Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

martes, 30 de diciembre de 2014

Silvia Suppo : sus hijos relataron las profusas irregularidades en la investigación policial.

Declararon en la causa por el crimen de su madre "A los únicos que investigaron fue a nosotros, las víctimas", dijeron los hijos de Silvia Suppo

Andrés y Marina Destéfani relataron las profusas irregularidades en la investigación policial.
Andrés Destéfani pudo hablar con su mamá, Silvia Suppo, cuando la llevaban al quirófano del hospital de Rafaela tras las nueve puñaladas que le costaron la vida. Fue un momento. Le preguntó si la habían robado y ella le contestó: "¿Cómo me robaron?". El ignoraba que serían las últimas palabras de Silvia y el rostro de sorpresa, su última imagen, que guardó en la memoria. Andrés y su hermana, Marina Destéfani, declararon ante el Tribunal Oral de Santa Fe que juzga a los imputados por el crimen, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres. Los hijos de Suppo relataron el espanto del 29 de marzo de 2010, hace ya cuatro años y su demanda de justicia, pero también las "irregularidades" de la investigación, los manejos de la policía, las escuchas secretas a la familia y hasta un acoso telefónico. "Los únicos investigados fuimos nosotros", dijo Marina al revelar que en la causa se desgrabaron los diálogos con sus abogados y funcionarios del programa nacional Verdad y Justicia. "Los únicos escuchados e investigados fuimos las víctimas", denunció. "¿Y cómo siguió su vida?", le preguntó la querellante Lucila Puyol. "Con mucho miedo y tensión", contestó. Sosa y Cóceres son juzgados por supuesto "homicidio agravado" en ocasión de robo. La hipótesis del crimen político está varada en primera instancia, con dos imputados a los que la Cámara Federal de Rosario les dictó la "falta de mérito".

Silvia fue testigo en la causa Brusa, que terminó en diciembre de 2009 con condenas de entre 19 y 23 años de prisión para cinco genocidas santafesinos. Era la primera por delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe.

Andrés dijo que ese lunes se levantó temprano. Cruzó a Silvia antes del desayuno y se fue a trabajar. La casa está al lado del negocio de los Destéfani, con una puerta que los comunica. Intentó apagar las luces del local, pero las dejó encendidas porque frente a la vidriera había un "hombre alto, robusto, pelado", que miraba hacia adentro. Salió a la calle. El hombre empezó a caminar atrás de él, un buen trecho, hasta que se cruzó de vereda, da cuenta Rosario/12.

*La carrera desesperada. Eran casi las diez, cuando Andrés recibió un llamado para que volviera al negocio de su madre porque habían pedido una ambulancia. Corrió. Y cuando llegó, la ambulancia partía hacia el hospital. "El local estaba lleno de gente", les dijo a los jueces. Y recordó lo que había visto en la parte posterior del negocio. Un cuadro del asalto: el charco de sangre, los zapatos de su mamá desparramados, los anteojos rotos y el cristal suelto, con salpicaduras rojas. "Mi mamá fue atacada en el fondo del negocio", interpretó. Andrés dijo que la policía nunca preservó la escena. "Nos pidieron que buscáramos los cuchillos" y después "nos dijeron: 'Si quieren limpiar, limpien'". Ellos no limpiaron.

Marina se enteró del ataque por un llamado de Andrés. Y al llegar, la impactó el desorden, la confusión. "Había vecinos pisando la sangre y con mi cuñada, Estefanía Orellano, tratamos de sacarlos afuera". Un policía nos pedía que "buscáramos el arma, que el cuchillo debía estar por allí". Y se revolvió todo. "La Policía nos dijo que limpiáramos".

¿Qué medidas de seguridad se adoptaron para preservar la escena? le preguntó otro de sus abogados, Guillermo Munné.

- Ninguna - contestó Marina. Y explicó que las cosas que supuestamente se llevaron Sosa y Cóceres no tenían valor de reventa. "Eran objetos de plata muy identificables". "Había cosas de más valor que no se llevaron". Silvia ahorraba en euros porque tenía previsto un viaje a Europa para visitar a su hermano, Hugo Suppo, que también va a declarar en el juicio, en febrero.

La fiscal de la causa y hoy jueza de Rafaela, Cristina Fortunato, recién apareció al día siguiente. "Teníamos derecho a que estuviera en ese momento", se quejó Marina.

- ¿Por qué usted dice: 'la fiscal'? preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal

- Porque después nos enteramos que era la doctora Fortunato -dijo Marina. Y siguió: "Mamá tenía muchas heridas" y "muy precisas". "Las nueve puñaladas eran indicios de algo muy extraño".

*El otro suplicio. "La policía nos pidió los números de teléfonos de la familia y se los dimos. Al poco tiempo, comenzamos a recibir llamadas extrañas, solicitando servicios sexuales", relató Marina. El acoso lo sufrió ella y su cuñada. Después, Andrés comentó que eran "llamadas de Rafaela, Buenos Aires y de Santa Fe". Y hasta "tres o cuatro ocasiones en distintas noches".

"Los únicos teléfonos investigados fueron los nuestros", apuntó Marina. Las escuchas a la familia se agregaron a la causa. "Los únicos que fuimos investigados y escuchados fuimos las víctimas". Y entre esas desgrabaciones, había diálogos con sus abogados o funcionarios del programa Verdad y Justicia. En esa etapa, el juez de Rafaela, Alejandro Mognaschi, llegó a rechazar como querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que hoy es parte en el juicio.

Andrés dijo que el juez ordenó a la policía investigar el origen de las llamadas, pero sin resultados. "Una era de un hotel de Rafaela, donde había una lista con teléfonos y el de Estefanía se agregó a mano. Se le preguntó al hotel de qué habitación habían realizado la llamada y contestaron que no sabían porque el conmutador estaba roto".

*El video oculto. La trama de las filmaciones de la terminal de ómnibus de Rafaela volvió a salir en el juicio. El hecho ocurrió en las 48 horas siguientes del asesinato. Uno de los responsables de la empresa, Hernán Gunzinger - que está citado a declarar- dijo que entregó el CD al ex subjefe de Policía de Rafaela, Leandro Amaya, pero no le hizo firmar ningún papel. Amaya negó haberlo recibido y el video recién se incorporó a la causa, cuando Gunzinger entregó una segunda copia al juez Mognaschi, tres meses después, en junio de 2010.

Marina recordó el episodio en el juicio y dijo que en video se pueden ver a Sosa y Cóceres (antes de fugarse a Santa Fe, donde fueron detenidos) junto a otras dos personas: la hermana de Sosa, Marcela, con un bebé en brazos y "un hombre de pelo corto, de unos 40 años. Ese hombre nunca se identificó". Denunciamos el hecho "ante Asuntos Internos, pero no se hizo nada".

"La policía se manejaba de manera irregular con nosotros. Venían a las horas más imprevistas, incluso a la noche, para que reconociéramos algo o intentar que firmáramos algo", comentó Marina

*El hombre de afuera. Cuando declaró Andrés, el fiscal le preguntó sobre ese hombre que había visto al salir de su casa, el 29 de marzo, y lo siguió en el trayecto a su trabajo. "¿Lo volvió a ver?", le planteó Suárez Faisal.

- Sí - contestó Andrés. Lo ví dos veces, en un auto Megane blanco. Lo ví en dos ocasiones en la calle, en Rafaela.

- ¿Conoce a los imputados?

- Sí, a Sosa - respondió- . Porque cuidaba y lavaba autos en la cuadra del negocio de Silvia y a la vuelta de la esquina, frente a un restaurante. "Era un habitual de la zona, lo conocía toda la cuadra", dijo. Por eso, Andrés cree que "la intención de matarla estaba desde el primer momento porque si ella sobrevivía lo iba a reconocer", concluyó

viernes, 19 de diciembre de 2014

Los restos de Mencho Germano fueron ayer devueltos a sus familiares

La coronación de un largo proceso

"Este proceso culmina con esta contradesaparición, que es la que permite que sepamos sin ningún margen de duda que Eduardo sí fue secuestrado, torturado, asesinado y su cuerpo escondido", enfatizó su hermano al recibir la urna en el Patio Cívico.

 Por José Maggi

Los convocó el reencuentro con Gustavo "Mencho" Germano, quien estuvo detenido en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura durante la última dictadura, y cuyos restos fueron ayer devueltos a sus familiares. Estaban allí Madres y Abuelas de la Plaza 25 de Mayo, Hijos, Familiares, militantes, ex detenidos desaparecidos, abogados, jóvenes de La Cámpora, Movimiento Evita y Unión de Estudiantes Secundarios, quienes hoy retoman las banderas que levantaba el Mencho. Fue ayer cuando caía la tarde en el Patio Cívico de Dorrego y San Lorenzo.

Su hermano Gustavo Germano, autor de la muestra fotográfica "Ausencias" fue quien recibió la urna con sus restos. "A 38 años del día en que mi hermano fue detenido con solo 18 años y torturado en este mismo lugar, y luego asesinado y su cuerpo escondido, podemos reencontrarnos con él", dijo. Y citó al poeta Juan Gelman, quien "decía que la palabra desaparecido era un poco tramposa, porque esconde cuatro procesos: el secuestro, la tortura, el asesinato y la ocultación del cuerpo". "Hoy (por ayer) siento que estamos coronando un proceso muy largo, fruto de una lucha colectiva durante cuatro décadas. Este proceso culmina con esta contradesaparición, que es la que permite que sepamos sin ningún margen de duda que Eduardo sí fue secuestrado, torturado, asesinado y su cuerpo escondido", enfatizó.

Viejos compañeros de militancia del Mencho recrearon la historia contada en la página web de Roberto Baschetti: "El día de la Navidad del 76, Germano fue asesinado en el barrio rosarino de Fisherton (calles Boulevard Argentino y Colombres), junto a otra compañera detenida María Cristina Pagnanelli. El comandante de Gendarmería, Feced, temible represor, ordenó cerrar el barrio e hizo traer a los dos jóvenes maniatados y en mal estado de salud, adentro de un Ford Falcon; los bajaron y los pusieron dentro de una estructura de metal de unos 4 metros de diámetro por 2 metros de alto. Luego hicieron explotar el cubículo con los dos pibes adentro, por lo que debieron recoger los restos diseminados algunos de los cuales fueron hallados por los propios vecinos el día después. Sus restos fueron enterrados como N.N. en el cementerio rosarino de La Piedad". Justamente el lugar donde fueron identificados tras la incansable tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, con Miguel Nieva a cargo de la investigación junto a la fiscal federal Mabel Colalongo, ambos ausentes ayer de la ceremonia.

