Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 15 de diciembre de 2013

“Más que cómplice, la Iglesia es coautora”

Habla el hijo del ex sacerdote Mac Guire, torturado en el seminario salesiano de Funes
Santiago Mac Guire es el ex cura tercermundista detenido en un centro clandestino que funcionó en un predio de la Iglesia, tal como viene denunciando Horacio Verbitsky en Página/12. Lucas tenía 5 años cuando su padre fue secuestrado. Aquí cuenta la historia.

 Por Natalia Biazzini *

En abril de 1978, Santiago Mac Guire apenas podía caminar. Recién salido de un centro clandestino de detención, dos soldados arrastraron al ex sacerdote tercermundista hasta el Batallón 121 de Rosario. Cuando les preguntó a esos hombres que lo trasladaban adónde había estado en esos días en que lo torturaron brutalmente, uno de los cabos le respondió: “En un lugar que se llama Ceferino Namuncurá”. Pasaron 35 años y recién ahora se está comenzando a investigar lo que ocurrió en ese predio, que perteneció a la Congregación Salesiana de Rosario y funcionó como un centro clandestino de detención y tortura en el pueblo de Funes. En octubre, la familia de Mac Guire –que dejó los hábitos para casarse y tuvo cuatro hijos– se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que investiga el circuito represivo que funcionó bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121 del Ejército.

Después de pasar diez días en ese centro clandestino, los militares le informaron a Santiago que había sido juzgado por un consejo de guerra y que debía cumplir una pena de 15 años. Vivió los siguientes seis en cuatro cárceles y salió en libertad en 1983. Falleció en 2001, sin poder declarar ante la Justicia, pero lo hizo ante la Conadep en 1984. Nunca se cansó de perseguir a los que creyó responsables. Siguiendo esa búsqueda de justicia, a principios de octubre, la familia Mac Guire presentó una querella en la causa Guerrieri, donde se está juzgando a doce represores responsables del circuito represivo organizado en el sur de Santa Fe durante la última dictadura. “Santiago pudo confirmar su lugar de cautiverio por boca de dos oficiales, durante su estancia en el Batallón de Comunicaciones, de nombres Gauna y Berra”, relata el escrito firmado por las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini. La orden salesiana y el Arzobispado de Rosario niegan que ahí haya funcionado un centro clandestino.

Corría el convulsionado año 1968, la guerra de Vietnam, los movimientos sociales y rebeliones estudiantiles marcaban la época. En la Argentina, el militar Juan Carlos Onganía había llegado al poder dos años antes, tras derribar el gobierno de Arturo Illia. El sacerdote Mac Guire trabajaba en la villa rosarina Bajo Saladillo. Mac Guire formaba parte de los Sacerdotes del Tercer Mundo, como Carlos Mugica en Buenos Aires y Enrique Angelelli en La Rioja. Haciendo trabajo social, conoció a María Magdalena Carey, veinte años menor y de raíces irlandesas, como él. Se enamoraron, él dejó los hábitos y se casaron por civil. Tuvieron cuatro hijos. “Santiago era un militante peronista y siempre tuvo una vocación de servicio”, dice su hijo Lucas en una entrevista que le concedió a Infojus Noticias. Durante la charla, Lucas rara vez lo llamará “papá”, siempre dirá “Santiago”.
El secuestro y la “negociación”

La tarde del 18 de abril de 1978, Santiago había ido a buscar a Lucas al jardín de infantes. Con sus cinco años, Lucas vio cómo una patota militar se llevó a su padre. El niño se quedó solo en la calle, llorando, en el centro de Rosario. Lucas nunca pudo olvidar un cruce intenso de miradas con uno de los secuestradores. “Creo que no sabían qué hacer conmigo y por suerte me dejaron ahí”, dice hoy. Ese día comenzó el calvario de la familia Mac Guire: saber dónde estaba Santiago. Al hábeas corpus le siguió la respuesta más frecuente de aquel momento: no está bajo las fuerzas de seguridad.

“Mi mamá no tenía contactos militares ni policiales, así que fue al arzobispado con nosotros cuatro. Llorando, rogó por la vida del padre de sus hijos”, cuenta Lucas en su casa del barrio porteño de Congreso, con el fondo de las campanadas de un reloj antiguo que perteneció a su padre. Después de la visita al arzobispado, el general Adolfo Luciano Jáuregui, entonces jefe del cuerpo de Ejército con sede en Rosario, se apersonó a la casa a los Mac Guire.

“A mí y a mis hermanos nos encerraron en un cuarto. Jáuregui se sentó con otros militares y mi mamá en la mesa familiar”, recuerda, y señala una vieja mesa de roble. “Allí la empezaron a interrogar. Le decían que ellos no lo tenían a Santiago y que seguramente había sido secuestrado por alguno de los guerrilleros que solía cobijar en la casa. En ese entonces, mi casa era un desfiladero de tíos nuevos”, recuerda Lucas entre risas.

–¿Saben de otras personas que estuvieron en el centro clandestino con su papá?

–Santiago estuvo con Roberto Pistacchia y Eduardo Garat, que no soportó la tortura y murió; lo asesinaron. Cuando desde el arzobispado pidieron por Santiago, se confundieron y llevaron a Pistacchia. El arzobispo Guillermo Bolatti le pegó el grito en el cielo a Jáuregui por la confusión. Fue un trato de cúpula eclesiástica a cúpula militar. Por eso nosotros consideramos que la Iglesia más que cómplice fue coautora.

–¿Por qué piensa que a Santiago lo blanquearon y lo trasladaron a una cárcel común?

–Creo firmemente en un momento de coyuntura. Ya habían desmantelado los centros clandestinos más importantes, al menos de Rosario. Estaban llegando los organismos internacionales de derechos humanos y la prensa internacional informaba de las atrocidades que pasaban en el país. La peor barbarie ya había ocurrido. Cuando cae mi papá, ya habían levantado el centro clandestino Quinta de Funes.

A fines de noviembre, Santiago recuperó la libertad. Había pasado por las cárceles de Coronda, La Plata, Caseros y Rawson. “Cuando lo volví a ver en libertad, yo había cumplido once años”, dice Lucas. En democracia, Santiago denunció en la Conadep que cuando salió del centro clandestino fue trasladado al Batallón 121 de Rosario. Había recibido la visita de Bolatti y la del capellán Eugenio Zitelli, quien lo reemplazó en la parroquia popular del Bajo Saladillo.

En los años ’90, Santiago se ocupó de perseguir y escrachar a Zitelli a cada lugar donde era trasladado en su rol de sacerdote. Zitelli está imputado en la causa Guerrieri y cumple prisión domiciliaria. Santiago y su mujer, María Magdalena, se separaron, pero hace diez días ella declaró desde la cama de una clínica rosarina ante el fiscal Gonzalo Stara y el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

–Nuestra querella está en instrucción y se está incorporando a la causa. La Iglesia niega este centro clandestino. Nosotros tenemos los papeles de la venta del terreno un año después (1979) a la Aeronáutica. Lo vendieron porque deben haber pasado muchas más personas por ahí. También para borrar huellas. Ahora el lugar está todo reformado.

–¿Qué esperan?

–Ojalá que la gente de la Iglesia recapacite, no quiero ofender a nadie. Ya sabemos que los salesianos no son curas de base. Tienen colegios privados, locales en shoppings. Mueven millones de pesos. Espero que alguno pueda decir que ese lugar se le prestó al Ejército un año antes de ser vendido. Serviría mucho.

* De la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus).

jueves, 12 de diciembre de 2013

Ratifican que las violaciones fueron parte del plan sistemático de la dictadura

Silvia Suppo detalló las violaciones que sufrió en cautiverio.

Por Juan Carlos Tizziani-Desde Santa Fe


La Cámara Federal de Rosario ratificó que las violaciones sexuales en centros clandestinos son delitos de lesa humanidad y parte del plan criminal de la dictadura. Lo resolvió en un acuerdo plenario que confirmó el procesamiento de dos imputados por el martirio de Silvia Suppo, en mayo de 1977, cuando fue secuestrada a los 18 años, violada por tres represores en "La Casita", un chupadero en las afueras de Santa Fe donde operaba el Ejército y obligada a abortar dos meses después. Se trata de un teniente coronel, Jorge Roberto Diab (ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122) y de un comisario, Ricardo Silvio Ramón Ferreyra (ex jefe de la comisaría 4), a quienes la Cámara consideró "partícipes necesarios" del delito de "violación sexual agravada en grado reiterado (tres hechos)". Silvia murió asesinada en marzo de 2010, tres meses después de declarar en el juicio que condenó a 21 años de prisión al ex juez federal Victor Brusa y a su grupo de tareas.

La Cámara consideró a Diab y Ferreyra "partícipes necesarios" en las violaciones a Suppo por el "aporte esencial" que hicieron para consumar los delitos. "Ferreyra al entregarla directamente a quienes operaban en La Casita sabiendo lo que allí le ocurriría a la víctima y Diab porque como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia colaboró con los hechos, impartiendo directivas, aportando los medios materiales y garantizando el anonimato y la impunidad de sus subordinados". Todo, "en cumplimiento del plan (sistemático)" y con "la intención de que Suppo les diera la información de su interés, la torturaron y violaron", dice el fallo.

