Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Amelong: Ud. genocida no puede ser abogado

Medida contra el represor Amelong
Matrícula suspendida

 Por José Maggi

Desde Rosario

El Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Rosario, citado ayer en forma urgente por su presidenta, Isabel Fernández Acevedo, suspendió en forma provisoria la matrícula del represor Juan Daniel Amelong. La medida fue en respuesta a la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que días atrás revocó la decisión del mismo Colegio de cancelar la matrícula del ex militar condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. La medida es provisoria y fue apoyada por siete de los nueve miembros presentes.

El titular del Colegio de Abogados rosarino, Ignacio Del Vecchio, explicó que los integrantes del Tribunal de Etica volverán a reunirse en 10 de febrero para definir si la anulación de la matrícula de Amelong será definitiva. Del Vecchio analiza presentar, además, un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y recurrir a instancias superiores. Si es necesario llegará hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el tema.

De acuerdo con el titular del Colegio, para la suspensión de la matrícula del represor el Tribunal analizó la condena a prisión perpetua que pesa sobre Amelong por delitos de lesa humanidad, que aún no está firme porque fue apelada por su defensor.

En cuanto a la resolución de la Cámara Penal de Apelaciones que levantó la suspensión de la matrícula porque el caso no había sido analizado por el Tribunal de Etica del Colegio, Del Vecchio aclaró que “lo que hizo el directorio fue cancelar la matrícula y no suspenderla”.

El presidente del Colegio del foro local agregó que la determinación se tomó “no en base al caso concreto de la condena por delitos de lesa humanidad, sino en función de que los integrantes del directorio entendimos que el doctor Amelong no reunía los estándares mínimos para el ejercicio de la profesión en forma decorosa”.

“Nosotros somos un ente público no estatal y como tal la ley especifica que tenemos que velar por el decoro del foro”, abundó Del Vecchio con respecto a la decisión de Colegio de Abogados de Rosario.

Amelong fue condenado el año pasado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en una causa que ventiló los pormenores del terrorismo de Estado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu de Rosario y en la denominada Quinta de Funes.

El fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó también en aquella oportunidad al ex teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, al ex mayor Jorge Fariña y a los agentes civiles de inteligencia Walter Pagano y Eduardo Costanzo.

martes, 27 de diciembre de 2011

Levantaron la suspensión de un abogado condenado por crimenes de lesa humanidad

Represor matriculado

En Rosario, el Colegio de Abogados había suspendido a Daniel Amelong, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Pero la Cámara de Apelaciones revocó la decisión.

La Cámara de Apelaciones de los tribunales provinciales de Rosario levantó la suspensión de la matrícula de abogado que pesaba sobre el teniente retirado Daniel Amelong, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El tribunal revocó la decisión del Colegio de Abogados de esa ciudad, que le había suspendido la matrícula a Amelong, al responder a un recurso que había presentado el propio afectado. El fallo fue criticado por el titular del Colegio de Abogados, Ignacio del Vecchio, quien anunció que “es muy probable que se presente un recurso de inconstitucionalidad de la medida judicial”.

Los camaristas Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho consideraron que para suspender la matrícula de Amelong no hubo intervención o pronunciamiento del tribunal de ética en pleno del Colegio de Abogados, como lo exige la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia, y señalaron que los fallos que lo condenaron no están firmes. Ayer, Del Vecchio consideró que “la Cámara hizo una lectura demasiado estricta del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Además justificó la decisión del Colegio de Abogados de suspender la matrícula del condenado al señalar que la entidad “debe garantizar a la población que quien ejerza la profesión sea una persona ética”.

También cuestionó el fallo el diputado provincial de Santa Fe Eduardo Toniolli, del Frente para la Victoria, al decir que “es como habilitar a Mengele para trabajar de pediatra”. Toniolli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja de Santa Fe y querellante en el juicio en el que fuera condenado Amelong, señaló que “este sujeto fue condenado a perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados –enumeró–. Más allá de tecnicismos, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Colegio debe velar por el decoro del foro, y estamos en presencia de un genocida que, si no fue condenado antes, fue por obra de leyes anticonstitucionales como las de obediencia debida y punto final”.

El teniente Amelong fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF–1) a prisión perpetua a cumplir en cárcel común por delitos de lesa humanidad ocurridos en centros clandestinos que funcionaron en el Gran Rosario, durante la última dictadura cívico-militar. La sentencia, que también alcanzó al teniente coronel Pascual Guerrieri, al mayor Jorge Fariña y a los agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo, señaló que los represores fueron hallados culpables de homicidios “agravados por alevosía” y también por “persecución, tortura y desapariciones entre 16 y 24 oportunidades”. En el juicio se probó que Amelong, ex miembro de Inteligencia del Ejército, actuó en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Quinta de Funes y en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Estuvo imputado por los casos de Ariel Morandi, Susana Miranda, Hilda Cardozo y Raquel Negro, como así también por los secuestros de Ramón Verón, Juan Antonio Rivero, Adriana Arce y Olga Moyano.

Por otra parte, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Amelong el 24 de octubre a 13 años de prisión por el robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar Paraná. En el fallo, Amelong fue considerado coautor, junto a otros cuatro represores, de la sustracción de menores y supresión de la identidad. En septiembre pasado, durante una de las audiencias, Amelong mantuvo un diálogo antológico con Horacio Ballester, militar retirado y miembro del Centro de Militares para la Democracia (Cemida). En su condición de abogado, el represor fue autorizado a preguntar e inquirió a Ballester si conocía el artículo que establece las responsabilidades de superiores y subalternos, así como el cuadro de organización militar y de inteligencia. “Un subalterno no está obligado a cometer una acción ilegal, el militar no es un cumplidor de órdenes robóticas y responde a su conciencia”, dijo Ballester. Hubo aplausos en la sala.


Un represor con chapa de abogado

Aunque Amelong fue condenado por delitos de lesa humanidad en las causas Guerrieri y Hospital de Paraná, la Cámara entendió que no están firmes los fallos por lo que corresponde devolverle la matrícula para ejercer. El Colegio de Abogados apelará.

 Por José Maggi

El represor Juan Daniel Amelong podrá ejercer como abogado, luego de que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Penal revocara la decisión del Colegio de Abogados de Rosario de cancelar su matrícula. La justicia entendió que no se dieron dos supuestos que debieron respetarse: que el Tribunal de Etica del Colegio se expidiera, o que la condena a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad estuviese firme, que en este caso está a revisión de la Cámara de Casación. El presidente del Colegio Ignacio del Vecchio prometió llegar hasta la Corte nacional, y convocó de urgencia a la comisión directiva para el jueves. El diputado provincial kirchnerista Eduardo Toniolli, criticó el fallo: "Es como si se le hubiese permitido al criminal de guerra nazi Josef Mengele a ejercer la pediatría".