La intendenta Mónica Fein y el ministro de Justicia Juan Lewis, participaron del acto, al igual que el secretario de Seguridad Comunitaria Angel Ruani, el subsecretario de Derechos Humanos Ramón Verón, y la Directora de la Memoria Nadia Schujman. Esta última -como abogada querellante de la causa Feced, que actualmente está en instrucción investigando entre otros el crimen de Germano en el Servicio de Informaciones- anunció que hoy presentara un nuevo pedido para que sean indagados los responsables de ese centro clandestino de detención. Schujman explicó a Rosario/12 que el pedido ya había sido girado hace varios meses -aunque sin suerte- por el fiscal Gonzalo Stara al juez federal Marcelo Bailaque.

También fue recordada en el acto María Luisa Quattrín, una estudiante secundaria de 18 años secuestrada y desaparecida en Fray Luis Beltrán.

Viviana Nardone y Rubén Chababo, responsables del Museo de la Memoria de Rosario, recibieron el expediente judicial con el caso Germano, para sumarlo a su biblioteca.

Gustavo Germano tuvo un aparte en su discurso para aquellos que hoy proponen cerrar el tema de los derechos humanos: "Esta gente no tiene ni idea de lo que ha sido esta construcción, de lo que ha sido este fenómeno social que surgió en tiempos en que gran parte de la sociedad justificaba estos hechos, o quería pensar en que no sucedían".

Silvia Suppo: con un cuestionado tribunal se inicia el juicio por su asesinato

Silvia Suppo, cuyo testimonio fue clave para condenar por delitos de lesa humanidad al ex juez Brusa, fue asesinada en su comercio en marzo del 2010. Binner, en ese entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, quiso correr la versión de que fue asesinada en ocasión de robo.
 
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe iniciará hoy el juicio por el asesinato de Silvia Suppo, ex detenida-desaparecida durante la última dictadura cívico militar, que fue ultimada a puñaladas hace cuatro años en la ciudad de Rafaela.
 
El cuestionado tribunal está integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría, que juzgará a los imputados Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 22, quienes en el proceso de instrucción de la causa confesaron el crimen. El juez Lauría fue rechazado por todos los organismos de Derechos Humanos y por la querella compuesta por la familia de Suppo por ser confeso amigo de Víctor Hermes Brusa, condenado gracias al testimonio de Silvia.

Durante estos años el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo y numerosos organismos de Derechos Humanos y organizaciones de izquierda reclamaron que el crimen fuera investigado por la justicia federal por tratarse de un crimen con motivos políticos. Silvia aporto testimonios claves para enjuiciar al ex juez Brusa y a los responsables de los crímenes genocidas de la zona de Rafaela. Ella junto a otras sobrevivientes fueron las primeras en poner de relieve los métodos específicos de tortura a los que eran sometidas las mujeres. Sin embargo cuando Silvia es asesinada el gobierno de Binner y los funcionarios políticos de Rafaela se apresuraron a decir que fue un hecho de “inseguridad”, un homicidio en el marco de un robo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que la causa sea investigada por la justicia federal.

En un comunicado difundido en las redes sociales por el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo e HIJOS Santa Fe denuncian que “En contradicción a lo resuelto dos veces antes, el tribunal ahora acepta el expediente que no tiene ninguna medida investigativa (…) y decide imponer el juicio oral con sólo dos de los imputados. (…) la parcialidad del joven camarista Lauría comienza a mostrar los dientes. Una medida probatoria básica como es la reconstrucción del hecho, es negada por el tribunal con el argumento de superabundancia de pruebas y testigos. En el expediente que la policía de Rafaela armó, que es a lo único a lo que se ha dado valor, no existe ningún testigo del hecho. No hay, en las distintas pericias realizadas, huellas, pelos, rastros que indiquen la forma de cómo mataron a Silvia.”
El Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo convoca a las 8:30 del día de hoy a concentrarse en la esquina de Primera Junta y San Jerónimo de la ciudad de Santa Fe para reclamar justicia.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Captura a represor en plena calle. Osvaldo Tebez, ex agente de la Policía Federal

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en Rosario a un represor que estaba prófugo. Se trata de Osvaldo Jorge Tebez, ex agente de la Policía Federal, Delegación Rosario, durante la última dictadura militar, quien fue capturado en la vía pública. Tebez, de 68 años, fue detenido el lunes, según se informó; es uno de los que se encontraba en búsqueda y captura.

La Unidad había solicitado en febrero de 2014 la detención e indagatoria de Tebez por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y homicidios, por su presunta participación en procedimientos fraguados.

Tebez se encontraba prófugo desde febrero de 2014. Se ordenó su indagatoria y detención en el marco de la denominada causa Guerrieri, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad en el ámbito del Cuerpo II del Ejército.

El ex policía, que durante la dictadura prestó servicios como agente en la delegación local de la Policía Federal, fue indagado este martes y quedó detenido a disposición del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

La captura de Tebez se suma a la de Ernesto Guillermo Luchini, ocurrida también el lunes, y la de Aldo Mario Alvarez, capturado el martes.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Repudio organismos de derechos humanos ante el nombramiento de ex general de gendarmería

Bonfatti puso en funciones a Chaumont , ex comandante general de Gendarmería
El acto se realizó inusualmente en el salón Blanco de la Casa de Gobierno, lugar donde asumen los ministros del gabinete. El ex comandante general de Gendarmería, Gerardo Chaumont, desde ayer es el nuevo secretario de Seguridad Pública de la provincia.
Constanza Villanueva
                                
"Cuando hay reemplazos o recambios de funcionarios que no son ministros habitualmente los actos se hacen en los ministerios correspondientes, el hecho de hacerlo (en la Casa Gris ) tiene que ver con la entidad y la trascendencia que le damos al tema de la violencia", aseveró el gobernador Antonio Bonfatti rodeado de funcionarios, jefes policiales e invitados.
Bonfatti destacó que la administración santafesina decidió el viernes pasado iniciar "una nueva etapa", con el nombramiento de Chaumont como número dos del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. El jefe de la cartera de seguridad a su vez, reiteró que "la designación de Chaumont fue pensada por su experiencia como jefe de áreas vinculadas a la seguridad y a las fuerzas policiales en numerosas misiones nacionales e internacionales, centralmente, focalizada en la parte operativa y territorial".

"Vivimos en una sociedad violenta" dijo Bonfatti definiendo a la violencia como "epidemia generalizada", al tiempo que advirtió : "no vamos a claudicar. Mucho más allá de los mensajes de todos los días, de las noticias que nos quieren hacer aparecer a los santafesinos como si fuera el único lugar en el país donde hay violencia; les digo que esta provincia está de pie y que tiene decisión". En su discurso, el gobernador recordó que en su primer mensaje a la Legislatura , el 11 de diciembre de 2011, apena asumió el cargo, dijo que la "violencia era el tema que más lo preocupaba". Horas después, designó como su primer jefe de Policía de la provincia al comisario Hugo Tognoli, hoy preso en una causa por narcotráfico y cerca de un juicio oral que el Tribunal Oral de Santa Fe tiene previsto para el 11 de noviembre.

El partido socialista reflota la carrera “terminada” de Chaumont

Como ya informó La Izquierda Diario acá Gerardo Chaumont el nuevo Secretario de Seguridad Pública, Chaumont, cuando era subdirector nacional de Gendarmería, fue pasado a retiro por el presidente Néstor Kichner en 2004 por participar en una persecución administrativa a uno de sus subordinados que denunció actos de corrupción y le costó la carrera, entre otros. El Partido “Socialista” la reflota diez años después y no casualmente lo pone a la cabeza de los desprestigiados mandos policiales de la provincia. Hoy se conoció un escrito del flamante secretario de Seguridad enviado a los jefes de la fuerza donde reclama “legalidad y legitimidad” en todas las acciones policiales, destacando el apoyo del gobierno nacional a través de la figura del secretario de Seguridad Sergio Berni, y pidiendo a la fuerza que se prepare para reemplazar a Gendarmería cuando ésta decida retirarse del territorio santafesino.

Repudio de organismos de Derechos Humanos

Norma Ríos, vice presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Nacional), declaró en exclusivo para La Izquierda Diario : " La designación de Chaumont, en definitiva, mirando hacia atrás, en el marco de las denuncias históricas que venimos haciendo a la Gendarmería Nacional , no hace mas que ratificar lo que hemos dicho miles de veces; están poniendo a un corrupto echado por un presidente de la fuerza y que luego fue reciclado en supuestas operaciones de `paz´ que han sido verdaderas invasiones territoriales como en Haiti. La idea de seguridad que tiene el gobierno de santa fe no plantea ninguna alternativa mas que la militarización. Ya hubo otros casos similares en el gobierno del ahora senador Carlos Reutemann, como por ejemplo, las denuncias que hicimos a Enrique Alvarez y José Storani que después terminaron siendo los responsables de los asesinatos de diciembre de 2001".

Las extrañas afirmaciones de Binner

El diputado y precandidato presidencial Hermes Binner (Frente Amplio Unen) afirmó ayer que el "80 por ciento" de los asesinatos en Rosario "no tienen que ver con el narcotráfico".
Binner remarcó que "de los 130 crímenes que hubo en Rosario, el 80 por ciento no tiene que ver con el narcotráfico, sino con delitos comunes, con fiestas que terminan mal, por consumo de alcohol". Si bien Binner mencionó 130 crímenes, el sábado pasado ascendió a 196 el número de homicidios cometidos durante el 2014 en el departamento de Rosario. En la ciudad de Santa Fe, donde la policía es sindicada como la gestora del mercado negro de armas, ya suman 117 víctimas, una más que en todo el año 2007, cuando se llegó a un techo y por lo que el titular del ejecutivo municipal, José Corral, calificó la situación como "desesperante".

miércoles, 15 de octubre de 2014

Detendión de 14 militares y policías, 19 indagatorias

El inicio de megacausa en Santa Fe

La causa se conoce con el nombre de una de las víctimas, Nilda Elías, referente del Movimiento Villero Peronista y fusilada delante de sus tres hijos y de su madre, en el barrio Santa Rosa de Lima, en abril de 1977.

 Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe

El juez federal Reinaldo Rodríguez ordenó la captura de catorce militares y policías y diecinueve indagatorias, en una causa acumulada del terrorismo de estado que investiga la masacre de once militantes políticos y el secuestro y torturas de otros cuatro. Fuentes judiciales dijeron que siete represores ya fueron detenidos, mientras se espera el traslado de los demás desde Buenos Aires y Mendoza, en las próximas horas. Uno de ellos se presentó de manera espontánea y quedó preso: es el comisario Luis Alberto Bellini, ex jefe de la Unidad Regional I, condenado por la represión a los trabajadores bancarios que resistieron la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, en marzo de 1996, frente a la Legislatura.

