Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

viernes, 30 de diciembre de 2016

GENOCIDAS AL COUNTRY 2 (Campo de Mayo)

Comunicado de Prensa APDH Rosario

La APDH solicitó a los dos tribunales orales de Rosario que ordenen la inmediata remisión del genocida Jorge Alberto Fariña a una cárcel común.
 
El ex integrante del destacamento de inteligencia 121 dos veces condenado en las causas conocidas como Gerrieri 1 y 2, uno de los principales imputados en la causa Klotzman, se encuentra alojado en el pretendido penal de Campo de Mayo.

En efecto, la APDH había solicitado a los jueces federales que impidan los traslados a Campo de Mayo, y en ese marco fuimos notificados de que el represor se encuentra cómodamente alojado en las casas  de descanso de ese predio castrense.

El ahora pretendido penal fue cerrado por la falta de infraestructura para neutralizar el peligro de fuga que conlleva alojar a los detenidos por los delitos más graves del ordenamiento jurídico en un inmueble no preparado al efecto.

Una fuga de Fariña pondría en riesgo la causa Klotzman, donde por primera vez se juzgará la vinculación del destacamento de inteligencia con la policía federal en el despliegue de la represión ilegal en nuestra zona, donde él es el principal imputado.

La causa está pronta al juicio oral y entendemos imprescindible que inmediatamente se asegure su realización alojando a Fariña en una cárcel común e impidiendo que cualquier otro represor sea alojado en el penal ilegal de Campo de Mayo.

Ese fue nuestro pedido esta mañana y esperamos una pronta resolución judicial en ese sentido.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

APDH REGIONAL ROSARIO
Norma Ríos, Presidenta
Rosario, 29 de dic/2016

lunes, 5 de diciembre de 2016

Rosario:“Los juicios tienen un nivel restitutivo”

Una mujer de 39 años que fue secuestrada junto a sus padres durante la última dictadura, cuando apenas tenía seis meses, declaró este jueves en el juicio por delitos de lesa humanidad “Guerrieri III” y expresó que si bien el proceso oral no le devuelve a su padre desaparecido sí “tiene un nivel restitutivo”.

Una mujer de 39 años que fue secuestrada junto a sus padres durante la última dictadura, cuando apenas tenía seis meses, declaró este jueves en el juicio por delitos de lesa humanidad “Guerrieri III” y expresó que si bien el proceso oral no le devuelve a su padre desaparecido sí “tiene un nivel restitutivo”.

“Por más que yo haya perdido y me hayan quitado la posibilidad de tener a mi papá, esto, si bien no me lo devuelve, tiene un nivel restitutivo”, dijo Mariana Victoria Flores ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario. Y apuntó a la dimensión social de los juicios: “Porque por fin esto dejó de pasarme a mí y empezó a pasarle a la sociedad”.

Flores fue secuestrada cuando solo tenía seis meses junto a su madre Laura Ester Repetti –quien también declaró en la audiencia de este jueves– y su padre Daniel Flores, que permanece desaparecido. El matrimonio era de origen cristiano y su creencia religiosa los movió a la militancia política de los años 70, contó hoy Repetti.

El 7 de junio de 1977 los tres fueron secuestrados por una patota de civil a la salida de un cine y conducidos al centro clandestino de detenciones “La Calamita”, ubicado en Granadero Baigorria, según pudo reconstruir con el tiempo Laura Repetti.

Su hija Mariana declaró que lo que conoce de su cautiverio “es por el relato de mi mamá”, puesto que no se posee memoria de lo ocurrido. “Hace poco yo pensé que una de las diferencias entre mi mamá y yo es que a mi mamá a los veintipico le sucedió algo”, le dijo al tribunal.

Y siguió: “A mí no me sucedió nada, a mí me constituye, yo no soy sólo eso, pero no soy sin eso”. “Para mi estar acá –dijo- es algo que desee toda la vida, yo lo único que deseaba es que los que eran responsables sean responsables”.

Flores contó que su infancia y adolescencia transcurrieron durante “muchos años de silencio” y que “la desaparición de mi papá acarreó la muerte de mi familia paterna”. Narró que hace poco tiempo una mujer que va al comercio que ella posee le contó que era prima de su papá, dato que había mantenido oculto a pesar de conocerla.

“Recién hace dos semanas que esa mujer me dijo llorando que era la prima de mi papá y me habló de él. Los juicios, las palabras dichas acá, traspasan y empieza a pasar algo”, consideró .

Los hijos y el marido de una desaparecida de Quinta de Funes declararon en Guerrieri 3

Recuerdos de la madre que hizo falta

Guillermo Sabino y María Celeste Martínez Reyna dieron testimonio por primera vez en un juicio oral y público. Contaron lo que pudieron recontruir del secuestro de María Adela Reyna Lloveras, una de las militantes ultimada en La Intermedia.

María Celeste y Guillermo Martínez junto a su padre, que también declaró ayer en el juicio. (Fuente: Alberto Gentilcore)
María Celeste y Guillermo Martínez junto a su padre, que también declaró ayer en el juicio.
(Foto: Alberto Gentilcore) - Por: Sonia Tessa

La mayor parte de las personas que estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención La Calamita y sobrevivieron relatan que la encargada de cocinar era otra detenida, María. Esa mujer es una de las desaparecidas que pasó por el circuito Quinta de Funes-Escuela Magnasco y La Intermedia. Ayer, María Adela Reyna Lloveras llegó a la audiencia de la causa Guerrieri 3 en la voz de sus hijos Guillermo Sabino y María Celeste Martínez Reyna. "Toda mi vida he intentado reconstruir la historia de mi madre por partes... Y también hay un poco de... culpa de hurgar en la memoria y no recordar nada. A veces mi hermano me cuenta algo, pero yo no me acuerdo de ella. Voy reconstruyendo por las cosas que me cuentan, siempre cosas lindas, por las fotos. Me ha hecho mucha falta todo el tiempo", dijo María Celeste, con una voz suave, ante el Tribunal Oral Federal número 1. Tenía tres años cuando secuestraron a María, en octubre de 1976 (creen que el día 16), en una cita envenenada en capital Federal, según testimonios que Guillermo pudo recoger de uno de los compañeros de su madre. "Exactamente no recuerdo la última vez que la vi, que compartí con ella. Tengo muchos recuerdos de ella, siempre he hecho un esfuerzo memorístico para ver cuándo fue la última vez que me abrazó y no... Sí tengo recuerdos muy vívidos, muy fuertes, muchos", dijo Guillermo, que tuvo a su madre hasta los cinco años.

En la audiencia de ayer también declaró quien era el marido de María Adela, Guillermo Benito Martínez Agüero, hoy de 71 años, que cayó preso en Mendoza en octubre de 1974. Esa caída determinó que María debiera salir de la ciudad para militar en un lugar más seguro, y la organización Montoneros la destinó a Rosario. Los tres testigos de ayer declararon por primera vez en un juicio oral.

Martínez Agüero contó lo que pudo reconstruir del secuestro de su esposa, y recordó que "María Adela militó con mucho compromiso, entrega, sinceridad". Al finalizar su testimonio, les dijo a los integrantes del Tribunal: "No me gusta usar el término del horror, prefiero el homenaje, prefiero el término de la epopeya, porque fue épico lo que hicieron. Esta declaración tiene que ser un homenaje a esos compañeros que no están". Y también pidió que los juicios por delitos de lesa humanidad sean "una política de estado, no de gobierno". En la audiencia de ayer, además de Eduardo Costanzo y Juan Amelong, los únicos dos imputados que están siempre presentes, estuvo Rodolfo Isach, quien amplió su declaración indagatoria con un texto incomprensible que leyó para referirse a lo ocurrido como "una guerra civil". Es su derecho, como acusado, expresar lo que desee en el momento del juicio que elija, sin juramento de decir verdad. Otros imputados, como los militares Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Marino González y los Personal Civil de Inteligencia Juan Cabrera y Walter Pagano siguieron la audiencia por videoconferencia. Armando Pelliza y Ariel López estaban en una sala contigua hasta que el Tribunal defina su situación.

En esta causa se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas. El fiscal Adolfo Villatte lleva adelante la acusación, las querellas están representadas por Nadia Schujman, de Hijos y Santiago Bereciartúa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el Tribunal es presidido por José María Escobar Cello, junto a María Ivón Vella y Luciano Lauría.

Además de su testimonio, María Celeste aportó también documentación de su abuela materna, la mamá de María Adela. "Tengo notas escritas por ella de las cosas que iba diciendo la gente, de lo que tenía que hacer", relató la mujer de 43 años. Su madre de crianza, una prima hermana de María Adela, fue también para María Celeste un nexo con la historia de su madre, a quien quería mucho. Y fue la mujer que la crío, María Carlota, quien guardó cada papel y cada foto que remitiera a María Adela. "Quizás porque soy más grande, quizás porque soy madre, pero al ver esos papeles, representan la desesperación de una madre buscando a su hija. Con los llamados anónimos que le hacían, mi abuela materna manoteaba una receta del médico y escribía. Eso es muy impactante", dijo sobre la carpeta que ayer aportó a la causa. "Quizás ahora puedo entender no sólo el dolor que una vive, sino el dolor de otros", expresó. Cuando terminó su testimonio, se acercó al estrado del Tribunal y les explicó qué era cada papel. "Mi mamá de crianza guardaba absolutamente todo, las fotos, la ropa de mi mamá...", contó sobre el legado que llevó a la Justicia.

