Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

miércoles, 27 de abril de 2011

Cómo poner en palabras la tortura

María del Carmen Sillato recordó el horror y la soldiaridad

La jefa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Waterloo, de Canadá, contó cómo fue secuestrada, en enero de 1977, y atormentada por José Lofiego.
Tuvo a su hijo en cautiverio, y amamantó al hijo de una detenida, que sufría raquitismo.
Por Sonia Tessa

María del Carmen Sillato se emocionó más de una vez durante su extenso testimonio en la causa Díaz Bessone. Secuestrada junto a su pareja, Alberto Gómez, en la pensión donde vivían, el 18 de enero de 1977, pasó más de 15 días en el Servicio de Informaciones. Estaba embarazada de dos meses. En medio de una sesión de tortura, la segunda, en la que sintió la presencia de varias personas alrededor de la camilla obstétrica que utilizaban para aplicar los tormentos, se le cayó la venda que le habían puesto sobre los ojos y pudo ver al propio José Rubén Lofiego con la picana en la mano. La solidaridad de las compañeras de cautiverio, el nacimiento de su hijo, Gabriel, el 11 de julio de 1977, en la Asistencia Pública, adonde fue llevada apenas un rato de parir, los esfuerzos de su madre y sus hermanas para mejorar las condiciones de detención en la Alcaidía de policía fueron algunas de las referencias que convocaron sus lágrimas. También lloró al recordar su deseo de permanecer en el país pese a la represión sufrida, y la decisión de emigrar a Canadá después de ser liberados, tanto ella como su pareja, el 24 de febrero de 1981 y en julio del mismo año. "Yo no quería irme del país. Amo mi país. Pero no veía solución, me acostaba a la noche pensando qué hacía con mis hijos", relató la testigo frente al Tribunal Federal Oral número 2.

Antes de comenzar, preguntó por qué había tres imputados ausentes. El presidente del tribunal, Jorge Venegas Echagüe, le explicó que Ramón Genaro Díaz Bessone, Lofiego y José Carlos Antonio Scortecchini tienen permiso para seguir las audiencias desde una sala contigua.

Sillato contó que a ella la interrogaron Nidia Folch, la Polaca, prófuga en esta causa y Ricardo Cady Chomicky, uno de los imputados. Afirmó que a él lo vio moverse libremente por el Servicio de Informaciones. También recordó que José el Pollo Baravalle instó a su compañero a colaborar. Entre las víctimas, mencionó a Roberto Luna, "un muchacho de la villa al que le decían Zapato".

Gómez les dijo a los represores que no golpearan a su compañera, porque estaba embarazada, pero las torturas llegaron igual. Ella gritaba por su hijo y en un momento les preguntó a los torturadores si no tenían hijos. Alguno de ellos le contestó: "Ustedes tienen animales". Después de esos primeros tormentos, la llevaron al lugar que los presos llamaban el bulevar perdiste, porque permanecer allí era pasaporte seguro a ser torturado. Cuando la dejaron a ella, comenzaron a atormentar a su compañero. "Creo que estuvo todo el día. Cuando lo tiraron al lado mío pensé que estaba muerto", relató ayer.

Los llevaron al sector del entrepiso conocido como la Favela. Allí compartió la habitación con una chica que parecía una niña, Analía Urquizo, que preguntaba por su hermano, Mario. Sillato supo después que a Mario lo habían asesinado unos días antes.

Cuando estaba allí tirada, Sillato sintió que la iban a buscar, le hicieron sacar la bata que tenía puesta desde su secuestro y le pusieron una ropa "ridícula, seguramente de alguien que había caído antes". La subieron a un auto para ir a una cita falsa. Cuando llegaron a San Martín y bulevar Segui, vio cómo ante la sospecha , fusilaron a un chico. En ese momento, el propio interventor de la policía rosarina, Agustín Feced, se acercó al auto y le dijo: "Mentirosa, no colaboraste". Le dio una trompada que le quebró un diente. Otro de los represores, Jorgito, le pegó dos culatazos en el estómago. Otro represor, la Pirincha, César Peralta, le sacó la ropa, la hizo correr y le golpeó la cabeza contra la pared.

Sillato relató también que el represor conocido como el Cura (Mario Alfredo Marcote), intentó violarla. Una noche le dijeron que se preparara, que iban a ver a un juez militar. También llamaron a Marisol Pérez y Analía. Sillato fue la primera en entrevistarse con el supuesto juez, en la sala de torturas, donde la interrogaba mientras la picaneaban. En esa sesión se le corrió la venda y vio al ciego. El juez militar se detenía en las zonas más sensibles del cuerpo. Ella saltaba del dolor, y se dislocó una rodilla.

Lloraba, le pidió a uno de los represores, Darío (Julio Fermoselle), que la matara, pero una de las compañeras, Marisol Pérez, la confortó. Le dijo que su hijo iba a nacer fuerte. Esa noche se despertó cuando Analía y Marisol eran trasladadas, al igual que Zapato. Los tres siguen desaparecidos. El mismo Darío le confirmó, por gestos, que ella se salvaría pero sus compañeras no.

Más tarde, en la primera semana de febrero, la llevaron a la Alcaidía. Primero fueron trasladadas, desde el SI, las hermanas Luisa, Gladis y Teresita Marciani. Las tres estaban embarazadas. Varios testimonios relataron cómo a Luisa (Tita) la dejaron morir al negarle atención médica por su embarazo. Tita estaba confundida, habían secuestrado también a su hija Gladis, de 20 años, y la habían torturado para obligar a Tita a colaborar. Un día Tita le contó que había perdido el tapón mucoso, y estaba verde. Después de muchos, demasiados reclamos la llevaron a la Asistencia pública, donde un médico se negó a recibirla porque tenía una infección generalizada. A las pocas horas, Tita murió. Con ese temor quedaron las otras tres embarazadas. Primero nació Eduardo, el hijo de Gladys, y después Juan Marcelo, de Teresita, un bebé que lloraba mucho. El último fue Gabriel, el hijo de Sillato.

En ese punto, la enorme gratitud de Sillato hacia su madre volvió al relato. "Tengo una familia de oro, una madre y unas hermanas de oro", dijo la testigo. Cuando le dieron el alta en la Asistencia Pública, fue su madre la que insistió para que Gabriel fuera visto por un pediatra. Cuando el médico llegó a la Alcaidía, revisó a los cuatro niños: Cristina Bettanín, de 6 meses, Eduardo, Juan Marcelo y Gabriel. El profesional descubrió que Juan Marcelo se estaba muriendo de raquitismo. "Nadie se había dado cuenta de que la mamá no tenía leche. Yo lo amamanté", relató la testigo, con la voz inundada de emoción. "Son momentos de orgullo para mí que hayamos podido salvarle la vida a ese bebé", rememoró.

Si entre las compañeras primaba la solidaridad, los represores devolvían amenazas, cinismo y dolor. Lofiego llegó a la Alcaidía a interrogarla y la amenazó con llevarla nuevamente al SI, algo que no se concretó, pero le valió un susto y dos días sin leche para amamantar. También en la Alcaidía recibió la visita de Eugenio Zitelli, capellán de la policía. Sillato integraba una familia profundamente religiosa, tenía dos tías monjas y un tío sacerdote. Cuando le contó, con horror, a Zitelli que en el otro extremo del mismo edificio torturaban y mataban gente, el sacerdote se limitó a decirle que se ocupara sólo de salvar su alma.

El traslado a la cárcel de Devoto fue humillante y violento, llevaron a unas 20 detenidas políticas desde Rosario, a los golpes, con la cabeza entre las piernas, esposadas. Una vez en esa cárcel, continuó un tiempo con su hijo y a los 6 meses se lo dieron a su familia. En Devoto la visitó el coronel González Roulet, a quien ella le reclamó que la liberaran, porque había sido sobreseída por la Cámara Federal. En julio de 1980 recibió la libertad vigilada, pero debió concurrir permanentemente al SI para los controles. Recién el 24 febrero de 1981 fue liberada y pudo comenzar las visitas a su pareja en la cárcel de Coronda. Se había casado por un poder, para que él pudiera ver a su hijo.