Del Vecchio aclaró que citó a una reunión de urgencia para el próximo jueves porque "si bien como presidente repito esta función, hay distintos miembros que me acompañan en esta gestión por lo cual si bien llevo una posición personal muy clara de apelar el fallo, vamos a resolver una postura institucional".

El presidente del Colegio opinó "la Sala IV ha tomado en forma excegética la ley orgánica del Poder Judicial y no lo ha hecho en forma integral". Si bien reconoció que el Tribunal de Etica no se expidió, argumentó que desde el Directorio trataron "de enaltecer el concepto público de la abogacía asegurando a la población que quienes ejercen la función tienen los canones mínimos a nivel ético". "Debíamos cancelar la matrícula para decirle a la población que este matriculado no tenía los valores éticos para ejercer la profesión", agregó.

Por su parte Vildor Garavelli, ex miembro de la comisión directiva del Colegio y uno de los profesionales que mas impulsó la decisión de cancelarle la matrícula al ex militar, explicó: "La calidad de los delitos que se le imputaban a Amelong y la cantidad de homicidios, secuestros y torturas en las causas Guerrieri y Hospital de Paraná, eran de tal magnitud que el Colegio de Abogados tenía facultades desde el punto de vista administrativo para suspender su matrícula".

En tanto el diputado y querellante en la causa Díaz Bessone, Toniolli, criticó el fallo porque "este sujeto fue condenado a perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados cometidos durante la última dictadura cívico militar", por lo que entiende que "dejarlo ejercer como abogado sería como habilitarlo a Mengele para trabajar de pediatra".

El presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja agregó que "más allá de tecnicismos la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Colegio debe velar por el decoro del foro, pero estamos en presencia de un genocida que si no fue condenado antes fue por obra de leyes anticonstitucionales como las de Obediencia Debida y Punto Final".

Por su parte Vildor Garavelli, opinó ayer que "el fallo (de la Cámara) podía estar dentro de las posibilidades. Uno de los temas que se debatió en el directorio planteaba que había que esperar que la sentencia sea o no definitiva. Y lo que la Cámara Penal plantea que no se respetó la doble instancia. Es decir que rige el principio de inocencia hasta que se dicta sentencia definitiva".

Garabelli recordó que cuando el directorio del Colegio tomó la decisión de quitarle la matrícula a Amelong, "lo hizo para dar un ejemplo claro. Nosotros no avalábamos tener asociada a una persona condenada por esos delitos. Además no hubo de parte de Amelong ningún arrepentimiento".

Amelong "hizo una encendida defensa del terrorismo de Estado. Desconoció al tribunal que lo juzgaba. Tuvo epítetos agraviantes hacia los abogados de las otras partes. Estaban dadas las situaciones".

"Consideramos que una vez salida la sentencia, podíamos intervenir quitándole la matrícula. No es una cuestión meramente administrativa. Hubo una evaluación ética, jurídica y política y tomamos la decisión", apuntó Garabelli.

lunes, 26 de diciembre de 2011

Videla asume las órdenes de todos los delitos cometidos en el ex Servicio de Informaciones

El mayor responsable también responde

El ex presidente de la dictadura desconoció la autoridad de la justicia civil y asumió haber dado las órdenes de todos los delitos cometidos en el ex Servicio de Informaciones cuando Agustín Feced era el interventor de la policía rosarina.

 Por José Maggi

La causa Feced sigue avanzando. El martes 20 de diciembre en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín se constituyeron el juez federal Marcelo Bailaque, instructor de la causa y el fiscal Gonzalo Stara, con el objeto de tomar declaración indagatoria al responsable máximo de la implementación del plan genocida desplegado durante la última dictadura militar, el primer dictador que usurpara el pode estatal el 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla. "La indagatoria de Videla pone en su justa medida las responsabilidades de los llamados autores de escritorio. Hoy decimos que deben ser juzgados no sólo aquellos que ejecutaron de propia mano las órdenes genocidas, sino y fundamentalmente, aquellos que idearon y dictaron las órdenes a los mandos inferiores", indicó Stara.

Luego de 27 años de trámite, durante los cuales la causa avanzó fundamentalmente sobre la responsabilidad de los autores materiales, llegó el turno de los autores mediatos, cuyo emblema máximo es por supuesto, el mismo Videla, en lo alto de la pirámide de los responsables-ejecutores integrantes de las fuerzas armadas. Las responsabilidades eclesiásticas se empiezan a develar a partir de la figura del ex capellán de Feced, Eugenio Zitelli. Pronto llegará el turno de los cómplices civiles.

Videla fue imputado de "haber formado parte, en su carácter de comandante en jefe del ejército argentino y presidente de la junta militar de un grupo de personas que operaron en la época del gobierno de facto instaurado a través del llamado proceso de reorganización nacional, en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, secuestros, torturas y desaparición física, homicidios, de personas que integraban movimientos o agrupaciones tildadas de realizar actividad subversiva, y concretamente haber intervenido, en ese mismo carácter en privaciones ilegítimas de la libertad mediando violencia y amenazas, tormentos y homicidios de un centenar de víctimas".

Entre los casos figuran los de Stella Maris Hernández, Carlos Pérez Risso, Elías Carranza, Laura Hanono, Marta Bertolino y su esposo Oscar Manzur, Las familias Girolami y Marciani, Liliana Gómez, Mirta Castellini, Elida Deheza, Juana Bettanín, Laura Ferrer Varela, María Inés Nené Luchetti de Bettanín, Marisol Pérez, Daniel Farías, Analía Minetti, los siete militantes asesinados en la masacre de Los Surgentes, Daniel Gorosito y Rut González, entre muchos otros, todos hechos ocurridos en el ex servicio de informaciones de la policía de Feced.

Párrafo aparte merece la imputación a Videla de su responsabilidad en la privación ilegítima de La libertad mediando violencia y amenazas y la desaparición física del abogado César Tabares, quien fuera director de institutos penales durante el gobierno de Héctor Cámpora, cuando Silvestre Begnis gobernaba Santa Fe, célebre por negarse a aplicar un régimen más duro a presos políticos, honrando un cargo que fundamentalmente representa la conducción de un civil del servicio penitenciario, el mando de la política votada por el pueblo por sobre las corporaciones.

La respuesta de Videla representa una síntesis del cinismo a gran escala. Al margen de negar los hechos que se le imputan se limitó a afirmar, que "desconocía la competencia de la justicia civil, dado que solo reconoce competente al Consejo Supremo de las fuerzas armadas para juzgarlo". Por lo demás manifestó que ya fue juzgado por todos los hechos en la causa 13.