Anteayer, el Tribunal inspeccionó la Escuela Magnasco, el centro clandestino de detención (CCD) donde los prisioneros de la Quinta de Funes fueron llevados después del fracaso de la Operación México, y la llamada de un periodista mexicano que los obligó a desmantelar ese CCD. Allí estuvieron pocos días, porque luego los trasladaron a la Intermedia. El dato novedoso de esta inspección es que por primera vez pudieron acceder al entrepiso descripto por el único sobreviviente de ese circuito, Jaime Dri, quien contó que desde una ventana que se destapó accidentalmente pudo ver el nombre de la calle donde estaban, y describió una escalera pequeña, como también lo hizo Costanzo, el imputado que relató la muerte de los prisioneros en La Intermedia.

lunes, 21 de noviembre de 2016

"Algunas consideraciones sobre Operación México, la película"

Comunicado de los hijos de Tucho y Raquel

Ante el estreno de la película “Operación México, un pacto de amor”, nos encontramos con la necesidad de dejar sentada nuestra postura crítica con respecto a un producto de la industria cinematográfica que pretende relatar la historia de nuestros padres Tulio Valenzuela (Tucho) y Raquel Negro (María Amarilla), y de los compañeros con quienes militaron en la Columna Rosario en la agrupación Peronista Montoneros.

El triller del director Leonardo Bechini, que cuenta con los papeles protagónicos de Luciano Cáceres, Ximena Fassi y Ludovico Di Santo, se basa en la novela “Operación México, Tucho o lo irrevocable de la Pasión” escrita por Rafael Bielsa en el 2014. Aunque el primer intento de abordar esta historia desde el género de no ficción se pueda atribuir a Miguel Bonasso con “Recuerdo de la Muerte” (1984). Ambas obras recogen los testimonios de Jaime Dri, el único sobreviviente del circuito represivo (Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia) por el que pasaron todos los integrantes de la Columna Rosario, incluidos Tulio y Raquel. Hoy, todos ellos excepto Jaime Dri, se encuentran desaparecidos como consecuencia de uno de los más atroces genocidios que sufrió nuestro país. Casi treinta y nueve años después, seguimos buscando al hijo mellizo de Tulio y Raquel, nuestro hermano, nacido en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná y dado de alta con vida del Instituto Privado de Pediatría, el 27 de marzo de 1978.

Antes que nada queremos reconocer y agradecer la disposición que tuvieron los actores, quienes una semana antes del rodaje, intentaron extender un puente entre industria-familia. Sin embargo, no podemos dejar de cuestionar el abordaje que realiza la película para relatar la modalidad represiva que se desarrolló en el Centro Clandestino de Detención Quinta de Funes.
Como hijos de Tucho y María y también como militantes de derechos humanos, hicimos las observaciones tras la lectura del guión. Sostuvimos una larga charla explicando la importancia de que la película incorporara una mirada más compleja sobre la experiencia concentracionaria de la Quinta de Funes. Este centro clandestino de detención no funcionó con la modalidad de torturas y tormentos que se desplegaban en la gran mayoría, sino que operó bajo un régimen represivo y perverso diferente que pretendía que los detenidos modificaran sus identidades políticas, plegándose a la propuesta de Galtieri de conformar un partido con cuadros revolucionarios “recuperados” y militares con futuros fines eleccionarios. La película tampoco empleó esfuerzos para explicar que los militantes de la Columna Rosario habían atravesado otros centros clandestinos de detención en donde sí habían sufrido la maquinaria del horror traducida en torturas inhumanas y en el hecho de tener a sus familias vigiladas y amenazadas.

Cabe destacar, que esta lógica binaria de mártires y delatores fue superada ampliamente gracias a un corpus de producciones jurídicas y sociológicas que se tradujeron en definiciones que desde el derecho planteó que el detenido que “entra víctima, sale como víctima” de un centro clandestino de detención.
Entendemos perfectamente que en una película no puede contarse todo, pero es nuestro deber expresar nuestro desacuerdo. El hecho de que el triller retome la división binaria del mundo conlleva una doble peligrosidad.

La primera, se relaciona al contexto de estreno de la película, un escenario nacional reaccionario en donde la discusión por la violación a los derechos humanos ha tenido un fuerte retroceso. Hoy, vuelven a discutirse cuestiones en torno a la cantidad de desaparecidos o se reavivan miradas fundadas en la teoría de los dos demonios.

La segunda, es que un relato tan simplificador puede llegar a arrasar con el sentido más enaltecido de aquella época y es que la lucha siempre es colectiva. Ejemplo que podemos ver en la lucha de las Madres, Abuelas, colectivos de exdetenidos y en compañeros de H.I.J.O.S.

Hacerse cargo de una herencia nunca es fácil ni puede realizarse de manera completa. De hecho es imposible llenar toda la mochila con pedazos de historias de generaciones más viejas. Todas las personas elegimos en cierta manera (aunque con diferentes márgenes de libertad) con lo que nos vamos a quedar, aquellas memorias que van a formar parte de nuestra identidad y que serán transmitidas a las futuras generaciones conformando una identidad colectiva, que por supuesto nunca es acabada.

Como argentinos heredamos un legado histórico-político complejo. Una historia densa, muchas veces abrumadora, incómoda de asimilar, pero rica en experiencias de luchas colectivas. Esta parte del legado es la que elegimos. Ser hijos de una generación que fue capaz de dedicar su vida para transformar la realidad, comprometida totalmente con su tiempo.

Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Sebastián Álvarez Negro y Matías Valenzuela Espinosa
Hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela

Adhieren: HIJOS ROSARIO"

Declaró Sabrina Gullino, hija de Negro y Valenzuela, en la causa Guerrieri 3

"Busco a mi hermano y ellos están ahí"
 
La hija de Raquel Negro, cuya desaparición se juzga en este proceso, relató el proceso de reconstrucción de su identidad, y la búsqueda de su hermano mellizo. También declaró Jaime Dri, sobreviviente del centro clandestino Quinta de Funes.
Por: Sonia Tessa

Bastó que el fiscal Adolfo Villatte le preguntara a Sabrina Gullino Valenzuela Negro si algún familiar suyo había sido víctima de terrorismo de estado para que esta mujer de 38 años desplegara su historia, que conoció recién en diciembre de 2008. Sabrina es hija de Tulio Valenzuela y Raquel Negro, nació en cautiverio el 2 o el 3 de marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, junto a un hermano mellizo que es "un desaparecido con vida que estamos buscando". Mirando al Tribunal, dijo: "Es muy impresionante que yo esté declarando acá por cuarta vez y los responsables, que saben donde está el Melli, están ahí, pero ahí. Es muy impresionante, yo estoy buscando nada más y nada menos que a un hermano mellizo, y ellos están ahí, y sabemos que saben dónde está el Melli, a quién se lo dieron por lo menos". En este juicio, la causa Guerrieri 3, que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas, se investiga la desaparición de la madre de Sabrina, Raquel Negro. Ayer también declaró Jaime Dri, sobreviviente del centro clandestino de detención Quinta de Funes y testigo clave en las causas que juzgan a la patota del Destacamento de Inteligencia 121.

La última vez que vio a "María" (así le decían los compañeros a Raquel) planearon fugarse juntos, ella le dijo que la esperara, que con la panza no podía hacerlo. Se la llevaron a Paraná, y la trajeron de vuelta en un baúl, desnuda, con una bolsa de nylon en la cabeza, según el testimonio de Eduardo Costanzo al periodista de Rosario/12 José Maggi. "Eso es una muestra del ensañe de los represores con las mujeres", subrayó Sabrina.

Un error de comunicación con Gendarmería impidió que Juan Amelong participara personalmente de la audiencia, así que la miró por televisión desde el penal de Marcos Paz, junto a Jorge Fariña. Desde la cárcel de Ezeiza, también por videoconferencia, escucharon Rodolfo Isach y Walter Pagano. Desde su lugar de detención en Bouwer, Córdoba, la siguió Juan Cabrera, y desde Santa Fe, Marino González. En cambio, Oscar Guerrieri, en prisión domiciliaria, lo hizo desde los tribunales de Comodoro Py. En una sala contigua estuvieron Ariel López y Armando Pelliza, a la espera de que el Tribunal defina sus pedidos para no asistir. El único presente ayer fue Costanzo.

    "Preferí venir y no que vieran el video, porque declarar es hacer honor a este acto de justicia".


"El 2 de enero de 1978 fueron secuestrados mis papás biológicos junto a mi hermano Sebastián Alvarez. En la tienda Los Gallegos de Mar del Plata los llevaron a Tulio y Sebastián, y a dos cuadras, a Raquel, que estaba embarazada de mellizos", relató la mujer, quien se crió con su familia adoptiva. Sabrina se había puesto en contacto con Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario la misma semana que le llegó una citación del juzgado federal de Paraná para comparecer. Así supo que había sido abandonada en el Hogar del Huérfano de Rosario, el 27 de marzo de 1978. Esa línea de investigación se abrió para Abuelas a partir de una declaración de Costanzo, quien dijo que Pagano y Amelong habían dejado a la beba en la puerta de "un convento".

Sabrina detalló minuciosamente lo que pudo reconstruir de su historia, gracias al impulso de Guillermo "Mencho" Germano y Sebastián Alvarez en la causa por la sustitución de su identidad, y también al testimonio de enfermeras del Hospital Militar y el Instituto Privado de Pediatría, donde fueron trasladados los mellizos pocos días después de nacer. Sabrina ingresó como Soledad López el 4 de marzo, y su hermano, como NN López, el 10 de marzo. El 27 tuvieron el alta los dos, pero el rastro del bebé hasta ahora está perdido.

Cada testimonio en estos juicios tiene un sentido, es como una pieza en el rompecabezas de la memoria colectiva. En este caso, para Sabrina, era importante participar en el proceso por la responsabilidad de los asesinos de su "mamá Raquel". "Las veces anteriores que declaré, no había sido mamá y no había atravesado un parto", dijo Sabrina, quien subrayó más de una vez "pensaba en una situación de tanta vejación, de tanto maltrato, en el momento de mayor vulnerabilidad y tambien de mayor potencia de una mujer y pensaba en no poderlo hacer en la absoluta libertad que merece ese estado, sino en una situación de secuestro, de tormentos".