La causa se conoce con el nombre de una de las víctimas, Nilda Elías, referente del Movimiento Villero Peronista y fusilada delante de sus tres hijos y de su madre, Otilia Acuña, en el barrio Santa Rosa de Lima, en abril de 1977. Acuña es madre de Plaza de Mayo. Otro de los crímenes impunes que se investiga es el de "Pica", Héctor Marcelo Acoroni, un militante de la Juventud Peronista, ejecutado en enero de 1977, que estuvo 35 años como NN en el cementerio de Santa Fe y recién fue identificado en setiembre de 2012.

El fiscal Walter Rodríguez había solicitado las diecinueve indagatorias y detenciones hace un año, en octubre de 2013. El juez Rodríguez se tomó su tiempo. Incluso, intentó desligarse de la causa porque uno de los imputados, el comisario Roberto Martínez Dorr ("Morrongo") lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Pero en abril, un pleno de la Cámara Federal de Rosario rechazó la inhibitoria de Rodríguez y le ordenó que continuara la investigación. Desde abril de 2012, Martínez Dorr cumple una condena a 10 años y medio de prisión por el secuestro y tortura de un militante de la UES, Froilán Aguirrre, en 1976,

El viernes, el juez Rodríguez libró las catorce órdenes de capturas y dispuso las diecinueve indagatorias, que siguieron ayer. Hasta ahora, habían sido detenidos siete policías, mientras se esperaba el resultado de diligencias judiciales para la captura de tres militares de alto rango.

Los policías presos son Bellini, los comisarios Jorge Alberto Patricio Villalba y Juan Carlos Báez, el oficial Raúl Giménez, el suboficial Abel Antonio Romero, el sargento ayudante Carlos Héctor Albornoz y un ex agente cesanteado Rubén Angel Vázquez. Las indagatorias se realizaron inmediatamente después de las detenciones. Otro de los imputados es el comisario Rubén Orlando Paz, que operaba como oficial del Comando Radioeléctrico, pero zafó por su estado de salud.

En paralelo, el juez dispuso la indagatoria de otros cinco imputados. Ayer, indagó al ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Jorge Roberto Diab. Hoy, a las 8.30, seguirá con el ex jefe de la comisaría 4ª, Ricardo Ferreyra. Mañana, a la misma hora, con el comisario Juan Calixto Perizzotti y el viernes, con Martínez Dorr. El lunes, tenía previsto indagar al ex jefe del Area 212, coronel José María González, pero suspendió la audiencia porque éste sigue internado en el hospital Militar, en Buenos Aires.

El 1º de octubre, el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a Diab a 16 años de prisión por el secuestro y torturas al ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda y el ex intendente de Santa Fe, Noé Adán Campagnolo, en un juicio en el que el coronel González fue apartado dos horas antes del veredicto. Perizzotti ya cumple dos condenas acumuladas a 23 años de prisión. Y Martínez Dorr, una a diez años y medio.

Giménez y Martínez Dorr están imputados por su participación en los operativos que terminaron con la ejecución de "Pica" Acoroni, el 4 de enero de 1977, a pocas cuadras de la Universidad del Litoral y el asesinato de otros militantes peronistas, Nora Meurzet y Antonio Mendicute, el 24 de marzo de 1977, en Guadalupe.

martes, 14 de octubre de 2014

Denuncia que se instaló gente en el predio donde funcionó el ccd y e La Calamita


La memoria y las pruebas pisoteadas

El grupo Documenta Baigorria detectó construcción, alquiler de piezas y camiones para recargar garrafas en la propiedad de Pablo Benzadón que fue un centro clandestino de detención.

 Por Sonia Tessa

Documenta Baigorria, la organización de vecinos de Granadero Baigorria empeñados en conservar la memoria del centro clandestino de detención La Calamita, denunciaron que en el lugar, sobre el que rige una medida de no innovar dictada hace años por el juez federal Marcelo Bailaque, se realizaron construcciones precarias, hay personas instaladas, que hay camiones para recargar gas licuado en garrafas y que se realizan movimientos de tierras que ponen en peligro la obtención de pruebas sobre la represión ilegal. En ese predio funcionó un centro de exterminio por el que pasaron más de un centenar de detenidos políticos, y que dependía del Batallón de Inteligencia 121. La diputada Alicia Gutiérrez presentó reiterados proyectos para expropiarlo. El 13 de noviembre de 2003, esa iniciativa se convirtió en la ley 12192, pero el entonces gobernador Jorge Obeid dejó pasar el tiempo estipulado para la expropiación. Desde entonces, Gutiérrez insistió. Ahora, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales pero no tiene fecha de tratamiento. A fin de año pierde estado parlamentario. "La Municipalidad tiene la obligación de hacer cumplir la medida de no innovar, y los legisladores tienen la responsabilidad de sancionar la ley", consideró Alicia Wegher, de Documenta Baigorria.

La Calamita es propiedad de Pablo Benzadón, y allí funcionó uno de los cinco ccd del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121. En el predio de Eva Perón 1530, a unas 15 cuadras del hospital Eva Perón, hubo una excavación en 2006, a partir de declaraciones de Eduardo "Tucu" Costanzo, quien había señalado enterramientos clandestinos. El predio tiene 24 hectáreas y las tareas del Equipo Argentino de Antropología Forense se circunscribieron a una zona pequeña, delimitada por el propio Costanzo.

Desde Documenta Baigorria sostienen que los movimientos actuales ponen en peligro las pruebas. "La única forma de preservar el lugar es la expropiación. Básicamente, porque creemos que puede haber importantes pruebas, dadas las declaraciones de Costanzo. Allí puede haber evidencias de lo que pasó, no sabemos si hay restos óseos. De hecho, en todos estos años se destruyó gran parte de lo que había. Primero voltearon el galpón que es donde hubo detenidos", explicó Wegher la urgencia por obtener la ley. Por eso, pidieron a "las autoridades provinciales y municipales" que actúen en consecuencia.

La diputada del Partido SI en el Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, consideró "importante" que la ley se apruebe. "Esperamos que diputados y senadores le den tratamiento y la aprueben antes de fin de año", expresó.

Los integrantes de Documenta Baigorria probaron sus denuncias con las fotos que ilustra esta nota. "Un compañero pasó y encontró colgado un cartel que dice 'propiedad privada, chatarrería' arriba de la escultura que pusimos nosotros, a modo de señalización, en la puerta de entrada", contó Wegher. Aunque no pudieron entrar, sí registraron que están construyendo habitaciones, y por vecinos de la zona supieron que se alquilan a mil pesos. También pudieron observar entrada y salida de vehículos. En la parte de atrás, vieron unos camiones con tanques, que se usan para recargar garrafas. "Nos reunimos con fiscales federales, fuimos al Museo de la Memoria, nos encontramos con la gente de Sitios de Memoria de la Nación, pero en la Municipalidad no nos dieron ninguna entrevista", relató Wheger. La Dirección Nacional de Sitios de la Memoria envió una nota a la Municipalidad para informarles cómo se deben cuidar estos sitios. Wegher señaló su estupor por la inacción provincial y municipal. "Como mínimo debieran hacer inspecciones sobre el funcionamiento de un comercio o de una casa de alquiler, aún sin mezclarlo con la expropiación", insistió la militante.

Documenta Baigorria lleva años en tareas de investigación sobre el funcionamiento de la represión ilegal en la zona, como así también, en tareas de difusión en escuelas primarias y secundarias. Uno de los frutos de esa tarea fue palpable el 8 de agosto en la Cámara de Diputados de la provincia. Ese día, 70 alumnos de las escuelas medias 422 y 550 de Granadero Baigorria participaron del programa "Diputados por un día", en una sesión presidida por Erika Gonnet. El proyecto que aprobaron fue, justamente, expropiar La Calamita.

domingo, 12 de octubre de 2014

Fundamentos del fallo que ordenó la "inmediata detención" de genocidas

Su libertad es demasiado peligrosa

Además de considerar el derecho de las víctimas a obtener justicia, después De 30 años de "afrontar con entereza" los obstáculos de la causa, el TOF apuntó Al peligro de fuga amparado en el apoyo de "encubridores" que están libres.

 Por Sonia Tessa

Hay victorias que llevan demasiado tiempo, y dejan una huella indeleble. La resolución 273/2014 del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, que dispuso la "inmediata detención de los condenados" comenzó a forjarse en enero de 1984, cuando un grupo de sobrevivientes del centro clandestino de detención Servicio de Informaciones de la entonces Jefatura de policía de Rosario denunció a la patota del interventor de la Unidad Regional II, Agustín Feced (fallecido oficialmente en 1986) ante la justicia provincial. Eran la cara más visible de la represión ilegal, ya que por ese CCD pasaron más de 2000 personas durante la última dictadura cívico-militar. Tras leer las condenas a nueve integrantes de aquél grupo de tareas, la jueza Noemí Berros leyó otra resolución, que sentará jurisprudencia y está en consonancia con los pedidos del fiscal Gonzalo Stara desde el comienzo del proceso. Ese fallo deja en claro por qué los condenados deben estar detenidos aunque la sanción no sea firme. "Hasta ahora, la tendencia era que hasta que el fallo no tenía firmeza, las condenas no fueran efectivas. Y esto nos parece importante porque si no hay detención inmediata, la sensación de impunidad queda latente", consideró Stara, quien recordó el caso del secuestro de Manuel Casado, militante del gremio municipal de San Lorenzo, por el que fueron condenados el civil Pedro ´Pili´ Rodríguez y los militares Horacio Maderna y Rubén Cervera, que actuaban en el cordón industrial, aunque siguen libres. "Es claro lo que ocurre con el caso de Rodríguez. Incluso, con la sentencia confirmada por Casación en agosto pasado, ellos siguen libres", advirtió el representante del Ministerio Público Fiscal.

El viernes pasado recibió una segunda condena "a 12 años de prisión"Rubén "Ciego" Lofiego, condenado a perpetua en la primera parte de la causa, y se sumaron la prisión perpetua para Carlos "Caramelo" Altamirano, 22 años de prisión para Lucio "Ronco" Nast, Eduardo "Picha" Dugour, Julio "Dario" Fermoselle y Ernesto "Managua" Vallejo. Ramón "Rommel" Ibarra fue condenado a 20 años de prisión, Ovidio "Vasco" Olazagoitía a 18 y Ricardo Torres a ocho años. Más allá de las penas impuestas, el segundo fallo dictado ayer por el TOF deja en claro por qué no pueden esperar en libertad hasta que las condenas queden firmes. Lofiego ya estaba en el penal de Marcos Paz, desde donde siguió el juicio. Olazagoitia mantendrá el beneficio de la detención domiciliaria por razones de salud. Torres, Dugour y Fermoselle estaban libres. Nast, Ibarra y Vallejos estaban en el penal policial de la Jefatura de Policía de Rosario. Altamirano estaba detenido en la Unidad Regional 3. Todos ellos fueron trasladados el mismo viernes, por Gendarmería, a cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.

