Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 31 de marzo de 2019

A nueve años del crimen político de Silvia Suppo sigue en pie la exigencia de justicia

GENOCIDIO E IMPUNIDAD

El 29 de marzo de 2010 la ex detenida desaparecida y testigo clave en juicios de lesa humanidad, fue asesinada en su local comercial de Rafaela, Santa Fe. Su familia y organismos de derechos humanos luchan por que se sepa la verdad.

Constanza Villanueva
Abogada del CeProDH
Celina Tidoni
Abogada del CeProDH Rosario

El 29 de Marzo de 2016, frente al negocio donde trabajaba Silvia, sus hijos Marina y Andrés Destefani, colocaron una baldosa que decía: “Aquí soñó y vivió Silvia Suppo, militante peronista testigo en causas de lesa humanidad. Aquí fue asesinada el 29 de marzo de 2010. Verdad y Justicia. Baldosas por la Memoria”.

En cada lucha y movilización por el aniversario del Golpe cívico militar, Jorge Julio López y Silvia Suppo están presentes en el grito de decenas de miles que exigen memoria, verdad y justicia. Tienen en común haber sido sobrevivientes del terrorismo de Estado y que sus testimonios fueron claves para enjuiciar a genocidas. Pero no pudieron presenciar las tardías condenas.

Silvia Suppo fue asesinada en la mañana del 29 de marzo de 2010 en su local comercial de Rafaela (Santa Fe). Era militante política, víctima de delitos de lesa humanidad y testigo clave en los juicios a los represores de la última dictadura en esa provincia.

A pocas horas de los hechos, el gobierno provincial de Hermes Binner declaró que el asesinato de Silvia había sido consecuencia de un robo común, garantizando un manto de silencio e impunidad.

Sus hijos continúan exigiendo que se investigue el móvil político del crimen de Silvia y reclamando que se condene a los policías que participaron en la “investigación” por la cantidad de irregularidades y delitos cometidos durante la instrucción como torturas y ocultamiento de pruebas.

Fallo histórico: los delitos sexuales son de lesa humanidad
Meses antes ser asesinada, Silvia había declarado como testigo en el juicio que concluyó con el primer exjuez federal de la Argentina condenado por crímenes de lesa humanidad, Víctor Brusa. El mismo fue funcionario judicial durante la dictadura y luego, ya en el período constitucional, promovido a juez. Durante el proceso, Silvia manifestó sentirse hostigada e intimidada en diversas ocasiones.

Suppo fue secuestrada a los 18 años el 24 de mayo de 1977, horas antes habían secuestrado a su hermano y en enero a su compañero Reynaldo Hattemer en la puerta de una Iglesia. La trasladaron primero a la seccional 4° de la Policía en Santa Fe y de ahí al centro clandestino de detención “La Casita”.

En ese lugar, Silvia fue torturada y violada en varias ocasiones, luego fue derivada a la Guardia de Infantería Reforzada como presa legal y, al constatar su embarazo, le practicaron un aborto en un consultorio privado. Su carcelera era María Eva Aebi quien se hizo pasar por la hermana y el genocida Farina, como su marido.

Silvia tenía que volver a declarar en la “Megacausa Rafaela” que valientemente impulsó. Sus hijos Marina y Andrés Destéfani continuaron la querella representados por el equipo jurídico de HIJOS Santa Fe, en el juicio a los ex policías María Eva Aebi -ex sargenta primera-, Ricardo Ferreyra -comisario inspector retirado-, Juan Perizzotti -comisario mayor retirado- y Oscar Farina -comisario inspector retirado- por delitos de lesa humanidad cometidos a siete víctimas.

El 8 de octubre de 2018, finalmente el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en un inédito fallo en la provincia, condenó a los acusados del secuestro de Jorge Destéfani, Hugo Suppo, Ricardo Díaz y Graciela Rabellino, quienes sobrevivieron; de la desaparición forzada de Reinaldo Alberto Hattemer y del asesinato de Rubén Luis Carignano. Respecto a Silvia, se los condenó por Privación Ilegal de la Libertad, tormentos agravados por ser la víctima perseguida política, violaciones reiteradas (3 hechos) y aborto forzado, siendo considerado como un delito autónomo dentro de los crímenes del terrorismo de Estado.

Marina, hija de Silvia, expresó a este diario: “La condena para nosotros es un triunfo porque lo veníamos trabajando como querellantes en la causa y fue fundamental en ese sentido el asesoramiento y el testimonio que recibimos de parte de Susana Chiarotti que es abogada y militante feminista muy importante,y Lucila Puyol que es una referente feminista de la provincia”.

