Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 28 de abril de 2013

Demora inadmisible en las causas : reclaman al TOF1 por juicios de San Nicolás :

Militantes de organismos de derechos humanos de San Pedro, Baradero, Pergamino y San Nicolás que acompañan los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad cuya instrucción se realiza en el Juzgado Federal de San Nicolás para luego elevarse a los Tribunales Orales Federales de Rosario entregarán hoy una nota al Tribunal Oral Federal número 1 para reclamarle que defina la fecha de inicio de ocho causas acumuladas por delitos cometidos en el Area Militar 132. "Se trata de las causas comprendidas en los expedientes Nº 149/10, 103/11, 109/11, 114/11, 5/12, 45/12, 46/12, 47/12, en las que se imputa a los militares Manuel Fernando Saint Amant, Antonio Federico Bossie, Juan Antonio Benvenuto y a los policías Daniel Fernando Quintana y Edgardo Mastrandrea, por hechos cuyas víctimas, familiares y testigos son de nuestras localidades", adelantaron los militantes que llegarán hoy a las 10 a los Tribunales Federales de Oroño 940 para hacer oír su reclamo.

El año pasado se concretó el Primer Juicio Oral por tres causas acumuladas contra el ex-coronel Manuel Fernando Saint Amant y sus cómplices del Area Militar 132, Antonio Federico Bossié y Jorge Muñoz. El 27 de Diciembre de 2012 fueron condenados a prisión perpetua por el TOF número 2.

Sin embargo, el TOF 1 todavía no fijó fecha para el juicio oral que los militantes llaman "Saint Amant II". "Este proceso tiene una gran relevancia histórica porque expone el circuito represivo del Area Militar 132 sobre diferentes organizaciones revolucionarias, sindicales y populares del nordeste bonaerense. Muchas de las víctimas y testigos son ex-presos políticos que pasaron por la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás", aclararon.

A fines del año pasado, el TOF 1 fijo fecha para comenzar el juicio conocido como "Guerrieri II", que está caratulado como Porra (integrante del grupo de tareas del Ejército) el 21 de marzo, y al día siguiente la causa de Manuel Casado, del cordón industrial de San Lorenzo. Posteriormente, los jueces decidieron postergar la causa Porra para el 9 de agosto, argumentando que no tenía capacidad operativa para realizar los dos juicios simultáneamente.

Varios organismos de derechos humanos se pronunciaron y presentaron diversos escritos para que los juicios que deben llevarse a cabo, no prolongue la impunidad.

domingo, 14 de abril de 2013

La Cámara Federal de Rosario ordenó reabrir la causa de SILVIA SUPPO

La hipótesis del móvil político

Es la ex presa política asesinada en 2010 en Rafaela. La Cámara le ordenó ahora al juez Reinaldo Rodríguez una serie de pruebas que el magistrado había desestimado. El remisero que trasladó a los asesinos y un video que no aparece.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

La Cámara Federal de Rosario volvió a revocar -por segunda vez en menos de un año- un fallo del juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, que cerraba la investigación del asesinato de Silvia Suppo, sin agotar la hipótesis del móvil político. En una sentencia a la que tuvo acceso Rosario/12, la Cámara ordenó al magistrado una batería de pruebas que éste desestimó, entre ellas la búsqueda de dos testigos claves: Un remisero de Rafaela que trasladó a los autores confesos del homicidio, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, cuando escapaban de la escena del crimen y una mujer que vio a un tercer hombre cerca del lugar, pero nunca fue llamada declarar ante el juez. Más, una pericia de un video que la empresa que gestiona la Terminal de Omnibus de Rafaela entregó dos veces a los investigadores del caso: La primera copia desapareció y la segunda, ahora tampoco aparece. El juez Rodríguez ya descartó "la inexistencia de un plan para eliminar a Suppo", pero ahora la Cámara plantó la duda. "La pesquisa no está agotada", sostuvo el tribunal y dejó al magistrado a tiro de recusación.