La abundante argumentación de la resolución demuestra que el Tribunal presidido por Berros, e integrado también por Roberto López Arango y María Ivón Vella (que votó en disidencia) escuchó a los cien sobrevivientes que se sentaron "una vez más en 30 años" a declarar. Muchos señalaron el dolor que les provocaba encontrarse por la calle a quienes los torturaron tres décadas atrás. "Lo que pasó fue lo que nosotros pedimos, lo que marca la ley y lo que reclaman los organismos de derechos humanos, los familiares y los testigos, muchos de ellos sobrevivientes. El Tribunal receptó lo que durante todo el juicio fueron tratando de transmitir los testigos: la sensación de impunidad, lo que significa volver a cruzárselos en la calle", apuntó Stara.

Uno de los párrafos de la resolución es claro en cuanto al derecho de las víctimas a obtener reparación y la obligación del Estado de procurarla. "Tampoco puede eludirse la consideración del derecho de las víctimas a ver satisfechas sus legítimas pretensiones que emanan del mandato preambular de nuestra Constitución Nacional de "afianzar la justicia", luego de haber tenido que sobrellevar con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia, la ingente cantidad de obstáculos habidos "institucionales y no institucionales" para la investigación y juzgamiento de estos crímenes y el consiguiente advenimiento de impunidad de sus autores y partícipes por más de tres décadas transcurridas desde que los hechos que las damnificaron acaecieron hasta el juzgamiento de estos concretos delitos cometidos en el Centro de Detención Clandestina emplazado en el Servicio de Informaciones de la entonces Jefatura de Policía de Rosario". El Tribunal historizó: "Impunidad que comenzó a disiparse recién en el año 2012, a partir de la primera sentencia 3/12 de este Tribunal "aunque con otra integración" en la causa "Díaz Bessone". Los esfuerzos investigativos plasmados desde las primeras denuncias judiciales de algunas víctimas de esta causa, allá por 1984, como las que incluso le precedieron ante la Conadep y otros organismos, dan cuenta de la injusta demora que ha tenido la satisfacción del derecho a la justicia de estas víctimas y particularmente de aquéllos constituidos en querellantes, a obtener un pronunciamiento judicial útil relativo a sus derechos".

En la primera parte de la causa popularizada como Feced, el 26 de marzo de 2012, quien fuera Jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta octubre de 1976 y uno de los estrategas de la represión ilegal, Ramón Genaro Díaz Bessone, recibió condena a prisión perpetua, al igual que José "Ciego" Lofiego. También fueron condenados Mario "El Cura" Marcote, a 25 años de prisión; Ramón "Sargento" Vergara a 12 años y José "Archie" Scortecchini a diez años.

Los argumentos para ordenar la inmediata detención serán utilizados de ahora en más en distintos juicios por delitos de lesa humanidad. El TOF mencionó "que la Nación Argentina tiene el deber internacional de investigar y sancionar los delitos de esta clase, como el de impedir legal y jurisdiccionalmente su impunidad, tarea y función en que se halla comprometida la propia responsabilidad internacional del Estado".

Para los jueces, la rémora del aparato represivo obliga a tener en cuenta otros aspectos. "Si sumamos que se trata de delitos que fueron cometidos desde la estructura del Estado "cuyos residuos remanentes sería ingenuo ignorar" en concursos reales plurales, con la participación de múltiples personas que se desempeñaban en la División Informaciones de la UR II de Rosario, la mayoría aún no enjuiciadas, es dable colegir que con su permanencia en libertad hasta que la sentencia adquiera firmeza, los aquí condenados podrían valerse aún hoy de la colaboración de encubridores, de partícipes aún desconocidos o de coautores y partícipes conocidos que se hallan prófugos, para preparar y sostener su fuga, eludiendo así la acción de la justicia y consiguiente efectiva aplicación de la ley penal", dice la resolución. Sin ir más lejos, dos integrantes de la patota, César "La Pirincha" Peralta y Antonio "Tony" Tuttolomondo continúan presos.

Pero además, los jueces hacen una alusión concreta al pacto de silencio vigente. "El silencio que aún hoy guardan respecto de los hechos, como del destino de las personas desaparecidas en circunstancias que no pueden desconocer, es indicio cierto y suficiente de la supervivencia de aquel pacto asociativo de impunidad concertado al amparo de la clandestinidad con la que encararon y perpetraron esta descomunal empresa criminal estatal", dicen sobre el terrorismo de estado que definieron, además, como "segundo genocidio argentino", perpetrado entre 1975 y 1983.

Otro aspecto que tuvieron en cuenta los magistrados fue la edad de los condenados el viernes. "Se encuentran a la fecha en condiciones y cuentan con la capacidad suficiente para intentar eludir el cumplimiento de las penas impuestas si ellas fueren confirmadas. En todos los casos, y aunque ello no es usual en el juzgamiento de estos delitos ocurridos hace más de tres décadas, se trata de adultos mayores pero no ancianos pues, con la sola excepción de Olazagoitía (en detención domiciliaria), que tiene 78 años, e Ibarra, que tiene 72, los restantes están a casi dos décadas de ser octogenarios y se hallan cursando por tanto una etapa existencial aún activa e idónea para encarar comportamientos enderezados a eludir la acción de la justicia. Lo Fiego tiene 65 años; Vallejo, 63; Fermoselle, 64; Torres, 69 y Dugour, 65 años", dice la resolución. Nast cumplió 62 años el viernes.

Para el Tribunal, son razones suficientes para "presumir razonablemente que existe evidencia bastante de riesgo procesal de fuga u ocultamiento de parte de los condenados, lo que hace indispensable, para conseguir el fin deseado, que es asegurar la aplicación de la ley y consiguiente acción de la justicia, se les restrinja cautelarmente la libertad".

Stara se manifestó conforme. "Me parece absolutamente acorde a derecho, y es algo que venimos solicitando desde el primer momento", dijo Stara y también se mostró satisfecho "con el monto de las penas en general". Stara recordó que en su alegato arguyó que se trataba de "los delitos más graves, que debían tener un acompañamiento en cuanto el monto de la pena, para que los acusados entendieran que estaba mal lo que hicieron. Sobre todo porque en las ampliaciones de indagatoria, repitieron que cumplían con la ley orgánica de la policía".

La próxima parte de la causa, que ya se conoce como Feced III, tendrá sentados en el banquillo de los acusados a todos los condenados en las dos primeras partes, y por lo menos a cuatro represores más. En ese juicio, que comenzará el año próximo, estará acusado el sacerdote Eugenio Zitelli.

Finalizó en juicio al Grupo de Tareas de la Policía rosarina

Grupo de tareas que actúo en el actúo en el Serivicio de Informaciones. Nuevas condenas y detenciones inmediatas

Hubo penas entre prisión perpetua y ocho años y una absolución. El tribunal señaló que los familiares sobrellevaron “con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia” los obstáculos hasta el juzgamiento de los crímenes.

 Por Sonia Tessa

Desde Rosario


El sol caía a plomo sobre el cantero central de bulevar Oroño, frente a los Tribunales Federales. Una multitud miraba el televisor que transmitía el veredicto. Había banderas, fotos de la Madre de Plaza de Mayo Herminia Severini, globos de colores, termos, mates y, sobre todo, mucha expectativa. Nueve de los diez acusados fueron condenados. Cuando la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 2, Noemí Berros, leyó la pena de 22 años de prisión para Lucio “Ronco” Nast por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, los aplausos la acompañaron desde afuera. La explosión fue mayor cuando dictó la prisión perpetua para Carlos “Caramelo” Altamirano, culpable del asesinato de los hermanos peruanos Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. En la calle y adentro de la sala de audiencias hubo un estallido de alegría. La mayoría de las condenas fue acorde con los pedidos de las fiscalías y las querellas. Lo más destacado e inédito fue que el tribunal ordenó la inmediata detención de los condenados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, atento al peligro de fuga y el derecho de las víctimas a ver satisfechas “sus legítimas pretensiones”, luego de “haber tenido que sobrellevar con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia, la ingente cantidad de obstáculos habidos para la investigación y juzgamiento de estos crímenes”.

Ni siquiera la absolución de Pedro Travagliante empañó la satisfacción por las condenas a otros nueve integrantes de la patota de Feced, el grupo de tareas de la policía rosarina que actuó en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, por el que pasaron alrededor de dos mil detenidos durante la última dictadura militar cívico-militar. Además de Nast, también Eduardo “Picha” Dugour, Julio “Darío” Fermoselle y Ernesto “Managua” Vallejo fueron condenados a 22 años de prisión. Ramón “Rommel” Ibarra recibió una condena de 20 años, Ovidio “Vasco” Olazagoitía (18 años) y Ricardo Torres sólo de ocho. José “El Ciego” Lofiego, que ya cumple su prisión perpetua en la cárcel de Marcos Paz, fue condenado a 12 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos a otras dos víctimas. Lofiego, que conducía las torturas en el SI, siguió la sentencia desde Marcos Paz. Todos fueron condenados por privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y asociación ilícita. En el último caso menos Lofiego, que ya había sido condenado por ese delito. Tanto la fiscalía encabezada por Gonzalo Stara como las querellas habían pedido la perpetua de Altamirano y 25 años para el resto de los imputados.

El parlante en el cantero de Oroño ya se había apagado cuando Berros leyó la segunda resolución, inédita y de gran impacto: el TOF revocó las excarcelaciones, y ayer mismo ordenó el traslado de los condenados a instituciones del Servicio Penitenciario Federal, dada la “peligrosidad procesal” de su estado de libertad. Sólo quedó exceptuado Olazagoitía, de 78 años, beneficiado con prisión domiciliaria. Torres, Dugour y Fermoselle permanecían excarcelados. Nast, Ibarra y Vallejo estaban detenidos en el penal policial de la Jefatura de la Policía provincial en Rosario, donde se cuestionaron las condiciones de seguridad. En tanto, Altamirano cumplía su prisión preventiva en la cárcel provincial Unidad 3, también en Rosario.

La jueza Berros “le ordenó a Gendarmería que en este momento los llevaran a darse de baja, a recoger sus enseres personales y remitirlos a Buenos Aires para ser distribuidos en cárceles comunes”, relató Gabriela Durruty, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, sobre la segunda resolución leída ayer. “Esto marca una diferencia con otros juicios, en los que se ordenó la prisión en cárceles comunes de los imputados, pero una vez que quedara firme la condena, lo que en este caso no sucede”, explicó Jessica Pellegrini, de la misma querella. “Los mismos jueces han dado muchos fundamentos sobre por qué la prisión tiene que ser efectiva desde este mismo momento como una forma de cautelar la condena”, agregó.

