Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

lunes, 21 de noviembre de 2016

"Algunas consideraciones sobre Operación México, la película"

Comunicado de los hijos de Tucho y Raquel

Ante el estreno de la película “Operación México, un pacto de amor”, nos encontramos con la necesidad de dejar sentada nuestra postura crítica con respecto a un producto de la industria cinematográfica que pretende relatar la historia de nuestros padres Tulio Valenzuela (Tucho) y Raquel Negro (María Amarilla), y de los compañeros con quienes militaron en la Columna Rosario en la agrupación Peronista Montoneros.

El triller del director Leonardo Bechini, que cuenta con los papeles protagónicos de Luciano Cáceres, Ximena Fassi y Ludovico Di Santo, se basa en la novela “Operación México, Tucho o lo irrevocable de la Pasión” escrita por Rafael Bielsa en el 2014. Aunque el primer intento de abordar esta historia desde el género de no ficción se pueda atribuir a Miguel Bonasso con “Recuerdo de la Muerte” (1984). Ambas obras recogen los testimonios de Jaime Dri, el único sobreviviente del circuito represivo (Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia) por el que pasaron todos los integrantes de la Columna Rosario, incluidos Tulio y Raquel. Hoy, todos ellos excepto Jaime Dri, se encuentran desaparecidos como consecuencia de uno de los más atroces genocidios que sufrió nuestro país. Casi treinta y nueve años después, seguimos buscando al hijo mellizo de Tulio y Raquel, nuestro hermano, nacido en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná y dado de alta con vida del Instituto Privado de Pediatría, el 27 de marzo de 1978.

Antes que nada queremos reconocer y agradecer la disposición que tuvieron los actores, quienes una semana antes del rodaje, intentaron extender un puente entre industria-familia. Sin embargo, no podemos dejar de cuestionar el abordaje que realiza la película para relatar la modalidad represiva que se desarrolló en el Centro Clandestino de Detención Quinta de Funes.
Como hijos de Tucho y María y también como militantes de derechos humanos, hicimos las observaciones tras la lectura del guión. Sostuvimos una larga charla explicando la importancia de que la película incorporara una mirada más compleja sobre la experiencia concentracionaria de la Quinta de Funes. Este centro clandestino de detención no funcionó con la modalidad de torturas y tormentos que se desplegaban en la gran mayoría, sino que operó bajo un régimen represivo y perverso diferente que pretendía que los detenidos modificaran sus identidades políticas, plegándose a la propuesta de Galtieri de conformar un partido con cuadros revolucionarios “recuperados” y militares con futuros fines eleccionarios. La película tampoco empleó esfuerzos para explicar que los militantes de la Columna Rosario habían atravesado otros centros clandestinos de detención en donde sí habían sufrido la maquinaria del horror traducida en torturas inhumanas y en el hecho de tener a sus familias vigiladas y amenazadas.

Cabe destacar, que esta lógica binaria de mártires y delatores fue superada ampliamente gracias a un corpus de producciones jurídicas y sociológicas que se tradujeron en definiciones que desde el derecho planteó que el detenido que “entra víctima, sale como víctima” de un centro clandestino de detención.
Entendemos perfectamente que en una película no puede contarse todo, pero es nuestro deber expresar nuestro desacuerdo. El hecho de que el triller retome la división binaria del mundo conlleva una doble peligrosidad.

La primera, se relaciona al contexto de estreno de la película, un escenario nacional reaccionario en donde la discusión por la violación a los derechos humanos ha tenido un fuerte retroceso. Hoy, vuelven a discutirse cuestiones en torno a la cantidad de desaparecidos o se reavivan miradas fundadas en la teoría de los dos demonios.

La segunda, es que un relato tan simplificador puede llegar a arrasar con el sentido más enaltecido de aquella época y es que la lucha siempre es colectiva. Ejemplo que podemos ver en la lucha de las Madres, Abuelas, colectivos de exdetenidos y en compañeros de H.I.J.O.S.

Hacerse cargo de una herencia nunca es fácil ni puede realizarse de manera completa. De hecho es imposible llenar toda la mochila con pedazos de historias de generaciones más viejas. Todas las personas elegimos en cierta manera (aunque con diferentes márgenes de libertad) con lo que nos vamos a quedar, aquellas memorias que van a formar parte de nuestra identidad y que serán transmitidas a las futuras generaciones conformando una identidad colectiva, que por supuesto nunca es acabada.

