Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

jueves, 29 de julio de 2010

El juicio a Facino entra en su última etapa

Su rol en la maquinaria del terror

La querella pidió prisión perpetua y la Fiscalía 25 años de prisión por el secuestro, torturas y homicidio de Alicia López. "No se trató de un hecho aislado o sorpresivo", dijo el fiscal Suárez Faisal. Y ubicó a Facino como "autor mediato" del asesinato de Alicia.
Por Juan Carlos Tizziani

La acusación discrepó ayer con los pedidos de condena al ex jefe de la comisaría 4ª Mario Facino, acusado por el secuestro y asesinato de la docente y militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, en 1976. El Ministerio Público Fiscal pidió una pena de 25 años de prisión, pero la querella que representa a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue más a fondo y solicitó prisión perpetua. El juicio probó "la comunión ideológica" de Facino con la dictadura. "El compromiso de que la llamada 'lucha contra la subversión' debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley" lo transformó "en el perfecto colaborador" de la represión ilegal, dijo el fiscal Martín Suárez Faisal. Ahora, el próximo alegato será de la defensa, el 5 de agosto y el veredicto se conocería el viernes 13 de agosto.

El Tribunal escuchó dos alegatos: primero, el de la querella a cargo de los abogados de la Liga, José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, quienes acusaron a Facino por "genocidio" y le pidieron prisión perpetua. Y luego, el de los fiscales Suárez Faisal y Patricio Longo, quienes pidieron una condena de 25 años de prisión por los tres delitos de lesa humanidad que se le imputan al ex jefe de la 4ª: "privación ilegal de la libertad", "tormentos agravados" y "homicidio" y se unifique la pena con otra anterior a 20 años de cárcel que el Tribunal impuso a Facino en el juicio a Víctor Brusa.

La 4ª era un centro clandestino de detención dirigido por Facino, en 1976. "Era el eje del circuito represivo de Santa Fe", dijo Suárez Faisal. Y por lo tanto, el jefe "fue el responsable de la privación ilegítima de la libertad en condiciones infrahumanas de Alicia López y de su posterior fallecimiento en esa seccional".

"Si bien en este juicio no se acreditó que Facino le quitara la vida a Alicia López con sus propias manos, sí se probó con certeza que es el responsable penal de su muerte, que conocía los medios que se utilizaron para cometer el homicidio y que quiso y aceptó ese resultado", planteó el fiscal. "No se trató de un hecho aislado o sorpresivo. No existió la posibilidad de que Facino desconociera lo que estaba pasando en ese lugar porque la comisaría 4ª que él dirigía era un eslabón esencial en la estructura represiva de la dictadura en Santa Fe".

El fiscal fundó "la autoría y participación criminal" de Facino en "la teoría del dominio del hecho en un aparato organizado de poder", que sostuvo la Cámara Federal de Capital en la condena a las juntas militares, en 1984, confirmada luego por la Corte Suprema de la Nación. Y ubicó a Facino como "autor mediato" del asesinato de Alicia por su rol en la maquinaria del terror.

"Facino era el jefe de la comisaría y como tal tenía a su cargo a todos los detenidos en 1976. El tuvo el dominio de los hechos de los que fue víctima Alicia López, dirigía el centro clandestino de detención, tomaba las decisiones trascendentes, dirigía a todo el personal policial y controlaba que se cumplan el plan sistemático planificado por los mandos militares", agregó.

El fiscal dijo que el "motivo" que llevó a Facino a "delinquir" fue su compromiso con la dictadura. "La convicción de que la llamada 'lucha contra la subversión' debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley. Esa comunión ideológica con el plan sistemático trazado por los altos mandos militares, que no se encontró en otros funcionarios policiales, transformó a Facino en el perfecto colaborador para que las fuerzas armadas y de seguridad con sede en la zona adjudicaran a la comisaría 4ª que él dirigía las funciones de centro clandestino de detención".

A eso se agregó "su ambición de escalar posiciones dentro de la Policía de la Provincia" para lo cual "debía demostrar" a los mandos militares "lo que era capaz de hacer en pos de los fines sostenidos por la dictadura. Es decir, se valió de los resultados de sus delitos para adquirir 'prestigio' ante quienes tenían en aquel momento el poder de decidir designaciones policiales".En diciembre de 1976, ascendió a "jefe del Comando Radioeléctrico. Después, asumió como jefe de la Agrupación Cuerpos. Y luego "quedó a cargo varias veces de la Jefatura de la Unidad Regionl I, siempre durante la peor parte de la dictadura". Una prueba del ascenso de Facino durante la dictadura es una felicitación que consta en su legajo, el el 18 de febrero de 1978, por "el inestimable gesto de patriotismo puesto de manifiesto oportunamente". "Es una nota muy ilustrativa", dijo el fiscal porque la firma el ministro de Gobierno de la provincia, Eduardo Máximo Sciurano, "el mismo que estuvo varias veces a cargo del Poder Ejecutivo y estuvo perfectamente al tanto de los hechos el mismo día del secuestro de Alicia López, al punto que ordenó que un móvil del mismo Comando Radioléctrico que luego dirigiría Facino, se constituya en el lugar para asegurar que no hubiera ninguna equivocación en el operativo que perjudique a una familia amiga".

"Todo esto hecha por tierra el tenor de las declaraciones de Facino durante el juicio, cuando quiso mostrarse como un policía opositor al régimen militar", concluyó Suárez Faisal.

DETENCION

Integrantes del Espacio Juicio y Castigo insistieron ayer con la detención de los acusados por la causa Díaz Bessone. En ese marco, ayer entregaron un nuevo petitorio de revocación de la excarcelación para los seis acusados, al Tribunal Oral Federal de Rosario. "El miedo es porque hay aparatos que siguen funcionando. Por eso exigimos que se haga efectiva la prisión", apuntó Liliana Gómez, una de las querellantes de la causa. Al mismo tiempo, en una segunda solicitud entregada ayer, exigieron que los familiares puedan ingresar con la foto de los desaparecidos y que se respete el formato de juicio oral y público. "Obviamente, hay prioridades para las madres y familiares, pero si la sala no se llena de esa manera, que dejen ingresar a quienes deseen presenciar las audiencias", resumió Luciana Polola sobre uno de los argumentos del pedido.

miércoles, 28 de julio de 2010

El tribunal federal no quiso recibir a organismos de derechos humanos

Juicio a genocidas en rosario

Organizaciones de derechos humanos, en el marco del segundo juicio contra represores de la dictadura, hicieron pública su “molestia” porque no fueron recibidos por el tribunal, y anunciaron que “este jueves a las 11 volveremos a hacer el intento de entregar nuestro petitorio para que se detenga a los represores que están siendo juzgados y en reclamo de que los familiares puedan ingresar con la foto de los desaparecidos”.

Durante la jornada de este martes el Tribunal Oral federal Nº 2 de Rosario continuó leyendo las acusaciones contra los seis imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía local. Pero el dato saliente del día estuvo marcado por la bronca de testigos y organismos de derechos humanos, integrantes del espacio Juicio y Castigo Rosario (JyCR), que intentaron entregar un petitorio al TOF 2 y no fueron atendidos.

Por medio de un comunicado de prensa, JyCR informó que “una delegación del espacio Juicio y Castigo, integrada por testigos, querellantes, representantes de APDH, Familiares y organizaciones sociales y estudiantiles fuimos a las dos de la tarde, en el receso de la audiencia, a entregar el petitorio, pedimos hablar con la secretaria del tribunal Silvina Andaláz, quien en una reunión anterior nos había dejado su teléfono y solicitado que le llevemos por escrito nuestro pedido, pero no nos atendió los numerosos llamados”.

