Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

martes, 31 de agosto de 2010

Los relatos del horror

ACUSACIONES CONTRA DIAZ BESSONE Y JOSE RUBEN LOFIEGO
El 30 de agosto se leyeron los casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios de Estrella González, Héctor Vitantonio, Antonio Angel López y Oscar Manzur, así como la privación de la libertad y tormentos de Laura Torresetti.
Por Sonia Tessa

Con lluvia torrencial empezó ayer la jornada del juicio oral contra Ramón Genaro Díaz Bessone en la sala del Tribunal Federal Oral número 2, esta semana presidido por Otmar Paulucci. La secretaria Silvina Andalaf siguió leyendo las requisitorias de elevación a juicio presentadas por el Ministerio Público Fiscal respecto de la privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios de Estrella González, Héctor Vitantonio, Antonio Angel López y Oscar Manzur, así como la privación de la libertad y tormentos de Laura Torresetti, que fueron elevados a juicio oral después de la parte que contiene el mayor número de víctimas. La secretaria del Tribunal leyó la descripción de los hechos durante más de una hora, así como las acusaciones al máximo responsable del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta octubre de 1976, Díaz Bessone, y a José Rubén Lofiego, oficial principal de la policía provincial. A las 12 se decidió un intermedio de 15 minutos, que se extendió durante casi una hora. Al retomar la audiencia, lo único que se hizo fue informar que el conjuez José María Escobar Cello debía retirarse para participar de un proceso en la ciudad de Santa Fe, de modo que este juicio se retomará el lunes próximo.

Ayer se cumplió un año del comienzo del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Rosario, contra Oscar Pascual Guerrieri y otros cuatro represores, que terminó el 15 de abril pasado con la condena a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para todos los acusados. Los mismos jueces, Paulucci, Beatriz Barabani y Jorge Benegas, como integrantes de otro Tribunal, son los encargados de juzgar ahora a Díaz Bessone, Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Antonio Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicky.

Durante la mañana de ayer se relataron los delitos de lesa humanidad cometidos contra Estrella González y su pareja, Héctor Vitantonio. Fueron secuestrados en la madrugada del 23 de septiembre de 1976 de su casa de Moreno 1064, departamento 6, donde la patota dejó sola a Patricia, la hija de ambos, una beba nacida apenas 10 días antes, el 13. Los dos fueron torturados y asesinados. El 5 de octubre de 1976, sus cadáveres fueron dejados -junto al de Ruth, hermana de Estrella en la avenida de Circunvalación, en un hecho fraguado como enfrentamiento por las fuerzas de seguridad. Estrella tenía 27 años y Héctor, 23. Su sobrina, Josefina González, La Tana, estaba ayer entre el público para escuchar la lectura.

En cambio, Antonio Angel López fue asesinado en la madrugada de 27 de septiembre de 1976, cuando iba en moto por la zona sur con Miriam Moro (su caso ya fue leído en las primeras jornadas del juicio). Según las pruebas recogidas en la etapa de instrucción, López fue asesinado de un balazo en la nuca en el mismo lugar, y su cadáver fue dejado dos días después -junto al de Miriam en un camino rural cercano a Casilda. Tenía 30 años.

El cuarto caso leído ayer correspondió a Oscar Rubén Manzur, de 27 años. Su esposa, Marta Bertolino y su hija, Alejandra, presenciaron la lectura. Oscar y Marta, embarazada, fueron secuestrados en la madrugada del 10 de agosto de 1976, de un departamento de España al 300, donde vivía la familia Girolami, de la que también llevaron a algunos miembros. Todos estuvieron secuestrados en el Servicio de Informaciones. Marta -querellante de este juicio relata que escuchó cómo torturaban a su compañero durante dos días seguidos, y también lo hacían con ella delante de él. En un momento lo oyó decir: "Me muero", y ya no volvió a sentir su voz. Varios testigos relataron los gritos desgarradores de Manzur durante dos días seguidos. Su hija nació en cautiverio, en la maternidad Martin, en septiembre de 1976.

El último y último caso que se leyó ayer en el requerimiento es el de Laura Torresetti, una de las testigos de la causa. Fue privada ilegítimamente de su libertad el 13 de mayo de 1976, por las fuerzas del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Fue torturada física y psicológicamente en el Servicio de Informaciones. Allí pudo ver por debajo de la venda a Lofiego, vestido de remera y pantalón negro. "El Ciego" era quien dirigía las sesiones de tortura y Laura pudo oír cómo los otros miembros de la patota decían con sorna "el gordo se quiere divertir", en relación a la tortura. El mismo Lofiego participó en la violación de la detenida, posterior a la tortura.

La requisitoria establece también que Díaz Bessone fue el máximo responsable del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976, cuando fue ascendido a ministro del Ejecutivo nacional. Fue quien dio la orden -verbal de iniciar las operaciones tras el golpe de Estado, según relató Agustín Feced en la causa que se inició con la democracia en los tribunales provinciales. Por otra parte, Lofiego era el encargado de dirigir las sesiones de tortura, y vigilar que no fueran mortales. También era quien redactaba los partes de esas sesiones para el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

Afuera, en la galería del Tribunal, mientras la lluvia no daba tregua, Graciela Borda Osella sacaba fotos a los compañeros y compañeras que hacían el aguante, como se llama a la vigilia en la vereda de Oroño. Entre ellos, a la sanjuanina Diana Tello, que llegó a Rosario para ver a Les Luthiers pero, en recuerdo de sus antiguos compañeros santafesinos, fue a escuchar el juicio. El marido de Diana está desaparecido. Graciela quiso fotografiarla, sube las fotos cada día a la red social Facebook. Su intención es mostrar la alegría durante los juicios, para que quede como documento del fin de la impunidad. Diana acuerda, mientras sonríe para la foto. "Nuestra lucha ha sido alegre. Los compañeros eran pibes como cualquiera. Nos reíamos, íbamos a las peñas, hacíamos cosas de gente joven además de nuestras tareas militantes", apunta sobre todo aquello que truncó el terrorismo de estado.

viernes, 27 de agosto de 2010

La joven sin nombre era "Luci" Gómez

IDENTIFICARON A MILITANTE DE LA JP SEPULTADA COMO NN EN CORONDA
Cuatro jóvenes fueron ejecutadas en febrero de 1976 a mil metros de la autopista. Tres de ellas ya habían sido identificadas. Ahora el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó al juez Rodríguez las pruebas genéticas de la cuarta víctima.