Como argentinos heredamos un legado histórico-político complejo. Una historia densa, muchas veces abrumadora, incómoda de asimilar, pero rica en experiencias de luchas colectivas. Esta parte del legado es la que elegimos. Ser hijos de una generación que fue capaz de dedicar su vida para transformar la realidad, comprometida totalmente con su tiempo.

Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Sebastián Álvarez Negro y Matías Valenzuela Espinosa
Hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela

Adhieren: HIJOS ROSARIO"

Declaró Sabrina Gullino, hija de Negro y Valenzuela, en la causa Guerrieri 3

"Busco a mi hermano y ellos están ahí"
 
La hija de Raquel Negro, cuya desaparición se juzga en este proceso, relató el proceso de reconstrucción de su identidad, y la búsqueda de su hermano mellizo. También declaró Jaime Dri, sobreviviente del centro clandestino Quinta de Funes.
Por: Sonia Tessa

Bastó que el fiscal Adolfo Villatte le preguntara a Sabrina Gullino Valenzuela Negro si algún familiar suyo había sido víctima de terrorismo de estado para que esta mujer de 38 años desplegara su historia, que conoció recién en diciembre de 2008. Sabrina es hija de Tulio Valenzuela y Raquel Negro, nació en cautiverio el 2 o el 3 de marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, junto a un hermano mellizo que es "un desaparecido con vida que estamos buscando". Mirando al Tribunal, dijo: "Es muy impresionante que yo esté declarando acá por cuarta vez y los responsables, que saben donde está el Melli, están ahí, pero ahí. Es muy impresionante, yo estoy buscando nada más y nada menos que a un hermano mellizo, y ellos están ahí, y sabemos que saben dónde está el Melli, a quién se lo dieron por lo menos". En este juicio, la causa Guerrieri 3, que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas, se investiga la desaparición de la madre de Sabrina, Raquel Negro. Ayer también declaró Jaime Dri, sobreviviente del centro clandestino de detención Quinta de Funes y testigo clave en las causas que juzgan a la patota del Destacamento de Inteligencia 121.

La última vez que vio a "María" (así le decían los compañeros a Raquel) planearon fugarse juntos, ella le dijo que la esperara, que con la panza no podía hacerlo. Se la llevaron a Paraná, y la trajeron de vuelta en un baúl, desnuda, con una bolsa de nylon en la cabeza, según el testimonio de Eduardo Costanzo al periodista de Rosario/12 José Maggi. "Eso es una muestra del ensañe de los represores con las mujeres", subrayó Sabrina.

Un error de comunicación con Gendarmería impidió que Juan Amelong participara personalmente de la audiencia, así que la miró por televisión desde el penal de Marcos Paz, junto a Jorge Fariña. Desde la cárcel de Ezeiza, también por videoconferencia, escucharon Rodolfo Isach y Walter Pagano. Desde su lugar de detención en Bouwer, Córdoba, la siguió Juan Cabrera, y desde Santa Fe, Marino González. En cambio, Oscar Guerrieri, en prisión domiciliaria, lo hizo desde los tribunales de Comodoro Py. En una sala contigua estuvieron Ariel López y Armando Pelliza, a la espera de que el Tribunal defina sus pedidos para no asistir. El único presente ayer fue Costanzo.

    "Preferí venir y no que vieran el video, porque declarar es hacer honor a este acto de justicia".


"El 2 de enero de 1978 fueron secuestrados mis papás biológicos junto a mi hermano Sebastián Alvarez. En la tienda Los Gallegos de Mar del Plata los llevaron a Tulio y Sebastián, y a dos cuadras, a Raquel, que estaba embarazada de mellizos", relató la mujer, quien se crió con su familia adoptiva. Sabrina se había puesto en contacto con Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario la misma semana que le llegó una citación del juzgado federal de Paraná para comparecer. Así supo que había sido abandonada en el Hogar del Huérfano de Rosario, el 27 de marzo de 1978. Esa línea de investigación se abrió para Abuelas a partir de una declaración de Costanzo, quien dijo que Pagano y Amelong habían dejado a la beba en la puerta de "un convento".

Sabrina detalló minuciosamente lo que pudo reconstruir de su historia, gracias al impulso de Guillermo "Mencho" Germano y Sebastián Alvarez en la causa por la sustitución de su identidad, y también al testimonio de enfermeras del Hospital Militar y el Instituto Privado de Pediatría, donde fueron trasladados los mellizos pocos días después de nacer. Sabrina ingresó como Soledad López el 4 de marzo, y su hermano, como NN López, el 10 de marzo. El 27 tuvieron el alta los dos, pero el rastro del bebé hasta ahora está perdido.