El tribunal que presidió la jueza de Entre Ríos, junto a su comprovinciano Roberto López Arango y la santafesina María Ivón Vella, enmarcó los delitos de lesa humanidad en el “segundo genocidio argentino”. “Estamos más que felices por estas consideraciones ejemplares del tribunal. Han reiterado que estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, con lo cual no sólo se toma una dimensión jurídica de lo que fue este genocidio ocurrido desde el año ’76 sino que, también, resignifica el primer genocidio, que fue el de los pueblos originarios, sobre el cual se cimentó nuestro país”, consideró Pellegrini.

Dentro de la sala de audiencias estaba la Madre de Plaza 25 de Mayo Elsa “Chiche” Massa, quien concurrió temprano a escuchar la sentencia. En cambio, otra de las Madres, Norma Vermeulén, llegó un poco más tarde y presenció el veredicto desde afuera, rodeada de testigos, querellantes e históricos militantes por los derechos humanos.

Al salir de Tribunales, la abogada de H.I.J.O.S., Nadia Schujman, se permitió expresar toda su emoción. “Estoy muy feliz, muy orgullosa. Entre todos los que estamos acá, y mucha gente más que no está, conseguimos llegar hasta acá. Esta sentencia es la construcción colectiva de cientos de personas que hicieron su aporte a lo largo de 30 años, personas que ya no están, personas que están y que construyeron esta causa que tanto les molesta a los imputados que haya sido una reconstrucción colectiva y que, como acaba de decir este tribunal, con tanta entereza y paciencia esperaron tan injustamente tantos años”, expresó con la voz quebrada.

En este juicio oral y público, por la forma en que se van elevando las causas por delitos de lesa humanidad, sólo Altamirano estaba acusado de asesinato. El tribunal lo consideró responsable del homicidio “triplemente agravado” de los hermanos de nacionalidad peruana Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. Entre los agravantes incluyeron el que fue cometido para “procurar impunidad por un delito anterior”. Es que el asesinato de estos jóvenes se cometió en un operativo fraguado tras el crimen del estudiante de Ingeniería, Conrado Galdame, de 25 años, que fue interceptado por la patota de Feced en la calle, en la madrugada del 16 de diciembre de 1978. Le encontraron bonos de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y se lo llevaron. En el Servicio de Informaciones lo tuvieron tabicado y atado. Uno de los represores, Antonio “Tony” Tuttolomondo, lo mató jugando a la ruleta rusa. Entonces, la patota fue a allanar la casa en la que vivía con los hermanos Céspedes Chuang, y los mató también.

Tuttolomondo está prófugo, Altamirano fue condenado por los dos homicidios, Nast y Torres fueron condenados por las privaciones ilegales de la libertad. “En el caso Galdame están totalmente satisfechas nuestras expectativas. Por fin llegó un poco de verdad y de justicia para una causa tan emblemática, que no está cerrada, porque quedan imputados por juzgar y quedan víctimas por ser reparadas. Estas condenas son un primer gran paso”, consideró Schujman. H.I.J.O.S. querelló como organización por esta causa, ya que los familiares directos de las víctimas murieron.

Uno de los testigos del caso Galdame es Angel Ruani, actual secretario de Seguridad Comunitaria. Ayer salió exultante de la sala de audiencias. “Es una condena impecable, que va a sentar jurisprudencia a nivel nacional”, dijo sonriente.

martes, 7 de octubre de 2014

Desplazaron a represor de la Universidad del Litoral (¡¡ al fin !!)

El rector puso la firma

Cantard separó de su cargo a un ex agente secreto del Ejército, César Frilocchi porque "podría haber incurrido en conductas contrarias a la defensa de los derechos humanos y la democracia". Tuvieron que pasar cuatro años desde que se lo pidieron.

Desde Santa Fe

El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albord Cantard, le abrió un sumario al ex agente secreto del Ejército, César Luis Frilocchi, y lo desplazó de su cargo de director de Diplomas y Legalizaciones porque operó como "Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la dictadura" y "podría haber incurrido en conductas contrarias a la defensa de los derechos humanos y la democracia", dijo. Cantard se tomó su tiempo para firmar la resolución. Tuvieron que pasar cuatro años desde marzo de 2010, cuando le pidieron "por la memoria de los desaparecidos y asesinados de la Universidad" que explique "qué labor cumplía Frilocchi como PCI" en esa casa de estudios y tres marchas del Foro contra la Impunidad y por la Justicia en los últimos meses, que le reclamaron la cesantía del ex informante de la dictadura.

Cantard ordenó "instruir el sumario administrativo" a Frilocchi y "desafectarlo preventivamente" de su puesto hace un mes, el 9 de setiembre, pero la norma recién se conoció en las últimas horas cuando le entregó una copia a representantes del Foro que volvieron al rectorado a reclamar respuestas, como lo hicieron en las marchas del 20 de marzo y el 4 de junio último. La resolución 539 es refrendada por el secretario general de la Universidad, Pedro Sánchez Izquierdo y la secretaria administrativa, María de los Milagros Denner.

Entre las pruebas, Cantard valoró "un informe del Programa de Derechos Humanos" y "lo expresado por el fiscal del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal" y concluyó que había "elementos suficientes para iniciar el correspondiente sumario administrativo a los efectos de determinar la responsabilidad" de Frilocchi.

La segunda cuestión era si Cantard lo dejaba o no al frente de la Dirección de Diplomas y Legalizaciones de la UNL, pero resolvió separarlo "preventivamente". "Resulta oportuno desafectarlo" mientras se instruye el expediente por "la sensibilidad que despierta en la comunidad universitaria que el agente Frilocchi continúe en funciones", explicó.

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia (que integran Madres de Plaza de Mayo de Santa Fé, , Hijos, Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras organizaciones) ya le entregó al rector de la UNL "suficientes fundamentos jurídicos, legales y reglamentarios para que la Universidad separe de su seno al represor". Uno de los documentos es un informe sobre "La estructura represiva de Santa Fe" (1974?1983)" y otro, sobre cómo operaba y quiénes integraron el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe.

Según el legajo que está en la justicia, Frilocchi operó como PCI en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 en dos etapas: desde abril de 1978 hasta 1979 con el nombre falso de Carlos Leandro Fitipaldi y luego, a partir de 1980, como Carlos Lucas Fernández.

"Los documentos no dejan lugar a dudas sobre el rol que cumplió un PCI de Ejército infiltrado en la UNL en los peores años de la dictadura y brindan suficientes fundamentos jurídicos, legales y reglamentarios para que la Universidad separe de su seno, sin dilación alguna, al referido represor", señaló el Foro.

"Muchas veces nos preguntamos dónde están y qué hacen hoy, los que llevaron adelante el terrorismo de estado en la última dictadura. Por mucho tiempo se dijo que eran 'mano de obra desocupada' pero ahora sabemos que no es ni fue así. Los represores santafesinos llegaron a ser jueces, presidentes comunales, altos funcionarios de gobierno en seguridad, candidatos electorales, sindicalistas y a veces se quedaron en los puestos de trabajo que la dictadura les asignó, como es el caso de Frilocchi".

"Formalmente, el alta de Frilocchi en el cargo de PCI es de abril de de 1978. Sin embargo, a pocos días del golpe cívico militar, el 1 abril de 1976 el interventor militar en la UNL, coronel José H. Núñez, designó a Frilochi en un cargo no docente. No fue casual su asignación a la Sección Alumnado de la Facultad de Ingeniería Química ya que desde esa oficina tenía acceso a los legajos con toda la información de los estudiantes". "Además, fue estudiante crónico en la FIQ y se infiltró" en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) para "colectar información de manera directa". Química es la facultad con más desaparecidos y asesinados de la UNL.

domingo, 14 de septiembre de 2014

COMUNICADO APDH ROSARIO: abogado pro-genocidas

SOLICITAMOS A UDS. LA MAS AMPLIA DIFUSIÓN,
MUCHAS GRACIAS

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH Rosario) quiere hacer públicas algunas consideraciones respecto del alegato defensista presentado en la causa Feced II por el Dr.  Juan Antonio Tobías, abogado de los represores Olazagoitía, Torres y Altamirano y Director de la Unidad de Letrados Móviles para IMPUTADOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD del Ministerio Público de Defensa de la Nación , esperando que el mencionado profesional, no haya recibido instrucciones de parte de la Defensora General de la Nación para ensayar este tipo de defensas.

El abogado, Dr. Juan Antonio Tobías, se refirió al asesinato de los hermanos Céspedes Chung como un presunto enfrentamiento, desconociendo qué significaba alegar un “enfrentamiento” en pleno Plan Sistemático de Represión Ilegal.

Manifestó también que no está probada la alevosía (puesta en estado de indefensión) en ambos homicidios.

La defensa oficial no puede desconocer qué significaba cuando durante el plan sistemático  se hablaba de “enfrentamientos”: Eso es ideológico, no técnico

Siguió,  alegando que los testigos no mienten, apelando a lo que él llama la “psicología de los testigos”, para restarle valor a sus valientes dichos.
Es muy grave porque se trata de la defensa pública.

Dijo el abogado   Juan AntonioTobías, defendiendo a los genocidas:
“Los testigos no son mendaces, es una cuestión de psicología del testimonio”
 Es decir, los testigos no mienten pero no les creemos.

Insulta nuestra inteligencia creyendo que con sólo decir a cada rato que no se trata de invocar mendacidad, salva el hecho de que en cada análisis, sólo manifiesta lo que él llama “contradicciones” , pero que en la trascendencia que la defensa pretende darles, se están interpretando como mentiras lisas y llanas.

También manifestó que en el peor de los casos,  el Art.  10 de la ley orgánica de Policía de la Provincia de Santa Fe autorizaba a los policías a detener por averiguación de antecedentes, ensayando una defensa de su representado el “Conejo” Torres. Tamaño desmadre, intentando teñir de legalidad los secuestros de la Dictadura , durante la implementación del último Genocidio Nacional,  es una ofensa grave a la Memoria Colectiva.

Por lo demás, pondera lo establecido en el Juicio a las Juntas, ROZANDO LA TERRIBLE TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS. Intenta demostrar que si los detenidos no eran militantes no puede aplicarse la agravante de perseguidos políticos, como si hubiese que buscar en la víctima y no el opresor el motivo de los secuestros.
Dijo el Dr. Tobías, no hay asociación ilícita en la policía, la conformidad de quien recibía una orden era intrascendente, solo debían cumplirla.

Menciona el testimonio de Nené Bettanín que se refirió a los imputados como barriletes de grupos económicos para decir que no hubo acuerdo de voluntades para integrar la asociación ilícita, omite decir que su mismo defendido Torres le decía a los secuestrados en el lugar del hecho “algún días Uds nos van a juzgar,  las cosas se dan vuelta”.

Finalmente pidió la libertad de sus defendidos Altamirano y Olazagoitía desde el momento mismo del veredicto y se mantenga la libertad de Torres, pidió la libertad plena y como si eso fuera  poco, solicitó la condena condicional para un criminal de Lesa Humanidad. Esto es verdadera inseguridad, pedir que haya asesinos seriales en la calle.