 Por Juan Carlos Tizziani

La llaman la masacre del camino de Las Moras por el lugar en cercanías de Coronda donde cuatro mujeres jóvenes fueron ejecutadas y sepultadas en una fosa común, en febrero de 1976. Una investigación del juez federal Reinaldo Rodríguez, ya le había devuelto el nombre a tres de ellas en una causa que se inició hace once años. Esta semana, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a la cuarta víctima: Gladys Lucía Gómez ("Luci"), una militante de la Juventud Peronista de 24 años, oriunda de Formosa, que estudiaba Ciencias Exactas en Resistencia y se había refugiado en Santa Fe, a fines de 1975, perseguida por el terrorismo de estado. No pudo escapar. Ella y otras tres compañeras de militancia en la JP: Olga Teresita Sánchez, María Cristina Mattioli y Graciela Cristina Siryi, fueron secuestradas entre el 27 y 28 de febrero de 1976, asesinadas con disparos en la cabeza y las manos atadas a la espalda y enterradas en una fosa común, a mil metros de la autopista a Rosario. Estuvieron como NN más de 30 años, hasta que la justicia comenzó a devolverles la identidad, recuperó las pruebas del crimen y ahora avanza en el juzgamiento de los ejecutores. En diciembre de 2009, el juez Rodríguez procesó al ex jefe del Area 212, coronel José María González, y al ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Roberto José Diab, a quienes imputó 22 y 46 homicidios, respectivamente, entre ellos los de Sánchez, Siryi y Mattioli, a los que deberá agregar el de "Luci" Gómez.

Hasta el hallazgo del enterramiento clandestino en el campo militar San Pedro -en junio último , la masacre del camino de Las Moras era la única fosa común que había sido hallada en la provincia. La descubrió un arriero el 20 de marzo de 1976, en la ruta 64, a mil metros de la autopista, con los cuerpos de cuatro mujeres jóvenes. La dictadura dejó trascender que habían sido "estranguladas" y asoció el caso a una supuesta "trata de blancas", según las crónicas de la época. Falso. Luego los restos fueron inhumados en el cementerio de Coronda como NN, hasta que la justicia comenzó a develar la verdad: eran militantes de la JP ejecutadas con el tiro del final. La primera que se identificó fue Sánchez, el 15 de setiembre de 2004; la segunda, Mattioli, el 6 de setiembre de 2007, y la tercera, Siryi, en abril de 2008.

Faltaba saber quién era la cuarta víctima. Una investigación de la abogada Lucila Puyol y sus compañeros Víctor Salami, Beatriz Pffeifer y Valeria Silva trabajó sobre la hipótesis de que se trataba de otra militante de la JP que se había refugiado en Santa Fe. Lo que en los últimos meses era una reconstrucción histórica en la que colaboraron también otros militantes políticos de Resistencia y de Formosa, se convirtió esta semana en una certeza: los pruebas genéticas revelaron que la joven sin nombre era Gladys Lucía Gómez, de 24 años, según el informe que el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó al juez Rodríguez. El análisis se realizó en Córdoba, en el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (Lidmo EEAF) a cargo del genetista Carlos Bullo, con un resultado del 99,99 por ciento al comparar los perfiles genéticos de los restos de Lucía y con la muestra sanguínea de su madre biológica.

"Esto demuestra la importancia de la memoria", se emocionó Puyol en diálogo con Rosario/12. "Más allá de que se necesita la prueba genética para confirmar la identidad de un desaparecido, es fundamental la reconstrucción histórica con datos y testimonios de los sobrevivientes de la dictadura. Fueron los compañeros de Lucía los que mantuvieron la búsqueda todos estos años y permitieron llegar a este resultado", agregó.
Ayer, Puyol presentó una denuncia para que la fiscal federal Nº 2 Cintia Gómez "inste la acción penal contra quien y/o quienes resulten responsables de la persecución política, secuestro, torturas, desaparición de cadáver y homicidio de Gladys Lucía Gómez"

lunes, 23 de agosto de 2010

La impunidad sostenida

Jorge Abero, represor
El comisario jubilado
Jorge Abero represor durante la dictadura candidato a la Caja de Seguro Mutual.
Hijos de Santa Fe difundió la participación de Abero en el Departamento de Informaciones (D2) durante la última dictadura. Es candidato a la Caja de Seguro Mutual.
   
    La organización Hijos de la ciudad de Santa Fe denunció a un comisario jubilado, Jorge Alberto Abero, como uno de los oficiales que operó durante la dictadura en el servicio de inteligencia de la Policía santafesina, más conocido como Departamento Informaciones (D2). Jorge Alberto Abero es candidato por los pasivos en la lista Azul y Blanca, que responde al histórico dirigente de UPCN, Alberto Maguid, para las elecciones de la Caja de Seguro Mutual que se realizarán mañana. Ante la denuncia de Hijos, Rosario/12 al querellante de la causa Brusa, Jorge Pedraza, quien ratificó lo denunciado en el marco de esa causa: "A mí y a otro muchacho, Abero nos hizo detener en marzo de 1983, con el argumento de que habíamos violado la prisión domiciliaria. El fue del D2 en la peor época, a partir del año 1975". El documento de Hijos que ventila el pasado del policía dice: "Decime quién es Jorge Alberto Abero". El policía que revistó en el D2 en dos etapas, "desde 21 de noviembre de 1975 hasta el 29 de marzo de 1976 y luego desde el 14 de mayo de 1977 hasta el 29 de abril de 1983" y hasta "realizó un curso de Formación Contrarrevolucionaria, en 1979".

