Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 22 de mayo de 2016

El ex juez que quiere volver a casa

Vera Candioti condenado a 15 años de prisión por borrar la identidad de Paula Cortassa. .

El ex juez que quiere volver a casa

Está juzgado en el marco de la causa por terrorismo de Estado en Santa Fe. El defensor oficial pidió el arresto domiciliario del ex magistrado por el "frágil estado de salud" y la edad de su defendido que ya tiene 76 años. Los abogados querellantes se oponen.

Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

La defensa está muy activa para lograr la vuelta a casa del ex juez de Menores Luis María Vera Candioti, condenado a 15 años de prisión por borrar la identidad de María Carolina Guallane/Paula Cortassa, pero entre los allegados de aquel se admite en público que el intento "es difícil". El defensor oficial Martín Gesino pidió el arresto domiciliario del ex magistrado por el "frágil estado de salud" y la edad de su defendido que ya tiene 76 años. El fiscal Martín Suárez Faisal no opuso "objeciones" a que se le conceda el beneficio. La abogada Zulema Rivera que patrocina a Carolina solicitó -antes de expedirse- que Vera Candioti pase por "un examen del Cuerpo de Médicos Forenses (CMF)" de la Corte Suprema de la Nación. Y los querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano, rechazaron el pedido de Gesino por la "precariedad probatoria" que lo "fundamenta" (el "certificado médico privado" de un "amigo" de Vera Candioti), apoyaron la "pericia médica" y advirtieron sobre el "peligro de fuga". El Tribunal ordenó un "examen médico exhaustivo" del ex juez, a cargo de peritos de la Corte y remitir el "dictamen" al Servicio Penitenciario Federal para que "informe si cuenta con dependencias aptas para alojar a una persona en las condiciones señaladas en dicha pericia y brindarle las atenciones necesarias".

En la sentencia del 28 de abril que condenó a Vera Candioti y al otro imputado por el caso Carolina, coronel Carlos Enrique Pavón (a 13 años de prisión), el Tribunal revocó las excarcelaciones de ambos y decidió que cumplan la pena en el Servicio Penitenciario Federal. Esta semana, Pavón sumó el segundo pedido de "detención domiciliaria" por razones de salud para evitar su traslado a los complejos de Ezeiza o Marcos Paz, pero el fiscal aún no dictaminó y las querellas no respondieron las vistas.

En ese veredicto, el Tribunal explicó por qué mandaba a Vera Candioti y a Pavón a una cárcel federal. Se trata de "penas graves" y "cumplimiento efectivo" que "aportan un mayor énfasis, a la presunción de que en caso de mantener la libertad, los imputados habrán de eludir la acción de la justicia", dice el fallo de los jueces Ricardo Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo.

El 4 de mayo -a los tres días hábiles de la condena-, Gesino pidió la "detención domiciliaria" de Vera Candioti, que hoy está en Las Flores. Y la fundamentó en el "frágil estado de salud" del ex juez, que sumado "a su avanzada edad, exige control estricto y permanente" de sus dolencias. "Resulta aconsejable" la vuelta a casa -dijo- para que su "asistido" tenga "óptimo tratamiento" y la "ayuda y contención de su núcleo familiar".

Es más, Gesino descartó "por completo" un "posible riesgo de fuga" de Vera Candioti ante un eventual arresto domiciliario porque "lo único que desea es permanecer con su familia". Un "detenido tiene derecho a vivir en condiciones compatibles con su dignidad" y "el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad", planteó el defensor.

El fiscal Suárez Faisal dictaminó que "no tenía objeciones" ante el pedido de la defensa. Pero el Tribunal dio otro paso y corrió vista a las querellas. La abogada de Carolina solicitó un "examen médico" de Vera Candioti a cargo de peritos de la Corte -que es el que se ordenó-. Y los abogados de Abuelas, rechazaron el pedido de Gesino por su "precariedad probatoria". "El mero certificado" de un "médico privado amigo de la familia" "no es prueba determinante", plantearon Bereciartúa y Moyano.

"El Servicio Penitenciario Federal cuenta con los medios apropiados para atender las necesidades de salud de los detenidos a su cargo, ya sea en el complejo de Ezeiza o en el de Marcos Paz", dijeron los abogados de Abuelas, en otro retruque a la defensa. "De ninguna manera se demuestra que el alojamiento carcelario vulnera" el derecho del imputado "a ser tratado humanamente y con respecto a su dignidad personal".

Los abogados de Abuelas citaron fallos de la Cámara de Casación que coinciden que la "prisión domiciliaria" es "una excepción" al "principio general" de que la pena "debe cumplirse en un establecimiento penitenciario" y por lo tanto "debe interpretarse de manera restrictiva". Explicaron que el beneficio "no es automático" y "se debe evaluar en cada caso concreto" y que "la discrecionalidad del juez" para otorgarlo "debe ser utilizada de manera racional y para un uso adecuado".