Cada testimonio en estos juicios tiene un sentido, es como una pieza en el rompecabezas de la memoria colectiva. En este caso, para Sabrina, era importante participar en el proceso por la responsabilidad de los asesinos de su "mamá Raquel". "Las veces anteriores que declaré, no había sido mamá y no había atravesado un parto", dijo Sabrina, quien subrayó más de una vez "pensaba en una situación de tanta vejación, de tanto maltrato, en el momento de mayor vulnerabilidad y tambien de mayor potencia de una mujer y pensaba en no poderlo hacer en la absoluta libertad que merece ese estado, sino en una situación de secuestro, de tormentos".

En Sabrina, su propia experiencia de maternidad fue también una puesta en dimensión de la vivencia de su madre. "Quería hacer el comentario de lo que me imagino que pudo haber sido para ella ser secuestrada con dos bebés en la panza, y con el bebé chiquito que era Seba", dijo Sabrina. En el público, Sebastián -que tenía un año al momento del secuestro- escuchaba a su hermana.

Sabrina subrayó también que "la cúpula militar y los represores tenían especial ensañamiento con las militantes revolucionarias porque no sólo transgredían el sistema político sino también el rol socialmente atribuido a las mujeres de la maternidad y lo doméstico". Las calificó como "doblemente transgresoras".

Por eso, la declaración de ayer era distinta. "Yo quería traerla a Raquel, sobre todo, en este testimonio. Me imagino todo lo que habrá pasado de saber que la iban a matar. Pero no se imaginó que se iban a robar a sus bebés. Porque le dijo a una de las enfermeras, qué va a hacer mi mamá Emelina con tres bebés", dijo Sabrina.

Raquel había acordado con su compañero Tulio que iban a simular colaboración pero que él denunciaría el plan del jefe del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri, al llegar a México con el declamado objetivo de matar a la cúpula de Montoneros. Raquel sabía que quedaba de rehén. Antes, habían logrado que Sebastián fuera llevado con sus abuelos maternos.

"Preferí venir y no que vieran el video, porque declarar es hacer honor y contribuir a este acto de justicia. Quizás 38 años para la vida de una persona son muchos, pero para la vida de un país es muy poco, y qué importante es que se estén desarrollando estos juicios", dijo Sabrina, que llegó al Tribunal con su pequeña hija y rodeada de compañeros y compañeras.

Y agregó: "En homenaje a Raquel, a sus compañeros, y a las mujeres que pasaron por esos centros clandestinos de detención, y por la responsabilidad de este tribunal para juzgar la responsabilidad de estos genocidos, porque hay delitos que se siguen cometiendo, y es que hoy no esté el Melli, y que mi hija no pueda conocerlo".

martes, 15 de noviembre de 2016

La memoria que va emergiendo

Tres militantes desaparecidos fueron identificados en el cementerio de San Lorenzo

Habían sido enterrados como NN en abril de 1975 en el cementerio de San Lorenzo, fueron identificadas por la Fiscalía de crímenes de lesa humanidad de Rosario. El último de los identificados es Horacio Víctor O'Kelly. Tenía 19 años.

Las huellas dactiloscópicas de tres militantes políticos enterrados como NN en abril de 1975 en el cementerio de San Lorenzo, fueron identificadas por la Fiscalía de crímenes de lesa humanidad de Rosario. "Dos de esas huellas, tomadas en 1975 como correspondientes a NN pertenecen a víctimas en cuyos casos se logró, también, la identificación de sus restos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense", informó la Fiscalía a cargo de Adolfo Villate. Se trata de Alberto Isidoro Losada y Pablo Martín Sandoval Luque. "En este último caso señaló la unidad fiscal a través de un comunicado sus restos se restituyeron a sus hermanos el 5 de agosto pasado". Según se informó ahora, "la tercera identificación dactiloscópica se corresponde con quien en vida fuera Horacio Víctor O'Kelly, de 19 años, quien había nacido el 24 de octubre de 1955 en la provincia de Córdoba, cuya identificación por ADN no pudo aún realizarse".

Los hechos que lo tuvieron como víctima fueron denunciados por su madre y recogidos, oportunamente, en el Legajo CONADEP Nº6504 como víctima de "desaparición forzada", informó la Fiscalía.

Las huellas dactiloscópicas que ahora permitieron la identificación de los militantes asesinados por la policía, habían sido tomadas en una causa instruída por la Justicia Militar para investigar el intento de copamiento del Batallón de Arsenales 121 "San Lorenzo" en la localidad de Fray Luis Beltrán.

