Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

martes, 29 de junio de 2010

En el lugar donde martirizaron a Alicia López

Por Juan Carlos Tizziani

Cuatro sobrevivientes de la seccional 4ª reconocieron ayer los calabozos tumbas donde vieron por última vez a Alicia López con vida y uno de ellos asegura que la vio bañada en sangre y tapada con una manta. Raúl Pinto, Alejandro Córdoba, José Schulman y Graciela Roselló participaron en un reconocimiento judicial de la comisaría, donde ratificaron ante los jueces del Tribunal Oral Federal que juzga a Mario Facino lo que ya habían dicho en las audiencias. En la calle, esperaba el hijo más chico de Alicia, que tenía dos años cuando desapareció su madre, el 21 de octubre de 1976. Cuando el acto judicial terminó, Luisito Rodríguez se acercó a uno de los jueces, José María Escobar Cello y le pidió ver el lugar donde había martirizado a su madre. Luisito salió impactado. "Lo que vi fue terrible, pero es una forma de decir: 'Yo también estuve con ella, con mi mamá'", le dijo a Rosario/12. A las diez comenzó el reconocimiento que había convocado el Tribunal Oral que juzga a Facino. El ex comisario ya estaba adentro cuando llegaron los testigos que lo acusan de haber comandado el centro de interrogatorios y torturas más feroz de Santa Fe.

Pintos fue el primero que hizo el recorrido hasta las tumbas. Los acompañaron los jueces, los fiscales Martín Suárez Faisal y Patricio Longo, los defensores oficiales y los abogados querellantes. Y también Facino. Pintos aún sufre las secuelas de un ataque de presión que le dificulta caminar, pero explicó cómo hizo para ver a López inerte, tapada con una manta, desde el calabozo de enfrente. La puerta de ella había quedado abierta. Ayer, él se agachó hasta la rendija y trató de mirar desde el mismo lugar. Pero ya no pudo levantarse sólo, por esas viejas secuelas. Quedó inmóvil unos segundos, hasta que el defensor de Facino lo ayudó a incorporarse y se puso de pie, como si fuera una metáfora del tiempo. "Pude reconocer el calabozo donde vi a Alicia. Creo que estaba muerta porque tenía mucha sangre. Para mí la tiraron ahí", dijo Pinto a Rosario/12.

Siguió Córdoba, quien relató a los jueces quiénes eran sus compañeros de cautiverio. El estaba en uno de los calabozos y en los otros: Alicia, Pinto, Juan José Dalino y Schulman en una celda, a la vuelta. "Es un lugar muy difícil de olvidar. Es un cuadrado de un metro y medio y creo que el de Alicia era más chico", recordó. En el reconocimiento, Córdoba volvió ingresar a esa tumba donde sobrevivió 18 días. Pero esta vez lo acompañó la presidenta del Tribunal. Cerraron la puerta y quedaron a oscuras. La jueza Vella se asomó hasta la mirilla y pudo comprobar que podía ver los dos calabozos de enfrente y una parte del patio. La misma vista de 34 años atrás. "Tengo sensaciones muy mezcladas, imposibles de describir. Pero también la tranquilidad que estamos en marcha para recuperar la memoria", afirmó Córdoba.

Roselló salió con los ojos iluminados. "Es muy movilizador volver a este lugar, porque uno tiene que remover los recuerdos del pasado. Pero a pesar del dolor, uno lo hace con ganas y pasión porque lo podemos hacer y otros no. Alicia ya no lo puede hacer. Entonces, creo que vale la pena luchar para que se haga justicia", dijo. Schulman también reconoció la leonera. "Desde la celda donde yo estaba podía ver a Alicia cuando la llevaban al baño y hoy el Tribunal lo pudo confirmar", afirmó.

En la calle esperaba el hijo menor de Alicia López, hasta que terminó la inspección judicial. Primero, salieron los testigos y después Facino, pero no hubo ningún cruce. Luisito Rodríguez se acercó entonces al doctor Escobar Cello y le pidió si lo podía acompañar hasta el lugar donde estuvo secuestrada su madre. El juez le dijo que sí. Y juntos, ingresaron a la comisaría. "Fue un pedido que yo le hice, pero esto no tiene nada que ver con el juicio, solamente quería conocer el lugar donde estuvo mi mamá", dijo Luis. "Lo que vi realmente es terrible y a esta altura, es una forma de decir: 'Bueno, en algún aspecto yo también estuve con ella'".

lunes, 28 de junio de 2010

TESTIMONIO DE EX POLICIA EN EL JUICIO AL EX JEFE DE LA SECCIONAL 4ª, MARIO FACINO

"Le daba de comer a Alicia López"

Gómez estuvo arrestado en la comisaría durante cuatro meses, pero oficiaba como ayudante de cocina. "Yo la vi ahí, en malas condiciones. Muy enferma, muy deteriorada", dijo. Hoy habrá una inspección judicial en el lugar.
   
Por Juan Carlos Tizziani

Un ex policía que declaró ayer en el juicio al ex jefe de la seccional 4ª, Mario Facino, identificó el último lugar donde vio con vida a Alicia López durante la dictadura, a fines de 1976. "Ella estaba en uno de los calabozos. Yo le daba de comer", reveló Raúl Oscar Gómez, quien estuvo arrestado en la comisaría durante cuatro meses, entre agosto y diciembre de 1976, pero oficiaba como ayudante de cocina y repartía la comida. "Yo la vi ahí, en malas condiciones. Muy enferma, muy deteriorada", dijo al señalar uno de los cuatro calabozos a los que otros presos políticos llamaban "tumbas" porque eran ciegos, no tenían luz ni ventilación, apenas una mirilla a la que los guardias solían tapar con cartones.

La semana pasada, varios testigos: Alejandro Córdoba, José Schulman y Graciela Roselló dijeron haber visto con vida a Alicia en la misma celda que señaló Gómez y uno de ellos, Raúl Pinto, aseguró que la vio inerte, bañada en sangre y tapada con una manta por lo que creyó que estaba muerta. Todos ellos, más el ex chofer de la comisaría, Dalmacio Vázquez, y el ex vicepresidente de la Conadep Santa Fe, Juan Carlos Adrover, participarán hoy, a partir de las 10, en una inspección judicial a la comisaría 4ª que convocó el Tribunal Oral Federal que juzga a Facino.

La de ayer era la última audiencia de las testimoniales, pero sólo declararon tres testigos: Gómez, Adrover y la sicóloga Fabiana Rouseaux. Los otros dos que estaban citados: la periodista y poeta Stella Calloni presentó un certificado médico y José Luis García se disculpó porque está en el exterior según informó el abogado de la querella , por lo que podrán declarar después de la feria judicial, el 23 de julio próximo. Y es probable que ese día también Facino diga sus últimas palabras ante el Tribunal. Los alegatos pasaron entonces para el 29 de julio y el veredicto se conocerá en los primeros días de agosto.

Hoy, los jueces del Tribunal: María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez realizarán una inspección judicial a la comisaría 4ª, junto con fiscales, defensores y querellantes, a la que han sido citados siete testigos que declararon en el juicio: Córdoba, Schulman, Roselló, Pinto, los ex policías Gómez y Vázquez y el doctor Adrover.

Gómez relató ayer en el juicio que estuvo arrestado en la comisaría 4¬ durante cuatro meses, entre agosto y diciembre de 1976. Pero no compartía las celdas con los detenidos políticos. El y otros ex policías estaban "alojados" según sus palabras en una oficina desocupada de la seccional, sobre la calle Tucumán y tenían ciertas libertades. "Yo salía a hacer los mandados y ayudaba en la cocina a preparar la comida, que luego repartíamos entre los presos", dijo.

¿Recuerda haber visto a detenidos políticos? le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal.

Sí, estaban en las celdas contestó Gómez. Y mencionó a Schulman. "Recuerdo también a Alicia", agregó Gómez, a quien identificó como "una mujer no muy alta y que estaba en malas condiciones" de salud.

Uno de los abogados de la querella le preguntó entonces si Alicia recibía atención médica. "No, nunca la he visto recibir atención médica", respondió el ex policía.

¿Recuerda en qué lugar estaba Alicia López?

Había cuatro calabozos juntos. Estaba en uno de ellos. Siempre estaba en el mismo lugar. La vi en malas condiciones. Estaba muy enferma, muy deteriorada explicó.

Gómez dijo que había estado bajo arresto en la comisaría 4¬ hasta fines de 1976. "¿Cuándo usted se fue, ella seguía allí?", le preguntaron.

No, ya estaba más. Yo la vi hasta unos días antes que me trasladaran a otra comisaría. Pero ella ya no estaba más. Yo le daba de comer comentó.

Otro de los testigos que dijo haber visto a Alicia en uno de los calabozos de la comisaría 4ª fue Alejandro Córdoba. "Un día taparon la mirilla de la puerta con un cartón. Pero yo pude ver que traían a una persona en brazos, tapada con una manta. La llevaba un policia, sin armas, pero que tenía un cuchillo en la cintura. La dejó a esa persona en el calabozo, pero no salió enseguida, lo que nos llamó la atención. Cuando el policía se fue, la persona que estaba en la celda se pudo incorporar, se asomó y nos dijo quién era, que se llamaba Alicia López y que había sido violada por el policía que la trajo", recordó.

Córdoba situó ese hecho entre el 22 y 23 de octubre de 1976. Alicia había sido secuestrada el 21 de octubre. Y dijo que hablaba con ella cada vez que podía asomarse a la mirilla. "Yo estaba todo el tiempo asomado. Hablaba con otros detenidos: Pablo Nuñez, Alicia, (Juan José) Dalino y con los otros (que estaban en otras celdas más lejanas), Schulman, (Alcides) Schneider y (Eduardo) Almada, a los gritos".

