Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 29 de noviembre de 2015

Carolina Guallane relató ante el tribunal la búsquedad e verdad y justicia

"Tres meses de mi vida están en blanco"
Carolina declaró en el juicio por la megacausa. Dijo que "una parte de la verdad está pendiente". Y les pidió a los jueces que investiguen si fue rehén de la dictadura para torturar a su papá.

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe.

Le preguntaron si sabía quién era. "Soy Paula Cortassa, hija de Blanca Zapata y Enrique Cortassa", contestó. María Carolina Guallane relató ante el Tribunal Oral de Santa Fe su búsqueda de verdad y justicia desde aquel el 11 de febrero de 1977, cuando el Ejército masacró a su familia en la casa donde vivían, en Castelli al 4500. Ella era una beba de un año. Blanca agonizó doce días con un embarazo a término y un tiro de gracia en la frente y Enrique está desaparecido desde entonces. Tres meses después, el 13 de mayo de 1977, el ex juez de Menores Luis María Vera Candioti se la entregó a Jorge y María Guallane, un matrimonio de Venado Tuerto que la adoptó de buena fe y la acompañó en una búsqueda que aún no terminó. En 1998, el análisis genético confirmó que es Paula, en 2000 recuperó los restos de Blanca. Y ahora, en el juicio de la megacausa contra el terrorismo de estado, planteó que "una parte de la verdad está pendiente". "Quiero saber qué hicieron conmigo en esos tres meses", desde el secuestro hasta la adopción, les dijo a los jueces. Les preguntó si había sido rehén de la dictadura para quebrar a su padre. "¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique? Necesito que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que esos tipos -como llamó a los represores- me tocaban para atormentar a Enrique en un centro clandestino. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro", se corrigió.

Carolina declaró más de tres horas ante el Tribunal que juzga a los tres imputados por el "ocultamiento" y "supresión" de su identidad: Vera Candioti, el coronel Carlos Enrique Pavón y el comisario Juan Calixto Perizzotti (a quien se lo acusa también por diez homicidios, entre ellos los de Blanca y Enrique Cortassa). Pavón era teniente y oficial de guardia del Centro de Operaciones Tácticas (COT) cuando entregó la beba al ex juez de Menores con una nota del Ejército fechada el 4 de febrero de 1977, siete días antes de la masacre.

En su testimonio, Carolina pidió respuestas al Tribunal sobre esos tres meses que están en "blanco" o en "negro", desde el 11 de febrero hasta el 13 de mayo de 1977, cuando la adoptaron los Guallane. En la audiencia siguiente, su ex abogado Jorge Pedraza precisó que el plazo de la ilegalidad era de 54 días.

- ¿Por qué 54 días? -le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal.

-Desde la fecha del operativo, el 11 de febrero, hasta que ingresa a la Casa Cuna, el 6 de abril, en estado de shock. Son 54 días -contestó Pedraza. Y coincidió que en ese lapso la beba pudo haber sido torturada en un centro clandestino para quebrar a su padre, Enrique Cortassa, un cuadro político de Montoneros, que era "objetivo" de la Inteligencia militar.

Ya en sus primeros años, Carolina dijo que tenía dudas sobre su identidad. Una tarde vio por televisión una mujer embarazada y preguntó si ella había estado en la panza de su madre adoptiva. María le contestó que no. En la pre adolescencia sufrió pesadillas. "Soñaba con ruidos, explosiones, sirenas, personas con uniforme. Me despertaba con miedo", dijo entre lágrimas. Y en la secundaria, una profesora de historia les habló sobre la dictadura y de los hijos robados a los desaparecidos, que eran como ellos. Volvió a casa y le preguntó: "¿Yo soy hija de desaparecidos?"

-Eso es lo que nos dijeron, pero no sé si es verdad -le contestó María. La respuesta la desarmó. "Fue impactante", les dijo a los jueces al relatar su angustia. "A mi papá nunca lo vi tan triste como ese día. Me parece que él sintió miedo".

En 1977, la asistente social del Juzgado de Menores que operó la entrega de la niña a los Guallane fue Blanca Soria, ya fallecida. Y su hermana, Irma, la que confirmó a los adoptantes que "los padres de Carolina estaban desaparecidos. Era lo que le había dicho Blanca, pero después cuando ésta murió, Irma quemó todos sus papeles", señaló Carolina. "Creo que Irma sabía algo más, pero no lo dijo por respeto a su hermana".