En Sabrina, su propia experiencia de maternidad fue también una puesta en dimensión de la vivencia de su madre. "Quería hacer el comentario de lo que me imagino que pudo haber sido para ella ser secuestrada con dos bebés en la panza, y con el bebé chiquito que era Seba", dijo Sabrina. En el público, Sebastián -que tenía un año al momento del secuestro- escuchaba a su hermana.

Sabrina subrayó también que "la cúpula militar y los represores tenían especial ensañamiento con las militantes revolucionarias porque no sólo transgredían el sistema político sino también el rol socialmente atribuido a las mujeres de la maternidad y lo doméstico". Las calificó como "doblemente transgresoras".

Por eso, la declaración de ayer era distinta. "Yo quería traerla a Raquel, sobre todo, en este testimonio. Me imagino todo lo que habrá pasado de saber que la iban a matar. Pero no se imaginó que se iban a robar a sus bebés. Porque le dijo a una de las enfermeras, qué va a hacer mi mamá Emelina con tres bebés", dijo Sabrina.

Raquel había acordado con su compañero Tulio que iban a simular colaboración pero que él denunciaría el plan del jefe del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri, al llegar a México con el declamado objetivo de matar a la cúpula de Montoneros. Raquel sabía que quedaba de rehén. Antes, habían logrado que Sebastián fuera llevado con sus abuelos maternos.

"Preferí venir y no que vieran el video, porque declarar es hacer honor y contribuir a este acto de justicia. Quizás 38 años para la vida de una persona son muchos, pero para la vida de un país es muy poco, y qué importante es que se estén desarrollando estos juicios", dijo Sabrina, que llegó al Tribunal con su pequeña hija y rodeada de compañeros y compañeras.

Y agregó: "En homenaje a Raquel, a sus compañeros, y a las mujeres que pasaron por esos centros clandestinos de detención, y por la responsabilidad de este tribunal para juzgar la responsabilidad de estos genocidos, porque hay delitos que se siguen cometiendo, y es que hoy no esté el Melli, y que mi hija no pueda conocerlo".

martes, 15 de noviembre de 2016

La memoria que va emergiendo

Tres militantes desaparecidos fueron identificados en el cementerio de San Lorenzo

Habían sido enterrados como NN en abril de 1975 en el cementerio de San Lorenzo, fueron identificadas por la Fiscalía de crímenes de lesa humanidad de Rosario. El último de los identificados es Horacio Víctor O'Kelly. Tenía 19 años.

Las huellas dactiloscópicas de tres militantes políticos enterrados como NN en abril de 1975 en el cementerio de San Lorenzo, fueron identificadas por la Fiscalía de crímenes de lesa humanidad de Rosario. "Dos de esas huellas, tomadas en 1975 como correspondientes a NN pertenecen a víctimas en cuyos casos se logró, también, la identificación de sus restos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense", informó la Fiscalía a cargo de Adolfo Villate. Se trata de Alberto Isidoro Losada y Pablo Martín Sandoval Luque. "En este último caso señaló la unidad fiscal a través de un comunicado sus restos se restituyeron a sus hermanos el 5 de agosto pasado". Según se informó ahora, "la tercera identificación dactiloscópica se corresponde con quien en vida fuera Horacio Víctor O'Kelly, de 19 años, quien había nacido el 24 de octubre de 1955 en la provincia de Córdoba, cuya identificación por ADN no pudo aún realizarse".

Los hechos que lo tuvieron como víctima fueron denunciados por su madre y recogidos, oportunamente, en el Legajo CONADEP Nº6504 como víctima de "desaparición forzada", informó la Fiscalía.

Las huellas dactiloscópicas que ahora permitieron la identificación de los militantes asesinados por la policía, habían sido tomadas en una causa instruída por la Justicia Militar para investigar el intento de copamiento del Batallón de Arsenales 121 "San Lorenzo" en la localidad de Fray Luis Beltrán.

El expediente de la Justicia Militar se instruyó en abril 1975 que ahora es utilizado en una causa donde se investigan enterramientos clandestinos durante el terrorismo de Estado en San Lorenzo, señaló la Fiscalía.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, las huellas fueron tomadas a los tres cadáveres que, según las noticias periodísticas de la época, habrían sido ejecutados el 14 de abril de 1975 por efectivos de la policía de San Lorenzo en la localidad de Roldán.

Días después fueron llevados al "Juzgado de Campaña" montado en el Batallón de Arsenales 121 por el juez Alberto Salvador Casals, a cargo en ese entonces del Juzgado de Instrucción Militar Nº 50 del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército.

El juez "ordenó rápidamente sus inhumaciones sin realizarles autopsias ni examen alguno, solo tomando las huellas dactiloscópicas de los mismos", indica el comunicado.

Agrega que los restos de los tres NN fueron inhumados el 17 de abril de 1975 aproximadamente a las 19.00 en el cementerio de San Lorenzo, "horario inusual para dicha tarea".

La causa donde fueron concretadas estas identificaciones tramitaba ante el Juzgado Federal Nº4 de Rosario y en el año 2012 fue delegada en la Unidad de Derechos Humanos de Rosario a cargo de Villate, que desde entonces dirige la investigación.

"Los trabajos periciales fueron realizados por el perito Pedro Augusto Sala, dactilóscopo del Departamento Científico Pericial de la Prefectura Naval Argentina", concluye el comunicado.

Ya a mediados de este año la Unidad Fiscal de Rosario que interviene en los procesos por crímenes contra la humanidad había informado que fueron identificados los restos de Pablo Martín Sandoval Luque, desaparecido desde abril de 1975, en una tumba sin identificación del Cementerio Municipal de la ciudad de San Lorenzo.

Al momento de su desaparición, Pablo Sandoval tenía 21 años. Había nacido el 17 de mayo de 1953 en la provincia de Córdoba y se encontraba residiendo en la zona de Rosario, donde estudiaba Medicina y militaba en el PRT ERP.

El cuerpo de Sandoval Luque estaba sepultado en el "Sector I adultos", en tierra, y había sido inhumado el 17 de abril de 1975.

La causa donde fue concretada la identificación tramitaba ante el Juzgado Federal Nº4 de Rosario y en el año 2012 fue delegada en la Unidad DD.HH. de Rosario, que desde entonces dirige la investigación.

Los trabajos periciales fueron realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los estudios genéticos posteriores fueron concretados por el Laboratorio de Genética del EAAF en Córdoba, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas.

En tanto, el caso Losada ya había sido adelantado por Rosario/12 en febrero de 2006 con la firma de Alicia Simeoni. Alberto Isidoro Losada tenía 22 años cuando desapareció. No hay testimonios de su paso por un centro clandestino de detención. Había nacido el 25 de febrero de 1953. Su padre Americo, había llegado por entonces a Rosario a tratar de dar con los restos de su hijo. La ultima vez que lo vio fue el 22 de marzo de 1975, fecha en que Alberto Isidoro se fue de la casa en Córdoba y se supone que vino a Rosario en su condición de militante del ERP/PRT. Las bandas parapoliciales allanaron su casa dos días después y tuvieron encerrado al padre con el resto de su familia. De ahí en más nunca volvieron a verlo. Una llamada telefónica dio cuenta de que lo habían matado el 15 de mayo de 1975 y al día siguiente, el 16 ya estaba en Rosario para comenzar el largo camino que lo iba a llevar al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, a dependencias policiales y judiciales sin encontrar respuesta.

Cabe remarcar que el primero de los restos identificados, fue encontrado en el sector noreste del cementerio de la ciudad de San Lorenzo, un lugar que quedó relacionado desde diciembre de 2002 con la denuncia de una mujer que dio cuenta de la posible existencia de lo que en ese momento se pensó que era una fosa común con enterramientos clandestinos.

Este diario reprodujo otro testimonio en su edición del 6 de abril de 2003, el de una mujer anciana, familiar de la primera que contó lo que vio en la necrópolis sanlorencina: camiones militares y hombres con uniforme militar descargando grandes bolsas de nylon. Esa denuncia y la existencia de tumbas en las que se habría enterrado a víctimas del terrorismo de estado tomó estado público por este diario.

Un crimen que busca su castigo

Declaró la esposa de Juan Carlos Gesualdo, desaparecido

María Rosa Balbi y su hijo, Juan Pablo, fueron los testigos de la audiencia de ayer en Guerrieri 3. El 8 de abril de 1977 se llevaron al estudiante de odontología y prometieron que volvía en horas, pero nunca más supieron de él.

A Juan Carlos Gesualdo le faltaba una materia para recibirse de odontólogo. Casado con María Rosa Balbi, que estaba embarazada de siete meses, vivían en Avellaneda 498, en la casa del papá de Juan Carlos, porque "no tenían un peso". La pareja de estudiantes eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista. En la siesta del 28 de abril de 1977, una patota de unos 6 o 7 hombres ingresó en la vivienda, a eso de las 14.30. Llegaron desde atrás y desde el costado. Al dueño de casa y a María Rosa los pusieron en otra habitación y a Juan Carlos se lo llevaron. "Dijeron que iban a volver a las 6 de la tarde, pero nunca más. No supimos adonde lo llevaron ni qué pasó, a pesar de las averiguaciones que se hicieron", contó ayer una María Rosa todavía afectada, casi 40 años después, por el horror que comenzó esa tarde. "Teníamos ocho millones de pesos para el parto, que desaparecieron", relató la testigo de la causa Guerrieri 3, que por primera vez se sienta frente a un Tribunal Oral a hablar de lo ocurrido con su marido y con ella misma. Su hijo Juan Pablo Gesualdo fue el otro testigo en la audiencia de ayer, que relató sus dudas infantiles cuando iban al cementerio y la única tumba familiar inexistente era la de su padre.