La visibilización de la violencia específica contra las mujeres en los Centros Clandestinos de Detención, es producto de una gran tarea llevada adelante gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, abogadas y abogados querellantes contra los genocidas e investigadoras. Pero sobre todo, a las sobrevivientes que lo contaron como es el caso de Silvia Suppo.

En el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, la abogada y diputada porteña Myriam Bregman, querellante en varias de estas causas, señaló que “la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado” también debía considerarse como constitutiva de ese plan, que orquestaron las grandes patronales nacionales y extranjeras, los civiles y militares del último golpe de 1976. Pese a ello, recién en 2010 se consiguió que esos crímenes fueran reconocidos como tales en un puñado de casos, lo que muestra hasta qué grado se perpetúa desde el Estado la violencia machista.

El Poder Judicial tardó más de 20 años en incorporar muchos de estos testimonios e inscribirlos como delitos de lesa humanidad. La Iglesia Católica, hizo su voto de silencio. Y muchos de los 400 hijos e hijas apropiados, continúan sin tener derecho a su identidad.

A nueve años, exigimos justicia por Silvia, reafirmamos el compromiso inquebrantable de pelear cada día por el juicio y castigo, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas y mantener la lucha en las calles para que el Estado entregue los archivos de la represión en su totalidad.

martes, 11 de septiembre de 2018

Violación, embarazo y aborto impuesto: el ciclo de tortura que se juzga en Rafaela

Segunda audiencia en la Megacausa que analiza el caso de Silvia Suppo, a la que los represores le impusieron un aborto después de violarla y embarazarla durante el cautiverio

Redacción Canal Abierto | Se desarrolla en la ciudad de Rafaela la segunda audiencia de la Megacausa por delitos contra la humanidad cometidos en el noroeste santafesino durante el terrorismo de Estado.

Se trata del primer juicio por violaciones a los derechos humanos en el que se juzga la figura de aborto forzado como crimen de lesa. Es el caso de Silvia Suppo, ex detenida desaparecida en el Centro Clandestino La Casita, sobreviviente del genocidio, asesinada en 2010.

El proceso comenzó el pasado jueves y se extenderá hasta mediados de octubre.

Silvia Suppo, 2009
Los imputados son cuatro ex policías: los comisarios Ricardo Ferreyra y Juan Calixto Perizzotti, la sargenta María Eva Aevi y el oficial Oscar Adolfo Farina.

El abogado querellante Guillermo Munne, explica a Canal Abierto que “abarca la mayor parte de los crímenes de la última genocida cívico-militar-eclesiástica y, en este caso con más fuerza que nunca, patriarcal, cometidos en la zona”

El calvario de Silvia Suppo se incorpora mediante entrevistas periodísticas, un documental, testimoniales suyas en la etapa de instrucción, testimonios de familiares y compañeros, y a través de su declaración en el juicio de 2009, en el que relató los tormentos, las violaciones y el aborto al que la forzaron los represores.

“Se destaca el carácter misógino y patriarcal de esta dictadura retrógrada y reaccionaria en todas las dimensiones políticas, culturales y sociales, en los hechos que es que se juzgan: las violaciones contra Silvia y el aborto impuesto por el embarazo producto de esas violaciones, cuando fue secuestrada a los 17 años de edad”, aclara el abogado, que junto a Lucila Puyol encabezan la acusación.


Primera audiencia Megacausa Rafaela
Entre otros hechos, Ferreyra está acusado por los delitos sexuales. La interrupción del embarazo fue organizada por Perizzotti con la participación de Aebi y Farina. El hijo de Perizzotti, que es abogado y defiende a su padre, es reconocido militante anti-derechos contra el aborto legal, seguro y gratuito.

El 29 de marzo de 2010 Suppo fue asesinada en su negocio de nueve puñaladas en un hecho que su familia y las organizaciones de derechos humanos denunciaron como una venganza y un intento de amedrentar a la militancia por los derechos humanos. En 2015 el Tribunal Federal de Santa Fe condenó a Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, auto-implicados en el crimen, a prisión perpetua, como “coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad”.

En este juicio su voz la alzan sus hijos, Marina y Andrés Destéfani y su cuñada, Rita Destéfani.