Demasiadas dudas sobre una prueba

DECLARA EL JEFE DE INVESTIGACIONES DE RAFAELA POR UN VIDEO EN LA CAUSA DE SILVIA SUPPO
El subcomisario Horacio Maidana deberá dar explicaciones sobre el CD que el apoderado de la Terminal de ómnibus entregó en la Jefatura, pero que nadie reconoce haber recibido. Un remisero también complicó la pesquisa policial.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

Dos testigos complicaron a la pesquisa policial del asesinato de Silvia Suppo y alimentaron aún más las dudas de la familia de la víctima. Uno es el apoderado de la Nueva Terminal de Rafaela, Hernán Gunzinger, quien aseguró haber entregado un video de los presuntos homicidas 48 horas después del crimen, pero la prueba recién fue incorporada a la causa dos meses más tarde porque el empresario aportó una segunda copia. "Yo me dirigí a la Jefatura de Policía, a Investigaciones y allí entregué el CD a uno de los jefes de apellido Amaya", dijo Gunzinger. Amaya es el subjefe de la Unidad Regional V, quien negó el hecho. El otro testigo es el remisero que transportó a los limpiacoches que se atribuyeron el homicidio hasta la terminal de micros, pero que antes de declarar en la causa judicial tuvo que pasar por la Jefatura de Policía de Rafaela. Mañana, y a pedido de la querella que representa a los hijos de Suppo, está citado a declarar ante el juez Alejandro Mognaschi, el subjefe de Investigaciones, subcomisario Horacio Maidana, a quién le pedirán explicaciones sobre el CD que Gunzinger dice haber entregado en la Jefatura, pero que al parecer nadie recibió.

La confusa situación con el video ya tuvo su resonancia política cuando dos funcionarios del gobierno de Hermes Binner salieron a respaldar la pesquisa policial. "La investigación fue prolija", dijo el ministro de Seguridad, Alvaro Gaviola, a quién "no le consta" que el video hubiera estado poder de sus subordinados a poco del asesinato de Suppo. Y después, un director de la Secretaria de Derechos Humanos, Jorge Pedraza, sumó su elogio a los investigadores y hasta calificó al jefe de Unidad Regional V, comisario Juan Mondino, como "uno de los oficiales jóvenes de la democracia que quieren hacer bien las cosas".

El video de la Nueva Terminal fue filmado por las cámaras de seguridad de la estación de colectivos el 29 de marzo, el día del crimen, cuando los dos imputados, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, se fueron de Rafaela en un viaje de línea sin que nadie los moleste.

La querella tuvo noticias de esta filmación dos meses después, el 26 de mayo, cuando la concesionaria de la estación de ómnibus informó al juez Mognaschi que la terminal tiene "un sistema de monitoreo a través de cámaras IP, que está a cargo de la empresa Willtel" y un archivo de imágenes. Pero que ese video ya había sido "entregado a personal policial de investigaciones". La nota está firmada por el responsable de la empresa, Carlos Cassinerio y el apoderado, Hernán Gunzinger.

Gunzinger fue citado a declarar en la causa y ratificó ante el juez lo que la empresa ya le había dicho por escrito. "En su momento, cuando la Policía se hizo presente en la Terminal para tratar de recabar datos sobre estas personas (Sosa y Cóceres), debe haber sido dos días después del hecho, me pidieron las filmaciones de las cámaras que están dispuestas en la Terminal. Ellos ya venían con conocimiento que teníamos ese sistema y yo personalmente retiré un CD con el material fílmico requerido de la empresa Willtel, que se encarga del tema y luego se lo llevé a la Policía. Yo me dirigí a la Jefatura de Policía, a Investigaciones y allí entregué el CD a uno de los jefes de apellido Amaya. En ese momento, yo no le hice firmar ningún recibo ni quedó documentada la entrega del material fílmico. De todas maneras, estas imágenes quedan guardadas", dijo Gunzinger y se comprometió a entregar al Juzgado una segunda copia del "material que oportunamente entregué a la Policía". Y así lo hizo, el 8 de junio.

Gunzinger desvinculó al responsable de la concesionaria, Carlos Cassinerio porque "está en Rafaela una vez por semana" y el encargado de buscar el video en Willtel y después llevarlo "hasta la Jefatura de Policía" fue el propio Gunzinger.

El subjefe de la Unidad Regional V también declaró en la causa y negó haber recibido el video del 29 de marzo que el empresario dice haber dejado en sus manos. "En ningún momento me dieron ningún tipo de filmación. Lo que sí me dio Gunzinger fue una clave para hacer monitoreo y nos dio la página donde debíamos ingresar" por internet, explicó Amaya. Aunque después, ante otra pregunta, dijo que no recordaba si eso había sido antes o después del hecho.

Le preguntaron entonces sobre lo que había dicho Gunzinger, que él fue hasta "la Jefatura de Policía de Rafaela, a Investigaciones" y allí había entregado "el CD a uno de los jefes de apellido Amaya".

Lo que puedo decir, es que él habla que fue a Investigaciones y yo hace seis meses que no estoy allí. El se puede haber confundido. Si me hubiera dado ese video lo hubiera entregado inmediatamente a la gente de Investigaciones, sobre todo por la gravedad del hecho que se investiga -contestó Amaya.

Uno de los abogados querellantes, Guillermo Munné, le preguntó entonces si "podía comentar el motivo por el que se pidió ese video". Y le recordó una reunión que el jefe de la Unidad Regional V, comisario Mondino y el propio Amaya tuvieron con uno de los hijos de Suppo, Andrés Destéfani y el propio Munné, al día siguiente del asesinato de Suppo, el 30 de mayo. "Allí usted manifestó que se iban a pedir esas filmaciones" a la Nueva Terminal -le planteó Munne.

No recuerdo, puede ser. Concretamente, nunca tuve en mis manos ningún video de la terminal de Rafaela, ni lo vi para nada, ni antes ni ahora -se defendió Amaya.

sábado, 26 de junio de 2010

COMPROBACIÓN QUE HABIA AL MENOS OCHO CUERPOS EN LA FOSA COMUN

Con claros signos del terror
El magistrado Francisco Miño ahora ordenó la exhumación y traslado de los restos a Buenos Aires, para que el Equipo Argentino de Antropología Forense pueda trabajar sobre la identidad de los cuerpos hallados en una fosa común.Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, que investiga enterramientos clandestinos de víctimas del terrorismo de estado en un predio del Ejército ya pudo constatar que en la fosa común descubierta por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el campo San Pedro, a 40 kilómetros de Santa Fe, había restos de ocho personas, seis de ellas con las marcas del terror: "lesiones en el cráneo compatibles con heridas producidas por armas de fuego". Y ordenó la exhumación de los cuerpos y su traslado al laboratorio de los peritos forenses, en Buenos Aires, para que se realicen los estudios genéticos que permitan identificar a los desaparecidos. Fuentes seguras consultadas por Rosario/12, revelaron que se trata de restos de cinco hombres y tres mujeres jóvenes, uno de ellos apareció con "un objeto de metal en la mano izquierda que podría ser un anillo" y otro tenía "una pieza dentaria de acrílico y metal", que podrían orientar las investigaciones. El traslado se concretó a mediados de esta semana con custodia de la Gendarmería.

La fosa común fue encontrada el miércoles 9 de junio, en un sector agreste del campo San Pedro, de propiedad del Ejército, ubicado en la zona de Campo Andino, a 15 kilómetros de Laguna Paiva. La opinión pública se anotició del descubrimiento casi una semana después, el martes 15. Y el viernes 18, el juez Miño realizó la inspección judicial en el lugar junto al secretario penal del Juzgado, Mateo Busaniche y autorizó a los forenses a concluir "las tareas de exhumación, registro, embalaje y posterior traslado de los restos" al laboratorio del Equipo de Antropología, en Buenos Aires.

El hallazgo no tiene precedentes en el país. "Es la primera fosa común que se encuentra en jurisdicción militar", dijo el antropólogo Miguel Nieva, quien integra el grupo de investigadores junto a sus colegas, Juan Nóbile y Leonardo Ovando. La primera vez que se hallaron fragmentos humanos en un centro clandestino fue en el "Pozo de Arana", en La Plata, donde estuvo secuestrado Julio López. "Pero esta es la primera vez que se encuentran restos humanos en un predio del Ejército. Se hicieron trabajos en varios lugares del país, se trabajó en La Perla, en el Batallón de Arsenales en Tucumán y en otros lugares, pero es la primera vez que logramos encontrar restos en un predio militar", precisó Nieva.

La causa que instruye el juez Miño se inició en abril de 2007 por una denuncia de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, que agrupa a las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Aunque ya en 1984, la Conadep se había hecho eco de comentarios de vecinos y conocedores de la zona que habían visto movimientos de vehículos militares y sospechaban de enterramientos clandestinos. El campo San Pedro tiene más de 100 hectáreas y era utilizado por el Ejército para maniobras y ejercicios de artillería.

El elemento clave que orientó la pesquisa fue la cal que utilizaron los ejecutores para hacer desaparecer los cuerpos de sus víctimas. Precisamente, los restos encontrados ahora estaban bajo un manto blanco. "Es una fosa común, en cuyo interior se hallaron restos humanos de varias personas cubiertos con cal y evidencia balística asociada a los mismos", dijo el Equipo de Antropología Forense al anunciar el hallazgo. La sepultura no era muy profunda. Los investigadores creen que fue cavada a pala, sin utilizar ninguna máquina retroexcavadora. Es un rectángulo de 2.70 por 1.70. Y a los 80 centímetros de la superficie comenzaron a aparecer los restos de cal que cubrían todo el sector. Una vez retirada la cal, los forenses encontraron los primeros restos humanos ("un miembro inferior"), por lo que a partir de allí comenzaron un trabajo de excavación arqueológica. Y la verdad comenzó a salir a la luz. Hallaron los restos de ocho personas jóvenes. "Cinco hombres y tres mujeres", según fuentes seguras consultadas por Rosario/12.

