Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

jueves, 24 de octubre de 2013

La Corte Suprema permite ejercer de abogado al genocida Amelong (¿?)

Amelong recuperó la matrícula

El fallo permite que quien cumple condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, siga ostentando su matrícula de abogado. Amelong cumple condena por los delitos de secuestros, torturas y desaparición forzadas de personas.

 Por José Maggi

La suspensión de la matrícula al represor Juan Daniel Amelong decidida por el Colegio de Abogados de Rosario, fue revocada por la Corte Suprema de Justicia provincial en un fallo dividido. Mientras Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Mario Netri votaron para que conserve su matrícula, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta

Se opusieron. Amelong es un ex teniente que formó parte del cuerpo de Inteligencia que operó en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica Militar Domingo Matheu, y cumple condena por los delitos de secuestros, torturas y desaparición forzadas de personas en el penal de Marcos Paz, y está siendo juzgado en los tribunales federales locales por la segunda parte de la causa Guerrieri.

El fallo -fechado el 8 de octubre- permite que quien cumple condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, siga ostentando su matrícula de abogado, y lo dio a conocer recién ayer el presidente de Colegio rosarino, Ignacio Del Vecchio, quien adelantó "que esta institución defenderá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la decisión de su Directorio de inhibir el ejercicio profesional al matriculado Amelong, hallado culpable de delitos de lesa humanidad y condenado a prisión por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario".

La vía del máximo tribunal de justicia de la Argentina quedó abierta para presentar el caso luego de que la Corte Suprema santafesina decidiera no admitir el recurso presentado por el Colegio contra la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario que rehabilitó la matrícula de Amelong a su pedido.

La decisión de la Corte santafesina no fue unánime, ya que su presidenta, Gastaldi, y el ministro Erbetta votaron por abrir el recurso y considerar el tema, con sólidos argumentos que no compartieron los demás integrantes. La mayoría, apoyada en cuestiones formales y en distinta interpretación de normas legales y estatutarias, entendió que no había razón para revisar el fallo de la Cámara.

En sentido opuesto, Gastaldi expresó textualmente: "Entiendo que el recurso de inconstitucionalidad debe declararse admisible". Gastaldi entiende que la sentencia de la Sala que revocó lo decidido por el directorio del Colegio de Abogados, de suspender la matrícula, debe ser analizada por la Corte.

En efecto, el "sub lite" (tema en litigio) trata del alcance interpretativo de la disposición del artículo 295, inciso 1, de la ley 10.160, relativo a las condiciones consignadas para habilitar al directorio del Colegio de Abogados a proceder a cancelar la matrícula de uno de sus respectivos colegiados.

En esta línea de razonamiento "esta disposición sólo establece como hecho antecedente que medie condena a pena privativa de la libertad por delitos dolosos y de cumplimiento efectivo. En el caso, el referido directorio interpretó que el supuesto contemplado por la norma legal se encontraba configurado".

Gastaldi también remarca que "a los Colegios Profesionales les han sido conferidas atribuciones para velar por las condiciones del ejercicio profesional en resguardo de intereses públicos, y para verificar el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos".

Por su parte Erbetta opinó que "la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que motivaran la condena penal a encierro efectivo sumada al comportamiento del condenado a lo largo del proceso demuestra una actitud claramente negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a mujeres y hombres de nuestra sociedad, incluidos muchos abogados que honraron su compromiso profesional precisamente mediante la defensa de los derechos humanos. Justamente, el respeto a las normas que regulan la profesión de abogado y a la propia Constitución nacional y provincial no se agota en el cumplimiento formal de sus pautas sino que exige de quien pretenda ejercer tal digna profesión que su comportamiento no sea destructivo o lesivo a la existencia misma de la comunidad".

En otra parte de su voto, considerando que Amelong se encuentra en prisión, expuso el argumento adicional de que "debe tenerse en cuenta que la efectiva privación de libertad se erige además como un impedimento fáctico para el ejercicio profesional y una adecuada y responsable defensa de los intereses de terceros".

sábado, 5 de octubre de 2013

La amenaza de Guerrieri

"No es tonto, si creyó intimidarme, elegía el tema equivocado", subrayó cuando una de las vocales del Tribunal, que juzga a represores del II Cuerpo de Ejército, le pidió precisiones sobre el llamado telefónico que le hizo el condenado a prisión perpetua.