Desde JyCR ampliaron que “luego de dar muchas vueltas y discutir con los gendarmes nos terminaron diciendo que no nos podían atender, que volvamos a las 16.30, horario en el que se había anunciado retomaría la audiencia, por lo que entendimos que tampoco nos iban a atender, porque lógicamente estarían todos en la audiencia”.

Los integrantes de JyCR manifestaron su “profunda molestia y bronca por el ninguneo con que se trata a las víctimas, a los organismos de derechos humanos y al reclamo legítimo de portar las fotos de los desaparecidos”, e indicaron que este jueves a las 11 volverán al tribunal para presentar dicho petitorio.

Desde JyCR explicaron que “luego de dar muchas vueltas y discutir con los gendarmes nos terminaron diciendo que no nos podían atender, que volvamos a las 16.30, horario en el que se había anunciado retomaría la audiencia, por lo que entendimos que tampoco nos iban a atender, porque lógicamente estarían todos en la audiencia”.

La audiencia del martes

La secretaria del tribunal, Silvina Andaláz, continuó este martes con la lectura de los cargos contra el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex oficiales de policía José Rubén Lofiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Scortechini; y el civil Ricardo Miguel Chomicky.

A los imputados se los acusa de privación ilegítima de la libertad, con agravantes dados por el uso de violencia y amenazas sobre las víctimas y por haber durado más de un mes en algunos de los casos, con tormentos tipificados por considerar que las víctimas eran perseguidos políticos.

Díaz Bessone y Lofiego también están acusados de cometer homicidios, donde el agravante está dado por alevosía, por concurrencia de dos o más personas en el hecho y por ocultar delitos. A todos los acusados se les imputa el delito de asociación ilícita.

Según los cálculos de las querellas por este centro clandestino de detenciones pasaron entre 1.800 y 2.000 detenidos políticos. El juicio fue elevado a su instancia oral y pública por sólo el 5 por ciento de los delitos denunciados en el SI. El proceso cuenta con 170 testigos de los crímenes sufridos por 91 personas, de las cuales 17 continúan desaparecidas.

  p/ESPACIO JUICIO Y CASTIGO ROSARIO
Publicado en Redacción Rosario

MADRE EN EL JUICIO : Herminia, presente

Por Sonia Tessa

La Madre de Plaza de Mayo, Herminia Severini (en la foto), se sentó ayer con el pañuelo blanco en la cabeza, como siempre, en la primera fila de la sala de audiencias donde se desarrolla el juicio contra Ramón Genaro Díaz Bessone, más conocido como causa Feced. Más tarde, en el cuarto intermedio del mediodía, diría que al escuchar los hechos que se relatan durante las requisitorias de elevación a juicio sintió escalofríos, como si hubiera tenido una "ametralladora en la panza?. Herminia no falta a las audiencias. "¿Qué querés, que me quede en casa", dice con una sonrisa que ilumina su cara llena de arrugas, siempre con el prendedor que recuerda a su hija desaparecida Adriana María Bianchi puesto en la solapa de su ropa. La secretaria Silvina Andalaz continuó ayer por la mañana con la lectura de la requisitoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que estuvo representada en la audiencia por el abogado Gonzalo Armas. Luego de una pausa, comenzaron a leer la acusación elaborada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, otra de las querellas.

En este punto, la lectura de las requisitorias vuelve sobre los hechos ya descriptos ante el Ministerio Público, ya que cada querella formula sus propias acusaciones. Fue por eso que anteayer, por la tarde, la abogada Ana Oberlin, también representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió que no se leyeran los cargos contra Ricardo Chomicky durante esa requisitoria, ya que el organismo nacional había desistido de acusarlo. Esa decisión tiene más de dos años, y lleva la firma del propio Eduardo Luis Duhalde. La solicitud de la profesional generó un murmullo en la sala, especialmente de parte de los sobrevivientes, ya que muchos están convencidos de acusar a quienes fueron sus antiguos compañeros pero luego actuaron como verdugos.

El Tribunal Federal Oral número 2 integrado por Beatriz Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, esta semana a cargo de la presidencia, siguió escuchando ayer las requisitorias de elevación a juicio contra Ramón Genaro Díaz Bessone y José Rubén Lo Fiego (ambos acusados de homicidio agravado), así como Mario Marcote, José Antonio Scortecchini y Ramón Rito Vergara, los tres por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos. En todos los casos por asociación ilícita. Depende de la querella, también se leen las acusaciones contra Chomicky. La sala estuvo silenciosa, con escaso público.

Afuera, la mañana de sol invitaba a tomar mates con unas porciones de pasta frola llevadas por militantes del Espacio Juicio y Castigo que hacen el aguante a los testigos y querellantes. Entre otros, ayer estaban los querellantes de la causa Guerrieri, Ramón Verón y Juan Rivero.

Uno de los mates lo tomó Esteban Mariño, testigo y querellante de la causa Feced, que fue secuestrado en junio de 1976, con apenas 18 años y estuvo algunos días en el Servicio de Informaciones, para luego ser trasladado a una cárcel. Salió en libertad a fines de 1982, luego de pasar por la Unidad 3 de Rosario, Coronda, Caseros, Rawson y La Plata. Durante meses lo tuvieron sin causa alguna, aunque en 1980 le hicieron una acusación formal. Desde el mismo día que salió en libertad volvió a militar, desde entonces para activar la causa Feced. Se presentó en la justicia provincial en marzo de 1984, en una segunda tanda de sobrevivientes que se animaron a pedir la persecución penal de los represores. "Tengo sensaciones encontradas, una alegría por tenerlos en el banquillo de los acusados, pero también tristeza por todo el tiempo que pasó", afirmó mientras la audiencia se reanudaba, antes de ingresar a escuchar el desarrollo del juicio.

Mariño quiso ser claro, además, en la caracterización política del proceso penal. "Haber logrado sentarlos en la iniciación de un juicio donde se va a ventilar todo lo que pasó es muy importante después de tantos años de lucha, de haber pasado por cosas como la declaración ante la Conadep, el Juicio a las Juntas, la presentación en los Tribunales provinciales, haber tenido que soportar el robo en esos tribunales, las leyes de obediencia debida, punto final e indulto. Lograr sentarlos al banquillo para que se difunda el horror que se vivió en los lugares donde ellos eran los dueños de la vida y la muerte es muy importante", apuntó el testigo, quien reflexionó que el paso del tiempo cambió también sus aspiraciones. "En una época queríamos que los represores se murieran de algo, ahora queremos que vivan para comerse la prisión perpetua", expresó.

Para Mariño, el juicio es posible porque el modelo económico instaurado en 1976 estalló en 2001, y eso permitió que comenzara otro proceso poítico. "No fue sólo por la lucha acumulada, sino también por la decisión política de un sector concreto. Sin la decisión del estado nacional, esto no sería posible", continuó el testigo. Claro que Mariño no se conforma con el proceso a los ejecutores del plan sistemático de represión ilegal, también quiere que se enjuicie a los responsables económicos e ideológicos del proceso que tomó el poder violentamente en la Argentina el 24 de marzo de 1976.

lunes, 26 de julio de 2010

El testimonio de sobrevivientes, querellantes y testigos

"Es doloroso volver a escuchar lo padecido"
   
El sol entibiaba ayer al mediodía la vereda de Oroño al 900, donde algunos sobrevivientes, querellantes, testigos y antiguos compañeros de militancia tomaban mates acompañados por familiares y amigos. Era el cuarto intermedio de la segunda audiencia del juicio oral y público de la antigua causa Feced. "Es muy doloroso para nosotros escuchar decenas de veces lo que hemos padecido cuando éramos jóvenes y adolescentes. En 1984 presentamos el primer escrito, un grupo de detenidos", rememoró Marta Bertolino. Aquella primera presentación se realizó frente a la Justicia provincial, y fue elaborada por una de las detenidas, Olga Cabrera, quien fue clave para que hoy el juicio pueda realizarse.