Los ocho individuos fueron hallados en distintas posiciones, articulados y extendidos: seis estaban "decúbito dorsal", es decir boca arriba y dos "decúbito ventral", boca abajo. Los seis boca arriba tienen "lesiones perimorten en el cráneo compatibles con heridas producidas por arma de fuego", lo que revela que habrían sido ejecutados con el tiro del final. Uno de los cuerpos tenía también "un objeto de metal en la mano izquierda, posiblemente un anillo" y otro, "una prótesis dental de acrílico y metal en el maxilar superior", que podrían orientar las investigaciones forenses. Fueron enterrados a una profundidad variable entre 1.20 y 1.40.

La semana pasada, Nieva informó que también habían encontrado "una vaina servida de arma de fuego asociada con los restos, pero en este caso no es un indicio de relevancia porque era un campo de artillería y hay muchísimos fragmentos de municiones, vainas y proyectiles" que utilizaba el Ejército.

Las fuentes dijeron que en la fosa común no había otras cápsulas de proyectiles, ni restos de ropa. Una indicio de que podrían haber sido ejecutados en otro lado y luego llevados desnudos hasta el destino final. "Posiblemente los hayan matado en otra parte y después los arrojaron a la fosa", interpretó una de las fuentes.

La Casa de Derechos Humanos que impulsó la causa judicial hace tres años valoró la importancia del hallazgo. "Es la prueba de que este campo del Ejército operó como centro de exterminio de víctimas del terrorismo de estado", dijo Milagros Demiryi. Por lo que, ahora la investigación apuntará a precisar si hay más fosas comunes. "Los testimonios dicen que los enterramientos clandestinos con cal se hicieron varias veces. Hay datos cruzados, algunos testigos que hablan de dos hechos y otros de tres hechos. Indudablemente, el campo San Pedro se usó primero como centro de torturas y después pasó a ser centro de exterminio", planteó Jorge Castro.

Ahora, el Equipo de Antropología Forense intentará "identificar los restos encontrados" en San Pedro, pero también continuará con "la "prospección y búsqueda" de otros enterramientos clandestinos porque "aun resta explorar una gran superficie" del campo del Ejército.

jueves, 24 de junio de 2010

Alicia López : desgarradores testimonios

Detrás de las paredes de la 4ª

"Yo creo que estaba muerta", aseguró Raúl Pintos, uno de los testigos que declaró ayer en el juicio al ex jefe de la comisaría, Mario Facino, acusado por el secuestro, torturas y asesinato de la docente y ex militante de las Ligas Agrarias.
   
Por Juan Carlos Tizziani

El Tribunal Oral de Santa Fe escuchó a cuatro sobrevivientes de la dictadura dar testimonio de la agonía de Alicia López en la seccional 4ª y uno de ellos aseguró que la vio en el calabozo de enfrente, inerte, bañada en sangre y cubierta por una manta. "Yo creo que estaba muerta", aseguró Raúl Pintos, uno de los testigos que declaró ayer en el juicio al ex jefe de la comisaría, Mario Facino, acusado por el secuestro, torturas y asesinato de la docente y ex militante de las Ligas Agrarias, entre octubre y noviembre de 1976.

Fueron los testimonios del horror. El miércoles, Alcides Schneider y Alejandro Córdoba, ya habían relatado cómo operaban los grupos de tareas en el centro de torturas e interrogatorios que comandaba Facino, uno de los más brutales del circuito represivo de Santa Fe. Y ayer, siguieron Pintos, José Schulman, Graciela Roselló, Hernán Gurvich y Vilma Cancián. Los siete sobrevivieron al martirio, pero cuatro -Córdoba, Pintos, Schulman y Roselló-, vieron con vida a Alicia López y hablaron con ella detrás de las paredes de la 4ª.

"Yo vi a Alicia en uno de los calabozos de la 4ª. Ella nos dijo cómo se llamaba", afirmó Pintos, un obrero de Reconquista que cayó el 16 de agosto de 1976 y dos semanas después, a principios de setiembre, lo trasladaron a Santa Fe, donde estuvo secuestrado cuatro meses en la comisaría 4ª. Aún sufre las secuelas de un ataque de presión que le provocó una hemiplegia y problemas motrices, pero sus dificultades no le impidieron dar testimonio del destino final de Alicia.

Era una tardecita, a fines del '76. Alicia había sido secuestrada el 21 de octubre. Pintos ya estaba detenido en la 4ª, en un calabozo ciego. La única ventilación era una mirilla que los represores habían tapado con un cartón. Escuchó ruidos del otro lado de la puerta, se agachó y observó por debajo de la rendija. Y allí la vio. Era ella. "Era Alicia, tirada en el suelo, ensangrentada y tapada por una manta. Yo la vi porque habían dejado abierta la puerta de su calabozo", afirmó Pintos. El había guardado esas imágenes en su memoria durante 34 años y ayer pudo repetirlas, cara a cara, ante el Tribunal que juzga a Facino.

¿Usted confirma que vio muerta a Alicia López? le planteó el abogado de la querella.

Yo lo confirmo contestó Pintos.

La defensa de Facino chicaneó con algunas preguntas. "¿Cómo sabe que Alicia López estaba muerta?", quiso saber el defensor oficial Fernando Sánchez. "Yo la vi por debajo de la puerta. Era ella, toda ensangrentada. Estaba en el calabozo de enfrente", insistió Pintos.

Pero ¿qué le hizo pensar que estaba muerta? repitió Sánchez.

Yo la vi.

¿Y por qué usted supone que estaba muerta? se asoció la presidenta del Tribunal, María Ivon Vella.

Porque no se movía contestó Pintos.

El defensor de Facino pidió entonces que leyeran al testigo la declaración que había hecho en la instrucción de la causa, hace dos años, el 30 de julio de 2008, cuando relató el mismo hecho: vio a Alicia López en el calabozo de enfrente, cubierta con una manta. "Yo creí que estaba muerta porque estaba toda ensangrentada", dijo entonces Pintos.

Sí, esa es la palabra exacta reconoció ayer. Y repitió: "Yo creí que estaba muerta porque estaba toda llena de sangre. La pude ver porque dejaron la puerta del calabozo de ella abierta. Al otro día nos sacaron los cartones que tapaban las mirillas y ella ya no estaba. Nunca más la volví a ver", dijo Pintos, quien aceptó haber comentado el hecho a otros detenidos, Córdoba y Schulman.

La presidenta del Tribunal le pidió si podía agregar más detalles. Y Pintos dijo que el cuerpo de Alicia había sido dejado por tres o cuatro personas, a las que no pudo ver desde la rendija. "Dejaron a Alicia tirada en el suelo y se fueron", agregó.

Después, Schulman y Roselló ratificaron ante el Tribunal que también hablaron con Alicia, pared de por medio. Los dos y un compañero de ambos, Hernán Gurvich, cayeron el 12 de octubre de 1976. Schulman estuvo más tiempo en la 4ª, hasta mediados de noviembre. "Ví varias veces a Alicia López, tambalearse y caerse en ese pasillo que había entre los calabozos y el baño. Hablamos atrás de las paredes", dijo. "Alicia había sido violada en una celda de la 4ª y antes en La Casita", un centro clandestino que aún no fue localizado, agregó Schulman.

Graciela Roselló llegó a la 4ª encapuchada. La arrojaron en un calabozo. No sabía dónde estaba, hasta que la destabican y puede ver a otra mujer en el calabozo de enfrente. "Me llamo Alicia. Estamos en la comisaría 4ª", le dijo. Graciela le dijo entonces quién era. Y ella se sorprendió: "¿No me digas que sos la esposa de Schulman? Y gritó: "¡José me debes envidiar porque enfrente mío está tu señora!".

Alicia le contó entonces que era maestra, que militaba en las Ligas Agrarias y que estaba muy débil. Tiempo después, Graciela llegó a la Guardia de Infantería Reforzada, donde preguntó si alguien había visto a Alicia López. "Hay malas noticias", le dijeron. "Alicia fue la que más fuerza me dio. '¡Aguantá, que vamos a salir!', me decía. Y eso es lo que más dolor me provoca: yo pude salir y ella no. Pero no lograron doblegarnos. Por eso, estamos acá, para hablar por los que no pudieron hacerlo", concluyó Roselló.

miércoles, 23 de junio de 2010

Abrazada por el pueblo: Elida López, Madre de la Plaza 25 de mayo

El grito herido que no cesa
Al principio uno quiere volar a través de los años, meterse en esos días con olor a libros ardiendo en las hogueras, para poder entender la valentía, el coraje de ponerse de pie. Élida López nos cuenta de ese tiempo, y nos lleva a Mar del Plata, en 1976. Adrián Sergio López, su hijo, había aprendido a sentir como propio el dolor ajeno desde que un día su padre le reprochó un aparente desinterés por las cosas. Fue su mismo padre quien le advirtió, los primeros días de octubre de 1976, que se cuide, que no regrese a Mar del Plata, que lo estaban buscando. Después no fue fácil ponerse en marcha, recorrer todos los caminos, juntarse con las primeras Madres y organizarse, reunirse en las iglesias, hablar con los amigos de Sergio. Élida fue una de esas primeras Madres marplatenses y después siendo Madre de la plaza en Rosario, desde que fue a esa ciudad  en 1996.