La decisión de irse del país fue difícil, pero no encontró salida. El 16 de marzo de 1983 viajó junto a su esposo, después de largos trámites para conseguir el pasaporte. Cuando volvió la democracia intentó volver a la Argentina, pero no conseguía trabajo. Finalmente se quedó en Canadá, donde es profesora titular y jefa del departamento de estudios latinoamericanos de la Universidad de Waterloo, en Canadá. En ese carácter, realizó un proyecto de escritura creativa con víctimas del terrorismo de estado, al que respondieron 21 sobrevivientes. Una de las que participó fue Marta Bertolino. La hipótesis de Sillato es que la escritura es reparadora de experiencias traumáticas. "Los actos de tortura son los que no se pueden verbalizar. Incluso cuando uno busca del holocausto judío, es difícil ponerle palabras. Marta ha podido escribir en primera persona", dijo ayer Sillato, cuyo trabajo se plasmó en el libro Huellas, memorias de resistencia. Ayer afirmó: "Ojalá todo esto sirviera para saber qué ha pasado con los 30 mil desaparecidos. Este es nuestro aporte, porque no puede volver a pasar. Nuestro país está lleno de vida", dijo casi al final, cuando los jóvenes presentes tenían los ojos llenos de lágrima, y el aplauso estalló como un torrente de reconocimiento y afecto.

martes, 26 de abril de 2011

Aquellos monstruosos crímenes

EL TESTIGO ADRIAN SANCHEZ DECLARO DESDE LONDRES POR TELECONFERENCIA

Era un militante de la UES de 16 años cuando la patota fue a buscarlo a su casa. Estuvo 40 días desaparecido y casi dos años en Coronda. Ayer acusó al Ciego Lofiego, al Cura Marcote, a Ricardo Chomicky y a Nidia Folch, que está prófuga.
  
El 22 de febrero de 1977, un grupo de civiles y militares rodearon la casa de Adrián Sánchez, un militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), que sólo tenía 16 años, y lo llevaron secuestrado hasta el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario. Durante 40 días sufrió terribles tormentos y luego pasó casi dos años en la cárcel de Coronda. Desde Londres, donde vive actualmente, el testigo declaró ayer en teleconferencia ante el Tribunal Federal Oral número 2 que juzga a Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Antonio Carlos Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicky por los delitos cometidos en el mayor centro clandestino de detención de la provincia. El testigo recordó cómo Chomicky lo instó a colaborar con la patota, a los golpes, en medio de una sesión de torturas, y también relató cómo fue testigo de un abuso sexual a Carmen Lucero, otra militante de la UES que estuvo secuestrada en el SI.

Adrián estuvo desaparecido durante 40 días en el SI. Posteriormente fue trasladado el penal de Coronda, donde completó 22 meses. "A pesar de que mi familia y amigos se comunicaron con autoridades militares, fue negada mi presencia allí", dijo ayer el testigo.

En otro tramo relató que "fue terriblemente torturado y que esto estaba relacionado con sus actividades políticas en la escuela secundaria". A pedido del fiscal de la causa Gonzalo Stara, Sánchez rememoró los terribles tormentos que sufrió. "Estaba vendado, me llevaron a la sala de torturas, me ataron a una camilla de metal y hubo muchos momentos en los cuales entraban y salían personas, calculo que eran cinco o seis que estaban todo el tiempo presentes durante las sesiones. De tanto moverme la venda se aflojó y pude ver al ciego Lofiego torturándome. También había alguien a quien llamaban el Cura, que se acercaba y me pedían información. La tortura era con picana, golpes en el estómago. El Cura tenía una cruz colgada", relató ayer, el testigo, por teleconferencia.

Sánchez también mencionó a Nidia Folch, que era la novia de Chomicky y está prófuga en esta causa. "Pude identificar la voz de Nilda Folch que hablaba en voz baja. Me pusieron un polvo en la naríz y me desvanecí. Luego entró alguien que me levantó la venda y me instó a que colaborara. Si yo lo hacía, íbamos a recorrer las calles para marcar gente y me iban a sacar del país. Me pegó un puñete, me volvió a poner la venda y se fue. Era Ricardo Chomicki", relató su estremecedora experiencia el sobreviviente. Sánchez se refirió también a otros represores, que no están juzgados en esta causa. "Otros sobrenombres eran el psicólogo, Carlitos, Managua, el Mamut y Diego", señaló.

A la hora de recordar a sus compañeros de cautiverio, Sánchez mencionó a Carlos el cabezón Pérez Rizzo y a Carmen Lucero. "Escuché la voz de Carmen Lucero. A dos o tres metros de donde estaba había dos del SI hablándole muy suavemente y ella les pedía por favor que no y se ve que seguían, ella insistió en que no la tocaran. Lo que escuché fue que se abusaron de ella", relató ayer Sánchez.

Además, brindó importantes datos sobre Analía Minetti, que continúa desaparecida. "En una fecha que no puedo precisar durante mi detención en la favela escuchamos un ruido de mucha gente subiendo escaleras y luego algo que caía en el piso y muchas patadas y zapateo en el piso. Luego corridas como en dirección a la sala de torturas. Más tarde escuché gritos de una mujer por mucho tiempo. Pude reconocer que era Analía Minetti. Dos personas del SI decían que estaba tan destrozada, que tenía los ovarios destrozados y no había manera de salvarla", recordó ayer Sánchez. Ante la presencia de la Cruz Roja Internacional en el país, una noche sacaron a todos los detenidos que estaban marcados por la tortura en un camión. "El coche estuvo dando vueltas todo el día. Paraba y arrancaba. Cuando se detenía algunos de los del SI hablaban. Estaban Analía Minetti, Daniel Farías, Elías Carranza, Daniel Bas y Mansilla. Minetti y Farías tenían mucha dificultad para respirar. A ellos dos los amenazaban y les hacían bromas. Fue un día muy largo y después nos regresaron al SI.", apuntó Sánchez. Al cerrar su testimonio, puntualizó: "Estos monstruosos crímenes son imprescriptibles por ser crímenes contra la humanidad y terrorismo de estado".

domingo, 24 de abril de 2011

¿Por qué no imputar a los militares que formaron los "tribunales de guerra"?

Dos fiscales federales quieren citar a declarara los 26 militares que conformaron los tribunales de guerra que "juzgaban" a los detenidos.
La farsa de la justicia

Numerosos detenidos políticos durante la última dictadura militar, eran sometidos a Tribunales o Consejos de Guerra Especiales donde los propios represores montaban la escena de la "justicia" que a ellos les parecía.
En mayor medida se utilizaron para "legalizar" las numerosas detenciones clandestinas.


Por José Maggi

Los 26 militares que conformaron los tribunales de guerra especiales, que enjuiciaban a los detenidos políticos durante la última dictadura, deberán desfilar ante la justicia federal si prospera el pedido que los fiscales federales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta le hicieron esta semana al juez federal Marcelo Bailaque.

En el marco de la causa "Feced, Agustín y Otros s/ homicidio, violación y torturas", los fiscales pidieron al juez que ordene el llamado a prestar declaración indagatoria del siguiente personal militar: Carlos María Miranda; Carlos Miguel Landoni; Ineldo Angel Occello; Horacio Milcíades Verdaguer; Enrique Jorge Jordana Testoni; Juan Francisco González; Arístides Roque Bonino; Pedro Máximo Lagos; Miguel Angel Gallay; Aurelio De La Vega; Rubén Augusto Lucero; Jorge Fermín Olariaga; Luis Angel Scaraponi; Juan José Constanzo; Héctor González; Jorge Labal; Santiago Mario Sinopoli; Carlos Alberto Settel; Salvador Quatrochi; Enrique Hernán González Roulet; Héctor Rene Squetino; Héctor Hugo Garguilo; Hugo Sabino Fernández; Lorenzo Lencioni; Fernando Octavio Soria y Rómulo Marino.

El pedido, se funda en que los nombrados participaron e integraron el Consejo de Guerra Especial Estable N 1 del II Cuerpo de Ejército que entre otros casos juzgó a Elida Deheza, Marcelo De La Torre, Patricia Antelo y Angel Ruani.

Los Fiscales entienden, que este tipo de procesos (art. 7 de la ley 21264) "fue un instrumento utilizado para trastocar lo ilegal en una aparente legalidad, resultando una variante más de la última fase en la secuencia delictiva del modus operandi desplegado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la alegada lucha contra la subversión, el que en síntesis consistía en: a) secuestro; b) cautiverio en CCD; c) interrogatorio y torturas y d) destino final, ya sea 1) muerte / desaparición física o 2) liberación a través de su legalización, lo que vulgarmente fue conocido como "blanqueo".

Debe tenerse en cuenta, además, que los Consejos de Guerra se utilizaron en ciertas ocasiones, siendo los medios usuales de "legalizar" las numerosas detenciones clandestinas, la simple liberación en la vía pública o su ingreso en la cárcel local sin escalas desde el CCD, a la espera del decreto que pusiera a la víctima a disposición del PEN como ocurrió en el caso de las víctimas mencionadas.

