e- Se impide a un miembro de familiares de desaparecidos ingresar con un prendedor con la sigla del organismo de derechos humanos, que no tiene ninguna otra connotación que la de ser justamente, familiar de un desaparecido.
f- Ningún familiar, ni victima, ni ofendido por los crímenes de lesa humanidad por los cuales se encuentran acusados Guerrieri, Fariña, Amelong, Constanzo y Pagano realizó acto de provocación y/o intimidación alguno como los que viene permitiendo el tribunal por ejemplo a Pagano, al que solo observó en una oportunidad advertido por la reacción de quienes padecieron la intimidación del acusado.
g- No nos caracterizamos por ejercer venganza, nuestra lucha es reconocida por los pueblos del mundo. Que este tribunal se haya constituido, que este juicio se lleve a cabo es producto de 32 años de lucha inclaudicable. Que hayamos tenido que esperar 32 años es responsabilidad, ente otros del poder judicial.
h- Por todo ello venimos a decir respetuosamente que no podemos tolerar una injusticia más. Que a años de lucha los integrantes de los organismos de derechos humanos exigimos al tribunal que permita que los logos de nuestras organizaciones estén presentes, así como las fotos de nuestros familiares, victimas directas de crímenes atroces. Porque ellos, los desaparecidos, no tuvieron un juicio, ni defensores, ni jueces. Tuvieron verdugos. Sus rostros deben estar en este juicio porque les fue arrancada la vida y a nosotros, los familiares y la sociedad en su conjunto solo se nos ofreció la impunidad de los autores de las mas graves violaciones a los derechos humanos.


miércoles, 16 de septiembre de 2009

Las chicanas de los defensores


El último martes se cumplió la sexta jornada del juicio por delitos de lesa humanidad conocida como causa Guerrieri-Amelong. Los defensores de los imputados solicitaron distintos pedidos de nulidad argumentando fallas en los requerimientos de elevación a juicio, el poco tiempo que tuvieron para poder estudiar los casos y la negativa para que se le efectuara a Eduardo Costanzo una pericia psicológica, entre otras cuestiones. Tanto la fiscal como las representantes de la querella señalaron que todos los pedidos debían declararse nulos.

Tanto la querella como la Fiscalía desistieron de al menos media docena de testigos. Tras esto, los abogados de los cinco imputados, Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Costanzo, comenzaron a pedir la nulidad del inicio del debate, entre otras cuestiones, argumentando que las querellantes cuentan con material que estaba en el Archivo Intermedio del gobierno provincial, que se había mantenido privado para la defensa. Esto, argumentaron, "es una violación al principio de igualdad de armas procesales".

Luego del cuarto intermedio del mediodía, la fiscal Mabel Colalongo fue la encargada de responder a los pedidos de nulidad, que fue desestimando uno a uno. Colalongo les recordó entonces a la defensa que podrían haber pedido copia de las mismas en igual sentido que ella lo había hecho al gobierno santafesino.

Los representantes de los querellantes indicaron que los defensores coincidieron en un pedido un tanto insólito: el no haber tenido tiempo para poder estudiar los planteos. Sobre esto, coincidieron en afirmar que "tuvieron 32 años para estudiar", indicó la abogada, Gabriela Durruty.

"La mejor defensa es lograr postergar el debate. Durante 32 años han tenido la mejor defensa", dijo otra de las abogadas de la querella, palabras que fueron asentidas por las personas que estaban detrás del blíndex. "Desde el momento mismo de la privación ilegítima de la libertad se fueron sucediendo delitos de lesa humanidad", dijo la representante de la Secretaría de Derechos Humanos, quien luego explicó: "Si no hubiese sido por la practicidad de las víctimas, nos hubiéramos quedado sin juzgamiento".

Continuan los testimonios


RELATO DEL POLICIA QUE ESTUVO PRESO POR DARLE AGUA A UN DETENIDO

"Yo hice lo que tenía que hacer"

El ex suboficial Luis Enrique Monzón confirmó que en noviembre de 1975 auxilió al abogado Pedraza que estaba al borde de la muerte en uno de los calabozos de la comisaría 4ª.