La pertenencia de Abero al D2 está probada en el expediente de Brusa, donde está adjuntado su legajo. Por eso, Hijos denunció su participación en la represión ilegal. "Hoy, una vez más, un genocida camina entre nosotros por las mismas calles, saluda a los vecinos, compra en los mismos negocios y se presenta a elecciones porque su rostro y su nombre están ocultos bajo el manto de impunidad que durante años nos ensombreció a todos en este país -dice el comunicado de Hijos Santa Fe-. Pero tantos años de impunidad y de poder los convierte en soberbios, y cometen errores y de pronto se asoman a la luz y descubrimos sus rostros y sus nombres como el de Jorge Alberto Abero".

La agrupación Hijos recordó: "Cuando en 1998 decidimos hacer el primer escrache a Mario José Facino nadie lo conocía. Claro, nadie salvo sus víctimas que habían tenido el coraje de denunciarlo aún antes de que volviera la democracia y se creara la Conadep. Y nadie conocía a Facino porque era un genocida, torturador y represor que, como tantos otros, se ocultó a la sombra de las leyes de obediencia debida y punto final, a pesar de los reclamos de las víctimas, de los organismos de derechos humanos y militantes sobrevivientes que lo denunciamos una y otra vez".

Al mismo tiempo, Hijos recordó el testimonio judicial de un subomisario ya fallecido, Juan Rafael Loréfice, quien mencionó a Abero entre los oficiales de inteligencia de la Policía de la provincia. "A los del D2 los conocía a todos", dijo Loréfice cuando declaró ante el juez federal Reinaldo Rodríguez, el 22 de abril de 2003, en la causa que terminó con la condena al ex juez Víctor Brusa y compañía. Y señaló "a Jorge Alberto Abero, Carlos Omar Rebechi, Héctor Romeo Colombini, a quien le decían "el Pollo", Ernesto Luis Cappato, el inspector mayor Indalecio Cucco, que era el jefe; Miguel Anacleto Suárez, al que le decían "Pasto Seco"; Rubén Oscar Insauralde", entre otros.

En otra declaración testimonial tres años después, el 28 de julio de 2006, Loréfice relató el rol que cumplía el D2 en la maquinaria represiva de la dictadura. "La máxima autoridad del Ejército en la zona era el coronel (Juan Orlando) Rolón, que estaba a cargo del Area 212 e impartía todas las órdenes, aún a la propia Policía, ya bajo el mando (operacional) de los militares. El D2 que se ubicaba en Tucumán y Primero de Mayo era el servicio de Inteligencia de la policía que actuaba en conjunto con el Ejército. El Ejército chupaba a los terroristas y se los entregaba al D2. Y cuando digo chupaba hago referencia a que eran detenciones ilegales. Luego, entregaban a las personas al D2 y allí se obtenía la información en forma forzada mediante tormentos", explicó Loréfice.

"Durante años, desde la recuperación de la democracia, los organismos de derechos humanos hemos exigido el desmantelamiento del aparato represivo", dice el documento de Hijos.

Y además de Abero, Hijos señaló a otros represores:

*Nicolás Correa: "operó (en el Destacamento de Inteligencia Militar 122) durante la dictadura y fue funcionario en la Subsecretaría de Seguridad Pública durante la democracia", en el gobierno de Jorge Obeid.

*Mario Facino: "era jefe de la comisaría 4ª, un centro de detención y torturas y fue presidente de la comuna de San José del Rincón".

*Eduardo Ramos: "ex oficial de policía del D2, infiltrado en ámbitos estudiantes, fue un activo militante del peronismo durante la democracia".

*Héctor Colombini: "oficial del D2, integraba las patotas que salían a secuestrar y torturar militantes, fue reciclado como jefe de Drogas Peligrosas en la democracia".

"¡Basta ya de lobos disfrazados de corderos! Exigimos el aceleramiento de los juicios y la imputación y llamado a indagatorias de todos los represores denunciados por los testigos que infatigablemente han tenido que relatar una y otra vez su secuestro y tortura", dijo Hijos Santa Fe. "No tenga miedo, tenga memoria. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común perpetua y efectiva. Ni un solo genocida por las calles argentinas. Juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices", dice también el documento elaborado para denunciar el accionar del represor.

miércoles, 18 de agosto de 2010

El ex coronel Cervera zafó del procesamiento


DICTAN FALTA DE MERITO POR REPRESION EN GRAN ROSARIO

Por José Maggi

El juez federal Marcelo Bailaque procesó ayer al ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone por cinco casos de secuestros, torturas y homicidio de militantes del cordón industrial pero le dictó la "falta de mérito" por los mismos casos al ex coronel Rubén Cervera, quien era responsable del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán donde se cometieron los hechos. La fiscal federal Mabel Colalongo consideró la resolución como "incomprensible" y adelantó que va a apelar la medida.

"Bailaque lo procesó en esta misma causa a Cervera por el secuestro y las torturas a Manuel Casado ocurridas en el mismo Batallón, pero ahora no lo encuentra responsable por episodios similares ocurridos en el mismo sitio. Y en cambio sí lo cree culpable a su superior Díaz Bessone". Y se preguntó "por qué Bailaque acusa a Díaz Bessone y no a Cervera por los secuestros, torturas y homicidios ocurridos en esa unidad militar, tal vez piensa el señor juez que un grupo de sargentos decidieron asado por medio organizar un centro de torturas en el mismo batallón a espaldas de su jefe militar. Es incomprensible esta falta de mérito".