No cabe duda alguna que para el montaje de un procedimiento de la justicia militar con apariencia de legalidad como lo fueron los Consejos de Guerra, dirigidos a cumplir objetivos propios de la acción psicológica de las Fuerzas Armadas dentro del plan criminal sistemático de alcance nacional y continental (recuérdese la existencia del denominado "plan Cóndor"), debían involucrarse a determinados miembros, con conocimiento de aquel designio, pues con su actuación se aseguraba el dominio del hecho.

Por ello, considerando la función que tenía reservada el Consejo de Guerra en el marco del plan clandestino de represión (mecanismo de "blanqueo" a y de acción psicológica) queda claro que sus integrantes tenían conocimiento de lo que sucedía, lo que constituye cuanto menos una verdadera "promesa anterior".

"Esta promesa anterior, que consistió en otorgarle una apariencia de legalidad a los secuestros que se llevaban a cabo, intentando mostrar resultados exitosos en la alegada lucha contra la subversión con estricto acatamiento de los reglamentos castrenses, implica un aporte causal de relevancia para el actuar delictivo, constitutiva de una condición esencial para la comisión de éste, pues tuvo entidad para determinar a los autores a perpetrar el hecho", afirmaron los fiscales. Todo ello sin perjuicio de los cuestionamientos constitucionales que ha merecido el enjuiciamiento de civiles por organismos militares.

Los fiscales también, solicitaron se le reciba declaración indagatoria a Gonzalez Roulet, por el delito de aplicación de tormentos agravado cometidos contra entre otros de Elba Juana Ferraro de Bettanín; Graciela Esperanza Villareal; Alfredo Vivono; Marcelo De La Torre; Máximo Antonio Mur; María Virginia Molinas; Elida Deheza; María Inés Luchetti de Bettanín; José Luis Berra y Olga Cabrera Hansen.

Los Fiscales entendieron que, además de la responsabilidad que se le asigna por haber participado como integrante del Consejo de Guerra Especial Estable N 1 del II Cuerpo de Ejército, a partir de diversos testimonios, también se lo ubica en la órbita del II Cuerpo de Ejército con funciones concretas sobre todo lo concerniente a los "detenidos subversivos", a la vez que, se lo sindica, como interrogador tanto en el Servicio de Informaciones, Alcaidía o algunas de las cárceles donde eran alojadas, una vez "blanqueadas" o la espera de ello, las víctimas de autos.

Así, Elba Juana Ferraro de Bettanín, manifestó en su denuncia: "Me interroga un llamado juez militar del que supe se apellidaba González Roulet, me propina golpes y me amenaza con llevarme nuevamente a la picana y no lo hacen porque no la encuentran".

De igual manera, Graciela Esperanza Villarreal denuncia que: "el interrogatorio era efectuado por Gonzalez Roulet, que estaba a cargo de los detenidos, determinado por el 2do. Cuerpo de Ejército. Allí no me torturaban como en jefatura, pero sí lo hacían de otra manera, más sofisticada, de orden psíquico".

Por su parte Alfredo Vivono, en su denuncia dice que "estando detenido en Coronda, viene Gonzalez Roulet quien me dijo que en caso de no firmar una declaración sería llevado nuevamente a las oficinas del SI de Jefatura y que no le costaba nada sacarlo de donde estaba y que apareciera en cualquier lado, como le había ocurrido a Gorosito, que lo habían sacado de Coronda y había aparecido muerto".

Marcelo De La Torre, en tanto declaró que "uno de los integrantes del Tribunal de apellido González Roulet me dijo que si no se hacía cargo de un hecho, me hacía volver con el Ciego Lofiego, es decir, a que me torturara". Dice que tuvo como tres consejos hasta que le dieron 8 años. Máximo Antonio Mur, dice en su declaración ante CONADEP que "en Coronda lo interrogaba un tal González Roulet. Soria le dijo que : vos sos uno de los que creíamos malos, pero en la próxima tanda vas a salir".

Elida Deheza dijo que "Gonzalez Roulet nos interrogó a todas las presas, fue después de la visita de Lofiego" (en Alcaidía). María Inés Luchetti de Bettanín dijo que, al momento de hablar de los represores, que "en alcaidía reconozco en el juez militar que me interroga a la misma persona que me interroga en el Servicio de Informaciones y por todas las investigaciones que después nosotros hicimos por las descripciones físicas de las compañeras que lo vieron y saben quiénes ese militar era González Roulet, que visitaba asiduamente el Servicio de Informaciones y también la Alcaidía el 21 septiembre era el traslado a Devoto".

José Luis Berra, relató que "mientras estaba en Caseros una vez González Roulet fue una vez a entrevistarnos a los que estábamos bajo jurisdicción del Comando".

En tanto Olga Cabrera Hansen manifestó en su denuncia ante la Justicia provincial que estando en Devoto, fue interrogada por González Roulet.

Los fiscales entendieron que "la conducta llevada adelante por este militar, en los casos mencionados, encuadra en la figura de aplicación de tormentos agravado". "Ello -agregan- porque en primer lugar, no puede olvidarse que los hechos relatados, esto es, 'las entrevistas' mantenidas con las víctimas, en los lugares y bajo las condiciones indicadas, no pueden ser tratadas por fuera del contexto en el cual acontecieron, esto es, en el marco según los casos de las distintas fases del plan sistemático de represión ilegal implantado por las FFAA. Los testimonios reseñados, así lo demuestran".

Pero tampoco debe olvidarse que la Corte Interamericana de DDHH, en el caso Maritza Urrutia versus Guatemala, claramente señaló en lo que aquí interesa que la víctima había sufrido interrogatorios donde la amenazaban con torturarla o matarla si no colaboraba.

También, resulta interesante lo señalado por la Corte en el caso Villagrán Morales y Otros donde se sostiene que: la sola conciencia acerca del peligro de muerte o del peligro de sufrir lesiones corporales graves, constituyen de por sí un caso de tortura psicológica.

Por ello, los fiscales entienden, que las mencionadas "entrevistas" entre González Roulet y las víctimas mencionadas en este punto, procuraron crear en ellos un estado de coacción psicológica permanente, especialmente, a través de las amenazas explícitas o implícitas de sufrir torturas o de morir, creando así una atmósfera de sufrimiento intenso".

Finalmente, no puede olvidarse que, en la causa "Feced", se resolvió dejar sin efecto la citación para prestar declaración indagatoria de Gonzalez Roulet en virtud de las leyes de impunidad.

El juez Brusa, participe del accionar represivo durante la dictadura, "quiere irse a casa"

El encierro lo está volviendo loco

El ex magistrado cumple una condena de 21 años en la cárcel de Las Flores por delitos de lesa humanidad. Las últimas pericias marcan que hay un "marcado y progresivo deterioro de su salud mental, por las malas condiciones de alojamiento".
Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El defensor oficial Fabio Procajlo pidió la "detención domiciliaria" del ex juez federal de Santa Fe, Víctor Brusa, a raíz del "marcado y progresivo deterioro de su salud mental, como resultado de las malas condiciones de alojamiento" en la cárcel de Las Flores donde cumple una condena a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad y "el incumplimiento de los tratamientos indicados" por el médico psiquiatra que lo atiende, doctor Pablo Lizárraga. El mes pasado, en su último informe sobre Brusa, Lizárraga planteó "un pronóstico desfavorable y reservado con la posibilidad de un desenlace crítico que ponga en riesgo la vida del paciente". "El Estado no puede mantener el cumplimiento de la pena en un instituto de detención cuando esto implique poner en riesgo la salud y la vida del imputado, ya sea por no poder garantizar el tratamiento necesario o impedir que la patología psiquiátrica avance", dijo Procajlo. Y solicitó el pronto regreso de su defendido a la casa "para no afectar el derecho a la integridad física, moral y psíquica del señor Brusa y, en definitiva, su derecho a la dignidad humana".