Debemos recordarle las reglas de ONU para el tratamiento de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad, que en el punto 6 establece que los procedimientos jurídicos no deben dar lugar a un nuevo trauma. En el menor de los casos llamó a los/as testigo/as loco/as,  si no mendaces.

Defendemos las garantías de los  juicios a los genocidas para darles las oportunidades de defensa que nunca tuvieron sus víctimas, pero no vamos a permitir defensas ideológicas, AL MENOS POR PARTE DE LA DEFENSA PÚBLICA ,( que nosotros pagamos con nuestros impuestos)  para que hagan  apología del delito.

En su defensa de los genocidas el Dr. Juan antonio  Tobías parece creer que tenemos que pedirles disculpas a los peores criminales de nuestra historia reciente, sin entender que muchos años han pasado, mucha impunidad nos ha atravesado, muchos pequeños y grandes “tobías” se han interpuesto en nuestro camino mintiendo, ensuciando a los testigos, siendo cómplices por opción u omisión, por ideología o dinero… y sin embargo, acá estamos en el  día a día, con todo la certeza que más temprano que tarde la justicia llegará, porque  después de tanto dolor, solamente  resta esperar el veredicto para saber si el tribunal cree o no en los testimonios.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

APDH ROSARIO

Rosario, 12 de septiembre de 2014-

viernes, 22 de agosto de 2014

La familia de Eduardo Garat quiere ser querellante


El abogado-militante desaparecido

La esposa y los hijos del militante desaparecido durante la dictadura, Eduardo Garat, se presentaron ayer en los Tribunales Federales para "ser tenidos como parte querellante en estos autos y en contra de las personas que resulten responsables en calidad de autores, instigadores, cómplices y/o encubridores de los hechos de los cuales resultara víctima Eduardo Héctor Garat". El escrito, patrocinado por la abogada de HIJOS Rosario, Nadia Schujman, solicita la inclusión en el expediente de la esposa de Eduardo, Elsa Martín, de sus hijos Florencia, Santiago y Julieta Garat.

Abogado, escribano, docente universitario y defensor de presos políticos, Garat participó en la comisión investigadora de la desaparición de Angel Brandazza, tuvo una intensa militancia en la JP y en la agrupación Montoneros. Fue secuestrado en la madrugada del 13 de abril de 1978, en la esquina de Santa Fe y España. Esa mañana había bajado del departamento donde vivía Adriana Altieri junto a Graciela Brebbia, para tomar un taxi en la intersección de las calles Santa Fe y España, ya que acompañarían a Altieri a Buenos Aires y ésta luego viajaría a Europa.

Según pudo reconstruir la familia, Graciela escuchó una frenada desde la otra esquina de calle San Lorenzo, ruido de puertas de autos y ya no vio más a Eduardo. Desde la misma estación de trenes Graciela llamó a Carlos Garat (hermano de Eduardo) para avisarle de su desaparición.

"A través de lo que hemos podido reconstruir en estos años, y la prueba colectada en esta causa, hoy sabemos que Eduardo fue secuestrado por un grupo de tareas del Batallón 121 y conducido a un centro clandestino de detención en las afueras de Rosario, en el que se escuchaba ruido de aviones y el cual era manejado por militares. Allí compartió cautiverio con Santiago Mac Guire y Roberto Pistachia", se afirma en el escrito judicial.

La denuncia consigna que Garat "fue salvajemente torturado, hasta fallecer en una de esas interminables sesiones, esto fue corroborado tanto por Mac Guire como por Pistachia".

jueves, 7 de agosto de 2014

Se posterga el juicio a Vera Candiotti ex juez de menores cómplice de la dictadura

Se postergó juicio a Vera Candiotti
Supresión de identidad de Paula Cortassa
El Tribunal Oral de Santa Fe postergó el inicio de un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, en perjuicio de 55 personas, que tiene como imputados a un ex juez de Menores, tres ex militares y un ex policía. Se trata de la denominada "Causa acumulada", en el marco de la cual serán juzgados el ex juez  de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti; los ex militares Jorge Roberto Diab, José María González y Carlos Enrique Pavón; y el ex policía Juan Calixto Perizzotti. Entre los delitos que se intentarán probar figura la supresión de identidad de Paula Cortassa, hija de desaparecidos, quien durante años se llamó María Carolina Guallane.

El juicio iba a iniciarse el próximo lunes, pero debió postergarse debido a que se incorporó un segundo tramo de la causa y está pendiente el añadido de un tercer tramo. Además, uno de los integrantes del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, se apartó de la causa, por lo cual deberá designarse un reemplazante. Fuentes judiciales indicaron que el inicio del juicio aún no tiene fecha definida, pero se estima que podría realizarse "antes de fin de año".

Entre los delitos que se intentarán probar figura la supresión de identidad de Paula Cortassa, hija de desaparecidos, quien durante años se llamó María Carolina Guallane por haber sido dada en adopción a una familia de la ciudad de Venado Tuerto cuando tenía un año y medio, en abril de 1977.

En esa época el ex teniente coronel Diab era subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122; Pavón era oficial del Comando de Operaciones Tácticas (COT); en tanto González, quien cumple una pena de prisión perpetua, era jefe del área 212. Por su parte, Perizzotti recibió dos condenas en causas por delitos de lesa humanidad, en su caso en los mismos juicios que mandaron a la cárcel al ex juez federal de Santa Fe Víctor Hermes Brusa.

En esta causa Vera Candioti será juzgado por el ocultamiento y supresión de identidad de Paula Cortassa luego del secuestro de sus padres Enrique Cortassa y Blanca Zapata, quienes permanecen en calidad de desaparecidos por la dictadura.

Cortassa y Zapata fueron secuestrados por una patota del área 212, que dependía del II Cuerpo del Ejército, en un operativo realizado el 11 de febrero de 1977 en la casa que habitaban en Castelli 4531 de la ciudad de Santa Fe.

Las fuentes indicaron que en ese operativo y en los días posteriores Zapata recibió duras golpizas que derivaron en la pérdida de un embarazo de siete meses. La investigación reveló que la mujer fue asesinada días más tarde mediante un disparo de arma de fuego en el cráneo. En el mismo operativo los integrantes del grupo de tareas asesinaron a Cristina Ruiz y sus hijos fueron entregados a sus abuelos.

martes, 15 de julio de 2014

Triunfo de la memoria: despidieron los restos de una militante del PRT-ERP

En otra enorme batalla ganada por la memoria y la lucha popular, el jueves pasado se inhumaron los restos de la militante del PRT y Teniente del ERP, Irma Elena Montenegro, conocida como “la Negra Celia”
Fue en el cementerio de Puerto General San Martín, al norte de Rosario, donde se dieron cita representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, músicos populares y compañeros y compañeras de militancia de la joven secuestrada y asesinada durante la última dictadura militar. Su hijo, nietos y otros familiares encabezaron el homenaje.

Otra vez la historia se hizo presente demostrando que el pasado está vivo y que no es algo que podrá olvidarse por decreto. No habrá jamás borrón y cuenta nueva y menos aún hasta que no se recupere la identidad de cada militante desaparecido y de cada hijo cuya identidad fue robada y no se enjuicie a cada genocida responsable de las atrocidades realizadas durante la última dictadura militar.

Prueba de ello fue el acto con el que se despidieron los restos, ahora identificados, de la militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Teniente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Irma Elena Montenegro, “la Negra”, cuyo nombre de guerra era Celia. Allí, su hijo, sus nietos y otros familiares, junto a sus compañeros y compañeras de militancia, dejaron en claro que el dolor no se olvidó y que sigue siendo absolutamente necesaria la ceremonia del duelo que permita ayudar a cicatrizar nuestra historia. Cómo no darse cuenta de ello al ver caer las lágrimas de los ojos de niños y niñas de no más de 10 o 12 años, probablemente nietos de Irma, al encontrarse con los relatos de mucha gente y los abrazos sentidos de desconocidos que les daban apoyo hablándoles de su abuela.

Montenegro fue, además, compañera de vida del Gringo Ángel Porcu, también militante del PRT y dirigente de la UOM de Villa Constitución. Juntos tuvieron un hijo, Gabriel, que pudo confirmar su identidad hace algunos años, ya que su madre, ante la inminencia del peligro, prefirió dejarlo al cuidado de su hermano, quien nunca le reveló su verdadero origen. Nélida Turlione, una de las compañeras presentes en el homenaje, remarcó que “la Negra estaba muy preocupada por su hijo. O caíamos todos o salvábamos al chiquitito. Fue muy doloroso para ella dejar a su hijo con su hermano”.

Por su parte, el Secretario General de ATE Rosario y de la CTA provincia de Santa Fe, Gustavo Martínez, fue íntimo amigo y compañero de Porcu, por lo que su recuerdo de Irma fue por la vía del relato del Gringo. De hecho, afirmó que a Gabriel lo conoció “a través de la imaginación del Gringo, que se preguntaba cómo sería”.

Quien también tomó la palabra durante el homenaje fue Héctor “la Chinche” Medina, quien en los '70 fue militante de la Juventud Guevarista, la rama juvenil del PRT. “La conocí cuando era muy pibe, cuando iban a Villa Gobernador Gálvez a enseñarnos a organizarnos para pelear por la libertad”, rememoró. Quizás por eso eligió catalogar a la recuperación de los restos de la Negra Celia como “un triunfo” y aseguró que seguirán “peleando para encontrar a cada uno, para saber la verdad y luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia, para que todos los genocidas terminen con cárcel común, perpetua y efectiva”.

El “Colorado” Jorge Marcos, también integrante del PRT y el ERP, incluyó en sus palabras un toque de humor y hasta de recuerdos amorosos. Enumeró muchas y enormes cualidades de la compañera Irma, y destacó que “era muy difícil que una mujer pudiera llegar a ser teniente del ERP y ella era muy valiente”. El Colo también recordó que ella fue una de las que custodió a Stanley Sylvester, el gerente del Swift y cónsul inglés en Rosario, secuestrado por el ERP en 1971. Marcos hasta se animó a confesar que se debía haber enamorado de ella. “De las compañeras que conocí yo creo que era la más brillante”, concluyó.

Luego de varios oradores más, un grupo de músicos oriundos del Cordón Industrial interpretó algunas canciones en honor a Montenegro. Después de ellos, un integrante de la actual Juventud Guevarista, “el Mecha”, se ofreció a cantar la zamba “La Guerrillera”, y luego, a pedido, ejecutó la marcha del ERP, que acompañaron varios de los presentes con sus voces y sus puños en alto.