El expediente de la Justicia Militar se instruyó en abril 1975 que ahora es utilizado en una causa donde se investigan enterramientos clandestinos durante el terrorismo de Estado en San Lorenzo, señaló la Fiscalía.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, las huellas fueron tomadas a los tres cadáveres que, según las noticias periodísticas de la época, habrían sido ejecutados el 14 de abril de 1975 por efectivos de la policía de San Lorenzo en la localidad de Roldán.

Días después fueron llevados al "Juzgado de Campaña" montado en el Batallón de Arsenales 121 por el juez Alberto Salvador Casals, a cargo en ese entonces del Juzgado de Instrucción Militar Nº 50 del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército.

El juez "ordenó rápidamente sus inhumaciones sin realizarles autopsias ni examen alguno, solo tomando las huellas dactiloscópicas de los mismos", indica el comunicado.

Agrega que los restos de los tres NN fueron inhumados el 17 de abril de 1975 aproximadamente a las 19.00 en el cementerio de San Lorenzo, "horario inusual para dicha tarea".

La causa donde fueron concretadas estas identificaciones tramitaba ante el Juzgado Federal Nº4 de Rosario y en el año 2012 fue delegada en la Unidad de Derechos Humanos de Rosario a cargo de Villate, que desde entonces dirige la investigación.

"Los trabajos periciales fueron realizados por el perito Pedro Augusto Sala, dactilóscopo del Departamento Científico Pericial de la Prefectura Naval Argentina", concluye el comunicado.

Ya a mediados de este año la Unidad Fiscal de Rosario que interviene en los procesos por crímenes contra la humanidad había informado que fueron identificados los restos de Pablo Martín Sandoval Luque, desaparecido desde abril de 1975, en una tumba sin identificación del Cementerio Municipal de la ciudad de San Lorenzo.

Al momento de su desaparición, Pablo Sandoval tenía 21 años. Había nacido el 17 de mayo de 1953 en la provincia de Córdoba y se encontraba residiendo en la zona de Rosario, donde estudiaba Medicina y militaba en el PRT ERP.

El cuerpo de Sandoval Luque estaba sepultado en el "Sector I adultos", en tierra, y había sido inhumado el 17 de abril de 1975.

La causa donde fue concretada la identificación tramitaba ante el Juzgado Federal Nº4 de Rosario y en el año 2012 fue delegada en la Unidad DD.HH. de Rosario, que desde entonces dirige la investigación.

Los trabajos periciales fueron realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los estudios genéticos posteriores fueron concretados por el Laboratorio de Genética del EAAF en Córdoba, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas.

En tanto, el caso Losada ya había sido adelantado por Rosario/12 en febrero de 2006 con la firma de Alicia Simeoni. Alberto Isidoro Losada tenía 22 años cuando desapareció. No hay testimonios de su paso por un centro clandestino de detención. Había nacido el 25 de febrero de 1953. Su padre Americo, había llegado por entonces a Rosario a tratar de dar con los restos de su hijo. La ultima vez que lo vio fue el 22 de marzo de 1975, fecha en que Alberto Isidoro se fue de la casa en Córdoba y se supone que vino a Rosario en su condición de militante del ERP/PRT. Las bandas parapoliciales allanaron su casa dos días después y tuvieron encerrado al padre con el resto de su familia. De ahí en más nunca volvieron a verlo. Una llamada telefónica dio cuenta de que lo habían matado el 15 de mayo de 1975 y al día siguiente, el 16 ya estaba en Rosario para comenzar el largo camino que lo iba a llevar al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, a dependencias policiales y judiciales sin encontrar respuesta.

Cabe remarcar que el primero de los restos identificados, fue encontrado en el sector noreste del cementerio de la ciudad de San Lorenzo, un lugar que quedó relacionado desde diciembre de 2002 con la denuncia de una mujer que dio cuenta de la posible existencia de lo que en ese momento se pensó que era una fosa común con enterramientos clandestinos.

Este diario reprodujo otro testimonio en su edición del 6 de abril de 2003, el de una mujer anciana, familiar de la primera que contó lo que vio en la necrópolis sanlorencina: camiones militares y hombres con uniforme militar descargando grandes bolsas de nylon. Esa denuncia y la existencia de tumbas en las que se habría enterrado a víctimas del terrorismo de estado tomó estado público por este diario.