Procajlo pidió la prisión domiciliaria de Brusa al Tribunal Oral de Santa Fe que sentenció a su asistido a 21 años de cárcel, en diciembre de 2009. El ex juez fue condenado por "apremios ilegales" a ocho ex presos políticos (Ana María Cámara, Stella Maris Vallejos, Anatilde Bugna, Alba Sánchez, Daniel García, José Schulman, Mariano Millán y Roberto Cepeda). Pero ahora, deberá afrontar otras dos causas como secuelas de aquel juicio. El 15 de marzo, el juez federal Carlos Vera Barros lo procesó por "asociación ilícita" y "apremios ilegales" a otras dos víctimas de la dictadura (Daniel Gatti y Raquel Juárez). Y en otro expediente, el Ministerio Público Fiscal lo imputó como "coautor de la privación ilegal de la libertad y tormentos" a otros cinco ex detenidos políticos (Francisco Klaric, Luis Eduardo Baffico, Carlos Chiaruli, Carlos Raviolo y Luciano Almirón), aunque todavía no fue indagado. Almirón era un adolescente de 16 años cuando fue detenido al visitar a su hermana, María de los Milagros Almirón, que tenía 14, en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR).

Brusa está preso desde febrero de 2005, cuando lo alojaron en el cuartel de Bomberos Zapadores, en el microcentro santafesino. Pero recién a mediados de 2008, lo trasladaron a la cárcel de Las Flores, a un pabellón de lesa humanidad, después de que uno de sus colegas, Eduardo Ramos, ofreciera una conferencia de prensa para presentar un libro de cuentos ("Alguien tiene que contar") en la planta alta del cuartel. Ramos fue condenado en el mismo juicio a Brusa a 23 años de cárcel por "privación ilegal de la libertad agravada" en cinco casos (Ana María Cámara, Anatilde Bugna, José Schulman, Patricia Isasa y Stella Vallejos) y "tormentos" en otros cinco casos (Cámara, Bugna, Isasa, Vallejos y Jorge Pedraza). En marzo, el juez Vera Barros lo procesó por "asociación ilícita" y "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" en otros siete hechos (Daniel Gatti, Hilda Benavídez, Mabel Caminos, Graciela Aguirre, Teresita Miño, Silvia Abdolatif y Raquel Juárez). Y en otra causa, está imputado por "la privación ilegal de la libertad y los tormentos padecidos por María de los Milagros Almirón".

Procajlo dijo que Brusa "está bajo tratamiento psiquiátrico con el doctor Lizárraga", desde abril de 2010. Aunque los últimos informes del médico, del 9 de febrero y del 2 de marzo de este año revelan que la "patología psiquiátrica" del paciente "ha ido empeorando producto de la situación de encierro que padece".

El escrito de Procajlo es abundante en citas doctrinarias y constitucionales. "La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone principios rectores en materia de ejecución, entre ellos que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto inherente a la dignidad humana y el fin resocializador de la pena", escribió el defensor oficial.

Por lo tanto, agregó el "derecho de acceso a la salud" de Brusa tiene "rango constitucional" y "se vería seriamente lesionado" si el Tribunal no accede al pedido de la defensa para que el ex juez vuelva a la casa.

"Mantener a mi asistido en las actuales condiciones de alojamiento (en Las Flores) importa un serio peligro para su salud", afirmó Procajlo. Y citó el último parte de Lizárraga, el del 2 de marzo, que informa que Brusa "presenta una evolución desfavorable, un marcado y progresivo deterioro en su salud mental, como resultado de las malas condiciones de alojamiento y el incumplimiento de los tratamientos indicados".

"El actual estado clínico psiquiátrico del sujeto en cuestión, objetivado a través de los indicadores semiológicos, sumado a mi experiencia de diez años como médico psiquiatra del Servicio Penitenciario, me permite realizar un pronóstico desfavorable y reservado con la posibilidad de un desenlace crítico que ponga en riesgo la vida del paciente", agregó Lizárraga.

viernes, 22 de abril de 2011

Acostumbrado a la impunidad : Ex servicio de "inteligencia" mintió y encubrió.

Silvia Suppo lo identificó y acusó.
PROCESARON AL EX SERVICIO DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO, CESAR LUIS FRILLOCCHI
Por mentir en el juicio a otro servilleta

Frillochi -que actuaba con el nombre encubierto de Carlos Leandro Fittipaldi- fue procesado por mentir en el juicio a otro PCI, Barcos. Había dicho que no conocía a dos jefes de grupos de tareas y el juez Rodríguez probó que eran sus superiores inmediatos.
Por Juan Carlos Tizziani,
Desde Santa Fe

El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó por "falso testimonio" a un ex agente secreto del Ejército, César Luis Frillocchi, por haber mentido en el juicio a otro delator de la dictadura, Horacio Américo Barcos, a quien el Tribunal Oral de Santa Fe condenó el año pasado a 11 años de prisión por la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" a los esposos José Alberto Tur y Amalia Ricotti, entre el 16 y el 31 de mayo de 1978. Frillocchi había dicho en el juicio que ingresó como PCI en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 después del secuestro del matrimonio, pero la investigación judicial demostró que lo hizo dos semanas antes, el 1º de mayo de 1978. Y también negó haber conocido a dos jefes de los grupos de tareas que operaron en Santa Fe: el capitán Julio César Domínguez ("Potín") y el suboficial del Ejército, Eleodoro Jorge Hauque ("Vicente"), pero en la causa quedó probado que eran sus superiores inmediatos. Hauque, ya fallecido, fue identificado en el juicio a Barcos como uno de los secuestradores de Tur y Ricotti y el represor que luego acosaba a Amalia cuando ya estaban en libertad. Otras víctimas también lo reconocieron por fotos, entre ellas Silvia Abdolatif y Silvia Suppo, quien lo acusó en una causa judicial, varios meses antes de ser asesinada. Mientras que Domínguez fue identificado como un integrante de la patota que operaba en un centro clandestino en la zona de San José del Rincón, donde estuvieron secuestrados Daniel García, su esposa Alba Sánchez y la compañera de ambos, Andrea Trincheri.

Frillocchi declaró en el juicio a Barcos el 23 de marzo de 2010 y fue el primer testigo a quien el fiscal general Martín Suárez Faisal acusó por falso testimonio y pidió su arresto. El Tribunal rechazó la detención, pero se inició una causa en la que ahora fue procesado por el juez Rodríguez.

En su relato, Frillocchi dijo que comenzó a operar en el Destacamento de Inteligencia 122 recién en agosto de 1978, tres meses después del secuestro de Tur y Ricotti. Pero cuando el Tribunal le exhibió su legajo del Ejército, donde consta que había sido propuesto para el cargo, el 17 de abril de 1978, por el capitán Domínguez y que lo habían designado el 1º de mayo de 1978 en el cuadro C con un nombre encubierto: Carlos Leandro Fittipaldi, que utilizaba Frillocchi, volvió a negarlo. "Yo ingresé en agosto de 1978", se defendió.

Suárez Faisal le preguntó entonces si conocía a Hauque, a quien Ricotti identificó como uno de sus secuestradores. "No lo conozco, no sé quién es", respondió.

El juez Rodríguez desmintió a Frillocchi con tres pruebas:

* El legajo Hauque, reservado en la causa, donde consta que éste se desempeñó como PCI del Ejército "entre 1974 y 1982" y que "en 1978", (cuando ya operaba Frillocchi) era el jefe de los agentes secretos. "Lo mismo informó la Dirección General de Inteligencia", agregó el magistrado.

* El testimonio del ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, teniente coronel Domingo Manuel Marcellini, quien dijo que Haunque tenía bajo su mando a todos los PCI de la unidad.

* Y la indagatoria de Barcos, quien admitió que "Hauque era la persona a la cual reportaba sus actividades de PCI, que era el encargado de calle, que se comunicaba telefónicamente con él en el Destacamento de Inteligencia 122 y que coordinaba los encuentros". Y que Hauque desempeñó esa tarea "hasta el año 1978".

"Hauque cumplía funciones en el Destacamento de Inteligencia 122 contemporáneamente con Frillocchi y el hecho de que éste último trabajara bajo las órdenes del teniente coronel Antonio Ramón Ricciardi (quien sucedió a Marcellini, en 1978), no es óbice para que no haya conocido al mencionado Hauque", señaló el juez.

"Frillocchi también dijo que no conocía al capitán Domínguez, pero en su legajo personal surge que éste evaluó "sus condiciones morales, ideológicas y familiares" y lo consideró "apto" para ocupar el cargo de PCI. "La persona que Frillocchi dice no conocer" es la que después "conceptúa sus tareas", reveló el juez. Es más: "La Dirección General de Inteligencia al informar sobre las personas que revistaron como superiores del encartado, dice: 'el capitán Domínguez era el jefe del grupo en el que revistaba el causante (Frillocchi)".

