Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

jueves, 29 de marzo de 2012

A dos años del asesinato de Silvia Suppo

"Queremos Justicia, saber la verdad"

Esa fue la consigna que se cantó en la marcha de anoche en la ciudad donde mataron de nueve puñaladas a Suppo, testigo clave en el juicio a los represores santafesinos. El Espacio Verdad y Justicia denunció las irregularidades judiciales.

Desde Rafaela

Encabezado por Madres de la Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe, el acto para pedir el esclarecimiento del asesinato político de Silvia Suppo, convocó anoche a centenares de personas, a dos años de las nueve puñaladas certeras que recibió la testigo clave de la causa Brusa en la mañana del 29 de marzo de 2010, en un comercio de una calle céntrica de Rafaela. Los hijos de Silvia, Andrés y Marina Destéfani, encabezaron la marcha junto a amigas, la integrante de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos Políticos, Nilda Eloy, así como Hijos y la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe. El Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo elaboró un documento en el que denunciaron las "sospechosas casualidades que se sucedieron" en la investigación. Distintos manifestantes lo leyeron anoche, en la plaza 25 de mayo de la ciudad, después de marchar por el bulevar Santa Fe ida y vuelta desde esa plaza hasta la Jefatura de Policía, donde Silvia estuvo secuestrada en la noche del 24 de mayo de 1977, antes de ser llevada al centro clandestino de detención La Casita en Santa Fe, para ser torturada y violada. Que Silvia haya sido una de las pocas sobrevivientes que pudo verles la cara a los represores santafesinos de la primera causa por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en la provincia, es un dato que subrayaron varios manifestantes de la compacta cuadra de marcha.

"Queremos Justicia por Silvia, queremos saber la verdad. Rodríguez ponete las pilas no esperamos más", cantaron los manifestantes durante la marcha, con el ritmo de Vasos vacíos, de Los Cadillacs. La apelación es al juez federal santafesino Reynaldo Rodríguez, que sobreseyó a los dos acusados por un testigo de identidad reservada de haber sido los verdaderos autores materiales del asesinato, instigado desde el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Las Flores.

El miércoles 21 de marzo los abogados de los hijos de Silvia, Lucila Puyol y Guillermo Munné, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se presentaron ante la Cámara de Apelaciones de Rosario para apelar el sobreseimiento, argumentar que el juez Rodríguez nunca desarrolló la investigación seria que le ordenaron tribunales superiores como la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Tuvimos la audiencia en la Cámara, que ahora tiene la decisión en sus manos. El juez nunca hizo lugar a las medidas de investigación que pedimos, pero esperamos que la fiscalía nos acompañe", expresó Puyol.

En el acto, Munné planteó que el asesinato tuvo "como objetivo acallar a una militante como Silvia Suppo, una referente de la memoria de Rafaela". Pidió que "se designen en la causa a la Policía Aeroportuaria y al espacio Verdad y Justicia para investigar sin los vicios de fuerzas criminalizadas como las policías provincial y federal".

Marina subrayó que "fue evidente la decisión del juez Rodríguez de sacarse la causa de encima". Al final de la lectura del documento, fue la encargada de nombrar a los 18 desaparecidos de Rafaela, al grito de "presentes".

El espacio Verdad y Justicia afirmó que "a pesar de las evidentes irregularidades en el accionar policial que venimos denunciando públicamente y en el departamento de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe ningún funcionario policial fue citado a declarar ni apercibido".

La enumeración de "sospechosas casualidades" incluye "el grado de ensañamiento que no se corresponde con un homicidio en ocasión de robo". También subrayaron que "los autoimplicados declaran que luego de atacarla, la arrastran por más de 12 metros. Es dudoso que no haya huellas, ni desorden, ni rastros de sangre en dicho trayecto". La larga lista de irregularidades incluye que "el accionar de la policía fue desprolijo, ineficaz y dudoso: realizó el peritaje en el lugar del crimen en ausencia de la Fiscal y sin proteger la escena, no encontró huellas, no dio con testigos que reconocieran a los imputados, y citó ilegalmente a declarar en la comisaría a uno de los remiseros cuando debía hacerlo frente al juez. A lo que se suma que no se encontraron rastros de sangre en los cuchillos ni en la ropa de los imputados. Por otro lado, la policía no entregó a la justicia el video de las filmaciones que la concesionaria de la terminal de ómnibus le entregó a pocas horas de la salida de la ciudad de los supuestos autores".

Otro punto de la investigación es que "todavía falta ubicar a un remisero, el que los acusados dicen haber llamado luego de cometer el hecho". Con esta enumeración, el Espacio subraya su certeza sobre el carácter político del asesinato. "No tenemos ninguna duda de que Silvia fue asesinada por su carácter de testigo clave en las causas", expresó Eloy, compañera y querellante de la causa por la desaparición de Jorge Julio López, que llegó desde La Plata para acompañar la manifestación.

Casi al final, se leyó la adhesión del diputado nacional por el Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien recordó el compromiso de la presidenta Cristina Fernández con el esclarecimiento del crimen.

La Murga La Memoriosa, con Olga Moyano y Amparo Palombo a la cabeza, anticipó el final con Fuiste, un tema que hicieron especialmente para Luis Patti. "Fuiste patota, fuiste apropiador, fuiste asesino, fuiste violador, todo eso fuiste, pero perdiste". "Brusa, fuiste", gritó Moyano en el final en referencia al ex juez federal santafesino y despertó los aplausos. La Murga Estación Esperanza, en cambio, hizo su tema dedicado a Silvia. "Que no se cansen mis compas, que no se cansen de luchar. Es Silvia quien va adelante, marcando el camino, va".

miércoles, 28 de marzo de 2012

Ricardo Chomicky, torturador y asesino, impunemente absuelto

No nos olvidaremos no de Manolita Fernández, ni de Pepo Bustos, ni de Daniel Farías, ni de Alberto Tion, ni de Carlos Izaguirre, ni del gallego Mellili, ni de Marisol Perez, ni del Chicote, ni de las 22 personas más que torturó y asesinó Ricardo Chomicky.

No nos vamos a olvidar de cada uno de ellos.

Y volveremos a pedir enjuiciamiento y condena por los crímenes cometidos por este ser deleznable

martes, 27 de marzo de 2012

Sobrevivientes les pedimos a los jueces que no nos igualen

 Por Francisco Reydó*

Hace un año fui a declarar como testigo en la Causa Días Bessone y Rosario/12 transcribió esto que dije en aquel momento: "Los que cuestionan al compañero que cantó no tienen idea de lo que es la tortura. Ninguno de nosotros va a criticar a aquellos compañeros que han dicho algo, han cantado una cita, un control o una casa. Sí decimos de aquellos que cantaron, torturaron y salieron a marcar compañeros, a esos no los vamos a perdonar nunca".

¿Por qué dije esto? Porque nosotros, los sobrevivientes, no somos iguales al Pollo (José Baravalle), Tu Sam (Carlos Brunetto), el Cady (Ricardo Chomicki) o la Polaca (Nilda Folch). No, no nos confundan, nosotros pusimos lo que mejor nos salió, y no fue otra cosa que amor al prójimo, entrega, solidaridad con el compañero que sufría ese horror al lado nuestro. Cuando nos arrancaron algún nombre, casa, control o cita, por la tortura, no sólo sentíamos dolor físico, sino que nos dolía el alma y con ese dolor aún algunos compañeros conviven.

Ustedes escucharon los testimonios de cientos de testigos, y ninguno de ellos, excepto Juan Carlos "el Gurí" Ramos, dio el nombre de quién lo cantó porque sabemos cómo lograron arrancarle ese nombre, esa casa, esa cita. Fuimos, somos y seremos conscientes de lo que eso provocó en cada uno de nosotros; pero ninguno de esos compañeros a los que le arrancaron, mediante tortura un dato, torturó ni salió a la calle a marcar más compañeros. Y el Pollo, Tu Sam, el Cady y la Polaca sí lo hicieron. Por eso el Gurí Ramos lo nombra al Cady Chomicki.