Munne asegura que “con el asesinato buscaron acallar para siempre las denuncias de Silvia, pero no lo lograron, porque sus hijos mantuvieron esa lucha. Ella fue la denunciante inicial de esta causa, empezó con la denuncia de la desaparición de quien era su novio en el año 1977, Reinaldo Hattemer. Toda esa historia enorme de militancia de amor de valentía es la que llega a juicio en la mega causa”.

Silvia Suppo “es un emblema de todas las mujeres, de lo que es mantener la memoria siempre”, la reivindica Guillermo Munne

En la Megacausa Rafaela además se juzgan los casos del secuestro y desaparición de Reinaldo Hattemer, en la iglesia Sagrado Corazón de Rafaela, durante el casamiento de su hermano menor, Oscar Hattemer. Silvia Suppo era entonces novia de Reinaldo –que sigue desaparecido- y madrina de la boda; el homicidio de Rubén Carignano en la comisaría 4ª de Santa Fe; el secuestro del hermano de Silvia, Hugo Suppo, y de Jorge Destéfani, quien luego sería su esposo, en La Casita; secuestro y torturas de Graciela Rabellino y su compañero Ricardo Díaz, en el mismo circuito represivo.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Inauguraron un mural colectivo en homenaje a los 30 mil desaparecidos

En el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.30 mil desaparecidos "Apareceres" se inauguró este miércoles 13 de diciembre a las 10 horas en el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera.

“El número 30.000 siempre ha sido una bandera de las luchas de los organismos de Derechos Humanos y de una sociedad que reclamó de manera contundente el "Nunca Más". Cuando decimos "30.000" queremos decir 30.000 voces, cuerpos, sueños, familias, amigos, proyectos, utopías, militancias, conquistas, compromisos... Cada persona que fue desaparecida forma un retazo de un gran rompecabezas, cada persona desaparecida fue/es única y debemos poder retomar el registro de lo singular para destacar todo lo humano que quisieron quitarles”, expresa la convocatoria a este mural colectivo.

“Ese rompecabezas que conforman la totalidad de las personas desaparecidas y/o asesinadas es "el 30.000" que deja así de ser solo un número y pasa a ser ese todo construido por cada pieza que hoy nos falta. A 34 años del retorno de la democracia seguimos levantando la bandera del Nunca Más y justicia por cada compañero desaparecido”, señala como objetivo de este trabajo que será inaugurado en el Espacio para la Memoria Campo de la RIbera

Cultura & Espectáculos 12/12/2017 Por Redacción La Nueva Mañana

jueves, 5 de octubre de 2017

Gendarmería Nacional avasalla la Univ. Rosario, en un acto por Santiago Maldonado



Gendarmería irrumpió en la Universidad de Rosario mientras se realizada una actividad por la desaparición forzada de Santiago Maldonado

Ayer, en el predio del Centro Universitario Rosario, mientras se celebraba un acto al cumplirse dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería ingresó al predio universitario sin contar con el aval ni la autorización de ninguna autoridad judicial ni universitaria, tal como lo exige el artículo 31 de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521. Por ANRed

Ayer, en el predio del Centro Universitario Rosario, mientras se celebraba un acto al cumplirse dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería ingresó al predio universitario sin contar con el aval ni la autorización de ninguna autoridad judicial ni universitaria, tal como lo exige el artículo 31 de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521.

En tanto las autoridades de la Universidad mediante un comunicado informaron sobre su preocupación al respecto "La Universidad Nacional de Rosario repudia de manera enfática cualquier intento de amedrentamiento por parte de la fuerza pública a los miembros de nuestra comunidad, la cual goza del pleno derecho de expresar públicamente sus opiniones en el marco de las garantías que brinda el Estado de Derecho"

Asimismo el rector de la UNR, Héctor Floriani manifestó que se "ha instruido a Asesoría Jurídica de la Universidad para que presente de inmediato la denuncia de lo sucedido ante la Fiscalía Federal de turno."

4/10/17

viernes, 14 de abril de 2017

La cruz del silencio

Una promesa de compromiso que el viento se lo llevo y del que nadie, nadie pronuncia una sola palabra sobre esta cruz del silencio, como tantas que pesa sobre la jerarquía eclesiástica. Lo mismo sucede con la causa del Movimiento Familiar Cristiano bonaerense,
 
En tanto en junio juzgaran por primera vez al sacerdote Eugenio Zitelli que fue capellán de la fuerza de seguridad durante la ultima dictadura junto a trece ex policías por crímenes de lesa humanidad en una causa por 155 casos de violaciones a los derechos humanos

El tramo de este diálogo con una presa política obvia todo comentario: 

– Padre, acá además de gente torturada llega gente violada y no importa la edad. Mi suegra de 54 años fue violada y también chicas de 16 años. 