Los responsables de evaluar a los PCI eran Hauque, Domínguez y el coronel Ricciardi, en ese orden. "Domínguez era el encargado inmediato de todo el personal civil de inteligencia, al menos en el año que menciona Frillocchi (1978), por lo tanto, "el imputado no puede desconocer a la persona que lo califica y más aún cuando se trata de las tareas que desempeñaba" en el Ejército, concluyó el juez.

martes, 19 de abril de 2011

Causa Díaz Bessone : continúan contundentes testimonios

"No vas a abrir la boca"

Esa fue la condición que le impusieron cuando lo jubilaron. Sin embargo, ayer dijo en el juicio que en el Comando Radioléctrico "secuestraban gente y la hacían desaparecer".
Por José Maggi

Un ex policía; un sobreviviente del Servicio de Informaciones que identificó con nombre y apellido a sus torturadores como "El Ciego" Lofiego y "Caramelo" Altamirano; la hija de un emblemático dirigente de SMATA -que escapó dos veces de las garras de sus captores- y también víctima del SI, fueron tres de los testimonios que se escucharon ayer en el marco de la causa Díaz Bessone en los tribunales federales de Oroño al 900.

En primer término declaró Héctor Roldán, quien se desempeñó como policía en los talleres del Comando Radioléctrico de la Jefatura de Policía desde el 76 al 84. Lo primero que señaló es que en ese lugar "secuestraban gente, la torturaban y la hacían desaparecer a través del móvil 238 de Bomberos, bajaban los cuerpos por la escalera y los tiraban al móvil".

El ex policía que trabajó como electricista de autos relató que en una oportunidad, un oficial le llevó un coche robado para que lo repare: "Di Mazo me trae un Chevy cero kilómetro, me dice que lo mire a ver si tenía algún problema. Le pregunté entonces si lo había comprado, y me dijo: 'venía por Callao, había una vieja en el semáforo, la bajé de un cuetazo y me lo traje'".

Roldán señaló además que pudo ver en una ocasión que subieron a "cuatro muchachos al Servicio de Informaciones y que al rato se escucharon gritos y disparos". De estos hechos hizo la denuncia en 1984, al igual que sobre La Calamita, motivo por el cual fue obligado a jubilarse. "El doctor Vidal, que era médico de policía, me dijo 'te vamos a jubilar como corresponde pero de ahora en más no vas a abrir la boca'".

Por la tarde declaró Marcos Alcides Olivera quien fue secuestrado el 11 de enero de 1977 de su domicilio y llevado al Servicio de Informaciones tras un simulacro de fusilamiento. Al ser interrogado por el fiscal de la causa Gonzalo Stara, brindó datos del aparato represivo: "Cada persona cumplía un rol. Había uno que hablaba, otro que tenía función de ablande, otro pegaba, otro se encargaba de la picana. El que se encargaba del ablande era Carlos Altamirano, después le reconocí la voz. Lo conocí porque era de mi barrio".

Respecto de los imputados en esta causa mencionó: "El que me picaneaba era Lofiego, le decían el Ciego y era el experto en picanas. Andaba con un maletín, adentro tenía una picana portátil". En otro tramo señaló a Ricardo Chomicki: "Estuve 45 minutos atado a la parrilla, me dejaron y al rato vinieron dos personas que me empiezan a tirar agua. Hablaban entre ellos, era una chica. Con el tiempo supe que le decían la Polaca, creo que Nilda Folch y el Cady Chomicki. Me decían que para pasarla bien tenía que decir todo lo que yo supiera, ella me echaba el agua y el me pasaba la picana".

En tanto sobre Ramón Vergara manifestó: "Este señor bajaba amigablemente y sacaba su arma, la ponía sobre la mesa, y me obligaba a jugar a las cartas con él y que si le ganábamos nos volaba la tapa de los sesos. No es verdad que ahí abajo se terminaba la tortura, la tortura seguía, era tortura psíquica porque se veía como se movían los fluorescentes y se escuchaba el grito de los compañeros".

Olivera también dijo que fue interrogado por un juez militar y torturado por éste. Luego le dijeron que podía tratarse del Mayor Soria. La voz de este juez es la misma que lo interrogó estando ya preso en la cárcel de Coronda: "Me empiezan a torturar este señor y otra persona más, me daban con dos picanas. Después me dejan de picanear y me preguntan si era muy doloroso, le contesto que sí, me dicen 'te vamos a pintar las uñas' y empezaron a meterme agujas en las uñas, salía sangre...".

Recordó entre los compañeros de cautiverio a Marisol Pérez, a quien llamaban continuamente para torturarla y quien permanece desaparecida, a Roberto "Zapato" Luna, también desaparecido, a Elba Juana Ferraro de Bettanín y a su nuera María Inés Luchetti de Bettanín.

Finalizó la jornada el testimonio de Beatriz Ifran, hija de Ernesto de los Santos Ifran. Tanto Beatriz como su padre y su marido Fernando Salvador Moffa fueron secuestrados y estuvieron en el Servicio de Informaciones. "Ellos podrían estar acá contando sus vivencias, fueron torturados, denigrados, no están acá para defenderse. Vengo por ellos y por todos los que no pudieron defenderse porque murieron", señaló.

domingo, 17 de abril de 2011

Los coroneles organizados para eliminar

Fueron procesados dos militares retirados de alto rango por el asesinato de una militante política.

Se trata de José María González y Jorge Roberto Diab, ambos con alta responsabilidad en inteligencia durante la última dictadura en Santa Fe. El juez los acusó por el asesinato de Luci Gómez, una militante de la juventud peronista.
Por Juan Carlos Tizziani  Desde Santa Fe

El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó a los coroneles retirados José María González y Jorge Roberto Diab, por el homicidio de una militante de la Juventud Peronista, Gladys Lucía Gómez ("Luci"), en febrero de 1976, la última víctima de la masacre del camino de Las Moras que el Equipo Argentino de Antropología Forense recién logró identificar en setiembre de 2010, tras ser inhumada como NN hace 35 años. González era el jefe del Area 212 y Diab el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y ya estaban procesados por asesinato de las otras tres víctimas del crimen: Olga Teresita Sánchez, Graciela Siryi y María Cristina Mattioli, que también militaban en la JP. Los dos militares formaron parte de una "organización criminal" que tenía como objetivo "la eliminación física" o la "neutralización ideológica de los opositores políticos". Y desde ese aparato del terrorismo de estado, "comandaron, organizaron o ejecutaron" los delitos de lesa humanidad que se les imputan, dice el fallo judicial al que tuvo acceso Rosario/12.

"Lucy" Gómez y sus compañeras fueron secuestradas entre el 27 y el 28 de febrero de 1976, en Santa Fe. Sus cuerpos aparecieron casi un mes después, el 19 de marzo, en una fosa común cerca de Coronda, en el camino a Larrechea, con las manos atadas y disparos en la cabeza. Los inhumaron como NN en el cementerio de Coronda, donde una investigación judicial los rescató en 1998 y tardó trece años en devolverles la identidad: Sánchez fue identificada en 2004; Mattioli, en 2007; Siryi, en 2008 y Gómez, recién en setiembre de 2010. En la causa, se investiga también el secuestro de Mario Luis Totterau, esposo de Mattioli, que sigue desaparecido.

En la resolución, el juez Rodríguez ordenó un embargo sobre los bienes de los dos represores "hasta cubrir la suma de 500 mil pesos", pero les mantuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, a pesar de los crímenes impunes. Diab está imputado por 34 homicidios y González por 23, y este año debería ir a juicio oral por uno de esos casos: el secuestro y la muerte de Mario Osvaldo Marini y la privación ilegal de la libertad de la esposa de éste, Ana María Cavadini, el 9 de diciembre de 1975. Las cuentas de ambos, incluyen los cuatro asesinatos en el camino de Las Moras.

González y Diab formaron parte "de la organización de un plan sistemático criminal que tenía como fin la eliminación física o neutralización ideológica de los opositores políticos, desde estructura estatal. Ocupaban importantes cargos dentro del aparato represivo y desde allí comandaron, organizaron o ejecutaron las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se les imputan", dice el fallo judicial. González asumió como jefe del Area 212 en diciembre de 1974, la noche del golpe del 24 de marzo de 1976 derrocó al gobernador Carlos Sylvestre Begnis y se convirtió en el primer interventor de la dictadura en la provincia hasta mayo de 1976 y en diciembre de 1976, cedió la jefatura del Area 212 a su sucesor, el coronel Juan Orlando Rolón ya fallecido, quien ocupó el cargo hasta 1979. Mientras que Diab se desempeñó en Destacamento de Inteligencia Militar 122 durante cuatro años, desde el 12 de diciembre de 1975 hasta 1979, como jefe de la Primera Sección y segundo jefe de la unidad.