La causa investiga la represión ilegal a militantes de la Juventud Peronista de Rafaela ordenada por el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, ya fallecido. Es la desaparición de Reinaldo Hattemer, el asesinato de Rubén Carignano y el secuestro y torturas a Silvia Suppo, su hermano Hugo Suppo, Jorge Destéfani, Ricardo Díaz y Graciela Ravellino. Hattemer fue secuestrado en las puertas de una iglesia de Rafaela el día que se casó su hermano, 25 de enero de 1977, a las 11 de la mañana y a la vista de su familia y decenas de invitados que participaban en la ceremonia; está desaparecido desde entonces. Carignano cayó el 23 de mayo de 1977 y fue asesinado en la comisaría 4?, donde intentaron enmascarar el crimen con un simulacro de suicidio. Los hermanos Suppo y Destéfani fueron detenidos al día siguiente, el 24 de mayo y los esposos Díaz y Ravellino, el 31 de mayo de 1977.

En junio de 2012, el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez procesó a cinco imputados en la causa: al coronel Diab (por los "homicidios" de Hattemer y Carignano), al comisario Ferreyra (por el "homicidio" de Carignano) y a ambos, por la "privación ilegítima de la libertad agravada" y "tormentos agravados" de los siete militantes de la JP. Y reprochó a otros tres policías: el comisario Juan Calixto Perizzotti, la sargento María Eva Aebi y al comisario Oscar Farina, el "aborto" de Silvia Suppo, pero bajo la figura de "tormento agravado". Perizzotti era coordinador del Area 212 del Ejército (alcaide del centro clandestino que funcionó en la Guardia de Infantería Reforzada) y Aebi su mano derecha; los dos fueron condenados a 22 y 19 años de prisión en el juicio a Brusa.

El 4 de febrero de este año, la Cámara confirmó los procesamientos de Diab, Ferreyra, Perizzotti y Aebi, pero a los dos primeros los eximió de las "violaciones" a Silvia porque el juez Rodríguez no les había imputado los tres hechos en las indagatorias y benefició con una falta de mérito a Farina por falta de pruebas.

En abril, el fiscal Walter Rodríguez pidió la ampliación de indagatoria de Diab y Ferreyra por "el delito de violación reiterada" de Suppo. "La violencia sexual fue parte del terrorismo de Estado", señaló el dictamen. Y el 3 de mayo, el juez Rodríguez los procesó por esos cargos.

Ahora, la Cámara confirmó la ampliación de imputaciones a Diab y Ferreyra por el ataque sexual a Suppo. En el primer voto, el camarista Edgardo Bello recordó el suplicio de Silvia, desde su secuestro en Rafaela el 23 de mayo, el traslado a la comisaría 4? de Santa Fe, la noche del 26 cuando la llevan a "La Casita" y el regreso a la 4?. "Ella aclaró que sus violadores 'no emitieron palabra alguna y que sus gritos no se escuchaban por la mordaza que tenía en la boca'. Lo dicho se encuentra probado con las testimoniales en la causa, la declaración de la propia víctima y la prueba agregada al expediente", agregó el fallo.

En el segundo voto, el camarista Carlos Carrillo -al que adhirió la mayoría de sus colegas- dijo que ni Diab ni Ferreyra objetaron "los tres hechos de violación sufridos por Suppo". "Ella fue ilegalmente detenida por las fuerzas conjuntas que dependían del Area 212 (al mando de Rolón), con especial intervención del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y de la comisaría 4? de Santa Fe, de los que Diab y Ferrerya eran segundo jefe y titular, respectivamente".

"Después de uno o dos días en la dependencia policial, la llevaron al centro clandestino conocido como 'La Casita' (que funcionaba en la órbita del Destacamento de Inteligencia), lugar donde la interrogaron bajo tormentos y la violaron en tres ocasiones, para devolverla a la comisaría, donde siguió cautiva. Ese procedimiento no es más que la manera establecida por el plan sistemático aplicado desde las más altas esferas del gobierno militar (que la Corte Suprema tuvo por probado en el llamado Juicio a las Juntas), que se caracterizaba por la aprehensión ilegal de los sospechosos, su interrogatorio mediante tortura para obtener información y su mantenimiento en cautiverio muchas veces clandestino o su eliminación".

"En ese contexto, todas las razones dadas para considerar acreditado que Diab y Ferreyra fueron probables partícipes necesarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Suppo, permiten también asignarles la misma responsabilidad por las violaciones (...) para quebrar su resistencia y obtener la información que de ella se buscaba?, explicó la Cámara.

Por lo tanto, Diab y Ferreyra deben responder como "partícipes necesarios" en las violaciones a Suppo por "el aporte esencial" que hicieron para consumar los hechos. "Ferreyra, al entregarla a quienes operaban en La Casita sabiendo lo que allí le ocurriría a la víctima y Diab porque como segundo jefe del Destacamento colaboró con los hechos, impartiendo directivas, aportando los medios materiales y garantizando el anonimato y la impunidad de sus subordinados", concluyó.http://www.amprovincia.com.ar/noticias/17699-estamos-cansados-de-ver-la-manipulacion-de-la-memoria/

lunes, 2 de diciembre de 2013

Las abogadas de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas pidieron condena por GENOCIDIO

Alegaron dos de las querellas en el juicio a Porra y a otros 11 represores
Razones para que sea en cárcel común

Las abogadas del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas pidieron condena por genocidio, con penas de 20 y 25 años. También solicitaron que se retire el crucifijo de la sala de audiencias.

Las abogadas del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas hicieron su alegato ayer en la causa Porra, también conocida como Guerrieri II. Gabriela Durruty, Jessica Pellegrini y Daniela Asinari representan a dos de las víctimas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención Fábrica de Armas Domingo Matheu, Juan Rivero y Ramón Verón. Pidieron condena para los once imputados por genocidio pero, en caso de que el Tribunal Oral Federal número 1 decida no aplicar esa figura jurídica, solicitaron 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a Juan Daniel Amelong, Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Eduardo Rodolfo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano por asociación ilícita agravada y 25 años de prisión en cárcel común para Ariel Antonio López, Ariel Zenón Porra, Joaquín Tomás Gurrera, Juan Andrés Cabrera, Marino Héctor González y Armando Enrique Pelliza, todos ellos por el delito de privación ilegal de la libertad y torturas contra sus representados. También alegó ayer Virginia Blando Figueroa, en representación de Adriana Arce, también sobreviviente de Fábrica Militar.

El alegato de las abogada de Familiares tuvo varios condimentos. Las abogadas rememoraron la complicidad eclesiástica con la última dictadura militar y dijeron: Debería comprenderse el pedido de la querellante Alicia Gutiérrez, sostenido también por Alicia Bernal y Viviana Nardoni. Esperemos que el próximo juicio no nos encuentre presididos por una imagen religiosa que fue enarbolada como bandera por quienes perpetraron estos delitos".

También hicieron hincapié en el necesario cumplimiento de las penas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. "Si luego de la búsqueda de justicia durante tantos años, frente a quienes se resistieron a ello, no se los condena a cumplir su pena en una cárcel común, es una forma de seguir perpetuando la impunidad, y de desbaratar todo el sistema jurídico argentino, que se caracterizará por tener las cárceles llenas de personas socialmente excluidas condenados por delitos menores, y a los Genocidas cómodamente en su casa, burlando nuevamente la ley", dijo Durruty.

Las abogadas consideraron que "la pena les dice a los condenados que internalicen que lo suyo no fue una epopeya política para salvar a la patria, como han manifestado en sus indagatorias, sino el aniquilamiento masivo de sus conciudadanos de la forma más baja que puede hacerlo un ser humano, y en consecuencia el delito más grave que sancionan las legislaciones locales e internacionales".

Las representantes de Verón y Rivero entendieron que "las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país", al tiempo que consideraron las condenas como "aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de Genocidio por parte de la Justicia argentina permite y permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas".

En su alegato, Durruty, Pellegrini y Asinari homenajearon a "los sobrevivientes del estado terrorista. Este juicio contribuye a llevar algo de paz a sus vidas, la paz que solo se obtiene mediante la justicia. En palabras de Paco Urondo: arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos".

En términos de contexto político, Durruty afirmó que "ningún régimen dictatorial se sostiene sólo con leyes represivas, clandestinas o manifiestas, se necesita de la coautoría de otros sectores, fundamentalmente del sector empresario y financiero. Esta complicidad obedeció a un sistema económico implementado por la dictadura que redundó en enormes beneficios en su favor y en una dependencia política y económica cada vez mayor de nuestro pueblo".

El momento más emotivo fue al final del alegato, cuando Daniela Asinari se despidió de los juicios por delitos de lesa humanidad. "Es mi última actuación como abogada de la matrícula. En breve asumiré mis tareas como defensora pública en la justicia provincial", dijo la profesional.