Finalmente afirmó que "asumía en plenitud su responsabilidad castrense mientras fue comandante en jefe del ejército, descargando de toda responsabilidad a sus subordinados, que se limitaron a cumplir las órdenes por él impartidas, ajustando su accionar a las directivas 1/75 y a los decretos presidenciales declarados inobjetables por el consejo supremo de las fuerzas armadas".

Se espera ahora que el juez Bailaque, al momento de resolver la situación procesal de Videla, dé el primer paso para sentarlo en un juicio oral por la responsabilidad que le cabe en relación al centro de detención y exterminio existente en el Servicio de Informaciones de Rosario.

jueves, 22 de diciembre de 2011

Rosario : Escrache a represor en libertad

COMUNICADO DE PRENSA

Compañeros de organizaciones de DDHH, políticas y sociales que nos oponemos a la máxima que algunos han acuñado y que dice que "el que entró víctima, sale víctima", respondiendo fielmente a las instrucciones que el gobierno nacional da a sus fiscales para que no acusen a los traidores que se pasaron al bando enemigo, decidimos terminar el año con una jornada de señalamiento público con volantes y afiches explicativos sobre un asesino que mientras está siendo juzgado por la justicia federal por delitos de lesa humanidad, se pasea libremente por las calles rosarinas.

Nos referimos a Ricardo "Cady" Chomicki, ex militante en la década del 70, lacra que a poco de ser detenida, se pasó con armas y bagajes al enemigo y salió de su mano a cazar, torturar y desaparecer a sus antiguos compañeros.

Los que no optamos por la ambigüedad y el debate a la hora de condenar la traición (como si hubiera que debatir si Chomicki es un asesino o no) fuimos al bar donde toma café todos los días, al minimarket de su propiedad  y recorrimos las calles del barrio donde se mueve, advirtiendo a los vecinos sobre la presencia del represor integrante de la patota de Feced y como tal encargado de marcar compañeros, secuestrarlos, torturarlos, violarlos, matarlos y hacerlos desaparecer.

Luego nos dirigimos a los tribunales federales y cuando salió en el camión de traslado de gendarmería, le gritamos todo lo que se merece intentando ser la voz de tantos compañeros…

La respuesta positiva de los vecinos hacia el ESCRACHE fue inmediata y reafirma lo que sostenemos desde hace tantos años los que buscamos incansablemente el  repudio social :  
SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO

lunes, 19 de diciembre de 2011

Identificaron los restos de estudiante secuestrada por la dictadura militar

María Victoria que estaba enterrada como NN en Andino

El trabajo del Equipo de Antropología Forense permitió establecer que era el cuerpo de María Victoria Gazzano Bertos.

Por José Maggi

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a una joven asesinada durante la última dictadura y que estaba enterrada como NN en el cementerio de Andino. Merced a un trabajo de investigación previo Miguel Nievas aconsejó a la fiscal federal Mabel Colalongo que las huellas dactilares de una mujer que apareció acribillada a balazos en un camino de Andino, fueran cotejadas con las de María Victoria Gazzano Bertos, una estudiante de Arquitectura de 21 años, que fuera secuestrada en setiembre de 1976. El expediente de Gazzano Bertos, que comenzó con al denuncia de su prima María Luz Pierola, estuvo años sin avanzar en la fiscalía federal Nº 1. La demora trajo además, una tragedia anexa: su padre José Alejandro Gazzano falleció solo unos días antes que la justicia federal le informara el hallazgo de los restos de su hija. La fiscal Colalongo debió relatarle la novedad, a su madre que se llama -curiosamente- Argentina, Lidia Argentina Bertos. En este sentido la fiscal Colalongo remarcó que "hace falta sensibilidad y compromiso genuino con estos temas más que conocimiento, porque a veces la gente habla muy bien de su compromiso, el tema es cuando en la práctica ese compromiso es genuino, y esto en Rosario es bastante complicado. Las discusiones, las peleas , las competencias, y no estamos hablando del enemigo, porque se supone que estamos todos del mismo lado, y en muchos casos, pareciera que no es asi".

María Victoria Gazzano Bertos tenía 21 años el 14 de setiembre de 1976 cuando fue secuestrada fue inhumada como NN en el cementerio de Andino. El hecho conmocionó al pueblo porque la aparición del cuerpo coincidió con la desaparición de una joven de similar edad, con quien fue confundida, hasta que obviamente la joven retornó a su hogar, y Maria Victoria, fue enterrada como NN.

Miguel Nievas explicó que esta causa tuvo inicio "en 1976 cuando apareció un cuerpo de una mujer joven acribillado a balazos a la vera de camino cerca de la localidad de Andino. Esto surge a través de un relevamiento que se hizo en el 2005, cuando a través de un relevamiento de los libros de la comisaría de ese lugar se supo de la aparición de este cuerpo. A raíz de esto se empezó a investigar y se formó una causa judicial, tras lo cual se concretaron excavaciones que no arrojaron resultados. Dentro de este expediente se había solicitado al juzgado de instrucción Nº 13 ( de la justicia provincial) que había intervenido en su momento, que remitiera la causa de hallazgos NN, trámite que fue negativo hasta que en el año 2010, hubo un cambio en el juzgado y apareció el expediente de 1976 con las huellas correspondientes a esa persona que había aparecido acribillada a balazos" dijo Nievas.

A raíz de ese expediente, la fiscal Colalongo me consultó los pasos a seguir y les recomiende que envíen las huellas a la División Dactiloscopía de la Prefectura, y que las comparen con las de María Victoria Gazzano. En enero de 2011 llegó la identificación y fueron concordantes, hasta que en mayo de 2011, hicimos la excavación en el cementerio de Andino, porque estaba inhumada allí".

Allí había llegado luego de ser secuestrada en un Ford Falcon verde desde donde la apuntaron, sin alcanzar a reaccionar porque un grupo de hombres vestidos de civil se le abalanzaron y la empujaron dentro del vehículo.

A las 5 de la mañana del día siguiente, un grupo de uniformados que se presentaron como "de la policía" irrumpieron en la casa familiar, enfrente del Parque Gazzano, en Paraná, y se llevaron a su padre y su hermano, que era militar. Estuvieron un rato revolviendo la casa. La dieron vuelta. Al mediodía, cuando ya no estaban, una voz en el teléfono le advirtió a la madre de María Victoria lo que había pasado en Rosario, sin saber que para esa hora ella ya estaba muerta.