La causa Guerrieri 3 juzga a los militares Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Marino González y Alberto Pelliza, y al Personal Civil de Inteligencia Rodolfo Isach (que estuvo prófugo durante cuatro años), Walter Pagano, Eduardo Costanzo, Ariel López y Juan Cabrera. En el proceso oral se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas. Gesualdo es uno de ellos, y es la primera vez que se juzga a los responsables de su homicidio calificado. El tribunal oral federal número 1 está integrado, para este proceso, por José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Luciano Lauría, y el fiscal es Adolfo Villatte.

La audiencia de ayer fue breve, pero intensa. El testimonio de Balbi expuso una vez más la actualidad de estos juicios. Además de la desaparición de su esposo, María Rosa sufrió ella misma privación ilegítima de la libertad, por ese delito tampoco hubo sanción hasta ahora. Tras el secuestro de Juan Carlos, ella se fue a refugiar a la casa de unas tías, en La Paz al 1900. A fines de junio, le avisaron que su padre estaba secuestrado. De inmediato, María Rosa concurrió al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. A su padre lo liberaron y ella fue llevada a la Fábrica de Armas Domingo Matheu, donde estaba sola, con un embarazo a término, en una "piecita muy chiquita con un baño".

Los interrogatorios que le hicieron a María Rosa mientras estuvo presa en Rosario tenían que ver con el sustento de su matrimonio. "A mí me llamaba la atención porque lo que más me preguntaban era con qué vivíamos, de qué nos alimentábamos. A nosotros nos ayudó mucho la familia. Si no fuese por mi familia y por mi suegro, no hubiese podido terminar la carrera", dijo la mujer.

El 7 de julio, a María Rosa la llevaron a la Maternidad Martin a tener a su bebé, Juan Pablo. Y luego, siguió detenida -con el niño- en el Batallón 121. Desde allí la trasladaron a la cárcel de Ezeiza, tras un breve paso por Devoto, donde estuvo detenida hasta febrero de 1979. Recién en mayo de 1978 pudo anotar a su hijo, que permaneció siempre con ella. Su principal preocupación era el bebé. Estaba indocumentado, sin ninguna prueba legal de filiación. María Rosa relató que su padre fue torturado durante las horas que lo tuvieron detenido ilegalmente. Cuando el fiscal Villatte le preguntó si ella también había sufrido tormentos, respondió: "No. La tortura más grande fue la de los documentos de Juan Pablo, porque yo no tenía ningún papel que dijera que era mi hijo".

La voz de María Rosa se entrecortó una vez. Fue cuando dijo: "Mi suegro, que se murió pensando que el hijo iba a aparecer, me dijo 'terminá vos así cuando viene Juan Carlos ya están encaminados'". María Rosa se recibió de odontóloga y el año pasado se jubiló.

"Fue difícil", dijo más de una vez. En su familia, se habló muy poco de lo ocurrido durante el secuestro de su papá. "Nos poníamos mal, llorábamos, y había que salir adelante", dijo ayer la mujer que en 1980 retomó la Facultad de Odontología. Para eso, le pidieron un certificado de buena conducta. Fue a la policía a buscar ese papel. "Ahí fue donde me pareció ver a uno de los que habían llevado a Juan Carlos". No tuvo más datos.

Todavía no hay ningún represor condenado por la desaparición de Gesualdo. En sus declaraciones, Costanzo -que relató algunos de los delitos cometidos por la patota del Destacamento de Inteligencia 121- develó que a Gesualdo lo marcó Pagano, y que el cadáver del joven fue llevado a la isla. El juicio es una oportunidad para dilucidar qué pasó y quiénes lo hicieron.

Ausentes. El Tribunal decidió ayer hacer lugar a los pedidos de todos los imputados -excepto Amelong, que quiere asistir- para no presenciar el proceso oral y público, arguyendo temas de salud (Guerrieri, Fariña, Marino González e Isach). Deberán seguirlo por videoconferencia desde sus lugares de detención. En cambio, Pelliza y López deberán esperar. El pedido de la defensa de Pelliza es que se suspenda el proceso porque no lo comprende, y eso aún no fue definido por el Tribunal. Mientras tanto, López lo solicitó porque tiene un hijo discapacitado. Los más llamativos son los argumentos de Pagano y Cabrera: la resocialización. Pagano estudia en la cárcel y Cabrera tiene salidas laborales para ir a una industria de Córdoba. Tambien a ellos el Tribunal les permite eludir la mirada de las víctimas. La fiscalía y las querellas de HIJOS, a cargo de Nadia Schujman y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Santiago Bereciartúa, se habían opuesto, pero el Tribunal decidió aceptar las solicitudes de los imputados. Las audiencias continúan el viernes próximo, a las 9.30, en Oroño 940.

viernes, 4 de noviembre de 2016

La exoneración del espía: Frillocchi era Jefe de diplomas de la Universidad del Litoral

El vicerrector de la UNL resolvió el despido porque la actuación de un servicio de Inteligencia de la dictadura está "reñida" con los valores que la Universidad exige: el respeto de la democracia y los derechos humanos. Es un precedente muy importante.

Desde Santa Fe

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) exoneró a un ex agente secreto del Ejército, César Luis Frillocchi, que operó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la dictadura, según anunció ayer el Foro contra la Impunidad y por la Justicia que lo había denunciado hace dos años. El vicerrector a cargo de la UNL, Miguel Irigoyen, resolvió el despido porque "la actuación de un PCI" en la dictadura está "reñida" con los "valores" que la Universidad exige a "todos sus claustros", que son "el respeto de la democracia y los derechos humanos, pilares fundamentales del estado de derecho". El Foro lo consideró "un precedente muy importante en la Argentina, que seguramente será seguido por otras universidades" del país ante casos similares, dijo uno de sus dirigentes, Hugo Kofman, quien calificó a Frillocchi como un "represor impune".

La exoneración de Frillocchi se conoció en una conferencia de prensa que ofrecieron Kofman, el abogado Guillermo Munné, la secretaria de Derechos Humanos de la CTA, Graciela Paccot y otros militantes del Foro en la sede de ADUL, el gremio que nuclea a los docentes universitarios. El lugar elegido no pareció azaroso. El salón lleva el nombre del profesor Alberto Tur, secuestrado y torturado en 1978 con su ex esposa, Amalia Ricotti, por un grupo de tareas que integraba otro PCI y conocido de Frillochi, Horacio Barcos, quien falleció en la cárcel de Las Flores, en julio de 2012, donde cumplía una condena a 15 años de prisión.

Munné recordó que Frillocchi desempeñaba los dos cargos: fue PCI del Ejército "no sólo durante la dictadura cívico militar y eclesiástica" sino hasta su jubilación en 2006 y en el escalafón universitario ascendió "a la máxima categoría", jefe de Diplomas. "Muchos de los graduados de la UNL tenemos la tristeza de que nuestro título lleve la firma de este agente del terrorismo de estado que representaba a la Universidad", se lamentó.

El Foro denunció a Frilocchi en marzo de 2014 y amplió la presentación con un aporte de pruebas en junio de ese año. El entonces rector de la UNL, Albor Cantard, ordenó un sumario y la "separación preventiva" del PCI. Cantar es hoy secretario de Políticas Universitarias de la Nación y lo reemplazó en el cargo el vicerrector Irigoyen.

El sumario demandó "más tiempo del que esperábamos" - dijo Munné- , pero "aseguró el pleno derecho de defensa de Frillocchi". Y concluyó con una resolución de Irigoyen que exoneró al ex agente secreto del Ejército con el fundamento de que su rol como PCI está "reñido" con los "valores" de la UNL que son "la defensa de la democracia y los derechos humanos".

Munné dijo que la investigación reseña el paso de Frillocchi por la Facultad de Ingenería Química que "tiene la mayor cantidad de víctimas del terrorismo de estado" y su "infiltración" en el gremio de los no docentes (APUL) y en Intransigencia y Movilización Peronista, una línea que dirigían Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, secuestrados en Rosario, el 14 de mayo de 1983 y ejecutados en la provincia de Buenos Aires. "El día anterior al secuestro, Cambiasso había estado en Santa Fe y en Paraná", recordó.

Frillocchi integró la comisión directiva de APUL y llegó a representar a los no docentes en el Consejo Superior de la UNL. "Es escalofriante pensar en la confianza de la que se aprovechó Frillocchi", explicó Munné.

-¿Qué implica la exoneración?- , le preguntó un colega.

-El cese de sus funciones y el repudio de la UNL a su práctica y a su accionar. Es una sanción plena. Una decisión de la Universidad de no tolerar ni naturalizar que un agente del terrorismo de estado se haya valido de las atribuciones y recursos universitarios ni que puedan seguir representando a la institución- , contestó.

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia está integrado por los organismos de derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación de ex presos políticos El Periscopio), gremios (ATE, Amsafé, Sadop y Adul) y agrupaciones estudiantiles, entre ellas el Movimiento Evita y la corriente Martín Fierro.

lunes, 17 de octubre de 2016

9º juicio de lesa humanidad por crímenes contra 47 víctimas

Su única defensa es la provocación

Amelong, que tiene una condena a perpetua firme, levantó un cartel que decía "sigue el curro", y el Tribunal lo echó de la sala. Son diez acusados por secuestros y homicidios. Rodolfo Isach es el único que afronta su primer juicio.