Por su parte, otra de las querellantes, Azucena Solana, manifiesta su impotencia y su bronca. "En los casos de algunos compañeros, como Ruth González, hay testigos que vieron que la subió José Lo Fiego en el traslado del que jamás volvió. El sabe dónde los llevó y no lo dice", expresa su bronca. También subraya el valor del juicio. "Significa un impacto, porque es llegar a un momento postergado, que empieza a atravesar instituciones y encontrar sanción social. Creo que es una cuestión de salud mental y crecimiento político colectivo", apunta sobre el juicio.

En la conversación se mezcla la impunidad que tuvieron los represores durante la democracia, y cómo en 1997, cuando se elaboró el informe sobre los miembros de las fuerzas armadas que habían participado del terrorismo de Estado, el entonces ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, tomó la decisión política de exonerarlos.

En ese punto, Bertolino vuelve a los efectos de la impunidad. "Desde aquel entonces, hace casi 30 años, nosotros fuimos incorporándonos a empleos, estudiamos, estuvimos en círculos sociales, pero de esto no se hablaba. Nunca fuimos reconocidos", indica la psicóloga, también querellante de la causa. Solana aporta lo suyo: "Se hizo 'como si' no hubiera pasado nada. Y en nuestra vida hubo huellas muy concretas de la dictadura. Heridas, compañeros que no están...". Vivono asiente en esa conversación. Todos recuerdan, además, a una de las víctimas que no llegó al juicio, ya que murió en estos años. Eduardo Nassini, el Tortuga, fue uno de los batalladores de la causa que entonces llevaba el nombre de Feced. "Cuando se secuestró todo el material que se encontraron en las dos casas operativas de los grupos de tareas, en 1984, él acompañó al juez Francisco Martínez Fermoselle. Me acuerdo como si fuera hoy cómo tenía los ojos abiertos al recordar todo el material que se había encontrado, restos de botines de guerra y documentación impresionante, una parte de la cual fue robada en 1986 de los Tribunales provinciales", recuerdan Vivono y Bertolino.

Para la psicóloga Lilian Milicich, testigo de la causa como profesional, el juicio abre además la posibilidad del duelo a los sobrevivientes. "Como ciudadana siento que es un acontecimiento histórico, pero también tiene el valor de posibilitar el duelo", afirma, al tiempo que manifiesta el "clima de cierta tensión" que se vive en la audiencia, "dada la proximidad de quienes fueron actores de la represión y quienes fueron torturados. Sólo los separa un vidrio".

Argumentos para enjuiciar contudentemente a Diaz Bessone y otros

La lectura de las situaciones vividas

Díaz Bessone fue el máximo responsable de la represión ilegal en la región y Lo Fiego conducía las sesiones de tortura.

 Por Sonia Tessa

Eduardo Seminara fue secuestrado el 2 de septiembre de 1976 cuando cumplía el servicio militar en Azul. Lo trasladaron al Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, en San Lorenzo y Dorrego. Allí lo ataron, lo desnudaron, lo quemaron, le hicieron el submarino y le aplicaron picana eléctrica en todo el cuerpo. El ahora vice rector de la Universidad Nacional de Rosario fue entrevistado después de los tormentos por "Archie", un represor que conocía su vida al dedillo. José Antonio Scortecchini -uno de los imputados en la causa Díaz Bessone- le sugirió que no se hiciera reventar por la picana. El integrante de la patota y el prisionero habían sido amigos durante cuatro años, entre los 13 y los 18, de modo que apenas escuchó la voz, Seminara pudo identificarlo como uno de sus torturadores. Esta fue una de las tantas situaciones que se leyeron ayer, como parte de la requisitoria de elevación a juicio oral del Ministerio Público, que elaboró el entonces fiscal Ricardo Vázquez. Sobre Ramón Genaro Díaz Bessone se planteó que en su carácter de Comandante del II Cuerpo de Ejército, entre febrero de 1975 y octubre de 1976, fue el máximo responsable de idear y ejecutar el plan sistemático de represión ilegal en la zona. José Lo Fiego era quien conducía las sesiones de tortura y el encargado de garantizar que los prisioneros no murieran en esa situación. En tanto de Ricardo Chomicky, se remarcó que fue colaborador civil en la represión ilegal, al participar de sesiones de tortura y secuestros.

Es impactante escuchar los terribles momentos vividos por personas que se conocen desde hace años. Lo será aún más en la etapa de testimonios, pero aún en el lenguaje tribunalicio, resulta escalofriante la lectura de un mero sumario de las situaciones vividas. Les pasa también a amigos y compañeros. Cuando la secretaria Silvina Andalaz leía el "caso 80", de Azucena Solana, al lado de la propia víctima y querellante estaba sentada Alejandra Manzur, hija del desaparecido Oscar Manzur y de la sobreviviente Marta Bertolino. La joven no pudo evitar el llanto. Azucena la abrazó y le dijo: "Gracias por llorar por mí".

Uno de los aspectos más peculiares del juicio es la acusación a Ricardo Chomicky (junto a su esposa, Nilda Folch, que se encuentra prófuga y por lo tanto no puede ser juzgada), como colaboradores civiles en la represión ilegal. Los dos llegaron secuestrados al Servicio de Informaciones. Chomicky argumentó en su defensa, en una declaración anterior, que había sido torturado sistemáticamente.

El escrito de Vázquez dedica un párrafo a ese punto. "Los casos de ambos presentan la particularidad de haber sido víctimas iniciales del plan represivo. Ni haber brindado información ni haber realizado tareas menores son motivo de reproche penal. No se reprochan de parte del Ministerio Público las actitudes motivadas por el plan sistemático de represión. El reproche es la participación activa de los mismos en delitos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y muertes", dice el texto de la requisitoria, después de recoger distintos testimonios sobre la presencia de Folch y Chomicky en sesiones de tortura y secuestros.

De hecho, la requisitoria toma dichos del propio interventor de la policía provincial durante la dictadura, el fallecido Carlos Agustín Feced, quien declaró en 1984 frente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Allí afirmó que Folch le recordaba a su hija, y por eso la "protegió", al tiempo que tramitó la libertad de la pareja. Feced dijo también haberles proporcionado documentos falsos y haberlos ayudado a cambiar su aspecto una vez liberados. Incluso, fue padrino del casamiento entre Folch y Chomicky.

Al terminar los 87 casos, comenzó el capítulo de la requisitoria destinado a los acusados. Sobre Díaz Bessone, se planteó su poder de decisión, dado que todas las fuerzas fueron puestas bajo la órbita del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

Lo Fiego, alias "El Ciego", dijo en alguna indagatoria de la etapa de instrucción que las órdenes para combatir a lo que ellos llamaban "la subversión" fue transmitida oralmente por Díaz Bessone, en marzo de 1976. También afirmó que el destino de los prisioneros nunca era determinado por la policía, sino que respondían a órdenes del Comando.