Soy profesor de Formación Etica y Ciudadanía, en una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, y junto a mis alumnos, vimos por internet las últimas palabras de los imputados. Ya les había explicado quiénes eran los que iban a hablar. Cuando Chomicki terminó de hablar un pibe de 15 años exclamó: "Este es un hijo de puta..". Lo dijo un pibe de 15 años, me lo dijo, nos lo dijo un pibe de 15 años... Estoy convencido que estoy ejerciendo muy bien mi papel docente, estoy formando ciudadanos éticos y con compromiso social.

Está bien, acepto que Chomicki entró como víctima al Servicio de Informaciones, lo acepto. Pero no salió en calidad de tal, sino como torturador y sino ¿Cómo se explica que se haya casado el mismo día que "recuperó" la libertad y que el padrino de bodas haya sido el Jefe de Policía Agustín Feced? Permítanme una ironía: "algo habrá hecho" y ese algo habrá hecho fue torturar, salir a la calle a marcar compañeros, entre otras cosas. Ninguno de nosotros estuvo detenido menos de un año, él seis meses. ¿No será poco? El Pollo también salió a los 6 meses. Y salió como torturador, no sólo porque torturó, sino porque forma parte del pacto de silencio de los torturadores, él sabe mucho más que nosotros, sabe quiénes torturaron, quiénes violaron, sabe el destino de los compañeros desaparecidos, sabe quiénes fueron partícipes de las desapariciones y nada dijo.

A Chomicki no lo vi nunca en mi vida, al Gurí Ramos lo conocí en la cárcel de Coronda, "vivía" con su padre, al lado de mi celda, sólo tenía 15 años y el comportamiento que tuvo en la cárcel fue ejemplar. ¿Cómo no creerle lo que me contaba que habían hecho el Cady y la Polaca, ¿Cómo no creerle a un pibe de 15 años que, a tan temprana edad, estaba viviendo situaciones espantosas?

Por todo esto es que les pido: Señores jueces, no nos igualen.

*Sobreviviente, pedagogo, docente.

Parece poco

Opinan los sobrevivientes

La palabra de los sobrevivientes es la condición de posibilidad de la memoria en la Argentina. Ayer tuvieron emociones contradictorias. Para Angel Chichín Ruani, querellante de la causa y secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, fue una "fecha histórica" por las condenas a prisión perpetua para Ramón Díaz Bessone y José Lofiego, pero se acordó de subrayar que "cuatro de los máximos responsables de la represión en la provincia, Leopoldo Galtieri, Agustín Feced, Raúl Guzmán Alfaro y Juan José Seichuck murieron impunes".

Otro de los testigos que relató en el juicio oral el calvario sufrido en el centro clandestino de detención, Jorge Palombo, manifestó su alegría: "Díaz Bessone no morirá impune, eso es para festejar. Y Lofiego que era de los más hijos de puta, tiene perpetua. Los partidos no siempre se ganan por goleada. A veces ganás por penales, o por un gol sobre la hora". En ese momento, Esteban Gaucho Marinho planteaba su alegría: "No es poco haber logrado condenar a Díaz Bessone".

Para algunos sobrevivientes, lo preponderante fue la decepción. Cuando Beatriz Baravani de Caballero leyó la absolución de Chomicki, la cara de Azucena Solana, al lado del escenario, fue elocuente. "Archie (Scortecchini) era uno de los más importantes de la patota, como Caramelo (Carlos Altamirano)", se quejaba Laura Ferrer Varela. A pocos metros, otra testigo, Liliana Gómez, afirmó que "en este país es más grave tener un porro que torturar". Patricia Antelo consideró que la condena es "una tomada de pelo".

Por la desaparición de Pedro Paulón fue condenado ayer Díaz Bessone. Su hermano, Victorio, estuvo en la sala de audiencias. El dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos sintió que algo había cerrado. "Para mí las dos perpetuas, y el nombre de mi hermano como víctima saldaron una herida histórica. Con todas las contradicciones que tiene el proceso, Argentina es un ejemplo en materia de derechos humanos".

La querellante Stella Hernández, secretaria gremial del Sindicato de Prensa de Rosario, enfatizó: "Pese a todo tenemos que celebrar. Esto es justicia. Falta, se hubieran merecido más años algunos represores, pero esto no termina acá, está la segunda parte de la causa Feced". La sobreviviente se dirigió especialmente a Chomicki. "Le pido que asuma la responsabilidad que hemos tenido las víctimas para nombrar todo. Puede hablar, él sabe mucho", dijo. Durante la lectura de la sentencia, sostuvo la pancarta firmada por Joan Manuel Serrat que decía "Viva la vida", debajo de la frase que el poeta Miguel Hernández escribió en una cárcel franquista: "Para la libertad, sangro, lucho, pervivo".

En el escenario, otra de las sobrevivientes que sufrió indecibles tormentos y batalló por este juicio, Marta Bertolino, afirmó: "Todo este grupo, aún los que tuvieron 10 o 12 años, no van a salir de la cárcel porque van a prosperar otras causas contra ellos. Esta sentencia nos tiene que servir para redoblar el compromiso, porque vemos cómo aún las cosas que parecían más difíciles se han logrado".

Ana María Ferrari, sobreviviente de repetidas y feroces sesiones de torturas en el sótano de la Jefatura, planteó: "Por lo general, no es lo que uno quisiera, siempre parece poco. Pero es un paso, es un avance, reafirma que estos juicios son irreversibles. Y volveremos a poner el cuerpo en la segunda parte de la causa Feced".

lunes, 26 de marzo de 2012

Ideólogo del terrorismo de Estado, sentenciado a perpetua en Rosario

La primera condena para Díaz Bessone

Díaz Bessone, de 86 años, fue condenado por haber sido jefe del Segundo Cuerpo del Ejército. En la llamada causa Feced, se lo juzgó por delitos de lesa humanidad contra 93 víctimas.

 Por Sonia Tessa
Desde Rosario

El jerarca de la última dictadura militar Ramón Díaz Bessone, ideólogo del terrorismo de Estado, recibió ayer su primera condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, a los 86 años, en la causa que lleva su nombre por haber sido jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta octubre de 1976. Después, Díaz Bessone fue ministro de Planificación de Jorge Rafael Videla y, además, admitió haber ingresado al país los preceptos de la escuela francesa sobre desaparición de personas. En Santa Fe, la causa cuya primera parte terminó ayer siempre se conoció como causa Feced, por Agustín Feced, fallecido oficialmente en 1986, que fuera el interventor de la policía rosarina cuando el Servicio de Informaciones (SI) era el principal centro clandestino de detención de la región por donde pasaron unas 2000 personas entre 1976 y 1979. También José Lofiego, el “Ciego”, temido torturador en el SI, tuvo la máxima pena por homicidio calificado en concurso real con privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados.

La sentencia conocida ayer corresponde a delitos de lesa humanidad cometidos contra 93 víctimas. Es sólo la primera parte de la megacausa que investiga el funcionamiento del SI. En la segunda parte (conocida como Feced residual) habrá 16 imputados (que incluyen a los condenados ayer) por muchos otros casos más.

Desde octubre del año pasado, el abogado defensor de Díaz Bessone planteó estrategias dilatorias y un pedido de inimputabilidad por haber sufrido un accidente cerebrovascular. “El genocida va a morir condenado”, expresó la abogada de una de las querellas, Leticia Faccendini, después de la lectura de la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, integrado por Beatriz Baravani de Caballero, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe. Dáaz Bessone no estuvo ayer en la sala de audiencias.

Otro de los emblemáticos torturadores del SI, Mario Marcote, recibió una condena de 25 años de prisión porque no está acusado por homicidio en esta primera etapa de la megacausa. La condena tuvo un sabor agridulce para muchos sobrevivientes, porque otros dos represores, Ramón Vergara y José Scortecchini, recibieron sólo 12 y 10 años de prisión. “Adonde vayan los iremos a buscar”, cantaron los presentes cuando Baravani leyó el veredicto. El público se agolpó en el boulevar Oroño, frente a los Tribunales Federales, un espacio ancho lleno de palmeras. El Tribunal revocó las excarcelaciones y determinó que las penas se cumplan en prisiones comunes del Servicio Penitenciario Federal, provocando un aplauso. Pero hubo abucheos cuando se leyó que en el caso de Díaz Bessone dependerá de su estado de salud.