Según los querellantes de Abuelas, "son tres los componentes que entran en tensión" a la hora de otorgar la prerrogativa, entre los que el Tribunal "debe encontrar el equilibrio justo": "las razones humanitarias, el interés colectivo y la gravedad del hecho". Y explicaron por qué:

"No existen razones humanitarias que impidan la prisión efectiva" de Vera Candioti, que "goza de un estado de salud acorde a su edad, al menos hasta que se demuestre objetivamente lo contrario, y puede ser perfectamente controlado en una unidad penitenciaria, no transformándose así de ningún modo en un trato cruel, inhumano o degradante".

"El interés colectivo que se pone en juego ante delitos de lesa humanidad es trascendental, ya que son hechos ilícitos que no sólo afectan a las víctimas directas sino también a la sociedad toda y el Estado asumió la obligación internacional de perseguirlos y penarlos".

"La gravedad de los hechos" por los que se condenó a Vera Candioti "es de tal entidad que han sido perpetrados con el más alto nivel de violencia posible, la violencia del terrorismo amparados en la estructura del Estado, procurándose así, durante todo estos años, la impunidad".

domingo, 8 de mayo de 2016

Rafael Luis Galli, ex decano de la Facultad de Ingeniería durante la dictadura

Un cómplice escondido entre los trenes

Se presenta como mentor de la muestra de ferromodelismo Mundo Tren, a la que acuden niños de todas las edades cuando la presenta. Pero lo que oculta este ingeniero es su participación en la dictadura como decano de una facultad que tuvo muchos desaparecidos.

  Por José Maggi

El ingeniero Rafael Luis Galli, se presenta públicamente como el mentor de la muestra de ferromodelismo Mundo Tren. En ese rol ha desplegado su muestra en escuelas y ante estudiantes de distintos niveles tanto en ámbitos privados y públicos, como el Planetario Municipal hasta hace pocos meses. Lo que Galli no cuenta y que la enorme mayoría de padres y docentes no saben es que detrás de ese rostro de viejo bueno, de abuelo sensible por los trenes, se esconde la historia de cómplice civil de la última dictadura: "El ingeniero Galli tiene sus manos manchadas con sangre, fue el decano de Ingeniería, que tiene estudiantes secuestrados y docentes desaparecidos. Quiero contarlo porque no creo que en su curriculum diga 'fui el decano de Videla'. Yo lo sufrí en carne propia: me suspendió de la facultad cuando me faltaban un par de materias para recibirme y tuve que irme del país". La confesión corre por cuenta de Juan Jaureguiberry, quien en el año 1979, sufrió la persecución en esa casa de altos estudios a instancias de quien era un eslabón civil en la represión de los claustros universitarios, y quien firmaba los decretos de suspensión, debajo del nefasto interventor Humberto Riccomi.

-¿Quién es Rafael Luis Galli?

-El ingeniero Galli fue el decano de la facultad de Ingeniería durante casi todo el período de la dictadura militar, desde 1976, no recuerdo bien la fecha pero antes hubo una breve intervención de un militar a cargo después del golpe y cuando subieron las autoridades civiles que aceptaron gestionar la universidad, Galli se hizo cargo del decanato.

-¿Cómo lo conoció?

-Era alumno de Ingeniería Mecánica, entré en el 74 a la facultad, y venía del Politécnico, donde habíamos formado el Centro de Estudiantes en el 72, en la dictadura de Lanusse. En el 75 fui elegido miembro de la Comisión directiva del centro de estudiantes. Cuando ocurre el golpe pasamos de algún modo a la clandestinidad simbólica en la facultad de Ingeniería. Seguimos gestionando igual, a pesar de que había muchas restricciones: no había Consejo Directivo, no había nada. El decano tenía el poder absoluto concentrado para la aplicación directa de un régimen de exclusión de la universidad, de persecución política y donde estaba prohibida toda actividad política. Hay una placa con los nombres de las verdaderas victimas. Quiero decir que Galli asume en un momento donde venían de ser secuestrados varios profesores del Departamento de Física, como Eduardo Pasquini y Julia Huarque que nunca más aparecieron. En esa época hubo varios allanamientos sobre muchos otros docentes. Recuerdo a Ferraro de Matemáticas y realmente era un clima de intimidación terrible sobre todo en el movimiento estudiantil y docente de la facultad de Ingeniería.

-¿Había cesantías, suspensiones, persecuciones en esa época?