Carolina dijo que Irma Soria le aconsejó que no revolviera el pasado, que no buscara a su familia biológica. Ella le contestó que "necesitaba saber". Irma insistió y le propuso que si dejaba de buscar y "se quedaba tranquila", le pagaba los estudios en la Universidad. "Le dije que no", reveló Carolina.

Irma la llevó hasta la casa de Vera Candioti. "Yo tenía 19 años. 'Carolina, es imposible olvidar esa cara'", me dijo. El diálogo fue breve. Ella sabía ya que sus padres eran desaparecidos, pero Vera Candioti se escudó en la desmemoria. "Se acordaba de mi cara, pero no de mi caso", sospechó.

En la entrega, en mayo de 1977, Blanca Soria les había dicho a los Guallane que "la nena puede ser una bomba de tiempo". Ellos no preguntaron por qué. Y dos años después, en 1979, cuando la adopción era plena, les reveló que los padres de Carolina "no habían muerto en un accidente -como les dijo la primera vez-, sino "en un procedimiento antisubversivo", relató Carolina. "Fue un baldazo de agua fría porque Jorge Guallane era peronista, tenía las mismas convicciones que Enrique y Blanca".

-¿Qué parte de la verdad queda pendiente? -le preguntó la abogada Zulema Rivera.

-Saber que hicieron conmigo desde el 11 de febrero hasta 13 de mayo de 1977 -contestó Carolina. El 11 de febrero aniquilaron a su familia. El 13 de mayo se la entregaron a los Guallane. "¿Qué hicieron conmigo en esos tres meses? No puedo vivir tranquila con ese trauma en mi cabeza -planteó Carolina. Y recordó sus llantos, su angustia. Y dos crisis: el día que fue mamá "se me vino el mundo abajo". Y después, cuando Nicolás cumplió "un año y dos meses" y les dijo a los abuelos Guallane: '¿Así era yo cuando me secuestraron?'. De un momento a otro, me arrancaron de los brazos de Blanca y Enrique. ¿Cómo se puede vivir después de eso?", se preguntó Carolina.

"Lo que me revuelve el estómago es lo que hicieron conmigo. ¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique? Quiero que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que estos tipos me tocaban para quebrar a mi papá. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro".

martes, 17 de noviembre de 2015

A casa con la impunidad : Excarcelaron al coronel Carlos Pavón

No hay peligro de fuga (¿?)

Pavón está imputado como coautor de "retención", "ocultamiento" y "supresión de identidad y estado civil" de Paula Cortassa, hija de desaparecidos, antes de que comience el juicio.

Por Juan Carlos Tizziani . Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe dejó en libertad al coronel Carlos Enrique Pavón que estaba preso desde abril para garantizar su presencia en el juicio por la megacausa, en el que se lo juzga junto al ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti y el ex comisario Juan Calixto Perizzotti por "supresión de identidad" de la hija de desaparecidos Paula Cortassa (María Carolina Guallane), en 1977, entre otros cargos. La resolución se conoció ayer, 48 horas antes de que comience el debate sobre el caso de Carolina, quien está citada a declarar mañana, jueves, a las 10. El único que se opuso a la excarcelación del militar fue el fiscal Martín Suárez Faisal, pero a pesar de eso el Tribunal concedió el beneficio por entender que no existe "peligro de fuga" ni de "entorpecimiento" de la causa, aunque sí obligó al imputado a constituir una "caución real", que antes era de 3.000 pesos y ahora la aumentó a 10 mil.

Pavón era el único que dormía en la cárcel de Las Flores. Vera Candioti siempre estuvo libre y los días del juicio observa la audiencia desde una sala contigua por un circuito de TV y después vuelve a su casa. Mientras que Perizzotti también cumple en su domicilio sus dos condenas por delitos de lesa humanidad, que se unificaron en 23 años de prisión. El cuarto imputado es otro coronel que operó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe, Domingo Morales.

Carolina tenía un año cuando un ataque masivo del Ejército masacró a su familia, en febrero de 1977, en la casa de Castelli al 4500, donde vivía junto a sus padres biológicos: Enrique Cortassa, desaparecido desde entonces y Blanca Zapata, que agonizó con un embarazo a término y un disparo en la cabeza. En la masacre, cayó otra militante de Montoneros, Cristina Ruiz de Ziccardi, y se salvaron sus dos hijos pequeños.

Vera Candioti y Pavón están imputados como "coautores" de "retención", "ocultamiento" y "supresión de identidad y estado civil" de Carolina. Al ex juez también se lo acusa como "autor" de "prevaricato" y al militar como "autor" de "falsificación ideológica de documento público". En tanto que a Perizotti se lo juzga como "autor mediato" de "supresión, retención y ocultamiento" de la niña y de diez homicidios, entre ellos los de Cortassa, Zapata y Ruiz de Ziccardi.