A Lo Fiego, gran cantidad de testimonios lo señalaron como la persona encargada de aplicar los tormentos y regularlos de manera que no acabaran con la vida de los secuestrados. Por eso, otro de sus apodos era "doctor Mengele". También fue el responsable de los "traslados" de personas que continúan desaparecidas. También se lo acusa de haber redactado los informes que se elevaban al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

Mario Marcote, Ramón Rito Vergara y Scortecchini también fueron acusados como efectivos policiales, de acuerdo con diferentes testimonios de sobrevivientes, por participación en secuestros y tormentos. En esos casos, quedó planteado que se intentaron fraguar las verdaderas tareas en el área de Inteligencia de la fuerza, dado el carácter clandestino de la represión ilegal.

viernes, 23 de julio de 2010

"Yo soy un preso político", manifestó el represor Mario Facino


El Tribunal cerró el período de pruebas en el juicio al ex jefe de la comisaría 4ª por el homicidio de Alicia López, en 1976.

Por Juan Carlos Tizziani

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe cerró el período de pruebas en el juicio al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, acusado por el secuestro y el homicidio de la docente y ex militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, en 1976. Facino ya fue sentenciado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad y ahora corre el riesgo de sumar una condena mayor. Así que ayer aprovechó sus últimas palabras ante los jueces para defenderse: tiró la responsabilidad en la cadena de mandos, admitió que la comisaría era un enclave donde operaban los grupos de tareas, pero dijo que él "no tenía competencia" sobre los detenidos políticos. "Yo desconocía la presencia de esa mujer, como desconocía la presencia de todos los presos que estaban ahí. A mi me quitaron el mando de ese sector", se desligó. Y fue más allá en el descargo: "Yo nunca maté a nadie. Y nunca, nadie me ordenó matar", dijo. La audiencia se reanudará el 29 de julio con los alegatos de la querella, el Ministerio Público y la defensa y el veredicto se conocerá en los primeros días de agosto.

Facino habló durante una hora ante los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez. Descalificó a los testigos que vieron con vida a Alicia López en los calabozos de la 4ª y sobre todo al que más lo compromete: Raúl Pinto, quien aseguró ante el Tribunal que él vio a su compañera de celda inerte en el piso y creyó que estaba muerta. "Pinto miente", se defendió Facino.

Sin embargo, después consideró "creíble" el testimonio de otro detenido político, Eduardo Almada, quien reveló que Alicia fue sacada de la 4ª a fines de noviembre o principios de 1976 por uno de los jefes del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Nicolás Correa, un suboficial del Ejército que se recicló en la democracia y fue asesor de seguridad del ex gobernador Jorge Obeid, entre 1995 y 1999.

"Una de las declaraciones que me parece creíble es la de Almada", dijo Facino. "¿Por qué digo esto? Porque da detalles que no puede inventar. Dice lo que vio. Es creíble". Almada era otro de los compañeros de celda de Alicia López, la veía cuando la llevaban al baño y caía desmayada. Y relató que "a fines de noviembre o principios de diciembre de 1976", Correa la vino a buscar, se la llevó y "jamás la volvimos a ver". "La sacó una tarde personalmente y no volvió más", dijo. La declaración de Almada fue incorporada ayer por lectura en el juicio porque falleció hace algunos años en un accidente.

Facino agitó el vínculo entre Correa -a quien no mencionó por su nombre y Obeid para atacar al ex gobernador, a quien llamó "montonero traidor". Correa -ya fallecido era el segundo del ex subsecretario de Seguridad Pública de Obeid, el teniente coronel José Bernhard, quien "participó activamente en el Ejército. Y Bernhard, el nexo entre Obeid y el Ejército".

"Esto tiene una parte política que voy a demostrar. A mi me metieron preso cuando era presidente de la comuna de San José del Rincón. En 2004, volví a ganar las elecciones pero no pude terminar el mandato en 2005 porque un día apareció la Policía Federal y desde ese momento estoy preso hasta ahora y no sé hasta cuándo. Y en esa parte política tuvo mucha influencia Obeid", insistió Facino.

La presidenta del Tribunal reaccionó: "Yo no quiero menoscabar su derecho de defensa. Pero le pido por favor que trate de acotar esto a los hechos de la causa", le pidió la doctora Vella.

Yo soy un preso político, no tenga la menor duda -se quejó Facino. "Obeid fue un traidor toda su vida. Ese señor tendría que participar alguna vez en estas causas".

Ya muy nervioso, Facino sacó una carpeta con papeles que intentó exhibir ante el Tribunal. "Eso no tiene nada que ver con este juicio. Guarde eso", lo cortó el juez Escobar Cello.

Es importante que la gente conozca -se quejó el imputado.

¡Hagalo conocer por otros medios! ¡No, en esta audiencia! -lo retó Escobar Cello.

¿Los recortes periodísticos sobre la comuna de Rincón tampoco?

No. Todo lo que quiera hacer conocer sobre hechos que no tienen que ver con esta causa tiene otras formas de darlos publicidad. No utilice esta audiencia para manifestaciones sobre cuestiones que no tienen que ver. Usted está imputado por determinados hechos -le recordó la jueza Vella.

Facino volvió entonces a tirar de la cadena de mandos. "Los presos del Ejército todos, sin excepción, entraban por la cochera y los llevaban directamente a las celdas". Después, se quejó porque era el único imputado en la causa. "Ninguno de esos está preso". Y el otro que quién debería compartir el banquillo -Correa está muerto. Y agregó: "Nosotros éramos policías, jamás anduvimos de civil, nunca. Siempre con el uniforme policial y con cosas identificables. No, como andaban los patoteros, esos de la famosa patota. ¿Alguien cree que si yo supiera quién era esa gente no lo hubiera dicho? Por favor", se lamentó.

Y cerró con sus últimas palabras. "Nunca nadie me mandó matar a nadie. Ni nunca me enteré que en la comisaría 4ª hubiera alguna persona que me haya ordenado matar a alguien porque no lo iba a hacer", dijo. "Nunca recibí una orden de matar. Porque además, si la recibía, no la iba a cumplir y seguramente no estaría acá. Yo era un oficial jefe de la Policía que si llegaba a hacer esas cosas no estaría acá. Pero felizmente nunca me dieron esa orden".

miércoles, 21 de julio de 2010

Una tarde de reencuentros

LA ACTIVIDAD FRENTE A TRIBUNALES DESPUES DEL INICIO DEL JUICIO
En un escenario montado en el cantero central de boulevard Oroño se realizó el acto central de los organismos de derechos humanos. Hubo discursos, y una bicicleteada que unió distintos puntos de la ciudad donde desaparecieron militantes.

Por José Maggi

Después del mediodía, el centro de atención de la primera jornada del juicio "Díaz Bessone", se trasladó a la calle, frente al tribunal. En contraste con la mañana cuando los militantes centraban su atención en los rostros de los seis represores, sus actitudes y gestos, la tarde fue de reencuentro. Un bicicleteada que unió distintos puntos de la ciudad donde desaparecieron militantes y un acto en el corazón mismo del boulevard Oroño, marcó la tarde, que cerró con el humo de las hamburguesas cocinadas con el murmullo de fondo que traía el aparato de televisión fruto de la lectura de la requisitoria de elevación a juicio que hasta las 20, hacían sumado 63 casos.