Un crimen que busca su castigo

Declaró la esposa de Juan Carlos Gesualdo, desaparecido

María Rosa Balbi y su hijo, Juan Pablo, fueron los testigos de la audiencia de ayer en Guerrieri 3. El 8 de abril de 1977 se llevaron al estudiante de odontología y prometieron que volvía en horas, pero nunca más supieron de él.

A Juan Carlos Gesualdo le faltaba una materia para recibirse de odontólogo. Casado con María Rosa Balbi, que estaba embarazada de siete meses, vivían en Avellaneda 498, en la casa del papá de Juan Carlos, porque "no tenían un peso". La pareja de estudiantes eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista. En la siesta del 28 de abril de 1977, una patota de unos 6 o 7 hombres ingresó en la vivienda, a eso de las 14.30. Llegaron desde atrás y desde el costado. Al dueño de casa y a María Rosa los pusieron en otra habitación y a Juan Carlos se lo llevaron. "Dijeron que iban a volver a las 6 de la tarde, pero nunca más. No supimos adonde lo llevaron ni qué pasó, a pesar de las averiguaciones que se hicieron", contó ayer una María Rosa todavía afectada, casi 40 años después, por el horror que comenzó esa tarde. "Teníamos ocho millones de pesos para el parto, que desaparecieron", relató la testigo de la causa Guerrieri 3, que por primera vez se sienta frente a un Tribunal Oral a hablar de lo ocurrido con su marido y con ella misma. Su hijo Juan Pablo Gesualdo fue el otro testigo en la audiencia de ayer, que relató sus dudas infantiles cuando iban al cementerio y la única tumba familiar inexistente era la de su padre.

La causa Guerrieri 3 juzga a los militares Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Marino González y Alberto Pelliza, y al Personal Civil de Inteligencia Rodolfo Isach (que estuvo prófugo durante cuatro años), Walter Pagano, Eduardo Costanzo, Ariel López y Juan Cabrera. En el proceso oral se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas. Gesualdo es uno de ellos, y es la primera vez que se juzga a los responsables de su homicidio calificado. El tribunal oral federal número 1 está integrado, para este proceso, por José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Luciano Lauría, y el fiscal es Adolfo Villatte.

La audiencia de ayer fue breve, pero intensa. El testimonio de Balbi expuso una vez más la actualidad de estos juicios. Además de la desaparición de su esposo, María Rosa sufrió ella misma privación ilegítima de la libertad, por ese delito tampoco hubo sanción hasta ahora. Tras el secuestro de Juan Carlos, ella se fue a refugiar a la casa de unas tías, en La Paz al 1900. A fines de junio, le avisaron que su padre estaba secuestrado. De inmediato, María Rosa concurrió al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. A su padre lo liberaron y ella fue llevada a la Fábrica de Armas Domingo Matheu, donde estaba sola, con un embarazo a término, en una "piecita muy chiquita con un baño".

Los interrogatorios que le hicieron a María Rosa mientras estuvo presa en Rosario tenían que ver con el sustento de su matrimonio. "A mí me llamaba la atención porque lo que más me preguntaban era con qué vivíamos, de qué nos alimentábamos. A nosotros nos ayudó mucho la familia. Si no fuese por mi familia y por mi suegro, no hubiese podido terminar la carrera", dijo la mujer.

El 7 de julio, a María Rosa la llevaron a la Maternidad Martin a tener a su bebé, Juan Pablo. Y luego, siguió detenida -con el niño- en el Batallón 121. Desde allí la trasladaron a la cárcel de Ezeiza, tras un breve paso por Devoto, donde estuvo detenida hasta febrero de 1979. Recién en mayo de 1978 pudo anotar a su hijo, que permaneció siempre con ella. Su principal preocupación era el bebé. Estaba indocumentado, sin ninguna prueba legal de filiación. María Rosa relató que su padre fue torturado durante las horas que lo tuvieron detenido ilegalmente. Cuando el fiscal Villatte le preguntó si ella también había sufrido tormentos, respondió: "No. La tortura más grande fue la de los documentos de Juan Pablo, porque yo no tenía ningún papel que dijera que era mi hijo".

La voz de María Rosa se entrecortó una vez. Fue cuando dijo: "Mi suegro, que se murió pensando que el hijo iba a aparecer, me dijo 'terminá vos así cuando viene Juan Carlos ya están encaminados'". María Rosa se recibió de odontóloga y el año pasado se jubiló.

"Fue difícil", dijo más de una vez. En su familia, se habló muy poco de lo ocurrido durante el secuestro de su papá. "Nos poníamos mal, llorábamos, y había que salir adelante", dijo ayer la mujer que en 1980 retomó la Facultad de Odontología. Para eso, le pidieron un certificado de buena conducta. Fue a la policía a buscar ese papel. "Ahí fue donde me pareció ver a uno de los que habían llevado a Juan Carlos". No tuvo más datos.