"La realidad de la argentina, con sus devenires increíbles, nos dio la inmensa posibilidad de representar a las víctimas del genocidio en los juicios en nuestra región. Gran desafío, hermosa tarea que siempre atesoraré", dijo Asinari, cuyo pliego fue aprobado por unanimidad en la Legislatura, como aval a su trayectoria. En el público, había militantes de derechos humanos y también integrantes del Movimiento Giros, al que también pertenece Asinari. Hubo aplausos, lágrimas y felicitaciones. Las últimas palabras de Asinari dieron sentido a esa afirmación en el marco del juicio que llevan adelante Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero. "Sancionar los delitos más graves, que se cometieron con el fin último de excluir a grandes sectores de la población, también implica transcender en la historia inclinando la emblemática balanza de la justicia hacia la protección del justiciable por definición", subrayó.

jueves, 21 de noviembre de 2013

A pesar que preocupa la posibilidad de fuga del condenado: ¡Autorizan al represor Amelong a asisitir a un curso!

Un represor en el Howard Johnson

Fue autorizado a asistir los sábados a un curso de mandatario del automotor. Preocupa la posibilidad de una fuga del condenado.

 Por Sonia Tessa

El represor Juan Daniel Amelong, condenado en la primera parte de la causa Guerrieri a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común, tiene permiso para ir mañana, de 9 a 15, a un curso de mandatario del automotor que realiza Funicomapu en el hotel Howard Johnson de Rosario, en Italia 1183. El juez Otmar Paulucci otorgó la autorización el 17 de octubre, que se extiende todos los sábados hasta el 18 de enero. Desde que permanece en la Unidad Penitenciaria 3 de Rosario, para asistir a la causa Guerrieri II, en la que está imputado, Amelong tiene una rutina de salidas nada desdeñable: cada tres domingos puede ir a Fisherton a visitar a su madre y semanalmente realiza consultas con un fisiatra, en un instituto privado. Enterada de estos privilegios por una denuncia, la Secretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia, Nadia Schujman, acudió al fiscal federal Gonzalo Stara, quien presentará un escrito para que se revea la medida. Stara pidió conocer las condiciones en las que el represor asiste al curso. "Ningún detenido federal que no sea un genocida obtiene un privilegio de ese tenor", manifestó Schujman, preocupada por la posibilidad de una fuga del condenado.

Stara informó ayer al TOF 1, integrado por los jueces entrerrianos Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero, sobre la situación de Amelong. "Queríamos ponerlo en conocimiento de este Tribunal, fundamentalmente porque el imputado también se encuentra a su disposición. Recibimos la comunicación de Schujman y tomamos conocimiento de la autorización para asistir al curso, en el expediente donde tramita la ejecución de la pena", dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Además de presentar un escrito ante Paulucci, Stara solicitó ayer al Tribunal que "se resguarden las medidas del caso, teniendo en cuenta que estamos en la etapa final del juicio". Como respuesta, López Arango ordenó indagar si "el Tribunal está debidamente notificado" del permiso dispuesto por Paulucci y prometió que, una vez dilucidado ese dato, tomarán "las medidas pertinentes".

Stara dijo a Rosario/12 que requieren información sobre "la seguridad en el ingreso al hotel, ya que el lugar no está preparado para alojar a una persona esposada, que llega con custodia de Gendarmería". Recordó que el detenido está a disposición del Tribunal que lo condenó en 2010, pero también del juez Marcelo Bailaque y del Tribunal actual.

Amelong fue sentenciado por 27 privaciones ilegítimas de la libertad y torturas, como así también de 17 homicidios agravados el 15 de abril de 2010. Se trata de víctimas que estuvieron en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y la Intermedia, como así también en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Todos dependían del Destacamento de Inteligencia 121 con asiento en Rosario. Amelong era teniente coronel y su apodo era Daniel. Si bien está detenido en la cárcel de Marcos Paz, Amelong permanece en el penal rosarino de Montevideo y Ricchieri para asistir a las audiencias de la causa Guerrieri II, donde está imputado además por asociación ilícita.

Para Schujman, "este tipo de autorizaciones resultan llamativas. Nosotros consideramos que todos los detenidos deben tener garantizados sus derechos a la salud, a la educación y a mantener contacto con sus familiares, pero en este contexto, se transforma en un privilegio porque ningún otro detenido del sistema federal que no sea un genocida tiene este tipo de autorizaciones".

Sobre el curso de los sábados, Schujman se preguntó "cuáles son las condiciones de seguridad para que el detenido permanezca ahí sin que se produzca un riesgo de fuga. ¿Hay un gendarme parado al lado de él durante el curso?".

viernes, 15 de noviembre de 2013

Represores se victimizan, cambian las declaraciones y ahora "no saben nada"

Los acusados ampliaron ayer su declaración indagatoria en la última etapa del juicio conocido como Guerrieri II. Descalificaron a Bielsa, Balza, Constanzo y negaron saber el destino de los desaparecidos.
 Por Sonia Tessa

Victimizarse y descalificar a los testigos fueron las estrategias de los acusados que ampliaron su declaración indagatoria ayer, en la última etapa del juicio oral y público de la causa Guerrieri II. El principal imputado, Oscar Pascual Guerrieri, admitió la desaparición de personas, aunque dijo desconocer el destino de las víctimas de la causa, por cuyos homicidios agravados fue condenado a prisión perpetua el 15 de abril de 2010. "¿Dónde están las personas que asesinaron en la Intermedia?", interrogó la vocal del Tribunal, Noemí Berros. "Yo no me ocupé de los desaparecidos. No lo sé", dijo Guerrieri. "Usted está reconociendo parte de los hechos que se le imputan. Una manera digna para darle un final a esto es que usted diga lo que sabe", arguyó la otra vocal, Lilia Carnero. "Pero no puedo decirle más de las cosas que sé", se escudó. Debido a la pregunta de Berros, Juan Daniel Amelong la recusó por prejuzgamiento (aunque los asesinatos son cosa juzgada), pero el Tribunal lo rechazó.

Como es su costumbre, Amelong habló durante tres horas, acusó a las víctimas de "terroristas" y puso en tela de juicio varios testimonios. El más notorio fue el del ex canciller Rafael Bielsa, de quien el represor condenado a prisión perpetua por homicidios agravados y otros delitos, dijo que "el rumor era que fue preso en una fiesta homosexual que se hizo en un departamento y no por montonero". En ese punto, el fiscal Gonzalo Stara intervino para exigir que el imputado se ciñera a la causa, pero el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, consideró que era parte del derecho a defensa y le permitió continuar con sus difamaciones.

Daniel --tal el apodo de Amelong en el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121-- amenazó: "A quienes cometen delitos de lesa humanidad contra mi persona en la actualidad, los veré en una audiencia". Y llegó a la paradoja. "Como abogado seguiré defendiendo la Constitución, mal que les pese a quienes quieren sacarme la matrícula", afirmó. También se ensañó con Martín Balza. "Tenía la misma jerarquía que el coronel Guerrieri, que era su compañero en la Escuela de Guerra. ¿Guerrieri sabía todo y él no sabía nada? Miente", dijo Amelong, condenado a prisión perpetua en Guerrieri I. La quinta La Intermedia donde --según el testimonio del también imputado Eduardo Costanzo-- fueron asesinados los militantes secuestrados en Quinta de Funes, pertenecía a la familia de Amelong.

Cada uno de los acusados que habló puso las quejas al Tribunal Federal Oral número 1 por las restricciones para atenderse en el hospital Militar y las denegaciones de prisión domiciliaria. Lo curioso es que también lo hizo Guerrieri, que goza del beneficio. De los doce represores, también quieren declarar Joaquín Gurrera y Andrés "El Barba" Cabrera, que pidió hacerlo último. Será el jueves próximo, desde las 9.30.

La declaración de Guerrieri cosechó el descontento de sus antiguos subordinados, que lo expresaron al Tribunal. En cambio, cuando Amelong terminó, el acusado Héctor Marino González atinó a aplaudir. Todos los acusados menos Alberto Pelliza --que se descompuso y fue atendido en el Sanatorio Plaza-- estuvieron ayer en la audiencia. Ariel Porra, Ariel López, Marino González y Walter Pagano no van a declarar.

También amplió indagatoria Carlos Antonio Sfulcini, acusado por la desaparición forzada de Fernando Messiez, secuestrado en la puerta de la copistería La Manija, frente a la Facultad de Humanidades y Artes, el 22 de agosto de 1977. El acusado, que también es abogado, basó su testimonio en descalificar a Constanzo. "Estoy imputado por un solo hecho y por las manifestaciones de una sola persona", dijo y aseguró que el diálogo sobre Messiez referido por Costanzo "es falso, no existió nunca porque nunca estuve en La Calamita ni en ningún otro centro de detención".