"Había nacido en Paraná el 26 de agosto de 1955 y era la mayor de dos hijos de José Alejandro Gazzano y Lidia Argentina Bertos. Su padre era uno de los 29 nietos del fundador del parque que lleva su apellido y uno de los preferidos de aquel italiano que llegó cargado de sueños, vivió 96 años, formó familia, un barrio, un parque y mantuvo siempre vivo el espíritu de niño. Heredó de él algo más que esos rasgos de mujer alta, de contextura grande, regordeta, piel blanquísima, cara redonda, frente amplia, grandes ojos pícaros ávidos de mundo, sonrisa permanente y cabellos negros, lacios, largos" según la describió en una rápida biografía el periodista Juan Cruz Varela.

María Victoria era parte de esa generación. Las influencias de su formación religiosa y las inquietudes por los conflictos sociales terminaron marcando sus rasgos de personalidad: inquieta, lúcida, ávida de conocer y ayudar.

sábado, 10 de diciembre de 2011

Encuentro nacional de familiares de víctimas de diciembre 2001

Imágenes de tristeza infinita

Hijos, hermanos, tíos, pero sobre todo padres de los fallecidos de más de cinco provincias compartieron sus experiencias en La Siberia. "Creí que la represión había terminado en el `83, pero no: estaba escondida y apareció en 2001", dijo uno de ellos.

 Por Lorena Panzerini

"Diez años de lucha, diez años de impunidad. Justicia", fue la frase más resonante ayer, durante la segunda jornada del Primer Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas de Diciembre de 2001, fecha en la que durante dos días hubo más de 35 muertos por la represión en todo el país. Hijos, hermanos, tíos, pero sobre todo padres y madres de los fallecidos de más de cinco provincias compartieron sus experiencias con los allegados de esas personas que ya no están pero que lograron unirlos para recordar. "Esta era la voz de Sergio (Sánchez), mi amigo", dijo una joven con lágrimas en los ojos, y se acercó al centro de la ronda que se formó en la Plazoleta de la Memoria, en La Siberia, para hacer crujir un puñado de hojas secas, ante la propuesta de buscar elementos en la naturaleza, que recuerden a cada uno de los seres queridos. El encuentro finaliza hoy con las conclusiones sobre las charlas de reflexión. En tanto, el lunes 19, a las 18, la marcha por los diez años de aquellos hechos que marcaron la historia del país, saldrá de la plaza San Martín para llegar al Monumento a la Bandera, donde habrá un acto para recordar a las víctimas.

La imagen era de una tristeza infinita: cajas y cajas de pañuelos tiradas en el piso. Alrededor, en una suerte de fogón imaginario, cada familiar contó su historia, la historia de su pérdida. La palabra justicia se escuchó en cada uno de los relatos. Justicia que reclaman hace diez años, pero que no ven llegar. "Todos fuimos víctimas del mismo criminal", resumió el padre de David Moreno, asesinado en Córdoba, a manos de la policía, cuando tenía tan solo 13 años.

Como Eloisa Paniagua, de Entre Ríos, que siendo todavía una niña murió abrazada a un paquete de fideos, mientras buscaba alimentos para sus hermanos más chicos, a quienes cuidaba desde que murió su mamá. Ayer, cuando su tío Jesús se presentó, para hablar sobre Eloisa, se refirió a ella como un ángel, pero no pudo continuar. La foto de la nena en sus manos lo quebró: la miró y ya no hicieron falta las palabras. Más tarde, casi recuperado, dijo: "Creí que la represión había terminado en el `83, pero no: estaba escondida y apareció en 2001". Para Jesús, "el verdadero problema es que estén sueltos los autores intelectuales de esa masacre; pero están libres, como si nada hubiera pasado", se quejó.

Diez años después del 19 y 20 de aquel diciembre --que precedió la caída de la presidencia de Fernando de la Rúa-- está latente el espíritu de lucha, que se alimentó durante este fin de semana largo para homenajear lo que fueron en vida niñas y niños, mujeres y hombres que perdieron la vida, "se las robaron", mientras reclamaban al Estado una vida mejor.

La actividad tuvo lugar en la Facultad de Psicología de Rosario. Hasta allí llegaron familiares de Córdoba, Neuquén, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires y otras localidades cercanas. La jornada tuvo que ver con conocerse entre sí, y saber cómo eran en vida las víctimas. Además, hubo debates, intercambio de experiencias particulares de cada uno de los asistentes y reflexiones sobre la lucha y los pedidos de justicia. "Creemos que la justicia no se busca solo donde duerme el olvido tribunalicio. La justicia se construye con la memoria de los que entregaron y trabajaron por una vida en dignidad", señalaron los organizadores.

El momento más emotivo del encuentro sucedió pasado el mediodía, en la Plazoleta de la Memoria, justo frente a la facultad. Rodeados de árboles, sol y brisa, cada familia eligió un elemento de la naturaleza. Para representar a Gastón Riva, de Ramallo, sus padres eligieron dos plumas. "Le damos las alas a Gastón, porque a él le gustaba ser libre". Celeste, la hermana de Claudio "Pocho" Lepratti, que fue asesinado mientras pedía a la policía que no disparara hacia el comedor comunitario donde comían decenas de chicos, juntó varias ramitas y las unió en el suelo. "Pocho era como un fogón, porque lograba reunir a la gente: era un facilitador de encuentros. Nosotros no tenemos que dejar que este fuego se apague", dijo. También hubo piedras para representar la fortaleza; hubo hojas y agua.

La idea de los organizadores del encuentro, tuvo que ver con no olvidar "la serie de acontecimientos que dieron vuelta la vida de los argentinos y que nos marcaron para siempre". En ese sentido, recordaron que en la provincia de Santa Fe, durante las jornadas del 19 y 20, hubo

nueve muertos, "siete de ellos a manos de la policía". Sin embargo aseguraron que "es triste" que no haya una lista nacional que contenga a todos los fallecidos a causa de las dos jornadas trágicas.

Todos los familiares coincidieron en que "a diez años es necesario encontrarse para hablar de cómo nos sentimos, de cómo han sido estos años para cada uno de nosotros, de reflexionar sobre cómo continuar la lucha". Durante la reunión hubo reclamos de Justicia, pero también de "cumplimiento de las responsabilidades por parte del Estado".

Hugo Blasco, secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) nacional, dijo que "el Estado es el asesino de los compañeros y compañeras muertos". Gustavo Martínez, de la CTA local, agregó: "Nadie del Estado se hizo cargo de esto, pero no como un resarcimiento, sino como una responsabilidad, para quebrar con la impunidad".

jueves, 8 de diciembre de 2011

Perpetua al coronel González

Fue el primer interventor de la dictadura en la provincia de Santa Fé.