 Por Sonia Tessa

El general retirado Martín Balza declaró ayer por videoconferencia desde Costa Rica, durante casi dos horas, en la causa Porra, también conocida como Guerrieri II. Contó que recibió una amenaza del militar que da nombre a la causa, Pascual Oscar Guerrieri, que fue compañero suyo de promoción en 1955. "Guerrieri no es tonto, nunca fue tonto. Si creyó intimidarme, elegía el tema equivocado", subrayó cuando una de las vocales del Tribunal, Lilia Carnero, le pidió precisiones. La comunicación telefónica --recibida por el menor de los hijos varones de Balza-- fue en cercanía de las fiestas de fin de año, no pudo recordar si en 2006 o en 2007. Supieron que se trataba de él porque quedó registrado el número telefónico, y por los datos que brindó. Guerrieri ya cumplía prisión preventiva --hoy tiene condena a prisión perpetua-- pero recibió autorización judicial para pasar esas fiestas en su casa. "Si pensaba coaccionarme, Guerrieri es inteligente, no lo iba a lograr. Fue una tontería", afirmó Balza.

El jefe del Ejército desde 1991 a 1999 se refirió a su documento institucional conocido como "autocrítica", difundido el 25 de abril de 1995 en el programa Tiempo Nuevo. Y reiteró --como lo hizo entonces y en los libros que publicó después-- que "ningún militar está obligado a cumplir una orden que implique la comisión de un delito. Nadie puede decir que lo obligaron a matar, violar o robar". El actual embajador argentino en Costa Rica consideró: "No es que cualquier orden pueda cumplirse". Volvió a su concepto de "desobediencia debida" y recordó que "gracias a la desobediencia de Belgrano hoy la frontera norte del país no está en la provincia de Corrientes sino en Jujuy y Salta".

Además, Balza subrayó que la represión ilegal "no fue una guerra", por decisión de las autoridades de las fuerzas armadas, que eligieron desconocer el estatus beligerante a las fuerzas insurgentes para no someterse a la Convención de Ginebra, suscripta por Argentina en 1949.

En su larga exposición, Balza admitió que desconoce lo ocurrido en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, donde se cometieron los delitos de lesa humanidad que se juzgan en el Tribunal Oral Federal número 1, pero definió que el terrorismo de Estado se hizo con una "feudalización de las fuerzas armadas", al tiempo que señaló la inusitada preponderancia del área de Inteligencia, que definió como una "elite criminal". "Básicamente montada por Inteligencia, que fue alimentada por años con las doctrinas francesa y de Seguridad Nacional", agregó.

Ante una pregunta de Carnero, Balza consideró que "todos los golpes de nuestro país han sido cívicos militares, con la participación de una sociedad civil con pocas convicciones democráticas", y recordó el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio de 1955.

En la audiencia de ayer declararon también Oscar Pedro Pidustwa y Jaskel Shapiro, por la desaparición de Fernando Tito Messiez, el 22 de agosto de 1977, en la puerta de la imprenta La Manija, frente a la Facultad de Humanidades.

Sólo Carlos Sfulcini y Juan Amelong, dos de los doce represores que están siendo juzgados, participaron de la audiencia de ayer. Sfulcini pidió ampliar su indagatoria ya que Jaime Dri, el jueves, lo había mencionado como "Carlitos o Pancuca". El ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército desmintió que usara ese alias. En realidad, la mala definición de la imagen pudo jugarle una mala pasada al único sobreviviente de la Quinta de Funes. Sfulcini rememoró que Dri lo había descripto como un hombre más joven que él, sin instrucción, que "sólo pensaba en la Turca, la mujer con la que iba a casarse". "Para esa época, llevaba cinco años de recibido de abogado, tenía más de 30 años y estaba casado desde mayo de 1974 con mi actual esposa, Mabel Gimeno, que no es turca ni tiene cara de turca", dijo el represor. Sfulcini formó parte del grupo de tareas, pero su apodo no era Carlitos. Según testimonios de otros sobrevivientes e investigaciones de organismos de derechos humanos, ese alias pertenece a Carlos Isach.

jueves, 3 de octubre de 2013

Jaime Dri relató el secuestro de sus hijos de 4 y 7 años en Rosario en 1977

Dos niños presos de la patota

En su declaración en la causa Porra, el sobreviviente de la Quinta de Funes relató que sus hijos fueron paseados en patrullero, en enero de 1977, para que identificaran a los padres. Intervino ante Galtieri el arzobispo Bolatti.