El último en declarar durante una maratónica jornada de más de ocho horas fue Jorge Fariña, alias Sebastián, que era capitán y se desempeñaba en Inteligencia. "No estoy de acuerdo ni comparto para nada todo lo manifestado por Guerrieri. Yo llevo diez años privado de mi libertad", se quejó el imputado por asociación ilícita, también condenado en la causa Guerrieri I. "Nunca impartí ninguna orden ilegal ni nunca recibí ninguna orden ilegal", dijo el represor. Para el final, habló del asesinato de Raúl Amelong, padre de Juan, "que fue reivindicado por Montoneros". De nuevo, confundió el motivo del juicio, en el que no se investiga ese hecho.

jueves, 14 de noviembre de 2013

Senado designa juez de TOF de Santa Fé : ¡¡ a un colaborador de Brusa !!

Aquel viejo amigo de Brusa

A pesar de haber sido cuestionado e impugnado su pliego por organismos de derechos humanos, Lauría quedó designado por 49 votos a favor y 5 en contra en el Senado nacional. Es el segundo ex colaborador de Brusa en ser nombrado en la justicia federal.

 Por Juan Carlos Tizziani

El Senado de la Nación designó ayer al abogado Luciano Lauría, un ex colaborador y amigo de Víctor Brusa, juez del Tribunal Oral de Santa Fe, un cargo para el que ya había sido propuesto hace dos años e impugnado por los organismos de derechos humanos de Santa Fe, en agosto de 2011, pero el pliego recién se retiró el 4 de setiembre último, cuando se lo cambió por otro sin reproches. El nombramiento fue aprobado por 49 a 5, con el voto de la mayoría del Frente para la Victoria. "Lauría demostró idoneidad para ocupar el cargo", dijo el presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle, al defenderlo en el recinto ante una supuesta ofensiva de "determinados grupos de poder" ﷓que no identificó﷓ y "creen que pueden sacar bolilla negra a algunos y a otros no". Su colega, el senador socialista Rubén Giustiniani, le pidió que identificara a esos "grupos de poder", pero Guinle no respondió. Lauría es el segundo ex funcionario de Brusa que el Senado asciende en la justicia de Santa Fe: en octubre de 2012 ya había nombrado juez federal de Rafaela, a Miguel Abásolo, el ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1.

Guinle desestimó la impugnación que pesaba sobre Lauría. En agosto de 2011, las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos lo cuestionaron en 2008 ﷓ya como secretario del Juzgado Federal Nº2﷓ se excusó de intervenir como juez subrogante en una causa que investiga a Brusa y a otros represores por asociación ilícita. "La conducta asumida por Lauría alegando un supuesto no contemplado en la ley muestra su escaso compromiso con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad" y abre las puertas para "su excusación o recusación en este tipo de causas", decía el escrito.

En el debate de ayer, Guinle dijo que Lauría "demostró que se debía excusar por razones de amistad" con Brusa. "Sería muy grave que alguien tuviera amistad con alguien y no se excusa. Y mucho más, cuando después Lauría consultado sobre la excusación, da su compromiso con las políticas de derechos humanos vigentes en el país", agregó el legislador.

Fue allí cuando Guinle dijo que "hay determinados grupos de poder que creen que pueden sacar bolilla negra a algunos y a otros no" y reiteró que Lauría "demostró idoneidad" para cubrir el cargo.

Giustiniani le pidió entonces que identificara a esos "grupos de poder", "que diga quienes son" los que rechazan el nombramiento de Lauría. "Evidentemente, siempre hay grupos de poder que actúan, pero lo bueno es decir quiénes son", desafió el socialista.

"Acá hay una impugnación sólida y válida de las Madres de Plaza de Mayo, los Hijos, los Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Estas son los organismos que lo impugnaron. Y no ningún grupo de poder. Y lo hicieron por las causas de derechos humanos que pueden caer en manos de alguien que se excusó en el juicio a un represor (Brusa) por cuestiones de conocimiento personal y social. Este es el fundamento, simple y contundente para rechazar la designación", agregó Giustiniani.

Guinle dijo que Lauría "se excusó en una causa donde se excusaron otros. Los otros nunca tuvieron impugnaciones, éste si. Los otros firmaron solicitadas y notas de apoyo a (a Brusa), éste no. Pero a éste justamente sí se lo impugna". "Nosotros somos absolutamente respetuosos de los organismos de derechos humanos, pero el meollo de la cuestión es una excusación" y "el compromiso que asume (Lauría) es respetar las políticas de derechos humanos vigentes en nuestro país", sostuvo.

Estos fueron los pasos del operativo:

* 19 de julio. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner manda al Senado de la Nación un nuevo pliego de Lauría para designarlo juez del Tribunal Oral de Santa Fe. Es el mensaje 955/13 que firma del ministro de Justicia, Julio Alak.

* 4 de setiembre. Dos meses después, queda a la vista un operativo en el recinto. El Senado devuelve al Poder Ejecutivo el pliego de Lauría que había sido impugnado por los organismos de derechos humanos dos años antes, el 18 de agosto de 2011 (mensaje 1.039/11). Y al toque, acepta el ingreso de un nuevo pliego (mensaje 955/13) que estaba en la mesa de entradas de la Cámara desde el 19 de julio y pasa a la comisión de Acuerdos.

* 30 de setiembre. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia denuncia la "maniobra" y advierte que el objetivo era "ocultar la impugnación" de 2011: se retiró el pliego anterior de Lauría que estaba impugnado y se volvió a ingresar un nuevo, pero limpio, sin el cuestionamiento de 2011. Una situación antirreglamentaria porque no se ha hecho pública la propuesta, ni se abrió un plazo para presentar nuevas impugnaciones", dice el documento que firman Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y agrega: "Lauría no tiene las cualidades de independencia, probidad y compromiso con los valores democráticos necesarios para un cargo de tanta relevancia". "Su conducta es contraria al respeto por la plena vigencia de los derechos humanos" y "a los principios de memoria, verdad y justicia".

* 1 de octubre. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) se suma a la denuncia. Lauría es un funcionario judicial "formado a la sombra del siniestro Víctor Brusa" que "carece de compromiso en el juzgamiento de los delitos de lesa Humanidad" y "no reúne las condiciones éticas, de idoneidad y antecedentes necesarios para el cargo", señala. Mientras que uno de los referentes del organismo, Jorge Castro, coincide que el cambio del pliego impugnado por otro nuevo es "una maniobra política" y "arbitraria" que "debe tener algún tipo de respaldo". Y apunta a uno de los fogoneros: el senador Guinle. "Es indudable que se trata de un operativo político. Designar a Lauría es un cachetazo a la justicia federal de Santa Fe", agregó Castro.

* 2 de octubre. El presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle, convoca a una audiencia pública para escuchar a Lauría. El plazo para impugnarlo y presentar preguntas ya había vencido el 24 de setiembre. Así que el propuesto salió de la entrevista seguro de su designación. "Demostró idoneidad", lo ponderó Guinle, en el debate de ayer. "Demostró que debía excusarse (en el juicio a Brusa) por razones de amistad. Y después, cuando fue consultado sobre cada uno de los aspectos de la excusación expresó su compromiso con las políticas de derechos humanos vigentes en el país", agregó el legislador.

* 13 de noviembre. El Senado aprueba la designación de Lauría por 49 a 5. Giustiniani fue el único santafesino que votó en contra.

jueves, 24 de octubre de 2013

La Corte Suprema permite ejercer de abogado al genocida Amelong (¿?)

Amelong recuperó la matrícula

El fallo permite que quien cumple condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, siga ostentando su matrícula de abogado. Amelong cumple condena por los delitos de secuestros, torturas y desaparición forzadas de personas.

 Por José Maggi

La suspensión de la matrícula al represor Juan Daniel Amelong decidida por el Colegio de Abogados de Rosario, fue revocada por la Corte Suprema de Justicia provincial en un fallo dividido. Mientras Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Mario Netri votaron para que conserve su matrícula, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta

Se opusieron. Amelong es un ex teniente que formó parte del cuerpo de Inteligencia que operó en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica Militar Domingo Matheu, y cumple condena por los delitos de secuestros, torturas y desaparición forzadas de personas en el penal de Marcos Paz, y está siendo juzgado en los tribunales federales locales por la segunda parte de la causa Guerrieri.

El fallo -fechado el 8 de octubre- permite que quien cumple condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, siga ostentando su matrícula de abogado, y lo dio a conocer recién ayer el presidente de Colegio rosarino, Ignacio Del Vecchio, quien adelantó "que esta institución defenderá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la decisión de su Directorio de inhibir el ejercicio profesional al matriculado Amelong, hallado culpable de delitos de lesa humanidad y condenado a prisión por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario".

La vía del máximo tribunal de justicia de la Argentina quedó abierta para presentar el caso luego de que la Corte Suprema santafesina decidiera no admitir el recurso presentado por el Colegio contra la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario que rehabilitó la matrícula de Amelong a su pedido.

