Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 28 de febrero de 2010

LA LISTA COMPLETA DEL PERSONAL DE INTELIGENCIA DEL 76 AL 79

Un secreto revelado

Sus nombres fueron inaccesibles durante más de 20 años, pero un decreto de la presidenta Fernández de Kirchner eliminó las restricciones al acceso a esa información calificada como "secreto de Estado". Rosario/12 accedió al listado y lo reproduce en estas páginas.

Por José Maggi

Los nombres del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército, que actuaron en esta región durante el período más feroz de la dictadura, siempre fueron ocultados al público. Fueron inaccesibles durante más de 20 años, pero tras la reapertura de las causas por terrorismo de estado, fiscales y jueces comenzaron a pedir sus nombres al Ministerio de Defensa. Ante el cúmulo de requerimientos y en base al "derecho de la sociedad a conocer su pasado", la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa elaboró y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4/2010, que eliminó las restricciones al acceso a la información calificada como "secreto de Estado" entre 1976 y 1983. Rosario/12 accedió al listado de quienes prestaron "servicios" en Rosario, entre 1976 y 1979 (que se reproduce en la tapa del diario), que fue incluido en una de las causas que investiga delitos de lesa humanidad.

Hace ya dos años el represor Eduardo Costanzo identificó ante este cronista a varios de los nombrados en este listado, en una plantilla de fotos que ilustra esta nota.

La lista completa de PCI del Ejército es la siguiente:

* Aguilar, Rubén Alberto, dactilógrafo.
* Alcuri, Rubén Eduardo, agente seguridad.
* Bello, Eduardo Domingo, dactilógrafo.
* Bonfils Sadi, Armando, radioperador.
* Bossi, Juan Carlos Francisco, agente reunión. (Costanzo denunció que participó de los Vuelos de la muerte).
* Brunel, Luis Alberto, programador.
* Bueno, Gustavo Francisco, agente reunión. (Fue uno de los primeros agentes en quebrarse y declarar ante el CELS cómo funcionaba el Destacamento de Inteligencia. Su testimonio es uno los principales para acusar a varios de sus ex camaradas. Reside en Brasil donde declaró ante el TOF Nº 1 de Rosario. "Bueno, conocido por su alias Germán Benegas, era el que manejaba el auto cuando lo secuestraron a Tito Messiez, y el que cava junto a nosotros -dijo Costanzo para enterrarlo a Remo, un militante montonero de San Juan).
* Cabrera, Juan Andrés, agente reunión. (Alias el Barba, está detenido en la causa de Tito Messiez luego de ser identificado pro Costanzo por una fotografía que publicó Rosario/12).
* Caraccia, Ricardo Hugo, fotointérprete.
* Caracotche, Horacio Ernesto, asesor militar.
* Cardozo, Hugo Alberto, agente reunión.
* Cazeneuve, Aldo José, agente reunión.
* Chriesteler, Anita Rosa, agente de seguridad. (Infiltrada en la sección Alumnado de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde tenía acceso a toda la información sobre estudiantes).
* Cocimano, Ricardo Luis, radioperador.
* Costanzo, Eduardo Rodolfo, agente reunión. (Actualmente imputado en la causa Guerrieri-Amelong).
* Dalfino, Rafael, auxiliar APY ICIA.
* De Nicola, Alberto Domingo, agente reunión.
* Della Ceca, Juan Carlos, redactor dactilógrafo.
* Demirdjian, Miguel Angel, agente de seguridad.
* Ducca, Ricardo Antonio, agente reunión.
* Edes, Leopoldo Julio, redactor dactilógrafo.
* Favia, Daniel Ricardo, agente reunión.
* Fioretti, Pedro Santos, auxiliar contaduría.
* Frenna, Adriana Ester, agente reunión.
* Fulgueira, Walter José, radioperador.
* García, Jorge Raúl, operador SCD.
* Garella, Oscar Florindo Angel R., dactilógrafo.
* Garella, Ricardo José Eleuterio, conductor motorista.
* Godoy, Osvaldo Joaquín Ramón, programador SCD.
* González Pinto, Hereberto, Actividad Especial ICIA.
* González, Raúl Héctor, auxiliar apoyo ICIA.
* Hernández, Osvaldo Víctor, asesor jurídico.
* Isach, Carlos Gabriel, agente reunión. (Era empleado de la Dirección de Política Ambiental de la Municipalidad de Rosario, hasta que fue descubierto y se fugó. Habría actuado en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu).
* Isach, Rodolfo Daniel, agente reunión. (Comisario de la policía rosarina. Investigado además por enriquecimiento ilícito, según Costanzo fue quien asesinó de un tiro en el corazón a los catorce militantes en La Intermedia).
* López, Ariel Antonio, agente seguridad.
* Martínez, Gabriel Alberto, agente reunión.
* Molina, Miguel Angel, agente reunión.
* Montenegro, Osvaldo Jorge, agente seguridad.
* Monti, Alberto, dactilógrafo.
* Morilla, José Elvio, agente reunión.
* Mule, Osvaldo Godofredo, dactilógrafo.
* Navarro, Sergio Oscar, dactilógrafo. (El Tucu dijo que su alias era Bigote: trabajaba dentro del Departamento, en la sección Documentación).
* Nicolás, Sebastián Roberto, agente seguridad.
* Nota, Carlos, dactilógrafo.
* Nucifora, Héctor Pedro, perfograbador.
* Ojeda, Roberto Gaudencio, auxiliar conducción ICIA.
* Orefici, Eduardo Salvador, agente reunión. ("Tito Orefici, era el hermano de quien fuera subjefe de la policía. Era agente de calle").
* Orellana, Victoriano Serafín, agente reunión.
* Osorio, Juan Carlos, agente seguridad.
* Ozcari, Héctor, peón.
* Pagano, Walter Salvador Dionisio, agente reunión. (Es uno de los cinco procesados en la causa a represores de Rosario)
* Paradot, René Aníbal, agente seguridad.
* Pascuali, Humberto Augusto, agente reunión. (Según Costanzo su alias era Pacheco. Era Policía Federal, ferroviario en la Estación Rosario Norte, y agente de inteligencia).
* Peirano, Luis José, agente reunión. (Alias Jacinto).
* Pelliza, Alberto Enrique, agente reunión. (Está procesado en la causa Feced).
* Pérez, Jorge Walter, actividad especial ICIA. (Mas conocido por su doble apellido Pérez Blanco. Analizaba la documentación que le brindaban los agente de calle. La propiedad donde tenían estos ficheros, en Santiago al 1200 fue allanada por la Conadep. La plantilla de fotos que acompaña esta nota es una de las pocas que pudo salvarse, ya que la casi totalidad de la documental fue robada de Tribunales en 1984).
* Pérez, Mónica Feliza, agente reunión.
* Pettorossi, Osvaldo Luis, aux. reg y arch.
* Porra, Ariel Zenón, agente seguridad. (Alias el Puma).
* Rebechi, Eduardo, agente reunión. (Alias Rebora, infiltrado en al Facultad de Derecho).
* Roca, Carlos Eduardo, agente reunión.
* Rock, Hellmut Otto, radioperador.
* Roscoe, Walter Roberto, agente reunión. (Es el que hizo los pasaportes de los cinco dirigentes montoneros que viajaron para la Operación Mexico. Hoy vive en Posadas, Misiones. Se casó con la viuda de un teniente que mataron los Montoneros. Esto es lo denunciado en la ampliación de declaración de Costanzo en la causa Guerrieri).
* Salegas, Oscar Armando, agente censura. Fue preceptor del Superior de Comercio de Rosario, una institución que cuenta con numerosos estudiantes desaparecidos.
* Sciascia, Oscar Raúl, agente censura.
* Scilabra, Francisco José, agente reunión.
* Sfulsini, Carlos Antonio, agente reunión. (Es abogado y miembro de la organización que organiza el Cruce de los Andes a lomo de mula. Está con detención domiciliaria por el caso Messiez).
* Spezzi, Cayetano Julio, peón.
* Spezzi, José, conductor motorista.
* Spezzi, Roberto Salvador, dactilógrafo.
* Tardío, Ricardo Emilio, dactilógrafo.
* Troncoso, José Luis, agente reunión.
* Ubiedo, Adriana Beatriz, analista universitario.
* Valero, Jorge Santiago, dactilógrafo.
* Vázquez, Alfredo, auxiliar personal.
* Vegas, Néstor José, agente seguridad.
* Vernuccio, José María, agente seguridad.
* Vila, Juan Carlos, teletipista.
* Vogliano, Fernando, dactilógrafo.
* Vragnisan, Juan José, agente seguridad.
* Zambelli, Juan Carlos, fotógrafo.
* Zangara, José Felipe, agente reunión.
* Zárate, Alfredo, auxiliar conduccion ICIA.