La Madre de la Plaza 25 de mayo, Elida de López, murió ayer por la mañana, a los 88 años. Luchadora incansable por los derechos humanos, trabajó en la recuperación de la identidad de decenas de niños apropiados durante la dictadura militar. Su accionar fue un ejemplo para toda la sociedad en su afán por alcanzar la verdad y la justicia.

EL "ENTREGADOR" DE LA DOCENTE DESAPARECIDA, ALICIA LOPEZ

La cuñada negó que fuera un primo hermano

El nombre del "entregador" de la docente y militante de las Ligas Agrarias desaparecida, Alicia López, que ella identificó la noche de su secuestro en la casa de sus suegros y a la vista de su propia familia, sigue en las penumbras de la impunidad. Su cuñada, María Isabel Rodríguez, negó ayer que un ex agente civil del Ejército ya fallecido, Julio César Padín, hubiera participado en el secuestro de Alicia, el 21 de octubre de 1976. "No, Padín no era ", dijo Rodríguez al declarar en el juicio al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, por la desaparición de su cuñada.

La señora Rodríguez y su hermano y ex esposo de Alicia, Luis Juan Rodríguez, abrieron las testimoniales en el juicio a Facino, que seguirán hoy. Uno de los interrogantes del caso es quién era el "entregador" que Alicia identificó esa noche cuando la fueron a buscar, primero, a la casa de su cuñada, y luego, a la de sus suegros, que estaba a la vuelta, en el barrio Candioti sur. Ella reconoció a uno de los integrantes del grupo de tareas y le reprochó en voz alta: "¿Qué haces vos acá?". Después, uno de los sobrevivientes de la comisaría 4ª, Alejandro Córdoba, dijo que Alicia había reconocido "a un primo que era de los servicios", y no sólo en el secuestro, sino también en las sesiones de torturas en el centro clandestino conocido como "La casita". Padín era primo hermano de Alicia y operaba como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe. Pero ayer, su cuñada, María Isabel Rodríguez, lavó de toda sospecha a Padín. Uno de los abogados de la querella le preguntó si conocía a Padín y sabía del parentesco con Alicia. "Sí, era primo hermano y lo conocía porque vivía enfrente de mi casa paterna. Pero Padín no era el que la entregó, no era él", contestó la cuñada de Alicia.

Más tarde, el fiscal Martín Suárez Faisal volvió sobre esa línea de investigación que la justicia dejó inconclusa. "¿Usted sabe si Alicia reconoció a alguien en ese grupo (de tareas)", preguntó.

Sí, a uno de ellos le dice: '¿Vos acá? Me lo dijo mi marido (Alan López, ya fallecido, que acompañó a los represores hasta la casa de sus suegros, donde estaba Alicia). Nosotros pensábamos que había sido Padín, pero yo lo ví antes y no era él. De todas formas, se llevaban mal, pudo haber sido, pero no era él contestó la señora Rodríguez.

El fiscal pidió entonces que se le exhiba una fotografía de Padín, que está en su legajo de PCI. La señora de Rodríguez pareció molesta por el pedido. "¿No me va a hacer reconocer una foto ahora que ya pasaron 30 años?", se quejó. Le aclararon que era una foto de la época, mientras la pro secretaria del Tribunal le alcanzaba el expediente con la foto de Padín.

Sí, ese era el primo de Alicia, pero no era el que yo vi. Por lo menos, no lo reconocí. Estaban todos uniformados con camperas, no puedo reconocer al que tuve cara a cara contestó la mujer.

Más tarde, declaró el ex marido de Alicia, Luis Juan Rodríguez, que estaba preso en la cárcel de Rawson cuando secuestraron a su ex mujer, en octubre de 1976. Rodríguez era abogado de las Ligas Agrarias, en el Chaco, lo detuvieron en abril de 1975 y recién recuperó la libertad vigilada en noviembre de 1981. "¿Conoció al primo de Alicia?", le preguntaron.

No, no lo conocía. Era un primo hermano de ella. Pero no teníamos ningún trato. Lo conocía porque vivía a la vuelta de mi casa cuando era soltero. No había ningún tipo de relación contestó Rodríguez. Y después le exhibieron la misma foto del legajo de PCI de Padín que había reconocido su hermana unos minutos antes. "Por el nombre, tiene que haber sido el primo de Alicia", respondió, sin aportar más datos.

Se inicia el juicio por la desaparición de Alicia López

El juicio al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, por el secuestro y asesinato de la docente y militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, arrancó ayer con un hecho llamativo. Diez testigos que estaban citados a declarar en el proceso varios de ellos policías fueron desistidos por las partes, por lo que la lista original de 28 convocados se redujo ahora a 18, que serán escuchados por el Tribunal Oral Federal en sólo tres audiencias: hoy les tocará el turno a seis, mañana a otros seis y el lunes a los seis restantes. Para hoy están citados el esposo de Alicia y ex juez, Luis Juan Rodríguez y la hermana de éste, María Isabel Rodríguez, quien fue testigo del secuestro de su cuñada en noviembre de 1976, en la casa de sus padres. Luego, seguirán dos militantes históricos de las Ligas Agrarias, Oscar Lovey y Remo Vénica y cerrarán dos ex detenidos políticos que vieron a Alicia en la comisaría 4ª: Alejandro Córdoba y Alcides Schneider.
Mañana, continuarán otros cinco detenidos políticos que pasaron por la comisaría 4ª: Raúl Pinto, José Schulman, Graciela Roselló, Hernán Gurvich y Vilma Cancián. El sexto será el ex policía y chofer de Facino, José Dalmacio Vázquez. Y el lunes, seguirán otros dos ex policías: Raúl Oscar Gómez y Nilda Ramírez y luego el ex presidente de la Conadep Santa Fe, Juan Carlos Adrover, José Luis García, la poeta y periodista Stella Calloni y la psicoanalista Fabiana Rosseaux. El martes que viene está prevista una inspección judicial a la comisaría 4ª, y después habrá una pausa por la feria judicial de invierno, así que las audiencias se reanudarán con los alegatos: el 23 de julio le tocará a la acusación el Ministerio Público Fiscal y la querella y el 29 a la defensa. El veredicto podría conocerse el 2 de agosto.

Uno de los testimonios previstos para hoy, el de la cuñada de Alicia, María Isabel Rodríguez, volverá plantear una línea de investigación que no fue agotada por la justicia: ¿Quién fue el entregador que delató a Alicia y acompañó al grupo de tareas hasta la casa que la secuestró, el 21 de octubre de 1976?

Después de la detención de su esposo, en Resistencia, Alicia se había refugiado en la casa de sus suegros con sus tres hijos que entonces tenían siete, cinco y tres años. Las dos nenas mayores dormían en la casa de su cuñada y ella y el nene más chico, en la casa de su suegra que estaba a la vuelta, en Sargento Cabral al 1.300, en el barrio Candioti sur. Primero, los represores fueron a buscarla a casa de su cuñada. Eran unas 20 personas con armas largas, algunos de uniforme y otros de civil. Y después, al domicilio de la suegra, donde quedó cara a cara con el entregador, a quien increpó: "¿Qué hacés vos acá?", le dijo. La cuñada de Alicia dijo que ella también lo había visto, pero que no pudo identificarlo: "No pude reconocerlo, pese a haberlo visto", afirmó. Otro de los testigos citados para mañana, Alejandro Córdoba, dijo que Alicia López le había comentado quién era el "entregador". "Me habló de un primo de ella", recordó en un diálogo con Rosario/12. "Cuando estuvimos en la comisaría 4ª, ella dijo que en el operativo en el que la detienen había participado un primo. Eso es lo que dijo, al menos lo que yo recuerdo, que era un primo que pertenecía a los "servicios" y que estuvo presente cuando la detuvieron en su domicilio. Y luego, cuando la trasladan posiblemente a La Casita y la estaban interrogando ella estaba desnuda sobre una cama y me dijo que un gordo se le tiró encima. Y que varios se rieron y ella reconoció la voz al primo que había ido a detenerla a su casa. Decía que tenía una risa muy particular", comentó Córdoba.
¿Lo identificó en el secuestro y luego en en el centro clandestino?
Sí, me dijo que en el centro clandestino, que era el lugar de torturas, también estaba presente, que lo había identificado por su risa. Años más tarde, en 1984, hablé con la madre de Alicia, que hizo referencia a esta persona.
¿Y quién ese esa persona?
No recuerdo el nombre. Está acreditado en el expediente. Ese es. Ella lo nombró. Durante un tiempo retuve el nombre y después me olvidé. La familia de Alicia podría decir quién estuvo presente en el secuestro", afirmó Córdoba.

lunes, 21 de junio de 2010

El guía para detectar la fosa común

La identidad del testigo se mantiene en reserva. Sus dichos fueron la llave para que la Casa de Derechos Humanos presentara la denuncia ante el juez Miño. El elemento clave fue la cal que se habría usado para ocultar los cuerpos.

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

Rosario/12 tuvo acceso a un testimonio clave que orientó la búsqueda del Equipo Argentino de Antropología Forense que la semana pasada halló una fosa común con restos humanos en el campo San Pedro, en una investigación judicial de enterramientos clandestinos de la dictadura. Es el relato de un baqueano, que cuidaba el predio militar hace más de 30 años. Y fue incorporado por la Casa de Derechos Humanos a la causa que se inició en marzo de 2007 ante el juez federal Nº 2, Francisco Miño. La identidad del testigo se mantiene en reserva, pero existe una versión grabada.
El elemento clave de la pesquisa fue la cal que habrían utilizado los ejecutores para hacer desaparecer los cuerpos. Precisamente, los restos encontrados la semana pasada por los antropólogos estaban bajo un manto blanco. "Es una fosa común, en cuyo interior se hallaron restos humanos de varias personas cubiertos con cal y evidencia balística asociada a los mismos", dijo el Equipo de Antropología Forense al anunciar el hallazgo.