El gobernador Antonio Bonfatti, el ex gobernador Hermes Binner y el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, estuvieron en la sala de audiencias, resaltando el valor del veredicto. Afuera, entre el público, estaba el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, que expresó su “enorme reconocimiento a los testigos que tuvieron que revivir momentos terribles de sus historias”.

domingo, 25 de marzo de 2012

Serrat recibió a la sobreviviente Stella Hernández el día anterior a la sentencia

La condena "será como tiene que ser"

El cantautor catalán recibió a la secretaria gremial del Sindicato de Prensa de Rosario. La testigo había recordado frente al Tribunal Oral cómo cantaba los temas del Nano para confortar a otros prisioneros en el Servicio de Informaciones.

El 24 de marzo es una fecha especial para el pueblo argentino, y Joan Manuel Serrat lo sabe. Ese día, justo ese día, comenzó el recital Dos pájaros contraatacan, que dio junto a Joaquín Sabina, recordando a las víctimas de la dictadura. Y ayer al mediodía abrazó a la sobreviviente del Servicio de Informaciones de la Jefatura, Stella Hernández, una de las testigos de la causa Díaz Bessone que hoy, a las 12, tendrá su sentencia. En el encuentro de ayer, el cantautor catalán le dijo a Stella: "Será como tiene que ser", sobre el veredicto que se conocerá hoy para el jerarca de la dictadura Ramón Genaro Díaz Bessone, que fue Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, los policías José Lofiego, Mario Marcote, José Scortecchini, Ramón Vergara y el civil Ricardo Chomicki. Será la primera condena que recibirá el militar que fue ministro de Planeamiento de Jorge Rafael Videla. El espacio Juicio y Castigo convoca para las 10.30, frente a los Tribunales Federales de Oroño 940 para celebrar que por fin llegó "el día de justicia".

La historia del contacto entre Serrat y Stella Hernández, secretaria gremial del Sindicato de Prensa de Rosario, comenzó hace más de un año. En su declaración del 30 de noviembre de 2010, ante el Tribunal Oral Federal número 2, Stella relató que cantaba "Para la libertad" para confortar a los compañeros de cautiverio. Después, la militante sindical, que en los 70 integró la Juventud Peronista, le escribió un mail al Nano para contarle que sus canciones los habían ayudado a sobrevivir. El artista quiso comunicarse personalmente. La llamó en diciembre de 2010 para "escuchar su voz". Aquel contacto se coronó ayer al mediodía, cuando Serrat la abrazó, y escribió de puño y letra "Viva la vida" en la bandera con el poema de Miguel Hernández musicalizado por Serrat que los sobrevivientes sostendrán hoy al esperar el veredicto junto a la multitud.

"Fue una sorpresa, no lo esperaba. Mis amigas lo organizaron con meses de anticipación, sin filtrar una palabra. Y llegó el encuentro con Serrat. Después de mi testimonio hace más de un año, el 30 de noviembre de 2010, en la causa Díaz Bessone, le escribí a Serrat diciéndole que había recordado en mi testimonio cómo sus canciones nos ayudaron a sobrevivir en los sótanos del centro clandestino de detención. Que el día de ese testimonio él cantó en Rosario y que mi hijo y Sofía me habían hecho una bandera con un verso de Miguel Hérnández: 'Para la libertad, sangro, lucho pervivo'. El tuvo la inmensa grandeza de llamarme, y su llamado se hizo extensivo a todas las víctimas del genocidio", escribió ayer Stella en la página del Sindicato de Prensa de Rosario. Serrat hizo público su homenaje. "Al iniciar el espectáculo con Sabina, dijo que aunque era un entretenimiento antes quería recordar en el Día de la Memoria a las víctimas de la dictadura argentina, a los que no están, a los presos, a los torturados, a los luchadores, y por el nunca más. Serrat es grande. Es generoso y otra vez se dio la posibilidad de conocerlo. De agradecerle por tantas bellas canciones, que nos siguen acompañando y ensanchando el alma, y porque antes que nada es un gran tipo", dijo la dirigente gremial.

La causa Díaz Bessone es sólo una parte --la elevación parcial-- de la megacausa Feced, que debe su nombre del ex interventor de la policía rosarina, Agustín Feced. El TOF 2 decidió cambiarle la carátula por la del acusado de mayor jerarquía. En esta causa hay seis acusados y 93 víctimas. Díaz Bessone y Lofiego responden por homicidio calificado, así como secuestros, torturas y asociación ilícita. Los otros represores no son juzgados por asesinatos, pero sí por los otros delitos de lesa humanidad. El juicio oral empezó en julio de 2010 y desfilaron más de 100 testigos

jueves, 22 de marzo de 2012

Tramo final en el juicio por Froilan Aguirre

Declaró el senador Pedro Guastavino en la causa Martínez Dorr. "Era una obligación moral estar acá"

En el marco de la causa por el martirio de Froilán Aguirre, ex militante de la UES que logró  identificar a su verdugo, declaró Guastavino, quien fue torturado en "La Casita".

Por Juan Carlos Tizziani . Desde Santa Fe

Llega a su tramo final el juicio por el martirio de Froilán Aguirre, un ex militante de la UES que logró identificar a su verdugo: el ex comisario Roberto Martínez Dorr y llevarlo al banquillo. Ayer, declaró el último testigo: el senador nacional y ex vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guillermo Guastavino. Y hoy comenzarán los alegatos de la querella y del Ministerio Público, así que la sentencia se conocerá en una semana, el viernes que viene. "Era una obligación moral estar acá", dijo Guastavino, quien relató los tormentos que padeció en un centro clandestino conocido como "La Casita" y luego en la comisaría 1ª. Guastavino y Aguirre, son sobrevivientes de la persecución de Septiembre Negro, cuando entre el 6 y el 14 de setiembre de 1976, los grupos de tareas de la dictadura que operaban en Santa Fe persiguieron y asesinaron a siete militantes del peronismo revolucionario y secuestraron a otros nueve.

El Tribunal Oral de Santa Fe cerró ayer la etapa de pruebas. Guastavino fue el último testigo en declarar. Y luego, Martínez Dorr hizo su descargo sobre otras imputaciones que se escucharon en el debate, por las torturas a dos políticos ya fallecidos: el ex intendente de Santa Fe, Adán Noé Campagnolo y el ex vicegobernador de la provincia, Félix Cuello, poco después del golpe de 1976.

"Era la última oportunidad que tenía de declarar en el juicio", dijo Guastavino. Su testimonio estaba previsto para el arranque, el 1º de marzo, pero se postergó hasta ayer por su actividad en el Senado de la Nación. Guastavino fue secuestrado el 7 de setiembre de 1976, junto a su ex pareja, Liliana Ríos, en un operativo en cadena donde fue asesinado Evaristo Oviedo y detienen a la compañera de éste, Marta Berra y a Mario Archelasqui. Al día siguiente, el 8 de setiembre, cayeron Froilán Aguirre y Juan Alberto "Beto" Osuna en una cita en el hospital Iturraspe. El grupo de tareas los llevó a una casa de campo en San José del Rincón, donde fueron torturados durante horas. Froilán apareció después en la comisaría 1ª y Osuna, acribillado a balazos en Paraná, en un enfrentamiento fraguado que se conoce como La Masacre de la Tapera.

El martirio de Guastavino siguió en un centro clandestino -al que llaman La Casita, donde lo atormentaron durante tres días. "Me llevaron encapuchado y esposado a la espalda, me torturaban con picana eléctrica y el submarino seco y, después, me tiraron en la comisaría 1ª, con la capucha y atado de manos y pies. Estuve en una pieza, inconciente, a la que ingresaban otros represores a golpearme salvajemente", recordó.

"Debo haber estado en la comisaría 1ª alrededor de treinta días", relató. Pero no recuerda haber visto a Froilán Aguirre porque siempre estuvo encapuchado. "Además, estaba en un estado físico lamentable, muy mal. Tengo la idea de que estuve durante varios períodos inconcientes, sin tener noción donde me encontraba", agregó.