El Tribunal Oral y Federal de Santa Fe lo condenó por la desaparición del militante Mario Osvaldo Marini y el secuestro de su esposa, Ana María Cavadini. Hasta que el fallo quede firme cumplirá la pena en su domicilio. "Se hizo justicia", dijo Ana María.

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe "Un fallo histórico", lo calificaron una y otra vez. El Tribunal Oral de Santa Fe condenó ayer a prisión perpetua al coronel José María González, el ex jefe del Area 212 que la madrugada del 24 de marzo de 1976 copó la Casa Gris al mando de tropas golpistas y asumió como el primer interventor de la dictadura en la provincia. 
 
Lo condenó por la desaparición del militante peronista Mario Osvaldo Marini y el secuestro de su esposa, Ana María Cavadini, en diciembre de 1975, en una casita cerca de la cancha de Colón, donde ambos vivían con su bebé de un mes y medio. Es el primer militar que llegó a juicio por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe y el primer sentenciado a la pena máxima por tres cargos: "allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio doblemente calificado", aunque -hasta que el fallo quede firme" cumplirá la pena en su domicilio. "Se hizo justicia", dijo Ana María, mientras uno de sus compañeros levantaba la foto de su esposo desaparecido, el 9 de diciembre de 1975. Y ella asoció las fechas: mañana se cumplirán 36 años desde la última vez que lo vio con vida, cuando un grupo de tareas del Area 212 copó su casa, la secuestró a ella y a su niño, esperó en la oscuridad y se llevó a Mario. 
 
El veredicto se conoció al mediodía. Afuera, el sol pegaba fuerte a una muchedumbre que seguía la audiencia por dos pantallas de TV, entre cánticos y banderas. El presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, se encargó de leer punto por punto. Lo secundaban sus colegas María Ivon Vella y Lilia Carnero, jueza del Tribunal Oral de Paraná. Y cuando anunció la "prisión perpetua", una explosión de gritos y aplausos ganó la calle. "Olé, olá. Como a los nazis la va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar", cantaron los más jóvenes. Escobar Cello siguió con la lectura y anunció que los fundamentos de la sentencia se publicarán el 16 de diciembre. Pero antes de terminar el acto, la jueza Carnero aprovechó para reprocharle al abogado de la defensa, Carlos Triolo, porque en su alegato se dirigió en todo momento al "señor presidente" y no al Tribunal integrado también por dos mujeres. "A los alegatos los recibe el Tribunal, no sólo el presidente, que dirigió correctamente esta audiencia", dijo Carnero. Y quedó claro que era un reto por omisión de género. En la calle, seguían los cánticos: "Cárcel común perpetua y efectiva para los genocidas que andan sueltos por las calles argentinas". Ana María Cavadini fue una de las primeras en salir del Tribunal. "La verdad que este fallo nos hace creer y confiar más en la justicia. Estamos muy contentos, muy conformes", dijo. Tenía los ojos iluminados. Y agradeció el testimonio de los compañeros de Marini y de ella que declararon en el juicio. "Fueron muy contundentes, tenía mucha esperanza que ésta sea la sentencia y, por suerte, se concretaron mis ilusiones", agregó. El abogado querellante Guillermo Munné coincidió. "Es un sentencia trascendente, muy importante", dijo, mientras hacía un esfuerzo para contener el llanto. Lo logró a medias. Porque era una emoción compartida con su colega de la querella, Lucila Puyol y muchos otros. "Esto es por la memoria de Marini, por el reclamo de justicia de tantos años de Ana Cavadini y de su hijo Germán. Por todos los compañeros y compañeras de Mario que testimoniaron en el juicio. Y por todos los argentinos que reclamamos un país sin impunidad", agregó Munné. "Se trata de un fallo trascendente. Que el genocida golpista de Santa Fe tenga que dar cuentas en la justicia de la democracia y reciba la peor condena de nuestro país: la prisión perpetua, es histórico. Esperemos que también la hagan efectiva, en el único lugar donde se puede controlar, que es la cárcel común", dijo Munné. 
"Acá tuvo que comparecer como acusado el hombre que reinaba sobre la vida, el cuerpo, la libertad de tantos militantes de 1975 y 1976, el autor de tantos crímenes horrorosos, el responsable de que el padre de Germán Marini y el esposo de Ana Cavadini no esté vivo ni se sepa donde están sus restos. Nos parece muy trascendente que este hombre fuerte del terror de estado, esté ahora, con todas las garantías del derecho de defensa, juzgado y condenado a prisión perpetua. Respetamos su derecho a la salud y a la asistencia médica, pero debe cumplir la condena en una cárcel común", insistió Munné. González tiene 82 años. Puyol ponderó "la primera condena a perpetua a un genocida" por "la contundencia de los testigos que se escucharon en el juicio, especialmente las compañeras de detención de Ana María Cavadini y los compañeros de Mario Marini que dieron testimonio de la persecución que vivían sobre finales de 1975. Y la trascendencia de la figura de González, que fue el primer hacedor del terrorismo de estado y el primer interventor de la dictadura en la provincia. Es el primer caso de un militar condenado en Santa Fe porque (el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando) Rolón y (el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Domingo Manuel) Marcellini murieron antes de llegar a juicio", concluyó la abogada.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

El juicio a González, gobernador dictatorial

 Por HIJOS Regional Santa Fe

Hoy a las 10 de la mañana, se conocerá la sentencia al genocida José María González. En las últimas jornadas de juicio, escuchamos a la querella y la fiscalía alegar contra el genocida González. Ambas partes coincidieron en la necesidad de cambiar la calificación que se

sostuvo durante la instrucción. La desaparición de Mario Marini, había sido tenida como "homicidio simple", que fijaría un límite de condena de 25 años de prisión por todos los hechos que se le imputan a González en esta causa, sufridos tanto por Mario Marini como por su esposa Ana Cavadini. Con la nueva representación de la querella para el juicio oral, se requirió condena por "homicidio agravado" sosteniendo la única condena para este tipo de delitos: prisión perpetua.

En estas históricas jornadas, escuchamos la enumeración de las contundentes pruebas que pesan contra tan infame genocida, que se desempeñó como máximo jefe militar de la persecución asesina a los militantes en Santa Fe durante 1975 y 1976.

Nuestra querella pidió: prisión efectiva en cárcel común. La llamada "prisión domiciliaria" deja a los condenados por estos crímenes, en el señorío de su hogar y no tienen ninguna forma satisfactoria

de control de cumplimiento. Los responsables de esos delitos participaron de extensas y complejas organizaciones, sin depender de su fuerza física personal para cumplir sus planes criminales. Estos comandantes de los grupos de tareas conservan todas sus facultades con las que perpetraron las atrocidades del terrorismo de Estado.