Para el militante Héctor "Chinche" Medina "la actitud de los represores juzgados es realmente de cobardes, es nefasta, ya que salvo Díaz Bessone que levantó su rostro como diciendo 'acá estoy yo el general sáquenme la foto' los demás ocultaban sus rostros. Esto es coherente con lo que hacían en la dictadura cuando se ponían la capucha para reprimir. Hoy no se la pudieron poner, pero se tapaban la cara con la mano, se agachaban para evitar los flashes, tratando de que la sociedad no viera sus rostros que son verdaderamente la cara de la muerte y de la tortura".

El "Chinche" se refería a la actitud de Ramón Rito Vergara, y de "Archie" Scortecchini, quienes trataban de ocultarse. "Vergara estaba prácticamente doblado en dos, metido dentro de su abrigo, igual que Archie que se tapaba la cara con sus manos". Sin embargo el Cady Chomicky también tuvo a la actitud de ocultarse. Para Medina no hay dudas acerca de la calificación hacia los actos que cometió, más allá de la polémica que pueda instalarse al ser un detenido que terminó en el otro bando. "Para Familiares, Chomicky es un colaborador de la represión y un miembro de los servicios, porque una cosa es aquel compañero que se quebró y cantó en la tortura. Para nuestra organización es un asesino más y se merece la misma pena que el resto".

En tanto para Juane Basso de Hijos, la jornada fue "muy intensa" ya que comenzó con una radio abierta, y que se continuó con una bicicleteada denominada Caravana por la Memoria, donde se identificaron siete lugares ubicados en el centro de Rosario, desde donde secuestraron a víctimas de la represión, y cuyas desapariciones están siendo juzgadas en esta causa. La bicicleteada partió a las 14.30 desde el edificio de Oroño al 900 para unir varios puntos: como España y Salta, Presidente Roca y 3 de Febrero, Moreno al 1000 y al 1100. "La idea fue señalar las casas donde quizás hoy viva gente que no sabe que desaparecieron personas, o tal vez en el edificio de al lado", agregó.

A las 17 tuvo lugar el acto central, en un escenario montado en el cantero central de boulevard Oroño desde donde hicieron sentir su voz Herminia Severini, Juan Pablo Bustamante, Marina Destéfani (la hija de Silvia Suppo), Luis Cuello, Laura Ferrer, Esteban Mariño, Alfredo Vivono, entre otros. Basso rescata "la actitud aquellos compañeros que fueron los protagonistas hace tantos años, y hoy tienen la valentía de estar frente a sus verdugos, y verlos a los ojos para decirles todo lo que pasaron para que tengan una condena".

La hija de Suppo, presente

La hija de Silvia Suppo, sobreviviente de la dictadura militar y testigo clave de la causa Brusa, asesinada el 29 de marzo pasado, estuvo ayer en Rosario apoyando el inicio de la causa Díaz Bessone. Marina Destéfani consideró importante "acompañar y solidarizarnos con las causas de derechos humanos y apoyar todo lo que tenga que ver con derrocar la impunidad, que no se construyó sólo durante la dictadura sino que se alimentó durante la democracia también".

Sobre la causa por el asesinato de su madre, Marina subrayó que no existen antecedentes de un crimen de estas características en Rafaela. En los últimos días, la causa no avanzó por la feria judicial, y ahora los hijos de Suppo esperan el resultado de una segunda autopsia, que permitirá dilucidar la mecánica del crimen. Marina recordó su enojo con el funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos Jorge Pedraza, quien descartó el móvil político. "Después tuvimos la visita del gobernador (Hermes) Binner en Rafaela, que aclaró el panorama, pero en un principio la versión oficial era que la policía había actuado bien, que se trataba de un delito común. A nosotros nos parece que la investigación todavía está abierta. Incluso hay pruebas de que la policía no actuó eficientemente. La historia política de mi madre y la conveniencia de que ella calle son factores para dejar la puerta abierta a otras hipótesis".

Lo que pasó en el Servicio de Informaciones

En un principio se conoció como causa Feced, es la más voluminosa y concentra a figuras clave de la represión ilegal. En este juicio se ventilará lo ocurrido en la ex Jefatura de Policía de Rosario, por donde pasaron casi 2000 personas.
Por Sonia Tessa

Ramón Genaro Díaz Bessone, un irreconocible José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, José Antonio Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Miguel Chomicky escucharon ayer, en el banquillo de los acusados, algunos de los delitos por los que serán juzgados. Sólo Díaz Bessone cumple prisión domiciliaria. El resto transcurrirá el juicio en libertad. Mientras tanto, varios querellantes reciben sugestivas llamadas de un supuesto cementerio de Funes, que les aseguran que ganaron una parcela a perpetuidad. La sofisticada amenaza da cuenta del peligro que significa esta situación para los casi 200 testigos que pondrán el cuerpo durante los próximos meses con el objetivo de esclarecer la represión ilegal en la zona. Unicamente Chomicky, un civil que ingresó secuestrado y colaboró en secuestros y torturas, hacía gestos mientras decía que no con la cabeza cuando la secretaria del Tribunal Oral Federal, Silvina Andalaz, leía las acusaciones del requerimiento de elevación a juicio. El resto estaba imperturbable. Incluso, Díaz Bessone se durmió en algunos tramos. Esta semana, Beatriz Barabani presidió el tribunal integrado también por Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, así como José María Escobar Cello como conjuez. Para el público sentado en la sala, la situación fue conmovedora. Ana María Moro, testigo y querellante, rompió en un llanto desesperado cuando se relataron los hechos de los que fue víctima su hermana gemela, Miriam. Lo mismo le ocurrió a Josefina La Tana González, cuando escuchó lo vivido por su madre Ruth, junto a ella, que era una beba de 5 meses y su hermana de 3 años.

Ana Moro estuvo también secuestrada en el servicio de Informaciones, junto a su compañero, Juan Cheroni, quien ayer le acariciaba el brazo mientras ella se tapaba la cara llena de lágrimas. Militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticos desde la misma dictadura, para Ana, nada de lo escuchado allí sobre los 9 impactos de bala que recibió el cuerpo de su hermana fueron una sorpresa. El valor se lo dio que se estuviera leyendo frente a algunos acusados, en la instancia de un juicio oral y público. Algo similar atravesó "la Tana", secuestrada junto a su hermana Marina y su mamá, Ruth, que fue asesinada. Ayer a la mañana, en la primera jornada, se leyeron los hechos de los que fue víctima cuando era una beba, junto a su hermana y su mamá. "La Tana" estuvo secuestrada en el Servicio de Informaciones, y sufrió golpes de la patota de Feced, una tortura dirigida a quebrar la voluntad de Ruth. También militante de los organismos de derechos humanos, es difícil que "la Tana" llore al contar su historia. Pero ayer no pudo evitarlo. "Entendí a la gente que se emociona cuando me escucha, hasta ahora no me había pasado", dijo al salir de la sala.

El juicio que comenzó ayer es histórico. Su principal imputado, Díaz Bessone, fue una figura clave de la dictadura, aunque sea menos célebre que su sucesor en el cargo, Leopoldo Fortunato Galtieri. El nombre y la cara de Díaz Bessone no son tan conocidos como los de Jorge Rafael Videla o Alfredo Astiz, pero el hombre de 84 años que ayer estaba sentado en el banquillo de los acusados fue el Comandante del II Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976, cuando fue designado como ministro de la Nación de la dictadura militar. Desde el Comando ideó la represión en seis provincias. En ese puesto lo sucedió Galtieri a quien no se puede juzgar porque ya murió. Como al interventor de la policía provincial, Agustín Feced y a varios acusados por los delitos que comenzaron a juzgarse.