"Una noche me ajustaron las esposas, la capucha, las ataduras de los pies y me metieron en el baúl de un auto. Yo pensaba que me iban a matar. Pero terminé en la Guardia de Infantería, donde me legalizan", recordó. Guastavino es sobreviviente también de otra trampa mortal: una cita nacional envenenada, en la plaza de las Banderas, donde en tres días fueron secuestrados siete militantes de Montoneros, entre ellos su hermano mayor, Enrique Guastavino, aún desaparecido.

La primera vez de Harguindeguy

Comenzó en Paraná un proceso contra 9 represores de la dictadura

El ministro del Interior de Jorge Rafael Videla está acusado por treinta secuestros y torturas y por la desaparición de cuatro militantes entrerrianos. También está imputado Ramón Genaro Díaz Bessone, a quien el tribunal “perdió” por unas horas.

 Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná
Comenzó ayer el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Albano Harguindeguy, quien fuera ministro del Interior entre 1976 y 1980. Está acusado, junto con otros ocho represores, por secuestros, torturas y la desaparición forzada de cuatro militantes en la zona este de la provincia de Entre Ríos.

Harguindeguy está imputado por integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes. Se trata de tres causas acumuladas por hechos ocurridos en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, y se le imputan los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas en perjuicio de 30 víctimas, y cuatro casos encuadrados bajo la figura de la desaparición forzada de personas, en perjuicio de Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga, Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi, secuestrados entre mayo y noviembre de 1976.

El represor, de 85 años, siguió las instancias del debate desde la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación, por un sistema de videoconferencia, ya que el tribunal hizo lugar a un pedido efectuado por su defensa para no ser trasladado a Paraná, por su estado de salud. Escuchó desde un sillón de ruedas las imputaciones que se le atribuyen como responsable de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad y, por lo tanto, de los centros clandestinos de detención que funcionaron en guarniciones militares de Concordia y Gualeguaychú y en la sede de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, por donde pasaron los detenidos políticos.

El ex ministro del Interior de Jorge Rafael Videla permaneció de brazos cruzados durante las casi cuatro horas de audiencia y solo respondió con monosílabos ante cada pregunta que le efectuaba Lilia Carnero, la presidenta del tribunal. “Bien”, dijo cuando se le interrogó sobre cómo lo habían tratado; y que “un enfermero y una ambulancia están a mi disposición”, contestó cuando se le consultó sobre su estado de salud.

Más temprano se produjo un episodio que por poco se convierte en un papelón, ya que uno de los imputados, el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone, no pudo ser localizado en el departamento de Buenos Aires donde cumple arresto domiciliario. Es que el represor, de 86 años, se encuentra en Rosario a la espera de una sentencia en otro juicio por crímenes de la dictadura y el tribunal no había reparado en esa circunstancia. Durante las dos horas en que Díaz Bessone estuvo “perdido”, el tribunal ordenó un allanamiento en el departamento y libró una orden de detención para el represor, pero volvió sobre sus pasos una vez aclarado el malentendido.

El juicio podría durar alrededor de siete meses, ya que hay 199 testigos citados a declarar. La nómina incluye, entre otros, a los ex gobernadores Jorge Busti (Entre Ríos) y Jorge Obeid (Santa Fe), al periodista Ceferino Reato, a los ex ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf –ambos firmaron los decretos para combatir a la subversión– y los dirigentes radicales Facundo Suárez Lastra, Horacio Jaunarena y Enrique Nosiglia. También está citado el ex policía entrerriano Carlos Ramón Balla, que integraba el Comando Paraná, como se daba en llamar el brazo local de la Triple A.

miércoles, 21 de marzo de 2012

Buscan cuerpos en el arroyo Candelaria

La justicia federal rosarina investiga enterramientos clandestinos en Casilda

La denuncia la hizo en 1984 un médico de apellido Heller, ya fallecido, y hasta 2005 nadie rastrilló ese sector. Ahora, por la intervención de la fiscal Mabel Colalongo, el Equipo Argentino de Antropología Forense explora el terreno.

 Por José Maggi

La justicia federal rosarina investiga un predio ubicado sobre la margen del arroyo Candelaria, en Casilda, en busca de posibles enterramientos clandestinos ocurridos durante la última dictadura. Todo comenzó en 1984 con la denuncia de un médico de Casilda de apellido Heller (ya fallecido) que había señalado el posible entrerramiento ilegal. La causa sin embargo recién tomó impulso el último año, con la intervención de la fiscal federal Mabel Colalongo, quien le solicitó peritar el terreno al juez federal Marcelo Bailaque. En la inspección realizada en setiembre de 2011, la fiscalía resolvió pedir se decrete la medida de no innovar sobre los dos sectores de terreno a analizar: se trata de dos rectángulos de tierra de 200 metros por 100 a la orilla del canal. El Equipo Argentino de Antropología Forense, con Miguel Nieva a al cabeza, trabaja en el terreno desde el último mes.

En 1984 un médico de Casilda denunció que en 1978 un campesino de la zona le había comentado que en el arroyo La Candelaria se habrían arrojado los cadáveres de varias personas. La hija del médico ratificó a mediados de 2005 la denuncia. A raíz de ese hecho, la Justicia había suspendido la tarea de remoción del arroyo sobre su margen izquierda, en un tramo de más de un kilómetro de extensión. Pero nunca se avanzó seriamente en el tema como ahora. Sobre ese arroyo, de 16 kilómetros de extensión, ubicado a unos 1000 metros de la Ruta Nacional 33, que une Rosario con el noroeste argentino, se efectuaron limpiezas de su lecho en 1984.

El EAAF trabaja con equipamiento que permite detectar sin excavar la presencia de restos óseos, pero lo más importante es el trabajo previo de investigación, que indicaran los posibles lugares.

Parte del sector a investigar es público, pero otro es privado. El juez Bailaque sin embargo firmó al orden judicial para trabajar en los dos sectores que data de setiembre de 2011. Sobre esta orden se notificó al gobernador de la provincia de entonces Hermes Binner, y al intendente de Casilda Juan Carlos Baccalini. Curiosamente, el propietario del campo lleva justamente ese apellido y es familiar del dirigente político. Aunque más curioso resulta que este haya colocado una tranquera sobre un camino público que debió ser abierta para poder llegar al lugar de trabajo.

En este sentido, Miguel Nieva del EAAF reveló a Rosario/12 que "se explora con diferentes técnicas, estamos explorando con nuevas tecnologías desde el punto de vista técnico, sobre la margen del arroyo para ver si hay enterramientos".

En 2005 se anunció que "el relevamiento sobre la zona en cuestión llevará aproximadamente dos meses de trabajo y mientras tanto el gobierno casildense podría continuar con la limpieza del arroyo únicamente en el trayecto que no aparece involucrado dentro de la denuncia. La dragalina retomó sus tareas merced a un acuerdo entre el municipio y las carteras provinciales de Derechos Humanos, Hidráulica, y Obras Públicas".

La zona que se investigó comprendió "un kilómetro de montículos de tierra ubicados sobre la margen sur del arroyo a unos mil metros de su cruce con la ruta nacional 33. Esa tierra esta allí desde la década del 70 cuando La Candelaria fue profundizada y ensanchada por primera vez tras una gran inundación que desencadenó en una violenta pueblada, conocida como el primer Casildazo".

También se advertía que "el estudio se realizará por etapas y el primer paso consistirá en rastrear la zona para detectar si hay metales compatibles con balas de armas de fuego, lo cual sería un indicio clave en la investigación. Además se harán radiografías terrestres y se tomarán fotos aéreas para luego comenzar con las remociones".

Sin embargo hay pocas constancias de este anunciado trabajo de investigación que se realizara en 2005. El tema continúa generando intriga en Casilda donde circulan versiones de todo tipo. Algunos sostienen la verosimilitud de la denuncia impulsada hace más de veinte años por Heller, mientras que otros la descalifican. Lo más sorprendente de esta historia es que nunca antes de 2005 se inspeccionó la zona.