Por Juan Carlos Tizziani

Los testimonios de un ex suboficial y un médico de la Policía santafesina complicaron ayer la situación del ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, en el juicio a los presos por delitos de lesa humanidad en Santa Fe. El ex suboficial Luis Enrique Monzón confirmó que en noviembre de 1975 auxilió al abogado Jorge Pedraza que estaba al borde de la muerte en uno de los calabozos de la 4ª. "Un día llegué y escuché los gritos de una persona que pedía auxilio desde el fondo de la comisaría, pero como nadie hacía nada, saqué la llave y abrí la puerta del calabozo. Allí había un joven que me dijo que se sentía muy mal y que, por favor, le diera un poco de agua. Lo llevé hasta una pileta. Caminaba muy despacio. Pero como no se podía agachar para tomar de la canilla, busqué un jarro en la cocina y le di agua", relató Monzón. Aquel muchacho de 21 años tirado en una de "Las tumbas" como llamaban a los calabozos era Pedraza, a quien Monzón volvió a ayudar tiempo después cuando llevó a la madre del abogado una esquela con noticias de su hijo. El jarro con agua y el mensaje a la familia Pedraza le costaron a Monzón su cargo en la Policía y una condena a casi dos años de cárcel a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ya en la dictadura. "No me arrepiento de nada. No cometí ningún delito, hice lo que tenía que hacer. Yo puedo mirar a mis nietos a la cara", dijo Monzón.

El relato del ex policía conmovió a la sala de audiencias, al punto que cuando el hombre salió a la calle lo rodeó el aplauso de los militantes de organismos de derechos humanos que siguen el juicio en las afueras.

La audiencia arrancó con el testimonio del ex médico de la Policía, José María Maciel, que reconoció su firma en un informe sobre los tormentos a Pedraza. Pero después no dijo nada más, se amparó en la desmemoria y el tiempo.

El segundo testigo fue Monzón, un correntino de 68 años, de respuestas precisas y contundentes, que es "capataz de obra" -pero que hoy está sin trabajo-, dijo cuando le preguntaron sobre su oficio. En noviembre de 1975, Monzón era suboficial de calle en la 4ª y Facino el jefe. "Un día llego a la comisaría y escucho desde el fondo, donde estaban los calabozos, a una persona que pedía auxilio porque decía que se estaba muriendo", recordó. "Nadie hacía nada. Entonces, saqué la llave del calabozo y fui por el pasillo a preguntarle qué le pasaba. Era un pibe joven. Me dijo que se sentía muy mal, que lo habían picaneado y me pedía un poco de agua. Abrí la puerta y lo llevé hasta una pileta. Caminaba muy despacio. Pero como no se podía agachar para tomar de la canilla, busqué un jarro en la cocina y le di agua".

"Después, acompañé al detenido hasta la celda y devolví la llave. Lo hice sin saber quién era. Y sin autorización del oficial de guardia. Hice lo que tenía que hacer", relató Monzón. Y se levantó para imitar ante el Tribunal los movimientos con los que había ayudado a Pedraza hace 34 años. El gesto cambió el clima de la audiencia.

¿Había otras pesonas que escucharon el pedido de auxilio? le preguntó el presidente del Tribunal, Roberto López Arango.

Había una orden de los servicios especiales que no se podía ver a los detenidos.

¿Qué eran los servicios especiales? quiso saber el juez.

El personal del Area 212, andaban de civil, así que no sé si eran del Ejército o de la Policía contestó Monzón. El jefe del Area 212 en noviembre de 1975 era el coronel José María González, el mismo que copó la Casa de Gobierno la noche del golpe del 24 de marzo y asumió como el primer interventor de la dictadura en la provincia.

Unos días después, Monzón entregó a la madre de Pedraza una esquela con noticias de su hijo. "Era un papelito que no leí", afirmó. El vaso de agua y el mensaje a la familia Pedraza le costaron quince días de arresto en el cuartel de Bomberos Zapadores a pesar de que "nunca me hicieron ningún sumario".

Pero después del golpe, llegó la segunda represalia. "El 31 de marzo de 1976 me llaman y me dicen que estaba detenido a disposición del Area 212. Me leyeron un papel firmado por Videla, Agosti y Massera".

¿Cuánto tiempo estuvo a disposición del Poder Ejecutivo? volvió a preguntarle López Arango.

Veintiún meses contestó el correntino.

El fiscal Martín Suárez Faisal volvió a insistir si otros policías habían escuchado también los gritos de Pedraza, pero hicieron oídos sordos a los pedidos de auxilio. "Por supuesto que lo escucharon, todos los escuchábamos".

¿Estaba el jefe de la comisaría?

No lo sé, señor.

¿Y sus compañeros no advertían la situación?