Se juzgan los crímenes cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidos. El tercer tramo de la causa Guerrieri parecía comenzar con las formalidades de siempre en el Tribunal Oral Federal número 1, cuando Juan Daniel Amelong levantó un cartelito que decía "Macri miente? Sigue el 'curro'". El presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, le pidió el papel, y cuando se acercó, Amelong le puso las quejas: no comían desde el día anterior. El convicto atinó a volver a sentarse y dijo: "No sé para qué hacemos esto, si ya sabemos cómo termina. A dos de éstos ya los tuve en otro juicio. Si empiezan el circo, yo sigo con el circo". Jorge Fariña aprovechó para poner sus propias quejas: "Tengo 74 años, yo también tengo derechos humanos". Todos los represores han sido juzgados con todas las garantías constitucionales.

El magistrado los echó de la sala y el resto de los acusados aprovechó para irse a un espacio contiguo. Fariña y Amelong tienen condenas a prisión perpetua que ya están firmes, en la primera parte de esta causa, por la desaparición de 17 personas, entre otros delitos. Así comenzó el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad en los tribunales federales de Rosario. En el pasillo, Amelong todavía tuvo ánimo para provocar al concejal Eduardo Toniolli, hijo de una de sus víctimas. "Qué hacés, Toniolli", lo saludó. El único de los acusados en este proceso que nunca fue juzgado es Rodolfo Isach, quien deberá responder por homicidios.

Los represores acusados estaban en fila, sentados en sus sillas, contra la pared. Walter Pagano, Fariña, Ariel López, Juan Cabrera, Amelong, Marino González, Isach y Armando Pelliza. Separado por un gendarme seguía Eduardo Costanzo. Guerrieri no estuvo ayer porque tuvo cólicos, pero convalidó el comienzo del juicio. Las partes estuvieron de acuerdo para evitar más demoras.

Cuando lo expulsaron de la sala, Amelong -decidido a generar conflicto- dijo también que le revocaba el poder a su defensor. Otro de los defensores públicos, Fabio Procajlo, arguyó que su defendido -Pelliza- no estaba en condiciones de ser sometido a juicio por su salud mental. El tema será tratado hoy, en la audiencia que comenzará a las 9.30, en Oroño 940. Para asistir, sólo hace falta llevar el DNI con una fotocopia.

Tras el incidente con Amelong y Fariña, el resto de los acusados pidió retirarse a una sala contigua, donde seguirán el juicio por televisión. Sólo Isach se quedó en la sala de audiencias.

En la primera jornada del juicio, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio oral para que cada imputado sepa de qué se lo acusa, de acuerdo con las garantías procesales. Allí se enumeraron las desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos que sufrió cada una de las víctimas que pasaron por el circuito de centros clandestinos de detención (ccd) La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, que dependían del Batallón de Inteligencia 121. Guerrieri era el segundo jefe de inteligencia de ese Batallón.

La lectura del requerimiento estuvo a cargo del secretario Osvaldo Facciano, quien resumió el circuito de ccd que estaban bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121. La Calamita funcionaba como tal desde septiembre de 1976, mientras la Quinta de Funes fue alquilada en septiembre de 1977. "Allí se encontraron cautivos un grupo de personas que fueron ultimados en La Intermedia, con excepción de Raquel Negro y Tulio Valenzuela", dice el requerimiento, donde se puntualiza que los secuestrados eran "obligados a actuar al exterior como si no estuvieran privados de la libertad". La fiscalía considera que ese accionar "no tenía ningún fin humanitario sino que profundizaba el tormento y la aflicción de las víctimas".

Entre las víctimas cuyas privaciones ilegítimas de la libertad se juzgan en este juicio, además de quienes estuvieron en Quinta de Funes, hay otras personas desaparecidas en La Calamita.

jueves, 13 de octubre de 2016

Comienza la causa Guerrieri III por 47 crímenes de lesa humanidad

Ante el inicio de un nuevo juicio en Rosario contra represores de la última dictadura cívico militar, el jueves 13 de octubre a las 9.30, las organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas que acompañan a los testigos y querellantes por delitos de lesa humanidad, nucleados en el Espacio Juicio y Castigo Rosario, convocan a volver a estar presentes frente a los tribunales federales.

Las organizaciones invitan a concentrar desde las 9.30 del jueves 13 de octubre para participar del inicio del juicio que será seguido desde la puerta del Tribunal con una radio abierta.
En esta oportunidad, además de “hacer el aguante a los testigos y querellantes”, el espacio se propone denunciar que “el modelo económico de ajuste, despidos y entrega actual es el mismo que el instaurado por Videla y Martínez de Hoz”. “Mientras Milagro Sala está detenida, los instigadores y beneficiarios de la dictadura como Blaquier, Magnetto o Mitre siguen libres y colocan sus CEO’s en el gobierno”, plantearon en su convocatoria.

Acusados para la causa Guerrieri III

Diez acusados por delitos de lesa humanidad se sentarán hoy en el banquillo de los acusados en el Tribunal Oral Federal de Rosario, en el inicio del noveno juicio en la ciudad de Rosario, conocido como Guerrieri III. Según el texto difundido por el espacio Juicio y Castigo Rosario, los diez acusados son los militares (RE) Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza y los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (quien además fue comisario de la policía provincial). El juicio comenzará hoy, a las 9.30, y las organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas que acompañan a los testigos y querellantes por delitos de lesa humanidad convocan a volver a estar presentes frente a los tribunales federales de Oroño 940.

Entre otros delitos, en el proceso se investigarán los asesinatos y se buscará conocer la verdad del destino de los desaparecidos Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Ángela Carolina Negro, Marta María Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Rubén Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Víctor Traverso, Guillermo White, Fernando Feliz Agüero, Rubén Daniel Flores, Edgar Tulio Valenzuela -cuya desaparición ocurrió tiempo después de los hechos juzgados- y Jorge Luis Ruffa, cuyos restos fueron identificados.

En cuanto a la movilización, en esta oportunidad, además de "hacer el aguante a los testigos y querellantes", el espacio Juicio y Castigo se propone denunciar que "el modelo económico de ajuste, despidos y entrega actual es el mismo que el instaurado por Videla y Martínez de Hoz". Los convocantes recordaron que "mientras Milagro Sala está detenida, los instigadores y beneficiarios de la dictadura como Blaquier, Magnetto o Mitre siguen libres y colocan sus CEO's en el gobierno".

Además, las organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas integrantes del espacio, harán un "repudio a la represión desatada por la policía provincial" en el marco de la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres.

Acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos, diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército serán juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita y Quinta de Funes contra 47 víctimas del Terrorismo de Estado, 24 de ellas desaparecidas.

También se imputa a los acusados los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de ex detenidos y sobrevivientes. El tribunal estará integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría.

 Audiencias

Según informó el Tribunal, las audiencias orales serán “los días jueves y/o viernes, alternativa, separada o conjuntamente de cada semana”. Los magistrados dispusieron que cada jornada se inicie a las 9.30 en la sede del Tribunal ubicado en el edificio de bulevar Oroño entre Rioja y San Luis.

domingo, 21 de agosto de 2016

De los más violentos grupos de tareas

Tienen a cuatro represores por el secuestro del último jefe del PRT en Santa Fé
El D2 de la Policía santafesina está en la mira de la justicia que además libró órdenes de captura para otros cuatro represores que actuaron durante la última dictadura militar. En la causa se investiga la caída del último jefe político del PRT, Catalino Paez.

 Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

La detención de cuatro represores de la Policía de Santa Fe y la orden de captura de otros cuatro puso bajo la lupa esta semana a uno de los grupos de tareas más numerosos y violentos de la dictadura: el Departamento Informaciones (D2) que operaba bajo el control operacional del Ejército y -en determinadas épocas- al mando de asesores militares. Los presos son tres comisarios: Eduardo Enrique Riuli (que llegó a ser jefe de la Unidad Regional de Esperanza), Fernando Mendoza y Angel Roberto Córdoba y el sargento Rubén Oscar Isaurralde acusados por el secuestro y torturas de once víctimas. En la causa se investiga la caída del último jefe político del PRT en Santa Fe, Catalino Paez, de su esposa embarazada y de uno de sus hijos, Mario, quien era un niño de 14 años, en febrero de 1980, cuando los capturaron en un campito con hornos de ladrillo, donde trabajaban y vivían, en Lima, provincia de Buenos Aires, a 368 kilómetros de Santa Fe. El operativo siguió con el secuestro de otros ocho compañeros y amigos de Paez en Laguna Paiva, entre marzo y abril de 1980.

Las detenciones e indagatorias de los ocho imputados fueron solicitadas por el fiscal Martín Suárez Faisal el 31 de mayo, pero el juez federal Reinaldo Rodríguez dejó pasar la feria y recién las ordenó dos meses después. Esta semana, la emisora LT10 informó que cuatro de los ocho buscados estaban presos: los comisarios Riuli, Mendoza y Córdoba y el sargento Isaurralde. Pero las fuentes judiciales citadas por la radio no dijeron dónde están los otros cuatro.

Riuli es uno de los acusados por el secuestro de los Paez, en Lima, provincia de Buenos Aires y por otros hechos en Laguna Paiva, se abstuvo de declarar y fue alojado en el pabellón de represores de Las Flores, por lo que se deduce que los otros tres, que tienen más de 70 años, ya gozan de arresto domiciliario.

La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia del entonces secretario de Derechos Humanos de la provincia Horacio Coutaz, quien la acompañó con el resultado de una pesquisa con abundante prueba testimonial y documental del equipo de investigadores que dirigía la abogada Alejandra Romero Niklison. En abril de 2015, el fiscal Walter Rodríguez promovió la acción penal y en mayo, el fiscal Suárez Faisal solicitó las ocho detenciones, de las que ahora se concretaron cuatro.

