Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 21 de agosto de 2016

De los más violentos grupos de tareas

Tienen a cuatro represores por el secuestro del último jefe del PRT en Santa Fé
El D2 de la Policía santafesina está en la mira de la justicia que además libró órdenes de captura para otros cuatro represores que actuaron durante la última dictadura militar. En la causa se investiga la caída del último jefe político del PRT, Catalino Paez.

 Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

La detención de cuatro represores de la Policía de Santa Fe y la orden de captura de otros cuatro puso bajo la lupa esta semana a uno de los grupos de tareas más numerosos y violentos de la dictadura: el Departamento Informaciones (D2) que operaba bajo el control operacional del Ejército y -en determinadas épocas- al mando de asesores militares. Los presos son tres comisarios: Eduardo Enrique Riuli (que llegó a ser jefe de la Unidad Regional de Esperanza), Fernando Mendoza y Angel Roberto Córdoba y el sargento Rubén Oscar Isaurralde acusados por el secuestro y torturas de once víctimas. En la causa se investiga la caída del último jefe político del PRT en Santa Fe, Catalino Paez, de su esposa embarazada y de uno de sus hijos, Mario, quien era un niño de 14 años, en febrero de 1980, cuando los capturaron en un campito con hornos de ladrillo, donde trabajaban y vivían, en Lima, provincia de Buenos Aires, a 368 kilómetros de Santa Fe. El operativo siguió con el secuestro de otros ocho compañeros y amigos de Paez en Laguna Paiva, entre marzo y abril de 1980.

Las detenciones e indagatorias de los ocho imputados fueron solicitadas por el fiscal Martín Suárez Faisal el 31 de mayo, pero el juez federal Reinaldo Rodríguez dejó pasar la feria y recién las ordenó dos meses después. Esta semana, la emisora LT10 informó que cuatro de los ocho buscados estaban presos: los comisarios Riuli, Mendoza y Córdoba y el sargento Isaurralde. Pero las fuentes judiciales citadas por la radio no dijeron dónde están los otros cuatro.

Riuli es uno de los acusados por el secuestro de los Paez, en Lima, provincia de Buenos Aires y por otros hechos en Laguna Paiva, se abstuvo de declarar y fue alojado en el pabellón de represores de Las Flores, por lo que se deduce que los otros tres, que tienen más de 70 años, ya gozan de arresto domiciliario.

La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia del entonces secretario de Derechos Humanos de la provincia Horacio Coutaz, quien la acompañó con el resultado de una pesquisa con abundante prueba testimonial y documental del equipo de investigadores que dirigía la abogada Alejandra Romero Niklison. En abril de 2015, el fiscal Walter Rodríguez promovió la acción penal y en mayo, el fiscal Suárez Faisal solicitó las ocho detenciones, de las que ahora se concretaron cuatro.

Una de las pruebas que aportó el equipo de investigación a cargo de Romero Niklison es una lista de 42 oficiales y suboficiales que operaban en D2, que tenía su base en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert, en el microcentro santafesino, a una cuadra de bulevar Gálvez. En esa lista figura Héctor Romeo Colombini ("Pollo"), quien estaba adscripto al Destacamento de Inteligencia Militar 122 y falleció en agosto de 2012 cuando cumplía una condena a 23 años de prisión por secuestros y torturas.

Una de las víctimas que declararon en la causa dijo que Isaurralde era el "guardaespaldas de Colombini" y quién "lo golpeó fuertemente dejándolo sin respiración".

Mario Paez dijo que después de su secuestro y el de sus padres, el 15 de febrero de 1980, sus siete hermanos, de 9 a 13 años quedaron abandonados en la ladrillería de Lima, donde vivían. Y describió a los que "daban las órdenes" en el operativo como "un hombre de baja estatura canoso" y "se destacaba uno alto, elegante con un sombrerito de trapo".

Después, cuando ya estaba secuestrado en la base del D2, en San Martín y Obispo Gelabert, los pudo reconocer. Uno era "Eduardo æel FlacoÆ Riuli, me entero quién era porque lo llamaron así sus compañeros, de Laguna Paiva y era el que tenía el sombrerito el día del secuestro. Estaba allí y nos apuntaba".

En otro momento, lo llevaron a ver a su padre. "Allí estaba Riuli y el petiso canoso que era el jefe. Se que él vivía arriba con la familia, me lo dijo un policía raso", relató. Mario se refirió a la planta alta del D2, con entrada por calle San Martín, que solía ser la residencia de los jefes de Policía la provincia.