Para Bailaque "está probado que Cervera fue el jefe del Batallón pero no que tuviera intervención directa en las privaciones ilegales de la libertad, la aplicación de tormentos y la posterior desaparición" de Lina Funes, Rafael Carroza, Oscar Riquelme, Ricardo Camuglia y Ramón Di Fiori. Los cinco casos fueron denunciados por el único sobreviviente Luis Lapisonde, con quienes compartió el cautiverio. Pero el magistrado federal entendió que "si bien no se puede descartar que el cautiverio haya ocurrido dentro de las dependencias del Batallón de Arsenales 121, no se encuentra suficientemente acreditada la participación de Cervera" que paradójicamente era el jefe de la unidad militar, y hasta su superior al mando Díaz Bessone fue procesado por los hechos.

Para Bailaque el hecho de Lapisonde estuviese siempre "vendado", no le permitió ver el lugar donde estaba detenido al que solo pudo relacionar a través del ruido de un portón que era muy particular, y la presencia de varias vías de ferrocarril. En este sentido destacó que la única víctima viva "no pudo ubicar exactamente en lugar en el que fue alojado dentro del batallón".

Este punto es severamente cuestionado por la fiscal Colalongo: "Lapisonde fue secuestrado, encapuchado, torturado, se lo mantuvo clandestino y en secreto. Es decir que fue un víctima del modus operandi del plan criminal. Y ahora le estamos exigiendo más que a otros testigos ya que con similares testimonios se identificaron otros centros de detención".

En su falta de mérito el magistrado federal recordó que "el Ejército destinaba sitios específicos para el alojamiento de personas ilegalmente detenidas que se diferenciaban de los lugares donde funcionaba operativamente la estructura militar en la región (como por ejemplo La Calamita, la Quinta de Funes, la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu)".

lunes, 16 de agosto de 2010

Acto por la memoria frente al Batallón de Arsenales de Fray Luis de Beltrán

Escrache para que el pueblo sepa

Allí funcionó un centro clandestino de detención. "Empezamos a ponerle nombre a los responsables del terrorismo de estado".

Por José Maggi

El Espacio Memoria, Verdad y Justicia del cordón industrial realizó ayer un escrache frente al Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, para denunciar que allí funcionaba un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. La militante del Espacio, María Soledad Chiodín, rescató: "Después de mucho tiempo le empezamos a poner nombre y apellido a los responsables del terrorismo de estado en el cordón". Ellos son el coronel Rubén Osvaldo Cervera, el capitán Horacio Maderna y el abogado Pedro Pili Rodríguez. Del acto participaron integrantes de la APDH Rosario, Familiares de desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Hijos, la Secretaria de derechos humanos de la provincia, abogadas querellantes y un número importante de militantes rosarinos, que siguen con su presencia a diario los juicios por terrorismo de estado en esta ciudad.

También estuvo la nueva conducción de la CGT San Lorenzo, con Walter Cabrera y Edgardo Quiroga a la cabeza. El dato sirve de contraste, ya que el anterior secretario Pablo Reguera, (aceiteros) defiende a capa y espada a uno de los denunciados en este caso: Pedro Pili Rodríguez, a quien aún hoy cobija como su abogado sindical (ver aparte).

"Si bien en el inconsciente de la gente del cordón estaban los datos, la justicia lo confirmó a través de la fiscal federal Mabel Colalongo, quien pidió la detención del coronel Rubén Cervera y la indagatoria al ex comandante de Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone por este tema", indicó Chiodin, una las organizadoras.

En este sentido, la militante remarcó la importancia del testimonio de Luis Lapisonde, hasta ahora el único sobreviviente de ese centro de detención, quien "había declarado en el año 2004, pero curiosamente su testimonio descansó en un cajón de algún escritorio de la justicia federal rosarina", subrayó Chiodin.

Entre los presentes estaba el hermano de Luis Lapisonde, Carlos, a quien buscaba el grupo armado en la madrugada del 21 de julio, ya que era militante de la Juventud Peronista. "Vine para rendirle homenaje a los compañeros desaparecidos, y por el respeto que me merece mi hermano, por los momentos difíciles que vivió, en una época que fue terrible para el país".

Carlos confiesa que era justamente a él a quien buscaban esa noche trágica. Y reconoce que militaba "desde los 14 años en la Juventud Peronista. Entonces queríamos llevarle agua a un barrio, o darle electricidad, servicios mínimos a la gente". Pero aclara: "Tengo 57 años y nunca me fui de Fray Luis Beltrán". El ex militante afirmó que su familia "jamás" sospechó "que Luis pudo haber estado detenido en este lugar. Fue recién con el tiempo que espasmo a pensarlo".

La presencia simbólica de Ramón Di Fiori y sus padres fue otro acto de rescate de la memoria colectiva. Di Fiori vivía a dos casas de los Lapisonde. "Cuando se llevaron a Ramón, sus padres que viven a dos cuadras del Batallón, siguieron esperando cada tarde que bajara del colectivo, parados en la esquina de su casa mirando hacia la ruta. Así lo hicieron durante años, cada día, cada Navidad, cada fin de año. Pero Ramón nunca llegó. Hace poco tiempo sus padres fallecieron, pero nos dejaron la enseñanza de la perseverancia, y de la esperanza en hallarlo. Bueno, ahora sabemos donde estuvo detenido cuando estaba vivo, a sólo dos cuadras de su casa", reflexiona Chiodin.

Al acto también llegaron Viviana Della Siega y su hijo Lisandro, fruto de su unión con Hugo Parente, "quien desapareció de este mismo batallón, mientras hacia el servicio militar, el 8 de julio de 1976. El otro conscripto desaparecido fue José Prat, el 1 de enero de 1977". A su lado, Lisandro, estaba emocionado. "Después de tanto tiempo podemos decirle a la gente que este era un centro clandestino de detención", expresó.

martes, 10 de agosto de 2010

Reivindicación de la memoria

PERMITEN EL INGRESO A FAMILIARES CON FOTOS DE DESAPARECIDOS
 
El Tribunal Oral Federal Nº 2 aceptó el ingreso de familiares con fotos a la sala de audiencias donde se desarrolla el juicio a Díaz Bessone y otros represores. "Tener las fotos allí es tener la presencia de nuestros familiares", argumentó uno de los querellantes.
 
