Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

sábado, 23 de octubre de 2010

Palabras de sobrevivientes

Testimonio en el juicio en el TOF 2 que sustancia la causa "Diaz Bessone" por terrorismo de Estado

Si los ejecutores del terrorismo de Estado imaginaron que sus víctimas serían una correa de transmisión del horror, muchos, la mayoría de los militantes que salvaron su vida dieron vuelta como un guante ese mandato, y convirtieron sus palabras en un acto de justicia.
Por Sonia Tessa

Aplausos, abrazos. La salida de cada testigo que termina su declaración frente al Tribunal Federal Oral número 2 es un ritual de afecto y contención, de respeto y admiración. Es también un gesto que confirma el carácter histórico del proceso oral y público de la causa Díaz Bessone (ex Feced), pero también el alto valor simbólico de las palabras de cada sobreviviente. Recordar a los compañeros y compañeras desaparecidos, dar cuenta del horror y el dolor que aquellos jóvenes sufrieron antes de ser eliminados físicamente, rememorar los tormentos propios, es un esfuerzo que los y las sobrevivientes encaran, como lo vienen haciendo desde hace casi 30 años, con valentía y compromiso. Si los ejecutores del terrorismo de Estado imaginaron que sus víctimas serían una correa de transmisión del horror, muchos, la mayoría de los militantes que salvaron su vida dieron vuelta como un guante ese mandato, y convirtieron sus palabras en un acto de justicia. A puro riesgo, voluntad y construcción colectiva.

Aunque los 10 testigos de la primera semana contaron los tormentos sufridos en carne propia, los momentos de mayor emotividad los vivieron al recordar a los compañeros desaparecidos. En la puerta de los Tribunales, después de abrazarse con otros testigos, María Virginia Molina le puso palabras: "Hablamos nosotros, porque somos los sobrevivientes", dijo.

Nadie salió indemne de los relatos escuchados en la sala de audiencias. Personas que rondan los 50 años, contaron los tormentos a los que fueron sometidos cuando eran adolescentes. Tenían sólo 15, 16 o 17 años cuando los integrantes de la patota de Feced se ensañaron con ellos. Eran varios de los testigos de estos días militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios. Formaban parte de una generación que estaba convencida de construir un mundo mejor, empezaban a urdir ese proyecto. Por eso, sus momentos de mayor compromiso fueron al contar cómo vieron morir o ir hacia la muerte a compañeras y compañeros. Daniel Gorosito, Ruth González, fueron dos nombres que se repitieron en muchos testimonios. El primero, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue arrancado de la cárcel de Coronda para ser ejecutado. La segunda, de la misma agrupación, fue sacada de la Alcaidía que funcionaba en la Jefatura, con promesas de libertad, para ser asesinada en un enfrentamiento fraguado.

Esteban Mariño y Jorge Palombo recordaron a Eduardo Alberto Pérez, militante de la UES que continúa desaparecido. A Mariño lo llevaron de carnada al secuestro del compañero. "Una de las razones por la que soy testigo es la vida de Pérez", dijo en la audiencia. Palombo contó cómo lo habían amenazado con matarlo como a Pérez si no colaboraba con los torturadores.

Gustavo Mechetti, que tenía 25 años al ser secuestrado, y era un cuadro de Montoneros, relató que había visto a su compañero Osvaldo Vermeulén negarse a firmar el traslado, porque sabía que iban a matarlo. Vermeulén tenía una herida de Itaka en uno de los brazos. "No le hicieron ninguna curación. Al contrario, todo lo que hacían era para provocarle daño", recordó Mechetti, el primer testigo, que abrió la ronda el lunes a la mañana. Entre el público, con los ojos llenos de tristeza, Norma Vermeulén honraba su pañuelo blanco. Esa primera mañana de testimonios estuvo también Chiche Massa, de Madres de la Plaza 25 de mayo. Y Herminia Severini. Ellas, que con sus vueltas en la plaza dieron el puntapié inicial de un movimiento ejemplar en el mundo, soportan el relato de lo que padecieron sus hijos. "Escuché cómo se emocionó Mechetti cuando recordó los últimos momentos de Osvaldo", dijo Norma a la salida de la audiencia. Su propia emoción a través de los compañeros.

Yoli Medina es la hermana de Oscar, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores que fue secuestrado el 20 de octubre de 1976, a los 21 años, en su ciudad, Villa Gobernador Galvez, y fue homenajeado allí mismo esta semana. Yoli es infaltable en las audiencias y en el aguante, un espacio de reunión entre militantes históricos y unos cuantos jóvenes que acompaña el desarrollo del juicio en la vereda de calle Oroño.

Yoli está habilitada a ingresar a la sala ya que el caso de su hermano no fue elevado aún a juicio oral y público. Se enoja con los artilugios jurídicos, siente que las cuestiones procesales juegan siempre a favor de los represores, sufre cada vez que escucha relatos de tortura. "Yo tengo la intuición de que mi hermano estuvo un par de días nada más en alguna casa que usaban de centro clandestino de detención, él tenía un soplo al corazón", dice en el camino que separa la sala de audiencias de la calle Oroño. Yoli quiere creer que su hermano no sufrió tanto, que los tormentos duraron poco tiempo. Cuando secuestraron a Oscar, su otro hermano, Héctor (el Chinche) estaba preso en Coronda. Yoli era la hermana mayor de once hermanos. Recuerda cómo salió en busca de abogados que la ayudaran. No era la primera vez que lo hacía. Yoli sabía que los represores torturaban porque Oscar había estado preso durante la dictadura anterior, antes de 1973, y lo había visto con signos de violencia en el cuerpo. "No llores, no llores. A ellos no le importa que vos sufras, al contrario", le dijo su hermano una vez que ella fue a visitarlo a la Policía Federal, en la época de Agustín Lanusse. Yoli lo había visto flaco, lastimado. No podía soportar que le hubieran hecho eso a su hermano menor, del que se siente casi una madre, dado que le llevaba ocho años. Con él se vinieron a trabajar en Rosario en 1962. Ella era empleada doméstica, él un obrero metalúrgico que juró no traicionar nunca a su clase.

Yoli cuenta la desesperación que la invadió el día del secuestro de su hermano, al que nunca más vio. Y la incansable búsqueda que inició junto a su madre, Elisa Medina. Por eso, Yoli siente un atropello cada vez que el Tribunal les permite a Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego y José Scortecchini que presencien las audiencias desde una sala contigua. "Nadie nos devuelve todo lo que sufrimos, y estos señores tienen tantas ventajas...", dice Yoli, que todos los días llega desde Villa Gobernador Gálvez a escuchar las audiencias. "Mi ilusión es saber algo más, que alguien diga que lo vio a Oscar, porque no tenemos más datos después de su secuestro", dice en uno de los tantos cuartos intermedios de las audiencias.

