En noviembre del 75, Pedraza, por entonces militante de la JUP fue detenido. Fue torturado en la Guardia de Infantería, encerrado en un calabozo de la 4ª y un nuevo traslado a un centro clandestino.
El Tribunal Oral Federal escuchó ayer los primeros tres testigos en el juicio al ex juez Víctor Brusa y cinco ex policías presos por delitos de lesa humanidad. El primero fue el abogado Jorge Pedraza, que interrumpió su relato dos veces quebrado en llanto, primero cuando recordó un atentado explosivo en la casa de su padre en el microcentro santafesino el 6 de diciembre de 1975, y luego, las secuelas de por vida que la onda expansiva de dos kilos de trotyl dejó en su hermano menor. "¿Quiere que pasemos a un cuarto intermedio hasta pueda continuar?", le ofreció el presidente del Tribunal. "No, es un minuto", se disculpó Pedraza, conmovido hasta las lágrimas. La sala de audiencia enmudeció, pero Brusa desafió el silencio con una risita socarrona que hasta incomodó a uno de sus compañeros de banquillo: "¡No, pará, pará!", lo frenó el ex oficial de Inteligencia, Eduardo Ramos, precisamente, uno de los denunciados por Pedraza. La burla de Brusa y el reto de Ramos quedaron en un primer plano en las cámaras de TV que registran el juicio.
Pedraza era estudiante de derecho y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Lo detienen el 6 de noviembre de 1975, acusado de participar en un ataque incendiario de Montoneros a la concesionaria de automóviles Grossi. Llevaba una pistola 45 en la cintura, "que no sabía usar", dijo. Tenía 21 años. A partir de ahí comenzó su martirio: una sesión de torturas en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), el encierro en un calabozo de un metro y por un metro en la comisaría 4ª y un nuevo traslado junto a la docente María Cristina Boidi a un centro clandestino en las afueras de Santo Tomé que identifica como "La Casita", donde padeció más tormentos.
El 24 de noviembre de 1975, el juez federal Elbio Cano lo indagó por el ataque a Grossi que después le costó una condena de siete años de cárcel hasta que salió bajo el régimen de libertad vigilada, en 1982. Pedraza denunció ante el magistrado las torturas que nunca fueron investigadas, hasta ahora. "Me sentía absolutamente vulnerable por los hombres de la patota y sus métodos del terror", dijo. Y recordó que en la mesa de torturas perdió la conciencia varias veces por la picana eléctrica y el submarino seco que lo dejaba al borde de la asfixia. "Cuando uno se desmaya es estar cerca de la muerte. La primera denuncia de las torturas la hice el 24 de noviembre de 1975 y tuve que esperar 33 años y diez meses para que la justicia las investigue".
Un mes después de la detención de Pedraza, una bomba destruyó la casa de su padre en calle Vera 2654 (hoy Eva Perón). Era la madrugada del 6 de diciembre de 1975. La onda expansiva demolió la mitad de la vivienda, dañó las fincas linderas y no dejó un vidrio sano a cien metros a la redonda. Cuatro miembros de la familia salvaron su vida por milagro, pero un hermano menor quedó con secuelas permanentes y su abuela de 80 años no se pudo recuperar y falleció a los dos meses. "Estos tipos no trepidaban en nada. A mi padre le pusieron esa bomba para intimidarlo. Y el 24 de diciembre de 1975, lo detuvieron por el cargo: 'portación de hijo montonero'. Estuvo preso un año, recién salió en libertad en marzo o abril de 1977", relató Pedraza.
Fue allí cuando el llanto lo quebró. El silencio se hizo interminable. "¿Quiere que pasemos a un cuarto intermedio para que pueda continuar?", le propuso el presidente del Tribunal, Roberto López Arango. Pedraza se disculpó: "No, es un minuto". Una auxiliar le acercó un pañuelo y una botella de agua, mientras las cámaras de TV denunciaban una risita burlona de Brusa y la reacción de Ramos: "¡No, pará, pará!", lo frenó el ex oficial de Inteligencia.
En las salas de torturas en la Guardia de Infantería y en el centro clandestino , Pedraza dijo que identificó a dos interrogadores. Uno con voz gruesa y otro más joven. El tiempo y la posibilidad de atar cabos sueltos le pusieron nombres y apellidos a esos registros de la memoria. "El de la voz gruesa era Nicolás Correa. El otro, Eduardo Ramos", los identificó.
En su relato, Pedraza mencionó dos veces a Correa, un experto de inteligencia del Ejército que estuvo imputado en la causa por delitos de lesa humanidad hasta su fallecimiento, en 2007. "Correa el jefe de la patota", como llamó al grupo de tareas. "Llegó a ser el segundo de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el primer gobierno de Jorge Obeid (1996 1999) y en ese cargo se recibía a los jefes policiales de la provincia. Ellos conocían a Correa, sabían quién era. Nosotros no lo conocíamos, pero era el jefe de la patota".
Después, ante una pregunta del fiscal Martín Suárez Faisal, Pedraza dijo que Corea era "el jefe operativo del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Había pasado a retiro, pero en marzo de 1975 lo reincorporaron a la actividad. Era el cerebro, el tenía pleno conocimiento de la organización Montoneros", señaló.
Pedraza ubicó su martirio en contexto. A fines de 1975 recordó el poder militar ya se había superpuesto al gobierno civil. La ola represiva significó la desaparición de 20 personas en Santa Fe y mencionó dos masacres. La caída de la plaza de las Banderas, una cita nacional de Montoneros el 16, 17 y 18 de febrero de 1976, en la que cayeron siete militantes: Carlos Liviéres Bank, Raúl Ameri, el médico Daniel Angerosa, Enrique Guastavino (hermano del ex vicegobernador de Entre Ríos), Elena De Leonardi y dos jovenes de 19 años: Orlando Finsterwald y Antonio Inocencio Ríos. Y el crimen del camino de Las Moras, cerca de Coronda, donde asesinaron a cuatro mujeres, tres de ellas ya identificadas: Olga Teresita Sánchez, Graciela Siryi y María Cristina Mattioli. "El terrorismo de estado comenzó antes del golpe del 24 de marzo", concluyó Pedraza.
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