Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

martes, 29 de diciembre de 2015

Justicia con gusto a poco : condenitas a represores en Paraná

El juez Leandro Ríos dictó penas mucho menores a las solicitadas por fiscales y querellantes. Un ex policía recibió perpetua y seis represores fueron condenados a entre tres y 18 años. Cuatro de ellos quedarán en libertad por el tiempo que ya llevan en prisión.

 Por Juan Cruz Varela  Desde Paraná

Las voces de disconformidad se alzaron fuerte bajo el cielo gris. El juez Leandro Ríos leyó finalmente, después de doce años de esperas, chicanas y desgarradores testimonios, la sentencia del juicio a los represores de la denominada megacausa Area Paraná. Los siete acusados fueron condenados por delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales y aplicación de tormentos contra 52 víctimas, de la cuales cinco están desaparecidas.

El ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, fue condenado a prisión perpetua por el secuestro y homicidio de Victorio Erbetta y Pedro Miguel Sobko, que permanecen desaparecidos. El resto de las condenas quedaron más lejos de las expectativas: el ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani fue condenado a 18 años de prisión por secuestros y torturas de 27 víctimas, entre ellas, Claudio Marcelo Fink, también desaparecido; José Anselmo Appelhans, también militar, ex director de la cárcel de varones, recibió una pena de 14 años de prisión por secuestros y torturas de 58 víctimas; el médico Hugo Mario Moyano, único civil imputado en la causa, fue condenado a ocho años de prisión por participar de sesiones de torturas a detenidos políticos; el militar Alberto Rivas fue condenado a seis años de prisión, pero fue absuelto de la mitad de los delitos que se le imputaban y quedará en libertad apenas se le notifique de la sentencia, por el tiempo que ya pasó detenido; Rosa Susana Bidinost, ex directora de la cárcel de mujeres, fue condenada a seis años de prisión por permitir el traslado de presas políticas para que sean torturadas en centros clandestinos de detención; y Oscar Ramón Obaid, otro militar, recibió tres años de prisión condicional. Cuatro de los condenados quedarán en libertad.

La sentencia también se vivió en la calle, a trescientos metros de la plaza principal de Paraná, frente al edificio de los tribunales federales. Ahí estuvieron acompañando la jornada organizaciones políticas, sindicales, músicos y artistas de la ciudad, que colmaron tanto el interior de la sala de la Cámara Federal de Apelaciones como su exterior, acompañando a los sobrevivientes y familiares de las víctimas que cuarenta años después de padecer los más atroces tormentos a los que un ser humano pueda someter a un semejante recibieron una tardía reparación y algo parecido al alivio en forma de Justicia.

El fallo del juez Ríos dejó sensaciones encontradas, aunque predominó la decepción. “Es un panorama desolador, pero no vamos a aflojar, vamos a seguir en la lucha”, exclamó María Luz Piérola, sobreviviente de la dictadura, apenas conocido el veredicto. “Estamos con bronca porque las penas son débiles y flojas; acá corrieron ríos de sangre y el juez no estuvo a la altura de las circunstancias; pero seguiremos luchando y vamos a apelar; hay que seguir andando”, acotó.

Por su parte, Alicia Dasso, ex detenida política, destacó “que todos los genocidas hayan sido condenados porque se le dio entidad y verdad a lo que vinimos aportando las víctimas desde hace cuarenta años”, dijo ante la consulta de Página/12.

En el mismo sentido se expresó el fiscal José Ignacio Candioti: “Es importante que se haya condenado a los responsables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos, porque un país respetuoso del Estado de Derecho no se puede permitir la impunidad para los autores de los secuestros, torturas y homicidios que ocurrieron durante la dictadura”. Sin embargo, coincidió con los sobrevivientes en cuanto a que “las penas son, en la mayoría de los casos, bastante más bajas de lo que se había solicitado”, por lo que no descartó apelar el fallo, luego de analizar los fundamentos, junto con el otro fiscal, Mario Silva.