La decisión de la Corte santafesina no fue unánime, ya que su presidenta, Gastaldi, y el ministro Erbetta votaron por abrir el recurso y considerar el tema, con sólidos argumentos que no compartieron los demás integrantes. La mayoría, apoyada en cuestiones formales y en distinta interpretación de normas legales y estatutarias, entendió que no había razón para revisar el fallo de la Cámara.

En sentido opuesto, Gastaldi expresó textualmente: "Entiendo que el recurso de inconstitucionalidad debe declararse admisible". Gastaldi entiende que la sentencia de la Sala que revocó lo decidido por el directorio del Colegio de Abogados, de suspender la matrícula, debe ser analizada por la Corte.

En efecto, el "sub lite" (tema en litigio) trata del alcance interpretativo de la disposición del artículo 295, inciso 1, de la ley 10.160, relativo a las condiciones consignadas para habilitar al directorio del Colegio de Abogados a proceder a cancelar la matrícula de uno de sus respectivos colegiados.

En esta línea de razonamiento "esta disposición sólo establece como hecho antecedente que medie condena a pena privativa de la libertad por delitos dolosos y de cumplimiento efectivo. En el caso, el referido directorio interpretó que el supuesto contemplado por la norma legal se encontraba configurado".

Gastaldi también remarca que "a los Colegios Profesionales les han sido conferidas atribuciones para velar por las condiciones del ejercicio profesional en resguardo de intereses públicos, y para verificar el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos".

Por su parte Erbetta opinó que "la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que motivaran la condena penal a encierro efectivo sumada al comportamiento del condenado a lo largo del proceso demuestra una actitud claramente negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a mujeres y hombres de nuestra sociedad, incluidos muchos abogados que honraron su compromiso profesional precisamente mediante la defensa de los derechos humanos. Justamente, el respeto a las normas que regulan la profesión de abogado y a la propia Constitución nacional y provincial no se agota en el cumplimiento formal de sus pautas sino que exige de quien pretenda ejercer tal digna profesión que su comportamiento no sea destructivo o lesivo a la existencia misma de la comunidad".

En otra parte de su voto, considerando que Amelong se encuentra en prisión, expuso el argumento adicional de que "debe tenerse en cuenta que la efectiva privación de libertad se erige además como un impedimento fáctico para el ejercicio profesional y una adecuada y responsable defensa de los intereses de terceros".

sábado, 5 de octubre de 2013

La amenaza de Guerrieri

"No es tonto, si creyó intimidarme, elegía el tema equivocado", subrayó cuando una de las vocales del Tribunal, que juzga a represores del II Cuerpo de Ejército, le pidió precisiones sobre el llamado telefónico que le hizo el condenado a prisión perpetua.

 Por Sonia Tessa

El general retirado Martín Balza declaró ayer por videoconferencia desde Costa Rica, durante casi dos horas, en la causa Porra, también conocida como Guerrieri II. Contó que recibió una amenaza del militar que da nombre a la causa, Pascual Oscar Guerrieri, que fue compañero suyo de promoción en 1955. "Guerrieri no es tonto, nunca fue tonto. Si creyó intimidarme, elegía el tema equivocado", subrayó cuando una de las vocales del Tribunal, Lilia Carnero, le pidió precisiones. La comunicación telefónica --recibida por el menor de los hijos varones de Balza-- fue en cercanía de las fiestas de fin de año, no pudo recordar si en 2006 o en 2007. Supieron que se trataba de él porque quedó registrado el número telefónico, y por los datos que brindó. Guerrieri ya cumplía prisión preventiva --hoy tiene condena a prisión perpetua-- pero recibió autorización judicial para pasar esas fiestas en su casa. "Si pensaba coaccionarme, Guerrieri es inteligente, no lo iba a lograr. Fue una tontería", afirmó Balza.

El jefe del Ejército desde 1991 a 1999 se refirió a su documento institucional conocido como "autocrítica", difundido el 25 de abril de 1995 en el programa Tiempo Nuevo. Y reiteró --como lo hizo entonces y en los libros que publicó después-- que "ningún militar está obligado a cumplir una orden que implique la comisión de un delito. Nadie puede decir que lo obligaron a matar, violar o robar". El actual embajador argentino en Costa Rica consideró: "No es que cualquier orden pueda cumplirse". Volvió a su concepto de "desobediencia debida" y recordó que "gracias a la desobediencia de Belgrano hoy la frontera norte del país no está en la provincia de Corrientes sino en Jujuy y Salta".

Además, Balza subrayó que la represión ilegal "no fue una guerra", por decisión de las autoridades de las fuerzas armadas, que eligieron desconocer el estatus beligerante a las fuerzas insurgentes para no someterse a la Convención de Ginebra, suscripta por Argentina en 1949.

En su larga exposición, Balza admitió que desconoce lo ocurrido en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, donde se cometieron los delitos de lesa humanidad que se juzgan en el Tribunal Oral Federal número 1, pero definió que el terrorismo de Estado se hizo con una "feudalización de las fuerzas armadas", al tiempo que señaló la inusitada preponderancia del área de Inteligencia, que definió como una "elite criminal". "Básicamente montada por Inteligencia, que fue alimentada por años con las doctrinas francesa y de Seguridad Nacional", agregó.

Ante una pregunta de Carnero, Balza consideró que "todos los golpes de nuestro país han sido cívicos militares, con la participación de una sociedad civil con pocas convicciones democráticas", y recordó el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio de 1955.

En la audiencia de ayer declararon también Oscar Pedro Pidustwa y Jaskel Shapiro, por la desaparición de Fernando Tito Messiez, el 22 de agosto de 1977, en la puerta de la imprenta La Manija, frente a la Facultad de Humanidades.

Sólo Carlos Sfulcini y Juan Amelong, dos de los doce represores que están siendo juzgados, participaron de la audiencia de ayer. Sfulcini pidió ampliar su indagatoria ya que Jaime Dri, el jueves, lo había mencionado como "Carlitos o Pancuca". El ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército desmintió que usara ese alias. En realidad, la mala definición de la imagen pudo jugarle una mala pasada al único sobreviviente de la Quinta de Funes. Sfulcini rememoró que Dri lo había descripto como un hombre más joven que él, sin instrucción, que "sólo pensaba en la Turca, la mujer con la que iba a casarse". "Para esa época, llevaba cinco años de recibido de abogado, tenía más de 30 años y estaba casado desde mayo de 1974 con mi actual esposa, Mabel Gimeno, que no es turca ni tiene cara de turca", dijo el represor. Sfulcini formó parte del grupo de tareas, pero su apodo no era Carlitos. Según testimonios de otros sobrevivientes e investigaciones de organismos de derechos humanos, ese alias pertenece a Carlos Isach.

jueves, 3 de octubre de 2013

Jaime Dri relató el secuestro de sus hijos de 4 y 7 años en Rosario en 1977

Dos niños presos de la patota

En su declaración en la causa Porra, el sobreviviente de la Quinta de Funes relató que sus hijos fueron paseados en patrullero, en enero de 1977, para que identificaran a los padres. Intervino ante Galtieri el arzobispo Bolatti.

 Por Sonia Tessa

El único sobreviviente del centro clandestino de detención Quinta de Funes, Jaime Dri, develó ayer otra capa del horror de la dictadura: el secuestro de sus hijos de cuatro y siete años, Fernando y Vanesa, en el Parque de la Independencia, en enero de 1977. A ellos, los represores los paseaban en un patrullero para que identificaran por la calle "a papá y mamá". Dri declaró ayer --desde Panamá y por video conferencia--en la causa Porra, también conocida como Guerrieri II, que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121, del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

A pesar de la precaria imagen de la transmisión, Dri identificó de inmediato a Ariel Porra como el Puma, a Juan Cabrera como el Barba, a Juan Amelong como el teniente Daniel y a Alberto Pelliza como Armando. Se trata de cuatro de los doce represores acusados de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y torturas. La mayor parte de los imputados participó ayer de la audiencia pero la falta de nitidez de la imagen impidió que Dri se animara a identificar a Ariel López, alias Aldo, quien fue uno de los encargados de trasladarlo desde la Esma a Rosario en diciembre de 1977. Dri había caído el 15 de noviembre en Montevideo. A Carlos Sfulcini lo mencionó como "Carlitos o Pancuca", pero en realidad, ese era el apodo de Carlos Isaach. Cada represor debió sentarse en la silla destinada a los testigos para que la cámara lo tomara de frente y Dri pudiera verlos desde Panamá. Aún así, la imagen era deficiente.

Además de relatar nuevamente lo vivido en la Quinta, la Escuela Magnasco y la Intermedia, los tres centros clandestinos por los que pasó y en los que vio a los 14 prisioneros que continúan desaparecidos; Dri contó lo ocurrido en Rosario con sus hijos de cuatro y siete años, Fernando y Vanesa, quienes fueron secuestrados junto a la militante María de la Encarnación García del Villar, que estaba con sus cuatro hijos. "Vanesa, que se acuerda, cuenta que los subían a un patrullero para buscar a mamá y papá", relató ayer Dri, y contó que la familia de su ex esposa Olimpia Díaz Rodríguez le pidió por los chicos al obispo de Córdoba, cardenal Raúl Primatesta, pero no obtuvo resultados. "Tengo cinco hermanos religiosos", subrayó Dri.