Cabe remarcar que este listado incluye solo al Personal Civil de Inteligencia que ingresó hasta el último día de 1979, con lo cual la lista de quienes prestaron servicios durante toda la dictadura, hasta el 83, es más amplia y objeto de una próxima investigación.

miércoles, 24 de febrero de 2010

La cita de Rodolfo Walsh

Estos hechos no son tormentos ni amenazas sueltas, por las 28 víctimas en los diferentes centros clandestinos se debe pedir justicia", señaló la fiscal, quien recordó que "este juicio registra solo un pequeño número de casos".

 Por José Maggi

"El primer aniversario de la Junta Militar motivó un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llamaban aciertos eran errores, lo que reconocían como errores eran crímenes y lo que omitían eran calamidades". La frase que
parafrasea a la "Carta Abierta" de Rodolfo Walsh resonó ayer en el sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº1 y fue pronunciada por la fiscal federal Mabel Colalongo, quien ayer comenzó su alegato -que continuará el martes próximo- contra los cinco represores imputados en la causa Guerrieri-Amelong.

En la jornada alegó la ultima querella en los juicios que se siguen a los imputados Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Ex Fabrica Militar Domingo Matheu y la Intermedia de Rosario y alrededores.

La fiscal Colalongo comenzó analizando los antecedentes históricos que refrendaban que la lucha contra militantes políticos no había comenzado en el 76 sino en la década del sesenta con las primeras movilizaciones populares. Y así conocer ante el jurado y el público asistente, partes del fallo del caso del represor "Turco" Simón, y tramos de entrevistas al general Albano Harguindeguy en las que el represor aconsejaba los "interrogatorios duros y en caliente" para lograr sacar mayor información a los detenidos. Entre otras también recordó alguna confesión del militar que había reconocido: "Hemos cometidos errores, porque somos seres humanos". O el reconocimiento del general Ramón Genaro Díaz Bessone: "El problema fueron los desaparecidos".

Las órdenes secretas que el Ejército Argentino había editado en forma de Operaciones contra elementos subversivos del 17 de diciembre de 1976, firmada por el general Eduardo Viola, fueron recordadas por la fiscalía. Dice al respecto el reglamento RC 9 1: "Subversión: se entenderá por tal a la acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los principios morales y las estructuras que conforman la vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él, una nueva forma de vida basada en una escala de valores diferentes. El objetivo final de la subversión se ubica en la toma del poder", es solo una delas frases del manual citado.

Colalongo advirtió: "Este juicio registra solo un pequeño número de casos, porque se constituyó con elevaciones parciales y por eso muchísimos casos por los que deberían responder estos acusados no lo son y hay muchísimos ausentes que deberían estar acusados".
En parte de su alegato Colalongo señaló que "estos hechos no son tormentos ni amenazas sueltas". "Por las 28 víctimas en los diferentes CCD se debe pedir justicia", agregó.
En ese sentido la fiscal señaló que "los hechos se realizaban en el marco de un plan y al amparo del dominio absoluto de un aparato. Si no comprendemos eso no le daremos la dimensión que estos hechos tienen".

Colalongo manifestó que "en el mismo tiempo que en las facultades de Derecho se nos enseñaban las garantías de la Constitución Nacional, miles de habitantes de nuestro país en todo el territorio nacional eran secuestrados saliendo de sus lugares de trabajo, ingresando en ellos, yendo a sus lugares de estudio, y en su mayoría sacados de sus casas en la tranquilidad de la noche, sin que se los pusiera a disposición de un juez".
En otro tramo del alegato la fiscal indicó: "Aquí los acusados gozan de un juicio que les ofrece un estado de Derecho que hoy tenemos y no es por ellos, porque ellos no hicieron honor a la república, ni al estado democrático, ni nada". "Fue todo lo contrario", alegó.

Colalongo también parafraseó al ex fiscal Julio César Strassera cuando dijo que "escuchar estos hechos ha significado el descenso a zonas tenebrosas del alma humana donde el horror, la frialdad, son difíciles de imaginar antes y de comprender después". "Nadie, absolutamente nadie se merece que le ocurran hechos como los que estamos escuchando. Por eso pedimos un juicio justo para estos señores, el juicio que no tuvieron sus víctimas", subrayó.
El rol determinante de la inteligencia militar en la dictadura también fue remarcado por la fiscalía, así como el circuito de centros clandestinos por donde fueron trasladadas las víctimas.

lunes, 22 de febrero de 2010

Juicio Rosario : Alegatos de las querellas.