Por Sonia Tessa y José Maggi

"La única batalla que se pierde es la que se abandona". Con esta frase reflexionaba ayer Héctor "Chinche" Medina, en la puerta de los tribunales federales de Rosario, después de conocer la resolución del Tribunal Oral Federal Nº 2 aceptando el ingreso a la sala de audiencias de fotos con los rostros de los desaparecidos en la causa Díaz Bessone. La respuesta llegó por la tarde luego que la sesión de la mañana se interrumpiera por el ingreso de varios familiares con fotografías de víctimas del terrorismo de estado, lo que motivó un planteo del fiscal Gonzalo Stara y de la querellante Gabriela Durruty. La presidenta Beatriz Barabani de Caballero y el camarista Otmar Paulucci votaron favorablemente, "siempre que se actúe con respeto y sin provocaciones" mientras Jorge Venegas Echagüe votó en disidencia, quien adujo que la fiscalía no tenía "autoridad ni legitimación" para pedir que se revea una acordada que estaba firme desde el juicio a Guerrieri-Amelong.

Todo comenzó poco después de las 11, cuando Medina y otros integrantes del Espacio Juicio y Castigo comenzaron a levantar las fotos de los desaparecidos en la sala donde se realiza el juicio oral y público. Después de unos minutos de consultas con los otros dos miembros del Tribunal Federal Oral número 2, Barabani de Caballero decidió realizar un receso de 10 minutos y les pidió a los presentes que recordaran que estaba prohibido portar las fotos de las víctimas del terrorismo de Estado.

"Hacemos un receso de 10 minutos y cuando entren a la sala nuevamente, no podrán exhibir las fotos que están exhibiendo. Caso contrario no podrán volver a ingresar", dijo la jueza. Al volver, sobre el filo del mediodía, el público volvió a levantar las fotos, y el fiscal Gonzalo Stara pidió una reposición de la decisión del Tribunal, apoyado por la abogada Durruty, una de las querellantes.

El recurso de reposición de Stara ante el pleno del tribunal solicitaba que "se autorice al público a ingresar munidos de las fotografías, dado que dicha acción no se contrapone con las normas de decoro establecidas por la norma de rito para el desarrollo de la audiencia". El fiscal adujo además que "una decisión en contrario se contrapondría con las normas de la ONU para el tratamiento de las victimas de delitos de lesa humanidad, siendo secundado en el planteo por las querellas". El Tribunal decidió suspender la audiencia hasta las 16, para elaborar la respuesta al pedido.

Al salir de la sala, con las fotos de sus familiares desaparecidos en las manos, los integrantes del Espacio Juicio y Castigo subrayaron su reclamo de tener presentes a las víctimas dentro de la sala de audiencias. Héctor llevaba una remera de su hermano, Oscar, mientras Lea, otra de las hermanas, llevaba la foto. Otra de las hermanas, Yoli, llevaba con orgullo el pañuelo blanco de su madre, Elisa, una histórica madre de Plaza 25 de mayo que falleció en mayo de 2009. "Soy testigo, soy familiar y tengo a mi hermano desaparecido. Tener las fotos allí es tener la presencia de nuestros familiares", argumentó Héctor.

También Norma Ríos y Florencia Del Negro, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, participaron de la movida para ingresar las fotos al Tribunal. "Es una reivindicación de la memoria", dijo Ríos. También Elida Luna, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, aportó sus razones: "Nosotros no podemos entrar con la foto de nuestros familiares que no están, y a Díaz Bessone, el máximo responsable de la represión en la zona, lo dejan participar de las audiencias desde una sala contigua". El resto de los imputados, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y el civil Ricardo Chomicki, estaban sentados escuchando la lectura de la secretaria, Silvina Andalaf.

No todos los integrantes del Espacio Juicio y Castigo coincidieron con la decisión de ingresar a la sala de audiencias con fotos. Algunos testigos y querellantes de la causa consideraron que la estrategia era errónea. "Esto ya se hizo el año pasado. En ningún juicio oral del país se permite ingresar con las fotos de los compañeros. Incluso, aquí se permite que las Madres estén con sus pañuelos blancos, algo que no ocurre en otros lugares. No queremos que esto perjudique el desarrollo de un proceso que llevó tantos años de lucha", dijo un querellante que estaba en la puerta cuando ocurrió la movida.

Desde Familiares, Luna retrucó que esta vez, el Tribunal al menos accedió a analizar la posibilidad de permitir las fotos, un símbolo que quieren mantener a la vista de los represores. Por eso cobró sentido la frase de Medina que encabeza esta nota, en referencia a que nunca hay que bajar los brazos en estos reclamos.

Por su parte el equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas expresaron que "éste es un paso más para lograr la presencia de los compañeros desaparecidos, que de esta manera estarán más presentes en la audiencia". Tras la decisión del Tribunal, las audiencias continuarán hoy a las 9.30, y se estima que la lectura de las requisitorias llevará al menos dos semanas más.

domingo, 8 de agosto de 2010

Sentido homenaje a Yves y a Cristina asesinados en Melincué en 1976


Con un acto por la mañana en Melincué y otro por la tarde en Rosario, familiares llegados de Francia y México de Yves Domergue y Cristina Cialceta, pudieron dar sepultura definitiva a sus hijos asesinados hace 34 años.
     