UN 24 MAS CERCA DE LA JUSTICIA.

Nuevos procesamientos en la mega causa Feced

Celebramos que el  juez Bailaque determinó el procesamiento de:
Jorge Rafael Videla, Ricardo Enrique Corrales,Alfredo Sotera, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote; José Carlos Antonio Scortechini; Ramón Rito Vergara; Carlos Ulpiano Altamirano; Lucio César Nast; Julio Héctor Fermoselle; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Ovidio Marcelo Olazagoitía, Diego Portillo,  Ernesto Vallejo y  Eduardo “Picha” Dugour, ampliando y profundizando las responsabiidades por los delitos cometidos contra nuestros/as compañeros/as en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de la dictadura.

El juez profundiza la acusación, tanto en relación a los autores materiales como en las responsabilidades de los jefes militares, como los casos de Alfredo Sotera y Jorge Videla, todos ellos por los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios cometidos entre muchos otros contra:

Daniel Gorosito, Marta Bertolino, Oscar Manzur, Liliana Gómez, Laura Ferrer Varela, Alfredo Vivono, José Aloisio, todos los compañeros de la masacre de los Surgentes, Pedro Galeano, Osvaldo Vermeulen, Azucena Solana,María Inés Luchetti de Bettanín, Marisol Pérez, Carmes Lucero, Ana María Ferrari, Jorge Palombo, Carlos Pérez Rizzo, Pepe Berra, Mirta Castelini, y las lista sigue.

También procesan a Mario Marcote por el delito de abuso sexual contra Stella Maris Hernández.

Además, luego de tantos años de lucha, procesa a Eugenio Segundo Zitelli, ex capellán de Feced, por la comisión de privaciones ilegales de la libertad y por integrar la asociación ilícita que solo nuestra región durante el genocidio perpetrado en nuestro país.

Desde las organizaciones que representamos celebramos esta decisión, esperando que sea solo el comienzo del trazado de un camino que despeje las responsabilidades que sin dudas le cupieron a los jerarcas de la iglesia católica, co – autores del genocidio argentino.

Le pedimos en 2010 al fiscal Stara que presentara en nuestro nombre la acusación, y finalmente, casi dos años después, la justicia procesa al genocida Zitelli.

Honremos A nuestros compañeros a 36 años del golpe genocida. Llenemos el 24 el monumento y el 26 el Bv Oroño para escuchar la condena en la causa Diaz Bessone

No hay futuro sin justicia.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE ROSARIO
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO (APDH Rosario)
UMANO DE CASILDA

lunes, 19 de marzo de 2012

Causa Harguindeguy: Díaz Bessone quiere eludir el juicio

La defensa del represor pidió que se suspenda el proceso en su contra alegando problemas de salud. La Fiscalía y la defensa se opusieron. La primera audiencia está prevista para el miércoles.

Díaz Bessone es uno de los nueve imputados en la causa Harguindeguy. Díaz Bessone es uno de los nueve imputados en la causa Harguindeguy.

A pocas horas del inicio del juicio oral y público por la causa Harguindeguy, la defensa del represor Ramón Genaro Díaz Bessone solicitó que se le suspenda el proceso penal en su contra, por una alegada imposibilidad de ser sometido a proceso fundada en supuestos motivos de salud. Tanto la Fiscalía como la querella se opusieron al pedido y el Tribunal Oral resolverá este martes.

El abogado de Díaz Bessone, Eligio González, realizó el planteo en base al artículo 77 del Código Procesal Penal, que establece que “si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el tribunal suspenderá la tramitación de la causa”. No obstante, también se podría decidir que asista al debate mediante el sistema de videoconferencia.

El Tribunal Oral corrió vista por tres horas al Ministerio Público Fiscal y a los querellantes. Los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti contestaron oponiéndose al planteo, y argumentando que el Tribunal Federal Nº 2 de Rosario decidió el 5 de marzo que el procesado podía seguir participando de las audiencias de la causa Feced, por delitos de lesa humanidad.

Para tomar esa resolución, el TOF rosarino interrogó a los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia sobre la capacidad de comprensión de quien era el principal imputado de aquella megacausa, cuya sentencia se conocerá el 26 de marzo. Los peritos terminaron reconociendo que estaba en condiciones de continuar en el proceso. Pese a eso, Eligio González –que representó también al represor Juan Carlos Trimarco– presentó el mismo planteo en Paraná.

El abogado querellante Rubén Pagliotto adhirió al dictamen de Fiscalía. “Coincido con ambos fiscales en cuanto a que no hay motivos para suspender el juicio porque la falta de aptitud para comprender la criminalidad de los actos no se presume, sino hay que probarla”, dijo ante la consulta de UNO.

 “En rigor, ya el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, reunidos los antecedentes médicos y escuchados los peritos, entre ellos el prestigioso médico Esteban Toro Martínez, dictó una resolución por la cual resolvió que Díaz Bessone estaba en condiciones de seguir adelante con el juicio”, indicó Pagliotto. Además aclaró que, de ser necesario, no se opone a que siga el debate por videoconferencia.

El juicio

El juicio oral y público conocido como causa Harguindeguy comienza el miércoles a las 10 en la sala de audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (25 de Mayo 256). El Tribunal estará integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango y Noemí Berros. Se juzgarán los delitos investigados en tres causas que fueron acumuladas: los delitos cometidos en Concordia (causa Diaz Bessone), los cometidos en Concepción del Uruguay (Causa Harguindeguy) y en Gualeguaychú (Causa Valentino). Salvo Díaz Bessone, ninguno de los imputados posee condena hasta el momento. Inclusive, uno de ellos, Santiago Kelly del Moral, está excarcelado.

Concordia

Son victimas de los hechos de Concordia: Sixto Francisco Salazar, desaparecido el 26 de mayo de 1976; Julio Alberto Solaga, desaparecido el 22 de noviembre de 1976, y Juan José Durantini detenido entre el 24 de marzo y el 23 de noviembre de 1976 en el Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues de Concordia y luego trasladado a distintas unidades penales.

Esta causa cuenta con aproximadamente 60 testigos, entre los que se encuentran víctimas y familiares directas del Terrorismo de Estado. Tanto Zalasar como Solaga continúan desaparecidos y es anhelo de familiares y Organismos de Derechos Humanos, conocer su derrotero, indicaron desde la Comisión Provincial por la Memoria.
El Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDyT) funcionó esencialmente en el Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues de Concordia, a cargo del entonces Teniente Coronel Naldo Miguel Dasso.
 
Los Imputados son:

Albano Eduardo Harguindeguy; retirado como General de División del Ejército Argentino; fue ministro del Interior de la República Argentina desde el 27 de abril de 1976 y hasta el 4 de diciembre de 1980. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario. Se lo acusa de ser coautor mediato de los delitos de privación ilegitima de la libertad y desaparición forzada de Solaga y Salazar y privación ilegítima de la libertad de Durantini, todos delitos de lesa humanidad.

Ramón Genaro Díaz Bessone: retirado con el grado de General de División del Ejército Argentino, fue Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, entre el 3 de setiembre de 1975 y el 29 de diciembre de 1976 y como tal fue Jefe de la Zona de Defensa 2 que abarcaba las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Luego fue designado Ministro de Planeamiento. Actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Se lo acusa de ser coautor mediato de los delitos de privación ilegitima de la libertad y desaparición forzada de Salasar y privación ilegítima de la libertad de Durantini, ambos delitos de lesa humanidad.

Naldo Miguel Dasso: teniente coronel durante 1976, fue Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues con asiento en Concordia en el período 1975 y 1976; y Jefe del Área de defensa 225. Actualmente con arresto domiciliario. Se lo acusa de ser integrante de una asociación ilícita y por ser coautor mediato de los delitos de privación ilegitima de la libertad y desaparición forzada de Solaga y Salazar y privación ilegítima de la libertad de Juan José Durantini, todos delitos de lesa humanidad.