"Riuli y el canoso me decían: æhijo de puta, fíjate lo que vas a hacer ahora porque no queremos que seas como tu padre cuando salgas", contó Mario.

domingo, 26 de junio de 2016

Una madre fue obligada a entregar su bebé bajo la amenaza de matar a su padre

El juicio oral y público por la apropiación de un bebé nacido durante el cautiverio de su madre en Santa Fe durante la última dictadura se iniciará el 23 de junio y concluirá en agosto, de acuerdo con un cronograma preliminar difundido por el Tribunal Oral Federal de la capital provincial. Se trata de la denominada "Causa Góngora, Cecilia y otros", que pondrá en el banquillo a una médica y a la apropiadora de José Maulín Pratto. El proceso debía iniciarse el 29 de abril pasado pero fue postergado debido a un cambio en la defensa técnica de una de las imputadas.

El Tribunal Oral Federal presidido por José Escobar Cello iniciará el juicio por la apropiación y sustitución de identidad de Maulín Pratto, quien aún lleva el apellido Segretín y fue apropiado de las manos de su madre a poco de nacer bajo la amenaza de matar a su padre, quien se encontraba encarcelado.

En la causa están imputadas Cecilia Góngora, quien lo crió desde bebé y está acusada de apropiación, y la médica Elsa Gladis Nasatsky, en tanto que murió en diciembre de 2014 un tercer imputado, Danilo Sambuelli, ex jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista, ya condenado por otros delitos de lesa humanidad.

Voceros judiciales reseñaron que Luisa Pratto, madre de José Maulín Pratto, fue internada en un sanatorio de la ciudad de Santa Fe con un nombre falso y cuando nació su hijo fue obligada a entregarlo bajo la amenaza de que iban a matar a su marido Rubén Maulín, en ese momento detenido en la cárcel de Coronda.

El juicio se iniciará el 23 de junio a las 8.30 y continuará al día siguiente, para luego reanudarse el 30 de junio con los testimonios de Luisa Pratto, Griselda Pratto, Rubén Maulin y José Luis Segretin, y posteriormente habrá una última jornada el 1 de julio antes de la feria judicial.

Las siguientes audiencias están previstas para los días 28 y 29 de julio y 4, 5 y 11 de agosto, con la declaración de una treintena de testigos en total.

domingo, 22 de mayo de 2016

El ex juez que quiere volver a casa

Vera Candioti condenado a 15 años de prisión por borrar la identidad de Paula Cortassa. .

El ex juez que quiere volver a casa

Está juzgado en el marco de la causa por terrorismo de Estado en Santa Fe. El defensor oficial pidió el arresto domiciliario del ex magistrado por el "frágil estado de salud" y la edad de su defendido que ya tiene 76 años. Los abogados querellantes se oponen.

Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

La defensa está muy activa para lograr la vuelta a casa del ex juez de Menores Luis María Vera Candioti, condenado a 15 años de prisión por borrar la identidad de María Carolina Guallane/Paula Cortassa, pero entre los allegados de aquel se admite en público que el intento "es difícil". El defensor oficial Martín Gesino pidió el arresto domiciliario del ex magistrado por el "frágil estado de salud" y la edad de su defendido que ya tiene 76 años. El fiscal Martín Suárez Faisal no opuso "objeciones" a que se le conceda el beneficio. La abogada Zulema Rivera que patrocina a Carolina solicitó -antes de expedirse- que Vera Candioti pase por "un examen del Cuerpo de Médicos Forenses (CMF)" de la Corte Suprema de la Nación. Y los querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano, rechazaron el pedido de Gesino por la "precariedad probatoria" que lo "fundamenta" (el "certificado médico privado" de un "amigo" de Vera Candioti), apoyaron la "pericia médica" y advirtieron sobre el "peligro de fuga". El Tribunal ordenó un "examen médico exhaustivo" del ex juez, a cargo de peritos de la Corte y remitir el "dictamen" al Servicio Penitenciario Federal para que "informe si cuenta con dependencias aptas para alojar a una persona en las condiciones señaladas en dicha pericia y brindarle las atenciones necesarias".

En la sentencia del 28 de abril que condenó a Vera Candioti y al otro imputado por el caso Carolina, coronel Carlos Enrique Pavón (a 13 años de prisión), el Tribunal revocó las excarcelaciones de ambos y decidió que cumplan la pena en el Servicio Penitenciario Federal. Esta semana, Pavón sumó el segundo pedido de "detención domiciliaria" por razones de salud para evitar su traslado a los complejos de Ezeiza o Marcos Paz, pero el fiscal aún no dictaminó y las querellas no respondieron las vistas.

En ese veredicto, el Tribunal explicó por qué mandaba a Vera Candioti y a Pavón a una cárcel federal. Se trata de "penas graves" y "cumplimiento efectivo" que "aportan un mayor énfasis, a la presunción de que en caso de mantener la libertad, los imputados habrán de eludir la acción de la justicia", dice el fallo de los jueces Ricardo Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo.

El 4 de mayo -a los tres días hábiles de la condena-, Gesino pidió la "detención domiciliaria" de Vera Candioti, que hoy está en Las Flores. Y la fundamentó en el "frágil estado de salud" del ex juez, que sumado "a su avanzada edad, exige control estricto y permanente" de sus dolencias. "Resulta aconsejable" la vuelta a casa -dijo- para que su "asistido" tenga "óptimo tratamiento" y la "ayuda y contención de su núcleo familiar".