Por su parte, Marcelo Boeykens, abogado querellante, sostuvo que “la sentencia produce una mezcla de sensaciones: la satisfacción de haber podido dar un corte después de tantos años de lucha en los que perdimos a varios compañeros y familiares que no han podido llegar a esta etapa reparatoria que significa la condena para los victimarios, y el hecho de que haya siete condenados; pero las penas nos dejan una insatisfacción total porque son muy menores a las que esperábamos. Hoy cualquier persona que comete un delito común recibe penas similares a las que tuvieron algunos de los imputados, con la salvedad de que acá estamos hablando del delito de genocidio”.

Doce años le llevó a la Justicia entrerriana resolver el expediente más voluminoso con las denuncias por crímenes de la dictadura en la provincia. Las actuaciones tramitaron por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, que prevé actuaciones escritas y tiene una dinámica completamente distinta a la de cualquier juicio oral y público.

Eso que los organismos de derechos humanos llaman “impunidad biológica” benefició a catorce represores y las condenas recayeron sobre apenas un puñado de los perpetradores del horror. No llegó a estar en el banquillo Juan Carlos Trimarco, el jefe de la represión en Entre Ríos, muerto impune hace dos años; tampoco el jefe de la Iglesia, Adolfo Servando Tortolo, que bendijo la represión y recibió a detenidos políticos en su casa en el Parque Urquiza; ni los enlaces de la Fuerza Aérea. Con ellos se completa el mapa del horror en esta zona. Sin embargo, el de ayer fue un día histórico, un día de justicia por los secuestros, torturas, violaciones y asesinatos de 52 víctimas; un día de justicia para Claudio Fink, Victorio Coco Erbetta, Carlos Fernández, Pedro Sobko, que permanecen desaparecidos; y fue también un día de justicia para Juan Alberto Osuna, asesinado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 2007.

La sentencia, discutible por lo bajo de sus penas, ratifica que a partir del 24 de marzo de 1976, disidentes políticos fueron privados de su libertad sin orden de detención y alojados en condiciones infrahumanas en los centros clandestinos de detención, sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente, sin serles permitido higienizarse ni concurrir al baño más que una vez al día. Eso ocurrió en Paraná, en los cuarteles del Ejército, en comisarías, en la cárcel, en inmuebles precarios abandonados en cercanías de la Base Aérea y en otros sitios, adonde eran trasladados para los interrogatorios y aplicación de tormentos.

En algunos casos, los terminaban asesinando y se hacían simulacros de fuga y de enfrentamientos con las fuerzas armadas y de seguridad; otros fueron sometidos a parodias de juicios militares sin ningún tipo de garantías ni defensa efectiva y donde se valían de declaraciones autoincriminatorias obtenidas bajo tortura.

lunes, 7 de diciembre de 2015

El investigador Gonzalo Chaves declaró en la megacausa de Santa Fe

"La clave era la inteligencia"
El investigador Gonzalo Chaves declaró en la megacausa de Santa Fe por el asesinato de su compañero de militancia, Juan González Gentile. Dijo que la "Inteligencia Militar" era un "Ejército paralelo" que operaba desde el Destacamento 122 en la capital provincial.

Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

El investigador Gonzalo Leonidas Chaves dijo en el juicio por la megacausa al terrorismo de estado que el "eje" del plan clandestino de la represión era la "Inteligencia Militar", a la que definió como un "Ejército paralelo" que operaba desde el Batallón 601 y en Santa Fe, desde el Destacamento 122. Explicó que "el arma más importante en la lucha contra la subversión no era la de mayor cadencia de fuego, sino la inteligencia" y el "frente de batalla" no era el territorio, sino los "centros clandestinos y las salas de torturas", donde se obtenía "información" y se quebraban "voluntades". El sistema de control era "infiltrar" las organizaciones políticas, sociales y sindicales -con la participación de civiles-, "torturar" y luego centralizar esa "información" en una "comunidad informativa" que articulaba el jefe de Inteligencia y estaba integrada por otras fuerzas represivas, la Side y hasta podía convocar a funcionarios judiciales. Luego, seguían los operativos de los grupos de tareas con más secuestros y crímenes y así sucesivamente. "Toda la estructura de la inteligencia está involucrada" en el exterminio, afirmó.