En la puerta, Graciela Borda Osella saca fotos. Con su lente, aporta una huella indeleble de un momento que se proyecta al futuro. Quiere que compañeros y compañeras sonrían, que se los vea felices, como eran también los que mataron. Que la sonrisa marque el valor de la Justicia. Y ya encontró la foto que sintetiza el aguante: las manos tomando el mate, un símbolo de lo que se comparte.

Las querellas también están integradas por militantes. Gabriela Durruty, Jessica Pellegrini, Daniela Asinari y Leticia Faccendini integran el equipo de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Nadia Schujman y Alvaro Baella son del equipo de Hijos, al igual que Lucas Ciarnello Ibañez, que también representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. No es técnico su trabajo, sino militante. Cada equipo representa a 9 querellantes particulares, y a sus propios organismos.

Pura militancia es la presencia permanente de Alicia Lesgart, conocedora de esta causa desde fines de la dictadura, dado que participó de su armado como integrante de organismos de derechos humanos. Ella sabe decir el nombre y la militancia de cada desaparecido, conoce cada caso, cada lugar de secuestro, cada declaración. Ella lleva la carpeta con las fotos de los desaparecidos, cada una con su nombre, y es una de las que se encarga de repartirlas a quienes se sentarán en la sala.

Cuando empiezan las audiencias, la entrada del público es siempre trabajosa, demora. Muchas veces ingresan cuando los testimonios están empezados, o incluso, terminando. Por eso Alfredo Vibono se plantó. Dijo que había esperado 30 años para ese momento y que no comenzaría antes del ingreso del público.

Es histórico el juicio oral y público a Díaz Bessone, Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, José Antonio Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicki, el civil que fue secuestrado por la patota pero luego colaboró, y que para muchos no debería ser enjuiciado a la par de los represores. En cambio, para la mayor parte de los testigos sí debe responder ante la justicia. Es lo que Vivono le pidió al Tribunal al final de su declaración.

También fue histórico el proceso que terminó con la condena a prisión perpetua de Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Eduardo Costanzo y Walter Pagano. Lo será la llamada causa Feced residual, donde hay aún mayor cantidad de imputados. Allí, en esa sala de audiencia, frente a jueces federales, se escucha cómo fue una historia que la memoria colectiva supone, pero recién ahora quedará inscripta en la Justicia en sus detalles, en sus niveles de horror. Por eso los aplausos y los abrazos para los sobrevivientes que ponen el cuerpo a la memoria. Porque están escribiendo la verdad histórica.

martes, 19 de octubre de 2010

El papá de Julieta y el represor karateca

LOS TESTIMONIOS DE ALFREDO VIVONO Y JORGE PALOMBO

Por José Maggi

"¿Papá es cierto lo que dicen que hizo el padre de Julieta? Está llorando y dice que para su cumpleaños de 15 su papá va a estar preso. ¿Qué le digo Papi?". La pregunta la hizo Julieta Vivono y estaba dirigida a su padre Alfredo Vivono. La adolescente acongojada era Julieta Scortecchini, compañera de escuela y amiga. "Hija, José Scortecchini no sólo me torturó a mí, y a muchos de mis amigos a los que conocés, sino que también tuvo responsabilidad en la muerte de varios de nuestros compañeros", contestó Alfredo del otro lado de la línea telefónica. Como una paradoja de los tiempos que corren, la anécdota fue relatada ayer por Vivono frente al Tribunal Oral Federal Nº 2, que también escuchó el final (momentáneo) de esta historia: Julieta, la hija de "Archie" Scortecchini, no pudo sobrellevar el peso de la historia de su padre, se quedó de año y fue retirada de la escuela por su familia.

El de Vivono fue el segundo testimonio de la tarde, en el que relató en varias oportunidades haber visto en el Servicio de Inteligencia de la policía a una de las testigos de la mañana Patricia Antelo (ver aparte), y a María Virginia Molina.

Pero antes, había sido el turno de Jorge Palombo, uno de los testimonios más conmovedores de la jornada. Palombo, también militante de la UES, narró de modo estremecedor el cautiverio, las torturas a las que fue sometido, las torturas de los compañeros que estaban allí detenidos y las permanentes amenazas que sistemáticamente aplicaban los genocidas. También el testigo narró su paso por la cárcel de Coronda de donde fue sacado Daniel Gorosito una noche y que permanece desaparecido.

Al borde de quebrarse, relató que fue llevado al Servicio de Informaciones el 30 de junio de 1976, donde fue torturado durante siete días corridos. En ese infierno recordó haber visto a Eduardo Pérez, conocido por su apodo "Parrilla". Era un militante de la UES desaparecido. "Colaborá o te va a pasar lo mismo que a Parrilla, vas a ir a mirar a los rabanitos crecer desde abajo", le dijo en una sesión de tormentos uno de su torturadores.

Allí también recordó haber visto a "Carlota", un compañero del Superior de Comercio, asi como a Mario Luraschi y su señora que estaba embarazada, y a su concuñada. La lista de víctimas se completaba con Marcelo "Mosquito" De la Torre, Esteban Mariño, Adrián de Rosa, Néstor Serravalle, Liliana Gómez, y la familia Ferrari, que llegaron con un hijo de 14 años.

Cuatro nuevos trestimonios

"No se puede cargar con tanto dolor"

Así lo señaló ante el Tribunal, Ana Koldorf, uno de los testigos que declaró en el juicio. También lo hicieron Juan Pablo Bustamante que criticó a su ex defensora oficial, Cosidoy; Gustavo Mechetti y Laura Torresetti, quien pidió no ahondar sobre su tortura.
   
Por Sonia Tessa y José Maggi

La etapa crucial de la causa Díaz Bessone comenzó ayer con cuatros testimonios de quienes sufrieron los delitos de lesa humanidad que se ventilan en el juicio oral y público. Entre los testimonos figuró el de Juan Pablo Bustamante quien denunció que la actual camarista Laura Inés Cosidoy -quien había sido designada su defensora oficial- "amenazó a mi madre con hacerla detener por desacato sino dejaba de molestarla pidiéndole información sobre mi". Otro de los testigos fue Gustavo Mechetti, contó su detención el 26 de marzo de 1976, y su traslado al Servicio de Informaciones (SI) desde la cárcel de Coronda. Mechetti fue llevado en febrero de 1977 y permaneció allí dos meses, convencido de que su destino era ser ejecutado. "Era una película de terror, era espantoso, espantoso, espantoso", dijo Mechetti cuando le preguntaron sobre las condiciones de detención en el SI. Otra testigo fue Laura Torresetti, quien tres veces dijo que no quería ahondar sobre su tortura, aunque sí recordó que los compañeros decían que Lofiego quería "divertirse" en la sesión de torturas. La cuarta testigo del día fue Ana Koldorf: "Mi detención tiene 34 años y el testimonio inicial que hice tiene 26. La memoria es muy fluida, estos olvidos que tenemos son bastante sanadores. No se puede cargar con tanto dolor de manera permanente".