El fallo de 34 fojas prueba la "inescindible relación" entre "la tarea de inteligencia" que se realizaba "en el Destacamento 122 al que pertenecía Diab, en un grado jerárquico de mando" y "los operativos" de los grupos de tareas. Pero no sólo para señalar el "objetivo" "como se identificaba a las víctimas de la represión sino también por su "colaboración habitual como grupo operativo" en los secuestros y crímenes.

En la indagatoria, Diab admitió que su "actividad" en el Destacamento 122 "era la reunión de información y coordinación de los distintos objetivos que se marcaban". Por lo que el juez Rodríguez recordó un fallo de la Cámara Federal de Rosario sobre cómo operaba el terrorismo de estado. "Todas las víctimas declararon haber sido aprendidas y objeto de torturas para obtener información y esa información (") volvía a servir para detectar nuevos sospechosos, que a su vez serían detenidos y torturados para obtener más datos", agregó.

Los dos imputados "desempeñaron puestos de altar jerarquía militar" en el aparato represivo de Santa Fe. "En tal carácter, impartieron directivas a sus subordinados, en forma conjunta o alternada, para cumplir con el objetivo de la eliminación física o neutralización ideológica" y "supervisaron su efectivo cumplimiento dentro de sus respectivas atribuciones. En ese cometido, tenían poder de decisión sobre los operativos represivos llevados a cabo en esta jurisdicción y el destino final de las víctimas".

Según Rodríguez, en la causa hay pruebas "suficientes y concordantes" que acreditan la "la intervención de González y Diab como partícipes necesarios" en el "homicidio" de "Lucy" Gómez, "hecho éste que habría sido perpetrado por parte de fuerzas militares y/o policiales bajo su dependencia", concluyó.

jueves, 14 de abril de 2011

Padres que viven en sus Hijos

Festejo de cumpleaños frente a los tribunales

"Los juzga un tribunal, festejamos todos", es el lema que eligió Hijos Rosario para salir a la calle a conmemorar sus 16 años. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido (H.I.J.O.S.) nació en la semana santa de 1995, en Cabalango, Córdoba. La mayoría eran veinteañeros, o menos aún. Mucho camino recorrieron desde entonces. Mañana, a las 18, harán una instalación urbana frente al Tribunal Federal donde se juzga a Ramón Genaro Díaz Bessone, ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, cuatro policías que integraron la patota de Feced y un civil, el único al que la agrupación no acusa. La fiesta será también una forma de volver a la vida a sus padres. El encuentro tendrá música también. Tocará la banda Sinapsis y cerrará El regreso del Coela Canto, liderada por Andres Abramovsky.

"Elegimos ese lugar porque nos parece muy significativo, por el momento que se está viviendo, que se ha logrado llevar a los represores al juicio oral después de tantos años, así que decidimos festejarlo ahí, con un encuentro y una instalación urbana con fotos cotidianas de aquellos militantes de los 70", expresó Ingrid Schegtel, militante de Hijos. Recopilar esas fotos familiares, de sus padres, de compañeros de sus padres, les llevó casi un año pero el viernes estarán allí. Al mismo tiempo, hoy se cumple un año del fallo de la causa Guerrieri, que condenó a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en cárcel común a cinco represores del Ejército.

Mucho camino recorrió Hijos desde la época en que escrachaban a los represores en su casa, bajo el lema "Si no hay justicia, hay escrache", para combatir la impunidad. Hoy, muchos militantes de aquella agrupación se sientan como querellantes en los juicios orales y públicos que ya condenaron a 200 represores en todo el país. En Rosario, hubo cinco condenas en la causa Guerrieri, el año pasado, y está en marcha la producción de prueba de la causa Díaz Bessone. Entonces y ahora, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello, Alvaro Baella y Ana Claudia Oberlin (en la causa Guerrieri) representan como abogados a querellantes, no sólo hijos, sino también Madres y sobrevivientes.

Schegtel forma parte de los equipos de investigación sobre lo ocurrido durante la represión ilegal en la zona. Desde su creación, Hijos se sumó a la lucha por la memoria y la justicia, que en 2003 tomó otro impulso. "Tuvimos un crecimiento muy importante. Fue muy diferente en la década de los 90, cuando era pura resistencia, y ahora, si se quiere, estamos más aplicados, porque estamos con los juicios y nos sentimos actores directos porque elegimos formarnos, ya sea con los compañeros abogados, o con los equipos de investigación para ser partícipes activos en el armado de las causas", expresó Schegtel.

Y el rescate de la lucha de sus padres es otra premisa de Hijos, por eso decidieron poner sus imágenes en el encuentro. "Son fotos de esa generación de los 70, eso es lo que queremos reivindicar, ese espíritu de lucha, a través de la cotidianidad. También hay dedicatorias de libros, distintos elementos, porque apuntamos a rescatar la vida", afirmó Schegtel

martes, 12 de abril de 2011

El coronel que marcaba gente

Procesado por 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios.

Al ex jefe de Inteligencia militar se le dictó la prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario, por ser "partícipe necesario" de secuestros y homicidios y se le trabó un embargo por 7 millones 250 mil pesos.
 
 Por José Maggi

El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó ayer al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121, coronel Alfredo Sotera, por 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios. Se trata del autor del informe que lleva su nombre y que detallaba los objetivos marcados por la represión y que fuera aportada a la causa Guerrieri por el ex policía y agente de inteligencia, Adolfo Salzman. El rol asignado a Sotera -que fue jefe de la inteligencia militar hasta diciembre de 1976- es el de haber "marcado a los objetivos" que luego fueron detenidos o secuestrados tanto por la Patota de Feced, como por el personal del Ejército.

Para la justicia federal, Sotera fue "partícipe necesario" de 13 casos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas; otros 66 casos de secuestro seguido de tormentos, por 17 hechos de secuestro, torturas y homicidios (entre los que se cuentan la Masacre de los Surgentes) y otros 5 homicidios. Y le dictó un embargo por 7 millones 250 mil pesos.

Bailaque procesó a Sotera por las muertes de José Oyarzabal, Sergio Jalil, Daniel Gorosito, Oscar Manzur, Santiago Werle, Eduardo Pérez, Cristina Constanzó, Daniel Barjacoba, Eduardo Laus, María Cristina Márquez, Analía Murgiondo, Roberto De Vicenzo, Rut González, Miriam Moro, Estrella González, Antonio López y Héctor Vitantonio.

También lo encontró penalmente responsable como partícipe necesario de las muertes de Miguel Gauseño, Carlos Kruppa, Osvaldo Matosky Szeverin,

Cristina Cialceta (la joven asesinada junto a su novio el francés Yves Domergue y cuyos cuerpos fueron identificados en Melincué). La justicia también responsabilizó a Sotera por el crimen de Alejandro Stancanelli ocurrido en plena vía pública en Oroño y San Luis en 1976.

A Sotera se le dictó la prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El ex jefe de Inteligencia había sido indagado por el juez Bailaque

en el marco de la causa Feced, en su etapa instructoria, el pasado 3 de marzo en San Isidro. Del procedimiento participaron los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta quienes concretaron las imputaciones, que ascienden a más de un centenar de víctimas que en su mayoría pasaron por el Servicio de Informaciones (SI).

Los fiscales le atribuyeron "haber formado parte en su carácter de jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario de un grupo de personas incluyendo, entre otros, a Leopoldo Fortunato Galtieri, Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Ramírez, Agustín Feced, Raúl Guzmán Alfaro, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, César Peralta, José Carlos Scortecchini, que operaron en la época del gobierno de facto en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, secuestros, torturas y desaparición física de personas que integraban movimientos agrupaciones tildadas de realizar actividad subversiva", vale decir, el delito de asociación ilícita.

En aquella indagatoria al referirse a su actuación a la fecha de los hechos, Sotera dijo que "los problemas subversivos los averiguábamos con nuestro personal y con la policía, quienes estaban en la calle". Reconoció además que "tenía contacto con jefes policiales" así como que en las denominadas reuniones de información que se llevaban adelante tanto en el Comando como en Jefatura y que participaban de las mismas el comandante, personal del Destacamento de Inteligencia 121, la policía y otros elementos, como sacerdotes, como el obispo. De la misma manera, manifestó que parte del personal estaba en la calle, buscando información en universidades y sindicatos.