El hecho que relató el encargado del campo ocurrió en 1977. "Un día, a media mañana llegó un grupo del Ejército. Por experiencia, logro distinguir entre ellos a algunos que pertenecían a Inteligencia. Yo sabía que cuando venían los de Inteligencia, me tenía que retirar. Días atrás habían descargado gran cantidad de bolsas de cal, cosa que me había llamado la atención. Las habían apilado en una de las habitaciones de lo que era el casco antiguo del campo", agregó.
"A mí me traen a Santa Fe, al Distrito Militar. Y en estas situaciones, yo sabía también que no iba a poder volver al campo, por lo menos en tres o cuatro días, así que aprovecho para volver a mis pagos y ver a mi familia", siguió.

"Cuando vuelvo al campo, veo que ya no estaban las bolsas de cal apiladas en la pieza. Uno como baqueano que siempre fue, conocía cada rincón, cada huella, cada hondonada del campo porque diariamente lo recorría a pie o a caballo para arreglar un alambrado, buscar un animal o hacer cualquiera de las tantas tareas que uno desarrolla normalmente para mantener un campo", afirmó.
"Era común encontrar pozos y excavaciones. Era un campo de maniobras del Ejército, así que era normal que cavaran trincheras o casamatas, pero nunca se tomaban el trabajo de taparlas, quedaban así nomás, al descubierto. Pero esta vez, lo que me llama la atención es que los habían vuelto a tapar con tierra. Si bien no había rastros de la cal en los alrededores de la fosa, yo había escuchado que era una práctica común en estos casos el uso de la cal. Y desde que yo llegué al campo, en el vecindario se hablaba de que ocurrían estas cosas en el campo de San Pedro", relató el testigo.

La Casa de Derechos Humanos recordó que ya "en 1985, era común escuchar relatos de los vecinos de Laguna Paiva sobre hechos relacionados al terrorismo de estado que involucraban al campo de San Pedro. Lugareños, pescadores o vecinos de la zona hablaban de haber visto zapatos apilados o excavaciones que suponían eran fosas. Y en ese mismo año se entregan diversos elementos de prueba a la Conadep". Pero después, las leyes de impunidad frustraron la posibilidad "de una investigación sobre lo que ya no tenemos dudas, que era un campo de exterminio del Ejército Argentino".

Sin embargo, la Casa de Derechos Humanos que integran Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico recopiló más indicios y testimonios anónimos. "Sobre fines del 2006, ya era posible sustentar con seriedad una denuncia", que fue presentada ante el juez Miño, el 19 de marzo de 2007.
Uno de los problemas era la extensión del campo de más de 100 hectáreas. "Las nuevas herramientas tecnológicas abonaban la búsqueda, pero el elemento que nos animaba a persistir en la investigación era la cal utilizada", agregó.

"El primer señalamiento de un posible lugar atrajo la presencia de una camioneta del Ejército con personal de civil, que se aproximó a esta primera demarcación. Este hecho que consta en los expedientes de la causa, nos hizo confirmar la sospecha que algo importante había y que molestaba", recordó la Casa de Derechos Humanos.

"Al principio, el Equipo Argentino de Antropología Forense hizo algunas muestras de terreno, pero sin ningún resultado concreto. Era necesario un presupuesto que la justicia federal finalmente aportó y desde febrero de 2010 el trabajo fue sistemático, sobre un terreno hostil".
"Luego de más de cuatro meses de trabajo y hacia el sur del primer señalamiento, con más de 2.000 muestreos de terreno, se encontraron restos humanos sueltos. Y finalmente apareció la cal, ese elemento ajeno al lugar que era la pista concreta que se tenía y se buscaba".

Los militantes de la Casa de Derechos Humanos están convencidos que los restos hallados son de víctimas del terrorismo de estado. "Están allí. No sabemos cuántos, pero vamos a rescatarlos del olvido, porque hemos reencontrado una pequeña porción de historia escondida, ocultada por criminales que tendrán rostro concreto, cargo y rango militar determinado, del primero al último, aunque algunos se hayan muerto sin recibir el castigo de esta justicia tan demorada".

Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo

En lucha hasta que se demuestre lo contrario

Teniendo en cuenta las declaraciones públicas de Jorge Daniel Pedraza, en su carácter de funcionario público del gobierno de la provincia de Santa Fe, como Director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, repudiamos que:

* Refuerce la hipótesis de robo cuando la justicia todavía no se expidió y hay elementos de prueba solicitados por parte de los querellantes, minimizando que Silvia fue una testigo clave en el juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros represores y que también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero Reinaldo Hattemer, secuestrado el 25 de enero de 1977 en la ciudad de Rafaela.

* Elogie públicamente el desempeño policial rafaelino, existiendo las siguientes evidencias de la desprolijidad e inoperancia en su accionar desde ocurrido el asesinato hasta la fecha: La policía realizó el peritaje del lugar del crimen en ausencia de la Fiscal de turno y sin proteger la escena del crimen como el protocolo lo exige (no cerrando el perímetro y permitiendo el acceso a curiosos); no encontró huellas en el lugar del hecho "ni siquiera las de Silvia Suppo; no dio con testigos que reconocieran a los imputados; no pudo encontrar al remisero que trasladó a los presuntos asesinos hasta la terminal de ómnibus y, cuando la justicia finalmente lo encontró, la policía lo citó ilegalmente a declarar en la comisaría antes de hacerlo frente al juez y no entregó a la justicia el video de las filmaciones que la concesionaria de la terminal de ómnibus de Rafaela aportó a pocas horas de la salida de la ciudad de los implicados.

* Elija y respalde al diario Castellanos de la ciudad de Rafaela, medio gráfico que desde el comienzo, mediante un operativo de prensa basado en mentiras y manipulación tendenciosa de la información, instaló y cerró el caso en la hipótesis de homicidio calificado en ocasión de robo, aún con la investigación en curso; medio que además siempre deslegitimó el reclamo de justicia que sostenemos desde el Espacio Verdad y Justicia.

Es llamativo que ante los dichos públicos del funcionario provincial de Derechos Humanos Pedraza, ninguna otra autoridad provincial haya salido a plantear otro punto de vista. Siendo ésta la postura oficial del gobierno y teniendo en cuenta el contexto de continuas amenazas y atentados sufridos por testigos y querellantes no sólo en Santa Fe y Rosario, si no en todo el país en las últimas semanas, nos preguntamos ¿cuáles son las reales motivaciones políticas que sostienen esta versión?

Por todo lo expuesto seguimos luchando y exigiendo ESCLARECIMIENTO YA! del asesinato de Silvia Suppo, aparición con vida de Julio López, cárcel común y perpetua a los genocidas.

Siguen las firmas: Familiares y compañeros de Silvia Suppo, Enredadera. Grupo de mujeres y feministas; Centro Cultural y Social Estación Esperanza; La casona de los pibes; Centro Testimonio Rafaela; Movidero; Programa de Promotores Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Copa de leche Todos para Todos. Adhesiones: H.I.J.O.S. Regional Santa Fe, Víctor Salami, Beatriz Pfeiffer, Lydia Vieyra Denunciantes causas 16/08 y 05/09 Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe; Anatilde Bugna y Stella Marys Vallejos. Querellantes juicio "Brusa y otros"; Carlos Raviolo, José Villarreal Testigos causa "Brusa y otros"; Mirta Acuña de Baravalle MADRE DE PLAZA DE MAYO LINEA FUNDADORA; Alberto B Ilieff, Sara Torres"presidenta de la Coalición Internacional contra la Trata de Personas (CATW), ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS Buenos Aires; Profesionales Latinoamericanos/as contra el Abuso de Poder, Pilar Vendrell; Unión por los Derechos Humanos La Plata Ex detenid@s desaparecid@s, Familiares y Compañer@s, María Eva Rearte, Osvaldo Hugo Cucagna, Mariana S. Gottero, Fulvio Stanis, Claudia Korol, Casapueblos (Madrid), Campaña de Apoyo a Juicios (Madrid), Periódico Codo a Codo (Madrid), Martha Rosenberg, Asoc. Civil Las Diversas, Espacio Feminista de la ciudad de Santa Fe, Paula Heredia, Olga Morales DNI 6430720.

domingo, 20 de junio de 2010

LOS HIJOS DE SILVIA SUPPO, ASESINADA EN RAFAELA, RENUNCIARON A PROGRAMA DE PROTECCION.

No quieren custodia sino transparencia

Lo hicieron después de declaraciones de funcionarios provinciales. "Si para el gobierno, el asesinato de nuestra madre no es un crimen político entonces no es necesario que nosotros estemos protegidos", dijeron en dura crítica.