Un momento, la tortura es aceptable porque estamos en guerra y es una forma de obtener información, pero las violaciones habíamos acordado que no porque están en contra de la moral ¿Usted me autoriza a decírselo al Arzobispo

– Se lo exijo. 

Este fue el diálogo entre María Inés Luchetti de Bettanin, mientras estaba detenida en plena dictadura cívico militar en el Servicio de Informaciones (SI) de Dorrego y San Lorenzo, con Eugenio Zitelli, capellán de la Policía de Rosario, ocasión en la que era miembro activo de la patota del represor Carlos Feced.
María Inés fue secuestrada en enero de 1977 y, como muchas otras detenidas, había pedido un confesor para poder canalizar a través de la fe y la religión el duro momento que estaba viviendo. Desde 1984 viene denunciando el accionar del ex capellán en este Centro Clandestino de Detención (CCD) y su colaboración con las fuerzas represivas.

martes, 21 de marzo de 2017

A 41 años del último golpe cívico militar Nombres recuperados

La Facultad e Humanidades de la UNR publicará los datos de los archivos de desaparecidos enterrados como NN en el Cementerio La Piedad que un grupo de investigadores recuperó.
 
Por Stefanía Sahakian*

Los cuerpos fueron separados de sus nombres. Sus rostros fueron enterrados sin identidad, sin reconocimiento. Durante años, la única condición de aquellos cuerpos era la de desaparecidos (aún es la de muchos) y sólo podían estar presentes en los familiares, en los amigos que intentaron sostener con sus propios cuerpos aquellos nombres. Con una guillotina de tinta, los verdugos de la última dictadura separaron a los cuerpos de sus nombres: los escribían NN. Pero lo que no imaginaron es que algunos años después, esas dos letras, jugarían en las fantasías de los que sobrevivieron como infinitas posibilidades para devolverles el rostro a los cuerpos enterrados.

Marcela Valdata es antropóloga y docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y fue quien lideró la investigación que trabajó con los archivos de inhumación del cementerio La Piedad, ingresados como NN o con nombre y apellido pero registrados como "muertes violentas". El proyecto comenzó hace unos diez años y hoy está finalizando con la digitalización de todos los datos que recuperaron, con el objetivo de hacerlos accesibles a toda la comunidad, en la Facultad de Humanidades y Artes.

Estos archivos que el equipo de Valdata rescató e investigó, permitieron que se realizaran exhumaciones de algunas fosas del cementerio, en las que se encontraron cuerpos enterrados en la dictadura como NN y fueron restituidos a sus familiares.

"En el 2004 empezamos a juntar todas las fuentes posibles de documentación: por un lado, las notas periodísticas de esos años, relevamos todo lo que estaba en la hemeroteca para reconstruir lo que aparecía como enfrentamientos o muertes violentas, sin ningún tipo de causa -explica Valdata-. Por otro lado, teníamos las declaraciones de la CONADEP y algunos testimonios sueltos de sepultureros. Entonces, cruzamos estos datos con la documentación que encontramos en La Piedad en torno a la inhumaciones como NN".

En ese momento, el Equipo Argentino de Antropología Forense había descartado a La Piedad como un espacio en donde podía haber cuerpos sin identificar, daban por hecho que todo había sido pasado a osario. Sin embargo, a partir de los relatos de algunos sepultureros del cementerio, aquellos rostros velados, sin nombre, seguían siendo una posibilidad para un equipo de investigación de seis personas -en el que participaban estudiantes de Antropología de la UNR y estudiantes de Museología,  dirigidos por la docente Marcela Valdata-, que decidió indagar en los archivos porque creían que los cuerpos podían estar allí todavía. "Nos derivaron a un depósito lleno de papeles y era terrible porque había muchos ácaros y se había caído el techo, así que todas las cosas estaban ahí abajo, en muy mal estado", cuenta Marcela.  Encontraron desde libros escritos con pluma en papel biblia, hasta una carta de renuncia de uno de los empleados del cementerio al que obligaron a irse durante el proceso, por su militancia. El hombre no había podido jubilarse porque esta carta no había sido registrada y no querían computarle esos años, así que su aparición fue una buena noticia para él.