 Por Sonia Tessa

El único sobreviviente del centro clandestino de detención Quinta de Funes, Jaime Dri, develó ayer otra capa del horror de la dictadura: el secuestro de sus hijos de cuatro y siete años, Fernando y Vanesa, en el Parque de la Independencia, en enero de 1977. A ellos, los represores los paseaban en un patrullero para que identificaran por la calle "a papá y mamá". Dri declaró ayer --desde Panamá y por video conferencia--en la causa Porra, también conocida como Guerrieri II, que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121, del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

A pesar de la precaria imagen de la transmisión, Dri identificó de inmediato a Ariel Porra como el Puma, a Juan Cabrera como el Barba, a Juan Amelong como el teniente Daniel y a Alberto Pelliza como Armando. Se trata de cuatro de los doce represores acusados de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y torturas. La mayor parte de los imputados participó ayer de la audiencia pero la falta de nitidez de la imagen impidió que Dri se animara a identificar a Ariel López, alias Aldo, quien fue uno de los encargados de trasladarlo desde la Esma a Rosario en diciembre de 1977. Dri había caído el 15 de noviembre en Montevideo. A Carlos Sfulcini lo mencionó como "Carlitos o Pancuca", pero en realidad, ese era el apodo de Carlos Isaach. Cada represor debió sentarse en la silla destinada a los testigos para que la cámara lo tomara de frente y Dri pudiera verlos desde Panamá. Aún así, la imagen era deficiente.

Además de relatar nuevamente lo vivido en la Quinta, la Escuela Magnasco y la Intermedia, los tres centros clandestinos por los que pasó y en los que vio a los 14 prisioneros que continúan desaparecidos; Dri contó lo ocurrido en Rosario con sus hijos de cuatro y siete años, Fernando y Vanesa, quienes fueron secuestrados junto a la militante María de la Encarnación García del Villar, que estaba con sus cuatro hijos. "Vanesa, que se acuerda, cuenta que los subían a un patrullero para buscar a mamá y papá", relató ayer Dri, y contó que la familia de su ex esposa Olimpia Díaz Rodríguez le pidió por los chicos al obispo de Córdoba, cardenal Raúl Primatesta, pero no obtuvo resultados. "Tengo cinco hermanos religiosos", subrayó Dri.

Finalmente, su familia llegó al arzobispo de Rosario, Guillermo Bolatti, quien habló con el entonces jefe del Comando de Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri. "Bolatti le dijo que con los niños no se metieran, que no los mataran", rememoró Dri. El propio presidente de Panamá, general Omar Torrijos, intervino ante el gobierno argentino para que la familia pudiera recuperar a Vanesa y Fernando. Los niños --al igual que los cuatro hijos de Roberto Tapia y García del Villar-- estaban en la policía de Menores, de Cafferata al 300. En marzo, la tía de los chicos, Virginia Díaz, los retiró y los llevó a Panamá. "Nosotros movimos cielo y tierra. Imagínese cuando nos enteramos de que con nuestros hijos nos buscaban por las calles de Rosario", expresó el testigo. Cuando el abogado de la querella Alvaro Baella le preguntó sobre los niños cautivos, Dri contestó: "Le puedo decir que mis hijos fueron secuestrados a principios de enero y logramos recuperarlos a mediados de marzo. La que los tenía era una mujer que después fue jefa de policía de la provincia, que habló con mi cuñada y le dijo que pensaba quedárselos". Unos minutos después, el testigo recordó el nombre de Leyla Perazzo, de quien afirmó "tuvo una actitud muy decente con mi cuñada". Los cuatro niños secuestrados junto a los suyos también fueron recuperados por la familia, tiempo después, y volvieron a su provincia, Chaco.

Ayer, Dri pidió que "los que están siendo juzgados" digan si al Negro Tapia lo secuestraron en la calle Darragueira. "Sé porque hay alguien que dijo que lo vio todo quemado en un centro clandestino de detención. El es el papá de los cuatro niños que cayeron con los míos. Quisiera saber qué pasó con el Negro", reclamó datos sobre el militante chaqueño desaparecido desde el 1º de octubre de 1976 en Rosario.

Ante una pregunta sobre la complicidad eclesiástica, Dri respondió: "Sabemos que Bolatti intercedió, que se comunicó con Galtieri, señal de que se comunicaría siempre con ellos". Además, infirió que al pedirle por la vida de los niños, estaba implícito que sabía del destino de los adultos secuestrados.

El testimonio de Dri duró más de dos horas. Nombró a los 14 militantes que estaban prisioneros en la Quinta de Funes y relató nuevamente que él era "un trofeo" del jefe de la Armada, Emilio Massera, y éso le salvó la vida, ya que fue devuelto a la Esma antes del asesinato del resto de sus compañeros. Luego, logró fugarse, como lo cuenta el libro Recuerdos de la Muerte, de Miguel Bonasso, basado en su testimonio.

Al referirse a Walter Pagano, cuyo apodo era Sergio II, Dri se despachó: "Ellos fueron instrumentos activos y partícipes, pero acá no están los intereses que él defendía, que eran las grandes empresas. Tendrían que estar acá muchos otros acusados, como los miembros de la jerarquía eclesiástica y de empresas, como la Ford. Había un directivo de la Ford que salía con la patota de la Esma a secuestrar compañeros".

martes, 1 de octubre de 2013

Rechazo designación juez colaborador de Brusa e incendio del local del MDH--Rosario

“Un cachetazo a la Justicia de Santa Fe”

Madres de Plaza de Mayo, Hijos y otros organismos cuestionan el nuevo intento por nombrar a Luciano Lauría en la Justicia federal. La designación ya había sido impugnada en 2011. Hoy se realizará una audiencia pública en el Congreso.

 Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe

Organismos de derechos humanos denunciaron el operativo –el segundo en dos años– para designar hoy como juez del Tribunal Oral de Santa Fe a un ex colaborador del ex juez Víctor Brusa: el secretario del Juzgado Federal Nº 2 Luciano Lauría. “Un cachetazo para la Justicia federal de Santa Fe”, lo calificó uno de los referentes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Jorge Castro, al señalar al presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Marcelo Guinle, como uno de los fogoneros del nombramiento. Guinle convocó para hoy, a las 10, en el Salón Eva Perón, en el Congreso, a una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos para escuchar a Lauría y darle el visto bueno porque el plazo para impugnarlo venció el 24 de septiembre. Lo llamativo es que el ascenso de Lauría ya había sido impugnado en agosto de 2011 por los organismos de derechos humanos de Santa Fe, pero se descongeló el 4 de septiembre último cuando el Senado aceptó el cambio del pliego: se retiró el anterior, que era el cuestionado, e ingresó uno nuevo, que pasó el trámite legislativo porque los organismos que lo denunciaron en 2011 recién se enteraron de la movida esta semana.

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia denunció anteayer el segundo intento para designar a Lauría como juez del Tribunal Oral de Santa Fe, en un cargo que está vacante desde 2008. “Lauría no tiene las cualidades de independencia, probidad y compromiso con los valores democráticos necesarios para un cargo de tanta relevancia.” “Su conducta es contraria al respeto por la plena vigencia de los derechos humanos” y “a los principios de memoria, verdad y justicia”, dice el documento que firmaron las Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

El Movimiento Ecuménico (MEDH) se sumó ayer a la denuncia al considerar a Lauría como un funcionario judicial “formado a la sombra del siniestro Víctor Brusa” –el ex juez condenado por delitos durante la dictadura–, que “carece de compromiso en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad” y “no reúne las condiciones éticas, de idoneidad y antecedentes necesarios para el cargo”, afirmó.

Lauría es secretario de Leyes Especiales del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe desde 2005. En agosto de 2011, el pliego para ascenderlo a juez del Tribunal Oral de Santa Fe fue impugnado por las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el MEDH. Lo cuestionaron, entre otras cosas, porque en 2008 –ya como secretario del Juzgado Federal Nº 2– se excusó de intervenir como juez subrogante en una causa que investiga a Brusa y a otros represores por “asociación ilícita”. “La conducta asumida por Lauría alegando un supuesto no contemplado en la ley muestra su escaso compromiso con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad” y abre las puertas para “su excusación o recusación en este tipo de causas”, dice el escrito. La designación de Lauría quedó congelada dos años. Pero el 4 de septiembre, el Senado cambió el pliego para nombrarlo juez del Tribunal Oral de Santa Fe: aceptó el retiro del mensaje 1039/11 –que había sido impugnado por los organismos de derechos humanos– y votó el ingreso del mensaje 955/13. La comisión de Acuerdos inició el trámite para la designación y hoy, a las 10, en el primer piso del Congreso, escuchará al candidato en una audiencia pública. El plazo para impugnarlo o presentar preguntas venció el 24 de septiembre.

Castro consideró el cambio del pliego impugnado como una “maniobra política” y “arbitraria”. “Este operativo debe tener algún tipo de respaldo político”, dijo. Y señaló como uno de los fogoneros al senador Guinle, presidente de la Comisión de Acuerdos por el Frente para la Victoria. Guinle fue convencional constituyente en la reforma de 1994, en Santa Fe, y presidente provisional del Senado entre 2003 y 2006, es decir, segundo en la línea de la sucesión presidencial de Néstor Kirchner.

“No creemos que Lauría tenga méritos suficientes para ser designado. Salió séptimo en el concurso del Consejo de la Magistratura, después pasó a quinto. Y ahora se lo propone en forma individual y sin ninguna terna porque los cuatro que estaban adelante de él fueron designados en otros cargos de la Justicia federal. Por lo tanto, es indudable que se trata de una maniobra política. Proponer a Lauría es un cachetazo para la Justicia federal de Santa Fe”, planteó Castro. Uno de los que estaban adelante de Lauría en el concurso era Miguel Abásolo, otro ex secretario de Brusa, designado juez federal de Rafaela, el 5 de octubre de 2012. Abásolo es uno de los firmantes del fallo del Tribunal Oral de Santa Fe –junto con su colega María Ivón Vella– que absolvió a una red de trata hace dos semanas.