Todavía no hay ningún represor condenado por la desaparición de Gesualdo. En sus declaraciones, Costanzo -que relató algunos de los delitos cometidos por la patota del Destacamento de Inteligencia 121- develó que a Gesualdo lo marcó Pagano, y que el cadáver del joven fue llevado a la isla. El juicio es una oportunidad para dilucidar qué pasó y quiénes lo hicieron.

Ausentes. El Tribunal decidió ayer hacer lugar a los pedidos de todos los imputados -excepto Amelong, que quiere asistir- para no presenciar el proceso oral y público, arguyendo temas de salud (Guerrieri, Fariña, Marino González e Isach). Deberán seguirlo por videoconferencia desde sus lugares de detención. En cambio, Pelliza y López deberán esperar. El pedido de la defensa de Pelliza es que se suspenda el proceso porque no lo comprende, y eso aún no fue definido por el Tribunal. Mientras tanto, López lo solicitó porque tiene un hijo discapacitado. Los más llamativos son los argumentos de Pagano y Cabrera: la resocialización. Pagano estudia en la cárcel y Cabrera tiene salidas laborales para ir a una industria de Córdoba. Tambien a ellos el Tribunal les permite eludir la mirada de las víctimas. La fiscalía y las querellas de HIJOS, a cargo de Nadia Schujman y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Santiago Bereciartúa, se habían opuesto, pero el Tribunal decidió aceptar las solicitudes de los imputados. Las audiencias continúan el viernes próximo, a las 9.30, en Oroño 940.

viernes, 4 de noviembre de 2016

La exoneración del espía: Frillocchi era Jefe de diplomas de la Universidad del Litoral

El vicerrector de la UNL resolvió el despido porque la actuación de un servicio de Inteligencia de la dictadura está "reñida" con los valores que la Universidad exige: el respeto de la democracia y los derechos humanos. Es un precedente muy importante.

Desde Santa Fe

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) exoneró a un ex agente secreto del Ejército, César Luis Frillocchi, que operó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la dictadura, según anunció ayer el Foro contra la Impunidad y por la Justicia que lo había denunciado hace dos años. El vicerrector a cargo de la UNL, Miguel Irigoyen, resolvió el despido porque "la actuación de un PCI" en la dictadura está "reñida" con los "valores" que la Universidad exige a "todos sus claustros", que son "el respeto de la democracia y los derechos humanos, pilares fundamentales del estado de derecho". El Foro lo consideró "un precedente muy importante en la Argentina, que seguramente será seguido por otras universidades" del país ante casos similares, dijo uno de sus dirigentes, Hugo Kofman, quien calificó a Frillocchi como un "represor impune".

La exoneración de Frillocchi se conoció en una conferencia de prensa que ofrecieron Kofman, el abogado Guillermo Munné, la secretaria de Derechos Humanos de la CTA, Graciela Paccot y otros militantes del Foro en la sede de ADUL, el gremio que nuclea a los docentes universitarios. El lugar elegido no pareció azaroso. El salón lleva el nombre del profesor Alberto Tur, secuestrado y torturado en 1978 con su ex esposa, Amalia Ricotti, por un grupo de tareas que integraba otro PCI y conocido de Frillochi, Horacio Barcos, quien falleció en la cárcel de Las Flores, en julio de 2012, donde cumplía una condena a 15 años de prisión.

Munné recordó que Frillocchi desempeñaba los dos cargos: fue PCI del Ejército "no sólo durante la dictadura cívico militar y eclesiástica" sino hasta su jubilación en 2006 y en el escalafón universitario ascendió "a la máxima categoría", jefe de Diplomas. "Muchos de los graduados de la UNL tenemos la tristeza de que nuestro título lleve la firma de este agente del terrorismo de estado que representaba a la Universidad", se lamentó.

El Foro denunció a Frilocchi en marzo de 2014 y amplió la presentación con un aporte de pruebas en junio de ese año. El entonces rector de la UNL, Albor Cantard, ordenó un sumario y la "separación preventiva" del PCI. Cantar es hoy secretario de Políticas Universitarias de la Nación y lo reemplazó en el cargo el vicerrector Irigoyen.

El sumario demandó "más tiempo del que esperábamos" - dijo Munné- , pero "aseguró el pleno derecho de defensa de Frillocchi". Y concluyó con una resolución de Irigoyen que exoneró al ex agente secreto del Ejército con el fundamento de que su rol como PCI está "reñido" con los "valores" de la UNL que son "la defensa de la democracia y los derechos humanos".