El segundo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en la región es el más voluminoso y concentra a figuras clave de la represión ilegal. Se conoció como causa Feced, y vino motorizado desde 1984 por ex prisioneros políticos, aunque sufrió los avatares políticos de las leyes de punto final y obediencia debida. Cuando lo elevó a juicio oral, el Tribunal le cambió la carátula al considerar a Díaz Bessone el máximo responsable de la represión en la zona, mientras estuvo al frente del comando. En este juicio se ventilará lo ocurrido en el Servicio de Informaciones, el centro clandestino más importante de la provincia, por donde se estima que pasaron entre 1800 y 2000 personas.

Lo Fiego, lugarteniente de Feced y acusado por más de 60 delitos de lesa humanidad, está pelado. Según la resolución de la Cámara de Casación Penal y una más reciente del Tribunal Federal Oral número 2, él y los otros cuatro acusados transitarán el juicio en libertad. El lunes pasado, las dos querellas presentaron un nuevo pedido para apresar a los represores durante el transcurso de las audiencias, pero aún no recibió respuesta.

Para el primer día del juicio dijeron presente, como lo habían hecho en la causa Guerrieri, la vicegobernadora Griselda Tessio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, así como la Secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta. El resto de la sala estaba ocupado por testigos y querellantes. Cuando entraron del brazo Gustavo de Vicenzo y su abuela, Noemí, Madre de la Plaza 25 de Mayo, parecía estar presente -de manera simbólica, claro Roberto, cuyos restos fueron identificados recientemente. "Por fin voy a ver la justicia, después de tantos años de lucha", se esperanzó la infatigable Madre, próxima a cumplir 83 años.

Afuera de la sala, la fría mañana de ayer encontró a testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y el amplio abanico de organizaciones congregados en el Espacio Juicio y Castigo haciendo el aguante en el cantero central de bulevar Oroño, mientras en la sala de audiencias se acomodaban los imputados, y luego comenzaba el juicio propiamente dicho. Una radio en vivo conducida por Carlos del Frade daba la bienvenida a las Madres, Noemí de Vicenzo y Chiche Massa, como así también a Iris Avellaneda, la mamá del Negrito, desaparecido de la provincia de Buenos Aires. Del Frade recordó también que ayer se cumplieron 24 años de la muerte oficial de Feced. Una investigación suya demostró que 2 años después, el jerarca de la policía provincial seguía vivo. Y lo confirmó el propio nieto del represor, Agustín Feced, que tiene serias dudas de ser hijo de desaparecidos, y milita en organismos de derechos humanos.

La radio fue además un espacio para que hablaran querellantes e integrantes de todas las organizaciones presentes. Mientras tanto, Freddy Sciarratta y André Nunez, de El Movimiento, pintaban un mural que representaba a los represores con una lápida, asustados, y las Madres, así como los organismos, reclamando justicia. Entre los rostros estaba el de Eduardo Nassini, uno de los querellantes de la causa Feced que falleció hace unos años, como consecuencia de un cáncer. "El Tortuga", le decían, y sus compañeros quisieron recordarlo ayer. El lienzo estaba terminado al mediodía, justo cuando los integrantes del espacio Juicio y Castigo comenzaron la bicicleteada por lugares donde se produjeron algunos de los secuestros de militantes que comenzaron a juzgarse. Al mediodía, hubo hamburguesas, hechas en una pequeña parrilla servidas entre otras, la sobreviviente Olga Moyano.

Los acusados y los cargos
     
* Ramón Genaro Díaz Bessone: Acusado de 11 homicidios, privación ilegítima de la libertad contra 51 personas.

* José Rubén Lo Fiego: Acusado por un homicidio, privación ilegítima de la libertad de 51 personas y aplicación de tormentos a 40.

* Mario Alfredo Marcote: Acusado de privación ilegítima de la libertad a 27 personas, y aplicación de tormentos a 19.

* Ramón Rito Vergara: Acusado de privación ilegítima de la libertad a 16 personas, y aplicación de tormentos a 4.

* José Carlos Antonio Scortecchini: Acusado de privación ilegítima de la libertad a 8 personas, y aplicación de tormentos a 19.

* Ricardo Miguel Chomicky: Ingresó como prisionero al Servicio de Informaciones. Está acusado de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos.

martes, 20 de julio de 2010

Comienza el juicio a Diaz Bessone y a ex policías. Los represores imputados en libertad

El General y la Patota

El Tribunal Oral juzgará delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención de la dictadura. La particularidad de este juicio es que ninguno de los imputados que participaron del grupo de tareas de Feced se encuentra detenido.

Hoy comienza en Rosario el segundo juicio en el que se investiga el accionar del terrorismo de estado en la región. Desde las 9.30 los Tribunales Federales de Rosario (Oroño 940) serán escenario de la primera audiencia oral y pública para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor Centro Clandestino de detención de la dictadura en Santa Fe como fue el Servicio de Informaciones (SI) que funcionó en la ex Jefatura de Policía (San Lorenzo y Dorrego) por parte de los integrantes de la patota del Comandante de Gendarmería Agustín Feced (ya fallecido). El gobierno de la provincia transmitirá por Internet las audiencias orales de la causa autorizadas por la Justicia federal. Se podrá acceder a la transmisión en directo a través del sitio oficial www.santafe.gob.ar/multimedia.

Los imputados en esta causa son Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Scortechini y Ricardo Miguel Chomicky quienes están acusados de delitos de privaciones ilegítimas de la libertad, homicidios y tormentos. La particularidad de este juicio es que ninguno de los imputados se encuentra detenido: solo Díaz Bessone tiene arresto domiciliario. El resto llegará quizás un rato más temprano al tribunal pero se retirará sin ningún impedimento legal y por sus propios medios.

En este sentido desde el Espacio Juicio y Castigo Rosario (EJyCR) que nuclea a organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, estudiantiles y gremiales exigen que "el Tribunal decida detenerlos en virtud de que existe un peligro cierto de fuga".

Asimismo, el EjyCR invita a "todos los rosarinos que levantan las banderas de memoria, verdad y justicia a participar del acto de inicio del juicio". En ese sentido, para hoy el EJyCR ha organizado desde las 8 una concentración frente a los Tribunales Federales. En tanto para las 9 se prevé la realización de una conferencia de prensa que brindarán querellantes y testigos de la causa junto a organismos de derechos humanos. Luego funcionará una radio abierta hasta las 12 donde será el momento de comenzar una bicicleteada en la que se señalizarán lugares donde hubo secuestros de personas durante los años de plomo. "Será una primer recorrida para marcar con carteles los sitios donde la patota secuestró a los compañeros". A las 17 está previsto un acto central.

El juicio se tramitará en el Tribunal Oral Federal Nº 2, compuesto por Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague. Las audiencias tendrán lugar los días lunes y martes, adicionando también los miércoles semana por medio, realizándose cada jornada en dos sesiones: por la mañana de 9.30 a 13 y por la tarde de 16 a 20.

En ese sentido, en este juicio solo se ventilará alrededor de un cinco por ciento de los delitos perpetrados en dicho lugar. La causa contiene la investigación de 91 víctimas de las cuales 17 de ellas fueron desaparecidas y asesinadas y desfilaran más de 160 testigos para brindar testimonio.