En el arranque del juicio, el 23 de abril, el Tribunal -﷓integrado por los jueces de Rosario, Ricardo Vásquez, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani-﷓ había revocado la excarcelación de Pavón, que entonces estaba detenido por otra causa, y así evitar el "traslado" del imputado de "una unidad penitenciaria de otra jurisdicción".

Pero el 6 de noviembre, la Cámara Federal de Rosario dejó sin efecto el "procesamiento" de Pavón en la segunda causa y dispuso su "falta de mérito". Según la defensa, el "motivo" que impulsó al Tribunal "a dejar sin efecto la libertad" del imputado "ha desaparecido". Y argumentó que "no existe peligro de fuga" ni de "entorpecimiento de la investigación".

El fiscal Suárez Faisal rechazó el planteo de la defensa. "El Tribunal dispuso la detención de Pavón para asegurar el normal desarrollo del debate" y "su presencia en el juicio". Esas "causales aún continúan vigentes", explicó.

El Tribunal valoró a favor de Pavón que mientras éste estuvo "en libertad en la presente causa" lo autorizó a viajar al exterior en dos oportunidades, "para visitar a su hija que residía" en Chile, "sin generar entorpecimiento alguno, ni peligro de fuga, ya que dichos viajes se realizaron con total normalidad". Y "tampoco se registró ningún acto que permitiera presumir un posible entorpecimiento de la investigación", agregó.

Ahora, que la Cámara Federal de Rosario dictó la "falta de mérito" de Pavón en la causa en la que estaba detenido y el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, lo dejó en libertad. Y al no haber "motivos fundados para presumir" que el militar "pueda eludir el accionar de la justicia, y/o exista peligro de que pueda entorpecer la investigación, resulta adecuado conceder la excarcelación bajo caución real. Atento a que el imputado constituyó dicha caución en la suma de 3.000 pesos, corresponde actualizar dicha suma a 10 mil pesos" y "fijar domicilio" en Santa Fe, resolvió el Tribunal.

domingo, 8 de noviembre de 2015

El Ejército atacó un edificio en Santa Fé en 1977. Un militante quiso entregarse y lo mataron igual

El bebé de la masacre de Ituzaingó y Las Heras
Un testigo reconoció que vió a un militante montonero pretender entregarse aquel día de 1977. Lo mataron igual y le pusieron un bebé en su pecho ensangrentado. Ese bebé era su hijo que hoy tiene 38 años y declaró también el juicio que se sigue.

 Por Juan Carlos Tizziani -  Desde Santa Fe.

Jorge Piotti soñó que su padre montonero lo acurrucaba en su pecho, que el abrazo lo
comunicaba con él, hasta que lo sentía muerto y un militar lo desprendía de su lado. El era un bebé de un mes. Se despertó tembloroso, en posición fetal. Y esa misma noche transformó el miedo en canción: "Secuelas". "Recordé un sueño de ayer, de una batalla que tiene un recuerdo y ese soy yo", escribió. El viernes, 38 años después y en la antesala de un juicio, descubrió que la pesadilla era real. Un testigo declaró ante el Tribunal Oral de Santa Fe que había visto a uno de los muertos en la masacre de Ituzaingó y Las Heras, el 19 de enero de 1977, tirado boca arriba en la vereda y en su pecho ensangrentado, un bebé que lloraba. La tortura a un niño, a la vista de todos. El caído era Jorge Piotti y el chiquito en llanto, su hijo, que también declaró en el juicio. Según otro testigo en una investigación a los autores materiales de la masacre, el montonero que salió a la calle, intentó entregarse con las manos en alto, pero un coronel al que llamaban "verdugo" y está prófugo, le ordenó a un soldado a su mando que dispare y éste cumplió la orden.

El ataque de fuerzas conjuntas al departamento de Ituzaingó y Las Heras fue el emblema de la dictadura por la caída de la cúpula de Montoneros. En ese primer piso vivían los Piotti, Jorge que era el secretario político de la organización, su pareja Ileana Gómez y sus dos hijos, Mariano de un año y el bebé de un mes. Los niños sobrevivieron en "un armario", según el relato del mayor. Y allí cayeron el líder de la columna, Osvaldo Pascual Ziccardi, el secretario logístico, Carlos Frigerio. Y una vecina del departamento de al lado, Elina Carlen, cuando intentó cerrar un ventanal que daba a un patio interno y un proyectil le destrozó el cuello.

