Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

jueves, 21 de noviembre de 2013

A pesar que preocupa la posibilidad de fuga del condenado: ¡Autorizan al represor Amelong a asisitir a un curso!

Un represor en el Howard Johnson

Fue autorizado a asistir los sábados a un curso de mandatario del automotor. Preocupa la posibilidad de una fuga del condenado.

 Por Sonia Tessa

El represor Juan Daniel Amelong, condenado en la primera parte de la causa Guerrieri a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común, tiene permiso para ir mañana, de 9 a 15, a un curso de mandatario del automotor que realiza Funicomapu en el hotel Howard Johnson de Rosario, en Italia 1183. El juez Otmar Paulucci otorgó la autorización el 17 de octubre, que se extiende todos los sábados hasta el 18 de enero. Desde que permanece en la Unidad Penitenciaria 3 de Rosario, para asistir a la causa Guerrieri II, en la que está imputado, Amelong tiene una rutina de salidas nada desdeñable: cada tres domingos puede ir a Fisherton a visitar a su madre y semanalmente realiza consultas con un fisiatra, en un instituto privado. Enterada de estos privilegios por una denuncia, la Secretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia, Nadia Schujman, acudió al fiscal federal Gonzalo Stara, quien presentará un escrito para que se revea la medida. Stara pidió conocer las condiciones en las que el represor asiste al curso. "Ningún detenido federal que no sea un genocida obtiene un privilegio de ese tenor", manifestó Schujman, preocupada por la posibilidad de una fuga del condenado.

Stara informó ayer al TOF 1, integrado por los jueces entrerrianos Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero, sobre la situación de Amelong. "Queríamos ponerlo en conocimiento de este Tribunal, fundamentalmente porque el imputado también se encuentra a su disposición. Recibimos la comunicación de Schujman y tomamos conocimiento de la autorización para asistir al curso, en el expediente donde tramita la ejecución de la pena", dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Además de presentar un escrito ante Paulucci, Stara solicitó ayer al Tribunal que "se resguarden las medidas del caso, teniendo en cuenta que estamos en la etapa final del juicio". Como respuesta, López Arango ordenó indagar si "el Tribunal está debidamente notificado" del permiso dispuesto por Paulucci y prometió que, una vez dilucidado ese dato, tomarán "las medidas pertinentes".

Stara dijo a Rosario/12 que requieren información sobre "la seguridad en el ingreso al hotel, ya que el lugar no está preparado para alojar a una persona esposada, que llega con custodia de Gendarmería". Recordó que el detenido está a disposición del Tribunal que lo condenó en 2010, pero también del juez Marcelo Bailaque y del Tribunal actual.

Amelong fue sentenciado por 27 privaciones ilegítimas de la libertad y torturas, como así también de 17 homicidios agravados el 15 de abril de 2010. Se trata de víctimas que estuvieron en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y la Intermedia, como así también en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Todos dependían del Destacamento de Inteligencia 121 con asiento en Rosario. Amelong era teniente coronel y su apodo era Daniel. Si bien está detenido en la cárcel de Marcos Paz, Amelong permanece en el penal rosarino de Montevideo y Ricchieri para asistir a las audiencias de la causa Guerrieri II, donde está imputado además por asociación ilícita.

Para Schujman, "este tipo de autorizaciones resultan llamativas. Nosotros consideramos que todos los detenidos deben tener garantizados sus derechos a la salud, a la educación y a mantener contacto con sus familiares, pero en este contexto, se transforma en un privilegio porque ningún otro detenido del sistema federal que no sea un genocida tiene este tipo de autorizaciones".