Una de las pruebas que aportó el equipo de investigación a cargo de Romero Niklison es una lista de 42 oficiales y suboficiales que operaban en D2, que tenía su base en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert, en el microcentro santafesino, a una cuadra de bulevar Gálvez. En esa lista figura Héctor Romeo Colombini ("Pollo"), quien estaba adscripto al Destacamento de Inteligencia Militar 122 y falleció en agosto de 2012 cuando cumplía una condena a 23 años de prisión por secuestros y torturas.

Una de las víctimas que declararon en la causa dijo que Isaurralde era el "guardaespaldas de Colombini" y quién "lo golpeó fuertemente dejándolo sin respiración".

Mario Paez dijo que después de su secuestro y el de sus padres, el 15 de febrero de 1980, sus siete hermanos, de 9 a 13 años quedaron abandonados en la ladrillería de Lima, donde vivían. Y describió a los que "daban las órdenes" en el operativo como "un hombre de baja estatura canoso" y "se destacaba uno alto, elegante con un sombrerito de trapo".

Después, cuando ya estaba secuestrado en la base del D2, en San Martín y Obispo Gelabert, los pudo reconocer. Uno era "Eduardo æel FlacoÆ Riuli, me entero quién era porque lo llamaron así sus compañeros, de Laguna Paiva y era el que tenía el sombrerito el día del secuestro. Estaba allí y nos apuntaba".

En otro momento, lo llevaron a ver a su padre. "Allí estaba Riuli y el petiso canoso que era el jefe. Se que él vivía arriba con la familia, me lo dijo un policía raso", relató. Mario se refirió a la planta alta del D2, con entrada por calle San Martín, que solía ser la residencia de los jefes de Policía la provincia.

"Riuli y el canoso me decían: æhijo de puta, fíjate lo que vas a hacer ahora porque no queremos que seas como tu padre cuando salgas", contó Mario.

domingo, 26 de junio de 2016

Una madre fue obligada a entregar su bebé bajo la amenaza de matar a su padre

El juicio oral y público por la apropiación de un bebé nacido durante el cautiverio de su madre en Santa Fe durante la última dictadura se iniciará el 23 de junio y concluirá en agosto, de acuerdo con un cronograma preliminar difundido por el Tribunal Oral Federal de la capital provincial. Se trata de la denominada "Causa Góngora, Cecilia y otros", que pondrá en el banquillo a una médica y a la apropiadora de José Maulín Pratto. El proceso debía iniciarse el 29 de abril pasado pero fue postergado debido a un cambio en la defensa técnica de una de las imputadas.

El Tribunal Oral Federal presidido por José Escobar Cello iniciará el juicio por la apropiación y sustitución de identidad de Maulín Pratto, quien aún lleva el apellido Segretín y fue apropiado de las manos de su madre a poco de nacer bajo la amenaza de matar a su padre, quien se encontraba encarcelado.

En la causa están imputadas Cecilia Góngora, quien lo crió desde bebé y está acusada de apropiación, y la médica Elsa Gladis Nasatsky, en tanto que murió en diciembre de 2014 un tercer imputado, Danilo Sambuelli, ex jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista, ya condenado por otros delitos de lesa humanidad.

Voceros judiciales reseñaron que Luisa Pratto, madre de José Maulín Pratto, fue internada en un sanatorio de la ciudad de Santa Fe con un nombre falso y cuando nació su hijo fue obligada a entregarlo bajo la amenaza de que iban a matar a su marido Rubén Maulín, en ese momento detenido en la cárcel de Coronda.

El juicio se iniciará el 23 de junio a las 8.30 y continuará al día siguiente, para luego reanudarse el 30 de junio con los testimonios de Luisa Pratto, Griselda Pratto, Rubén Maulin y José Luis Segretin, y posteriormente habrá una última jornada el 1 de julio antes de la feria judicial.

Las siguientes audiencias están previstas para los días 28 y 29 de julio y 4, 5 y 11 de agosto, con la declaración de una treintena de testigos en total.

domingo, 22 de mayo de 2016

El ex juez que quiere volver a casa

Vera Candioti condenado a 15 años de prisión por borrar la identidad de Paula Cortassa. .

El ex juez que quiere volver a casa

Está juzgado en el marco de la causa por terrorismo de Estado en Santa Fe. El defensor oficial pidió el arresto domiciliario del ex magistrado por el "frágil estado de salud" y la edad de su defendido que ya tiene 76 años. Los abogados querellantes se oponen.

Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

La defensa está muy activa para lograr la vuelta a casa del ex juez de Menores Luis María Vera Candioti, condenado a 15 años de prisión por borrar la identidad de María Carolina Guallane/Paula Cortassa, pero entre los allegados de aquel se admite en público que el intento "es difícil". El defensor oficial Martín Gesino pidió el arresto domiciliario del ex magistrado por el "frágil estado de salud" y la edad de su defendido que ya tiene 76 años. El fiscal Martín Suárez Faisal no opuso "objeciones" a que se le conceda el beneficio. La abogada Zulema Rivera que patrocina a Carolina solicitó -antes de expedirse- que Vera Candioti pase por "un examen del Cuerpo de Médicos Forenses (CMF)" de la Corte Suprema de la Nación. Y los querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano, rechazaron el pedido de Gesino por la "precariedad probatoria" que lo "fundamenta" (el "certificado médico privado" de un "amigo" de Vera Candioti), apoyaron la "pericia médica" y advirtieron sobre el "peligro de fuga". El Tribunal ordenó un "examen médico exhaustivo" del ex juez, a cargo de peritos de la Corte y remitir el "dictamen" al Servicio Penitenciario Federal para que "informe si cuenta con dependencias aptas para alojar a una persona en las condiciones señaladas en dicha pericia y brindarle las atenciones necesarias".

En la sentencia del 28 de abril que condenó a Vera Candioti y al otro imputado por el caso Carolina, coronel Carlos Enrique Pavón (a 13 años de prisión), el Tribunal revocó las excarcelaciones de ambos y decidió que cumplan la pena en el Servicio Penitenciario Federal. Esta semana, Pavón sumó el segundo pedido de "detención domiciliaria" por razones de salud para evitar su traslado a los complejos de Ezeiza o Marcos Paz, pero el fiscal aún no dictaminó y las querellas no respondieron las vistas.

En ese veredicto, el Tribunal explicó por qué mandaba a Vera Candioti y a Pavón a una cárcel federal. Se trata de "penas graves" y "cumplimiento efectivo" que "aportan un mayor énfasis, a la presunción de que en caso de mantener la libertad, los imputados habrán de eludir la acción de la justicia", dice el fallo de los jueces Ricardo Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo.

El 4 de mayo -a los tres días hábiles de la condena-, Gesino pidió la "detención domiciliaria" de Vera Candioti, que hoy está en Las Flores. Y la fundamentó en el "frágil estado de salud" del ex juez, que sumado "a su avanzada edad, exige control estricto y permanente" de sus dolencias. "Resulta aconsejable" la vuelta a casa -dijo- para que su "asistido" tenga "óptimo tratamiento" y la "ayuda y contención de su núcleo familiar".

Es más, Gesino descartó "por completo" un "posible riesgo de fuga" de Vera Candioti ante un eventual arresto domiciliario porque "lo único que desea es permanecer con su familia". Un "detenido tiene derecho a vivir en condiciones compatibles con su dignidad" y "el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad", planteó el defensor.

El fiscal Suárez Faisal dictaminó que "no tenía objeciones" ante el pedido de la defensa. Pero el Tribunal dio otro paso y corrió vista a las querellas. La abogada de Carolina solicitó un "examen médico" de Vera Candioti a cargo de peritos de la Corte -que es el que se ordenó-. Y los abogados de Abuelas, rechazaron el pedido de Gesino por su "precariedad probatoria". "El mero certificado" de un "médico privado amigo de la familia" "no es prueba determinante", plantearon Bereciartúa y Moyano.

"El Servicio Penitenciario Federal cuenta con los medios apropiados para atender las necesidades de salud de los detenidos a su cargo, ya sea en el complejo de Ezeiza o en el de Marcos Paz", dijeron los abogados de Abuelas, en otro retruque a la defensa. "De ninguna manera se demuestra que el alojamiento carcelario vulnera" el derecho del imputado "a ser tratado humanamente y con respecto a su dignidad personal".

Los abogados de Abuelas citaron fallos de la Cámara de Casación que coinciden que la "prisión domiciliaria" es "una excepción" al "principio general" de que la pena "debe cumplirse en un establecimiento penitenciario" y por lo tanto "debe interpretarse de manera restrictiva". Explicaron que el beneficio "no es automático" y "se debe evaluar en cada caso concreto" y que "la discrecionalidad del juez" para otorgarlo "debe ser utilizada de manera racional y para un uso adecuado".

Según los querellantes de Abuelas, "son tres los componentes que entran en tensión" a la hora de otorgar la prerrogativa, entre los que el Tribunal "debe encontrar el equilibrio justo": "las razones humanitarias, el interés colectivo y la gravedad del hecho". Y explicaron por qué:

"No existen razones humanitarias que impidan la prisión efectiva" de Vera Candioti, que "goza de un estado de salud acorde a su edad, al menos hasta que se demuestre objetivamente lo contrario, y puede ser perfectamente controlado en una unidad penitenciaria, no transformándose así de ningún modo en un trato cruel, inhumano o degradante".

"El interés colectivo que se pone en juego ante delitos de lesa humanidad es trascendental, ya que son hechos ilícitos que no sólo afectan a las víctimas directas sino también a la sociedad toda y el Estado asumió la obligación internacional de perseguirlos y penarlos".