 Por Pablo Fornero

El Bosque de la Memoria, en el Parque Scalabrini Ortiz, con el silencio y la paz que lo envuelven, fue el lugar elegido para homenajear al francés Yves Domergue y a la mexicana Cristina Cialceta Marull, secuestrados y asesinados el 26 de setiembre de 1976 por el terrorismo de Estado en Rosario y luego, enterrados como NN en Melincué. Hace diez días, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de ambos y un numeroso grupo de familiares vino especialmente al país. Ayer a la tarde, los recordaron plantando un ejemplar de timbó y arrojando a su alrededor las cenizas de ambos. "Mis padres pueden levantarse a la mañana sin preguntarse dónde están", dijo Eric, hermano de Yves.

Participaron del acto la vicegobernadora Griselda Tessio, y el Director del Museo de la Memoria, Rubén Chababo. Asistieron también la Secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, el secretario de Comunicación Social, Rubén Galassi y la diputada provincial Alicia Gutiérrez. También estuvo el embajador de Francia, Jean Pierre Asvazadourian.

Chababo fue el encargado de presentar el "especial, sentido y tan intenso" homenaje. En nombre del Museo de la Memoria y la Oficina de Derechos Humanos, procuró "abrazar y acompañar" a los familiares que, unidos y emocionados, contemplaban sus palabras. "Hoy se cierra un círculo porque la tumba ya tiene nombre", valoró. Culminó su discurso con el relato del poema "Y la muerte no tendrá dominio" del galés Dylan Thomas, que expresa: La fe en sus manos será un relámpago de dos, y los unicornes males raudos los atravesarán y aunque todo termine en separación ellos no serán destruidos. "Con amor para todos sus familiares", se despidió.

Visiblemente emocionada, Tessio celebró "la recuperación del nombre" de Domergue y Cialceta Marull. Dijo sentir algo especial por la historia de los jóvenes fallecidos porque tenían "un poco más" que la edad de sus hijos. Aprovechó la ocasión para condenar el accionar de la patota comandada por Agustín Feced durante la última dictadura al sostener que el ex Comandante de Gendarmería "vino a sembrar la sangre en las calles de la ciudad". Para finalizar, reflexionó que Yves y Cristina "van a florecer para que todos los rosarinos puedan ver los brotes de la primavera".

Luego habló Eric, hermano de Yves, que prefirió detenerse en la "larga lista de agradecimientos" y no en el homenaje porque "ya está hecho en la búsqueda. Esto es un triunfo de todos y hoy podemos decir tarea cumplida", exclamó. Francés pero con residencia en Argentina, contó con la compañía de su padre, Jean, y dos de sus hermanos, François y Brigitte, quienes arribaron al país para vivenciar la ceremonia. Eric parecía el más aliviado de los familiares, incluso esbozaba una pequeña sonrisa, reconfortante luego de años y años de lucha. En cambio, el llanto y la congoja se apoderaron de sus cercanos. "Todo este proceso lo vengo viviendo desde hace un año y medio que vengo con la pista. Eso me permite procesarlo de otra manera. Ellos acaban de desembarcar de Francia y tienen todo esto junto, todo este calor humano, deben estar vapuleados en el buen sentido", describió más tarde en diálogo con Rosario/12. Mientras Eric hablaba, Jean y la madre de Cristina, María Elena, permanecían agarrados de la mano. Detrás de sus lentes y arrugas, se percibía el fin de un tormento interminable. Con el tiempo, intentarán que la paz y la armonía se apoderen del recuerdo de sus hijos.

Después de los discursos, los familiares se agruparon y plantaron el árbol. Sin ningún motivo que remita a su hermano y a Cristina, Eric eligió un ejemplar de timbó por la "fortaleza que tiene y porque crece muy enérgico". Bien juntos, arrojaron las cenizas de ambos al hueco que se formó para la plantación. Estaban guardadas en un tarro de plástico envuelto en un papel de fondo amarillo que tenía pegadas, a su vez, dos fotos de Yves y Cristina. La emoción se apoderó de todos. "Duro, ¿no?", le preguntó la diputada Gutiérrez a Chababo y ambos compartieron las emociones en silencio. De a uno, familiares, amigos, autoridades y militantes fueron usando una pala y arrojando la misma tierra que se usó para cavar el pozo.

Familiares de Yves y Cristina unieron las cenizas
A la mañana, Yves y Cristina fueron recordados en Melincué, dónde se realizaron dos actos, uno en el Cementerio donde estaban enterrados y otro en la escuela Pablo Pizzurno. Allí, nació toda "esta maravilla", como entiende Eric. Porque en el 2003, un grupo de estudiantes secundarios de ese colegio emprendió, a pedido de la profesora Juliana Cagrandi, un trabajo práctico. Gracias al material que recabaron los chicos, Cagrandi se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos y efectuó la denuncia sobre la existencia de dos cuerpos enterrados como NN cuyas inhumaciones databan de la época de la dictadura. Así nació la pista para encontrar los cuerpos. Cagrandi también estuvo en el Bosque de la Memoria. Muy emocionada, recibió el agradecimiento público de Eric y se alegró por el calor que envolvió al homenaje, en las primeras horas de la tarde. "Yves y Cristina se merecían un lindo día", dijo al pasar.

sábado, 7 de agosto de 2010

Reabren causa por el secuestro y asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi

Un reclamo que se hizo realidad

El fiscal federal de San Nicolás había solicitado hace cinco años la anulación de los sobreseimientos de Patti, y otros dos imputados por el crimen de los dos militantes. Ayer, el juez Villafuerte Ruzo decidió reabrir la causa.

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, firmó ayer la reapertura de la causa por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en Rosario en mayo de 1983. La medida había sido solicitada por el fiscal Juan Patricio Murray y los abogados de HIJOS, representantes legales de las hermanas Ethel y Gladys Cambiaso. En un fallo inédito, y luego de cinco años de reclamos el magistrado aceptó el pedido de la fiscalía y las querellas para que se declare la denominada "Cosa juzgada írrita", categoría jurídica que permitirá retomar la investigación por los secuestros, torturas y homicidios de los dos militantes, y en la que se encuentran imputados, entre otros, el ex comisario de Escobar Luis Abelardo Patti.