En esa indagatoria dijo también que "el destacamento, como parte del Ejército, estuvo a cargo de la lucha como todas las armas, porque si no la subversión tomaba el país, era un problema gravísimo. Sufrimos esas circunstancias y las resolvimos. Eran problemas que teníamos y queríamos evitar que llegara a las casas de uno".

viernes, 8 de abril de 2011

Artistas realizaron un mural por la Memoria pero a poco de concluido fue agraviado

Un grupo de artistas locales realizó un mural en el marco de la Semana de actividades por Memoria, Verdad y Justicia “A un año del asesinato político de Silvia Suppo”. Semana que fue coordinada por diversas organizaciones sociales, políticas y culturales de la ciudad de Rafaela y que se realizó entre los días 21 y 29 de marzo pasado. Dicho mural fue agraviado el viernes 1 de abril, apenas un par de días de haberse finalizado.

Conceptualmente el mural representa el sol que ilumina, crecimiento y esperanza a través de un fondo de paisaje agreste, en verde y amarillos.

Lo agreste simboliza un nuevo comienzo como sociedad. Sobre este fondo se realizaron esténciles (como registro, repetición, igualdad) con el rostro de una niña y un niño (repetición de estos esténciles como símbolo de las nuevas generaciones).
 
En la frente de cada unx de estxs ninxs se escribieron palabras que significan, genéricamente, violación a todos los derechos humanos: Olvido - Ausencia -Indiferencia -Injusticia - Violencia - Discriminación - Represión - Abuso - Desigualdad - Mentira - Negación - Desaparición.

La frase “Nunca Más” aparece en el centro de la escena debajo de las caras de Silvia Suppo y Julio López. Dicha frase es un símbolo, instalado en la sociedad desde los años 80 con el regreso a la democracia que expresa, en dos palabras, el repudio de gran parte de la sociedad argentina por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país en el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Dos palabras que con el tiempo trascendieron su origen para instalarse como representativas de todo aquello que no debe suceder 

No sabemos quién o quiénes lo han borrado. No sabemos quiénes consideraron indigno defender Derechos Humanos básicos. Sólo decimos que quienes propiciaron la vejación de este mural fomentan -por temor, prejuicio o convicción-, una  sociedad en la que se privilegia el abuso sobre lxs más débiles. Sostenemos que  acciones como éstas perpetúan la cadena de silencio y complicidad que mantiene vigente el mismo aparato represivo que no sólo actúa sobre aquellas personas que como Silvia Suppo y Julio López se atrevieron a denunciarlo, sino que condena a muchísimos seres humanos a sobrevivir –que no es lo mismo que vivir- en un mundo indiferente, injusto, e inhumano.

miércoles, 6 de abril de 2011

Los torturadores del 72 se vengaron en el 76

Elías Carranza, secuestrado por el informe Brandazza

Por Sonia Tessa

Elías Carranza vive en Costa Rica desde el 26 de febrero de 1978, cuando debió huir de una muerte segura en Rosario. Antes, había pasado un mes secuestrado en el Servicio de Informaciones de Rosario y otros tres detenido en Coronda. Aún antes había sido sumariante de la Comisión Bicameral que produjo el memorable informe Brandazza, y por eso la patota lo buscó para vengarse. Hoy es un criminólogo reconocido internacionalmente, al punto que dirige el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuentes. Ayer revivió su dolor frente al Tribunal Federal Oral número 2, en la causa Díaz Bessone. El viernes 18 de febrero de 1977, cuando volvía a su casa en el auto desde su trabajo en los Tribunales provinciales, lo rodearon otros tres automóviles y lo secuestraron en bulevar Oroño entre Córdoba y Rioja.

A los golpes, como era costumbre de la patota de Feced, lo llevaron al centro clandestino de detención. Como había sido amenazado de muerte por la Triple A, y desde hacía tiempo temía ser secuestrado, apenas se percató de la demora, su esposa Rita Maxera llamó al entonces juez --hoy camarista-- Ramón Teodoro Ríos, para pedirle ayuda. El magistrado se comunicó con la Jefatura de policía, donde le confirmaron que Carranza estaba allí. Esa llamada aseguró su vida.

A Carranza lo buscaban para vengarse por su participación en la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas de la Legislatura santafesina, que produjo el Informe Brandazza, sobre el secuestro del joven trabajador y estudiante de Ciencias Económicas, el 18 de noviembre de 1972. Esa comisión era presidida por el diputado Juan Lucero. "Logramos identificar a los autores, que pertenecían a las fuerzas que integraban el comando Sub-Area Rosario, logramos detener a varios de ellos, tomarles declaración, reunir los elementos de prueba y trasladar el expediente al Juzgado Federal en turno en este mismo edificio", les dijo ayer a los jueces. El testigo listó a todos los involucrados en el crimen de Brandazza.

El 30 de diciembre de 1975 recibió una amenaza de la Triple A y desde entonces debió vivir escapando, aunque jamás dejó su trabajo en el juzgado de instrucción de la tercera nominación de la provincia. "Fue una época alucinante. Con mi esposa embarazada de nuestra tercera hija y nuestras hijas de cinco y diez años cambiábamos constantemente de domicilio, gracias al apoyo de amigos y de mis hermanos, que trabajaban como corredores de propiedades de inmuebles", relató ayer. Cuando cerraban los Tribunales, salía alternando las cuatro puertas del edificio para evitar que lo secuestraran.

El 18 de febrero de 1977, a las 13.15, la patota lo encontró llegando a su casa. Enseguida comprendió que lo habían llevado al SI, donde lo golpearon, le aplicaron picana y lo tuvieron vendado durante 14 días consecutivos, entre la planta baja y la favela, que estaba en el entrepiso. "En la misma situación se encontraban numerosas personas. Durante el mes que estuve en ese lugar calculo que nunca habrá habido, en las reducidas oficinas donde yo estaba, menos de treinta personas secuestradas en promedio, ya que la cifra oscilaba, traían gente nueva, y a otros, luego de tenerlos allí y torturarlos salvajemente, un buen día se los llevaban y no volvíamos a verlos", relató ayer. Otros eran puestos a disposición del PEN y enviados a cárceles.

En su declaración de ayer, Carranza recordó a Analía Minetti, que estaba muy torturada, y con quien compartió un denigrante viaje en un camión. Ese "paseo" se produjo ante el temor de los represores por una posible llegada de una inspección de la Cruz Roja. El viaje se repitió al día siguiente. Minetti continúa desaparecida.

"Los interrogatorios eran bastante elementales en mi caso, ya que más bien se limitaban a provocarme por haber sido sumariante de la Comisión", contó ayer. En una oportunidad, un individuo le pagó y lo amenazó en nombre de los torturadores a los que la Comisión había investigado.

Un día, en una cuarta o quinta sesión, en la oficina de Raúl Guzmán Alfaro, fue lanzado en medio de un grupo de 7 u 8 personas y golpeado brutalmente en la cara, el pecho y zona baja. Le pusieron la picana en el pecho y le decían: "¿Así que ustedes investigaban esto?". Uno de los torturadores le dio pistas para que supiera que era uno de los policías presos por el caso Brandazza, Angel Jesús Farías. Después de un mes en el SI, lo trasladaron a Coronda. Estuvo tres meses en la cárcel, y lo soltaron el 6 de junio de 1977, pero antes le dijeron que lo iban a matar, que se fuera del país. Demoró en conseguir el pasaporte, pero en febrero de 1978 pudo poner miles de kilómetros de distancia con el horror.

Una nueva historia recuperada

Identifican en Rosario a una hija de desaparecidos nacida durante el cautiverio de su madre

La niña fue criada por una familia santafesina. El juez que intervino en el caso, Luis Vera Candiotti, fue procesado en febrero por supresión de identidad de otra joven recuperada.      
 Por  José MaggiDesde Rosario

La hija de una pareja de militantes del ERP desaparecidos en Rosario durante la última dictadura fue identificada ayer a través de un examen realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ordenado por el juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque. Se trata de la hija de Cecilia Beatriz Barral, secuestrada en agosto de 1976 cuando cursaba un embarazo a término. Gracias a la infatigable tarea de su hermana Ana, María tiene desde hoy su nueva identidad. El caso tiene un parangón con el de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, ya que la joven no aceptaba hacerse un análisis de ADN, hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario lo ordenó. El juez Bailaque informó ayer a las partes del resultado.