* El Tribunal, presidido esta semana por Jorge Benegas Echagüe, e integrado también por Otmar Paulucci y Beatriz Barabani, escuchó el largo testimonio de Mechetti. "Era una película de terror, era espantoso, espantoso, espantoso", dijo Mechetti cuando la abogada querellante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Gabriela Durruty le preguntó sobre las condiciones de detención en el SI. "En Santa Fe al menos estábamos solos todo el día en el calabozo, hasta que venían y nos reclamaban para los interrogatorios. Al menos no veías frecuentemente personal que te fuera acosando todo el tiempo. Acá había la misma mugre, la misma pésima comida y la fricción permanente del personal de guardia, 24 horas todos los días", relató. Recordó también que había tres jefes de guardia. Uno era Managua, al que recuerda como el que generaba mayor fricción, el otro era Sargento y el tercero Darío. "Tenían perfiles distintos, una guardia era más violenta, otra más tranquila, en la otra no pasaba nada", recordó.

En el centro clandestino de detención fue recibido a los golpes, y luego fue interrogado. Recordó que Lofiego, luego de los interrogatorios, cambió de actitud, y mantuvo varias conversaciones con él. Es que Mechetti era oficial principal de Montoneros, y distintos miembros de las fuerzas de seguridad se acercaban para conocerlo políticamente. "Las condiciones de detención de ese momento, que eran muy rigurosas, producían un divorcio entre el prisionero y la estructura que quedaba afuera. A veces el interrogatorio sirve para vengarse o castigar, o para obtener información fresca, que yo no tenía. La organización se había modificado tanto en los meses que yo llevaba detenido. En mi interrogatorio me preguntaban banalidades, tonterías. Yo no tenía información de primera, de manera que saqué la conclusión de que era una venganza de Feced hacia mí", dijo Mechetti.

"¿Recuerda los motivos por los que fue detenido?", le preguntó el abogado defensor de Lo Fiego, Germán Artola. El fiscal Gonzalo Stara cuestionó la pregunta, ya que no es objeto del proceso, pero Benegas Echagüe le dio vía libre. "Empecé a militar cuando tenía 15 años. El hecho que llevó a mi detención fue una casualidad. Esto me lo contó el oficial que me detuvo, porque le resultó rara la patente del auto en el que iba. Lo estricto es eso. Mediando entre las dos circunstancias, otra alternativa que usted no desconoce es que se había producido un golpe de estado", contestó Mechetti. Sobre los interrogatorios, Mechetti puntualizó que "lo normal era la picana". Cuando terminó su testimonio, los aplausos inundaron la sala, que estaba llena de público.

* La segunda testigo de la mañana fue Laura Torresetti, que era militante de la Juventud Comunista y fue secuestrada el 12 de mayo de 1976, junto a Hugo Méndez y el padre de éste. Tres veces dijo la testigo que no quería ahondar sobre su tortura, aunque sí recordó que los compañeros decían que Lofiego quería "divertirse" en la sesión de torturas. Torresetti recordó que en agosto, cuando ya la habían trasladado a la Alcaidía, con otras prisioneras, llegó al lugar una joven que ingresó como NN, pero se identificaba como Dolores Aguirre y sufría amnesia. Estaba en muy malas condiciones. Un día fue llevada a un interrogatorio, y al volver contó que había sido torturada en presencia de sus dos hijas, Josefina -de cinco meses y Mariana, de un año. Las niñas habían recibido golpes también. En septiembre, se produjo el traslado de Ruth González, que fue llevada por Feced, Lofiego y el entonces jefe del SI, Raúl Guzmán Alfaro, en un taxi hacia la muerte. Aunque las otras presas espiaron por una pequeña ventana de la alcaidía, no alcanzaron a distinguir si Feced también subió en el vehículo. Cuando recordó la despedida de Ruth, admitió que la emoción volvía a invadirla, como le ocurrió ese día de septiembre de 1976. "Ella sabía cuál era su destino. Tenía dificultades para caminar, iba como un condenado a muerte, pero ni siquiera tuvo tanta suerte", relató Torresetti. También el final de su testimonio recibió aplausos de los presentes. Cuando la testigo salió de la sala, Josefina González -la niña golpeada por la patota a los cinco meses se le acercó. Las dos se abrazaron durante un rato, emocionadas.

* Por la tarde fue el turno de Bustamante quien narró lo vivido "desde el 24 de mayo de 1976 hasta el 11 de marzo de 1983, que es el tiempo que pasé en el Servicio de Informaciones sufriendo apremios, y en donde reconozco al Ciego Lofiego". El testigo se detuvo en narrar puntualmnte un caso que invoclura a quien hoy es una camarista federal: Laura Inés Cosidoy. "En su momento fui condenado por la justicia militar en 1976 76 y en 1979 el juez federal Guillermo Tschopp me inicia un juicio donde tenía como defensora oficial a Cosidoy, a quien no vi nunca. Sin embargo mis familiares sí la vieron, aunque no tuvieron información a través de ella, e incluso recibieron el maltrato de quien era entonces mi defensora. Mi madre concretamente fue maltratada por Cosidoy quien la amenazó con hacerla arrestar por desacato si seguía hinchándole".

"Reconozco que tal vez mi madre no haya estado con las mejores formas para tratarla -agregó-, pero no era forma de tratar a una madre que venían reclamando justicia desde hacia varios años".

* La cuarta testigo fue Ana Koldorf. "El 29 de mayo de 1976 fui a visitar a un par de amigas a una pensión de Santiago al 1200. Cuando me fui a retirar, se presenta una tormenta importante y las chicas me dicen que me quede. Mis amigas eran Liliana Paz y Elvira Marquez, me quede a dormir. A la madrugada, entre 4 o 5 de la mañana, nos despiertan golpeando y gritando 'requisa'. Entran muchas personas en patota, soldados y policías. Nos llevan a la Jefatura de policía. Me llevan al Servicio de Informaciones, a la rastra. Me llevan a una habitación o pasillo ancho, vendada y atada me ponen contra la pared. En esa situación varios me insultan, incluso uno me pregunta el apellido y al decírselo me insulta peor y me dan varios coscorrones por tener apellido judío. Paso muchísimas horas parada, a la noche, supongo que era la noche, me sacan, me encapuchan, me atan las manos, me bajan las escaleras del mismo modo en que me habían subido y me ponen en el baúl de un vehículo con una manta o frazada encima, me parece que me pusieron unas llantas encima como para que no me pueda mover. Me doy cuenta que era el baúl por las emanaciones de gas. Pasan unos 40, 50 minutos, una hora. Haciendo un paréntesis, mi detención tiene 34 años y el testimonio inicial que hice tiene 26, es muy posible que tenga lagunas en mi memoria. La memoria es muy fluida, lábil, dúctil, por lo tanto estos olvidos que tenemos son bastante sanadores. No se puede cargar con tanto dolor de manera permanente, de alguna manera la memoria nos ayuda a pasar a un lugar más profundo de la mente. Recorremos una hora y no tengo idea a dónde. Me bajan y me meten haciéndome agachar la cabeza como si hubiese una gran persiana a un espacio muy grande que supongo puede ser un depósito o galpón vacío porque retumban las voces. En ese lugar me desnuda, me suben a una mesa, me atan, me tiran agua y empiezan a torturarme con la picana en todas partes del cuerpo. Todos eran varones, uno de ellos estaba sentado en la cabecera de la mesa al lado mío que me iba preguntando mientras los demás me torturan de pie porque no había muebles. Después de una hora se detienen y dicen que tienen hambre".