"La gravedad de los hechos" por los que se condenó a Vera Candioti "es de tal entidad que han sido perpetrados con el más alto nivel de violencia posible, la violencia del terrorismo amparados en la estructura del Estado, procurándose así, durante todo estos años, la impunidad".

domingo, 8 de mayo de 2016

Rafael Luis Galli, ex decano de la Facultad de Ingeniería durante la dictadura

Un cómplice escondido entre los trenes

Se presenta como mentor de la muestra de ferromodelismo Mundo Tren, a la que acuden niños de todas las edades cuando la presenta. Pero lo que oculta este ingeniero es su participación en la dictadura como decano de una facultad que tuvo muchos desaparecidos.

  Por José Maggi

El ingeniero Rafael Luis Galli, se presenta públicamente como el mentor de la muestra de ferromodelismo Mundo Tren. En ese rol ha desplegado su muestra en escuelas y ante estudiantes de distintos niveles tanto en ámbitos privados y públicos, como el Planetario Municipal hasta hace pocos meses. Lo que Galli no cuenta y que la enorme mayoría de padres y docentes no saben es que detrás de ese rostro de viejo bueno, de abuelo sensible por los trenes, se esconde la historia de cómplice civil de la última dictadura: "El ingeniero Galli tiene sus manos manchadas con sangre, fue el decano de Ingeniería, que tiene estudiantes secuestrados y docentes desaparecidos. Quiero contarlo porque no creo que en su curriculum diga 'fui el decano de Videla'. Yo lo sufrí en carne propia: me suspendió de la facultad cuando me faltaban un par de materias para recibirme y tuve que irme del país". La confesión corre por cuenta de Juan Jaureguiberry, quien en el año 1979, sufrió la persecución en esa casa de altos estudios a instancias de quien era un eslabón civil en la represión de los claustros universitarios, y quien firmaba los decretos de suspensión, debajo del nefasto interventor Humberto Riccomi.

-¿Quién es Rafael Luis Galli?

-El ingeniero Galli fue el decano de la facultad de Ingeniería durante casi todo el período de la dictadura militar, desde 1976, no recuerdo bien la fecha pero antes hubo una breve intervención de un militar a cargo después del golpe y cuando subieron las autoridades civiles que aceptaron gestionar la universidad, Galli se hizo cargo del decanato.

-¿Cómo lo conoció?

-Era alumno de Ingeniería Mecánica, entré en el 74 a la facultad, y venía del Politécnico, donde habíamos formado el Centro de Estudiantes en el 72, en la dictadura de Lanusse. En el 75 fui elegido miembro de la Comisión directiva del centro de estudiantes. Cuando ocurre el golpe pasamos de algún modo a la clandestinidad simbólica en la facultad de Ingeniería. Seguimos gestionando igual, a pesar de que había muchas restricciones: no había Consejo Directivo, no había nada. El decano tenía el poder absoluto concentrado para la aplicación directa de un régimen de exclusión de la universidad, de persecución política y donde estaba prohibida toda actividad política. Hay una placa con los nombres de las verdaderas victimas. Quiero decir que Galli asume en un momento donde venían de ser secuestrados varios profesores del Departamento de Física, como Eduardo Pasquini y Julia Huarque que nunca más aparecieron. En esa época hubo varios allanamientos sobre muchos otros docentes. Recuerdo a Ferraro de Matemáticas y realmente era un clima de intimidación terrible sobre todo en el movimiento estudiantil y docente de la facultad de Ingeniería.

-¿Había cesantías, suspensiones, persecuciones en esa época?

-Hubo un régimen de terror durante un período con secuestros y desapariciones con las direcciones precisas que evidentemente venían de las inscripciones en los padrones de la facultad. Hubo muchos allanamientos y hubo muchos estudiantes que se mudaron y se fueron a vivir a otro lado, porque era gente que estaba muy marcada. Por supuesto que mantuvimos niveles de organización, como en el 78, acompañamos a la Comisión de la OEA durante el Mundial en la que pudimos rescatarlo a Sergio Schilman de adentro de la Jefatura.

-¿Hubo algún blanco elegido especialmente en Ingeniería?

-Bueno, el departamento de Física fue el lugar principal donde ellos se ensañaron desde el primer momento. Había allí un grupo de docentes muy comprometido, y también en el Departamento de Matemáticas, entre ellos Carlos Meritano, que luego fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ya en tiempos de López Rega en la facultad de Ingeniería había un foco de resistencia grande de docentes, que fueron puntal de la APDH.

-¿Le tocó vivir algún capítulo puntual con Galli?

-A finales del año 1979, presentamos un petitorio y juntamos firmas contra el turno castigo. Esta era una de tantas trabas que se habían implementado en la universidad, por el cual si rendías mal una mesa no la podías tirar en la segunda ni en la tercera sino que tenías que ir al otro período. Si te iba mal en diciembre, pasabas a marzo derecho. El objetivo era retrasar a los estudiantes, enmascarado en la idea de calidad. Estaba por recibirme, mientras trabajaba en una fábrica. Pedimos una entrevista, siempre a titulo personal, porque no estaba permitido el centro de estudiantes. El día de la reunión con el decano uno de los alumnos no vino, asi que el secretario académico de apelldio Canoba -un hombre muy vinculado al decano de Filosofía de entonces de apellido Luraschi, famoso por recibir a los alumnos con una pistola sobre su escritorio- me preguntó si quería pasar. Me llamó por mi nombre, ya que me conocía desde el Politécnico donde era instructor de ajedrez, y yo fui jugador. Me hizo pasar a la entrevista y dos meses después me iniciaron un sumario en el Rectorado por suplantación de identidad y falsedad ideológica, como si yo me hubiese hecho pasar por el otro alumno que no había ido.

-¿Qué te implicó el sumario?

-Lo curioso es que el sumariante de apellido Chedes, en un primero momento rechazó instruir el sumario porque entendía que no había fundamentos. Pero me enteré después que fue el mismo Rafael Galli quien exigió mi sanción, y usó todo su poder interno en rectorado para exigirlo. Finalmente me sancionaron. Entonces me dan seis meses de suspensión justo cuando me estaba por recibir, tenía 44 materias aprobadas. Todo vino acompañado de un serie de amenazas sobre mi persona por gente vinculada a la CNU y al final aparece alguien que me aconseja desaparecer de la facultad, y me fui del país por un período y después nunca más termine la carrera.

-¿Alguna vez se lo cruzó a Galli?

-Lo encontré a Galli una vez en un cine del centro, sentado delante mío, obviamente ya en democracia. Me sentí muy violentado emocionalmente, y cuando salimos lo increpe a los gritos en el hall. Le dije que todos se tenían que enterar que ese hombre había sido el decano de la dictadura, que tenía las manos manchadas de sangre, porque evidentemente durante su gestión se secuestraron y desaparecieron estudiantes. Sabemos que ellos pasaban información, y que el grupo que se manejaba en el decanato podía entrar sin golpear la puerta. Cuando terminé de gritarle, solo me contestó: 'vos no sos nadie'.

María Carolina Guallane estuvo secuestrada y desaparecida en manos del Ejército

"La tenían para torturar a su padre"

Es la conclusión a la que arriba el juicio de la megacausa sobre el destino de María Carolina Guallane cuando era sólo una niña de 13 meses. Estuvo 58 días en manos del Ejército.

  Por Juan Carlos Tizziani  - Desde Santa Fe.

El fiscal Martín Suárez Faisal dijo que el juicio por la megacausa permitió descubrir y probar que María Carolina Guallane/Paula Cortassa estuvo "desaparecida 58 días", "en poder del Ejército Argentino" cuando era una niña de 13 meses, lo que fortalece "la hipótesis de que la tuvieron secuestrada en un centro clandestino de detención para torturar a su padre, Enrique Cortassa". "No tengo dudas sobre eso porque si no el Ejército la hubiera entregado antes", dijo en un diálogo con Rosario/12. El proceso terminó la semana pasada con la primera sentencia en la Argentina a un juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, a 15 años de prisión por borrar la identidad de Paula y condenas a dos militares: Carlos Enrique Pavón (13 años) y Domingo Morales (22 años) y un comisario: Juan Calixto Perizotti (prisión perpetua). Y dejó un legado: la cantidad de pruebas que se volcarán en otras investigaciones, las certezas de cómo operaba el terrorismo de estado y el valor simbólico. "Se juzgaron hechos que marcaron profundamente a la sociedad santafesina por su crueldad y violencia, como los operativos de fuerzas conjuntas en Ituzaingó y Las Heras y en la casa de calle Castelli al 4500 (donde vivía Paula)", así que la sentencia será "un gran aporte a la verdad de lo que ocurrió en Santa Fe", sintetizó el fiscal.

En noviembre, cuando declaró ante el Tribunal -integrado por Ricardo Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo-, Carolina dijo que había un bache en su vida, "una parte de la verdad" estaba "pendiente". Y "quería saber qué hicieron" con ella, desde el 11 de febrero de 1977 cuando sobrevivió a la masacre de su familia hasta el 13 de mayo de 1977, cuando Vera Candioti se la entregó a un matrimonio de Venado Tuerto, Jorge y María Guallane, adoptantes de buena fe. Ellos la recibieron "al borde de la muerte", con un cuadro de "shock emocional, tuberculosis, desnutrición, hepatitis", "problemas de motricidad, edemas en las piernas que hacen suponer que me metieron en un cajón y por eso caminé recién a los tres años", recordó. "Quiero saber qué hicieron conmigo en esos tres meses", desde el secuestro hasta la adopción. "¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique?", le preguntó a los jueces. "Necesito que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que esos tipos -los represores- me tocaban para atormentar a Enrique en un centro clandestino. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro", planteó.