Chaves declaró esta semana como testigo ante el Tribunal Oral de Santa Fe por el asesinato de un ex compañero de militancia, Juan Carlos González Gentile, quien cayó en una emboscada el 12 de febrero de 1977, en el barrio Sargento Cabral (Belgrano, entre Pedro Zenteno y Pedro Ferré), donde lo acribilló un grupo de tareas. Caminaba hacia una cita, sin armas.

Oriundo de La Plata, González Gentile era un cuadro político de Montoneros, que llegó a ser apoderado del Partido Auténtico en la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, "blanco" de la Inteligencia militar. El día anterior, 11 de febrero de 1977, se había producido la masacre de calle Castelli al 4500, donde cayó otro fundador del Partido Auténtico en Rosario, Enrique Cortassa, desaparecido desde entonces y sobrevivió su hija, Paula Cortassa, que es María Carolina Guallane. Antes de Chaves, declararon los dos hermanos de González Gentile, Roberto y Angela, que llegaron desde La Plata.

"El gallego" -como llamaban a González Gentile- "estaba muy perseguido", al punto que toda su familia tuvo que exiliarse en Bélgica, recordó Chaves. El también debió marcharse a Europa y desde su regreso a la Argentina escribió tres libros, el último "Rebelde acontecer", que es revela "las lógicas de la represión".

En esa línea, Chaves explicó cómo se diseñó el genocidio que luego ejecutó la dictadura cívico militar. La influencia de la doctrina francesa después del golpe de 1955, su continuidad en los '60 en el plan Conintes y su aplicación en 1976, cuando se dividió el país en Zonas y Areas militares con el mismo esquema que había utilizado en Argelia. "Era una división territorial para el control de la sociedad", señaló.

"El eje del accionar represivo era la inteligencia", dijo Chaves. El Ejército "sostenía que el arma más importante en la lucha contra la subversión no era la de mayor cadencia de fuego, sino la inteligencia. Entonces comenzaron a estudiar el peronismo y las organizaciones político militares, a infiltrar y torturar, sacar información y operar sobre eso".

"El frente de batalla no estaba en el territorio, sino en los centros clandestinos y en las salas de torturas", donde "era la voluntad de ellos contra la voluntad del detenido, para arrancarle información o quebrarlo para que colabore", relató Chaves. "Y en eso participaban no sólo militares, sino también civiles porque la infiltración se hacía con civiles: hombres, mujeres, jóvenes, en la Universidad, en las propias organizaciones".

La "información" arrancada bajo tormentos se volcaba después en la "comunidad informativa", que estaba al mando del jefe del Destacamento de Inteligencia y en Santa Fe, la "integraban la Policía de la provincia, la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Side". Chaves dijo que ese organismo tenía "poder" suficiente para convocar a funcionarios judiciales. "Se reunían como mínimo una vez por semana". Y si la "información era operativo" en la oficina de al lado estaba "el grupo de tareas", que inmediatamente salía a operar contra otros "blancos".

La abogada querellante Lucila Puyol le preguntó si el asesinato de González Gentile podía vincularse con la Inteligencia militar. "Por supuesto. Ellos estudiaron las organizaciones político militares para operar sobre ellas, vigilaban sus movimientos, las infiltraban y torturaban" a los secuestrados", contestó Chaves. Y reiteró que el "frente de batalla" de los represores eran los chupaderos.

"La inteligencia militar era un Ejército paralelo. El jefe del Batallón 601 se comunicaba directamente con el jefe de Destacamento de Inteligencia (122 en Santa Fe), sin pasar por el jefe de Area. Esto significa que toda la estructura está implicada en la represión", concluyó