En la audiencia del viernes por la megacausa del terrorismo de estado en Santa Fe, declararon las familias de dos víctimas. Los hijos de Carlen, Graciela y Carlos Alberto. Y los Piotti, las dos hermanas de Jorge, María Lidia y Leticia, su cuñado Cecilio Manuel Salguero y sus dos hijos, Jorge y Mariano. Es la primera vez en 38 años que un tribunal escuchó sus testimonios.

Graciela Carlen relató cómo murió su mamá. Estaban por dormir la siesta, cuando sonó el portero eléctrico. "Nunca supe qué le dijeron", recordó. Elina fue a cerrar el ventanal que daba al patio interno y cayó. "Escuché un disparo y ví que tenía medio cuello desgarrado. Los ojos abiertos. Creo que mi mamá ya estaba muerta", les contó a los jueces. Las fuerzas conjuntas habían copado los techos vecinos y rodeaban la zona. Graciela dijo que la desesperación la empujó a escapar. "Fue mi tormento de toda mi vida". "Salí a la calle" en medio del ataque. Le dijeron que "se tirara al suelo" y después se refugió en el pasillo de otra vecina.

Según Graciela, su madre fue la primera víctima. "Nunca pudo hablar". Y ratificó que el disparo atravesó el ventanal del este, que daba al patio interno y a los techos cercanos. Un informe de inteligencia de la Policía de Santa Fe incluyó a Elina Carlen entre los "cinco sediciosos abatidos". Después, el ex jefe del II Cuerpo, Leopoldo Fortunato Galtieri, dijo que la había matado "uno de los subversivos". Pero el relato de los Carlen dejó en claro que a su madre la asesinaron los atacantes del Ejército y la Policía.

El esposo de Carlen ya fallecido y su hijo Carlos se enteraron del hecho a las cuatro de la tarde, en Santa Rosa de Calchines, a 42 kilómetros, donde tienen el campo. Antes de las seis ya estaba en Santa Fe. "Era un desastre", relató Carlos. "¿Usted qué vio?", le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal. "Una cantidad de gente". Muchas armas, uniformes, vehículos. "Un muerto tirado en la vereda, que tenía un bebé arriba del pecho, que lloraba", dijo.

Los Carlen no pudieron ver el cuerpo de Elina, se la entregaron en cajón cerrado ("un tío la reconoció") y tampoco el departamento, al que recién pudieron ingresar "tiempo después". "Estaba todo destruido y había una mancha de sangre donde cayó mi mamá", dijo Carlos.

Graciela Carlen llegó a la audiencia con un libro. Abrió una de sus páginas y leyó el relato de un sargento ayudante del Ejército, que les dijo a los autores de la novela ("Hay un positivo") que Piotti había matado a su madre porque ésta se negó a esconder a los niños. "La señora quedó muerta sentada en un sillón que estaba frente a la puerta del departamento", dijo el militar. Y contó que él había interrogado a Graciela, que ella "estaba histérica y lloraba". "Ella me cuenta todo y levantamos un acta, teniendo como testigo a una vecina, la dueña de la casa donde ella se refugió". "Esto es mentira", dijo Carlen.

Y siguió con el relato de otra vecina que atribuyó la muerte de su madre a la compañera de Piotti, Ileana Gómez, también por el mismo motivo, porque se negó a esconder a los chicos. "La Negra le disparó y la mató". "Esto es otra mentira", cerró Graciela. Ella dijo que nunca más había visto a los chicos Piotti, que hoy tienen 39 y 38 años. Los volvió a ver el viernes, en esa antesala del juicio, donde Carlos recordó lo que les dijo a los jueces, que había visto a un montonero muerto en la vereda y arriba de su pecho a un bebé acurrucado, que lloraba. "Eso es lo que yo soñé", dijo Jorge Piotti. "Es lo que yo vi", dijo Carlen. Y siguió un abrazo interminable.

lunes, 2 de noviembre de 2015

Los represores también eran violadores

EDUARDO "CURRO" RAMOS FUE PROCESADO POR VIOLAR A UNA ADOLESCENTE DE LA UES
Los represores también eran violadores

Ramos ya cumple dos condenas unificadas a 24 años de prisión por secuestros, torturas y asociación ilícita. Lo juzgarán por el asesinato de Emilio Feresín y acaban de procesarlo por delitos sexuales contra dos chicas de 16 y 14 años.
 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe.