Los documentos estaban muy sucios y corroídos por las ratas, por lo que dos de las integrantes del equipo que estudiaban Museología, Natalia Urquiza y Jorgelina Almeida, hicieron una limpieza, clasificación y escaneo para que el material físico no se manipulara más y quedara como un archivo de resguardo.

Hoy están finalizando con la digitalización de todos los datos recuperados, que van del año 1977 a 1983. Este proyecto está radicado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y el objetivo es publicarlos en esta unidad académica. Se podrá acceder a los datos cronológicamente, por años o por meses y se podrá buscar por Nombre y apellido o por NN. En cada categoría se accederá a toda la información del documento escaneado. El Museo de la Memoria y el cementerio La Piedad contarán también con una copia de estos archivos digitales.

Valdata cree importante "pensar a la Universidad como un actor fundamental en la reconstrucción histórica de ese momento. Además, desde la cuestión educativa puede llegar a existir una línea de investigación que quizás nosotros no hayamos visto o que no fue tomada aún, por ejemplo, no hay aún ningún análisis estadístico de edad, ocupación, etc., en torno a lo que está ahí documentado".

 

Los huesos siguen hablando

"Después de mucho trabajo, tuvimos un dato que era 99% certero y conseguimos a un familiar que estaba dispuesto a escuchar la situación, así que lo presentamos", relata Valdata. El caso fue el del militante entrerriano Eduardo Germano, "El Mencho". Tenía 18 años cuando fue asesinado en diciembre del '76 por un grupo liderado por Agustín Feced, que hizo explotar su cuerpo dentro de un barril metálico. En los diarios dijeron que fue un "enfrentamiento frustrado". La familia no imaginaba que algún día iba a poder tener sus restos porque lo que decían los medios era terrible.

El hermano del Mencho inició la querella y ésta accionó todas las exhumaciones que siguieron por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense. Esa Navidad, la familia de Eduardo Germano se reunió e hicieron todos juntos un simulacro de enterratorio en La Piedad. Llevaron flores, lloraron, lo despidieron. Hicieron un ritual de inhumación suponiendo que ese lugar que Marcela y su equipo les señalaban había sido el de él. "La familia logró simbolizar ese entierro y eso era lo más importante para nosotros, era lo único que nos interesaba, devolverle a las familias sus historias", dice la antropóloga de la UNR y agrega: "Uno de los hermanos nos decía que no importaba si cuando exhumaran, el cuerpo de Eduardo no estaba ahí, que para ellos ese había sido su lugar y le daban validez a nuestra reconstrucción".

Finalmente, se hizo la exhumación y encontraron en la fosa al Mencho. Lamentablemente, sus padres y uno de sus hermanos fallecieron antes de que les restituyeran el cuerpo, pero otro de sus hermanos, Gustavo Germano, recibió el cuerpo y lo enterró en Entre Ríos.

Las exhumaciones continuaron y pudieron identificar a muchos de los registrados como NN en La Piedad. En palabras de Valdata, el trabajo de investigación que realizaron fue "súper minucioso y serio, y estábamos en lo cierto. Al principio eran muchos frentes abiertos y teníamos muchas dudas, no sabíamos si todos los datos nos iban a conducir a algo y la verdad es que cuando lo cerramos fue importantísimo".

Marcela recuerda entre todas las historias a "una madre que reconoció a su hijo porque él había tenido una operación de corazón. En la fosa encontró nada más que los huesos, pero pudo reconocerlo porque tenía todas las costillas atadas con broches de acero y supo que era él. Los huesos siguen hablando".

 

Los sin nombre

Las iniciales N.N. en español se leen como "Ningún Nombre" y en inglés como "No Name", pero en nuestro país dicen mucho más. N.N. quiere decir que los asesinos de la última dictadura le temían a los nombres. Como si acaso sospecharan que sólo los nombres fueran aquello que les daba identidad a los miles de chicos que asesinaron durante ese infierno, como si creyeran que los nombres fueran contagiosos de alguna idea, de alguna personalidad.

La relación que los investigadores tuvieron con las personas que no eran de rango en el cementerio fue importante para continuar con el trabajo. Los sepultureros de La Piedad fueron actores fundamentales en esta historia: "Nos parecía raro que ellos, que habían estado trabajando durante la dictadura, no nos negaran que los cuerpos estuviesen ahí, por eso insistimos en la búsqueda", resalta Valdata y agrega que "poco a poco empezaron a confiar en nosotros y a señalarnos cuáles eran las fosas que no habían tenido movilidad en esos años. Suponemos que los ellos mismos evitaban el movimiento para resguardarlas y que pudieran quedar allí para investigaciones futuras. Creo que fue tan doloroso para ellos, que empezaron a abrirnos puertas, porque la franja etárea de los chicos fallecidos que llevaban podía ser la de los hijos de los sepultureros".