-Hubo un régimen de terror durante un período con secuestros y desapariciones con las direcciones precisas que evidentemente venían de las inscripciones en los padrones de la facultad. Hubo muchos allanamientos y hubo muchos estudiantes que se mudaron y se fueron a vivir a otro lado, porque era gente que estaba muy marcada. Por supuesto que mantuvimos niveles de organización, como en el 78, acompañamos a la Comisión de la OEA durante el Mundial en la que pudimos rescatarlo a Sergio Schilman de adentro de la Jefatura.

-¿Hubo algún blanco elegido especialmente en Ingeniería?

-Bueno, el departamento de Física fue el lugar principal donde ellos se ensañaron desde el primer momento. Había allí un grupo de docentes muy comprometido, y también en el Departamento de Matemáticas, entre ellos Carlos Meritano, que luego fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ya en tiempos de López Rega en la facultad de Ingeniería había un foco de resistencia grande de docentes, que fueron puntal de la APDH.

-¿Le tocó vivir algún capítulo puntual con Galli?

-A finales del año 1979, presentamos un petitorio y juntamos firmas contra el turno castigo. Esta era una de tantas trabas que se habían implementado en la universidad, por el cual si rendías mal una mesa no la podías tirar en la segunda ni en la tercera sino que tenías que ir al otro período. Si te iba mal en diciembre, pasabas a marzo derecho. El objetivo era retrasar a los estudiantes, enmascarado en la idea de calidad. Estaba por recibirme, mientras trabajaba en una fábrica. Pedimos una entrevista, siempre a titulo personal, porque no estaba permitido el centro de estudiantes. El día de la reunión con el decano uno de los alumnos no vino, asi que el secretario académico de apelldio Canoba -un hombre muy vinculado al decano de Filosofía de entonces de apellido Luraschi, famoso por recibir a los alumnos con una pistola sobre su escritorio- me preguntó si quería pasar. Me llamó por mi nombre, ya que me conocía desde el Politécnico donde era instructor de ajedrez, y yo fui jugador. Me hizo pasar a la entrevista y dos meses después me iniciaron un sumario en el Rectorado por suplantación de identidad y falsedad ideológica, como si yo me hubiese hecho pasar por el otro alumno que no había ido.

-¿Qué te implicó el sumario?

-Lo curioso es que el sumariante de apellido Chedes, en un primero momento rechazó instruir el sumario porque entendía que no había fundamentos. Pero me enteré después que fue el mismo Rafael Galli quien exigió mi sanción, y usó todo su poder interno en rectorado para exigirlo. Finalmente me sancionaron. Entonces me dan seis meses de suspensión justo cuando me estaba por recibir, tenía 44 materias aprobadas. Todo vino acompañado de un serie de amenazas sobre mi persona por gente vinculada a la CNU y al final aparece alguien que me aconseja desaparecer de la facultad, y me fui del país por un período y después nunca más termine la carrera.

-¿Alguna vez se lo cruzó a Galli?

-Lo encontré a Galli una vez en un cine del centro, sentado delante mío, obviamente ya en democracia. Me sentí muy violentado emocionalmente, y cuando salimos lo increpe a los gritos en el hall. Le dije que todos se tenían que enterar que ese hombre había sido el decano de la dictadura, que tenía las manos manchadas de sangre, porque evidentemente durante su gestión se secuestraron y desaparecieron estudiantes. Sabemos que ellos pasaban información, y que el grupo que se manejaba en el decanato podía entrar sin golpear la puerta. Cuando terminé de gritarle, solo me contestó: 'vos no sos nadie'.

María Carolina Guallane estuvo secuestrada y desaparecida en manos del Ejército

"La tenían para torturar a su padre"

Es la conclusión a la que arriba el juicio de la megacausa sobre el destino de María Carolina Guallane cuando era sólo una niña de 13 meses. Estuvo 58 días en manos del Ejército.

  Por Juan Carlos Tizziani  - Desde Santa Fe.

El fiscal Martín Suárez Faisal dijo que el juicio por la megacausa permitió descubrir y probar que María Carolina Guallane/Paula Cortassa estuvo "desaparecida 58 días", "en poder del Ejército Argentino" cuando era una niña de 13 meses, lo que fortalece "la hipótesis de que la tuvieron secuestrada en un centro clandestino de detención para torturar a su padre, Enrique Cortassa". "No tengo dudas sobre eso porque si no el Ejército la hubiera entregado antes", dijo en un diálogo con Rosario/12. El proceso terminó la semana pasada con la primera sentencia en la Argentina a un juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, a 15 años de prisión por borrar la identidad de Paula y condenas a dos militares: Carlos Enrique Pavón (13 años) y Domingo Morales (22 años) y un comisario: Juan Calixto Perizotti (prisión perpetua). Y dejó un legado: la cantidad de pruebas que se volcarán en otras investigaciones, las certezas de cómo operaba el terrorismo de estado y el valor simbólico. "Se juzgaron hechos que marcaron profundamente a la sociedad santafesina por su crueldad y violencia, como los operativos de fuerzas conjuntas en Ituzaingó y Las Heras y en la casa de calle Castelli al 4500 (donde vivía Paula)", así que la sentencia será "un gran aporte a la verdad de lo que ocurrió en Santa Fe", sintetizó el fiscal.