Durante la dictadura, Suppo fue secuestrada, torturada, violada y sometida a un aborto y dos meses después de dar testimonio de su martirio, el 29 de marzo de 2010, asesinada de nueve puñaladas en un supuesto intento de robo, al que no opuso resistencia. "Tanta violencia, tanta saña y tanto salvajismo no pueden quedar impunes", dicen sus hijos y sus compañeros.

Las contradicciones entre el juez y la Cámara se plantearon, entre otras cosas, por la situación procesal de otros dos imputados en la causa: Emiliano Rodríguez y Miguel Angel Mendoza. El juez les dictó el sobreseimiento dos veces, lo que significaba desvincularlos de la investigación. Cosa juzgada y cierre de la causa. "Tengo la certeza de la inexistencia de un plan para eliminar físicamente a Silvia Suppo y de la no participación de Mendoza y Rodríguez en el hecho", resolvió el juez. Pero la Cámara revocó ese fallo, también dos veces ﷓en junio de 2012 y ahora﷓ y dispuso la falta de mérito. Es más, le ordenó reabrir la pesquisa del móvil político que cerró a fines del año pasado. "Le asiste razón a los querellantes en orden a que la investigación no se encuentra agotada", sentenció el tribunal.

Algunas de las pruebas que faltan:

* Una testigo clave. La Cámara ordenó al juez que cite a declarar a María Cristina Palacios, quien vio a Emiliano Rodríguez cerca de la escena del crimen, el día que mataron a Silvia Suppo. En el sumario policial, lo reconoció por una fotografía, "en un ciento por ciento, como una de las personas que estaba sentada en una vereda, cerca del lugar del hecho", dijo el tribunal. Pero después nunca la llamaron a declarar ante el juez. "No se ha despejado la sospecha de la participación de Rodríguez en el hecho", agregó.

* Dónde está el remisero. La pesquisa no tendrá otra alternativa que identificar al remisero de Rafaela que "según el relato de los imputados (Sosa y Cóceres), los trasladó el día del homicidio y en el momento que escapaban" de la escena del crimen, "hasta la entrada del barrio Cáritas". Esa es la decisión de la Cámara. El juez ha planteado las dificultades para encontrar a este testigo. Pero el tribunal insistió: "Mas allá de la eventualidad de que se pueda o no tratar de un crimen por encargo, lo que se persigue es descartar la posibilidad de que ese viaje lo hayan compartido los imputados Sosa y Cóceres con alguna otra persona que pueda estar involucrada en los hechos investigados, atento la duda que surge de lo expresado por la testigo Palacios, finalidad que tampoco corresponde descartar en atención a la ulterior utilidad que podría reportar en caso de aportarse algún otro elemento de prueba ahora desconocido".

* El video de la terminal. La Cámara ordenó una pericia del video que entregó la empresa que gestiona la Terminal de Omnibus de Rafaela. "Consideramos necesario su análisis por la Policía de Seguridad Aeroportuaria", dijo. Es lo que ya había dicho en un fallo anterior, pero la PSA no hizo la pericia porque el juez no le facilitó las imágenes. Ahora, el tribunal reiteró: Los querellantes dicen en la apelación que ellos vieron el video e indican las personas que aparecen en él ("Sosa y Cóceres fueron a la Terminal acompañados por Mariana Sosa, quien ni siquiera fue citada en sede judicial ni como testigo ni como imputada", revelaron los abogados Puyol y Munné. Mariana es la hermana de Rodrigo Sosa). "La Cámara ya sostuvo que no consta en la causa que las imágenes hubieran sido analizadas mediante pericia, pudiendo dicha medida tener relación con las pruebas de carácter reservado que menciona la querella", concluyó.

viernes, 12 de abril de 2013

Continúa el desgüace de las causas: El Tof 2 sigue con la causa Casado

No la van a acumular

Los magistrados rechazaron el pedido de la fiscal Colalongo para investigar en conjunto las violaciones de derechos humanos en el cordón industrial. Malestar de los organismos.

El Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario rechazó ayer el pedido de la fiscal Mabel Colalongo para suspender el juicio por la privación ilegítima de la libertad y tormentos contra Manuel Casado para acumularla con el resto de los delitos de lesa humanidad en el cordón industrial, que incluyen 17 muertes y desapariciones. De este modo, la audiencia fue convocada para el próximo jueves 18 de abril. Por unanimidad, los jueces Otmar Paulucci, María Ivon Vella y José María Escobar Cello consideraron que "la situación fáctica se encuentra limitada a los hechos que sufrió Manuel Casado". Si bien plantearon que "los jueces a cargo de la investigación deberán extremar los recaudos para acelerar el trámite de las causas pendientes", el TOF 2 subrayó que "no existe razón suficiente para acceder a lo solicitado". El malestar de los integrantes del Espacio Memoria, Verdad y Justicia del cordón industrial fue palpable.
Los acusados de la causa son Rubén Cervera, que fue jefe del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán y también intendente interventor de San Lorenzo en 1976; Omar Maderna, que fue subjefe del Batallón y también secretario de Gobierno municipal y Pedro "Pili" Rodríguez, que fue asesor legal del municipio durante la dictadura cívico-militar. El juicio investiga el secuestro sufrido por Casado el 25 de marzo de 1977, frente al Banco Nación de San Lorenzo, y que se prolongó por al menos dos semanas.

"El secuestro de Casado no fue realizado por Cervera, Maderna y Rodríguez de manera azarosa, sino que fue parte del plan sistemático de represión ilegal en una zona prioritaria para el plan económico que se implementó como era el cordón industrial", subrayó Soledad Chiodín, del Espacio Memoria, Verdad y Justicia del Cordón Industrial. La militante enfatizó que, para ella, "el Tribunal presidido por Paulucci es el responsable de la impunidad" en el norte del Gran Rosario.

Otro integrante del Espacio, Edilio Quiroga, lamentó que la fragmentación de la causa "recorta las posibilidades de juzgar los crímenes de lesa humanidad que se concretaron en el Batallón a cargo de Cervera y Maderna". El denunciante --y testigo de la causa Casado-- adelantó que "además de estos tres imputados, hay otros responsables que serán investigados en instrucción a partir de denuncias de los propios policías".

Una vez resuelta la continuidad del juicio, la audiencia continuó ayer con las llamadas cuestiones preliminares que plantean las partes antes de comenzar con el debate. La defensora oficial de Rodríguez, Rosana Gambacorta, pidió la nulidad de lo actuado y el sobreseimiento de su defendido por lo que consideró un vicio formal en el desarrollo de la causa. El abogado de Casado, Gustavo Feldman, rechazó rotundamente el planteo, al que habían adherido el también defensor oficial de Cervera, Nicolás Foppiani y los defensores particulares de Maderna, Fernando Mellado y Marcelo Piercechi. La fiscal también se opuso al planteo

lunes, 8 de abril de 2013

Abrieron una causa por crímenes de la dictadura en la cárcel local, derivada de la causa Feced

El juez federal Bailaque hizo lugar a un pedido del fiscal Stara. La investigación apunta a los ex jefes de la Unidad 3 Zirone y Kushidonchi.

Marcelo Bailaque. El magistrado federal rosarino abrió un nuevo expediente que se deriva de la megacausa Feced.

El juez federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, abrió una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penal 3 de Rosario durante la última dictadura. El magistrado hizo así lugar a un pedido que presentara el fiscal federal Gonzalo Stara, que está a cargo de la Unidad de Asistencia de Derechos Humanos en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. Están en la mira del Ministerio Público los ex jefes de esa cárcel Octavio Zirone y Adolfo Kushidonchi, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados, en perjuicio de 40 personas, a lo que se suma un caso de homicidio.

Bailaque hizo lugar al planteo del fiscal para que se investiguen los hechos, calificados como delito de lesa humanidad, sufridos por los presos políticos alojados en la Unidad 3 de Rosario. Stara explicó a LaCapital que "la causa es un desprendimiento de la megacausa Feced, cuya investigación fue delegada quedando la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos que coordino".