"El otro episodio que quiero contar fue cuando nos quisieron sacar del pabellón para fusilarnos, no recuerdo si fue en junio o julio del 76. Una noche empezamos a escuchar mucho movimiento, entra una de las celadoras y nos grita que cerremos las ventanas y que nos acostemos. Al rato entra un tipo con uniforme, creo que era de la infantería de policia, gritándonos que preparemos a 15 de nosotras que nos iban a venir a buscar. Vimos cómo iban llegando féretros. Después nos enteramos que había habido un atentado contra Feced luego de un partido de futbol. Que la intención era duplicar el número de esos muertos con lo de las 15".

Al comenzar la audiencia, Ramón Genaro Díaz Bessone, José Lofiego y José Antonio Scortecchini solicitaron seguir la audiencia desde una sala contigua. De este modo, evitaron enfrentarse con los testigos.

martes, 12 de octubre de 2010

Cancelan ahora afiliaciones a dos condenados por crímenes de lesa humanidad

Con los símbolos del peronismo, Facino ganó dos elecciones comunales en San José del Rincón, mientras Ramos fue candidato a concejal en 1991 y luego a diputado nacional. El pedido de expulsión lo hizo el vice del PJ, Jorge Fernández.
    
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El PJ santafesino podría ser el primer partido político de la provincia y posiblemente del país que cancelará la ficha de afiliación de dos condenados por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal de Disciplina partidario ya tiene lista una resolución que se conocería esta semana y aconsejará la expulsión del ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino y del ex agente de inteligencia de la Policía de la provincia, Eduardo Ramos, quien durante la dictadura operó como infiltrado en la Universidad Nacional del Litoral. Facino cumple dos condenas: una, a 20 años de prisión por secuestros y torturas a detenidos políticos y otra, a 23 años por el homicidio de una militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, en 1976, mientras que Ramos fue sentenciado a 23 años de cárcel por privación ilegítima de la libertad y tormentos. "Hay razones políticas, éticas y jurídicas que justifican esta medida", dijo el vicepresidente del PJ, Jorge Fernández, quien solicitó la expulsión de ambos represores a principios de julio. Con los símbolos del peronismo, Facino ganó dos elecciones en la localidad de San José del Rincón, donde la mayoría lo consagró presidente comunal y hasta intentó una segunda reelección en los comicios de 2005, pero fue impugnado por la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez; en tanto que Ramos fue candidato a concejal en 1991 y luego a diputado nacional.

Fuentes consultadas por Rosario/12 revelaron que la decisión del Tribunal de Disciplina del PJ de recomendar la expulsión de Facino y Ramos fue adoptada la semana pasada. Ahora, falta que el dictamen sea comunicado al consejo ejecutivo provincial que preside el senador Ricardo Spinozzi y eso podría ocurrir entre mañana y el jueves.

El trámite no resultó tan lineal como se especulaba después de las condenas. El doctor Fernández pidió la expulsión de ambos represores a principios de julio. El Tribunal de Disciplina le dio curso a comienzos de agosto y hasta tenía previsto pronunciarse sobre el tema el 20 de agosto, pero el planteo de algunos integrantes del cuerpo postergó la resolución. "Hubo demoras porque algunos miembros del Tribunal sostuvieron que las sentencias no estaban firmes y que había que escuchar a las partes. Un artilugio para demorar el proceso", dijeron las fuentes.

Finalmente, la semana pasada, la mayoría del Tribunal consideró que la expulsión de Ramos y Facino era factible por la gravedad de los delitos que se les imputan, y a pesar de que las condenas no están firmes. Ese fue uno de los argumentos que esgrimió en su petitorio el doctor Fernández al recordar el caso del represor Luis Patti, quien fue expulsado de la Cámara de Diputados de la Nación sin sentencia firme. En el escrito del vicepresidente del PJ trabajaron la doctora Fernanda Llobet, especialista en Derechos Humanos y el doctor Leandro Bussatto, coordinador provincial de la juventud del Frente para la Victoria que le dio forma definitiva al escrito.

La primera que solicitó la expulsión de Ramos del PJ fue una de sus víctimas, Anatilde Bugna, ex detenida política y querellante en el juicio al ex juez Víctor Brusa en el que Ramos y Facino fueron condenados a 23 y 20 años de prisión, respectivamente, en diciembre último. Bugna hizo el reclamo hace trece años, en abril de 1997 -que fue publicado por Rosario/12 porque su victimario aparecía "en el informe de la Conadep Santa Fe del año 1984 como uno de los torturadores de la dictadura". "La violación de los derechos humanos durante el terrorismo de estado y la impunidad posterior -a través de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos han generado consecuencias profundas en el conjunto de la sociedad, han impedido el castigo a los culpables y la posibilidad de definir en el plano social qué es lo permitido y lo prohibido, qué es lo lícito o lo ilícito, lo ético y lo que no lo es", escribió Bugna.

El 23 de junio de este año, en el juicio a Facino por la desaparición de Alicia López, otro ex detenido político, José Schulman volvió a denunciar que Facino y Ramos seguían afiliados al PJ. "Lo más irónico de la situación por no decir trágico es que el PJ permitió que este Facino fuera presidente comunal de San José del Rincón. Quiero denunciar a la sociedad santafesina que Facino y Ramos siguen siendo afiliados al PJ de la provincia de Santa Fe. Un partido que alberga en sus padrones a personas que han sido condenadas por crímenes tremendos", dijo en la sala del juicio.