En noviembre, cuando declaró ante el Tribunal -integrado por Ricardo Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo-, Carolina dijo que había un bache en su vida, "una parte de la verdad" estaba "pendiente". Y "quería saber qué hicieron" con ella, desde el 11 de febrero de 1977 cuando sobrevivió a la masacre de su familia hasta el 13 de mayo de 1977, cuando Vera Candioti se la entregó a un matrimonio de Venado Tuerto, Jorge y María Guallane, adoptantes de buena fe. Ellos la recibieron "al borde de la muerte", con un cuadro de "shock emocional, tuberculosis, desnutrición, hepatitis", "problemas de motricidad, edemas en las piernas que hacen suponer que me metieron en un cajón y por eso caminé recién a los tres años", recordó. "Quiero saber qué hicieron conmigo en esos tres meses", desde el secuestro hasta la adopción. "¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique?", le preguntó a los jueces. "Necesito que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que esos tipos -los represores- me tocaban para atormentar a Enrique en un centro clandestino. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro", planteó.

Según el Ministerio Público, los días "en negro" en la vida de Paula fueron 58, desde el ataque militar del 11 de febrero de 1977 "hasta el primer día que tenemos registros en un lugar público (8 de abril de 1977), Paula estuvo 58 días sin que se sepa su real destino", explicó el fiscal.

-¿Coincide con la hipótesis de que la nena fue secuestrada para torturar al padre?

-Si, si. Yo creo que no hay dudas de eso. Porque si no el Ejército la hubiera entregado mucho antes.

-Hay un bache de muchos días.

-Si, nosotros contamos 58 días en los que estuvo fuera de cualquier institución oficial vinculada a los menores como el Hospital de Niños, la Casa Cuna o alguna guarda provisoria de una familia sustituta.

-¿Desaparecida?

-Si, durante esos días estuvo desaparecida, no se sabe dónde. La última vez que se la vio (en la casa de Castelli) fue en manos del Ejército y volvió a aparecer a través de una nota firmada por Pavón, también del Ejército. Quiere decir que en ese lapso estuvo en el Ejército Argentino. Y nadie nos ha explicado por qué. Pavón se ocupó de decir que no tenía nada que ver con el hecho, pero no dijo qué había pasado con Paula Cortassa durante ese tiempo -respondió Suárez Faisal.

El juicio probó el destino de los padres de Paula. Enrique Cortassa sigue desaparecido y Blanca Zapata, embarazada de siete meses, agonizó once días. "Lo que más me marcó es que cuando fuimos al barrio -en una inspección judicial a la casa de calle Castelli-, los vecinos de esa época nos contaban lo que había pasado, cómo habían llevado a Paula en una sábana ensangrentada, cómo sacaron a Blanca Zapata sin ninguna herida en su cabeza, aunque luego murió como consecuencia de un disparo en el cráneo. Y nos confirmaron que se llevaron vivo a Enrique Cortassa, lo que después nos dio la hipótesis de que esos casi dos meses que Paula estuvo en un destino incierto evidentemente fue usada para torturar a su padre", precisó el fiscal.

-¿Y hoy Vera Candioti es el primer juez de Menores condenado en el país?

-Era parte de un engranaje dentro del plan sistemático, un eslabón en la cadena que posibilitó que Paula Cortassa perdiera su identidad hasta que la recuperó por su propia iniciativa (22 años después). Tuvo una actitud absolutamente descuidada respecto de los derechos de la niña y eso es muy grave porque él representaba al Poder Judicial de Santa Fe, era la autoridad en materia de menores en la mayoría de los departamentos de la provincia, debía asegurar que se respetaran los derechos de los menores y en particular de los que estaban en una situación de vulnerabilidad muy grande como se probó en el caso de Paula Cortassa. Pero en vez de garantizar esos derechos personalísimos a la identidad, a conocer su historia, a encontrarse con su familia de origen, se aseguró de que eso no pudiera ocurrir. Porque salteó de la lista (de adoptantes) a unas 20 familias para entregarle la niña a la que estaba más lejos, en Venado Tuerto, que eran los Guallane, que la adoptaron de buena fe, que quizás sospecharon cuál era su origen pero nunca tuvieron información fidedigna de dónde provenía. Y esto sólo pudo ser descubierto después de muchos años, por el esfuerzo de Paula y la ayuda de muchas personas y organismos de derechos humanos -concluyó.