Finalmente, su familia llegó al arzobispo de Rosario, Guillermo Bolatti, quien habló con el entonces jefe del Comando de Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri. "Bolatti le dijo que con los niños no se metieran, que no los mataran", rememoró Dri. El propio presidente de Panamá, general Omar Torrijos, intervino ante el gobierno argentino para que la familia pudiera recuperar a Vanesa y Fernando. Los niños --al igual que los cuatro hijos de Roberto Tapia y García del Villar-- estaban en la policía de Menores, de Cafferata al 300. En marzo, la tía de los chicos, Virginia Díaz, los retiró y los llevó a Panamá. "Nosotros movimos cielo y tierra. Imagínese cuando nos enteramos de que con nuestros hijos nos buscaban por las calles de Rosario", expresó el testigo. Cuando el abogado de la querella Alvaro Baella le preguntó sobre los niños cautivos, Dri contestó: "Le puedo decir que mis hijos fueron secuestrados a principios de enero y logramos recuperarlos a mediados de marzo. La que los tenía era una mujer que después fue jefa de policía de la provincia, que habló con mi cuñada y le dijo que pensaba quedárselos". Unos minutos después, el testigo recordó el nombre de Leyla Perazzo, de quien afirmó "tuvo una actitud muy decente con mi cuñada". Los cuatro niños secuestrados junto a los suyos también fueron recuperados por la familia, tiempo después, y volvieron a su provincia, Chaco.

Ayer, Dri pidió que "los que están siendo juzgados" digan si al Negro Tapia lo secuestraron en la calle Darragueira. "Sé porque hay alguien que dijo que lo vio todo quemado en un centro clandestino de detención. El es el papá de los cuatro niños que cayeron con los míos. Quisiera saber qué pasó con el Negro", reclamó datos sobre el militante chaqueño desaparecido desde el 1º de octubre de 1976 en Rosario.

Ante una pregunta sobre la complicidad eclesiástica, Dri respondió: "Sabemos que Bolatti intercedió, que se comunicó con Galtieri, señal de que se comunicaría siempre con ellos". Además, infirió que al pedirle por la vida de los niños, estaba implícito que sabía del destino de los adultos secuestrados.

El testimonio de Dri duró más de dos horas. Nombró a los 14 militantes que estaban prisioneros en la Quinta de Funes y relató nuevamente que él era "un trofeo" del jefe de la Armada, Emilio Massera, y éso le salvó la vida, ya que fue devuelto a la Esma antes del asesinato del resto de sus compañeros. Luego, logró fugarse, como lo cuenta el libro Recuerdos de la Muerte, de Miguel Bonasso, basado en su testimonio.

Al referirse a Walter Pagano, cuyo apodo era Sergio II, Dri se despachó: "Ellos fueron instrumentos activos y partícipes, pero acá no están los intereses que él defendía, que eran las grandes empresas. Tendrían que estar acá muchos otros acusados, como los miembros de la jerarquía eclesiástica y de empresas, como la Ford. Había un directivo de la Ford que salía con la patota de la Esma a secuestrar compañeros".

martes, 1 de octubre de 2013

Rechazo designación juez colaborador de Brusa e incendio del local del MDH--Rosario

“Un cachetazo a la Justicia de Santa Fe”

Madres de Plaza de Mayo, Hijos y otros organismos cuestionan el nuevo intento por nombrar a Luciano Lauría en la Justicia federal. La designación ya había sido impugnada en 2011. Hoy se realizará una audiencia pública en el Congreso.

 Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe

Organismos de derechos humanos denunciaron el operativo –el segundo en dos años– para designar hoy como juez del Tribunal Oral de Santa Fe a un ex colaborador del ex juez Víctor Brusa: el secretario del Juzgado Federal Nº 2 Luciano Lauría. “Un cachetazo para la Justicia federal de Santa Fe”, lo calificó uno de los referentes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Jorge Castro, al señalar al presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Marcelo Guinle, como uno de los fogoneros del nombramiento. Guinle convocó para hoy, a las 10, en el Salón Eva Perón, en el Congreso, a una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos para escuchar a Lauría y darle el visto bueno porque el plazo para impugnarlo venció el 24 de septiembre. Lo llamativo es que el ascenso de Lauría ya había sido impugnado en agosto de 2011 por los organismos de derechos humanos de Santa Fe, pero se descongeló el 4 de septiembre último cuando el Senado aceptó el cambio del pliego: se retiró el anterior, que era el cuestionado, e ingresó uno nuevo, que pasó el trámite legislativo porque los organismos que lo denunciaron en 2011 recién se enteraron de la movida esta semana.

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia denunció anteayer el segundo intento para designar a Lauría como juez del Tribunal Oral de Santa Fe, en un cargo que está vacante desde 2008. “Lauría no tiene las cualidades de independencia, probidad y compromiso con los valores democráticos necesarios para un cargo de tanta relevancia.” “Su conducta es contraria al respeto por la plena vigencia de los derechos humanos” y “a los principios de memoria, verdad y justicia”, dice el documento que firmaron las Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

El Movimiento Ecuménico (MEDH) se sumó ayer a la denuncia al considerar a Lauría como un funcionario judicial “formado a la sombra del siniestro Víctor Brusa” –el ex juez condenado por delitos durante la dictadura–, que “carece de compromiso en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad” y “no reúne las condiciones éticas, de idoneidad y antecedentes necesarios para el cargo”, afirmó.

Lauría es secretario de Leyes Especiales del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe desde 2005. En agosto de 2011, el pliego para ascenderlo a juez del Tribunal Oral de Santa Fe fue impugnado por las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el MEDH. Lo cuestionaron, entre otras cosas, porque en 2008 –ya como secretario del Juzgado Federal Nº 2– se excusó de intervenir como juez subrogante en una causa que investiga a Brusa y a otros represores por “asociación ilícita”. “La conducta asumida por Lauría alegando un supuesto no contemplado en la ley muestra su escaso compromiso con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad” y abre las puertas para “su excusación o recusación en este tipo de causas”, dice el escrito. La designación de Lauría quedó congelada dos años. Pero el 4 de septiembre, el Senado cambió el pliego para nombrarlo juez del Tribunal Oral de Santa Fe: aceptó el retiro del mensaje 1039/11 –que había sido impugnado por los organismos de derechos humanos– y votó el ingreso del mensaje 955/13. La comisión de Acuerdos inició el trámite para la designación y hoy, a las 10, en el primer piso del Congreso, escuchará al candidato en una audiencia pública. El plazo para impugnarlo o presentar preguntas venció el 24 de septiembre.

Castro consideró el cambio del pliego impugnado como una “maniobra política” y “arbitraria”. “Este operativo debe tener algún tipo de respaldo político”, dijo. Y señaló como uno de los fogoneros al senador Guinle, presidente de la Comisión de Acuerdos por el Frente para la Victoria. Guinle fue convencional constituyente en la reforma de 1994, en Santa Fe, y presidente provisional del Senado entre 2003 y 2006, es decir, segundo en la línea de la sucesión presidencial de Néstor Kirchner.

“No creemos que Lauría tenga méritos suficientes para ser designado. Salió séptimo en el concurso del Consejo de la Magistratura, después pasó a quinto. Y ahora se lo propone en forma individual y sin ninguna terna porque los cuatro que estaban adelante de él fueron designados en otros cargos de la Justicia federal. Por lo tanto, es indudable que se trata de una maniobra política. Proponer a Lauría es un cachetazo para la Justicia federal de Santa Fe”, planteó Castro. Uno de los que estaban adelante de Lauría en el concurso era Miguel Abásolo, otro ex secretario de Brusa, designado juez federal de Rafaela, el 5 de octubre de 2012. Abásolo es uno de los firmantes del fallo del Tribunal Oral de Santa Fe –junto con su colega María Ivón Vella– que absolvió a una red de trata hace dos semanas.

jueves, 29 de agosto de 2013

Sebastian hijo de Raquel Negro y Carlos Novillo declararon ante el TOF1 en la causa Guerrieri II

Sebastián pidió --como lo hizo su hermana Sabrina- que los acusados digan dónde está "el melli". Carlos narró su cautiverio en La Calamita y recordó a Jorge, su hermano desaparecido.