Es más, Gesino descartó "por completo" un "posible riesgo de fuga" de Vera Candioti ante un eventual arresto domiciliario porque "lo único que desea es permanecer con su familia". Un "detenido tiene derecho a vivir en condiciones compatibles con su dignidad" y "el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad", planteó el defensor.

El fiscal Suárez Faisal dictaminó que "no tenía objeciones" ante el pedido de la defensa. Pero el Tribunal dio otro paso y corrió vista a las querellas. La abogada de Carolina solicitó un "examen médico" de Vera Candioti a cargo de peritos de la Corte -que es el que se ordenó-. Y los abogados de Abuelas, rechazaron el pedido de Gesino por su "precariedad probatoria". "El mero certificado" de un "médico privado amigo de la familia" "no es prueba determinante", plantearon Bereciartúa y Moyano.

"El Servicio Penitenciario Federal cuenta con los medios apropiados para atender las necesidades de salud de los detenidos a su cargo, ya sea en el complejo de Ezeiza o en el de Marcos Paz", dijeron los abogados de Abuelas, en otro retruque a la defensa. "De ninguna manera se demuestra que el alojamiento carcelario vulnera" el derecho del imputado "a ser tratado humanamente y con respecto a su dignidad personal".

Los abogados de Abuelas citaron fallos de la Cámara de Casación que coinciden que la "prisión domiciliaria" es "una excepción" al "principio general" de que la pena "debe cumplirse en un establecimiento penitenciario" y por lo tanto "debe interpretarse de manera restrictiva". Explicaron que el beneficio "no es automático" y "se debe evaluar en cada caso concreto" y que "la discrecionalidad del juez" para otorgarlo "debe ser utilizada de manera racional y para un uso adecuado".

Según los querellantes de Abuelas, "son tres los componentes que entran en tensión" a la hora de otorgar la prerrogativa, entre los que el Tribunal "debe encontrar el equilibrio justo": "las razones humanitarias, el interés colectivo y la gravedad del hecho". Y explicaron por qué:

"No existen razones humanitarias que impidan la prisión efectiva" de Vera Candioti, que "goza de un estado de salud acorde a su edad, al menos hasta que se demuestre objetivamente lo contrario, y puede ser perfectamente controlado en una unidad penitenciaria, no transformándose así de ningún modo en un trato cruel, inhumano o degradante".

"El interés colectivo que se pone en juego ante delitos de lesa humanidad es trascendental, ya que son hechos ilícitos que no sólo afectan a las víctimas directas sino también a la sociedad toda y el Estado asumió la obligación internacional de perseguirlos y penarlos".

"La gravedad de los hechos" por los que se condenó a Vera Candioti "es de tal entidad que han sido perpetrados con el más alto nivel de violencia posible, la violencia del terrorismo amparados en la estructura del Estado, procurándose así, durante todo estos años, la impunidad".

domingo, 8 de mayo de 2016

Rafael Luis Galli, ex decano de la Facultad de Ingeniería durante la dictadura

Un cómplice escondido entre los trenes

Se presenta como mentor de la muestra de ferromodelismo Mundo Tren, a la que acuden niños de todas las edades cuando la presenta. Pero lo que oculta este ingeniero es su participación en la dictadura como decano de una facultad que tuvo muchos desaparecidos.

  Por José Maggi

El ingeniero Rafael Luis Galli, se presenta públicamente como el mentor de la muestra de ferromodelismo Mundo Tren. En ese rol ha desplegado su muestra en escuelas y ante estudiantes de distintos niveles tanto en ámbitos privados y públicos, como el Planetario Municipal hasta hace pocos meses. Lo que Galli no cuenta y que la enorme mayoría de padres y docentes no saben es que detrás de ese rostro de viejo bueno, de abuelo sensible por los trenes, se esconde la historia de cómplice civil de la última dictadura: "El ingeniero Galli tiene sus manos manchadas con sangre, fue el decano de Ingeniería, que tiene estudiantes secuestrados y docentes desaparecidos. Quiero contarlo porque no creo que en su curriculum diga 'fui el decano de Videla'. Yo lo sufrí en carne propia: me suspendió de la facultad cuando me faltaban un par de materias para recibirme y tuve que irme del país". La confesión corre por cuenta de Juan Jaureguiberry, quien en el año 1979, sufrió la persecución en esa casa de altos estudios a instancias de quien era un eslabón civil en la represión de los claustros universitarios, y quien firmaba los decretos de suspensión, debajo del nefasto interventor Humberto Riccomi.

-¿Quién es Rafael Luis Galli?