-No lo sé. Yo soy una persona humana, si alguien pide un vaso con agua se lo doy porque está pidiendo por favor contestó Monzón. Y agregó: "Cuando yo estuve preso mis ex compañeros me negaron el agua. Era como si tuviera HIV".

¿Conoce otro caso de algún policía que haya auxiliado a un detenido?

No. Yo puedo mirar a mis nietos a la cara y de frente.

El 20 de octubre, el Tribunal hará un reconocimiento a la comisaría 4ª, "así que hemos resuelto convocarlo a partir de las 9 de la mañana. Va a recibir la cédula de notificación, pero ya se lo anticipo", le dijo el juez López Arango. Monzón contestó: "Voy a ir, voy a estar en la puerta, señor".

lunes, 14 de septiembre de 2009

Declaran los primeros testigos


En noviembre del 75, Pedraza, por entonces militante de la JUP fue detenido. Fue torturado en la Guardia de Infantería, encerrado en un calabozo de la 4ª y un nuevo traslado a un centro clandestino.

Por Juan Carlos Tizziani

El Tribunal Oral Federal escuchó ayer los primeros tres testigos en el juicio al ex juez Víctor Brusa y cinco ex policías presos por delitos de lesa humanidad. El primero fue el abogado Jorge Pedraza, que interrumpió su relato dos veces quebrado en llanto, primero cuando recordó un atentado explosivo en la casa de su padre en el microcentro santafesino el 6 de diciembre de 1975, y luego, las secuelas de por vida que la onda expansiva de dos kilos de trotyl dejó en su hermano menor. "¿Quiere que pasemos a un cuarto intermedio hasta pueda continuar?", le ofreció el presidente del Tribunal. "No, es un minuto", se disculpó Pedraza, conmovido hasta las lágrimas. La sala de audiencia enmudeció, pero Brusa desafió el silencio con una risita socarrona que hasta incomodó a uno de sus compañeros de banquillo: "¡No, pará, pará!", lo frenó el ex oficial de Inteligencia, Eduardo Ramos, precisamente, uno de los denunciados por Pedraza. La burla de Brusa y el reto de Ramos quedaron en un primer plano en las cámaras de TV que registran el juicio.

Pedraza era estudiante de derecho y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Lo detienen el 6 de noviembre de 1975, acusado de participar en un ataque incendiario de Montoneros a la concesionaria de automóviles Grossi. Llevaba una pistola 45 en la cintura, "que no sabía usar", dijo. Tenía 21 años. A partir de ahí comenzó su martirio: una sesión de torturas en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), el encierro en un calabozo de un metro y por un metro en la comisaría 4ª y un nuevo traslado junto a la docente María Cristina Boidi a un centro clandestino en las afueras de Santo Tomé que identifica como "La Casita", donde padeció más tormentos.

El 24 de noviembre de 1975, el juez federal Elbio Cano lo indagó por el ataque a Grossi que después le costó una condena de siete años de cárcel hasta que salió bajo el régimen de libertad vigilada, en 1982. Pedraza denunció ante el magistrado las torturas que nunca fueron investigadas, hasta ahora. "Me sentía absolutamente vulnerable por los hombres de la patota y sus métodos del terror", dijo. Y recordó que en la mesa de torturas perdió la conciencia varias veces por la picana eléctrica y el submarino seco que lo dejaba al borde de la asfixia. "Cuando uno se desmaya es estar cerca de la muerte. La primera denuncia de las torturas la hice el 24 de noviembre de 1975 y tuve que esperar 33 años y diez meses para que la justicia las investigue".

Un mes después de la detención de Pedraza, una bomba destruyó la casa de su padre en calle Vera 2654 (hoy Eva Perón). Era la madrugada del 6 de diciembre de 1975. La onda expansiva demolió la mitad de la vivienda, dañó las fincas linderas y no dejó un vidrio sano a cien metros a la redonda. Cuatro miembros de la familia salvaron su vida por milagro, pero un hermano menor quedó con secuelas permanentes y su abuela de 80 años no se pudo recuperar y falleció a los dos meses. "Estos tipos no trepidaban en nada. A mi padre le pusieron esa bomba para intimidarlo. Y el 24 de diciembre de 1975, lo detuvieron por el cargo: 'portación de hijo montonero'. Estuvo preso un año, recién salió en libertad en marzo o abril de 1977", relató Pedraza.