Concepción del Uruguay

Son víctimas de los hechos que se investigan en Concepción del Uruguay: Cesar Manuel Román, Juan Carlos “Cacu” Romero, Víctor Alberto Baldunciel, Juan Carlos “Changui” Rodríguez, Roque Edmundo “Pepa” Minatta, Hugo Mario Maffei (fallecido) y José Pedro Peluffo, todos estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), detenidos y llevados a la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. Además, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente (fallecido) y Juan Domingo Santamaría eran militantes de la Juventud Peronista y también fueron llevados a la misma delegación. Jorge Orlando Felguer y Hugo Emilio Angerosa fueron secuestrados por el Ejército en Gualeguaychú y llevados a la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. Cesar Rubén Arrigo, Carlos María Urquiza, Héctor Raúl Respaud, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, Juan Eduardo Casaretto, integraban la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay y fueron detenidos por Gendarmería Nacional y conducidos a la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. En todos los casos en dicha delegación fueron privados de su libertad ilegalmente, torturados y vejados, delitos de lesa humanidad.

Los imputados son:

Albano Eduardo Harguindeguy y Ramón Genaro Díaz Bessone; acusados de asociación ilícita y coautores mediatos de los delitos de allanamiento, detención y privación ilegal de la libertad y torturas.
Juan Miguel Valentino: Coronel del Ejército Argentino, quien se desempeñaba como jefe del Escuadrón de Caballería Blindada 2 con asiento en Gualeguaychú entre diciembre de 1974 y noviembre de 1976, Jefe del Área de Defensa 223 dependiente de la Subzona 22 con asiento en Paraná. Actualmente con arresto domiciliario. Se lo imputa como coautor mediato penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal de viviendas, privación ilegitima de la libertad y torturas; y como integrante de una asociación ilícita.

Francisco Crescenso: Comisario de la Delegación de la Policía Federal de Concepción Federal entre enero de 1976 y enero de 1977. Actualmente con arresto domiciliario. Coautor materialmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegitima de la libertad, torturas e integrante de una asociación ilícita.

Julio Cesar Rodríguez, alias “Moscardón Verde”: Sargento de la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay entre enero de 1969 y enero de 1982, habiendo recibido un ascenso en septiembre de 1976. Actualmente con arresto domiciliario. Se lo imputa de autor material penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravada y torturas. Integrante de una asociación ilícita.

Además estaba imputado Darío Massaferri: agente de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. Se desempeñó hasta mediados de 2007 al frente de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo. Actualmente se encuentra prófugo y tiene pedido de captura internacional. Acusado de secuestros, tormentos y torturas; y de pertenecer a una asociación ilícita.

Gualeguychú


Son victimas de los hechos que se investigan en Gualeguaychú: Oscar Alfredo Dezorzi detenido en la casa de sus padres el 10 de agosto de 1976 en Gualeguaychú, y Norma Beatriz González, detenida el 12 de agosto de 1976 de su trabajo en el Supermercado “El Picaflor” en la misma ciudad. Ambos continúan desaparecidos. Además, Víctor Carlos Ingold, detenido el 20 de octubre de 1975 y llevado a la Jefatura Departamental de Concordia. Esa misma noche fue llevado a Investigaciones de la Policía de Paraná por 48 hoars y de ahí a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hasta diciembre de 1975 que lo llevaron a Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú. En mayo de 1978 le dieron la libertad vigilada. Héctor Rodríguez, detenido el 24 de marzo de 1976, en Gualeguaychú, llevado a la Unidad Penal Nº 2. Félix Donato Román, detenido el 24 de marzo de 1976 y llevado al Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues de Concordia hasta el 4 o 5 de abril y de allí a la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú. Enrique Roberto Zapata, detenido el 24 de marzo de 1976, llevado al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada de Gualeguaychú hasta el 31 de abril y de ahí a la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú hasta el 24 de septiembre de 1976. Emilio Raúl Martinez Garbino, fue detenido el 28 de octubre de 1976 y llevado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú una noche, de allí al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada de Gualeguaychú dos semanas aproximadamente (previo paso por lugar cercano a aeroclub). Luego fue trasladado a la Unidad Penal Nº 2. Le dieron libertad vigilada el 24 de diciembre de 1977. Jaime Gustavo Martinez Garbino, fue detenido el 28 de octubre de 1976 y llevado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú una noche, de allí al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada de Gualeguaychú dos semanas aproximadamente. De allí a la Unidad Penal Nº 2 (previo paso por lugar cercano a aeroclub, La Casita) le dieron la libertad vigilada el 26 mayo de 1978.
Esta causa cuenta con aproximadamente 80 testigos entre familiares y ex detenidos víctimas del Terrorismo de Estado

Los imputados son:


Harguindeguy, Díaz Bessone y Valentino: acusados de coautores mediatos de detención y privación ilegitima de la libertad y desaparición forzada de dos personas. Allanamiento ilegal y tormentos en concurso real.
Dasso: coautor mediato de detención y privación ilegitima de la libertad
Santiago Carlos Hector Kelly Del Moral: retirado del Ejército Argentino con el grado de Teniente Coronel. Con el grado de Subteniente fue Jefe de Sección de Exploración en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II con asiento en Gualeguaychú en el período comprendido entre el 27 de diciembre de 1974 y el 4 de diciembre de 1977. Estuvo Prófugo. Actualmente excarcelado. Coautor material de privación ilegitima de la libertad y tormentos en concurso real
Juan Carlos Mondragon (apodado “Juan del Gualeyan”). Retirado de la Policía de Entre Ríos con el grado de Comisario Inspector. Con el cargo de Comisario fue jefe de la División Seguridad y Operaciones de la Policía de Entre Ríos Jefatura Departamental de Gualeguaychú, entre el 29 de julio de 1976 y el 17 de enero de 1978. Actualmente con arresto domiciliario. Autor material de detención y privación ilegitima de la libertad. Allanamiento ilegal de domicilio en concurso real.
Marcelo Alfredo Perez: Retirado de la Policía de Entre Ríos con el grado de Comisario Mayor. Jefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos entre el 9 de junio y el 13 de diciembre de 1976. Actualmente con arresto domiciliario. Integrante de asociación ilícita; coautor mediato de allanamiento ilegal detención y privación ilegitima de la libertad.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Los que aún atentan contra la memoria

Vandalismo en un mural de ex presos políticos y el Círculo de dibujantes santafesinos.

El espectacular trabajo artístico se inaugurará el 23 de marzo, en vísperas de los 36 años del golpe, frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL, en Santa Fe. Ayer amaneció con cruces esvásticas y la leyenda "terroristas".

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Un mural de la memoria de 15 metros de largo por tres de alto, que el Círculo de Dibujantes Santafesinos convocó a pintar y a inaugurar el 23 de marzo, en vísperas de los 36 años del golpe de 1976, apareció ayer vandalizado con cruces nazis, leyendas que reivindican el terrorismo de estado y caras pintadas con aerosol negro. Se trata de la obra Sueños compartidos, que se pinta en la esquina de San Jerónimo y Cándido Pujato, frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL, por iniciativa de la asociación civil El Periscopio, que agrupa a ex presos políticos de la dictadura. "Es otro ataque que nos remonta al pasado", dijo a Rosario/12 Cristian Lehmann, reconocido dibujante de Santa Fe y uno de los impulsores del proyecto.

La obra es espectacular: representa los muros de la cárcel de Coronda que ceden y se desploman ante una muchedumbre que ingresa al rescate de los presos políticos. Entre el gentío, sobresalen hombres y mujeres con brazos en altos y banderas argentinas. Algunas mujeres llevan a sus niños y dos de ellas, pañuelos blancos, como las Madres de Plaza de Mayo. En una de las paredes, hay una imagen de la justicia, con el símbolo de la balanza, pero desequilibrado por un platillo que rebalsa dinero. Y en la parte superior, dos espectros que miran. "Son calaveras con gorros militares", aclara Lehmann.

"Es una imagen idealizada que muestra el penal de Coronda. La gente que tira abajo el muro y los familiares y otras personas que rescatan a los detenidos políticos. Es la reacción de gente común", apuntó el dibujante.