-El ingeniero Galli fue el decano de la facultad de Ingeniería durante casi todo el período de la dictadura militar, desde 1976, no recuerdo bien la fecha pero antes hubo una breve intervención de un militar a cargo después del golpe y cuando subieron las autoridades civiles que aceptaron gestionar la universidad, Galli se hizo cargo del decanato.

-¿Cómo lo conoció?

-Era alumno de Ingeniería Mecánica, entré en el 74 a la facultad, y venía del Politécnico, donde habíamos formado el Centro de Estudiantes en el 72, en la dictadura de Lanusse. En el 75 fui elegido miembro de la Comisión directiva del centro de estudiantes. Cuando ocurre el golpe pasamos de algún modo a la clandestinidad simbólica en la facultad de Ingeniería. Seguimos gestionando igual, a pesar de que había muchas restricciones: no había Consejo Directivo, no había nada. El decano tenía el poder absoluto concentrado para la aplicación directa de un régimen de exclusión de la universidad, de persecución política y donde estaba prohibida toda actividad política. Hay una placa con los nombres de las verdaderas victimas. Quiero decir que Galli asume en un momento donde venían de ser secuestrados varios profesores del Departamento de Física, como Eduardo Pasquini y Julia Huarque que nunca más aparecieron. En esa época hubo varios allanamientos sobre muchos otros docentes. Recuerdo a Ferraro de Matemáticas y realmente era un clima de intimidación terrible sobre todo en el movimiento estudiantil y docente de la facultad de Ingeniería.

-¿Había cesantías, suspensiones, persecuciones en esa época?

-Hubo un régimen de terror durante un período con secuestros y desapariciones con las direcciones precisas que evidentemente venían de las inscripciones en los padrones de la facultad. Hubo muchos allanamientos y hubo muchos estudiantes que se mudaron y se fueron a vivir a otro lado, porque era gente que estaba muy marcada. Por supuesto que mantuvimos niveles de organización, como en el 78, acompañamos a la Comisión de la OEA durante el Mundial en la que pudimos rescatarlo a Sergio Schilman de adentro de la Jefatura.

-¿Hubo algún blanco elegido especialmente en Ingeniería?

-Bueno, el departamento de Física fue el lugar principal donde ellos se ensañaron desde el primer momento. Había allí un grupo de docentes muy comprometido, y también en el Departamento de Matemáticas, entre ellos Carlos Meritano, que luego fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ya en tiempos de López Rega en la facultad de Ingeniería había un foco de resistencia grande de docentes, que fueron puntal de la APDH.

-¿Le tocó vivir algún capítulo puntual con Galli?

-A finales del año 1979, presentamos un petitorio y juntamos firmas contra el turno castigo. Esta era una de tantas trabas que se habían implementado en la universidad, por el cual si rendías mal una mesa no la podías tirar en la segunda ni en la tercera sino que tenías que ir al otro período. Si te iba mal en diciembre, pasabas a marzo derecho. El objetivo era retrasar a los estudiantes, enmascarado en la idea de calidad. Estaba por recibirme, mientras trabajaba en una fábrica. Pedimos una entrevista, siempre a titulo personal, porque no estaba permitido el centro de estudiantes. El día de la reunión con el decano uno de los alumnos no vino, asi que el secretario académico de apelldio Canoba -un hombre muy vinculado al decano de Filosofía de entonces de apellido Luraschi, famoso por recibir a los alumnos con una pistola sobre su escritorio- me preguntó si quería pasar. Me llamó por mi nombre, ya que me conocía desde el Politécnico donde era instructor de ajedrez, y yo fui jugador. Me hizo pasar a la entrevista y dos meses después me iniciaron un sumario en el Rectorado por suplantación de identidad y falsedad ideológica, como si yo me hubiese hecho pasar por el otro alumno que no había ido.

-¿Qué te implicó el sumario?

-Lo curioso es que el sumariante de apellido Chedes, en un primero momento rechazó instruir el sumario porque entendía que no había fundamentos. Pero me enteré después que fue el mismo Rafael Galli quien exigió mi sanción, y usó todo su poder interno en rectorado para exigirlo. Finalmente me sancionaron. Entonces me dan seis meses de suspensión justo cuando me estaba por recibir, tenía 44 materias aprobadas. Todo vino acompañado de un serie de amenazas sobre mi persona por gente vinculada a la CNU y al final aparece alguien que me aconseja desaparecer de la facultad, y me fui del país por un período y después nunca más termine la carrera.

-¿Alguna vez se lo cruzó a Galli?

-Lo encontré a Galli una vez en un cine del centro, sentado delante mío, obviamente ya en democracia. Me sentí muy violentado emocionalmente, y cuando salimos lo increpe a los gritos en el hall. Le dije que todos se tenían que enterar que ese hombre había sido el decano de la dictadura, que tenía las manos manchadas de sangre, porque evidentemente durante su gestión se secuestraron y desaparecieron estudiantes. Sabemos que ellos pasaban información, y que el grupo que se manejaba en el decanato podía entrar sin golpear la puerta. Cuando terminé de gritarle, solo me contestó: 'vos no sos nadie'.