 Por Sonia Tessa

Sebastián Alvarez fue secuestrado el 2 de enero de 1978, en Mar del Plata, junto a su madre, Raquel Negro, que estaba embarazada, y la pareja de ella, Tulio Valenzuela. Tenía un año y medio. Estuvo cautivo unos pocos días en la Quinta de Funes y luego fue restituido a sus abuelos maternos. Poco tiempo después recibió una carta de Valenzuela, que pudo leer varios años más tarde, cuando los adultos a su cargo consideraron que la entendería. Así supo que tenía "un hermanito". En los 90, militó en HIJOS en la ciudad de Santa Fe, donde vive. Buscó a sus hermanos --la declaración del represor arrepentido Eduardo Costanzo le reveló que eran mellizos-- de manera incansable con Abuelas de Plaza de Mayo, y en diciembre de 2008 pudo encontrar a Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que nació en el Hospital Militar de Paraná, entre el 3 y el 4 de marzo de 1978. Sigue buscando al Melli. Sebastián declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal número 1 en el marco de la causa popularizada como Guerrieri II y pidió --como lo hizo Sabrina hace una semana-- que digan dónde está su hermano. Sólo cuatro de los doce acusados estaban en la sala para escuchar su invocación. Antes, el sobreviviente Carlos Novillo contó sobre la desaparición de su hermano Jorge, su propio cautiverio y los daños que el terrorismo de estado impuso a toda la familia.

Alvarez es hijo de Raquel Negro y el militante Marcelino Alvarez, desaparecido en noviembre de 1976, en Rosario. Más tarde, su mamá inició una relación con Tulio "Tucho" Valenzuela, que quebró bruscamente el secuestro. Como querellante, Sebastián consideró "una vergüenza" que los acusados estén eximidos de participar en las audiencias, después de 30 años de impunidad. "Este juicio lo empezamos en el 2000 y después de 13 años les permiten no estar sentados allí... Con todas las garantías que les da el Estado, cosa que no tuvieron mis viejos", se quejó ante el Tribunal que tomó la decisión. Lo preside Roberto López Arango, con Lilia Carnero y Noemí Berros como vocales. Los tres jueces son entrerrianos.

Las críticas de Sebastián estuvieron dirigidas específicamente a Pascual Guerrieri. "Siempre amplía su indagatoria. Por ejemplo, en el juicio de Paraná (Guerrieri fue condenado en la causa del Hospital Militar, en 2011), amplió pero no hizo más que confirmar que es un cobarde y un mentiroso", dijo el hijo de Raquel Negro y conminó a quien fuera principal responsable del Destacamento de Inteligencia 121, del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, a "que diga qué hizo con los compañeros, qué hizo con mi hermano".

Ante una pregunta de Carnero, Sebastián fue claro: "Para mí no es lo mismo Costanzo que Guerrieri. Por las palabras de Costanzo pudimos llegar a Sabrina, y también recuperar cuerpos de desaparecidos en el campo San Pedro, con lo importante que es para los familiares recuperar los restos", expresó. Costanzo reveló que tras el parto de Raquel Negro en el hospital Militar, la militante fue asesinada, y la melliza traída en un auto por los represores Walter Pagano y Juan Amelong, quienes la dejaron abandonada en la puerta del Hogar del Huérfano. Así, por un escrito que presentó Abuelas de Plaza de Mayo, se llegó a Sabrina.

Si bien Sebastián consideró que "seguramente" hubiera encontrado a su hermana por otros caminos --la joven había decidido someterse a un estudio de ADN pocos días antes de ser citada por el juzgado de Paraná----, también apreció, a título personal, el arrepentimiento de Costanzo. "Encontrar a la Sabri es vida", dijo con especial énfasis en la palabra vida. "Porque ante tanta muerte, tanto dolor, tanta desesperación que vivió mi familia, la mayor alegría en tantos años fue encontrar a la Sabri", agregó. Ahora, los hermanos están empeñados en reunirse con el Melli, como le dicen al varón que nació junto a Sabrina y fue dado de alta el 27 de marzo de 1978 del Instituto de Pediatría Privado de Paraná. "A pesar de que decían que estaba muerto, después del juicio del Hospital Militar sabemos que egresó con vida", recordó ayer Sebastián.

Cuando terminó su testimonio, el abogado que lo representa, Alvaro Baella, alzó sus dos pulgares y le sonrió, como un estímulo en el difícil momento de declarar. López Arango reconvino al abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por su "gesto improcedente".

El primer testimonio de ayer fue el de Carlos Novillo, que fue secuestrado junto a sus hermanos Alejandro y Jorge el 28 de febrero de 1977, en el pasaje Nelson, de Rosario. Un grupo de "fuerzas conjuntas" ingresó a la casa donde vivía Jorge --era de Venado Tuerto y planeaba volver de inmediato hacia allá--. Los tres hermanos estuvieron privados de su libertad en el centro clandestino de detención La Calamita, en Granadero Baigorria. El recuerdo de Novillo sobre los gritos de Jorge --al que le decían "leche" por leche hervida-- pidiendo que cesara la tortura fue vívido. También rememoró que su hermano Jorge pasó la noche gritando que tenía frío.

Entre los represores, recordó a "Sebastián" (Jorge Fariña, uno de los juzgados, que fue condenado en la primera parte de esta causa a prisión perpetua) y el Puma (Ariel Porra, que aún no tiene condena y está acusado en esta causa). "Sebastián" le espetó, en una ocasión, que Jorge Novillo era oficial montonero y también le dijo, cuando los liberaron, que sus padres debían estar contentos, porque "de tres hijos le devolvían dos". Según el relato de Carlos, "Sebastián" era el que mandaba en La Calamita. También fue Fariña quien le dijo que Jorge Novillo sería trasladado "a un lugar seguro". Jorge Novillo es uno de los 16 desaparecidos que pasaron por el circuito Quinta de Funes-Escuela Magnasco-La Intermedia, y cuyo derrotero pudo reconstruirse por el testimonio de Jaime Dri, novelado en el libro de Miguel Bonasso Recuerdos de la muerte. Luego, Costanzo revelaría que fueron asesinados y sus cuerpos tirados en la Bahía de Samborombón.

Carlos Novillo estuvo entre 13 y 14 días secuestrado. Al salir sufrió un shock postraumático. La vida de su familia se desmoronó. El padre, agobiado por la búsqueda de su hijo, sufrió un infarto un año después. La madre siguió buscando, hasta que perdió las esperanzas, y murió a nueve años de la desaparición. Por expreso pedido de su madre, Carlos Novillo no declaró en el juicio a las juntas. Hoy integra el espacio Juicio y Castigo. "Que dios les de sabiduría para que se haga verdad y justicia", dijo el testigo ante los integrantes del Tribunal. Y les pidió "que estos juicios se desarrollen de forma rápida, efectiva y que podamos avanzar hacia la complicidad civil". El testigo pidió especialmente que "el Estado tome cartas en el asunto para una atención integral a las víctimas" del terrorismo de estado.

De los doce represores acusados, sólo Juan Amelong, Porra, Carlos Sfulcini y Joaquín Gurrera estuvieron ayer en la sala. A Gurrera también lo autorizaron a ausentarse a partir de hoy. Guerrieri, Costanzo, Pagano, Fariña, Ariel López, Juan Andrés Cabrera, Héctor Marino González y Alberto Pelliza lo vieron desde sus lugares de detención. En algunos casos, como el de Costanzo, es la casa, porque cumplen prisión domiciliaria.

Ayer, el enorme crucifico ubicado en la pared de la sala, encima de la única ventana que da al exterior, seguía colgado. Hoy declaran Carlos Laluf, Julio Raffo y los diputados provinciales Eduardo Toniolli y Alicia Gutiérrez, los dos querellantes de la causa. La legisladora del SI pidió al Tribunal que retire el símbolo religioso para su declaración, porque vulnera "el derecho al tratamiento igualitario de las personas ante la justicia".

miércoles, 28 de agosto de 2013

La causa del triple crimen de militantes populares de Villa Moreno irá a juicio oral

Que el pueblo sepa qué paso

Desde el Movimiento 26 de junio-Frente Popular Darío Santillán dijeron que todas las partes aceptaron la instancia pública para dirimir la responsabilidad de los procesados por los asesinatos de Jere, Patom y el Mono, en enero de 2012.

 Por Lorena Panzerini

Desde el Movimiento 26 de Junio-Frente Popular Darío Santillán adelantaron ayer que la causa por el triple crimen de Villa Moreno irá a juicio oral y público. Frente a un pedido de los abogados del principal acusado por el hecho del 1º de enero de 2012, Sergio "el Quemado" Rodríguez, la defensa de los otros cuatro imputados "manifestó su aval" con el planteo, lo que bastaría para que se llegue a esa instancia. Así, aunque se espera la confirmación desde el juzgado de Sentencia Nº 4, a cargo de Julio Kesuani, la causa por los homicidios de Jere, Patóm y el Mono será ventilada en audiencias orales y públicas. Pedro Salinas, representante del movimiento, consideró que la instancia es "positiva para seguir visibilizando el hecho y por la presión mediática que ello genera"; pero planteó que "los testigos podrían ser intimidados por la defensa de los acusados". En tanto, Carlos Varela, quien presentó el pedido, aclaró que no había sido notificado sobre la respuesta que faltaba de su colega, pero se manifestó "conforme, porque se van a dilucidar las verdaderas responsabilidades".