Munné dijo que la investigación reseña el paso de Frillocchi por la Facultad de Ingenería Química que "tiene la mayor cantidad de víctimas del terrorismo de estado" y su "infiltración" en el gremio de los no docentes (APUL) y en Intransigencia y Movilización Peronista, una línea que dirigían Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, secuestrados en Rosario, el 14 de mayo de 1983 y ejecutados en la provincia de Buenos Aires. "El día anterior al secuestro, Cambiasso había estado en Santa Fe y en Paraná", recordó.

Frillocchi integró la comisión directiva de APUL y llegó a representar a los no docentes en el Consejo Superior de la UNL. "Es escalofriante pensar en la confianza de la que se aprovechó Frillocchi", explicó Munné.

-¿Qué implica la exoneración?- , le preguntó un colega.

-El cese de sus funciones y el repudio de la UNL a su práctica y a su accionar. Es una sanción plena. Una decisión de la Universidad de no tolerar ni naturalizar que un agente del terrorismo de estado se haya valido de las atribuciones y recursos universitarios ni que puedan seguir representando a la institución- , contestó.

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia está integrado por los organismos de derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación de ex presos políticos El Periscopio), gremios (ATE, Amsafé, Sadop y Adul) y agrupaciones estudiantiles, entre ellas el Movimiento Evita y la corriente Martín Fierro.

lunes, 17 de octubre de 2016

9º juicio de lesa humanidad por crímenes contra 47 víctimas

Su única defensa es la provocación

Amelong, que tiene una condena a perpetua firme, levantó un cartel que decía "sigue el curro", y el Tribunal lo echó de la sala. Son diez acusados por secuestros y homicidios. Rodolfo Isach es el único que afronta su primer juicio.

Se juzgan los crímenes cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidos. El tercer tramo de la causa Guerrieri parecía comenzar con las formalidades de siempre en el Tribunal Oral Federal número 1, cuando Juan Daniel Amelong levantó un cartelito que decía "Macri miente? Sigue el 'curro'". El presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, le pidió el papel, y cuando se acercó, Amelong le puso las quejas: no comían desde el día anterior. El convicto atinó a volver a sentarse y dijo: "No sé para qué hacemos esto, si ya sabemos cómo termina. A dos de éstos ya los tuve en otro juicio. Si empiezan el circo, yo sigo con el circo". Jorge Fariña aprovechó para poner sus propias quejas: "Tengo 74 años, yo también tengo derechos humanos". Todos los represores han sido juzgados con todas las garantías constitucionales.

El magistrado los echó de la sala y el resto de los acusados aprovechó para irse a un espacio contiguo. Fariña y Amelong tienen condenas a prisión perpetua que ya están firmes, en la primera parte de esta causa, por la desaparición de 17 personas, entre otros delitos. Así comenzó el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad en los tribunales federales de Rosario. En el pasillo, Amelong todavía tuvo ánimo para provocar al concejal Eduardo Toniolli, hijo de una de sus víctimas. "Qué hacés, Toniolli", lo saludó. El único de los acusados en este proceso que nunca fue juzgado es Rodolfo Isach, quien deberá responder por homicidios.

Los represores acusados estaban en fila, sentados en sus sillas, contra la pared. Walter Pagano, Fariña, Ariel López, Juan Cabrera, Amelong, Marino González, Isach y Armando Pelliza. Separado por un gendarme seguía Eduardo Costanzo. Guerrieri no estuvo ayer porque tuvo cólicos, pero convalidó el comienzo del juicio. Las partes estuvieron de acuerdo para evitar más demoras.

Cuando lo expulsaron de la sala, Amelong -decidido a generar conflicto- dijo también que le revocaba el poder a su defensor. Otro de los defensores públicos, Fabio Procajlo, arguyó que su defendido -Pelliza- no estaba en condiciones de ser sometido a juicio por su salud mental. El tema será tratado hoy, en la audiencia que comenzará a las 9.30, en Oroño 940. Para asistir, sólo hace falta llevar el DNI con una fotocopia.

Tras el incidente con Amelong y Fariña, el resto de los acusados pidió retirarse a una sala contigua, donde seguirán el juicio por televisión. Sólo Isach se quedó en la sala de audiencias.