Fue allí cuando el llanto lo quebró. El silencio se hizo interminable. "¿Quiere que pasemos a un cuarto intermedio para que pueda continuar?", le propuso el presidente del Tribunal, Roberto López Arango. Pedraza se disculpó: "No, es un minuto". Una auxiliar le acercó un pañuelo y una botella de agua, mientras las cámaras de TV denunciaban una risita burlona de Brusa y la reacción de Ramos: "¡No, pará, pará!", lo frenó el ex oficial de Inteligencia.

En las salas de torturas en la Guardia de Infantería y en el centro clandestino , Pedraza dijo que identificó a dos interrogadores. Uno con voz gruesa y otro más joven. El tiempo y la posibilidad de atar cabos sueltos le pusieron nombres y apellidos a esos registros de la memoria. "El de la voz gruesa era Nicolás Correa. El otro, Eduardo Ramos", los identificó.

En su relato, Pedraza mencionó dos veces a Correa, un experto de inteligencia del Ejército que estuvo imputado en la causa por delitos de lesa humanidad hasta su fallecimiento, en 2007. "Correa el jefe de la patota", como llamó al grupo de tareas. "Llegó a ser el segundo de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el primer gobierno de Jorge Obeid (1996 1999) y en ese cargo se recibía a los jefes policiales de la provincia. Ellos conocían a Correa, sabían quién era. Nosotros no lo conocíamos, pero era el jefe de la patota".

Después, ante una pregunta del fiscal Martín Suárez Faisal, Pedraza dijo que Corea era "el jefe operativo del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Había pasado a retiro, pero en marzo de 1975 lo reincorporaron a la actividad. Era el cerebro, el tenía pleno conocimiento de la organización Montoneros", señaló.

Pedraza ubicó su martirio en contexto. A fines de 1975 recordó el poder militar ya se había superpuesto al gobierno civil. La ola represiva significó la desaparición de 20 personas en Santa Fe y mencionó dos masacres. La caída de la plaza de las Banderas, una cita nacional de Montoneros el 16, 17 y 18 de febrero de 1976, en la que cayeron siete militantes: Carlos Liviéres Bank, Raúl Ameri, el médico Daniel Angerosa, Enrique Guastavino (hermano del ex vicegobernador de Entre Ríos), Elena De Leonardi y dos jovenes de 19 años: Orlando Finsterwald y Antonio Inocencio Ríos. Y el crimen del camino de Las Moras, cerca de Coronda, donde asesinaron a cuatro mujeres, tres de ellas ya identificadas: Olga Teresita Sánchez, Graciela Siryi y María Cristina Mattioli. "El terrorismo de estado comenzó antes del golpe del 24 de marzo", concluyó Pedraza.

jueves, 10 de septiembre de 2009

Justicia y memoria

Querellantes y abogadas/os de la causa "Brusa y otros", deseamos manifestar a la opinión pública un profundo agradecimiento a las personas que están aportando desde distintos lugares en este histórico juicio.

Profesionales del derecho que están poniendo sus saberes en forma totalmente desinteresada, entre otros Gonzalo Armas, Gustavo González y Oscar Pellegrini.

Asimismo, deseamos destacar la entereza de la Madres de la Plaza, ¿cuántos años tienen? ¿cuántos jóvenes años llevan vividos? Ellas están sosteniéndonos, con las fotos de sus hija/os, con nudos en la garganta que se desatan en sonrisas. Y la dignidad de Marcelo con la foto de su hermana en alto, detrás del blindex de pié cantando "como a los nazis les va a pasar".

Hijos que esperan a la salida, Milagros y el Negro, Julia, nuestras familias, amigas/os, las Madres que en la calle hicieron una ronda, nuestros hijos -los que parimos en democracia todos desde distintos lugares, juntas/os por memoria, verdad y justicia.

Por los 30.000 desaparecidos, por Julio López.

Anatilde Bugna,

Patricia Traba,

Stella M. Vallejos, querellantes.

Alejandra Romero Niklison,

Horacio Coutaz,

Guillermo Munné, abogados querellantes.

lunes, 7 de septiembre de 2009

Represor en problemas


El juez Marcelo Bailaque imputó a "Ronco" (tal su apodo), por seis casos de secuestras y torturas a militantes políticos como miembro de la patota de Feced. Operaba en el Servicio de Informaciones.