"Por allí pasaron entre 1800 y 2000 prisioneros y muchos de ellos continúan desaparecidos", señaló Hector Medina, testigo de la causa.

Para Gabriela Durruty, abogada querellante, "este juicio tiene un valor histórico para esclarecer y sancionar el terrorismo de Estado en el sur de la provincia". "Equiparamos su valor simbólico al de la Esma. El Servicio de Informaciones no sólo fue un centro clandestino de detención y exterminio, sino también un centro de distribución de detenidos", expresó.

sábado, 10 de julio de 2010

Verdad y justicia por Silvia Suppo: “El gobierno debe tomar una posición clara”


A más de tres meses del brutal asesinato de Silvia Suppo, testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad, no hubo avances significativos en la investigación. Organismos de Derechos Humanos, junto a organizaciones políticas y sociales continúan exigiendo al Estado una investigación rigurosa y profunda. enREDando dialogó sobre el estado de la causa con Valeria Silva, militante de HIJOS Regional Santa Fe.
Silvia Suppo fue asesinada a puñaladas el 29 de marzo, dentro de su negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata, en la vecina ciudad de Rafaela. Desde entonces, según denuncian abogados de HIJOS (Regional Santa Fe), las pericias e investigación se han desarrollado en forma irregular y desprolija.

El testimonio de Silvia, testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad, fue determinante en el juicio a los responsables del terrorismo de Estado en la ciudad de Santa Fe, cuyas sentencias fueron dictaminadas en diciembre pasado. A su vez, la testigo impulsaba la investigación por la desaparición de su compañero Reinaldo Hammeter, secuestrado en 1977.

Las hipótesis policial y judicial apuntan únicamente a la versión del robo seguido de muerte. Por su parte, el gobierno provincial no descarta ninguna hipótesis sobre el motivo del asesinato. Con profundo dolor y preocupación, desde un primer momento, organismos de Derechos Humanos, junto a organizaciones políticas y sociales vienen exigiendo que se realice una investigación rigurosa y profunda, para esclarecer además si hubo un móvil político en el asesinato.

A nivel local, los vecinos de Rafaela también están brindando su apoyo y acompañando fundamentalmente a Marina y Andrés, los hijos de Silvia, en esta lucha por la verdad y la justicia. Desde la primera marcha el pueblo los viene apoyando, y lo sigue haciendo a través de la participación en actos, aceptando y pegando volantes en sus negocios.

enREDando dialogó sobre el tema con Valeria Silva, abogada y militante de HIJOS Regional Santa Fe:

¿Cuál es el estado de la causa en este momento? En qué puntos se ha podido avanzar?

- Lamentablemente no hemos tenido grandes avances, y esto se debe a la falta de una investigación compleja y profunda, desde la querella se piden medidas e informes que tardan en concretarse pero van dando algunos resultados. Un ejemplo claro es la aparición del video de la terminal y el remisero, en estos dos puntos se puede pensar en un avance en materia de investigación.

¿Cómo analizan que está siendo la actuación policial, sigue habiendo desprolijidades como las denunciadas en el inicio de la investigación?

- Ya no podemos pensar en desprolijidades, son verdaderas irregularidades, la policía de Rafaela niega tener en su poder el video de la terminal, siendo que el concesionario de la terminal declara que se lo entregó al propio Amaya (sub. jefe de la unidad regional V).

Perder o esconder un elemento de prueba tan importante no es una simple desprolijidad. Como tampoco lo es la situación con el remisero: después de más de dos meses la policía no pudo encontrar al remisero que habría llevado a los imputados a la terminal, la querella pide que se secuestren los libros de la remisería, y de éstos surge el dato de dicho remisero. El juez cita a declarar a esta persona, pero antes la policía le tomó declaración en sede policial, situación que ya no podemos calificar como desprolija. Esto no debería ser tolerada por el juzgado ni por la fiscalía.

¿Cómo observan que está siendo la actuación a nivel judicial?

- En líneas generales vemos un apuro por elevar a juicio la causa, empeño que no se ve reflejado en materia investigativa, no sentimos que se de prioridad en establecer claramente cómo fueron los hechos, la sensación es que la simple declaración de los auto incriminados pareciera bastar para los responsables a nivel judicial. Si bien declaran públicamente que no descartan ninguna hipótesis tanto a nivel policial como judicial, la única hipótesis que desarrollan es el robo seguido de muerte.

La falta de rastros de defensa, la limpieza y precisión de las puñaladas en su mayoría mortales, lo poco que se robaron, el conocimiento de la victima, y las mismas declaraciones de los imputados que dicen que lo primero que hacen es matar a Silvia Suppo, nos da la pauta de que el móvil era el asesinato de Silvia.

¿Cómo evalúan que se está actuando desde la secretaría de Derechos Humanos (SDH), y desde el gobierno provincial en general?

-Recientemente un funcionario de la secretaria salió a respaldar el accionar policial, el director de la memoria el Dr. Pedraza declaró en medios que no se puede hablar de “crimen político” y elogió el trabajo policial en este caso. Otro fue el Ministro de Seguridad, Gaviola, que afirmó que "no le consta" que le hayan entregado el video (de la terminal) a la policía.

A pesar de todo lo que venimos denunciando, tanto en este caso como en otros casos, se trata de deslindar responsabilidades, poniendo todo en el plano de delitos comunes, producto de la inseguridad cotidiana, para no tomar medidas políticas, que puedan cambiar la delicada y riesgosa situación por la que atravesamos todos los que estamos relacionados con causas de delitos de lesa humanidad.

Desde el gobierno provincial no vemos ningún interés en apoyar o acompañar a la familia, de hecho no se les ofreció asesoramiento jurídico que se hiciera cargo de su reclamo de establecer si hubo un móvil político, ni se designó un equipo especial que llevara adelante las investigaciones, o alguna medida que hiciera pensar que esclarecer este caso es importante para el gobierno.

¿Saben si actualmente el Programa de Protección a Testigos y Querellantes de la SDH está siendo utilizado por querellantes/ sobrevivientes en juicios por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Santa Fe?

- Si en algunos casos, y en otros no. Marina y Andrés Destéfani, los hijos de Silvia Suppo, recientemente renunciaron al Programa, basados fundamentalmente en las declaraciones públicas del Dr. Pedraza cuando “afirma que fue un delito común”. Si para la secretaria SDH fue un crimen común, no tiene sentido que ellos estén en un programa que protege a víctimas de delitos de lesa humanidad.

Creemos que el gobierno debe tomar una posición clara, o protege a testigos y querellantes y asume lo que está sucediendo, o protege su propio funcionamiento ignorando que en la provincia de Santa Fe hay atentados contra testigos y querellantes de los juicios contra el terrorismo de Estado.

Dado el complejo escenario de la investigación,
¿Creen que podrá llegarse a un esclarecimiento de fondo?