El fiscal federal de San Nicolás, quien realizó una profunda investigación sobre la suerte corrida por Cambiaso y Pereyra Rossi, había solicitado en marzo de 2005 al juez Villafuerte Ruzo que declare la "cosa juzgada írrita". Esto es la anulación de los sobreseimientos dictados por el juez Juan Carlos Marchetti, con que fueron beneficiados Patti, y otros dos imputados en 1986. También había pedido la reapertura de la causa. A ese requerimiento, se habían sumado también los familiares de las víctimas patrocinados por los abogados de la agrupación HIJOS Rosario, Ana Oberlin, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello Ibáñez y Alvaro Baella.

Para Gerardo Fernández, de HIJOS, la noticia significa "un paso importante para que el crimen de esos compañeros no quede impune, para que los familiares recuperen esperanzas en la justicia, y para avanzar en este camino hacia la construcción de una sociedad que no deja sin castigo los delitos de lesa humanidad cometidos contra los hombres y mujeres de su pueblo que dieron la vida por una patria para todos".

El 14 de mayo de 1983 a las 10.30 un grupo de entre cinco y diez personas irrumpió en el bar Magnun ubicado en la esquina de calle Córdoba y Ovidio Lagos, donde Cambiaso y Pereyra Rossi tomaban un café. Luego de reducirlos el grupo comando arrastró a ambos hasta los vehículos que habían dejado estacionados frente al local. Alrededor de las 17 del mismo día, los militantes fueron fusilados por los integrantes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre, Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Dieguez, en un camino rural de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, a dos kilómetros de la Ruta Nacional 9.

Murray sostiene que "los sucesos políticos previos y posteriores a los asesinatos, acentúan la hipótesis de que los Servicios de Inteligencia de las tres fuerzas armadas ejecutaban operaciones y acciones con la finalidad de enrarecer el clima político, para justificar la suspensión al llamado a elecciones generales para el mes de octubre". También se buscaba "condicionar a las autoridades legítimas que surgieran de las mismas en la pretendida investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos ejecutadas como operaciones de Terrorismo de Estado durante la dictadura por las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales".

El trabajo de revisión de todo lo actuado por la justicia realizado por el fiscal Murray, permitió afirmar que desde un primer momento se pretendieron ocultar los rastros de lesiones producto de las torturas sufridas por las víctimas previo a sus muertes, y esconder que una de las lesiones mortales de una de las víctimas había sido producto de un disparo de arma de fuego a quemarropa y a una distancia incompatible con el relato formulado por los imputados.

Según las conclusiones que constan en el escrito presentado por el fiscal federal a Villafuerte Ruzo, este trabajo de simulación fue realizado "por parte de las autoridades policiales de la Provincia de Buenos Aires, quienes actuaron ejecutando las tareas de instrucción -supuestamente para dilucidar lo acontecido-, primero bajo la dirección del juez federal Luis Milesi -quien resultaba ser Suboficial Mayor (RE) del Ejército Argentino y ocupaba dicha Judicatura desde el 24 de marzo de 1976 y luego del juez Juan Carlos Marchetti, complicado en causas de robo de hijos de desaparecidos en su rol de Juez de Menores de San Nicolás en esa época".

miércoles, 4 de agosto de 2010

Continuan los testimonios contra los represores

Los relatos estremecedores

Ayer se leyeron siete casos de secuestros y torturas en el marco de la causa Díaz Bessone. El testimonio de los querellantes dimensionó cabalmente la magnitud de la represión estatal perpetrada por los acusados durante la última dictadura militar   

La jornada de ayer del juicio oral y público de la causa Díaz Bessone, estuvo signada por la lectura de siete casos de secuestros y torturas a Liliana Gómez, Elida Luna, José Aloisio, Azucena Solana, Eduardo Seminara, Alfredo Vivono, y uno de los casos más estremecedores del expediente: el secuestro y la tortura de Marta Bertolino y Oscar Manzur, y la recuperación de su hija Alejandra nacida en cautiverio.

Bertolino fue secuestrada estando embarazada de ocho meses, junto a su esposo Manzur quien era delegado gremial en el sanatorio Británico. Ambos fueron llevados a la ex Jefatura de Policía y sometidos a torturas físicas y psíquicas. Mansur desde entonces permanece desaparecido.

La lectura de la requisitoria de elevación a juicio trasuntó de modo estremecedor la forma en que Bertolino dio a luz a su hija Alejandra, quien ya había sido objeto de torturas estando en el vientre materno. Fue conducida por la Patota a la Maternidad Martin y con una guardia de casi diez personas agolpada en el pasillo, en esas condiciones y bajo esas amenazas transcurre su trabajo de parto. Alejandra es hoy otra de las víctimas del terrorismo de Estado que declarará ante el Tribunal Oral 2 por los hechos de los que fueron víctimas los tres.

También se leyeron los casos de los querellantes Elida Luna, José Aloisio, Liliana Gómez, Azucena Solana, Eduardo Seminara y Alfredo Vivono representados por Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Jessica Pellegrini y Leticia Faccendini.

De la lectura del relato realizado por Luna surgió que su compañero Daniel Gorosito fue secuestrado por la patota mientras se encontraban ambos en el Hospital Provincial junto a su hija Paula. Daniel transitó por diversas unidades de detención como la Unidad III y el Penal de Coronda hasta que fue conducido al Servicio de Informaciones de la jefatura de policía. Actualmente permanece desaparecido.

Solana fue detenida con 15 años de edad, en tanto Aloisio, Gómez, Seminara (actual Vicerector de la UNR) y Vivono también padecieron la mecánica de secuestro y tortura desplegada por la dictadura.

La lectura de los desgarradores testimonios de los mencionados querellantes dimensionó cabalmente la magnitud de la represión estatal perpetrada por los acusados durante la última dictadura militar.