Solicitamos se condene a José María González, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, como autor de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, humillaciones, maltratos, privación ilegítima de la libertad, reducción a tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de defensa en juicio en perjuicio de Ana María Cavadini. Y autor de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de la violencia, homicidio calificado, desaparición forzada de persona en perjuicio de Mario Osvaldo Marini, todo en el marco del Genocidio perpetrado en nuestro país.

Por eso, señores Jueces. Por nuestros 30.000 desaparecidos, pedimos justicia. Por nuestros muertos, justicia. Por nosotros, sus hijos, justicia. Por la dignidad de los pañuelos blancos de las madres, los testigos y los sobrevivientes, justicia. Por Ana María, Germán y Mario Osvaldo, pedimos justicia. Por el futuro, por nuestro pueblo, solo eso, justicia.

La jerarquía eclesiástica, hasta las manos, en el secuestro y asesinato del abogado Tabares


Citan a indagatoria a Zitelli y Cía

El fiscal federal Gonzalo Stara pidió que se cite a declaración indagatoria a Eugenio Zitelli, Jorge Rafael Videla, Ricardo Corrales, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Scortechini, Ramón Vergara, entre otros por el secuestro y asesinato de César Raúl Tabares ocurrida en 1977. Completan la lista Lucio Nast, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Héctor Fermoselle, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitía, Diego Portillo, Pedro Travagliante y Eduardo Dugour.

De la declaración de su esposa Alicia Ferrero surge que la víctima fue secuestrada en la vía pública, en la madrugada del 6 de enero de 1977 cuando se dirigía a su auto luego de haberse despedido de su socio del estudio jurídico, Oscar Di María, con quien momentos antes había tomado un café en la confitería del hotel Majestic, San Lorenzo y cortada Sargento Cabral.

En la búsqueda por su paradero emprendida por su madre y su esposa, logran saber por medio de los doctores Di Maria y Mezio, que Ricardo Corrales "quien había hablado con Antonio Rodenas" les dijo que Tabares estaba detenido en Jefatura y que se esperaba que de un momento a otro se lo blanqueara.

El fiscal Stara remarcó que "no solo Corrales informa que estaba en Jefatura, sino también, todas las otras averiguaciones extraoficiales efectuadas por sus familiares, indicaban que la víctima estaba allí, más precisamente, en el pozo, que no es otro que el Servicio de Informaciones".

También lograron entrevistarse con el entonces arzobispo Bolatti, sin obtener respuesta alguna. Sus familiares recuerdan que uno de los que decían o afirmaban que Tabares estaba muerto, era el jefe de la Alcaidía, el comisario Jorge Atui. Otro, era el cura Zitelli, quien se lo había dicho al padre Rafael Cantilo y éste último a la esposa de Tabares.

Merecen especial atención, los sucesos que involucran a Zitelli, ya que éste, además de intervenir en las primeras "secuencias del plan sistemático (secuestro, torturas y posterior desaparición), lo hace en la última, esto es, el ocultamiento de todo rastro de los delitos cometidos a fin de generar en los familiares de las víctimas desesperanza".

El secretario de Feced, el represor Ricardo Corrales, ahora se hace el tarado

"Quiero decir que no coordino"

Ricardo Corrales se negó a responder preguntas argumentando que tenía "una nebulosa terrible en la cabeza" y que se quería "morir". Su detención, fue un reclamo largamente postergado de los sobrevivientes y los familiares.

 Por José Maggi

Ricardo Corrales, quien fuera secretario privado del interventor policial Agustín Feced durante la última dictadura se entregó ayer a la justicia federal. El ex policía prestó ayer declaración indagatoria y se negó a responder preguntas argumentando que tenía "una nebulosa terrible en la cabeza" y que se quería "morir". Negó las imputaciones en su contra (31 secuestros, 131 casos de secuestros seguidos de torturas, 16 desapariciones y 10 homicidios) y se declaró "muy católico apostólico romano". Corrales estaba prófugo de la justicia desde el 18 de noviembre pasado cuando no pudo ser ubicado en el domicilio legal que había fijado en Paraguay 1440 2 C, luego de haber declarado como testigo en la causa Díaz Bessone, hace seis meses. Sobre el hombre de confianza de Feced se cuenta una historia con ribetes novelescos: sería el custodio de una arma de fuego con la su jefe daba muerte a su enemigos, así como del mentado álbum de fotos con los cuerpos de los militantes asesinados.

El fiscal federal Gonzalo Stara, que había pedido su detención, expresó que "la indagatoria de Corrales representa un avance significativo en el trámite de la causa. La figura del secretario privado de Feced es un emblema de la represión ilegal en nuestra zona y su detención un reclamo largamente postergado de los sobrevivientes y los familiares".

Corrales declaró: "He trabajado en la secretaría privada, no recuerdo el tiempo, ni el mes del año. Esa es la verdad, mi deber era recepcionar todos los procedimientos en la faz policial. No obstante tenía que transmitir sobre la persona que viniese a preguntar por personas que estaban detenidas... tenía que comunicarle al interventor de represión. Así fue transcurriendo el tiempo, alguna persona que preguntaba por algún detenido. Primero si es asunto policial le comunicaba al subjefe de policía, todo lo concerniente a la policía. Cuando venía alguna persona a preguntar si alguien estaba detenido en forma reiterativa, yo iba golpeaba la puerta y le decía al interventor que estaba fulano y que quería hablar con él, y el me decía: 'yo no atiendo a nadie'. Entonces yo iba, decía 'perdone, el jefe me dijo que vaya a preguntar a otro lado', que no me había dicho nada, eso decía yo al que venía a preguntar. En realidad algunas veces, me decía que quería que pase y otras veces, me decía que no lo quería atender. El interventor me decía estas palabras: 'hágalo pasar'".

Y agregó: "Tengo una nebulosa terrible en la cabeza, me sube la presión, no me acuerdo de nada. Yo le puedo asegurar que lo que me han hecho es una injusticia terrible. No quiero decir más nada porque me siento muy mal. Quiero decir además que no coordino, se me hace una nebulosa en la cabeza, no estoy en condiciones de hablar más, me quiero morir lo antes posible, me han hecho muchos problemas solo por estar en la secretaría privada, pero le juro que yo soy muy católico apostólico romano, me crié desde los ocho años en el Colegio San José, viví una vida de muy chico y no estoy en estado de continuar. Por culpa de la secretaría privada. No puedo coordinar (sic)".