El funcionario señaló que "las primeras medidas serán recibir las declaraciones testimoniales a quienes fueron alojados en dicho penal, las que comenzarán en 15 días, y se estima que luego podrían solicitarse en lo inmediato las declaraciones indagatorias de quienes ocuparon los máximos cargos en dicho penal: Zirone, primero, y más tarde Kushidonchi.

Además, el fiscal consignó que "no se descarta avanzar sobre otras responsabilidades como guardiacárceles, médicos, jefes de guardia externa e interna, y todos aquellos que integraron aquella maquinaria que tuvo, entre otras funciones, lograr el deterioro físico y psíquico de los detenidos, blanquear el alojamiento de los presos políticos, atento que muchos de ellos ingresaron sin escala desde el propio centro clandestino de detención (CCD) del Servicio de Informaciones (SI) de la policía en condiciones lamentables".

Según la presentación del Ministerio Público, el penal rosarino, en el período marzo-septiembre de 1976 estuvo a cargo, sucesivamente, de Zirone y Kushidonchi. El primero de ellos ocupó el cargo de director interventor hasta el 24 de agosto de 1976, cuando fue designado en igual cargo en la cárcel de Coronda. Kushidonchi ejerció funciones en el penal contemporáneamente con Zirone, hasta que ocupó el cargo de director, por poco tiempo, para luego volver a secundar a Zirone en Coronda.

Stara sostuvo que "debe tenerse presente que la materialidad de los hechos sufridos en la Unidad 3 de Rosario, han quedado acreditados en la sentencia de la causa Díaz Bessone, al recoger los centenares de testimonios prestados durante la audiencia de debate de dicho juicio".

La requisitoria de instrucción que fuera presentada por la Fiscalía achaca a Zirone y Kushidonchi "los hechos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados que, integrando el plan sistemático de represión clandestina e ilegal damnificaron a Juan Carlos Bertone, Juan Pablo Bustamante, Alberto Chiartano, Carlos Corbella, Marcelo de la Torre, Adrián De Rosa, Juan Luis Girolami, Daniel Gollán, Daniel Gorosito, Walter Hyon, Andrés Krutoy, Pablo López Arcaute, Félix López, Mario Luraschi, Jorge Magnani, Esteban Mariño, Alberto Marquard, Gustavo Mechetti, Héctor Medina, Jorge Palombo, Rubén Pancaldo, Heriberto Piccinelli, Julio Rayón, Angel Rosell, Angel Ruani, Nicolás Segarra, Eduardo Seminara, Jorge Ugolini, Carlos Usinger, Sergio Ferrari, Claudio Ferrari, Carlos Scocco, Eduardo Boero, Norberto Limonte, José De María, Alberto Ruíz Díaz, Rubén Milberg, Rolando Chávez, Ramón Córdoba, y Alfredo Vivono, mientras permanecieron cautivos en la Unidad 3 de Rosario". Además, se suman "los hechos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio agravado que damnificaron a Pedro Galeano, a partir de que fuera alojado, proveniente del SI, en la Unidad 3".

Entre los numerosos testimonios vertidos por las víctimas se cuenta el de Héctor Chinche Medina quien declarara que mientras permaneció en la cárcel de Rosario tuvo una entrevista personalizada tanto con Zirone como con Kusidonchi. El 22 de agosto del 1976, un guardia lo sorprendió escribiendo y fue castigado. Lo golpearon, lo tuvieron desnudo y llegó la orden de Zirone de que lo llevaran a hablar con él. Esa fue la segunda vez que habló con Zirone, quien le dijo que "de acá en más se iba a tener que aguantar lo que venga". Luego fue llevado castigado a una celda que se encontraba debajo de la escalera y pudo ver una inscripción que decía "por acá pasó Daniel Gorosito". Medina señaló que "ahí pude corroborar que Gorosito —aún desaparecido— había estado aislado antes de ir al pabellón".