María estaba en el vientre de su madre, Cecilia, el 2 de agosto de 1976, cuando junto a su pareja fue secuestrada de la vivienda de Necochea 2050 en un operativo clandestino llevado adelante por el Destacamento de Inteligencia 121, en el que otras dos personas también fueron detenidas ilegalmente y otra fue asesinada. Barral y su pareja fueron trasladados a la Quinta Operacional de Fisherton, donde fueron vistos por última vez el 11 de agosto de 1976 por Fernando Brarda. Dos hombres armados llevaron a la niña, con solo unos días de vida, a una vivienda de calle Amenábar al 3000, en la ciudad de Santa Fe, donde una familia la crió. El juez que blanqueó la entrega fue Luis Vera Candiotti, procesado en febrero último por supresión de identidad de María Carolina Guallane. Ana, que tenía dos años entonces, supo que su padre podría haberle dado una hermana con otra madre. Nunca bajó los brazos, pensando en encontrarla. En 2004 el abogado santafesino Jorge Pedraza denunció el caso.

En marzo de 2010, la edición de Rosario de Página/12 publicó la ampliación de aquella primera denuncia de Pedraza: “Barral fue secuestrada en Rosario a punto de parir, en agosto de 1976. Le roban su hijita al nacer (probablemente en el Hospital Militar de Paraná) y se la entregan a un matrimonio de la ciudad de Santa Fe, en un hecho ocurrido a mano armada, donde fue amenazado en la vereda el vecino Francisco Caminos, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Luego de eso, el juez Vera Candiotti autorizó en diciembre de ese año la inscripción en el Registro Civil de la niña ‘N.N. (más el apellido de quienes la tenían en su poder)’ en vez seguir el camino legal de internación en Casa Cuna y otorgamiento de guarda conforme el orden de la lista de inscriptos para tal fin. Esto debió ser así toda vez que era absolutamente verosímil considerar que los padres biológicos de la beba habían sufrido la violencia que los mismos integrantes del grupo de tareas mostraron frente al doctor Caminos, al lado de la puerta de la familia, hecho que fue denunciado oportunamente en las instancias del Juzgado de Instrucción en turno y en el Juzgado de Menores”.

El fallo conocido ayer y al que accedió Página/12 tramitó ante la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado, a cargo de Gonzalo López Quintana, dentro del expediente N° 260/09, caratulado “Sumario Averiguación Violación a los Derechos Humanos”, en el que se ha logrado determinar la identidad de una persona que naciera en cautiverio luego de que su madre biológica fuera privada de libertad, permaneciendo a la fecha desaparecida”.

Y agrega: “En el expediente mencionado se investiga entre otros hechos la privación ilegítima de la libertad mediando violencias y amenazas y posterior desaparición física (homicidio) de Cecilia Beatriz Barral, como también de su pareja, en oportunidad de desarrollarse un procedimiento de fuerzas conjuntas a cargo del Ejército durante el último gobierno de facto instaurado a través del llamado ‘Proceso de Reorganización Nacional’, en el domicilio de calle Necochea N° 2050 de Rosario”.

Según el dictamen, “el procedimiento ocurrió el día 2 de agosto de 1976, comenzando la privación ilegítima de la libertad en la fecha y lugar indicada precedentemente y continuando en la llamada Quinta Operacional de Fisherton, sita en la calle Calasanz N° 9100 de la ciudad de Rosario. En el momento del procedimiento Cecilia Barral estaba cursando un embarazo muy avanzado, considerándose muy probable que ella diera a luz en ese estado de cautiverio”.

Ante el caso planteado se ordenaron las pruebas pertinentes por parte del Juzgado. Quedó a cargo de la realización de la pericia el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ayer, se hizo presente en el Juzgado Federal N° 4 la directora del BNDG, quien presentó personalmente el correspondiente informe. De acuerdo con éste, se pudo determinar que “según los cálculos matemáticos estadísticos efectuados a partir de la información biológica obtenida de la investigación del polimorfismo del ADN en regiones microsatélites STRs, el padre alegado que se encuentra desaparecido y la madre alegada, quien también se encuentra desaparecida, tienen una probabilidad de parentalidad del 99,99 por ciento con respecto al perfil genético obtenido de la muestra hemática de la persona sometida a estudio”.

“Esto significa que la pareja de personas desaparecidas tienen la probabilidad porcentual indicada anteriormente de haber sido los padres biológicos del perfil genético obtenido”, concluye el fallo judicial.

martes, 5 de abril de 2011

La complicidad entre justicia y dictadura

Declaró el secretario de derechos humanos de la CGT Nacional

Para Piumato están dadas las condiciones para pedir el jury  de enjuiciamiento a Cosidoy. "Hay una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en su contra", remarcó.   
 Por José Maggi

"Laura Cosidoy visitaba a los detenidos que tenían causa federal en calidad de defensora federal. En esas visitas al Gringo Aloisio y el Tortuga Nassini -dos presos rosarinos que estaban en la cárcel de La Plata, junto al testigo de ayer-, ellos daban cuenta de la bajeza de la conducta de esta persona, que iba con vestimenta provocativa mostrando sus partes pudendas de manera de cautivarlos, y después sin ningún tipo de vergüenza les proponía que si ellos colaboraban y le daban información de lo que pasaba allí, podía interceder ante Galtieri". La descripción corresponde al testimonio que ayer brindó el secretario del Sindicato de Judiciales, Julio Piumato, ante el Tribunal Oral N 2 de Rosario, en el marco de la causa Díaz Bessone. El actual secretario de Derechos Humanos de la CGT, dejó en claro que están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy, "con la larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el jury en su contra". Para el dirigente de la CGT, lo más grave que hizo la jueza Laura Cosidoy es que "una vez terminada la dictadura tenía la "responsabilidad de denunciar las atrocidades cometidas, sin embargo su silencio demuestra hasta qué punto fue cómplice de la dictadura genocida".

El dirigente judicial agregó que la jueza era amiga del ex dictador, y que incluso se jactaba de "comer asados con otros represores en la Quinta de Funes", lugar donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura.

Estos elementos demuestran para Piumato la complicidad entre la Justicia y la dictadura, ya que al estar sometidos a juicio federal "eran los jueces y no Galtieri" los debían decidir la libertad o no de los presos.

Para Piumato están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy: "En esta oportunidad noté un cambio positivo en Rosario: yo hablo por terceros y en el marco de un jury esto puede ser objetado. Pero hoy me llevo una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el comienzo del jury a la jueza Cosidoy. Desde esta perspectiva me voy satisfecho, porque una vez desafectada de su rol en la justicia se podrá probar su complicidad con la dictadura".

El secretario de Derechos Humanos de la CGT fue ofrecido al Tribunal por la querella que representa el caso de Oscar Manzur, quien al momento de su secuestro era delegado gremial por la lista opositora del gremio de los trabajadores del Sanatorio Británico de Rosario, y que permanece desaparecido (ver aparte). La abogada querellante Gabriela Durruty solicitó al testigo que en su doble condición de víctima del terrorismo de estado (Piumato estuvo privado de su libertad desde el 76 al 82) y de secretario gremial explique por qué "el genocidio ocurrido en el país tuvo como principal objetivo a la clase trabajadora".

En su rol de dirigente gremial Piumato señaló: "Desde el 24 de marzo del 76, la represión estuvo fundamentalmente dirigida a delegados gremiales como el caso de Manzur, ya que se pretendió garantizar la implementación del programa económico de Martínez de Hoz. El objetivo era evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa, neutralizar, había estrategias de cooptación (comprar dirigentes y delegados) y cooperación, al que no lo hacía se lo eliminaba".

Ante una pregunta del fiscal Gonzalo Stara señaló: "Se prohibió el derecho de huelga, se cercenaron todos los derechos, hubo una persecución permanente y pública. No solo se congelaron los derechos colectivos, sino que a muchos dirigentes sin que se les demostrara nada fueron investigados sus bienes, fueron encarcelados y torturados. Hubo dirigentes que desde adentro trabajaron para cooptar dirigentes jóvenes, el caso de Jorge Triaca que estuvo conmigo y que decía que había que tener diálogo con los militares. La Ley de Contrato de Trabajo fue el punto más alto de cobertura de los derechos laborales, fue prácticamente diezmada".

Según repitió Piumato en su declaración sobre Cosidoy, Aloisio y Nassini eran "invitados a que colaboraran, que de ese modo ella se comprometía a interceder ante su amigo Galtieri para darles la libertad. Ellos no estaban a disposición del PEN sino del Poder Judicial Federal de Rosario, no se entendía qué tenía que ver Galtieri, a partir de eso he denunciado esto porque esa persona es camarista".

"A nosotros como organización sindical nos parece que no corresponde que sea así, las personas que han sido complacientes con la dictadura y que se han enterado -por su condición de defensora, en este caso-, de condiciones y atrocidades que nunca denunciaron ni en tiempo de dictadura ni en democracia deben responder", sentenció.