Dos semanas después, el vicepresidente del PJ, se hizo eco de las denuncias de Bugna y Schulman y formalizó el pedido de expulsión de Ramos y Facino por estar condenados por delitos de lesa humanidad. Y lo justificó "en razones políticas, éticas y jurídicas. Ya hay condenas judiciales y son por delitos gravísimos".

martes, 5 de octubre de 2010

Acompañamiento a la familia de Oscar Tabares

En la causa donde se investiga la desaparición de Oscar Tabares, su esposa Alicia Ferrero y sus tres hijos Federico, Julieta y Leandro Tabares, patrocinados todos ellos por las Dras. Isabel Fernández Acevedo, Jesica Pellegrini, Daniela Asinari, Leticia Faccendini y Gabriela Durruty se presentarán como querellantes.

Oscar Tabares fue un de los tantos abogados víctima de la represión ilegal llevada a cabo en nuestro país durante la vigencia de la última dictadura militar.
La noche del 5 al 6 de enero de 1977 Oscar no regresó a su casa. Su madre se pone en contacto con quien era uno de los socios de Oscar, el Dr. Di María quien luego de unas horas comienza a sospechar que algo pasó. Preguntan en hospitales y comisarías sin saber de accidente alguno y entonces el Dr. Di María se comunica con el Dr. Rodenas, quien se comunica con Corrales, sub jefe de policía de Rosario quien le dice que está detenido allí pero que una hora lo van a “blanquear”.
“Pasan los días y cada vez hay más reticencias para dar información. Tenemos datos de que lo matan en una ejecución en el mes de febrero a través de un abogado. Por otro lado se nos afirma que no es así, que sigue vivo y preferimos creer esto,” relata Alicia Ferrero. “Uno de los que dice que lo mataron es el Padre Cantilo de la parroquia de Oroño y Saavedra pues el cura Zitelli a quien recurre le da esta información” agrega. También señala que al año de la desaparición de Oscar, un abogado le confió que un pariente suyo, militar, del que prefirió no dar su nombre, les dice que dejen de buscarlo porque está muerto.
Su esposa presentó en aquel momento Recurso de habeas corpus, denuncia el ministerio de interior del 12 de junio de 1977, todo ello con resultado negativo.
“Fui recibida muchas veces por el militar Soria en la sede del 2do. Cuerpo quien siempre se burló de mí”, señala Alicia.
Por lo demás, a través de un cura rosarino, hoy fallecido, el Padre Cantilo, quien mantuvo una entrecvista con Eugenio Zitelli, capellán de Feced, hoy denunciado como partícipe del plan de represión ilegal perpetrado en nuestra zona, Alicia pudo saber del destino fatal que le esperó a César.

El Dr. Tabares fue Director Provincial de Institutos Penales durante la primavera camporista, y fue un abogado laboralista de reconocida trayectoria en el foro rosarino.
La cita para acompañar a la familia es el míércoles 6 de octubre, a las 9:00 en Oroño 940, sede de los tribunales federales rosarinos.

Díaz Bessone niega todo

Segundo día de declaración del ex comandante del II cuerpo de Ejército.

"Jamás bajo mi mando se cometió ilícito alguno", sentenció el General en el juicio donde dedicó gran parte de la jornada a provocar con sus dichos. En dos oportunidades negó la figura del desaparecido. "No hay cuerpo del delito", dijo.

Por Sonia Tessa y José Maggi

Ramón Genaro Díaz Bessone continuó ayer con su interminable exposición en la que se trazó algunos objetivos: desligar su responsabididad sobre el accionar de la policía provincial durante la última dictadura, culpar a las víctimas o sembrar sospechas acerca de su desaparición reviviendo la teoría que al no hallarse el cuerpo de la víctima no se lo puede acusar, finalmente rechazar la existencia del terrorismo de Estado. "Jamás bajo mi mando se cometió ilícito alguno", sentenció el veterano militar, que dedicó gran parte de la jornada a provocar con sus dichos, como cuando apuntó que no había registros del detención de Cristina Cialcetta Marul, la mujer identificada en Melincué, o la sospecha sobre el destino de Pedro Paulón, "a quien nadie vio que lo secuestraron, tal vez se tomó la pastilla de cianuro, o se fugó al extranjero". Volviendo al planteo que hiciera Jorge Rafael Videla, Díaz Bessone trató de zafar de sus imputaciones argumentando en algunos casos -como el de Paulón- que "no estaba el cuerpo del delito para culparlo de homicidio". "No se sabe si está vivo o está muerto, está desaparecido", esbozó ayer en una payasesca copia de aquel dictador.

El mandamás del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 11 de octubre de 1976 cuestionó las requisitorias de la fiscalía, pero en su larga exposición también argumentó que Miriam Moro, desaparecida el 27 de septiembre de 1976, era integrante de la agrupación Montoneros y por lo tanto debía ser aniquilada. Claro que Miriam fue vista en el Servicio de Informaciones antes de su asesinato. Lo mismo dijo de Ruth y Estrella González, así como de Héctor Vitantonio, y para descalificarlos volvió a sindicarlos como los carceleros del coronel Argentino Larraburu, en 1975.

Por otra parte, admitió que Juan Pablo Bustamante fue capturado por el Ejército, y Marcelo de la Torre, que se presentó espontáneamente, estuvo a disposición de la fuerza que él dirigía. Si bien durante toda su exposición negó que la policía provincial haya estado alguna vez bajo su "control operacional", reconoció que había intercambio de información y de detenidos entre las distintas fuerzas. Además, en dos oportunidades negó la figura del desaparecido. "No hay cuerpo del delito", argumentó ayer al mediodía, para repetir -por tercera vez desde el comienzo de su declaración, anteayer a la tarde que los hijos de Hebe de Bonafini aparecieron vivos en París.

En ese momento, el abogado de Hijos, Lucas Ciarnello Ibáñez pidió la palabra para pedir que el imputado no fuera ofensivo ni provocador. También Jessica Pellegrini, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se pronunció en el mismo sentido, para recordar que los juicios en los que se ventilan delitos de lesa humanidad tienen "como eje rector el respeto de los derechos de las víctimas".

Beatriz Barabani, a cargo de la presidencia, recordó a los querellantes que el Tribunal iba a escuchar la indagatoria sin ninguna restricción, para asegurar el derecho de defensa, pero luego hizo lugar a su reclamo. Casi al final de su exposición, Díaz Bessone quiso incluir como pruebas del juicio documentos diversos: decretos y leyes del gobierno constitucional de Isabel Martínez tanto como partes de guerra y comunicados del ERP y Montoneros. En ese punto, la presidenta del TOF 2

le recordó que para ingresar nueva prueba debía contar con la conformidad de las partes.

Díaz Bessone negó hasta el hartazgo haber sido responsable del accionar policial, como también se apoyó permanentemente en la directiva 1/75 que ordenaba "aniquilar la subversión". Incluso, afirmó que no podría formar una asociación ilícita que tuviera como jefe al ex interventor de la policía rosarina, Agustín Feced. "Que nada menos que el Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército era un súbdito de una organización dirigida por Feced", dijo con espanto para subrayar su propia jerarquía. En esa particular lógica, volvió a negar el concepto de secuestro.