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Los dos hijos de Silvia Suppo, Andrés y Marina Destéfani, renunciaron al programa de protección a testigos y víctimas del terrorismo de estado en rechazo a declaraciones del director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria, Jorge Pedraza, a quien su jefa y secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, prometió desmentir, pero que no lo hizo. "Si para el gobierno, el asesinato de nuestra madre no es un crimen político y no hay ningún riesgo, entonces no es necesario que nosotros estemos en un programa destinado a testigos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad. Por eso, decidimos renunciar", dijo Andrés Destéfani en un diálogo con Rosario/12.
La semana pasada, Pedraza planteó la hipótesis del robo que le costó la vida a Suppo. Y la fundamentó en "la coincidencia de las declaraciones en sede judicial, indagatorias" y "testimoniales" que configuran "un plexo probatorio suficientemente contundente". Ya "no se puede hablar de un crimen político", dijo. Y ponderó la pesquisa policial que dirigió el jefe de la Unidad Regional V, comisario Juan Mondino, a quien consideró uno de los "oficiales jóvenes de la democracia que quieren hacer bien las cosas". "Yo puedo asegurar que en este caso, la Policía ha obrado con muy buena voluntad y obtuvo resultados a muy corto plazo que no es común en este tipo de crímenes", abundó.
Los hermanos Destéfani se molestaron por las afirmaciones de Pedraza, no sólo por el tenor, sino también por el medio que eligió para decirlas. Y decidieron renunciar al programa de protección a testigos. Primero, llamaron a la abogada que tenía más contactos con ellos, María Mora, quien se encargó de informar del tema al director de Programas de Derechos Humanos, Oscar Blando y a la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta.
Acosta le devolvió la llamada a Andrés. "Habló conmigo y me dijo que el gobierno no tenía nada que ver con las declaraciones de Pedraza, que habían sido hechas a título personal. Pero mi hermana y yo creemos que no es así, porque Pedraza es un funcionario del gobierno de Hermes Binner y cuando habla lo hace como director de la Memoria, representa algo mayor. Y si no tuvo en cuenta su rol y el medio dónde lo dijo, lo tendría que haber hecho", retrucó Andrés con ironía.
El verticalismo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia es un secreto a voces en los corrillos de la Casa Gris. Y el indicio son las quejas de un funcionario de tercer rango que se arriesgó a perder el cargo por que respondió un pedido de informes del ministro del área, Héctor Superti, sin consultar a la secretaria Acosta.
Andrés Destéfani dijo que ya pasó una semana desde que comunicó su renuncia y la de su hermana, pero el gobierno todavía no mandó a nadie a Rafaela a recibir los teléfonos del programa de protección a testigos y darles la baja. "Cuando Rosa Acosta habló conmigo, le pedimos que traigan los papeles para dar la baja, pero hasta ahora nadie se acercó a Rafaela", agregó.
¿Qué les molestó de lo que dijo Pedraza?-preguntó Rosario/12.
Ellos pueden tener la interpretación de la causa que quieran, pero cuestionamos el tenor y el medio donde lo dijo. Y más, que elogie a un medio que, desde el primer día, nos viene pegando, criticando y mintiendo. Dijeron que habíamos demorado en constituirnos en querellantes, lo que es falso. Dijeron que no habíamos aprovechado las posibilidades que nos da el Código Procesal Penal, lo que también es falso porque todas las medidas que se tomaron últimamente en la causa fueron a pedido de la querella- contestó Andrés.
"Nosotros interpretamos que si para el gobierno el asesinato de nuestra madre no es un crimen político y no hay ningún riesgo, entonces no es necesario que nosotros estemos en un programa destinado a la protección de testigos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad. Por eso, salimos del programa", explicó.
Los hijos de Silvia Suppo están doloridos con Pedraza. "Era un conocido de la familia. Mi papá (Jorge Desféfani, ya fallecido) siempre nos dijo que si pasaba algo o teníamos algún problema, Pedraza era de confianza y que hablemos con él. Y fue lo primero que hicimos. Cuando estábamos en el hospital de Rafaela y nos comunicaron la muerte de nuestra madre, lo llamamos a él para saber cómo manejarnos y qué hacer. Fue al primero que llamamos. Así que no podemos creer que haya hecho esto, que hable en el medio que viene mintiendo y salga a defender a la Policía cuando la desprolijidad en la investigación es cada vez más clara, más allá de las interpretaciones que pudiera tener de la causa y del expediente", dijo Andrés. Y ofreció dos hechos:
* La confusa situación con un video de la Nueva Terminal de Rafaela "donde se ve a los cuida coches que se atribuyeron el asesinato de Silvia Suppo y que la empresa concesionaria sostiene haber entregado a la Policía hace dos meses y que la Policía asegura que no lo recibió.
* Y lo que sucedió con el remisero que llevó a imputados hasta la terminal, que primero no podía ser localizado y cuando se lo identificó porque la querella pidió el secuestro de los libros de la empresa y se lo citó a declarar en sede judicial, dijo que antes había tenido que pasar por la Jefatura.

martes, 15 de junio de 2010

Comunicado de H.I.J.O.S. - Regional Santa Fé y Comunicado del EAAF

Escribimos estas líneas desde el corazón, con el profundo dolor de la ausencia, con la convicción de que nuestros padres y madres no nos abandonaron, no se fueron a Europa, no se fueron de vacaciones.

Todos los desaparecidos están muertos pero no tenemos sus cuerpos, treinta años hace que los lloramos pero aún no hemos podido enterrarlos.

Hoy, invierno de 2010 en Santa Fe, nos enteramos que el Ejército Argentino cavó una fosa común en el Campo San Pedro de Laguna Paiva donde enterró desaparecidos, tal vez algunos de nuestros padres y madres, tal vez hermanos, hijos, pero todos, todos ellos compañeros militantes, entrañables amigos, queridos, amados, a quienes todos nosotros extrañamos tanto.

Primera fosa común en terrenos del Ejército Argentino!.
Tenemos mucha alegría por el hallazgo y mucha tristeza por las verdades que se descubren en cada pozo que se abre, con las manos artesanas del equipo de antrópologos argentinos.

Cómo puede existir tanto horror!
Cómo pudieron cavar tumbas en lugares clandestinos!
Cómo se atrevieron a cometer un genocidio!

Porque en nuestro país hubo genocidio, hubo actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, entre ellos, matanza de los miembros del grupo.

En nuestra provincia hubo genocidio. En Santa Fe hubo genocidio y tiene nombre: el Ejército Argentino genocida que secuestró, torturó, masacró, asesinó, desapareció cuerpos y luego los tiró en una fosa común!.

Pero ellos están ahí, están acá, están en todas partes, están presentes.
Nadie tan presente como nuestros 30.000 desaparecidos.
Cada vez que te nombro no solo digo tu nombre
también digo banderas agitadas, gritos de justicia
sueños de otro país

Por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros hermanos apropiados
30.000 compañeros detenidos desaparecidos
PRESENTE!

 NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
CARCEL COMUN PERPETUA Y EFECTIVA
NI UN SOLO GENOCIDA POR LAS CALLES ARGENTINAS
JUICIO Y CASTIGO AL EJERCITO ARGENTINO

H.I.J.O.S. Regional Santa Fe

 

COMUNICADO DE PRENSA – 15/06/10
En el marco de la causa caratulada “INTEGRANTES DE LA CASA DE DDHH S/DENUNCIA” – Expediente N° 137/07 – de trámite por ante la Secretaría Penal del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Santa Fe, iniciada el 19 de  marzo de 2007 ante la denuncia formulada por integrantes de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe y de otros organismos de Derechos Humanos, con intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de esta ciudad, y con conocimiento de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha encomendado al Equipo Argentino de Antropología Forense la realización de trabajos de prospección arqueológica a fin de localizar posibles inhumaciones clandestinas realizadas durante el último gobierno militar y en su caso la posterior identificación de los restos humanos,  en el denominado “Campo San Pedro” perteneciente al Ejército Argentino, ubicado a la vera del camino que une Campo Andino con Arroyo Aguiar, a unos 15 Km. al Este de Laguna Paiva, en jurisdicción de Campo Andino, Departamento La Capital de esta provincia.-
En virtud de las diligencias realizadas desde el año 2007, diferentes excavaciones, relevamiento del terreno y análisis de distintas fuentes documentales, y como resultado del plan de trabajo continuo y sistemático de exploración intensiva realizado en un predio de más de 100 hectáreas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, el día miércoles 9 de Junio del corriente mes y año, se produjo el hallazgo de una fosa común, en cuyo interior se hallaron restos humanos de varias personas cubiertos con cal y evidencia balística asociada a los mismos.-
Se han iniciado las tareas tendientes a lograr la identificación de los restos encontrados, sin perjuicio de lo cual cabe señalar que el hallazgo mencionado no dan por terminadas las tareas de prospección y búsqueda, restando todavía explorar una gran superficie del terreno.-
EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGIA FORENSE
Contacto: Lic. Miguel Nieva: (011) 155 4553400

SANTA FE : Un centro de exterminio de la dictadura militar

Miguel Nieva,
LOCALIZAN POSIBLES INHUMACIONES CLANDESTINAS DE VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO CERCA DE SANTA FE

El campo San Pedro -como se lo llama , tiene más de 100 hectáreas, era utilizado para prácticas de artillería y maniobras militares, por lo que demandó un trabajo intensivo desde 2007. Ahora, la tarea apuntará a precisar la magnitud del hallazgo

 Por Juan Carlos Tizziani

El Equipo Argentino de Antropología Forense halló una fosa común con restos humanos en un campo del Ejército cercano a la ciudad de Santa Fe, en una investigación judicial por inhumaciones clandestinas de víctimas del terrorismo de estado que comenzó hace tres años. "Es el segundo hallazgo de este tipo en el país, pero el primero en un predio militar", dijo a Rosario/12 el antropólogo Miguel Nieva, quien dirige la búsqueda en una causa que instruye el juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño. Se trata de restos de "varias personas" encontrados bajo un manto de cal y "asociados a evidencias balísticas", explicó Nieva. El campo San Pedro -como se lo llama , tiene más de 100 hectáreas, era utilizado para prácticas de artillería y maniobras militares, por lo que demandó un trabajo intensivo y sistemático desde 2007 que se coronó esta semana. Ahora, la tarea apuntará a precisar la magnitud del hallazgo y avanzar en la búsqueda de una segunda fosa común, como relatan algunos testimonios de lugareños.