Ellos, los encargados de sepultar los cuerpos, empezaron a desenterrar historias. Contaban que había madrugadas en las que llegaban los militares en un camión del ejército lleno de ataúdes. Y a veces sin ataúdes. Mientras los sepultureros hacían su trabajo, bajo amenaza y algunos con pocos recursos simbólicos para conocer completamente lo que sucedía, los uniformados apuntaban a los cadáveres que se iban cubriendo de tierra. "No dejaban de apuntarles con las armas hasta que los cuerpos quedaran completamente tapados, como si tuviesen miedo de que resucitaran", dice Marcela recordando el relato de los sepultureros.

Los militares temían que aquellos cuerpos despertaran, hablaran, los enfrentaran. Los dejaron abandonados, mutilados, bajo la tierra y sin nombre, sin rostro. Pero en contra de lo que planearon, hoy sus nombres resucitan y sobreviven gracias a los miles de testimonios recolectados por algunos cazadores de rostros desaparecidos, que lograron devolverles a los nombres sus cuerpos. Aquellos cuerpos que permanecían ocultos bajo una tierra muda, vieja y sucia, de la que no imaginaron que podrían volver a brotar nuevas historias.

*Integrante de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNR

jueves, 2 de marzo de 2017

Zitelli : Un sacerdote a juicio por crímenes de lesa humanidad

Trece expolicías de Santa Fe y el sacerdote católico Eugenio Zitelli, quien fue capellán de la fuerza de seguridad durante la última dictadura argentina, comenzarán a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad el 16 de marzo de 2017 en Rosario, en una causa por 155 casos de violaciones a los derechos humanos.

Según informa la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), se trata de la causa denominada “Feced III”, que constituye el tercer tramo de una amplia investigación sobre los crímenes de la dictadura en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario.

En el proceso, que llevará adelante el Tribunal Oral Federal 2 de esta ciudad santafesina, se investigarán los delitos de homicidio, privación ilegal libertad, torturas, abuso sexual y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 155 víctimas.

El tribunal está integrado por los jueces Lilia Graciela Carnero (Entre Ríos), Francisco Miño (Santa Fe) y Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás). Los tres jueces que integran originalmente el TOF2 de Rosario se excusaron de participar de este juicio oral puesto que lo hicieron en los tramos anteriores, Feced I y II.

Los imputados que llegarán a juicio son los expolicías santafesinos Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra y José Rubén Lo Fiego. También están acusados Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y Eugenio Zitelli.

Sólo tres de los imputados no fueron juzgados y condenados en los anteriores debates orales de la causa “Feced”: los policías “Beto” Gianola y “Lagarto” González; y el sacerdote Eugenio Zitelli.

Gianola y González estaban prófugos cuando se celebraron los juicios anteriores, mientras que Zitelli interpuso numerosos recursos que demoraron la llegada de su causa a juicio oral.

“Es el tramo más grande de la causa Feced en cuanto a la cantidad de víctimas y de acusados”, dijo el fiscal de causas de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate.

Explicó que de los 155 casos que se ventilarán en el debate oral “80 son casos nuevos, es decir que no han sido juzgados anteriormente”.

Según Villate, “es un juicio que se calcula que va a durar un año y medio o dos” y que cuenta con unos 300 testigos ofrecidos por las partes.

El fiscal destacó que este tramo de “Feced” tendrá como dato saliente que por primera vez “se va a juzgar la responsabilidad del excapellán del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario”.

Los acusados participaron, según la acusación, del circuito represivo que tuvo como eje el SI, el mayor centro clandestino de detenciones del sur de la provincia de Santa Fe que funcionó en la ochava de San Lorenzo y Dorrego, en pleno centro de Rosario.

En ese edificio, que hoy ocupa la sede local de la Gobernación santafesina, funcionó la Jefatura de Policía de Rosario.

Se calcula que por allí pasaron unos 2000 detenidos-desaparecidos durante los primeros años de la última dictadura, y fue “levantado” en 1978, a raíz del asesinato de un militante argentino y dos ciudadanos peruanos.