Cuando se refirió puntualmente a los casos que se le imputan, admitió sólo en dos de sobrevivientes la participación del Ejército. En cuanto a Juan Pablo Bustamante, negó que hubiera sido torturado, al menos en el Batallón 121, donde fue llevado en primera instancia. Esa gota colmó la paciencia de Mónica Garbuglia, que estaba sentada en el público. "Lo torturaron", dijo cuando Díaz Bessone habló de interrogatorios. Cuando desmintió las torturas, se retiró de la sala con lágrimas en los ojos. "Esto es más de lo que puedo soportar", expresó.

Mientras el público expresaba en voz baja su desacuerdo con la versión de Díaz Bessone, el militar llegó a negar la existencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. Díaz Bessone dijo también que la mitad de los casos que componen la causa ocurrieron durante la gestión de Leopoldo Galtieri como comandante del Segundo Cuerpo de Ejército.

El ex Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército negó haber formado parte de un plan sistemático de represión ilegal. En su argumentación sobre la guerra vivida en la Argentina, expresó que los cuarteles del Ejército no eran centros clandestinos de detención, sino

L.R.D.: Lugar de Reunión de Detenidos, ubicados en los propios cuarteles, "donde se bañaban, tenian tres comidas diarias y se les entregaba ropa interior, y tenian visitas familiares". Haciendo gala de la ironía Diaz Bessone preguntó "por qué la fiscalía no calificaba de ese modo a las cárceles del pueblo", en otro intento por derivar el eje del juicio.

Una y otra vez, sin embargo, reconoció el intercambio de información y de detenidos. Cuando usó la palabra enfrentamiento, sin embargo, se refirió a personas -como Ruth González que fueron vistas en el Servicio de Informaciones, y que por lo tanto estaban indefensas cuando fueron ultimadas. Ante la pregunta del defensor de Rubén Lofiego, aclaró que "la policía colaboraba ampliamente y sin problema si el Ejército lo requería".

Díaz Bessone fue requerido por Barabani sobre las condiciones de detención en los cuarteles: "Eran condiciones dignas, podían recibir visitas de sus familiares y los prisioneros estaban separados por sexo: no íbamos a permitir allí ninguna promiscuidad". Hizo un esfuerzo por diferenciar el funcionamiento del "Area de Inteligencia, que estuvo a cargo del Coronel Rolón, y luego del coronel Ramírez", del "Destacamento de Inteligencia, que funcionaba en Oroño y Córdoba y estaba a cargo del coronel Juan Pablo Saá". Sobre el secuestro de Sonia Beatriz González replicó que "su madre dijo haber visto a civiles armados, con lo cual no se puede decir que fue le Ejército".

El abogado defensor Gonzalo Miño -quien ayer demostró ser solo una caricatura de su mentor el temido abogado patrocinante de los máximos jefes militares Rafael Sarmiento- le dio pie al anciano general para explayarse sobre temas como la pastilla de cianuro o la voz de un reconocido periodista ordenando cómo editar el video de Marie Monique Robin para inculpar a Diaz Bessone. Negó la existencia de La Calamita así como la Quinta de Fisherton donde estuvo detenido Fernando Brarda.

Pero cayó en una grosera contradicción: ante una pregunta del camarista Otmar Paulucci, negó haber conocido algún caso donde un funcionario de la justicia federal hubiese sido detenido. Pero rato más tarde y ante la pregunta de su letrado, relató con lujo de detalles la forma en que el entonces juez federal Alegría Cáceres, le pidió que intervenga para saber la suerte corrida por su entonces secretario Santiago Harte. "Hablé con un gendarme que estaba a cargo de la Cárcel de Encausados y me dijo 'mi general lo trajeron aquí'. Así que lo trajeron ante mi y lo liberaron", relato Díaz Bessone reconociendo la denuncia en su contra que con el correr de los años presentó Harte, que llegó a ser camarista federal.

lunes, 4 de octubre de 2010

Declaró Díaz Bessone, ex comandante : "Aniquilar significa reducir a la nada, exterminar, matar"

"Este es un juicio político y no penal"

Díaz Bessone repitió "que en la Argentina se había vivido una guerra ya que un gobierno constitucional había ordenado aniquilar a la subversión". E insistió con que debería ser juzgado por un tribunal militar. Desmintió a Feced.
Por José Maggi

El ex Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, en el marco de la causa por terrorismo de estado que lleva su nombre. En un larga exposición les recordó a los presentes que "que en la Argentina se había vivido una guerra ya que un gobierno constitucional había ordenado aniquilar a la subversión, y que por ende no cabía un juicio de un tribunal federal, sino de uno militar, porque no se habían cometido delitos penales, sino que se habian aplicados políticas de estado que no pueden ser sujetas a revisión judicial". Y aclaró por si había dudas que "al derrotar a la subversión salvamos al país de un régimen castrista". Díaz Bessone negó que hubiese tenido bajo su mando a la policía santafesina, con cuyos integrantes comparte el banquillo de esta causa. Y no dudó en desmentir al fallecido comandante de Gendarmería e interventor de la policía Agustín Feced "quien incurrió en falsedades al decir que yo le había dado una orden verbal para disponer de esa fuerza".

Al anciano militar que exhibe dificultades para hablar, para escuchar y para ver, se lo pudo ver en todo momento consultando un escrito especialmente preparado con resaltadores. Sus palabras fueron seguidas con atención por Gonzalo Miño, su abogado defensor. "En una guerra al enemigo no se lo asesina, sino que se lo mata, no se lo priva ilegalmente de su libertad y se lo tortura, se lo captura y se lo interroga", prosiguió Bessone.

Se resguardó en "los decretos de un gobierno democrático que dio libertad de acción para operar contra el enmigo y sus apoyos clandestinos". "En una guerra no se le pide una orden a un juez para actuar, como no se le pidieron para tirar bombas en Hiroshima y Nagasaki", dijo sin inmutarse el veterano represor.

Después trató de refutar el concepto usado por la fiscalía que lo acusa de participar en "un plan sistemático ilegal", "no fue tal sino un plan legítimo de un gobierno democrático", apuntó. "Si voy a ser juzgado por delitos militares que cometí como Comandante del Segundo Cuerpo, pido ser juzgado por el Código de Justicia Militar", agregó.

Para el militar "este es un juicio político y no un juicio penal, en donde se toman como ciertas, por ejemplo, las denuncias de la Conadep

(Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) ante quien solo bastaban las simples denuncias sin investigación alguna" dijo para desmerecer al organismo que enumeró las atrocidades cometidas por el gobierno militar.