Por José Maggi

El juez federal Marcelo Bailaque procesó a Lucio Cesar Nast, alias Ronco por seis casos de secuestro y torturas a militantes políticos cometidos durante la última dictadura como miembro de la Patota de Feced, que operó en el centro clandestino del Servicio de Informaciones ubicado en San Lorenzo y Dorrego. Nast, de 55 años de edad, estaba domiciliado en Colombia 2118 donde fue detenido hace dos semanas, es un policía retirado de la provincia de Santa Fe, y fue procesado como coautor de privacion ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en perjuicio de Gregorio Larrosa y Nelly Elma Balestrini de Larrosa y como probables coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos que tuviera como víctimas a Eduardo Nasini, Gustavo Mechetti, Marcelo de la Torre, Laura Hanono y como probable coautor del delito de asociación ilícita.

De igual modo el juez Bailaque le ordenó le dictó la prisión preventiva por lo cual continuará detenido en el Penal Policial de la Unidad Regional II. El magistrado trabó ademas embargo sobre los bienes de Nast por valor de 300 mil pesos.

Para Bailaque se encuentra probado que Nast se desempeñó en el Servicio de Informaciones de acuerdo consta en su legajo personal y las declaraciones testimoniales de las víctimas. Uno de ellos, Marcelo de la Torre declaró en el primer expediente realizado por la justicia provincial que fueron "Archi (Scortecchini) y el Ronco (Nast)" los que lo torturaron.

Nast fue señalado como el Ronco en referencia al tono de su voz por uno de sus propios compañeros, José Rubén Lo Fiego. "Nast es un policia de mi promoción de oficiales que prestó servicios conmigo en los años 72 y 73 en el Comando Radioeléctrico, se le inició un proceso por apremios ilegales y por ello estuvo dos años en disponibilidad, volvió a trabajar y enseguida fue al Servicio de Informaciones, bajo la dependencia del oficial (Caramelo) Altamirano. Sé que estas dos personas, Nast y Altamirano me guardan animadversión por cuanto fui uno de los que descubrió que cometían robos de automotores en la ruta". En rigor el 8 de noviembre de 1976, Nast fue pasado a retiro obligatorio como dijo Lo Fiego, sin embargo de su legajo se desprende que fue reincorporado en enero de 1977.

Otra víctima, Jorge Alberto Flores, quien estuvo detenido en el Servicio de Informaciones declaró ante la justicia provincial que "el 16 de diciembre de 1978 a las 1.30 horas es llevado al Servicio de Informaciones una persona que resultó ser Conrado Galdame. Este muchacho es traído por Altamirano y el Ronco, ambos policías del Servicio".

Otro testigo fue Roberto Barandalla, quien aseguró que su "detención ilegal y apremios padecidos fueron producto del accionar de dos oficiales a los que identificó como Caramelo y Ronco".

Otras víctimas, Gregorio Larrosa y su esposa, lo identificaron como el hombre que manejó el auto que los trasladó secuestrados hasta su primer lugar de cautivero. Gregorio lo reconoció por su voz y el apodo con el que lo señalaban sus compañeros: el Ronco. Larrosa recordó que estuvo detenido en Jefatura (el viejo edificio) entre el 12 de agosto y el 17 de noviembre de 1977". Y señaló al Ronco como "un joven de 24 años de 1,72 metro de altura, cuerpo delgado y pelo muy negro".

Por su parte, también Eduardo Nassini lo reconoció entre los apodos de quienes lo torturaron: "además del Ronco estaban la Pirincha y el Vasco Olazagoitia".

Los represores dilatan el juicio y guardan silencio


Luego de que los seis imputados se abstuvieran de declarar, mañana se iniciará la cuarta jornada con la lectura de sus indagatorias en la etapa de instrucción. La defensa objetó la composición del Tribunal y también al fiscal Suárez Faisal.

Por Juan Carlos Tizziani

La tercera audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe se consumió ayer entre chicanas jurídicas, el incidente con un querellante, José Schulman, a quien el abogado de un represor pretendía que el Tribunal Oral lo obligara a desprenderse de la foto de una docente desaparecida, Alicia López, que porta en su pecho desde que comenzó el juicio (ver aparte). Y la negativa de los seis imputados a declarar. El ex juez Víctor Brusa y sus compañeros de banquillo: Mario Facino, Héctor Colombini, José Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos, rechazaron el derecho de ser indagados por el Tribunal, por lo que mañana, la cuarta audiencia arrancará con la lectura de sus indagatorias en la etapa de instrucción.