La causa se inició en abril de 2007 por una denuncia de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, que integran Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico. Pero ya en 1984, la Conadep había recibido comentarios del cuidador del campo San Pedro, que sospechaba de enterramientos clandestinos por las evidencias que había encontrado, entre ellas manchas de sangre en un árbol. El hecho abonó la hipótesis de un "centro de exterminio" de la dictadura, pero que no se pudo verificar porque nunca hubo una investigación seria y sistemática hasta ahora, cuando se abrió la causa hace tres años.

El juez Miño convocó al Equipo de Antropología Forense para realizar una "prospección arqueológica" en el campo San Pedro, "localizar posibles inhumaciones clandestinas de la dictadura" y en su caso, identificar "los restos humanos". El predio está ubicado en jurisdicción de Campo Andino, a la vera de la ruta entre esa localidad y Arroyo Aguiar y a unos 15 kilómetros de Laguna Paiva.

"Desde 2007, se realizaron diferentes excavaciones, un relevamiento del terreno y el análisis de distintas fuentes documentales", dijo Nieva. "Y como resultado de ese plan de trabajo continuo y sistemático de exploración intensiva, el miércoles pasado se produjo el hallazgo de una fosa común, en cuyo interior se hallaron restos humanos de varias personas cubiertos con cal y evidencia balística asociada a los mismos", agregó. "Ahora, comenzarán las tareas de identificación", pero seguirá "la prospección y búsqueda" de un segundo enterramiento porque "todavía falta explorar una gran superficie" del campo.

Nieva dijo que la fosa encontrada esta semana tiene casi tres metros por uno y medio. "Es una fosa común con un número indeterminado de personas. No sabemos qué cantidad de cuerpos puede haber ahí adentro, que están con restos de cal. Hemos encontrado también evidencias balísticas que nos permitiría corroborar esta hipótesis de enterramientos clandestinos de la dictadura. Todavía no tenemos la certeza de que sea esto, pero estamos en camino a comprobarlo", afirmó.

La primera vez que el Equipo de Antropología Forense halló fragmentos humanos en un centro clandestino fue en el "Pozo de Arana", en La Plata, donde estuvo secuestrado Julio López. "Pero esta es la primera vez que se encuentran restos humanos en un predio del Ejército", precisó Nieva. "Se hicieron trabajos en varios lugares del país, se trabajó en La Perla, en el Batallón de Arsenales en Tucumán y en otros lugares, pero es la primera vez que logramos encontrar restos en un predio militar".

"El campo se utilizó durante mucho tiempo para prácticas de artillería y maniobras militares. Por eso, el terreno es muy difícil de abordar porque está lleno de modificaciones, tiene pozos de zorros y trincheras. Estos cambios dejaron secuelas. Así que nosotros evaluamos todas estas señales que hay en el campo y cuáles son las potencialmente explorables y cuáles no. Y sobre esa base, avanzamos para tratar de cubrir toda la superficie que se pueda y no dejar dudas sobre si hay restos. Ahora, sabemos que sí hay restos humanos", relató el antropólogo.

¿Encontraron proyectiles? -preguntó Rosario/12.

Encontramos una vaina servida de arma de fuego asociada con los restos, pero en este caso no es un indicio de relevancia porque era un campo de artillería y hay muchísimos fragmentos de municiones, vainas y proyectiles que suele utilizar el Ejército. Ahora si aparecen asociadas a los restos, ahí habrá que ver, pero todavía no estamos en esa etapa -contestó.

La investigación demandó un gran esfuerzo. En un primer momento, los testimonios apuntaron a determinados lugares del campo como posibles sitios de enterramientos clandestinos. "Los exploramos a todos, incluso ampliamos la zona, pero no encontramos nada. Entonces, lo que hicimos fue plantear el trabajo en todo el predio y cubrir los indicadores naturales que veíamos", relató Nieva. Esto significó que se hicieran más de 2.000 sondeos y en los últimos meses entre 60 y 70 por día. "Por eso tenemos tantas excavaciones, porque hay un equipo grande de trabajo integrado por ocho personas. Hicimos prospección sistemática en todo el predio y para eso utilizamos una pala diseñada especialmente que saca una muestra del sedimento y vamos corroborando si hay remociones que tengan correlato con las perturbaciones que vemos en la superficie", agregó.

La tarea del Equipo de Antropología Forense explica la importancia que le asignó a los testimonios y denuncias de la gente del lugar que se conocen desde 1984, como el relato del cuidador del campo que falleció hace algunos años. "Por eso planteamos este método de trabajo, porque valoramos todos los testimonios y denuncias. Y sabemos que con el paso del tiempo es muy difícil ubicar los lugares con tanta precisión en un predio tan grande que tiene más de 100 hectáreas", dijo Nieva. Y en esa investigación también colaboraron otros dos organismos de derechos humanos: Hijos y la Asociación para la Recuperación de la Identidad Histórica de Argentina (Aristha).

Un agente civil de la dictadura, Eduardo Constanzo, condenado a prisión perpetua en el juicio de Rosario, relató a este diario el traslado de 27 personas desde La Calamita hasta una quinta en Monje y luego inhumadas en un campo del Ejército en Santa Fe. ¿Esto tiene que ver con esa investigación judicial?

Hasta que no se produzca una identificación de los restos no vamos a saber si eso es así o no. Ahora, si se identifica a una de las personas del traslado que habla Constanzo y es una de esas 27 personas que trasladaron desde La Calamita, ahí estaríamos aportando una prueba científica para fundar el testimonio de Constanzo. Pero habrá que esperar el resultado de los ADN- concluyó Nieva.

miércoles, 9 de junio de 2010

Acerca de lo que consta y de lo que no consta

Por Víctor Salami, Beatriz Pfeiffer* 


Quienes suscribimos esta manifestación decimos: ¡Hasta cuándo los gobiernos van a despegarse tanto del sentir del pueblo!: "no me avisaron", "yo no sabía" y ahora, "no me consta".
"No me consta", dice el Gobierno de la provincia a través de su Ministro Gaviola "que la policía haya tenido en su poder los videos que le entregó la concesionaria de la terminal de ómnibus el día 29 de marzo".

A todos nos consta que la investigación del crimen de nuestra compañera Silvia Suppo tiene muchos puntos oscuros.
A todos nos consta que Silvia era una testigo importantísima en los juicios por terrorismo de estado que se siguen en Santa Fe y que su muerte beneficia a muchos genocidas, algunos de ellos vecinos de Rafaela.
También nos consta que la "prolijidad" -según los dichos de Gaviola de la policía en la investigación hasta ahora no pudo encontrar ninguna prueba que relacione el crimen con la autoimputación de los dos detenidos.
Nos consta que en el lugar del crimen nunca se realizó un cerco policial y fue invadido por personas que iban y venían pisoteando posibles huellas y moviendo objetos. Eso es "contaminación del lugar del hecho" y lo aclaramos por si alguien no entendió: no hay huellas, ni rastros que hayan podido ser identificados.
Al ministro de seguridad no tiene que constarle nada, lo que tiene que decir es si la prueba se entregó o no y, si se entregó, ¿por qué no la tiene el juez desde el mismo 29 de marzo?.
Pero ya que el ministro está opinando sobre la investigación, que nos cuente cómo la policía a las seis horas del crimen de Silvia ya tenía los nombres de los supuestos asesinos y había detenido a la esposa de uno de ellos y todavía, aún hoy, no pudo encontrar al remisero que los trasladó de la casa a la terminal de ómnibus.
Evidentemente, hay muchas cosas que no le constan al ministro. Como tampoco le consta al Gobierno de Santa Fe que en esta provincia fueron dejados en libertad, además de los genocidas Lofiego, Marcote y Vergara, cuatro más que están procesados por delitos de lesa humanidad y que son: el teniente coronel Jorge Roberto Diab y el capitán Domingo Morales, ambos operaban como 2º y 3º del Destacamento de Inteligencia Militar 122, procesados por 46 y 16 homicidios -respectivamente de militantes políticos, asociación ilícita, secuestros y torturas entre 1976 y 1977 y la supresión de identidad de una niña; el general Carlos Alberto Settel y el suboficial Mario Carmelo Ferger, imputados por la desaparición y el homicidio de dos soldados conscriptos: Edgardo Ferreyra y Roberto Daniel Suárez, en 1977. Esto también tiene que ver con la seguridad de los testigos y querellantes como Silvia Suppo.

Nosotros/as, testigos, denunciantes, querellantes, compañeros/as y militantes políticos en defensa de la plena vigencia de los derechos humanos decimos que son las autoridades del ejecutivo provincial quienes tienen la obligación de aportar a la justicia los elementos probatorios y de convicción acerca del crimen, mientras tanto nosotros/as seguimos sosteniendo esclarecimiento ya del crimen político de la compañera Silvia Suppo.

*Firman también: Lydia Vieyra, José Villarreal, Vilma Pompeya Gomez, Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Carlos Raviolo, Carlos Borgna, Froilan Aguirre, Liliana Gomez, Laura Ferrer Varela, Alfredo Vivono, Maria Alejandra Fracassi, Lucila Puyol, Valeria Silva, Natalia Vega y siguen las firmas.

domingo, 6 de junio de 2010

Lo que falta saber sobre el asesinato de Silvia

HACE TRES MESES FUE ASESINADA EN RAFAELA SILVIA SUPPO, UNA TESTIGO CLAVE EN CAUSAS POR TERRORISMO DE ESTADO EN SANTA FE. LOS INDICIOS APUNTAN A UN CRIMEN DESPUES DE UN ASALTO, PERO LAS PRUEBAS NO PARECEN SOLIDAS.