Eduardo "Curro" Ramos ya cumple dos condenas unificadas a 24 años de prisión por secuestros, torturas y asociación ilícita. En el próximo juicio de lesa humanidad, lo van a juzgar por el "homicidio" de un dirigente montonero, Emilio Feresín, en marzo de 1977. Y ahora, el juez federal Carlos Vera Barros lo procesó por otros casos que se unificaron tras el juicio al ex juez Víctor Brusa, en 2009: la "violación reiterada" a una militante de 16 años de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y el "abuso deshonesto" a una niña de 14, en julio de 1976. Y la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a tres militantes de izquierda, en octubre de 1976, en un operativo en el que participaron otros dos represores, Víctor Hugo Cabrera y un ex policía que está prófugo. "La banda del "Curro" Ramos", la llamó uno de sus denunciantes y secretario nacional de la Liga Argentina de por los Derechos Humanos, José Ernesto Schulman.

Vera Barros interviene en la causa porque los dos jueces federales de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y Francisco Miño, se apartaron. Así que la resolución salió después de tres reclamos del fiscal Walter Rodríguez -en abril y agosto de 2014 y febrero de 2015- y un recurso por "retardo de justicia" que la Cámara Federal de Rosario recién resolvió a principios de octubre. La Cámara lo declaró "abstracto", pero recomendó al magistrado que "extreme los recaudos procesales necesarios para evitar este tipo de demoras".

El juez recordó que la niña fue secuestrada junto a su madre, en la casa de sus abuelos, el 16 de julio de 1976. "Estaba por cumplir 14 años". Mientras que la adolescente de la UES cayó en su casa, cerca del casco histórico de Santa Fe, unos días después, el 30 de julio.

Las dos menores relataron los operativos. "Tocaron el timbre", dijo la niña. Y el grupo de tareas copó la casa de sus abuelos. Eran "personas con ropas oscuras que venían desde los techos. Uno de los represores que "después descubrió que era Ramos, le preguntó como se llamaba, la sacó de la casa", la llevó a un vehículo de la Policía y "mientras permanecía boca abajo, vendada y esposada, abusó sexualmente de ella", señaló el juez. "Después, la trasladaron hacia otro lugar que logró identificar como la seccional 1ª, donde la interrogaron en reiteradas oportunidades" y la torturaron con "picana eléctrica", "golpes" y "manoseos".

La militante de la UES "fue violada contra su voluntad y mediante el empleo de la fuerza e intimidación, en dos oportunidades" entre el 30 de julio y los primeros días de agosto de 1976, en la seccional 1ª, por un policía que "se identificó como Gerardo" y que ella "luego pudo saber que era Ramos", explicó el juez. La jovencita había sido secuestrada en su casa por "un operativo de fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía de Santa Fe", en el que participó "el imputado Ramos".

La joven de 16 años explicó que una de las formas de torturas era cuando la obligaban a permanecer en "posición de cuclillas" largo tiempo. Ramos se burló de ella en la indagatoria, dijo que "ni Messi puede estar en cuclillas ni una hora" y pidió una "pericia `psiquiátrica" para la víctima, que el juez desestimó.

"Los testimonios" en los juicios de lesa humanidad "son coincidentes" sobre "el modo de operar de los represores santafesinos cuando se trataba de mujeres, especialmente menores de edad: torturas, vejaciones y violación", señaló Vera Barros.

"Las víctimas (...) describieron los hechos en forma objetiva sin ningún juicio de valor. Más allá del lógico dolor al describir hechos tan aberrantes, no se advierte en sus palabras móviles que indiquen que sus testimonios son falaces, sino por el contrario, todo lleva a aseverar que son absolutamente verosímiles", agregó.

"Los testimonios de las víctimas satisfacen el principio de la no contradicción, se presentan verosímiles, concordantes, coherentes, a lo largo del tiempo. No se advierte en ellos animadversión alguna y no obstante el dolor o angustia que revelaron las víctimas, perfectamente perceptible, no evidenciaron animosidad hacia el imputado".

Vera Barros recordó que "era habitual que las mujeres ilegalmente detenidas en los centros clandestinos fuesen sometidas sexualmente por sus captores o guardianes o sufrieron otro tipo de violencia sexual". "Las violaciones y abusos no constituían hechos aislados ni ocasionales, sino que formaban parte de las prácticas ejecutadas dentro de un plan sistemático y generalizado de represión llevado a cabo por las Fuerzas Armadas durante la dictadura".

"Los tormentos padecidos por las mujeres eran específicos, dirigidos contra ellas por su condición de mujer, lo que evidencia una clara intencionalidad discriminatoria", dijo el juez. Y "un caso de violencia sexual emblemático es el de Silvia Suppo", concluyó.