Sobre el curso de los sábados, Schujman se preguntó "cuáles son las condiciones de seguridad para que el detenido permanezca ahí sin que se produzca un riesgo de fuga. ¿Hay un gendarme parado al lado de él durante el curso?".

viernes, 15 de noviembre de 2013

Represores se victimizan, cambian las declaraciones y ahora "no saben nada"

Los acusados ampliaron ayer su declaración indagatoria en la última etapa del juicio conocido como Guerrieri II. Descalificaron a Bielsa, Balza, Constanzo y negaron saber el destino de los desaparecidos.
 Por Sonia Tessa

Victimizarse y descalificar a los testigos fueron las estrategias de los acusados que ampliaron su declaración indagatoria ayer, en la última etapa del juicio oral y público de la causa Guerrieri II. El principal imputado, Oscar Pascual Guerrieri, admitió la desaparición de personas, aunque dijo desconocer el destino de las víctimas de la causa, por cuyos homicidios agravados fue condenado a prisión perpetua el 15 de abril de 2010. "¿Dónde están las personas que asesinaron en la Intermedia?", interrogó la vocal del Tribunal, Noemí Berros. "Yo no me ocupé de los desaparecidos. No lo sé", dijo Guerrieri. "Usted está reconociendo parte de los hechos que se le imputan. Una manera digna para darle un final a esto es que usted diga lo que sabe", arguyó la otra vocal, Lilia Carnero. "Pero no puedo decirle más de las cosas que sé", se escudó. Debido a la pregunta de Berros, Juan Daniel Amelong la recusó por prejuzgamiento (aunque los asesinatos son cosa juzgada), pero el Tribunal lo rechazó.

Como es su costumbre, Amelong habló durante tres horas, acusó a las víctimas de "terroristas" y puso en tela de juicio varios testimonios. El más notorio fue el del ex canciller Rafael Bielsa, de quien el represor condenado a prisión perpetua por homicidios agravados y otros delitos, dijo que "el rumor era que fue preso en una fiesta homosexual que se hizo en un departamento y no por montonero". En ese punto, el fiscal Gonzalo Stara intervino para exigir que el imputado se ciñera a la causa, pero el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, consideró que era parte del derecho a defensa y le permitió continuar con sus difamaciones.

Daniel --tal el apodo de Amelong en el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121-- amenazó: "A quienes cometen delitos de lesa humanidad contra mi persona en la actualidad, los veré en una audiencia". Y llegó a la paradoja. "Como abogado seguiré defendiendo la Constitución, mal que les pese a quienes quieren sacarme la matrícula", afirmó. También se ensañó con Martín Balza. "Tenía la misma jerarquía que el coronel Guerrieri, que era su compañero en la Escuela de Guerra. ¿Guerrieri sabía todo y él no sabía nada? Miente", dijo Amelong, condenado a prisión perpetua en Guerrieri I. La quinta La Intermedia donde --según el testimonio del también imputado Eduardo Costanzo-- fueron asesinados los militantes secuestrados en Quinta de Funes, pertenecía a la familia de Amelong.

Cada uno de los acusados que habló puso las quejas al Tribunal Federal Oral número 1 por las restricciones para atenderse en el hospital Militar y las denegaciones de prisión domiciliaria. Lo curioso es que también lo hizo Guerrieri, que goza del beneficio. De los doce represores, también quieren declarar Joaquín Gurrera y Andrés "El Barba" Cabrera, que pidió hacerlo último. Será el jueves próximo, desde las 9.30.

La declaración de Guerrieri cosechó el descontento de sus antiguos subordinados, que lo expresaron al Tribunal. En cambio, cuando Amelong terminó, el acusado Héctor Marino González atinó a aplaudir. Todos los acusados menos Alberto Pelliza --que se descompuso y fue atendido en el Sanatorio Plaza-- estuvieron ayer en la audiencia. Ariel Porra, Ariel López, Marino González y Walter Pagano no van a declarar.