Un profundo silencio acompañó, más tarde, la despedida de los restos hasta el sepulcro, que se quebró con un cerrado y prolongado aplauso. Vale recordar que Irma Montenegro fue secuestrada por un grupo de tareas en la zona sur de Rosario y permaneció desaparecida en el centro clandestino de detención llamado La Calamita, en Granadero Baigorria. Fue asesinada en junio de 1977 en esa localidad, en uno de los habituales simulacros de enfrentamiento perpetrados por los dirigentes de la dictadura, conocido como la "Masacre de Las Verbenas y 9 de Julio".

Finalizado el homenaje, “la Chinche” Medina evaluó la importancia de este hecho y puso sobre la mesa los valores que viene a levantar la recuperación de los restos de Montenegro. “Además de una compañera, recuperamos el cuerpo de una referente, una militante destacada, una revolucionaria que luchaba por el socialismo, que luchaba por los más humildes, puso su compromiso hasta tal punto de dar su vida por una sociedad más justa. Lo que expresaba la Negra era la voluntad de construir una sociedad distinta en representación de los trabajadores y el pueblo argentino”.    rosario@indymedia.org

miércoles, 2 de julio de 2014

El Equipo de Antropología Forense identificó los restos de Gustavo Bruzzone

El ajedrez y la militancia

Fue secuestrado en Rosario el 19 de marzo del 77, asesinado cinco días después en un enfrentamiento fraguado y enterrado en el cementerio La Piedad. "Necesitábamos cerrar la historia. Se lo llevaron cuando era un pibe", dijo su hermano Rodolfo Bruzzone.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Gustavo Bruzzone, un joven secuestrado en Rosario el 19 de marzo de 1977, asesinado cinco días después en un enfrentamiento fraguado y enterrado en el cementerio La Piedad. Tenía 22 años, militaba en la Juventud Peronista y era un destacado ajedrecista que había representado a la provincia en varios torneos.

El EAAF comenzó a trabajar en el cementerio en 2011, en 120 tumbas que, se presumía, podrían corresponder a desaparecidos. La selección se hizo identificando primero las inhumaciones NN entre 1976 y 1983, para luego determinar cuáles fueron muertes violentas y, en algunos casos, la constancia en los registros de una intervención del Comando del II Cuerpo de Ejército o de la policía.

Tal como publica el portal Infojusnoticias con la firma de Nicolás Lovaisa, a partir de esa investigación el EAAF, a cargo de Miguel Nieva, comprobó que Bruzzone había sido trasladado a El Pozo, el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Servicio de Informaciones de Rosario. Cinco días después de su detención lo sacaron de allí junto con otros dos detenidos. Los tres cayeron en un supuesto "enfrentamiento", que obviamente fue fraguado, en Córdoba al 5600.

El diario La Capital publicó el día después: "El comandante del Segundo Cuerpo de Ejército informa a la población que el día 24 de marzo con motivo de la persecución que efectúan las fuerzas legales contra las bandas de terroristas se produjeron los siguientes hechos: 1. Siendo las 3.30 en la calle Córdoba al 5600, de la ciudad de Rosario, fueron abatidos 3 delincuentes subversivos al estallar el artefacto explosivo que transportaban en el vehículo en que se trasladaban".

"Necesitábamos cerrar la historia. Yo lo llevo en mi corazón, pero es muy duro poder verlo sólo en una foto. Se lo llevaron cuando era un pibe. Tenía apenas 22 años. A mi hermano no lo dejaron vivir", afirmó Rodolfo Bruzzone. Junto con su madre Irma Godone recorrieron hospitales, comisarías, cuarteles, para saber qué había pasado con Gustavo. Durante un año viajaron a Rosario para entrevistarse con el teniente coronel Enrique González Roulet. "Un día no aguanté más sus mentiras y le dije que si quería una novela me compraba un buen libro. Me echó y me dijo que no volviera más, era mayo de 1978", recordó Chocha, que fue una de las primeras Madres de Santa Fe. "Ahora ya puedo partir tranquila. Sé donde está y va a descansar junto a sus compañeros", agregó.

En el verano del 72, Bruzzone comenzó a militar en la Juventud Peronista. Visitaba los barrios más humildes de la ciudad, se comprometió para darle una mano a los vecinos de Alto Verde en la inundación de 1973 y se involucró en la campaña para la vuelta de Juan Domingo Perón. Se inscribió en la Facultad de Ingeniería Química. "Rindió ocho materias espaciadas, porque la militancia le llevaba mucho tiempo, a pesar de mis protestas. Un día me dijo que abandonaba la facultad porque quería pelear por lo que creía, y que si dejaba su vida en el camino se sentiría feliz", recordó Irma.

Con su hermano Rodolfo fue más claro: "Esto lo hago por mi ahijado (Víctor Rodolfo, en homenaje al ex futbolista de Unión, Marchetti). Y si dejo los huevos en el camino va a ser por él".

El Ministerio de Educación lo designó como profesor de ajedrez en la escuela General José de San Martín, donde había cursado la primaria. Luego ingresó por concurso al Centro de Cómputos de la provincia. En 1974 se casó con su novia de toda la vida, Carmen Liliana Nahs. Se mudaron a Rosario, donde trabajó en el puerto, en un taller, lavó piezas, pintó paredes. Junto a su esposa se mudaron de pensión en pensión hasta que lograron alquilar una casa en Rioja 5349. El 19 de marzo de 1977 fue a buscar el auto de un amigo al taller. En ese vehículo iba a volver a Santa Fe para festejar el cumpleaños de su madre al día siguiente. Pero nunca llegó. Su esposa fue secuestrada el 8 de agosto de 1977 y continúa desaparecida. De Liliana se sabe que pasó por la Quinta de Funes.

Una placa robada

"Soñé con él. Hacía mucho tiempo que no me pasaba. Soñé que lo encontraba, que hablaba con él. Hace mucho tiempo entendí que no voy a volver a verlo, pero necesito saber qué le pasó. Creo que volver a soñar con él es como una señal". La frase de su madre Irma Godone fue meses atrás. Igual la familia espera la concreción de otro sueño: desde el 25 de julio de 2009, a través de una propuesta de la vecinal del barrio María Selva aprobada por el Concejo Municipal de Santa Fe, una plazoleta de la ciudad lleva el nombre de Gustavo Bruzzone. Está ubicada en la intersección de las calles Ruperto Godoy y Rivadavia, a cien metros de la avenida Aristóbulo del Valle. Allí se colocó una placa con su nombre y las autoridades municipales (en aquel momento el intendente era Mario Barletta) se comprometieron a colocar tableros de ajedrez, como una manera de recordarlo, y también de promover el juego. Nada de eso ocurrió. La placa fue robada el año pasado y no se colocó una nueva.

domingo, 29 de junio de 2014

Largo sendero de justicia para Santiago

Indagatoria para los sacerdotes Eugenio Zitelli y Rodolfo Yaquinto, y el gendame Adolfo Kushidonchi, por el caso Mac Guire

El pedido de las indagatorias lo hicieron los hijos y la mujer de Santiago Mac Guire, un sacerdote tercermundista que dejó los hábitos para casarse pero que siguió en su militancia social al lado de los más pobres. Lo secuestraron en abril de 1978, en La Paz al 800, cuando llevaba a su hijo Lucas del jardín de infantes.

La familia Mac Guire pidió esta semana al juez Bailaque que se indague a los sacerdotes Eugenio Zitelli, procesado en la causa Feced, y Rodolfo Yaquinto, que era secretario del entonces obispo Guillermo Bolatti, como así también al gendarme Adolfo Kushidonchi, que fue jefe de la cárcel de Coronda. Martín, Lucas, Federico y Bárbara, los cuatro hijos y María Magdalena Carey, la esposa del recordado sacerdote tercermundista del Bajo Saladillo que se enamoró y dejó los hábitos pero siguió militando por los más pobres se presentaron en octubre del año pasado para que se investigue las responsabilidades en el secuestro de Santiago el 18 de abril de 1978, en La Paz al 800, cuando llevaba a su hijo Lucas del jardín de infantes hacia la casa. Santiago estuvo desaparecido doce días en el centro clandestino de detención Casa Salesiana Ceferino Namuncurá de Funes, un mes y medio en el Batallón 121 de Rosario y luego pasó detenido casi seis años en distintas cárceles. Además de pedir las indagatorias, las abogadas Gabriela Durruty, Julia Giordano y Jessica Pellegrini pidieron que la querella pueda presenciar esa declaración, al considerar que es su derecho como víctimas, de acuerdo a las Convenciones de Derechos Humanos vigentes en Argentina . 
"Creemos que Zitelli debe estar detenido, nos parece que no corresponde haberle puesto una fianza que le permite estar en libertad, porque hay suficientes testimonios de su participación en la represión ilegal", dijo Lucas Mac Guire, que tenía seis años cuando presenció el secuestro de su padre.

Para Lucas, no sólo es importante que se haga justicia por su padre. "Nosotros sabemos que los delitos que cometieron con mi viejo, por más que sean de lesa humanidad, no contemplan muchos años de cárcel. Sí consideramos los elementos que podemos aportar a partir de su secuestro, hubo una persona que estuvo secuestrada junto con 'l, el abogado Eduardo Garat, que continúa desaparecido. De alguna manera, esta presentación también es para reconocer a los que no están", dijo Lucas.

El pedido realizado por Durruty y Pellegrini recuerda en primer lugar, el derrotero de Mac Guire, en base al testimonio del 27 de agosto de 1985 ante la Conadep. "Llega por fin, me sacan de la celda, estábamos extenuados por mucha tortura. Yo estuve en un campo de concentración 12 días en Funes, encapuchados siempre, sin comer. Por caminos de tierra me llevan en auto, no sé pensando que alguno lo podía seguir y aparezco en el 121 y estuve un mes y medio atado de noche y de día a la cama. En ese interín me hacen Consejo de Guerra, me dictan 15 años de reclusión. Podíamos vislumbrar algunos lúcidos de que no íbamos a estar tanto, porque no se podía mantener esa tesitura de los militares genocidas. No se olviden, que yo les estoy hablando de 1978. Mientras yo esperaba, contra la pared, que apenas me podía tener y con las esposas, a 3 metros estaba Zitelli con Kusidonchi. ?Saben quién es Kusidonchi? Fue el director de la cárcel de Coronda más cruel de la historia, pero con cara de bueno cual nipón en las películas de guerra de la segunda guerra mundial, que cuando salía el visitante tocaba un timbre y lo liquidaba, así era. Fumando, tomando café los dos, Zitelli y el director éste, por fin me hacen pasar, me hace pasar Zitelli, eran dos pares", relató Mac Guire ante la Comisión, y recordó un diálogo que mantuvo con ese sacerdote. "Que tal, cómo está", le preguntó Zitelli a Mac Guire, en condiciones deplorables e ilegales de detención. "Más que eso no pude hacer, mirarlo seriamente y decirle ?y qué te parece?. Dice 'yo estaba de paso por acá, yo estaba de paso. ?y cómo anda?'", siguió recordando Mac Guire"¨ ?Y cómo puedo andar?' insisto, 'muy mal, el Señor me asiste'. Lo desprecié con la mirada, todo lo que pude. Es lo menos que podía hacer", rememoró la víctima. Zitelli era capellán de la policía y no sólo fue visto por Mac Guire sino que hay distintos testimonios en la causa Díaz Bessone de su presencia en el Servicio de Informaciones de Rosario, y de su aval a la tortura como método para obtener información. La presentación judicial también recuerda la declaración de María Carey, el 5 de diciembre pasado, ante el propio juez Bailaque. "Allí sostuvo que a los dos o tres días del secuestro de su esposo, decidió ir al Arzobispado con sus hijos a pedirle a Bolatti que hiciera algo por él ya que Santiago había dado todo por la Iglesia. La hizo volver a los días para decirle que estaba hablando con todo el mundo pero que muchos consideraban que por ahí había sido secuestrado por algún compañero, que era lo que se decía en ese momento, pero que por ahora no me podía dar ningún dato", contó María.