María Carolina Guallane estuvo secuestrada y desaparecida en manos del Ejército

"La tenían para torturar a su padre"

Es la conclusión a la que arriba el juicio de la megacausa sobre el destino de María Carolina Guallane cuando era sólo una niña de 13 meses. Estuvo 58 días en manos del Ejército.

  Por Juan Carlos Tizziani  - Desde Santa Fe.

El fiscal Martín Suárez Faisal dijo que el juicio por la megacausa permitió descubrir y probar que María Carolina Guallane/Paula Cortassa estuvo "desaparecida 58 días", "en poder del Ejército Argentino" cuando era una niña de 13 meses, lo que fortalece "la hipótesis de que la tuvieron secuestrada en un centro clandestino de detención para torturar a su padre, Enrique Cortassa". "No tengo dudas sobre eso porque si no el Ejército la hubiera entregado antes", dijo en un diálogo con Rosario/12. El proceso terminó la semana pasada con la primera sentencia en la Argentina a un juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, a 15 años de prisión por borrar la identidad de Paula y condenas a dos militares: Carlos Enrique Pavón (13 años) y Domingo Morales (22 años) y un comisario: Juan Calixto Perizotti (prisión perpetua). Y dejó un legado: la cantidad de pruebas que se volcarán en otras investigaciones, las certezas de cómo operaba el terrorismo de estado y el valor simbólico. "Se juzgaron hechos que marcaron profundamente a la sociedad santafesina por su crueldad y violencia, como los operativos de fuerzas conjuntas en Ituzaingó y Las Heras y en la casa de calle Castelli al 4500 (donde vivía Paula)", así que la sentencia será "un gran aporte a la verdad de lo que ocurrió en Santa Fe", sintetizó el fiscal.

En noviembre, cuando declaró ante el Tribunal -integrado por Ricardo Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo-, Carolina dijo que había un bache en su vida, "una parte de la verdad" estaba "pendiente". Y "quería saber qué hicieron" con ella, desde el 11 de febrero de 1977 cuando sobrevivió a la masacre de su familia hasta el 13 de mayo de 1977, cuando Vera Candioti se la entregó a un matrimonio de Venado Tuerto, Jorge y María Guallane, adoptantes de buena fe. Ellos la recibieron "al borde de la muerte", con un cuadro de "shock emocional, tuberculosis, desnutrición, hepatitis", "problemas de motricidad, edemas en las piernas que hacen suponer que me metieron en un cajón y por eso caminé recién a los tres años", recordó. "Quiero saber qué hicieron conmigo en esos tres meses", desde el secuestro hasta la adopción. "¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique?", le preguntó a los jueces. "Necesito que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que esos tipos -los represores- me tocaban para atormentar a Enrique en un centro clandestino. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro", planteó.

Según el Ministerio Público, los días "en negro" en la vida de Paula fueron 58, desde el ataque militar del 11 de febrero de 1977 "hasta el primer día que tenemos registros en un lugar público (8 de abril de 1977), Paula estuvo 58 días sin que se sepa su real destino", explicó el fiscal.

-¿Coincide con la hipótesis de que la nena fue secuestrada para torturar al padre?

-Si, si. Yo creo que no hay dudas de eso. Porque si no el Ejército la hubiera entregado mucho antes.

-Hay un bache de muchos días.

-Si, nosotros contamos 58 días en los que estuvo fuera de cualquier institución oficial vinculada a los menores como el Hospital de Niños, la Casa Cuna o alguna guarda provisoria de una familia sustituta.

-¿Desaparecida?

-Si, durante esos días estuvo desaparecida, no se sabe dónde. La última vez que se la vio (en la casa de Castelli) fue en manos del Ejército y volvió a aparecer a través de una nota firmada por Pavón, también del Ejército. Quiere decir que en ese lapso estuvo en el Ejército Argentino. Y nadie nos ha explicado por qué. Pavón se ocupó de decir que no tenía nada que ver con el hecho, pero no dijo qué había pasado con Paula Cortassa durante ese tiempo -respondió Suárez Faisal.

El juicio probó el destino de los padres de Paula. Enrique Cortassa sigue desaparecido y Blanca Zapata, embarazada de siete meses, agonizó once días. "Lo que más me marcó es que cuando fuimos al barrio -en una inspección judicial a la casa de calle Castelli-, los vecinos de esa época nos contaban lo que había pasado, cómo habían llevado a Paula en una sábana ensangrentada, cómo sacaron a Blanca Zapata sin ninguna herida en su cabeza, aunque luego murió como consecuencia de un disparo en el cráneo. Y nos confirmaron que se llevaron vivo a Enrique Cortassa, lo que después nos dio la hipótesis de que esos casi dos meses que Paula estuvo en un destino incierto evidentemente fue usada para torturar a su padre", precisó el fiscal.