Ayer era el día de las cuestiones preliminares. El defensor oficial, Favio Procajlo, abrió con una batería de planteos: cedió la palabra a su segundo, Fernándo Sánchez, para que cuestionara la composición del Tribunal Oral porque está integrado por dos conjueces: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus. Pero después, recusó al jefe de los fiscales, Martín Suárez Faisal; impugnó la unificación de querellas, reprochó el requerimiento de elevación a juicio de Schulman y hasta pidió la extinción de la acción penal para sus defendidos: Brusa y Aebi. Su colega y defensora oficial, Judith Didier, no se quedó atrás: atacó la actuación del ex conjuez que elevó la causa a juicio oral, Leandro Corti, porque después de renunciar al cargo firmó una solicitada de apoyo a los juicios de lesa humanidad ya como secretario de Asuntos Penales de la provincia; y esgrimió que el segundo secuestro de Schulman, el 22 de noviembre de 1977, y los tormentos que sufrió en la comisaría 4ª, por los que el querellante imputa a una banda de policías que integraba Ramos eran "cosa juzgada".

El Tribunal rechazó todos los planteos del defensor Procajlo y sus pupilos. Y lo hizo por unanimidad. Lo que significa que ratificó su integración, confirmó al fiscal Suárez Faisal, convalidó el requerimiento de elevación a juicio de Schulman. Y quedó a la espera de que Didier presente en la causa los documentos que acrediten la supuesta "cosa juzgada" con la que pretende beneficiar a Ramos.

El debate se puso más tenso cuando Procajlo planteó la "extinción de la acción penal" contra Brusa y Aebi porque se habían "violado sus derechos constitucionales de ser juzgados en un plazo razonable". Y repasó algunos episodios que dilataron la causa: siete jueces en la etapa de instrucción, dieciocho que se excusaron o los recusaron para integrar el Tribunal Oral y siete años de trámites. "Los hechos son graves, pero la causa no es tan compleja", dijo Procajlo al achacarle la responsabilidad de la demora de los siete años a la Justicia de Santa Fe y se jactó de haber intervenido en otras investigaciones de crímenes de lesa humanidad en San Nicolás y en Rosario, en el caso de la Quinta de Funes, donde hay más imputados. "Esas eran causas más complejas que ésta", tiró el defensor de Brusa y Aebi.

Uno de los abogados querellantes, Guillermo Munné, reaccionó con ironía. Sabe que Procajlo asumió su cargo de defensor oficial hace sólo cuatro meses, así que le recordó "la trama de relaciones profesionales y funcionales" que rodeaba a Brusa y "el escándalo institucional" que se desató en Santa Fe cuando se lo llevó al banquillo de los acusados. "El hecho de llevar a juicio a alguien que era funcionario judicial cuando cometió los crímenes de los que lo acusamos y luego se desempeñó como juez federal de Santa Fe determina una complejidad indisimulable de esta causa", retrucó Munné.

"Todo lo que ha ilustrado el defensor oficial. Los motivos, sucesos o episodios de dilación de la causa fueron todas las excusaciones de magistrados y posibles jueces intervinientes que tienen como determinante, justamente, esta circunstancia: que el autor de crímenes de lesa humanidad que hoy estamos llevando a juicio fue durante largos años funcionario judicial y juez federal. Entonces, ¿cómo se puede decir que estamos ante una causa relativamente no compleja?", se preguntó el abogado. Procajlo escuchaba con atención, pero no podía controlar sus movimientos hiperquinéticos.

"Nosotros hemos reclamado todo el tiempo celeridad en el juicio. Y que la impunidad que los ha demorado no se vea reforzada ahora por el avance de la edad de los imputados. Está claro que la parte querellante es absolutamente ajena a toda situación dilatoria", insistió Munné.

"Y si aquí hubo dilaciones fue la de los órganos de justicia en pronunciarse. Todas las intervenciones de la Cámara Nacional de Casación Penal y las demoras en los pronunciamientos fueron en interés del propio imputado del que hoy usted ejerce la defensa", le dijo Munné a Procajlo en obvia referencia a Brusa. "De acuerdo a las premisas que usted planteó como defensor oficial, no puede desconocer que las dilaciones tuvieron que ver con considerar y resolver los planteos de su propio defendido. Entonces, ahora no se puede fijar como víctima de una situación que se generó por los planteos defensivos en su propio interés. Y esto, que estamos viviendo hoy (por ayer), cuando vemos que se traen al debate repetidas nulidades, que no las hay, y que ya fueron rechazadas (por los tribunales de alzada) es otra prueba de esta actividad de la defensa que impide el avance del juicio", concluyó Munné. El Tribunal Oral rechazó todas las nulidades que planteó la defensa. Y lo hizo por unanimidad.