Luego de la indagatoria, y a pesar de haber eludido la acción de la justicia durante casi un mes, Corrales fue beneficiado por su edad con la detención domiciliaria, luego de fijar nuevo domicilio.

lunes, 5 de diciembre de 2011

El ex portero Gato Andrada, agente de inteligencia durante la dictadura

"Trabaja con dedicación exclusiva"

Así figura en el legajo del ex arquero de Central y miembro del equipo de Inteligencia del destacamento 121 durante la dictadura. Andrada es investigado por los asesinatos de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.

 Por José Maggi

"Su figura de ex arquero de Rosario Central, concita adhesiones y confianza especialmente en los barrios de trabajadores lo cual facilita su penetración al objetivo impuesto. Si bien su edad supera el límite establecido, su potencialidad de penetración y capacidades personales, hacen sumamente beneficiosa su integración a esta unidad, viéndose justificada la proposición de su nombramiento". El texto pertenece al legajo de Edgardo Norberto "Gato" Andrada, agente de inteligencia del Destacamento 121 entre 1981 y 2000. En el mismo hay varias frases impactantes: Al calificar su desempeño entre Mayo y Octubre de 1983 el Capitán Víctor Hugo Rodríguez dijo que "PCI (Personal Civil de Inteligencia) posee una variada red de informantes. Es de destacar su espíritu de colaboración y contracción al trabajo. Trabaja con dedicación exclusiva". El 13 de mayo de 1983 Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi fueron secuestrados del bar Magnum de Córdoba y Ovidio Lagos. La última semana el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo debía decidir la situación procesal de Andrada, pero al vencer el plazo sin novedades, el fiscal federal Juan Patricio Murray presentó un pedido de pronto despacho reclamando una definición.

El legajo de Andrada -microfilmado y analizado por la justicia- arroja varias "perlas": Su apellido y nombre de cobertura es Antelo Eduardo Néstor, con fecha de alta Noviembre de 1981, cargo Agente "S".

"Lo presentó el Teniente Coronel Jorge Roberto Diab del Servicio de Inteligencia del Ejército (brinda como domicilio Oroño 885) el 25 de agosto de 1981. Lo conoce desde el año 1975 por tener amistad. Andrada jura guardar lealtad y fidelidad a la patria y guardar el secreto más absoluto en el desempeño de sus funciones y tareas ante Luis Américo Muñoz en fecha 1 de marzo de 1982.

Entre las "Conclusiones" se consigna: "con predisposición natural y/o adquirida para fuente de investigaciones y/o agente reunión ámbito político". Fechado en Buenos Aires el 27 de octubre de 1981. Firman: el interesado y el teniente coronel César Ariel Volpe.

En otro apartado del "Informe especial para el personal que realiza cursos" puede leerse que fue preparado en Inteligencia y Contrainteligencia; Subversión y contrasubversión; Explosivos;Técnicas de apoyo; Acción psicológica; Normas legales; Legislación del PCI; Ejercitaciones prácticas en el ámbito externo". El promedio de estudios fue 8.30 y resultó número 17 entre 40 agentes. Su concepto: excelente y esta firmado por Vicente L. Pisani y Horacio Gerez.

La primera Foja de Calificaciones data de Noviembre de 1981 hasta Diciembre de 1982 e interviene en la misma el Capitán Víctor Hugo Rodríguez :"Agente dotado de entusiasmo para el desempeño de sus funciones específicas. Debe continuar su esfuerzo para lograr mayores resultados".

En su segunda foja de calificaciones "desde Mayo de 1982 hasta Abril del año 1983 fue calificado por el Capitán Víctor Hugo Rodríguez. quien apuntó :"PCI que tiene posibilidades para sobresalir, para lo cual deberá centrar su esfuerzo para elevar su rendimiento en el proceso de reunión de información. Se solicita su confirmación en el cargo".

Por su parte el Teniente Coronel Muñoz / segundo jefe del Destacamento 121 ) señaló ": Por sus condiciones puede llegar a ser un excelente PCI, debe poner de manifiesto más iniciativa y deseos de superación. Solicita confirmación en el cargo".

Pero esta no es la única prueba presentada por Murray para imputar al Gato: Andrada trabajaba bajo las órdenes del jefe del Destacamento 121 que era el Coronel Oscar Pascual Guerrieri, su segundo jefe el entonces Teniente Coronel Luis Américo Muñoz y el Jefe de la Segunda Sección era el entonces Capitán Víctor Hugo Rodríguez.

Otro de los documentos presentado bajo el título "¿Podrá la segunda reforma del Estado eliminar las lacras represivas de la dictadura militar y la corrupción mafiosa de la inteligencia del Ejército?", escrita en los primeros tiempos de la democracia por un conocedor de los intríngulis de los servicios señalaba el contexto del crimen de Cambiaso y Pereyra Rossi:"...Los últimos episodios de homicidio planificados por los psicópatas de los Coroneles Tepedino y Rospide fueron en el año 1983 con las ejecuciones de los integrantes de la Conducción Nacional de Montoneros Yaguer (Córdoba) y Pereyra Rossi y Cambiaso (en Rosario) en la que participó activamente el Coronel Pascual Oscar Guerrieri íntimo amigo de Tepedino, quien ordenó a su banda que levantaran a Pereyra Rossi y Cambiaso... En esta operación tuvo activa participación Edgardo Norberto Andrada (alias "el gato", ex arquero del Club de Fútbol Rosario Central).

Otro de los documentos aportados por la fiscalía es un texto redactado por el entonces Teniente Coronel Luis Américo Muñoz en su reclamo al entonces Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, en el mes de mayo del año 1989, reclamando un ascenso que le fuera negado, ya que había cumplido funciones que pusieron en riesgo a su propia familia. " Primera Operación Especial (Año 1983). En esta oportunidad la operación consistió en un despliegue de efectivos y medios con la finalidad de afectar la capacidad de conducción de elementos subversivos residuales, en forma previa a las elecciones presidenciales del año 1983. Durante el desarrollo del operativo advertí que habían variado en forma significativa las previsiones iniciales, consecuentemente ordené suspenderlo tal como lo fijaba el plan inicial. No obstante mi resolución, recibí orden de continuar. A pesar de tener la convicción de que ese no era el camino, dado que el riesgo de ponerse en evidencia tenía un elevado porcentaje de probabilidades; cumplí la orden como corresponde a un soldado. En relación con esta operación deseo agregar que, a principios de mayo del corriente año, producto de una conversación circunstancial con un camarada recientemente ascendido al grado de Coronel que posee aptitud especial de inteligencia; pude enterarme que éste tuvo que realizar una operación especial para impedir que el operativo de mi unidad sea dado a conocer en forma detallada, incluyendo grado y apellidos de los participantes en el semanario Siete Días de aquel entonces....."