"El mural es un trabajo colectivo. Y lo vamos a inaugurar sí o sí, el 23 de marzo, cuando se cumplan 36 años del golpe", dice Lehmann. "Ha venido mucha gente a pintar con nosotros, sobre todo los sábados y domingos. Trabajamos este fin de semana y hoy nos encontramos con esto", agregó. Las cruces esvásticas salpican gran parte de la obra. Y un mensaje sintetiza la amenaza: "terroristas". Pero lo que llama la atención son las caras pintadas con pintura negra. "Han tapado las caras, sobre todo las de los pibes, como si quisieran hacerlos desaparecer", comentó otro de los dibujantes, Raúl Viso. Lo acompañaban sus colegas Román Giannecchini y Gastón Zúñiga, más un puñado de voluntarios que ayer ya habían comenzado a restaurar el mural de esa cárcel tomada. Que es, sin duda, la cárcel de Coronda, porque sus torretas son inconfundibles.

Lehmann recuerda que han "tenido una gran colaboración de la ciudadanía, Invitamos a la gente a participar y muchos respondieron. Y también tenemos el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia", agregó.

El gobierno de la provincia repudió también "las pintadas sobre el mural conmemorativo del 24 de marzo para ser inaugurado en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia", dijo. Y anunció que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había radicado la denuncia del hecho en la fiscalía en turno en los Tribunales de Santa Fe.

"El gobierno repudia enérgicamente las pintadas que aparecieron sobre el mural que está pintando la asociación El Periscopio y el Círculo de Dibujantes Santafesinos, en una actividad conjunta con los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Innovación y Cultura, para ser inaugurado el 23 de marzo, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia", informó la Casa Gris. "Es un trabajo que se encuentra en proceso de realización desde hace dos semanas, que apareció con distintas inscripciones, entre ellas cruces esvásticas", agregó.

"A días de recordarse 36 años del golpe de estado de 1976, una jornada de reflexión y lucha en todo el país por la Memoria, la Verdad y la Justicia, se producen hechos vandálicos que representan oscuras expresiones del pasado, pues la realidad es que en la provincia de Santa Fe están avanzando los juicios por delitos de lesa humanidad", agregó.

Precisamente, "el 23 de marzo, se conocerá la sentencia en el juicio contra el imputado Roberto Martínez Dorr", que se tramita en el Tribunal Oral de Santa Fe, y el 26 de marzo, el fallo de la causa Díaz Bessone, en Rosario, que se sumarán a los otros cinco procesos por delitos de lesa humanidad que se realizaron desde 2009 hasta ahora. "Ya a fines de febrero, el gobierno se había pronunciado ante otras pintadas que aparecieron en Santa Fe con rémoras del terrorismo de estado", concluye.

Rosario : La verdad sale a luz y la historia los condena

Comunicado
En la audiencia de la causa Diaz Bessone del día de la fecha, todos los imputados, a excepción del que da su nombre al expediente, tuvieron la oportunidad de decir sus palabras finales al tribunal antes de que los jueces se retiren a deliberar acerca del veredicto, que se conocerá el próximo 26 de marzo.

Esa fue otra de las oportunidades que los genocidas negaron a nuestros compañeros y compañeros, cuyos destinos fueron ventilados en casi dos años de juicio.

En el caso particular de Chomicki, el civil integrante de la patota que está siendo juzgado por la comisión de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos agravados y de integrar la asociación ilícita que los cometió junto con los co-acusados, dirigió sus lamentos y sus insultos particularmente a la figura de nuestras abogadas.

Estos lamentos e insultos no le alcanzan a represores como Chomicki para ocultar de que manera participò en las aberraciones cometidas dentro del centro clandestino del Servicio de Informaciones.

Es nuestra intención dejar bien en claro, una vez más, que quienes acusan a Chomicki no son 4 abogadas, sino sus vícitmas, las víctimas del servicio de informaciones, quienes lo acusan fehacientemente desde hace más de 3 décadas, y cuyo número excede en mucho al grupo de querellantes que las compañeras abogadas representaron en este juicio oral y público.

Ellas solo hacen el trabajo de traducir al lenguaje jurídico los reclamos que se vienen presentando desde enero de 1984, en los inicios de la megacausa Feced.

No explicó Chomicki por qué todos estarían complotados por más de treinta años en su contra, y mucho menos explicó por qué dio dos versiones tan distintas a través de los años en sus distintas declaraciones indagatorias.

Es la hora de la verdad y de la justicia.

La decisión queda ahora en manos del tribunal,que no debe olvidar que el juicio de la historia es inapelable.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DDHH
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE

La sentencia se conocerá el próximo 26 de marzo

Los represores hablaron

Las chicanas de Chomicki -un civil integrante de la patota que está siendo juzgada por la comisión de privaciones ilegales y torturas- contra las abogadas querellantes fueron parte de la audiencia de ayer, donde ex policías expusieron por última vez.

 Por José Maggi

El Tribunal Oral Federal Nº 2 escuchó ayer en el marco de la causa Díaz Bessone a imputados, quienes expresaron sus palabras finales. Todos los presentes hicieron uso de la palabra, salvo Ramón Genaro Díaz Bessone, que alegará desde sus domicilio en fecha a designar por el tribunal. El Ciego Lofiego dijo que "actuó en un estado de necesidad exculpante producto del andamiaje jurídico represivo del terrorismo de estado sobre la estructura policial". José Scortechini señaló no haber estado en el Servicio de Informaciones al momento de los hechos, mientras el represor Mario Marcote negó la calidad de "clandestino" de dicho centro de detención, aunque no negó haber estado allí. Por su parte, Ramón Vergara optó por el silencio. Pero el más polémico fue Ricardo "Cady" Chomicki, quien cargó contra las abogadas querellantes que pidieron 25 años de condena en su contra por haber sido parte del aparato represivo. "La querella compro una historia a libro cerrado sin verificar nada, estamos ante un hecho de incompetencia extrema. Si lo verificaron y lo usaron igual son unas inescrupulosas", disparó. Y señaló a la abogada Gabriela Durruty como "la vocera de un grupito de militantes que afirman mentiras desde 1984". "Todos los testigos hicieron referencia a mi condición de preso. La calidad de agente se le ocurrió como única opción para juzgarme y no surge del debate, ni de los testimonios: la doctora Durruty tiene una frondosa imaginación" ironizó el Cady.

La abogada Leticia Faccendini indicó que "los imputados ensayaron la misma defensa que venían practicado en sus ampliaciones de indagatoria, que, puestas en su contexto, representan verdaderas confesiones. En el caso particular del imputado Chomicki, en un último intento de defenderse, intentó confundir ante el tribunal los medios con los fines. El equipo jurídico es solo el medio por el cual llevamos a la audiencia el reclamo de justicia de los testigos que desfilaron por la audiencia como lo habían hecho desde 1984 por los distintos estrados judiciales. Hacer foco en las abogadas es obviar, una vez más, la incontrastable cantidad de prueba en su contra que se ventiló en las audiencias".

Por su parte Elida Luna de Familiares recordó que "Chomicki es un civil integrante de la patota que está siendo juzgado por la comisión de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos agravados y de integrar la asociación ilícita que los cometió junto con los co﷓acusados" y criticó su actitud de" dirigir sus lamentos y sus insultos particularmente a la figura de nuestras abogadas".