- Si claro, los juicios a los genocidas son una clara muestra de que se puede, no sabemos cuanto tiempo nos tome, pero seguiremos luchando hasta que se esclarezca a fondo el asesinato de Silvia Suppo.

viernes, 9 de julio de 2010

La bicicleteada por la memoria

ANTE EL INICIO DE LA CAUSA DIAZ BESSONE

Los bici-voladores justicieros" identificarán las cuadras de Rosario donde se realizaron las detenciones de algunas de las víctimas de la patota de Feced, durante la última dictadura militar. La idea de Espacio Juicio y Castigo es "visibilizar esos lugares" cuando se desarrolle la primera jornada del juicio por la causa Díaz Bessone (ex Feced), prevista para el 21 de julio.
El juicio a desarrollarse en los Tribunales Federales de Rosario es el primero en el marco de los crímenes cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, que funcionó en San Lorenzo y Dorrego, donde "91 personas sufrieron secuestro, privación ilegítima de la libertad y torturas, de las cuales 17 fueron desaparecidas y asesinadas".
En la oportunidad, "se ventilará sólo el cinco por ciento del total de los crímenes perpetrados en el SI". Durante las audiencias, serán juzgados Ramón Díaz Bessone, Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Chomicky.
Luego de haberse suspendido en varias oportunidades, finalmente, en menos de dos semanas, comenzarán las audiencias judiciales por la causa Díaz Bessone, en la que seis represores serán juzgados, y 176 personas (querellantes, testigos y víctimas) atestiguarán sobre los hechos perpetrados por los militares, durante la última dictadura (1976-1983). En ese marco, desde el Espacio Juicio y Castigo, organizó varias actividades: a las 9 de la mañana del miércoles 21, testigos, querellantes y organismos de derechos humanos realizarán una conferencia de prensa frente a los Tribunales Federales, en Oroño 940, antes de ingresar a la sala de audiencias. Luego, mientras se inicia la primera jornada del juicio, habrá una radio abierta hasta las 12, para dar lugar a la actividad que marcará una diferencia y que busca "impactar" a la sociedad: la bicicleteada por la memoria.

La idea es "salir en caravana de bicicletas y otros medios de locomoción, que partirá para recorrer distintos puntos en los alrededores del tribunal de donde fueron secuestradas algunas de las víctimas por las cuales se llevará adelante este juicio", indicó a este diario Ingrid Schegtell, del EJyC. Según lo programado, un grupo de manifestantes abordo de bicicletas (o patines) recorrerá varias cuadras de la ciudad, e irán colocando carteles en "los lugares donde fueron detenidos muchos de los compañeros". De esta manera, los "bici-voladores justicieros", como se hace llamar este grupo, transitarán las calles Alvear, Salta, España, Zeballos, Presidente Roca, San Juan y Moreno, para regresar a Oroño al 900, como primera recorrida, ya que piensan repetirlas a lo largo del juicio, en diferentes epicentros.

En tanto, para las 17, al finalizar la primera audiencia de la causa, está previsto el acto para "apoyar a los testigos y querellantes, que tendrán el valor de volver a enfrentar a sus torturadores en un juicio, donde contarán todo lo que sufrieron".

domingo, 4 de julio de 2010

Una asociación de ex detenidos también cuestiona la investigación por Silvia Suppo

Para que no sea otro Julio López

El grupo El Periscopio criticó el accionar del funcionario provincial Jorge Pedraza, que descartó de plano cualquier motivación política del crimen de la testigo de causas de derechos humanos ocurrido el 29 de marzo pasado en Rafaela.
Desde Santa Fe

A tres meses del asesinato de Silvia Suppo, la asociación de ex presos políticos de la dictadura cuestionó la pesquisa policial del crimen y las declaraciones de funcionarios del gobierno de Hermes Binner que descartaron "las motivaciones políticas con sorprendente celeridad". La justicia "no puede, ni debe, clausurar livianamente la línea de investigación del crimen político. Semejante ligereza no haría más que convalidar las complicidades que subsisten con los represores aún libres y sus voceros, que pretenden frenar el accionar judicial", dijeron.

La controversia comenzó hace dos semanas cuando un director de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Jorge Pedraza, dijo a un diario de Rafaela que la única hipótesis que subsiste en la causa es la del robo. "Ya no se puede hablar de crimen político", dijo. Y ponderó la investigación que dirigieron el jefe de la Unidad Regional V, comisario Juan José Mondino y su segundo, Leandro Amaya, a quienes consideró "oficiales jóvenes de la democracia que quieren hacer bien las cosas". "Yo puedo asegurar que en este caso, la Policía ha obrado con muy buena voluntad y obtuvo resultados a muy corto plazo que no es común en este tipo de crímenes", insistió Pedraza.

Amaya fue citado a declarar en la causa por un video que muestra a los presuntos asesinos de Suppo, que el apoderado de la Nueva Terminal de Rafaela, Hernán Gunzinger, aseguró haberle entregado pocas horas después del crimen, pero el comisario lo niega. La prueba fue incorporada al expediente dos meses después porque Gunzinger aportó una segunda copia de seguridad, aunque hasta ahora nadie sabe qué sucedió con la primera.

Poco después, los hijos de Silvia Suppo, Andrés y Marina Destéfani, renunciaron al programa de protección a testigos y víctimas del terrorismo de estado, molestos por las declaraciones de Pedraza y la actitud de su jefa y secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, quien prometió desmentirlo, pero no lo hizo. "Si para el gobierno, el asesinato de nuestra madre no es un crimen político y no hay ningún riesgo, entonces no es necesario que nosotros estemos en un programa destinado a testigos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad", dijo Andrés.

Posteriormente, Pedraza volvió a insistir en su planteo en declaraciones a las emisoras de Santa Fe. "No hay hasta el día de hoy ningún indicio que demuestre que se trate de un crimen político. Sí hay alevosía. Se sabe que hay dos detenidos que tienen pruebas abrumadoras en su contra pero que no se los relaciona con ningún autor intelectual que los haya enviado a asesinar a Silvia", dijo Pedraza por LT9.

Pero ahora, la asociación de ex presos políticos "El Periscopio" salió a plantear sus "reservas sobre la marcha de la investigación" y cuestionó a Pedraza por "haber descartado de plano la motivación política como causal del crimen con sorprendente celeridad".

"Silvia no sólo fue una importante testigo en el juicio que condenó al ex juez (Víctor) Brusa y sus cómplices por delitos de lesa humanidad, sino que también iba a testimoniar en el inminente juicio que involucra a otros represores que caminan por las calles, pese a estar procesados y/o sospechados por graves violaciones a los derechos humanos".

"La investigación del crimen está rodeada de un sinnúmero de circunstancias no aclaradas y oscurecida por la impericia de las fuerzas de seguridad", que es incompatible con la calificación de "oficiales jóvenes de la democracia que quieren hacer bien las cosas" y "la insistencia de algunos medios periodísticos de cerrar el caso". Por lo tanto, la justicia "no puede, ni debe, clausurar livianamente la línea de investigación del crimen político. Semejante ligereza no haría más que convalidar las complicidades que subsisten con los represores aún libres y sus voceros, que pretenden frenar el accionar judicial", agregó.

"En estos últimos tres años, el gobierno provincial ha mostrado sugestivas debilidades en materia de derechos humanos. No obstante ello y, en lo que prometería ser un alentador cambio de actitud, el Ministerio de Justicia manifestó hace unos días 'su firme compromiso de apoyar las investigaciones judiciales hasta las últimas consecuencias a fines de que el hecho quede completamente esclarecido, en cuanto a la autoría material e intelectual, de modo de transmitir tranquilidad a todos aquellos que se encuentran preocupados por este suceso y a la comunidad toda'".

"Es nuestra esperanza que estos propósitos se trasunten en hechos concretos, fortaleciendo la investigación a fondo de las causales últimas detrás del crimen de Silvia, cómo garantía de seguridad para los testigos, querellantes, abogados, jueces y fiscales involucrados en las causas de delitos aberrantes de violaciones de los derechos humanos. Es también el único camino para que el caso Silvia Suppo no se convierta en un nuevo caso Julio López", concluyó.