Entre los documentos hay también una nota de la revista Humor del año 1983 con firma del periodista Enrique Vázquez y su declaración testimonial. Bajo el título "Hacia que democracia vamos", se lee "un muy alto oficial en actividad redactó un informe secreto sobre las alternativas íntimas del caso Cambiaso ? Pereyra Rossi, e hizo llegar una copia de ese informe a la sala de redacción de un semanario capitalino. En el informe se acusa frontalmente a por lo menos dos de los mas empinados miembros de la cúpula del ejército. Un cronista y un fotógrafo concurrieron con el texto ante uno de los inculpados, y recibieron esta respuesta: "Evidentemente, tengo un traidor entre mis hombres. Les prohíbo terminantemente que den difusión a ese documento. Si esto trasciende, les vuelo la editorial. Con amnistía o sin amnistía, en actividad o en retiro, les vuelo la editorial con ustedes adentro." Los pormenores del informe se mantienen en el más absoluto secreto.....". En la referida declaración testimonial el periodista Enrique Vázquez, si bien se reserva la fuente de información, declara que el semanario capitalino aludido en la nota era la revista Siete Días.

domingo, 4 de diciembre de 2011

Fiscalía y querella piden perpetua para ex coronel gobernardor de la dictadura

Por qué corresponde perpetua

El primer gobernador de la última dictadura está acusado, en el juicio oral cuyo veredicto se anunciará el miércoles, por el secuestro y asesinato del militante Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de Ana María Cavadini, en 1975.

Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe

El miércoles, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe anunciará su veredicto en el juicio al primer gobernador de la dictadura y ex jefe del Area 212, coronel José María González, a quien la Fiscalía y la querella le pidieron prisión perpetua por el secuestro y asesinato del militante peronista, Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana María Cavadini, en diciembre de 1975. Es la primera vez que la acusación coincide en solicitar la pena máxima a un imputado por delitos de lesa humanidad. "Era el perfecto ejecutor", lo calificó el fiscal Martín Suárez Faisal al subrayar el poder absoluto ﷓militar y político﷓ que había concentrado González y su "comunión ideológica" con el terrorismo de estado. "El motivo que lo llevó a delinquir fue la criminal convicción de que la llamada 'lucha contra la subversión' debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley", dijo el fiscal. Y consideró que González "se valió de los resultados de sus delitos para adquirir 'prestigio' entre los altos mandos militares y eso lo llevó a convertirse en el primer gobernador de facto de esta provincia en la última dictadura", agregó. La defensa insistió con la inocencia de su cliente y pidió el sobreseimiento.

Marini, su esposa y el bebé de ambos, Germán, de un mes y medio fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1975, en su propia casa, en las cercanías de la cancha de Colón, por un grupo de tareas del Area 212 ﷓a cargo González﷓. La vivienda fue saqueada. El operativo quedó acreditado en un acta del Ejército, que desliza que Marini se escapó media hora después de su caída. "Una versión inverosímil", la definió la Fiscalía. Cavadini dijo en el juicio que un policía de la comisaría 2ª, donde estuvo secuestrada, le confirmó que su esposo había sido asesinado en la comisaría 4ª.

En su alegato, los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné plantearon la necesidad de cambiar la calificación legal que pesa sobre González. En la primera etapa de la causa, la desaparición de Marini se consideró un "homicidio simple", que fijaría un límite de 25 años de cárcel por todos los hechos que se le imputan. Pero en el juicio, Puyol y Munné explicaron que había pruebas suficientes para considerarlo "homicidio agravado" y pidieron la única condena para este tipo de delitos: prisión perpetua. La fiscalía coincidió con el planteo de la querella y solicitó la misma pena.

El fiscal Patricio Longo acusó a González por el "allanamiento ilegal de domicilio" de los Marini, la "privación ilegal de la libertad" del matrimonio y el "homicidio doblemente calificado" de Marini. "Se ha probado que el secuestro fue llevado a cabo por un grupo de tareas, integrado por seis personas, que actuaron bajo el control operacional del Area 212", dijo el fiscal. "Fue la última vez que Cavadini vio con vida a su esposo".

Longo mencionó dos pruebas que agravaron la situación de González. Una, es el acta del secuestro de Marini, el 9 de diciembre de 1975, alrededor de las 21 y su supuesta fuga, media hora después. "Una versión inverosímil", dijo el fiscal. La otra, es un habeas corpus: el juez federal Elvio Cano le pide a González informes sobre el destino de Marini y el coronel le contesta. O mejor dicho, no le contesta porque se trata de "aspectos vinculados con el servicio, en los que se hallan en juego cuestiones que hacen a la defensa nacional" (sic). "Esto nos da la pauta que González sabía perfectamente quién era Marini y que había sido víctima del proceder de su tropa", agregó Longo.

"Se ha probado que González es el responsable penal de la muerte de Marini, conocía los medios que se utilizaron para cometer el homicidio y quiso y aceptó ese resultado porque ese fatal desenlace fue la consecuencia directa de su detención en la vivienda de calle Jujuy 3618", dijo el fiscal. "El secuestro y posterior desaparición de Marini no fue aleatorio (...) ni un hecho aislado o sorpresivo, porque ese mismo 9 de diciembre de 1975 a la mañana, también fue secuestrado" otro militante peronista, José Antonio Manfredi, aún desaparecido. "Se ha demostrado que González conocía perfectamente lo que estaba pasando, quiénes eran Marini y Cavadini, y sin su determinación, el allanamiento ilegal, los secuestros y el homicidio que se probaron en este juicio, no hubieran sucedido", agregó.

El fiscal Suárez Faisal planteó que González tenía un poder absoluto. Era jefe del Comando de Artillería 121, jefe de la Guarnición Santa Fe y jefe del Area 212. Y el 24 de marzo de 1976 comandó el golpe de estado en la provincia y asumió como interventor. "Siempre tuvo absoluto conocimiento y control sobre todos los procedimientos que se realizaron en la ciudad de Santa Fe durante su mandato militar".

"Sin temor a equivocarme, entiendo que el motivo que lo llevó a delinquir fue la criminal convicción que tenía acerca de que la llamada 'lucha contra la subversión' debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley. En esa comunión ideológica con el plan sistemático trazado por los altos mandos militares, González fue el perfecto ejecutor de ese macabro programa. Se valió de los resultados de sus delitos para adquirir 'prestigio' entre los altos mandos militares y eso lo llevó a convertirse en el primer gobernador de facto de esta provincia en la última dictadura", concluyó el fiscal.