El valor de la prueba

"A los crímenes más graves que se han producido en este país les corresponden la más alta de la sanciones que deben ser ejemplificadoras", señaló la abogada Figueroa. También expusieron las abogadas de HIJOS, que hoy continuarán su alegato.

Por José Maggi

"No hay ninguna excusa: ni jurídica, ni ética, ni política para no aplicar las más graves sanciones para los más graves delitos calificados como crímenes de lesa humanidad". La frase fue pronunicada ayer por la abogada Ana María Figueroa en su alegato frente al Tribunal Oral Federal Nº 1 que juzga a cinco represores por terrorismo de estado. En ese marco Figueroa pidió -en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- la pena de prisión perpetu para Oscar Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Costanzo por hallarlos responsables del secuestro, tortura y asesinato de 14 militantes políticos durante la última dictadura.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 escuchó ayer las exposiciones de tres abogadas querellantes: Figueroa, Nadia Shujman y Ana Oberlin, por HIJOS. Para Oberlin "se llegó a la certeza necesaria para condenarlos y para derrumbar el estado jurídico de inocencia que está establecido en la Constitución en el artículo 18 y en el Código Penal de la Nación, por la contundencia de toda la prueba. A los cinco imputados los condenan las pruebas", remarcó la letrada de HIJOS que hoy pedira una pena similar a la solicitada por Figueroa.
El Tribunal de Rosario dio inicio este lunes a las audiencias de alegatos en el juicio oral que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe por el ex teniente coronel Pascual Guerrieri y otros cuatro imputados.
Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Baravani y Jorge Venegas Echagüe comenzaron a escuchar las exposiciones de las querellas. Luego será el turno del Ministerio Público Fiscal y más tarde de las defensas de los acusados.

En nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Figueroa reivindicó "el accionar de las víctimas de derechos humanos", defensa que el organismos asumió "como política de estado".
La letrada planteó "la vigencia absoluta del principio del ius cogen y del derecho internacional de los derechos humanos desde la propia constitución del estado de derecho en 1853". Y en este sentido remarcó que "por las normas internacionales existentes no hay ninguna excusa ni jurídica, ni ética, ni política como para no aplicar las más graves sanciones para los más graves delitos calificados como crímenes de lesa humanidad".
Figueroa hizo un desarrollo histórico de las luchas por la Verdad y Justicia y destacó la importancia de los organismos internacionales desde la Comisión Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que fuera recepcionada cuando fue sancionada la legislación que declarara que "son insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos".
Rescató "el compromiso del estado argentino en cumplir estrictamente con los tratados de derecho internacional de derechos humanos que marcan que estos delitos siempre deben ser enjuiciados, y que establecen la inderogabilidad del juicio, la necesidad del juzgamiento, la existencia de la universalidad y la imprescriptibilidad de los delitos. Es decir que a los crímenes más graves que se han producido en este país les corresponden la más alta de la sanciones que deben ser ejemplificadoras, por una cuestión de prevención social general, pero además de una prevención humanitaria, incluso de la perdurabilidad de la raza humana, por lo cual estos crímenes deben ser siempre sancionados".

Figueroa hizo también una diferencia de distintas construcciones epistemológicas entre los derechos subjetivos y los derechos humanos asi como el derecho penal liberal clásico, y el derecho penal internacional de derecho humanos, para explicar por qué deben ser juzgados y sancionados estos delitos.
Se trata ilícitos cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como "Quinta de Funes", "Escuela Magnasco", "La Intermedia" y "La Calamita", y en el que funcionó en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.

El alegato es el momento de la acusación final que realizan los querellantes a través de sus abogados. Ana Oberlin y Nadia Schujman, representan a Eduardo Toniolli, Fernando Dusex, Alicia Gutiérrez, Sebastián Alvarez -familiares de desaparecidos- y Olga Moyano -sobreviviente del centro clandestino Fábrica Militar. Para HIJOS, "el valor de la prueba producido es contundente" por lo que pedirán al tribunal "cadena perpetua para todos los imputados".


Desde Campaña de Apoyo a Juicios, nos preguntamos ¿dónde está la calificación de genocidio y la petición pena -prisión perpetua- acorde a dicho crimen?

miércoles, 17 de febrero de 2010

Represor teme que los otros quieran "liquidarlo"

Eduardo Costanzo, uno de los cinco imputados en la causa por delitos de lesa humanidad amplió su indagatoria y dijo que hay un plan para "limpiarlo".