-¿Y hoy Vera Candioti es el primer juez de Menores condenado en el país?

-Era parte de un engranaje dentro del plan sistemático, un eslabón en la cadena que posibilitó que Paula Cortassa perdiera su identidad hasta que la recuperó por su propia iniciativa (22 años después). Tuvo una actitud absolutamente descuidada respecto de los derechos de la niña y eso es muy grave porque él representaba al Poder Judicial de Santa Fe, era la autoridad en materia de menores en la mayoría de los departamentos de la provincia, debía asegurar que se respetaran los derechos de los menores y en particular de los que estaban en una situación de vulnerabilidad muy grande como se probó en el caso de Paula Cortassa. Pero en vez de garantizar esos derechos personalísimos a la identidad, a conocer su historia, a encontrarse con su familia de origen, se aseguró de que eso no pudiera ocurrir. Porque salteó de la lista (de adoptantes) a unas 20 familias para entregarle la niña a la que estaba más lejos, en Venado Tuerto, que eran los Guallane, que la adoptaron de buena fe, que quizás sospecharon cuál era su origen pero nunca tuvieron información fidedigna de dónde provenía. Y esto sólo pudo ser descubierto después de muchos años, por el esfuerzo de Paula y la ayuda de muchas personas y organismos de derechos humanos -concluyó.

viernes, 29 de abril de 2016

Luis María Vera Candioti fue condenado en Santa Fe a 15 años de prisión.

Fue encontrado culpable de “retener y ocultar” a Paula Cortassa/María Carolina Guallane, “alterar y suprimir su estado civil” y “prevaricato”.

"LO HEMOS LOGRADO"
Por Juan Carlos Tizziani

El Tribunal Oral de Santa Fe dictó ayer la primera sentencia en el país a un ex juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti (15 años) por borrarle la identidad y su historia a una beba de 14 meses, María Carolina Guallane, quien recién recuperó su nombre, Paula Cortassa, 21 años después. "Es lo que pretendía, que se hiciera justicia", dijo conmocionada.

El ex juez Luis María Vera Candioti siguió el juicio en una sala contigua al tribunal.
El Tribunal Oral de Santa Fe –integrado por cuatro jueces de Rosario– dictó ayer la primera sentencia en el país a un ex juez de menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, por borrarle la identidad y su historia a una beba de 14 meses, María Carolina Guallane, quien recién recuperó su nombre, Paula Cortassa, 21 años después. La condena fue por tres cargos: “retener y ocultar” a la niña, “alterar y suprimir su estado civil” y “prevaricato” y la pena: 15 años de prisión de “cumplimiento efectivo”. Ayer Vera Candioti ya no pudo volver a su casa. Carolina escuchó el veredicto en la sala de audiencias y lloró. “Es lo que pretendía, que se hiciera justicia y lo hemos logrado”, dijo ya en la calle, aún conmocionada por un fallo que consideró “ejemplar”.

Los otros dos imputados por el caso también resultaron culpables: el tribunal condenó al coronel Carlos Enrique Pavón a 13 años de prisión por los mismos delitos de Vera Candioti, más “falsedad ideológica de documento público” y al comisario Juan Calixto Perizzotti a “prisión perpetua” porque también lo juzgaron por el asesinato 16 montoneros, entre ellos los padres de Carolina, Enrique Cortassa y Blanca Zapata y el secuestro y tortura de otros cuatro. El cuarto acusado, otro coronel del Ejército, Domingo Morales, fue sentenciado a 22 años de cárcel por “asociación ilícita” y el “homicidio” de tres militantes.

El Tribunal ordenó detener a Vera Candioti y Pavón, que terminaron en la cárcel de Las Flores, mientras que Perizzotti y Morales seguirán en prisión domiciliaria.

A las 10 de la mañana, los cuatro acusados tenían la chance de decir sus últimas palabras, pero el único que habló fue Pavón. Sorprendió al confesar que los delitos que se juzgaban eran “aberrantes”, pero dijo que él no había participado, que era inocente, aunque tampoco explicó cómo habían ocurrido. Pavón puso a Carolina a disposición del ex juez Vera Candioti, con una nota del Ejército falsa, fechada el 4 de febrero de 1977, siete días antes del operativo militar que masacró a los Cortassa, en su casa de calle Castelli al 4500, el 11 de febrero de 1977. Enrique está desaparecido desde entonces y Blanca Zapata agonizó once días, con un embarazo a término.

Al mediodía, el presidente del Tribunal, Ricardo Vásquez, leyó el veredicto: perpetua para Perizzotti, 22 años de prisión para Morales, 15 años para Vera Candioti y 13 para Pavón. La condena más alta es la que habían pedido los abogados de Hijos, Lucila Puyol y Guillermo Munné y las otras están en la escala que solicitaron el fiscal Martín Suárez Faisal y los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Natalia Moyano y Santiago Bereciartúa. Los fundamentos se conocerán el 21 de junio, a las 12.