Zirone y Kushidonchi también están imputados en otra causa por su accionar estando al frente de la cárcel de Coronda, expediente que está en la etapa de testimoniales.
Fuente: la capital

miércoles, 3 de abril de 2013

Campo militar San Pedro

Todo es muy lento 
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

Uno de los querellantes en la causa que descubrió un enterramiento clandestino con ocho cuerpos -cinco de ellos ya identificados- en el campo militar San Pedro planteó la necesidad acelerar el ritmo de las investigaciones y ampliar el área de búsqueda ante la sospecha de que lugar era un centro de exterminio de la dictadura. "Nosotros hicimos la denuncia en marzo de 2007 y estamos en marzo de 2013, todo es muy lento. Vemos con preocupación que hasta ahora sólo se ha investigado un 20 por ciento del campo, que tiene una superficie de 2.000 hectáreas", dijo Jorge Castro, referente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

En junio de 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense descubrió una fosa común con los restos de tres mujeres y cinco hombres. Desde entonces, logró identificar a cinco: María Esther Ravelo, los esposos María Isabel Salinas y Carlos Alberto Bosso, Gustavo Adolfo Pon y la semana pasada a Oscar Wilkelman, todos secuestrados y desaparecidos en Rosario, entre agosto y septiembre de 1977. Falta aún devolver la identidad a una mujer y a dos hombres.

"Hemos hecho presentaciones ante el juez federal Nº 2, Francisco Miño, para que extienda la búsqueda en otros lugares más precisos, pero el resultado ha sido negativo. Por lo tanto, vemos con preocupación que hasta ahora sólo se ha investigado un 20 por ciento del campo, que tiene una superficie de más 2.000 hectáreas. Nosotros hicimos la denuncia en marzo de 2007 y estamos en marzo de 2013, nos parece demasiado lento", dijo Castro a Rosario/12.

"Creemos que con el carácter que tiene esta nueva identificación (de Wilkelman) se va cerrando el círculo: todos los enterrados en el campo de San Pedro son santafesinos", afirmó. "Le pedimos entonces a los familiares de desaparecidos que realicen la prueba genética de sangre, para que se puedan identificar los otros tres cuerpos que hasta el momento siguen como NN. ¿Por qué decimos eso? Porque Ravello, Pon, el matrimonio Salinas-Bossio y Wilkelman eran militantes) en la ciudad de Santa Fe, a pesar de que fueron secuestrados en otros lugares del país. Eso era muy común en la época de la dictadura militar, que a pesar de que se los secuestraba en otros lugares del país, se los traía a su lugar de militancia para quebrarlos, sacarle información y asesinarlos".

-¿La hipótesis de la querella es que los otros que faltan identificar serían santafesinos?

-Es una hipótesis porque ningún militar va a declarar y hacerse cargo de lo que hicieron. Por lo tanto, esta identificación del quinto cuerpo es la que nos da la pauta de que pueden ser santafesinos. De acuerdo a las declaraciones (del ex PCI, Eduardo) Constanzo y el testimonio que nos dejó (el cuidador del campo ya fallecido, Carlos) Castellanos, desgraciadamente, se corrobora que a determinados compañeros se los traía a su lugar origen y se los asesinaba.

-¿Ustedes creen que puede haber otros enterramientos?

-Sí, porque Castellanos fue muy claro en sus declaraciones. Dijo que cuando había enterramientos a él lo sacaban del campo y eso ocurrió varias veces en ese período. Lo sacaba el personal de Inteligencia del Ejército Argentino. Y también denunció tumbas solitarias. El otro elemento es que en 1984, cuando finalizaba la tarea de la Conadep, se encontraron restos de un zueco, una cadenita y un dedo, que en aquella época, se hizo la pericia que confirmó que eran restos humanos. Constanzo habló también del traslado desde Rosario de dos compañeros desaparecidos, una mujer, y un compañero, que llega muerto. Pero hasta que no se encuentren los cuerpos y se corrobore ese hecho, sólo es una hipótesis de investigación.

Además adelantó que le pedirá Miño que avance también en la imputación a los responsable de los crímenes.