El juicio contra cinco represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en el Gran Rosario durante la última dictadura cerró este miércoles la etapa previa a la lectura de los alegatos —en la que las querellas pedirán cadena perpetua— con la ampliación declaratoria de y Juan Daniel Amelong, dos de los imputados.

Costanzo volvió a denunciar que intentan matarlo para que no continúe aportando pruebas. En este caso apuntó contra la Policía Federal, fuerza que realiza la custodia de su domicilio. “Se está gestando un atentado”, afirmó "El Tucu", quien era un agente civil del grupo de operaciones conocido como "La Patota·.

Según narró, un cabo de apellido Amador, afectado a su custodia domiciliaria, le advirtió que “los jefes quieren matarlo a usted y a mí”. Desde entonces, Costanzo dijo que evita ir al médico porque debe hacerlo con un policía y prefiere automedicarse.

“Tengo miedo que la Federal me haga algo por eso hace tres meses que no voy”, confesó y responsabilizó “al comisario Michetti” y al “subcomisario Machado” por la situación. “A la Federal no la quiero en la puerta de mi casa, hasta acepto que vayan los bomberos... Va a suceder algo”, avisó.

Costanzo justificó sus miedos en supuestas amenazas de parte de los policías, que además las vinculó con un robo a su nuera y su nieta en la puerta de su casa ocurrido a mitad del año pasado. El imputado es el único de los cinco que aportó información para la causa, reconoció los distintos centros clandestinos de detención e inculpó a los otros cuatro acusados en torturas y asesinatos que componen la acusación.

Por eso pidió a las querellas que “no midan a todos con la misma vara” ya que, dijo, si bien él formó parte del grupo, no había ni torturado ni matado. “Soy totalmente inocente, si me envían a la cárcel seré asesinado”, señaló.

Costanzo declaró por la mañana después que el ex teniente Juan Daniel Amelong terminará su largo recorrido de descalificación de los testigos y familiares de víctimas. El ex militar habló todo el lunes –día de reinicio del juicio oral y público que comenzó el año pasado-, el martes a la tarde y concluyó este miércoles.

En esas horas, descalificó a testigos como el ex canciller Rafael Bielsa, la diputada provincial Alicia Gutiérrez o el diputado nacional Miguel Bonasso, cuyo libro “Recuerdo de la muerte” reconstruye el accionar de "La Patota" en la Quinta de Funes y otros centros de clandestino en base al relato de Jaime Dri, único sobreviviente de aquel lugar y también testigo de la causa.

Amelong cuestionó fechas de documentos oficiales, señaló supuestas contradicciones en declaraciones y se permitió sacar cuentas. “Han declarado 107 testigos más Costanzo. De esos me he referido a 40. Sólo hacen alusión directa a una conducta delictiva de mi parte: Dri, Costanzo, Novillo y Arce. A los cuatro les he respondido. Si tengo que seguir preso por una cuestión de apellido no tengo problemas pero que se sepa que no se ha probado nada”, interpretó.

“Amelong acaba totalmente de mentir”, fue lo primero que dijo Costanzo en segundo turno, y reafirmó que tanto ese militar como Oscar Pascual Guerrieri y Jorge Fariña, como el civil Walter Pagano (todos imputados en la causa) participaron del grupo de tareas que desapareció a “más de 75 personas”, dijo.

Para la abogada querellante Daniela Asinari, el intento de Amelong fue “obviamente más que infructuoso” y “todo lo que le escuchamos decir no es más que una mentira, que forma parte de una estrategia defensista para seguir dilatando el proceso y mantener a las víctimas y a la sociedad toda esperando que por fin se haga justicia”.

lunes, 15 de febrero de 2010

El cinismo de un represor

Los abogados querellantes destacaron "la sorna con que se refirió a la mayoría de las víctimas queriendo presentar a todos los testigos como una banda de mentirosos". "Parece que los enjuiciados somos las víctimas", remarcó una sobreviviente.