En esa época, con su marido desaparecido y cuatro hijos, María recibió una visita intimidante. "El propio Luciano Jáuregui, quien fuera por entonces jefe del Comando de II Cuerpo con asiento en nuestra ciudad, se apersonó en su casa para interrogarla por Santiago y para decirle que seguramente había sido secuestrado por sus compañeros, coincidiendo con lo que le había manifestado Bolatti", dice la presentación judicial.

La complicidad eclesiástica volvió a quedar al descubierto pocos días después, cuando María recibió un llamado de Rodolfo Yaquinto del Obispado, que le dijo que Santiago había aparecido en el Batallón 121. Fueron al lugar y allí María describe haberlo encontrado a Santiago en una cama atado de pies y manos. "Estaba muy lastimado, estaba muy mal realmente. Lo vi, mucho no hablamos. Estaba como si lo hubieran torturado, él me dijo que lo habían maltratado, que le habían pasado picana y que lo habían golpeado mucho", recordó la mujer ante el juez.

Luego fue trasladado a la Cárcel de Coronda, donde la familia pudo visitarlo. Allí, Mac Guire le contó a María que estando en el 121 como una visión ve la cara de Bolatti, "porque parece ser que lo fue a ver al 121 y no podía creer que lo había ido a visitar. Y otro que lo fue a ver fue Zitelli, que había sido un cura que lo reemplazó en el bajo Saladillo cuando él se casó conmigo e hizo todo lo contrario a lo que había hecho Santiago, porque ideológicamente no tenían nada que ver. Y también, fue a preguntarle cómo estaba y si necesitaba algo. Ambas visitas fueron rápidas, no sé si Zitelli lo había ido a ver o si se lo encuentra por casualidad en ese lugar. A los dos los ve una sola vez. Bolatti me dijo que sí lo había ido a visitar", rememoró María en diciembre pasado.

Para Lucas, la presentación judicial y el impulso a la causa tiene varios motivos. "Es por mi viejo, es por la memoria de mi papá, pero sobre todo, lo hago más conscientemente por aquellos que no están, y de los que no se tiene ningún dato. Lo fui a ver a mi viejo, incluso en el 121, apenas lo llevaron, maltrecho, torturado, y también a Coronda. Y siempre me quedó esta sensación de que yo a mi papá lo tenía, pensó en los que no estaban. Para mí es esa lucha, poder comprobar a partir del secuestro de mi papá, la responsabilidad que tuvieron en el asesinato de Eduardo Garat", consideró Lucas.

El querellante subraya el papel de la Iglesia. "Los responsabilizamos a ellos de actos de los que fueron absolutamente conscientes, nadie duda que la iglesia pudo haber tenido algo que ver con la aparición de mi papá pero lejos de agradecerles yo tengo que acusarlos. Sí, mi papá apareció, gracias. Pero no es un agradecimiento sino que, a partir de eso hay una clara evidencia de que ellos eran los responsables a quienes mi mamá fue a tocarles la puerta", interpreta el querellante.

La presentación judicial recuerda, además, que el titular de la Unidad Fiscal en materia de delitos de lesa humanidad, Gonzalo Stara, también pidió la indagatoria de Zitelli por estos hechos y ello aún no ha sido resuelto. Y recordó que el 20 de marzo de 2012, Zitelli fue procesado como partícipe necesario de 9 casos de privación ilegítima de la libertad agravada y como coautor del delito de asociación ilícita teniendo en cuenta que "estuvo en las distintas dependencias de la Jefatura de Policía, tanto en la Alcaidía de la Unidad Regional II, como, especialmente, en el Servicio de Informaciones. Entre las personas que allí lo situaron están, por ejemplo, María Inés Luchetti, Olga Cabrera Hansen, Mónica Catoni. En segundo lugar que Zitelli tenía pleno conocimiento del movimiento de personas que estaban privadas de libertad en tales condiciones". El 6 de mayo de 2013 fue procesado por el mismo delito hacia otras cinco víctimas. Ahora, el testimonio de Mac Guire y Carey, agregan que también estuvo en el Batallón 121.

Fuera del lenguaje más judicial, Lucas tiene "esperanza de que el juez Bailaque se pueda acordar del momento en que mi mamá hizo la declaración. La acompañó para que el juez verdaderamente tome conciencia de que Zitelli no tiene que estar en libertad. No puede ser que por una fianza de 50 mil pesos quede libre. Nosotros consideramos que él tiene que estar detenido, tiene que decir qué pasó con Garat, adónde fue a parar su cuerpo. Esperamos que el juez tenga la suficiente fuerza, que tome en cuenta jurisprudencia como la del caso de Von Wernich".

Justamente, las abogadas transcriben algunos párrafos de esa sentencia en su presentación. "En la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N? 1 de La Plata en la causa N? 2506/07 contra Christian Federico Von Wernich, se brindaron valiosos elementos a fin de ponderar la responsabilidad que le cupo al ex capellán como miembro del aparato represivo y que resultan a todas luces enriquecedores en este caso. Allí se dijo: 'No tiene en ese sentido ninguna importancia lo dicho por la defensa en cuanto a que Von Wernich llegaba 'después' de la tortura. Era precisamente esa la tarea asignada en el grupo que integraba'", detalla la presentación.

Por eso, también se pidió ??por primera vez?? la indagatoria de Yaquinto. "Debiera imputarse la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por Santiago Mac Guire a Rodolfo Yaquinto, quien se comunicara con su esposa, durante la privación, notificándole el lugar en el que se encontraba", dice el escrito firmado por las abogadas. Yaquinto acompañó a María, la esposa de Mac Guire, al Batallón de Comunicaciones 121 e incluso le facilitó el ingreso al lugar donde su marido estaba detenido ilegalmente.

Durruty y Pellegrini recuerdan que "Yaquinto fue mencionado por otras víctimas de la represión en nuestra zona. En efecto, ya en el año 1984, en su declaración ante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Inés Pérez declaró que ante la desaparición de su hermana María Sol Pérez ocurrida en el mes de diciembre de 1976, la familia realizó innumerables gestiones. Una de ellas fue ante el Arzobispado. En ese lugar fueron atendidos por el 'Secretario de Monseñor Bolatti, el hermano Yaquinto', a quien conocían sus padres, éste les proporcionó una carta de recomendación del Arzobispo con la que se dirigieron a la jefatura de Policía, a la Sede del Comando, entre otros lugares, todo con resultado negativo". María Inés Pérez declaró el 3 de abril de 1984, y ese testimonio está incorporado en la causa Feced.

"Estas actividades denotan un grado de compenetración con la represión ilegal manifiesta a las claras su responsabilidad. Si consideramos que fue parte fundamental en el proceso de blanqueo del secuestrado, acorde la teoría que explica la autoría funcional por reparto de funciones, entendemos que el aporte de Yaquinto fue vital para mantener a Santiago Mac Guire cautivo y atormentado, por lo cual entendemos se acredita en exceso el grado de sospecha bastante requerido por la legislación procesal para proceder al llamado a declaración indagatoria".

Para Lucas, resulta incomprensible que Yaquinto nunca haya sido llamado a declarar. "Fue el que se comunicó con mi mamá para decirle que mi papá estaba en el Batallón 121. Mi mamá le había ido a pedir por favor que la iglesia no le soltara la mano a Santiago, mi papá. El le dijo que seguramente lo habían secuestrado los compañeros, como decían en esa época, pero a los dos días cae la cúpula del ejército en mi casa, interrogan a mi mamá", relató su propia historia el querellante.

Por su parte, Kushidonchi también es investigado, a instancias de Stara, por su responsabilidad tanto como director de la Unidad 3 de Rosario en 1976, cuando recibía a detenidos de manera irregular, con evidentes signos de tortura, como posteriormente de la cárcel de Coronda, junto a Octavio Zirane, que murió impune hace pocos días. "La presencia de Kushidonchi en el Centro de Detención Clandestina que funcionaba en el Destacamento de Inteligencia 121, amerita cuanto menos su llamado a indagatoria e inmediata detención por los hechos que sufriera Santiago Mac Guire", expresaron las abogadas.

Para poder mirar a los responsables a los ojos

Las abogadas Gabriela Durruty, Julia Giordano y Jessica Pellegrini solicitan además que la querella pueda presenciar las indagatorias solicitadas. Para eso, consideran que el artículo 295 del Código Procesal Penal contradice las Convenciones de Derechos Humanos a las que Argentina está suscripta. Ese artículo dice que "a la declaración del imputado sólo podrán asistir su defensor y el ministerio fiscal. El imputado ser informado de este derecho antes de comenzar con su declaración".

Durruty lo explica: "Entendemos que se opone a las convenciones internacionales que no se permita a las querellas ingresar al acto de las indagatorias". Además de citar una amplia jurisprudencia sobre el valor y los derechos del querellante, la presentación indica que no tiene sentido la prohibición de presenciar las indagatorias, "si tiene dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que el querellante posee facultad suficiente para proseguir la acusación y por lo tanto realizar la elevación a juicio, reconociéndole además la facultad de proseguir hasta la instancia extraordinaria, aún cuando el Ministerio Público Fiscal haya desistido de la acusación o solicitado el sobreseímiento del imputado". Entonces, para las abogadas, "cómo negarle válidamente la posibilidad de fijar los términos de la acusación, máxime cuando de ello depende el éxito posterior de la calificación final del delito que se juzgue. No es la primera vez que estas abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas piden que las querellas están en las indagatorias. "Entendemos además que el artículo 295 de nuestro Código Procesal Penal no resiste al control de convencionalidad", explican. Lucas expresa su derechos como familiar de una víctima: "Queremos verle la cara a los responsables del secuestro de mi viejo".