También amplió indagatoria Carlos Antonio Sfulcini, acusado por la desaparición forzada de Fernando Messiez, secuestrado en la puerta de la copistería La Manija, frente a la Facultad de Humanidades y Artes, el 22 de agosto de 1977. El acusado, que también es abogado, basó su testimonio en descalificar a Constanzo. "Estoy imputado por un solo hecho y por las manifestaciones de una sola persona", dijo y aseguró que el diálogo sobre Messiez referido por Costanzo "es falso, no existió nunca porque nunca estuve en La Calamita ni en ningún otro centro de detención".

El último en declarar durante una maratónica jornada de más de ocho horas fue Jorge Fariña, alias Sebastián, que era capitán y se desempeñaba en Inteligencia. "No estoy de acuerdo ni comparto para nada todo lo manifestado por Guerrieri. Yo llevo diez años privado de mi libertad", se quejó el imputado por asociación ilícita, también condenado en la causa Guerrieri I. "Nunca impartí ninguna orden ilegal ni nunca recibí ninguna orden ilegal", dijo el represor. Para el final, habló del asesinato de Raúl Amelong, padre de Juan, "que fue reivindicado por Montoneros". De nuevo, confundió el motivo del juicio, en el que no se investiga ese hecho.

jueves, 14 de noviembre de 2013

Senado designa juez de TOF de Santa Fé : ¡¡ a un colaborador de Brusa !!

Aquel viejo amigo de Brusa

A pesar de haber sido cuestionado e impugnado su pliego por organismos de derechos humanos, Lauría quedó designado por 49 votos a favor y 5 en contra en el Senado nacional. Es el segundo ex colaborador de Brusa en ser nombrado en la justicia federal.

 Por Juan Carlos Tizziani

El Senado de la Nación designó ayer al abogado Luciano Lauría, un ex colaborador y amigo de Víctor Brusa, juez del Tribunal Oral de Santa Fe, un cargo para el que ya había sido propuesto hace dos años e impugnado por los organismos de derechos humanos de Santa Fe, en agosto de 2011, pero el pliego recién se retiró el 4 de setiembre último, cuando se lo cambió por otro sin reproches. El nombramiento fue aprobado por 49 a 5, con el voto de la mayoría del Frente para la Victoria. "Lauría demostró idoneidad para ocupar el cargo", dijo el presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle, al defenderlo en el recinto ante una supuesta ofensiva de "determinados grupos de poder" ﷓que no identificó﷓ y "creen que pueden sacar bolilla negra a algunos y a otros no". Su colega, el senador socialista Rubén Giustiniani, le pidió que identificara a esos "grupos de poder", pero Guinle no respondió. Lauría es el segundo ex funcionario de Brusa que el Senado asciende en la justicia de Santa Fe: en octubre de 2012 ya había nombrado juez federal de Rafaela, a Miguel Abásolo, el ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1.

Guinle desestimó la impugnación que pesaba sobre Lauría. En agosto de 2011, las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos lo cuestionaron en 2008 ﷓ya como secretario del Juzgado Federal Nº2﷓ se excusó de intervenir como juez subrogante en una causa que investiga a Brusa y a otros represores por asociación ilícita. "La conducta asumida por Lauría alegando un supuesto no contemplado en la ley muestra su escaso compromiso con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad" y abre las puertas para "su excusación o recusación en este tipo de causas", decía el escrito.

En el debate de ayer, Guinle dijo que Lauría "demostró que se debía excusar por razones de amistad" con Brusa. "Sería muy grave que alguien tuviera amistad con alguien y no se excusa. Y mucho más, cuando después Lauría consultado sobre la excusación, da su compromiso con las políticas de derechos humanos vigentes en el país", agregó el legislador.

Fue allí cuando Guinle dijo que "hay determinados grupos de poder que creen que pueden sacar bolilla negra a algunos y a otros no" y reiteró que Lauría "demostró idoneidad" para cubrir el cargo.

Giustiniani le pidió entonces que identificara a esos "grupos de poder", "que diga quienes son" los que rechazan el nombramiento de Lauría. "Evidentemente, siempre hay grupos de poder que actúan, pero lo bueno es decir quiénes son", desafió el socialista.