El juez que investiga la causa apunta ahora a conocer qué remis llevó a los confesos asesinos de Silvia, a la terminal de ómnibus de Rafaela. También el magistrado quiere saber de un video de seguridad que los responsables de esa estación dicen que entregaron a la policía. Y, finalmente, investiga llamadas intimidatorias a miembros de la familia.
 
 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

A dos meses del asesinato de Silvia Suppo, el juez que tramita la causa, Alejandro Mognaschi (Instrucción Nº 2), ordenó una serie de pruebas que pidió la querella que patrocina a los hijos de la víctima, Marina y Andrés Destéfani. Una de las medidas apunta a individualizar al chofer de un remís que transportó a los dos lavacoches que se atribuyeron el homicidio, Rodrigo Sosa, de 18 años y su primo, Rodolfo Cóceres de 22, hasta la Terminal de Omnibus de Rafaela, el 29 de marzo a la siesta, pocas horas después del crimen. La segunda intenta localizar un video que la empresa concesionaria de la Terminal afirmó por escrito haber entregado "a personal de investigaciones" de la Policía, para lo cual el juez cual citó a declarar mañana, a las 8.30, en Tribunales, al responsable de la concesión, Carlos Cassinerio y al apoderado, Hernán Gunzinger. Y la tercera indaga sobre el origen de dos llamadas telefónicas intimidatorias que la novia de Andrés recibió desde el hotel Plaza Ben Hur, la última: el jueves a la noche. El viernes, funcionarios del juzgado y la fiscal Cristina Fortunato, se constituyeron en el hotel para el secuestros de libros y registros que permitan identificar al autor de las llamadas y lo mismo ocurrió después en la empresa de remises La Nueva, adonde la hermana de Sosa admitió haber llamado el 29 de marzo para pedir un auto que llevara a su hermano y a su primo hasta la terminal de colectivos y después "en su testimonio judicial identificó como VW Polo blanco conducido por "un hombre de baja estatura y pelado".

La semana pasada, los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné habían solicitado una batería de pruebas, entre ellas una nueva autopsia del cadáver de Suppo en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación. El juez Mognaschi hizo lugar a los petitorios. Pero también dispuso otras medidas para que el Ceride Santa Fe haga los estudios de ADN del material biológico que peritos de Gendarmería Nacional recuperaron en las armas homicidas y en la escena del crimen "cuatro filamentos piloso en la remera de Silvia y en el pantalón de uno de los imputados y los compare con muestras de sangre extraídas a Sosa y Cóceres.

* ¿Quién es el remisero? La querella había solicitado al juez el "secuestro de libros y registro de remises, horarios de trabajo y todo otro documento de interés para la causa" en la empresa La Nueva, donde la hermana de Sosa dijo haber llamado el día del crimen para que un auto llevara a su hermano y a su primo hasta la Terminal de Omnibus de Rafaela. "Yo llamé a Remises La Nueva con el teléfono celular de mi papá. Luego de unos minutos vino el remís y ellos se fueron" "relató Mariana Sosa. El doctor Mognaschi le preguntó si podía identificar el vehículo. "Era un auto blanco, no sabría especificar bien el modelo, pero era uno de tipo VW Polo", contestó.

¿Y quién lo conducía? -insistió el juez.

-Un hombre, de baja estatura y pelado- afirmó la hermana de Sosa.

El juez dispuso entonces el secuestro de documental en La Nueva porque el responsable de la firma informó que era "imposible determinar la identidad del remisero que pudo prestar el servicio a los imputados Cóceres y Sosa, ya que no contamos con registros referentes a la identidad de los pasajeros que utilizan nuestros móviles".

La investigación apunta al viaje de la fuga, desde la casa de los Sosa hasta la Terminal de Omnibus. Pero en realidad, los imputados abordaron dos remises después del crimen. El primero, cuando salieron del negocio de Silvia Suppo, tras el ataque que la dejó agonizante. Lo confesó Cóceres en la sede policial. "Caminamos una cuadra y doblamos dos hasta la remisería. Y ahí, mi primo le dio la dirección para que nos lleve (a su casa en el barrio) Villa Podio". Pero en el trayecto, "mi primo le dice (al remisero) que parara. Yo no conozco bien esa parte (de la ciudad). Nos bajamos del remís. Nos sacamos la ropa y a medida que íbamos caminando mi primo tira el cuchillo de él y a los cinco metros yo tiro mi cuchillo. Mi primo se sacó la ropa, la hizo un bollito y tira la ropa en un maizal, pero la ropa no estaba sucia. Nos sacamos la ropa por las dudas que alguien nos hubiera visto con esa ropa", relató Cóceres. "Y de ahí, nos vamos a la casa de mi tía, (la madre de Sosa), donde habremos llegado a las once u once y media de la mañana aproximadamente. Después, nos quedamos un rato ahí. Tomamos unos mates. Y a las dos y media llamamos a un remís para que nos llevara a la terminal de ómnibus A las tres, tomamos el colectivo a Santa Fe", donde llegaron alrededor de las cinco de la tarde.

Le preguntaron a Cóceres qué "empresa de remises habían utilizado para ir desde la casa de su primo a esta la terminal de ómnibus de Rafaela, que número de móvil era y su conductor". Contestó que no lo sabía. "No sé quién lo llamó porque yo estaba en el baño cuando lo llamaron. No recuerdo que auto era y no le presté atención al remisero. Sólo recuerdo que era un hombre, sin lentes y el auto era grande como un Polo, color blanco", dijo Cóceres.

Sosa no declaró ante la Policía y en la indagatoria judicial nadie le preguntó sobre los viajes en remises. Pero sí a la concubina de Cóceres, Marcela Cóceres, de 18 años, que tiene el mismo apellido de su pareja. "Ellos llegaron a eso de la una de la tarde y pidieron que le llamemos un remís en seguida porque se querían ir a Santa Fe", dijo Marcela. Y ratificó que fue Mariana Sosa la que pidió por teléfono el vehículo de alquiler. "Fuimos a comprar una tarjeta de teléfono para mi tío y llamó a un remís y la prima de mi marido, Mariana Sosa, los acompañó hasta la terminal en un remís de color blanco", dijo Marcela. Y más adelante agregó: "Mi prima me contó que después, en la terminal, estaban muy nerviosos".

En su testimonio ante la justicia, el 6 de abril, Marcela Cóceres ya no dijo lo mismo. "La hermana de Sosa les pidió un remís y se habrán ido a eso de las 14, se que agarraron el colectivo de las 15", afirmó. Ya no dijo que la hermana de Sosa había acompañado a los dos viajeros hasta la terminal de ómnibus, pero tampoco se lo preguntaron.

El 23 de abril, Mariana Sosa, declaró ante el juez. "Cuando ellos volvieron a mi casa me pidieron que llamara un remís. Yo no tenía idea lo que había pasado ni para qué era el remís, ni tampoco cómo llegaron a mi casa. Yo llamé a Remises La Nueva con el teléfono celular de mi papá. Luego de unos minutos vino ese remís y ellos dos se fueron en ese remís. Era un auto blanco (") del tipo VW Polo" y el conductor "un hombre de baja estatura y pelado", dijo Mariana Sosa, a quien tampoco le preguntaron si era cierto lo que había dicho Marcela Cóceres, que ella había acompañado a su hermano Rodrigo Sosa y a Rodolfo Cóceres hasta la Terminal de Omnibus.

* ¿Dónde está el video? La querella pidió al juez Mognaschi que el jefe de la Unidad Regional V, comisario Juan José Mondino o su segundo, Leandro Amaya, informen si "el 29 de marzo, la concesionaria Nueva Terminal de Rafaela entregó a personal de investigaciones, archivos de imágenes de video almacenadas en su sistema de monitoreo y en su caso, dónde se encuentran" y "si fueron aportados a la causa". El magistrado hizo lugar, ofició a la cúpula policial de Rafaela para saber "si tiene registro fílmico de la Terminal de Omnibus". Pero también citó a declarar al responsable de la empresa concesionaria, contador Carlos Cassinerio y al apoderado, Hernán Gunzinger para mañana, a las 8.30, en su despacho en Tribunales. Y deberán concurrir "con documental que acredite el pedido y la entrega del video".

Los interrogantes sobre el video se plantearon a partir de una respuesta de la propia concesionaria. El juez había preguntado en qué ómnibus habían viajado Cóceres y Sosa a Santa Fe después del asesinato de Silvia Suppo, el 29 de marzo, si tenían "registros" de sus documentos de identidad, "si podían reconocerlos" o "cualquier otro dato que pudieran aportar". La Nueva Terminal informó que si Cóceres y Sosa viajaron a Santa Fe, lo tienen que haber hecho "en la empresa Ruta 70 que tiene los servicios de El Cóndor y San Cristóbal, con frecuencias diarias" a la capital de la provincia. Que "no cuentan con registro de compra de boletos" a través de documentos de identidad y tampoco tenían "conocimiento físico de esas personas para poder reconocerlas".

"Sí, la Nueva Terminal cuenta con un sistema de monitoreo a través de cámaras IP, el cual está a cargo de la empresa Wiltel, y como así también almacenamiento de imágenes. Estos archivos fueron entregados a personal policial de investigaciones, para el proceso de los mismos", informó Cassinerio.