Luego de que los abogados Varela y Adrián Martínez presentaran, la primera semana de agosto, el pedido en el juzgado de sentencia donde recayó la causa para la etapa condenatoria; el magistrado corrió vista a todos los imputados para que sus defensas acepten o no la vía judicial propuesta por el letrado, tal como lo estipula el código en esta etapa de transición entre el viejo y el nuevo sistema procesal penal. Para que el pedido prosperara, todos los imputados debían estar de acuerdo. "Hoy (por ayer) estuvimos en Tribunales y nos dieron la noticia de que la defensora que faltaba también avaló la instancia oral", dijo Salinas. "Vamos hacia el juicio oral", resumió.

En la causa del triple crimen, los procesados por los homicidios de Jeremías Trasante, Adrián Rodríguez y Claudio Suárez, son cinco: el Quemado; Brian "Pescadito" Sprio; Daniel "Teletubi" Delgado; Brian "Damiancito" Romero, y Mauricio Palavecino, como partícipe necesario.

Desde el movimiento, plantearon que la instancia tendrá contrapuntos: por un lado, Salinas saludó que la causa continuará teniendo visibilidad en los medios de comunicación. De todos modos, consideró que la etapa de instrucción que llevó adelante el juez Juan Andrés Donnola reunió pruebas de peso contra los imputados; y también contra tres policías procesados.

Jere, Patóm y Mono fueron asesinados en la canchita del club Oroño, en Dorrego y Presidente Quintana, mientras esperaban a unas amigas para ir a una fiesta, la madrugada del 1º de enero de 2012. Hasta allí llegaron --según los procesamientos-- varios hombres armados y dispararon contra los pibes. El hecho fue corolario de otros episodios: unos minutos antes, había sido baleado Maximiliano Rodríguez --asesinado en otro hecho, el 5 de febrero pasado--. Las pruebas reunidas en la causa de la masacre apuntan al Quemado, padre de Maximiliano, quien enceguecido por el ataque a su hijo habría reunido a los amigos de éste en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) para cobrar venganza. Pero los disparos fueron hacia las personas equivocadas.

lunes, 26 de agosto de 2013

Lo que buscan en la justicia las víctimas directas y sus familiares después de "El Villazo" de 1975

Un relato acorde a la última gran lucha clasista

En marzo de 1975 el gobierno de Isabel Perón desató una terrible represión en Villa.

El pasado 26 de Julio se presentaron ante el titular de la Unidad Fiscal de DDHH de Rosario, Gonzalo Stara, ocho sobrevivientes de la gesta popular conocida como "El Villazo", para solicitar se investiguen las responsabilidades penales circundantes a los terribles hechos acaecidos en Villa Constitución alrededor del 20 de marzo de 1975, fecha en la cual fuera literalmente ocupada por fuerzas de seguridad la ciudad, y comenzara una cacería de los obreros metalúrgicos organizados y todos aquellos que apoyaban la lucha de los trabajadores en pos de su independencia sindical.

Los denunciantes fueron Agustín Luna, Cástulo Bogado, Miguel Simonovich, Luis Aliendro, Roberto Martínez, Zenón Sánchez, Juan Actis y Victorio Paulón, patrocinados por el equipo jurídico de Familiares Rosario y acompañados por numerosas organizaciones de la ciudad, como la APDH, que decidió participar en la investigación.

El jueves 22 de agosto la fiscalía hizo propio el reclamo y requirió al Juez Federal 4, Marcelo Bailaque que instruya el debido sumario penal para avanzar en la formación de la causa.

La presentación de la fiscalía, avanza en relación a las víctimas de los hechos, sumando nuevos casos a los presentados, y solicitando se ordenen diversas medidas, entre ellas declaraciones testimoniales de los diferentes protagonistas.

A los casos de los 8 denunciantes se suman los de Miguel Angel Lobotti, Juan Ponce de León, Adelaido Viribay, Rodolfo Mancini, José García, Jorge Chaparro, Julio Palacios, Concepción de Grandis, Carlos Ruescas, Pedro Reche, Jorge Raúl Andino y Carlos Tonso.

La presentación Fiscal espacialmente refiere al contexto histórico en que ocurrieron los hechos, explicitando cómo, "el plan sistemático de represión ilegal perpetrado en nuestro país durante la última dictadura, no comenzó su operatoria el día 24 de marzo de 1976, sino que para ese período el ensayo y las prácticas se consideraron finalizadas y se cristalizó el modelo que seguiría hasta finales de 1983."

Esos primeros ensayos, establece en su requerimiento el fiscal, se dirigieron precisamente contra los polos obreros, desde donde "en el pensamiento de quienes con posterioridad usurparían el poder" anidaba el principal foco de la subversión y la mayor peligrosidad. En este contexto se hace especial referencia al Operativo Independencia en Tucumán, y en nuestra zona, refiere al denominado "cordón rojo del Paraná", en el cordón industrial, más precisamente al 20 de marzo de 1975 en la ciudad de Villa Constitución.

Ello ha sido testificado por uno de sus protagonistas, Victorio Paulón, en el marco del juicio en la causa "Díaz Bessone" (120/08 del TOF 2)

Continúa el escrito fiscal destacando "sobre el total de los casos de desaparición de personas, luego de ocho años de dictadura, un 30,2 % eran obreros fabriles, lo que sumado al 17 % de los empleados, el 5,7 % de docentes y el 1,6 % de periodistas, suma un total de 54,5 % de asalariados asesinados sobre el cien por cien de los casos."

También la fiscalía establece las causales por las cuales se puede afirmar que los hechos objeto de la investigación reúnen las características de los delitos de lesa humanidad, afirmando que aquellos "constituyen delitos del derecho penal internacional que por su gravedad, repugnan a la humanidad en su conjunto, poniendo en peligro o lesionando bienes indispensables para la preservación de la especie humana. De acuerdo al derecho penal internacional se configura un delito de lesa humanidad cuando se ejecutan hechos delictivos comunes (privación de libertad, torturas, violación, abusos, homicidio, etc.) en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. En consecuencia, perpetrar un solo comportamiento tipificado como delito por el derecho penal común puede constituir un crimen contra la humanidad si se ejecuta en un determinado contexto, es decir, si se ajusta al modelo de la comisión generalizada o sistemática."

Finalmente el fiscal destaca que: "esta represión contra los trabajadores tuvo como precedente un escenario particular, que brevemente puede resumirse como una lucha de los trabajadores en busca de la mejora de las condiciones laborales y especialmente de los términos sindicales que comienzan a delinearse a partir de 1973 y hasta el año 1975, en donde empieza a perfilarse la represión indiscriminada contra los obreros que se traduciría luego en el golpe de estado que derrocara al gobierno constitucional en 1976".

Por su parte, la versión oficial con la cual se intentó enmascarar lo que realmente sucedió, figura en los diarios de la época, que relatan los sucesos desatados en Villa Constitución el día 20 de marzo de 1975 a partir del "descubrimiento del gobierno de un plan subversivo para paralizar la industria del país" y la operatoria desarrollada a los fines de detener esas "supuestas maniobras".

El diario La Capital publicaba "tras el anuncio del ministro Alberto Rocamora, sobre el descubrimiento de un plan subversivo para paralizar la industria pesada del país, se supo que llegan a varios centenares las detenciones practicadas en las últimas 24 horas. Durante los procedimientos cumplidos al tiempo que se mantenía el paro de los operarios de la planta metalúrgica Acindar, medida declarada ilegal por el Ministro de Trabajo. Los operativos combinados por efectivos de la Federal, policías bonaerenses y santafesinos y Prefectura Naval se extendieron prácticamente desde el norte de Buenos Aires hasta la ciudad de San Lorenzo en la Provincia de Santa Fe Uno de esos procedimientos de gran envergadura se cumplió en Villa Constitución donde los efectivos de seguridad acordonaron los establecimientos de Acindar y Metcon, al tiempo que procedían a clausurar el local de la UOM, deteniendo a su titular Alberto Piccinini y a otros diez dirigentes de la organización. Simultáneamente, personal de la policía santafesina y de la Prefectura Naval Argentina realizaban en otros puntos de Villa Constitución gran número de allanamientos. Según algunas versiones al cabo de los procedimientos habían resultado detenidas unas 100 personas muchas recuperaron la libertad, lo que ocurrió con el cuerpo de metalúrgicos" (Diario La Capital, edición del día 22 de marzo de 1975).

Para algunas fuentes ligadas a la fiscalía de Derechos Humanos de Rosario, el relato judicial de los hechos del Villazo se reduce a una "ignominiosa causa seguida a los gremialistas de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución Alberto Piccinini, Juan Rodolfo Acuña, Benicio Donato Bernachea, Dante Melchor Manzano y Adolfo Onorato Curti, detenidos el 20 de marzo de 1975, en el marco de la represión ilegítima e ilegal desplegada a partir de la denuncia pública del ministro del interior Alberto Rocamora. Es hora de que el Poder Judicial no investigue a víctimas como victimarios y construya un relato acorde lo ocurrido en la última gran lucha clasista de nuestra historia reciente", concluyeron.

Fuente: Rosario 12,