"Acá hay una impugnación sólida y válida de las Madres de Plaza de Mayo, los Hijos, los Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Estas son los organismos que lo impugnaron. Y no ningún grupo de poder. Y lo hicieron por las causas de derechos humanos que pueden caer en manos de alguien que se excusó en el juicio a un represor (Brusa) por cuestiones de conocimiento personal y social. Este es el fundamento, simple y contundente para rechazar la designación", agregó Giustiniani.

Guinle dijo que Lauría "se excusó en una causa donde se excusaron otros. Los otros nunca tuvieron impugnaciones, éste si. Los otros firmaron solicitadas y notas de apoyo a (a Brusa), éste no. Pero a éste justamente sí se lo impugna". "Nosotros somos absolutamente respetuosos de los organismos de derechos humanos, pero el meollo de la cuestión es una excusación" y "el compromiso que asume (Lauría) es respetar las políticas de derechos humanos vigentes en nuestro país", sostuvo.

Estos fueron los pasos del operativo:

* 19 de julio. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner manda al Senado de la Nación un nuevo pliego de Lauría para designarlo juez del Tribunal Oral de Santa Fe. Es el mensaje 955/13 que firma del ministro de Justicia, Julio Alak.

* 4 de setiembre. Dos meses después, queda a la vista un operativo en el recinto. El Senado devuelve al Poder Ejecutivo el pliego de Lauría que había sido impugnado por los organismos de derechos humanos dos años antes, el 18 de agosto de 2011 (mensaje 1.039/11). Y al toque, acepta el ingreso de un nuevo pliego (mensaje 955/13) que estaba en la mesa de entradas de la Cámara desde el 19 de julio y pasa a la comisión de Acuerdos.

* 30 de setiembre. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia denuncia la "maniobra" y advierte que el objetivo era "ocultar la impugnación" de 2011: se retiró el pliego anterior de Lauría que estaba impugnado y se volvió a ingresar un nuevo, pero limpio, sin el cuestionamiento de 2011. Una situación antirreglamentaria porque no se ha hecho pública la propuesta, ni se abrió un plazo para presentar nuevas impugnaciones", dice el documento que firman Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y agrega: "Lauría no tiene las cualidades de independencia, probidad y compromiso con los valores democráticos necesarios para un cargo de tanta relevancia". "Su conducta es contraria al respeto por la plena vigencia de los derechos humanos" y "a los principios de memoria, verdad y justicia".

* 1 de octubre. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) se suma a la denuncia. Lauría es un funcionario judicial "formado a la sombra del siniestro Víctor Brusa" que "carece de compromiso en el juzgamiento de los delitos de lesa Humanidad" y "no reúne las condiciones éticas, de idoneidad y antecedentes necesarios para el cargo", señala. Mientras que uno de los referentes del organismo, Jorge Castro, coincide que el cambio del pliego impugnado por otro nuevo es "una maniobra política" y "arbitraria" que "debe tener algún tipo de respaldo". Y apunta a uno de los fogoneros: el senador Guinle. "Es indudable que se trata de un operativo político. Designar a Lauría es un cachetazo a la justicia federal de Santa Fe", agregó Castro.

* 2 de octubre. El presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle, convoca a una audiencia pública para escuchar a Lauría. El plazo para impugnarlo y presentar preguntas ya había vencido el 24 de setiembre. Así que el propuesto salió de la entrevista seguro de su designación. "Demostró idoneidad", lo ponderó Guinle, en el debate de ayer. "Demostró que debía excusarse (en el juicio a Brusa) por razones de amistad. Y después, cuando fue consultado sobre cada uno de los aspectos de la excusación expresó su compromiso con las políticas de derechos humanos vigentes en el país", agregó el legislador.

* 13 de noviembre. El Senado aprueba la designación de Lauría por 49 a 5. Giustiniani fue el único santafesino que votó en contra.