Por José Maggi
El represor Juan Daniel Amelong amplió ayer su declaración indagatoria, que usó para intentar marcar contradicciones en los testimonios de decenas de víctimas que lo ubicaban en tiempo y espacio en el lugar donde se cometieron los delitos. Con la complacencia en primer término de la presidenta del TOF Beatriz Baravani, Amelong desplegó calificativos sobre sus denunciantes, y hasta llegó a hacer valoraciones morales sobre sus denunciantes. Pero el punto máximo de cinismo lo hizo al negar el robo de bebés durante la dictadura. "Prueba de que no lo hice es que aquí declararon cuatro de ellos", dijo en referencia a Sabrina Gullino, Sebastián Alvarez, Pablo del Rosso y 'Nachito' Laluff. La complacencia de Baravani ante el dislate argumental de Amelong, provocó la reacción de la fiscal Mabel Colalongo, quien fue llamada al orden por la presidencia del TOF que amenazó con sancionarla sin persistía en su actitud. Pero las querellas y el público presente, hicieron el resto: en varias ocasiones los gritos de indignación se escucharon desde el sector del público, que reaccionó también retirándose de la sala. Las críticas hechas a sus denunciantes fueron subiendo de tono, hasta llegar a Carlos Novillo, quien estaba presente en la sala, y que perdió a dos hermanos en la dictadura. Allí se interrumpió durante un largo rato la sesión.
La abogada querellante Ana Figueroa relató que "Amelong hizo una ampliación de su indagatoria que técnicamente pareció más un alegato, siendo un individuo que durante 33 años logró obstaculizar este proceso con éxito y ahora pretende que se abra una nuevo período probatorio cuando se cerró en los primeros meses del 2009. De acuerdo a normas internacionales de derechos humanos, a la Constitución no corresponde hacer lugar a nada de todo lo que este hombre a estado planteando".

La letrada destacó "la sorna con que se refirió a la mayoría de las víctimas queriendo presentar a todos los testigos como una banda de mentirosos. Es realmente absurda la utilización que hizo del método de defensa: Amelong hizo al Tribunal 30 pedidos de oficio de prueba con datos que conocía desde el mismo momento en que leyó el requerimiento de elevación a juicio de esta causa".
La actitud de la presidente del Tribunal fue muy permisiva durante la mañana, aunque por la tarde encauzó el tema como correspondía. Es que al mediodía la abogada Figueroa solicitó en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -que representa- un veedor a la Corte Suprema de Justicia, lo que disparó la reacción del tribunal.

Al terminar la jornada, Adriana Arce, querellante en la causa, opinó que "no está garantizada la legalidad en este proceso porque la presidencia del tribunal actuó por fuera del Código Penal. Lo que nos se puede admitir es que un señor que va a hacer uso de una ampliación de indagatoria, es decir de las cosas que considera que no son correctas y lo perjudican, termine hablando sobre cada uno de los testigos, tratando de devaluar sus testimonios a partir de valoraciones éticas, morales y personales, de cada uno de los testimoniantes. Acá están confundidos los roles, parece que los enjuiciados somos las víctimas y no este señor que se ha dado el lujo de defender a otros imputados de otras causas. Y como es abogado a Amelong lo llamaron 'señor' y 'doctor'. Quisiera saber en qué juicio a un reo lo tratan así", disparó Arce.

"La presidenta del tribunal le dice señor a un asesino, y le ha dejado decir lo que ha querido, y nos han faltado el respeto al propio estado y a las víctimas. Y se les ha dicho a los jueces que debían estar agradecidos por estar sentados allí. Esta no es una dictadura, pero aparece que este tribunal no tiene claro que se debe respetar la Constitución, y estos jueces son funcionarios de un estado que permite el avasallamiento de nuestros derechos", sentenció Arce.
"Amelong se dedicó a señalar supuestas contradicciones de los testigos de la causa, fundadas en sus propias anotaciones, que a todas luces son antojadizas y no se ajustan a los testimonios que dieron los sobrevivientes y familiares", explicaron las abogadas de H.I.J.O.S. Ana Oberlin y Nadia Schujman. "Incluso el mismo Amelong reconoció en un momento que eran sus anotaciones, y que en algún casos se puede haber equivocado en lo que escribió", agregaron.