En la primera jornada del juicio, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio oral para que cada imputado sepa de qué se lo acusa, de acuerdo con las garantías procesales. Allí se enumeraron las desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos que sufrió cada una de las víctimas que pasaron por el circuito de centros clandestinos de detención (ccd) La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, que dependían del Batallón de Inteligencia 121. Guerrieri era el segundo jefe de inteligencia de ese Batallón.

La lectura del requerimiento estuvo a cargo del secretario Osvaldo Facciano, quien resumió el circuito de ccd que estaban bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121. La Calamita funcionaba como tal desde septiembre de 1976, mientras la Quinta de Funes fue alquilada en septiembre de 1977. "Allí se encontraron cautivos un grupo de personas que fueron ultimados en La Intermedia, con excepción de Raquel Negro y Tulio Valenzuela", dice el requerimiento, donde se puntualiza que los secuestrados eran "obligados a actuar al exterior como si no estuvieran privados de la libertad". La fiscalía considera que ese accionar "no tenía ningún fin humanitario sino que profundizaba el tormento y la aflicción de las víctimas".

Entre las víctimas cuyas privaciones ilegítimas de la libertad se juzgan en este juicio, además de quienes estuvieron en Quinta de Funes, hay otras personas desaparecidas en La Calamita.

jueves, 13 de octubre de 2016

Comienza la causa Guerrieri III por 47 crímenes de lesa humanidad

Ante el inicio de un nuevo juicio en Rosario contra represores de la última dictadura cívico militar, el jueves 13 de octubre a las 9.30, las organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas que acompañan a los testigos y querellantes por delitos de lesa humanidad, nucleados en el Espacio Juicio y Castigo Rosario, convocan a volver a estar presentes frente a los tribunales federales.

Las organizaciones invitan a concentrar desde las 9.30 del jueves 13 de octubre para participar del inicio del juicio que será seguido desde la puerta del Tribunal con una radio abierta.
En esta oportunidad, además de “hacer el aguante a los testigos y querellantes”, el espacio se propone denunciar que “el modelo económico de ajuste, despidos y entrega actual es el mismo que el instaurado por Videla y Martínez de Hoz”. “Mientras Milagro Sala está detenida, los instigadores y beneficiarios de la dictadura como Blaquier, Magnetto o Mitre siguen libres y colocan sus CEO’s en el gobierno”, plantearon en su convocatoria.

Acusados para la causa Guerrieri III

Diez acusados por delitos de lesa humanidad se sentarán hoy en el banquillo de los acusados en el Tribunal Oral Federal de Rosario, en el inicio del noveno juicio en la ciudad de Rosario, conocido como Guerrieri III. Según el texto difundido por el espacio Juicio y Castigo Rosario, los diez acusados son los militares (RE) Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza y los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (quien además fue comisario de la policía provincial). El juicio comenzará hoy, a las 9.30, y las organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas que acompañan a los testigos y querellantes por delitos de lesa humanidad convocan a volver a estar presentes frente a los tribunales federales de Oroño 940.

Entre otros delitos, en el proceso se investigarán los asesinatos y se buscará conocer la verdad del destino de los desaparecidos Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Ángela Carolina Negro, Marta María Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Rubén Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Víctor Traverso, Guillermo White, Fernando Feliz Agüero, Rubén Daniel Flores, Edgar Tulio Valenzuela -cuya desaparición ocurrió tiempo después de los hechos juzgados- y Jorge Luis Ruffa, cuyos restos fueron identificados.

En cuanto a la movilización, en esta oportunidad, además de "hacer el aguante a los testigos y querellantes", el espacio Juicio y Castigo se propone denunciar que "el modelo económico de ajuste, despidos y entrega actual es el mismo que el instaurado por Videla y Martínez de Hoz". Los convocantes recordaron que "mientras Milagro Sala está detenida, los instigadores y beneficiarios de la dictadura como Blaquier, Magnetto o Mitre siguen libres y colocan sus CEO's en el gobierno".

Además, las organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas integrantes del espacio, harán un "repudio a la represión desatada por la policía provincial" en el marco de la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres.

Acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos, diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército serán juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita y Quinta de Funes contra 47 víctimas del Terrorismo de Estado, 24 de ellas desaparecidas.

También se imputa a los acusados los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de ex detenidos y sobrevivientes. El tribunal estará integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría.

 Audiencias

Según informó el Tribunal, las audiencias orales serán “los días jueves y/o viernes, alternativa, separada o conjuntamente de cada semana”. Los magistrados dispusieron que cada jornada se inicie a las 9.30 en la sede del Tribunal ubicado en el edificio de bulevar Oroño entre Rioja y San Luis.