Después se enfrascó en explicar que "hubo decretos como el 2770/ 75 del gobierno de Isabel Perón que creó el Consejo de Seguridad Interior presidio por ella y fijó las competencias del Consejo de Defensa presidido por el ministro de Defensa que coordinaba la ejecución de las medidas contra la subversión. Entre ellos los gobernadores, que disponían de sus policías provinciales. Si yo tuve dominio del hecho, podría hablar de la figura del partícipe necesario, pero cuánto más lo son los miembros del Poder Ejecutivo y los gobernadores de provincia".

Se detuvo en recordar el decreto 2772/75 que establecía "que las fuerzas armadas bajo el Comando Superior del presidente de la nación ejecutará las operaciones necesarias para aniquilar a la subversión, y por más que se quiera distorsionar el sentido es reducir a la nada, matar al enemigo. En tiempos de paz se ordena detener, poner a disposición de autoridad, en tiempos de guerra no. Obtener información, no es una actividad ilícita y hoy tan menospreciada" remarcó.

Aseguró que "jamás requerí el control operacional de las fuerzas policiales de la provincia". Y concluyó "todo lo que pueda declarar el comandante Feced no goza de ninguna garantía porque está viciada de falsedades. La falsedad de Feced surge claramente porque fue designado interventor de la UR II el 8 de abril de 1976 por decreto y puesto en funciones después, jamás pudo estar en reunión conmigo en marzo".

Familiares sin derecho a querellar

Por Sonia Tessa

Aunque recién ayer por la tarde comenzaron las indagatorias, por la mañana se reanudaron las audiencias de la causa Díaz Bessone. Después de un cuarto intermedio para terminar de definir las cuestiones preliminares, la secretaria Silvana Andalaf leyó la resolución del Tribunal Federal Oral que -con voto dividido hizo lugar a algunos de los planteos de la defensa, ninguno de los cuales impidió el inicio del debate propiamente dicho. Por un lado, declararon la nulidad parcial de algunos procesamientos por tormentos a casi todos los acusados, por considerar que no habían sido incluidos en tiempo y forma en la acusación. Pero el punto crucial fue el rechazo de la participación como querellantes por el delito específico de asociación ilícita de aquellos casos que no se ventilan en este juicio oral, dado que aún se encuentran en etapa de instrucción. Las caras largas de las abogadas y los abogados querellantes eran elocuentes, no esperaban esa resolución, que impide querellar a un grupo importante de víctimas y familiares por este delito, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es decir, algunas víctimas podrán acusar a estos cinco imputados por asociación ilícita, y otras tendrán vedado ese derecho.

Así lo entendió Beatriz Barabani, autora del único voto que rechazaba la nulidad planteada por el abogado defensor Germán Artola. "Adoptar tal temperamento, significaría privar la posibilidad de querellar por tal delito", expresó con toda claridad la magistrada -que esta semana preside el Tribunal en su voto. En cambio, Jorge Benegas Echagüe consideró que se debía "diferenciar entre quienes acusan y aquellos que aún no han superado la etapa de instrucción". A esa postura adhirió Otmar Paulucci. Es decir que Esperanza Labrador, cuyo esposo Víctor y su hijo Palmiro fueron asesinados, mientras Miguel Angel se encuentra desaparecido, no tiene derecho a querellar a estos cinco acusados por haber formado una banda con el fin de secuestrar, torturar y asesinar a personas por razones políticas. En la misma situación están, entre otros, Elida Luna, esposa del desaparecido Daniel Gorosito y Marcelo Jalil, hermano de Sergio, desaparecido.

Al salir de la audiencia, Gabriela Durruty, abogada de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, afirmó que estudiarán la resolución, con la que adelantó que no estaba de acuerdo, para discutirla, ya que reservaron derechos. Para Nadia Schujman, de Hijos, la decisión del Tribunal significa "un certificado de defunción a la posibilidad de estos querellantes de acusar por asociación ilícita" y consideró que "debido a una decisión judicial de elevar algunos casos y dejar otros en instrucción, ahora se toma esta medida, sin tener presentes todas las expectativas que se generan en los querellantes".

La audiencia propiamente dicha comenzó después de las 12. En el banquillo, en el extremo izquierdo de la sala, el principal acusado estaba vestido con un traje gris. Homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita son los cuatro cargos por los que deberá responder, al igual que José Lofiego, del que lo separaba un gendarme, en la misma hilera de sillas. José Scortecchini, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, así como el civil Ricardo Chomicki, seguían sentados en el orden habitual. Ellos no están acusados de homicidio, pero sí del resto de los delitos. Del otro lado del vidrio, la mayoría de los asientos estaban ocupados. Cada uno de los asistentes mostró la foto de algún desaparecido. La memoria de Estrella Augusta González, Sergio Abdo Jalil, Susana María Busaniche, Nora Larrosa, Norma Valentinuzzi de Maggio, Gustavo Ramón Bruzzoni Godone, Oscar Medina, Daniel Gorosito, Graciela María y Susana María Busaniche, así como de Cristina Bettanín fue recuperada por sus compañeros de antes y de ahora en el lugar donde esperan encontrar justicia.

domingo, 3 de octubre de 2010

El infierno de Nené en el Servicio de Informaciones

TESTIMONIO CLAVE DE LA QUERELLANTE MARIA INES LUCHETTI DE BETTANIN
Secuestrada junto a gran parte de su familia, es una de las pocas sobrevivientes. Esta semana se presentó en Tribunales contra los responsables del centro clandestino de detención. Denunció desde 1984 que el cura Zitelli avaló las torturas.

 Por José Maggi

María Inés Lucchetti de Bettanín, Nené, es una de las pocas sobrevivientes de su familia, que fue diezmada por la última dictadura. Esta semana se presentó como querellante en la justicia federal, y tal como lo viene haciendo desde 1984, repitió sus denuncias contra civiles, militares y eclesiásticos que participaron del aparato represivo en el Servicio de Informaciones. Su testimonio es pilar fundamental en la acusación contra el entonces capellán de la policía Eugenio Zitelli quien luego de saber que habían existido numerosas violaciones a mujeres le respondió: "Momentito, que apliquen la picana está bien porque estamos en guerra y es una forma de obtener información, pero las violaciones atañen a la moral y nos prometieron que no iban a pasar". Nené Bettanin también exige que los civiles que colaboraron, como Ricardo Chomicki sean juzgados por los delitos que cometieron contra sus ex compañeros.

"Mi historia comienza el 2 de enero de 1977 en un operativo que hacen en mi casa del barrio Gráfico de Rosario, en el que nos rodea un grupo de policías que matan a mi marido Leonardo Bettanín, secuestran a mi cuñado Jaime Colmenares, matan a Clotilde Tozzi y a Roque Maggio y nos llevan secuestradas a mí, a mi suegra y a las cuatro nenas que estaban en mi casa: dos de mis hijas, la hija de Maggio y la de Tozzi, y nos llevan al Servicio de Informaciones", comienza relatando a este cronista Nené, representada por las abogadas Isabel Fernández Acevedo y Gabriela Durruty.