"Es intención de Familiares dejar bien en claro, una vez más, que quienes acusan a Chomicki no son cuatro abogadas, sino sus víctimas, las víctimas del servicio de informaciones, quienes lo acusan fehacientemente desde hace más de tres décadas, y cuyo número excede en mucho al grupo de querellantes que las compañeras abogadas representaron en este juicio oral y público. No explicó Chomicki por qué todos estarían complotados por más de treinta años en su contra, y mucho menos explicó por qué dio dos versiones tan distintas a través de los años en sus distintas declaraciones indagatorias. Es la hora de la verdad y de la justicia. La decisión queda ahora en manos del tribunal que no debe olvidar que el juicio de la historia es inapelable", apuntaron en un comunicado de prensa Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, APDH y Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La sobreviviente Marta Bertolino también replicó duramente el alegato del Cady: "Chomicki argumenta una conspiración urdida contra él (y Folch) que tendría como fin aplicarles el 'código revolucionario', que castiga duramente a los traidores. O sea, los sobrevivientes los castigan por haberse quebrado, y como lo único que tienen a mano es el Código Penal de la Nación, les inventan delitos a él y a Folch que son ¡pobres víctimas! No explica por qué, con esa misma lógica, conspiraciones similares no estarían operando sobre tantos ex﷓detenidos﷓desaparecidos que según el imputado Chomicki delataron a sus compañeros, punto en el que se explayó tratando de pasar por la cloaca a unos cuantos sobrevivientes, con frases que se acercaron mucho a las pronunciadas oportunamente por Marcote y Scortecchini y con una sensibilidad que lo aúna claramente al grupo de los represores".

Posteriormente, el TOF 2 fijó como fecha de sentencia el lunes 26 de este mes. Se dará a conocer a las 12 del mediodía.

viernes, 9 de marzo de 2012

La mujer que vio al mellizo de Negro

Raque Negro
Ex celadora de la policia de menores de Rosario
Por Juan Cruz Varela
Desde Paraná

Norma Ramos -ex celadora de la Policía de Menores de Rosario- prestó declaración indagatoria en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de esta ciudad por el secuestro y sustitución de identidad del mellizo varón de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. La mujer quedó en libertad, pero sigue vinculada con la investigación.

De piel morena y pelo teñido de cobrizo y recogido con una media cola; con el gesto adusto y el rostro preocupado, ingresó Ramos al edificio de los tribunales federales de Paraná. Con ella iban dos muchachos jóvenes. En el primer piso la esperaba el juez Gustavo Zonis, que tiene a su cargo la investigación por robo de bebés.

Ramos declaró durante una hora como imputada por los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad en la causa denominada "NN Facundo", en la que se investiga el destino que se dio al mellizo varón de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacido en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.

La mujer era una celadora de la Policía de Menores de Rosario y su nombre fue mencionado por el militante peronista Oscar Kopaitich, quien en una entrevista con Rosario/12 la señaló como quien entregó el mellizo al ex agente de inteligencia del Ejército Paúl Alberto Navone, quien se suicidó en 2008, el día que tenía que presentarse a declarar como imputado en la causa principal por robo de bebés.

En su declaración, Ramos negó cualquier vinculación con los hechos que se le imputan y dijo no conocer ni a los integrantes de la patota del Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario condenados por la sustracción y sustitución de identidad de Sabrina Gullino ni al ex agente de inteligencia Navone. Sin embargo, la celadora abrió nuevas puntas que el juez Zonis pretende seguir investigando antes de resolver su situación procesal y, por ese motivo, no dispuso su detención.

La abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Oberlin, presentó un informe en el que dejaba abierta la posibilidad de que Ramos estuviera involucrada en apropiaciones ilegales. Inclusive, de su legajo personal surgió que tenía un hijo nacido en febrero de 1978. La propia Ramos accedió, sobre el final de la indagatoria, a realizarse extracciones de sangre, tanto ella como su hijo, que no se le apartó desde su arribo a los tribunales. El juez Zonis accedió, aunque le aclaró que la imputación no era porque ella se hubiera apropiado de un menor, sino por haber tenido contacto directo con el mellizo. El estudio se realizó en un laboratorio y se estima que los resultados podrían demorar una semana

miércoles, 7 de marzo de 2012

Revocan la prisión domiciliaria del represor de la Quinta de Funes, Ariel Porra


De acuerdo a la noticia difundida por el programa de Radio Nacional Rosario, Aire Público, el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, revocó este miércoles la  prisión domiciliaria del represor de la dictadura Ariel Puma Porra, quien está imputado de crímenes de lesa humanidad. Según fuentes judiciales, tras haber sido corroboradas las denuncias anónimas de vecinos del ex Personal Civil de inteligencia (PCI), el magistrado enviaría al Puma al penal de Marcos Paz por haberviolado su condición procesal. La información que desencadenó el fin del beneficio para Porra, había llegado a este medio a través de la diputada provincial Alicia Gutiérrez y sido presentada semanas atrás por Redacción Rosario ante la fiscal Mabel Colalongo.

La diputada Alicia Gutiérrez ‒quien además es querellante en la causa‒ recibió las primeras denuncias de los vecinos del Puma a fines de 2011. En enero de este año, los comentarios de que el Puma violaba sistemáticamente su prisión domiciliaria se volvieron a repetir ante la legisladora, que en contacto con este medio, coordinó una investigación con Redacción Rosario, y este a su vez con la fiscal federal Mabel Colalongo, para una formal constatación de los hechos.

El 17 de febrero desde esta redacción se presentó una nota ante Colalongo en la que se reproducían las denuncias de los vecinos de Porra. La fiscal rápidamente requirió diferentes medidas al juez Bailaque que este miércoles, y de acuerdo a la información revelada por la producción de Radio Nacional, habría decidido terminar con el beneficio de la prisión domiciliaria de Porra.
El Puma, Ariel Zenon Porra, es un reconocido integrante del grupo de tareas que comandó Pascual Guerrieri, que por ser capturado después de la elevación a juicio del primer proceso oral y público contra represores de la dictadura de Rosario, zafó de la condena que recibieron sus camaradas de armas. En aquel histórico veredicto, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong , Walter Pagano y Eduardo Costanzo fueron sentenciados a prisión perpetua, por secuestros, torturas y privación ilegítima de la libertad de decenas de militantes políticos y por el homicidio de 16 ellos.

En ese juicio, denominado Guerrieri-Amelong, se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, La Intermedia, Escuela Magnasco y Fabrica Militar de Armas Domingo Matheu.
Porra, al igual que una buena parte de los acusados que todavía no fueron sometidos a juicio oral, espera un próximo proceso en el que deberá soportar los mismos cargos, y en el que se especula que correrá la misma suerte que sus camaradas.

Además de los más de sesenta testimonios que identificaron a los represores de esos centros de detención, dos integrantes del grupo de tareas confesaron los nombres y el accionar de ellos mismos y sus compañeros del grupo de tareas. El represor Francisco Bueno, que declaró desde Brasil y ya lo había hecho durante la década del ochenta, brindó nombres y apodos de los integrantes de la patota. Pero fue Eduardo Tucu Costanzo ‒uno de los represoresque más ha contado, desdeadentro, sobre el accionar del terrorismo de Estado‒ el que más complicó a Porra con sus testimonios ofrecidos en sede judicial.

En una reciente entrevista brindada al periódico El Eslabón, Costanzo no sólo confirmó la participación de Porra en las acciones y operativos del Batallón 121, sino que identificó fotografías conseguidas por el medio de investigación, en las que se ve al Puma con otros represores en distintos lugares, uno de ellos la mismísima Calamita, el temible campo de concentración ubicado en cercanías de la localidad de Baigorria, por el que pasaron cientos de secuestrados políticos, decenas de ellos posteriormente desaparecidos.

Las denuncias
Los vecinos de la zona donde vive Ariel Porra ‒los cuales solicitaron estricta reserva de sus nombres‒, denunciaron “la sistemáticas salidas de Porra de su casa”, donde cumplía arresto domiciliario. El domicilio del Puma se ubica en República de Checoslovaquia 5423.Según señalaron las fuentes "los vecinos, lo vemos salir con total impunidad, aminado o en su auto”. Los denunciantes indicaron que Porra “tiene teñido el pelo pero está claramente reconocible” y detallaron que “sale a hacer compras”, que “se lo ve salir comúnmente en el auto” y que “los fines de semana se va a la mañana y vuelve por la noche. “Las salidas son sistemáticas”, subrayó la fuente.

Ante el conocimiento de los pesados delitos por los que se lo acusa, los testigos confesaron tener “miedo a hacer la denuncia con nombre y apellido” por “temor a las reprimendas que pueden recibir por parte de Porra”. “Y más si tenemos en cuenta con la impunidad que incumple la supuesta prisión domiciliaria que dicen que tiene”, afirmaron.
Por Juane Basso.