El veredicto salió por mayoría, con dos disidencias parciales. El juez Omar Digerónimo calificó a los “delitos de lesa humanidad” por los que se condenó a los imputados como “genocidio” en los términos de la “Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948”. Y es el primer voto en esa línea en Santa Fe. Mientras que su colega, Beatriz Cavallero de Barabani, se inclinó por reducir la pena de Pavón de 13 a 10 años de prisión.

“¿La verdad? Estoy sorprendida”, dijo Carolina. Y era por la “trascendencia” del fallo y los montos de las penas a Vera Candioti y Pavón, que “cumplirán en una cárcel”. “Este es un ejemplo de la justicia que soñamos y queremos. Ojalá que en todos los juicios que vienen, los jueces actúen como actuaron en éste. Me voy satisfecha, aliviada, llena de tranquilidad. Es uno de los tantos alivios que obtuve en estos años, como los anteriores, cuando recuperé la identidad (en 1998) y me devolvieron los restos de Blanca (en 2000). Hoy es un alivio más.”

Carolina vivió la audiencia de ayer como la posibilidad de saldar una etapa. “Dar vuelta una página en el libro” de su historia, explicó. “A partir de ahora, intentaré ver la vida de otra manera, quiero cerrar con este tema que me afectó mucho, emocionalmente. Es lo pretendía, que se hiciera justicia y lo hemos logrado.”

Los abogados de Abuelas coincidieron que el fallo Vera Candioti será un “precedente increíble”. “Es el primer juez de menores que se condena en la Argentina por un caso de apropiación”, dijo Bereciartúa y comentó un diálogo telefónico con su jefe, Alan Iud. “Están todos muy emocionados, escucharon la sentencia por la web. No podían creer que lo que ellos trabajaron en el laboratorio jurídico está plasmado en una sentencia, todo lo que pedimos, todo se nos dio. Obviamente, porque los hechos ocurrieron, acá nadie mintió. Y los jueces supieron recibir lo que se planteaba a la luz de las pruebas que había. Es muy importante que se empiece a juzgar a los jueces que participaron en el plan sistemático del robo de bebés. Las Abuelas de Plaza de Mayo están muy agradecidas a este tribunal”, agregó Bereciartúa. Más tarde, Alan Iud escribió: “Excelente sentencia en Santa Fe por la apropiación de la nieta Paula Cortassa. Vera Candioti, primer juez condenado.”

Moyano le agradeció a Carolina la lucha por su identidad: “Este juicio es devolverte a vos esa búsqueda que supiste hacer desde muy temprana edad. Y es un compromiso de las Abuelas de Plaza de Mayo con vos y tu historia”, dijo Natalia. “Este es el camino que se inició hace 40 años, el imposible tarda, pero llega.”

“La historia de Carolina/Paula es lo que han vivido tantos niños en la dictadura, así que para nosotros fue muy duro escuchar su testimonio en el juicio. Y que ella esté en paz, y con la tranquilidad con que se expresó es para nosotros tan importante como la sentencia”, concluyó Bereciartúa.

domingo, 13 de marzo de 2016

Ingreso al centro clandestino de detención Quinta de Funes

Viaje al tenebroso plan de Galtieri
Los dueños del predio cuya expropiación tiene media sanción accedieron al pedido de la Comisión de la Memoria y lo abrieron. El diputado Jorge Henn prometió impulsar la ley. El 25 de marzo será declarado sitio de memoria.

  Por Pablo Fornero
"Esta era la oficina de Galtieri", dice alguien y el silencio se apodera de la habitación. Se respira hondo, se cierra el pecho y fortalece el alma para seguir el recorrido por el lugar donde quien era jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército en 1977 pergeñó un plan para asesinar a los integrantes de la conducción de Montoneros en México. Unos cuarenta años atrás, al menos 16 personas fueron detenidas y sometidas al más cruento cautiverio entre esas paredes, hoy sucias y descuidadas. Tulio "Tucho" Valenzuela pudo escapar, pero el precio fue alto: quedó como rehén su compañera Raquel Negro, embarazada de mellizos que nacieron el 27 de febrero de 1978, en cautiverio, y que continúa desaparecida.

Ahora, a la espera de la firma de la expropiación de la Quinta de Funes que demora el Senado, los propietarios de la finca accedieron al pedido de la Comisión por la Memoria local y abrieron las puertas del ex centro clandestino de detención, ubicado en Ruta 9 y diagonal San José.

Los acompañó el diputado provincial Jorge Henn, quien reveló que el proyecto tiene "preferencia" para la primera sesión del año. No obstante, se comprometió a renovar el dialogo con los legisladores de la Cámara Alta. Por la tarde se recibió la gratísima noticia de que Derechos Humanos de la Provincia y la Nación se pusieron de acuerdo para reconocer el 25 de marzo a la Quinta como Sitio Histórico de la Memoria.