¿Cuál es tu testimonio sobre ese centro de detención?

Lo que voy a testimoniar es largo, mi declaración y la de mi suegra las hicimos en el inicio de la Causa Feced en el año 83. Era paradigmático porque en ese edificio funcionaba la Jefatura de la policía, la alcaidía donde había presos legales, y distintas dependencias policiales donde la gente podía ir a hacer trámites normales mientras nosotros estábamos en un sótano esposados, amordazados y desaparecidos. Siempre me pareció muy enigmático ese edificio, enclavado en el centro de Rosario, muy simbólico de lo que fue la dictadura. El proceso como desaparecidos no fue ni mejor ni peor que el del resto: entramos en una dimensión diferente de todo, de tiempo, de espacio, de identidad, fuimos torturadas, mi suegra fue violada. Yo estaba a punto de parir, me llevaron a una camilla para torturarme hasta que dije que tenían contracciones, tras lo cual vino un médico y me revisa y les dice que tenía cuatro centímetros de dilatación y que me dejen. Y después eran horas en las que no sabías si avanzabas hacia la muerte o hacia la vida. Lo importante fue compartir con muchos compañeros en solidaridad el inmenso dolor que eso producía.

Los represores que están siendo juzgados en la Causa Díaz Bessone pasaron por el Servicio de Informaciones. ¿Recuerda puntualmente un episodio con alguno de ellos en particular?

Sí, recuerdo muchos: a mi suegra la viola Carlitos Gómez que está fallecido, y le controla la tortura el Ciego Lofiego, la revisa el médico Sylvestre Begnis para corroborar si podían seguir torturándola, a mí me hace tacto vaginal el doctor Gentile para saber si podía continuar en la tortura. Después, recuerdo las guardias sucesivas en las que estaban los de la Patota a los que incriminamos con nuestras denuncias con todos los nombres que recordaba en aquel momento, y que recuerdo hoy porque he hecho un ejercicio de memoria en estos cuarenta años para no olvidarme. Y después todo el personal civil y eclesiástico que también colaboró con ellos, formando parte del aparato represivo del Servicio de Informaciones, por elección.

Según su declaración anterior usted tuvo contacto con el capellán de la policía Eugenio Zitelli, sobre quien pesa un pedido del fiscal federal Gonzalo Stara para que sea citado a declarar. ¿Cómo conoció a Zitelli?

A Eugenio Zitelli lo vengo denunciando desde el año 1984. Cuando el entonces arzobispo de Rosario, Vicente Mirás lo nombra Monseñor Honorífico, en 1999, vine a Rosario y volví a declarar porque Mirás nos dijo que teníamos que ir a la justicia, tras lo cual le contesté que fuera a tribunales y mire el expediente porque Zitelli ya estaba denunciado desde hacía muchos años. A Zitelli lo conozco en la Alcaidía, porque teníamos pocas visitas, sin contacto con el exterior. Un día una celadora nos dice que las que éramos católicas si queríamos podíamos ir a confesarnos. Acordamos con las compañeras quiénes iríamos, no todas, a hablar con el cura. Las primeras veces confesión no había, pero había rezos y estampitas. Hasta que un día llegan compañeras muy jovencitas que habían sido violadas, y ahí hablo con él y le pido secreto de confesión por lo que le iba a decir. Entonces le digo: "Mire Padre acá además de gente torturada llega gente violada y no hay límite de edad. Mi suegra de 54 años fue violada y hay chicas de 16 años violadas". El cura se asombró y me contestó: "Momentito, que apliquen la picana está bien porque estamos en guerra y es una forma de obtener información, pero las violaciones atañen a la moral y nos prometieron que no iban a pasar". Me quedé helada, empecé a temblar, me aterré y el cura me preguntó: ¿Usted me autoriza a que le cuente esto al obispo?. Yo le respondí: "No le autorizo, le exijo que le diga al obispo, que es nuestro pastor, lo que está pasando, pero no se lo diga al Servicio de Informaciones porque mañana me encuentra muerta". Ahí terminó la charla, y por supuesto nunca más salí a hablar con Zitelli, a quien volví a ver el 11 de mayo de 1977, porque estando detenida pedí autorización para bautizar a mi hija. A esta ceremonia venía un sacerdote de Buenos Aires que era profesor mío en la escuela de la parroquia donde iba. Como no llegaba vino Zitelli al hall de la Alcaidía y me ofreció bautizar a mi nena sino llegaba. Mi mamá no lo conocía, y mis familiares tampoco. Yo me abrazo a mi cuñado y le digo: "De ninguna manera voy a permitir que bautice a mi hija quien bendijo la muerte de su padre". Por suerte, llegó el sacerdote que esperábamos y a Zitelli no lo vi nunca más. Lo de este hombre fue espantoso, porque como cristiana y católica era el único recurso espiritual al que podíamos recurrir y escuchar que dijera "nos prometieron que esto no iba a pasar" implicaba un acuerdo con los militares para aplicar la picana para obtener información. Con lo cual avalaba la tortura.

- ¿Contra quien va dirigida la querella que presentó esta semana?

Querello a todos los que participaron del Servicio de Informaciones, civiles y militares, y esto implica a Ricardo Chomicki, a (Virginia) Folch, a (José) Brunato (alias Tu Sam) y a Graciela Porta (la Corcho). El restante está muerto (Pollo Baravalle). Con el Caddy Chomicki y con la Victoria (Folch) tuve experiencias que voy a relatar en el juicio, pero lo que quiero decir es que el punto que a mí determina a seguir sosteniendo esta acusación que hice por primera vez en el año 84 es que no estoy dispuesta a que se tienda un manto de sospecha sobre todos los que salimos de los campos de detención. No todos colaboramos, de los dos mil detenidos que pasaron por el Servicio siempre se habla de los mismos cinco, y todos tuvimos el mismo nivel de no libertad. Una vez entrados allí, no era que uno tenía más libertad que otro, y en ese margen de no libertad unos eligieron una cosa y otros eligieron otra. Los que eligieron libremente pasar a ser parte del aparato represivo, torturar compañeros, delatar compañeros, y matar compañeros, tienen que ser juzgados y el Estado se tiene que hacer cargo de lo mismo por lo que están juzgando a los militares. Porque sino es tender sobre ellos el manto de obediencia debida que no quisimos tender sobre los militares. Había libertad para elegir, depende de donde uno se parara, era como terminaba su vida. Si ellos eligieron eso, que sean juzgados por eso. Yo exijo que sean juzgados porque nos deben vidas de compañeros.