La requisitoria de elevación de este grupo importante de querellantes también hizo referencia a la responsabilidad que le cabe a cada uno de los imputados Ramón Genaro Díaz Bessone, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Scortechini, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote y Ricardo Miguel Chomicki, en los delitos de privaciones ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, tormentos, homicidios y asociación ilícita por los que están siendo juzgados, reiterando que todos estos delitos se enmarcaron en el genocidio perpetrado en nuestro país durante la última dictadura militar. El próximo lunes a las 9.30 se proseguirá el juicio.

martes, 3 de agosto de 2010

FACINO Y RAMOS PODRIAN SER EXPULSADOS DEL PJ SANTAFESINO (¡¿?!)

Los afiliados represores

La semana pasada el Tribunal de Disciplina del PJ eligió sus autoridades y resolvió darle curso al pedido del vicepresidente del partido. La próxima reunión será el 20 de agosto para expedirse y emitir dictamen sobre la expulsión de ambos.
  
El Tribunal de Disciplina del PJ santafesino dio curso a un pedido de expulsión de los represores Mario Facino y Eduardo Ramos y resolvió producir su dictamen el próximo 20 de agosto, por lo que si es favorable el justicialismo podría ser el primer partido político de la provincia que cancela las fichas de dos condenados por crímenes de lesa humanidad. Facino y Ramos ya cumplen una sentencia de 20 y 23 años de prisión por secuestros y torturas de detenidos políticos, aunque ahora el ex presidente comunal de San José del Rincón afronta un segundo juicio por el "homicidio" de una militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, donde la querella le solicitó prisión perpetua y la Fiscalía 25 años de cárcel. "Hay razones políticas, éticas y jurídicas para expulsarlos", dijo Jorge Fernández, vicepresidente del PJ.

Fernández formalizó la solicitud de expulsión de Facino y Ramos en una nota ante el consejo provincial partidario. Y luego éste la remitió al Tribunal de Disciplina, pero con una segunda nota de estilo que firma el propio presidente del PJ y jefe del bloque de senadores, Ricardo Spinozzi.

La semana pasada el Tribunal de Disciplina se constituyó en la sede del PJ, eligió sus autoridades y resolvió darle curso al pedido del vicepresidente del partido. La próxima reunión será el 20 de agosto para expedirse y emitir dictamen, según confirmaron a Rosario/12 fuentes partidarias. En el encuentro, fue elegido presidente del Tribunal un dirigente histórico del justicialismo, Jorge Albertengo y secretaria la ex concejala de Rosario, Verónica Riera. Los otros miembros son el ex concejal de Santa Fe, Virgilio Viglieca, Edmundo Fernández, Jorge Rocas, Sergio Battistoni y Emilio Sánchez García.

En diciembre último, en el juicio al ex juez Víctor Brusa, el Tribunal Oral Federal condenó a Ramos a 23 años de cárcel por la "privación ilegal de la libertad agravada" a cinco víctimas de la dictadura (Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Stella Vallejos, Patricia Isasa y José Schulman y "tormentos" (a Bugna, Cámara, Vallejos, Isasa y Jorge Pedraza). Y a Facino a 20 años de prisión por "privación ilegal de la libertad" a tres ex detenidos políticos (Patricia Isasa, José Schulman y Eduardo Almada) y "tormentos" a Isasa. Pero ahora, Facino es juzgado la desaparición y asesinato de otra militante política, Alicia López, donde la querella le pidió "prisión perpetua" y el Ministerio Público Fiscal una pena de 25 años de cárcel y que se unifique con la condena anterior. No será el último proceso: los dos represores también están imputados en otra causa por "asociación ilícita" que podría llegar a juicio oral el año que viene.

La expulsión de Ramos de las filas del PJ ya había sido reclamada hace más de una década por una de sus víctimas, Anatilde Bugna, quien lo denunció como "uno de los torturadores de la dictadura" que aparece "en el informe de la Conadep Santa Fe del año 1984". "La violación de los derechos humanos durante el terrorismo de estado y la impunidad posterior a través de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos han generado consecuencias profundas en el conjunto de la sociedad, han impedido el castigo a los culpables y la posibilidad de definir en el plano social que es lo permitido y lo prohibido, que es lo lícito o lo ilícito, lo ético y lo que no lo es", escribió Bugna hace trece años. Rosario/12 publicó esa nota que nunca fue tratada por el Tribunal de Disciplina del PJ.

El 23 de junio, cuando declaró en el juicio por el asesinato de Alicia López, José Schulman volvió a denunciar que Facino y Ramos seguían afiliados al PJ. "Lo más irónico de la situación por no decir trágico es que el PJ permitió que este Facino fuera presidente comunal de San José del Rincón. Quiero denunciar a la sociedad santafesina que Facino y Ramos siguen siendo afiliados al PJ de la provincia de Santa Fe. Un partido que alberga en sus padrones a personas que han sido condenadas por crímenes tremendos", dijo en la sala del juicio.

Fernández se hizo eco entonces de las denuncias de Bugna y Schulman y pidió que la expulsión de Ramos y Facino "ad referendum" del congreso partidario. "Hice las consultas y me dijeron que los dos estaban afiliados al PJ. Yo pensaba que Ramos no estaba en el padrón porque había sido afiliado de Acción por la República (el partido que fundó el ex ministro Domingo Cavallo), pero me informaron que se reafilió en el año 2000 y el que lo presentó fue el ex senador nacional Jorge Massat", explicó Fernández.

"Así que solicité como afiliado y vicepresidente del partido que el Tribunal de Disciplina constate si Facino y Ramos son afiliados; en su caso, desde cuándo y quién los presentó ambos. Y en caso de ser afiliados, pedí la inmediata expulsión del PJ por estar condenados por delitos de lesa humanidad", dijo Fernández. Y justificó el reclamo en "en razones políticas, éticas y jurídicas. Ya hay una condena judicial y es por delitos gravísimos".