Según el Ministerio Público, los días "en negro" en la vida de Paula fueron 58, desde el ataque militar del 11 de febrero de 1977 "hasta el primer día que tenemos registros en un lugar público (8 de abril de 1977), Paula estuvo 58 días sin que se sepa su real destino", explicó el fiscal.

-¿Coincide con la hipótesis de que la nena fue secuestrada para torturar al padre?

-Si, si. Yo creo que no hay dudas de eso. Porque si no el Ejército la hubiera entregado mucho antes.

-Hay un bache de muchos días.

-Si, nosotros contamos 58 días en los que estuvo fuera de cualquier institución oficial vinculada a los menores como el Hospital de Niños, la Casa Cuna o alguna guarda provisoria de una familia sustituta.

-¿Desaparecida?

-Si, durante esos días estuvo desaparecida, no se sabe dónde. La última vez que se la vio (en la casa de Castelli) fue en manos del Ejército y volvió a aparecer a través de una nota firmada por Pavón, también del Ejército. Quiere decir que en ese lapso estuvo en el Ejército Argentino. Y nadie nos ha explicado por qué. Pavón se ocupó de decir que no tenía nada que ver con el hecho, pero no dijo qué había pasado con Paula Cortassa durante ese tiempo -respondió Suárez Faisal.

El juicio probó el destino de los padres de Paula. Enrique Cortassa sigue desaparecido y Blanca Zapata, embarazada de siete meses, agonizó once días. "Lo que más me marcó es que cuando fuimos al barrio -en una inspección judicial a la casa de calle Castelli-, los vecinos de esa época nos contaban lo que había pasado, cómo habían llevado a Paula en una sábana ensangrentada, cómo sacaron a Blanca Zapata sin ninguna herida en su cabeza, aunque luego murió como consecuencia de un disparo en el cráneo. Y nos confirmaron que se llevaron vivo a Enrique Cortassa, lo que después nos dio la hipótesis de que esos casi dos meses que Paula estuvo en un destino incierto evidentemente fue usada para torturar a su padre", precisó el fiscal.

-¿Y hoy Vera Candioti es el primer juez de Menores condenado en el país?

-Era parte de un engranaje dentro del plan sistemático, un eslabón en la cadena que posibilitó que Paula Cortassa perdiera su identidad hasta que la recuperó por su propia iniciativa (22 años después). Tuvo una actitud absolutamente descuidada respecto de los derechos de la niña y eso es muy grave porque él representaba al Poder Judicial de Santa Fe, era la autoridad en materia de menores en la mayoría de los departamentos de la provincia, debía asegurar que se respetaran los derechos de los menores y en particular de los que estaban en una situación de vulnerabilidad muy grande como se probó en el caso de Paula Cortassa. Pero en vez de garantizar esos derechos personalísimos a la identidad, a conocer su historia, a encontrarse con su familia de origen, se aseguró de que eso no pudiera ocurrir. Porque salteó de la lista (de adoptantes) a unas 20 familias para entregarle la niña a la que estaba más lejos, en Venado Tuerto, que eran los Guallane, que la adoptaron de buena fe, que quizás sospecharon cuál era su origen pero nunca tuvieron información fidedigna de dónde provenía. Y esto sólo pudo ser descubierto después de muchos años, por el esfuerzo de Paula y la ayuda de muchas personas y organismos de derechos humanos -concluyó.

viernes, 29 de abril de 2016

Luis María Vera Candioti fue condenado en Santa Fe a 15 años de prisión.

Fue encontrado culpable de “retener y ocultar” a Paula Cortassa/María Carolina Guallane, “alterar y suprimir su estado civil” y “prevaricato”.

"LO HEMOS LOGRADO"
Por Juan Carlos Tizziani

El Tribunal Oral de Santa Fe dictó ayer la primera sentencia en el país a un ex juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti (15 años) por borrarle la identidad y su historia a una beba de 14 meses, María Carolina Guallane, quien recién recuperó su nombre, Paula Cortassa, 21 años después. "Es lo que pretendía, que se hiciera justicia", dijo conmocionada.

El ex juez Luis María Vera Candioti siguió el juicio en una sala contigua al tribunal.
El Tribunal Oral de Santa Fe –integrado por cuatro jueces de Rosario– dictó ayer la primera sentencia en el país a un ex juez de menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, por borrarle la identidad y su historia a una beba de 14 meses, María Carolina Guallane, quien recién recuperó su nombre, Paula Cortassa, 21 años después. La condena fue por tres cargos: “retener y ocultar” a la niña, “alterar y suprimir su estado civil” y “prevaricato” y la pena: 15 años de prisión de “cumplimiento efectivo”. Ayer Vera Candioti ya no pudo volver a su casa. Carolina escuchó el veredicto en la sala de audiencias y lloró. “Es lo que pretendía, que se hiciera justicia y lo hemos logrado”, dijo ya en la calle, aún conmocionada por un fallo que consideró “ejemplar”.

Los otros dos imputados por el caso también resultaron culpables: el tribunal condenó al coronel Carlos Enrique Pavón a 13 años de prisión por los mismos delitos de Vera Candioti, más “falsedad ideológica de documento público” y al comisario Juan Calixto Perizzotti a “prisión perpetua” porque también lo juzgaron por el asesinato 16 montoneros, entre ellos los padres de Carolina, Enrique Cortassa y Blanca Zapata y el secuestro y tortura de otros cuatro. El cuarto acusado, otro coronel del Ejército, Domingo Morales, fue sentenciado a 22 años de cárcel por “asociación ilícita” y el “homicidio” de tres militantes.

El Tribunal ordenó detener a Vera Candioti y Pavón, que terminaron en la cárcel de Las Flores, mientras que Perizzotti y Morales seguirán en prisión domiciliaria.

A las 10 de la mañana, los cuatro acusados tenían la chance de decir sus últimas palabras, pero el único que habló fue Pavón. Sorprendió al confesar que los delitos que se juzgaban eran “aberrantes”, pero dijo que él no había participado, que era inocente, aunque tampoco explicó cómo habían ocurrido. Pavón puso a Carolina a disposición del ex juez Vera Candioti, con una nota del Ejército falsa, fechada el 4 de febrero de 1977, siete días antes del operativo militar que masacró a los Cortassa, en su casa de calle Castelli al 4500, el 11 de febrero de 1977. Enrique está desaparecido desde entonces y Blanca Zapata agonizó once días, con un embarazo a término.

Al mediodía, el presidente del Tribunal, Ricardo Vásquez, leyó el veredicto: perpetua para Perizzotti, 22 años de prisión para Morales, 15 años para Vera Candioti y 13 para Pavón. La condena más alta es la que habían pedido los abogados de Hijos, Lucila Puyol y Guillermo Munné y las otras están en la escala que solicitaron el fiscal Martín Suárez Faisal y los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Natalia Moyano y Santiago Bereciartúa. Los fundamentos se conocerán el 21 de junio, a las 12.

El veredicto salió por mayoría, con dos disidencias parciales. El juez Omar Digerónimo calificó a los “delitos de lesa humanidad” por los que se condenó a los imputados como “genocidio” en los términos de la “Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948”. Y es el primer voto en esa línea en Santa Fe. Mientras que su colega, Beatriz Cavallero de Barabani, se inclinó por reducir la pena de Pavón de 13 a 10 años de prisión.

“¿La verdad? Estoy sorprendida”, dijo Carolina. Y era por la “trascendencia” del fallo y los montos de las penas a Vera Candioti y Pavón, que “cumplirán en una cárcel”. “Este es un ejemplo de la justicia que soñamos y queremos. Ojalá que en todos los juicios que vienen, los jueces actúen como actuaron en éste. Me voy satisfecha, aliviada, llena de tranquilidad. Es uno de los tantos alivios que obtuve en estos años, como los anteriores, cuando recuperé la identidad (en 1998) y me devolvieron los restos de Blanca (en 2000). Hoy es un alivio más.”

Carolina vivió la audiencia de ayer como la posibilidad de saldar una etapa. “Dar vuelta una página en el libro” de su historia, explicó. “A partir de ahora, intentaré ver la vida de otra manera, quiero cerrar con este tema que me afectó mucho, emocionalmente. Es lo pretendía, que se hiciera justicia y lo hemos logrado.”

Los abogados de Abuelas coincidieron que el fallo Vera Candioti será un “precedente increíble”. “Es el primer juez de menores que se condena en la Argentina por un caso de apropiación”, dijo Bereciartúa y comentó un diálogo telefónico con su jefe, Alan Iud. “Están todos muy emocionados, escucharon la sentencia por la web. No podían creer que lo que ellos trabajaron en el laboratorio jurídico está plasmado en una sentencia, todo lo que pedimos, todo se nos dio. Obviamente, porque los hechos ocurrieron, acá nadie mintió. Y los jueces supieron recibir lo que se planteaba a la luz de las pruebas que había. Es muy importante que se empiece a juzgar a los jueces que participaron en el plan sistemático del robo de bebés. Las Abuelas de Plaza de Mayo están muy agradecidas a este tribunal”, agregó Bereciartúa. Más tarde, Alan Iud escribió: “Excelente sentencia en Santa Fe por la apropiación de la nieta Paula Cortassa. Vera Candioti, primer juez condenado.”

Moyano le agradeció a Carolina la lucha por su identidad: “Este juicio es devolverte a vos esa búsqueda que supiste hacer desde muy temprana edad. Y es un compromiso de las Abuelas de Plaza de Mayo con vos y tu historia”, dijo Natalia. “Este es el camino que se inició hace 40 años, el imposible tarda, pero llega.”

“La historia de Carolina/Paula es lo que han vivido tantos niños en la dictadura, así que para nosotros fue muy duro escuchar su testimonio en el juicio. Y que ella esté en paz, y con la tranquilidad con que se expresó es para nosotros tan importante como la sentencia”, concluyó Bereciartúa.