La declaración del imputado estuvo plagada de provocaciones al público y los testigos. La abogada Oberlin tuvo que pedirle al tribunal que le llame la atención a Amelong "cuyas declaraciones estaban rayando el cinismo".
Para Daniela Asinari, abogada querellante, la declaración de Amelong "intentó desvirtuar la declaración de los distintos testigos que pasaron por el juicio, esforzándose en marcar contradicciones que en realidad no hacen mas que reforzar la credibilidad de los testigos".

martes, 2 de febrero de 2010

SE SUSPENDIO EL REINICIO DEL JUICIO A LOS REPRESORES

Un médico para Guerrieri

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario suspendió ayer el reinicio de las audiencias debido a que el represor sufre una "afección cardíaca" que "le impide participar de las mismas". De todas maneras, los alegatos comenzarían hoy.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario suspendió ayer el reinicio de las audiencias por el juicio contra cinco represores que operaron en los centros clandestinos de detención la Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. El presidente del TOF Otmar Paulucci comunicó que la actividad se retomará recién mañana, debido a que los defensores oficiales del imputado Oscar Pascual Guerrieri presentaron un informe médico que alega que su defendido se encuentra impedido de participar del proceso por presentar problemas de salud. Además de anunciar el informe que señala la "afección cardíaca" que "le impide participar de la audiencia", el TOF1 informó que ya cursó una solicitud al cuerpo de médicos forenses para chequear el estado de salud de Guerrieri, imputado por graves delitos de lesa humanidad junto a Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
La jornada comenzó con una rueda de prensa frente al tribunal convocada por el Espacio Juicio y Castigo Rosario, que nuclea a organismos de derechos humanos como Madres, Familiares, APDH, MEDH, HIJOS y a un conjunto de organizaciones sociales y políticas, en la que reclamaron al Tribunal Federal Oral Nº 2 que "una sala donde entren todos los familiares, testigos, querellantes y público que quiera ser parte de este proceso".
Los organismos también pidieron a los jueces que "sean fieles a la verdad y den cárcel común perpetua y efectiva para todos los represores, pena que se desprende claramente de la prueba generada a lo largo del proceso".
Juicio y Castigo Rosario marcó su convicción: "No nos quedan dudas que la pena que le cabe a los represores es la cadena perpetua. Porque en este juicio, a través de los valientes testimonios de los sobrevivientes del genocidio, de los documentos aportados, e incluso de las declaraciones de dos integrantes de la propia patota, se han probado 17 homicidios, increíbles torturas realizadas".
Estaban presentes la diputada Alicia Gutiérrez, Eduardo Toniolli, Ana Moro, Elida Luna, Juan Rivero, Carlos Novillo, y la secretaria de Derechos Humanos Rosa Acosta, acompañada por el director y subdirector del Programa provincial de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes de Delitos de Lesa Humanidad, Oscar Blando, y Daniel Boccoli, respectivamente.
Acosta valoró como "muy importante esta instancia porque nos estamos acercando al final de la primer causa por delitos de lesa humanidad de Rosario". La funcionaria provincial destacó que "desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde un comienzo, tanto en este juicio como en el de Santa Fe, hemos colaborado para que el desarrollo de los mismos se haga con el debido proceso, contando con los elementos, protegiendo a las víctimas y a los abogados querellantes, y generando espacios para la publicidad que debe tener todo juicio, sobre todo los de delitos de lesa humanidad".
En ese sentido, Acosta recordó que a través de la Secretaría de Comunicación Social y con la Dirección Provincial de Gobierno Digital, "facilita una conexión satelital gratuita para los medios audiovisuales de todo el país y transmite por Internet a través de la página web oficial las partes del juicio autorizadas por el tribunal. Así sucederá con los alegatos que están próximos a producirse en la causa Guerrieri, y con la sentencia".
"Con esta medida se busca garantizar el acceso a la información de la ciudadanía a estos juicios históricos en los que se juzgan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, como un aporte a la democracia y a la búsqueda de memoria, verdad y justicia", indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La secretaria de Derechos Humanos destacó: "Hemos estado trabajando durante estos dos años a través de los equipos de investigación, apoyatura y seguimiento de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, aportando pruebas extraídas de la documentación que obra en poder del Ejecutivo a través del Archivo Provincial de la Memoria".
Tanto Acosta como Blando, Bóccoli y otros funcionarios acompañaron a víctimas, testigos, querellantes y organismos de derechos humanos que se nuclearon ayer en la puerta del tribunal federal de Rosario.
La causa Guerrieri, más conocida como Quinta de Funes, y su acumulada Jordana Testoni, investiga delitos cometidos por el terrorismo de Estado en distintos centros clandestinos de detención de la zona. Tras comenzar el 31 de agosto de 2009, se suspendió a fines de diciembre y continúa a partir de mañana en lo que representa el tramo final del juicio.