"Qué fuerte esto, ¿no?". Esa frase sencilla se repitió varias veces, como una especie de abrazo contenedor y solidario para sostener la emoción. "Lo lindo y tenebroso", describió acertadamente el ex vicegobernador. Es que la inmensa Quinta realmente es un predio "lindo", provisto de un ingreso de piedras, una frondosa arbolada de diversas especies, una pileta grande, la casa (muy dañada, incluso con un par de salones con las marcas incendiarias de un acto de vandalismo, "un par de años atrás"), más un garaje, un galpón y la cancha de tenis en el fondo. Pero su belleza es indisoluble del pasado "tenebroso" que la distingue y que ahora, con su probable reconversión en espacio de memoria y escuela pública, promete resembrarse.

Eduardo Toniolli, Fernando Dussex, Marta María Benassi, Ignacio Laluf, Marta María Forestello, Miguel Angel Tosetti, Ana María Gurmendi, Jorge Novillo, Teresa Soria, Oscar Capella, Liliana Nahz, Fernando Agüero, María Adela Reina Lloveras y Héctor Retamar estuvieron cautivos en ese lugar donde Galtieri había armado una base de operaciones para ejecutar su plan, frustrado por la fuga de Valenzuela cuando llegó a México. Entonces, Galtieri ordenó desmantelar el centro clandestino y llevó a los cautivos a la Escuela Magnasco, para trasladarlos luego a una quinta en La Ribera de la familia Amelong. Allí -según el relato de Eduardo Costanzo- fueron asesinados. Jaime Dri también pasó por la Quinta de Funes, aunque luego fue llevado nuevamente a la ESMA. Menos Dri, todos continúan desaparecidos. Incluso Valenzuela, abatido en 1978 cuando la organización le ordenó volver al país. Por esta causa, en abril de 2010, el Tribunal Oral número 1 condenó a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común a Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Walter Pagano, Juan Daniel Amelong y Eduardo Costanzo.

Raquel Negro dio a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná, el 27 de febrero de 1978. En 2008, Sabrina Gullino Negro Valenzuela recuperó su identidad, al comprobarse lo dicho por Costanzo: Pagano y Amelong la habían llevado a la puerta del Hogar del Huérfano, donde la dejaron abandonada. Más tarde la adoptó una familia de Ramallo. Sabrina se busca desde entonces a su hermano mellizo, que fue dado de alta el 27 de marzo de 1978 en el Instituto Privado de Pediatría de Paraná.

Al ex vicegobernador se le hizo "un nudo en la panza" al ingresar al inmueble. Se conmovió, los ojos se le tornaron vidriosos y lamentó que en "un lugar hermoso" se haya "pergeñado un plan de exterminio". En diálogo con Rosario/12, remarcó que la defensa de los derechos humanos "pertenece a todos los argentinos" y, en función de la presidencia de Mauricio Macri, dijo que "todos" están "muy atentos de que esto siga siendo así, que pensar hacia adelante significa afianzarnos en lo que ocurrió, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir".

Henn dijo que renovará el diálogo con los senadores, a quienes frecuentó durante cuatro años como vicegobernador, para que finalmente el proyecto de expropiación obtenga la sanción definitiva. A fines de diciembre, en la última sesión ordinaria, quedó a las puertas de convertirse en ley, pero finalmente perdió prioridad. El legislador radical reveló ayer que tiene "preferencia", aunque pidió "ser cuidadoso" con los resultados. Se comprometió a "trabajar para que eso sea".

Tanto el diputado como los integrantes de la Comisión destacaron y agradecieron la predisposición de los dueños de la finca, que aceptaron por primera vez el ingreso irrestricto de dirigentes y agrupaciones. "Lo hacemos con un profundo respeto a la propia historia de la Quinta", destacó Henn. Más tarde, uno de los titulares del predio y guía de la recorrida, Raúl Porreca, admitió que en alguna oportunidad se pensó desarrollar un proyecto inmobiliario en el lugar. Ante el impedimento, consideró que "si la manera de solucionar es la expropiación, estamos totalmente de acuerdo". "Nosotros siempre nos portamos de la misma manera, vino Rafael Bielsa a filmar una película ("Tucho", que recrea la vida de Valenzuela) y se la quisimos dar un mes a la casa. Podemos no coincidir, pero el fin es extraordinario, un colegio público, Funes necesita una escuela técnica", apuntó.

Las sensaciones poderosas del viernes no culminaron con la visita. Después del mediodía siguieron las "emociones fuertes y buenas noticias", como lo definió David Rullo, uno de los autores de la ordenanza que declara de interés municipal la expropiación de la Quinta, firmada en conjunto con el ex concejal Mauro Miguez. La Comisión recibió la novedad de que el viernes 25 de marzo la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, en acuerdo con la Nación, se hará cargo de la señalización definitiva del inmueble como "Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado", conforme a una ordenanza local.