Grupo de tareas que actúo en el actúo en el Serivicio de Informaciones. Nuevas condenas y detenciones inmediatas
Hubo penas entre prisión perpetua y ocho años y una absolución. El tribunal señaló que los familiares sobrellevaron “con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia” los obstáculos hasta el juzgamiento de los crímenes.
Por Sonia Tessa
Desde Rosario
El sol caía a plomo sobre el cantero central de bulevar Oroño, frente a los Tribunales Federales. Una multitud miraba el televisor que transmitía el veredicto. Había banderas, fotos de la Madre de Plaza de Mayo Herminia Severini, globos de colores, termos, mates y, sobre todo, mucha expectativa. Nueve de los diez acusados fueron condenados. Cuando la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 2, Noemí Berros, leyó la pena de 22 años de prisión para Lucio “Ronco” Nast por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, los aplausos la acompañaron desde afuera. La explosión fue mayor cuando dictó la prisión perpetua para Carlos “Caramelo” Altamirano, culpable del asesinato de los hermanos peruanos Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. En la calle y adentro de la sala de audiencias hubo un estallido de alegría. La mayoría de las condenas fue acorde con los pedidos de las fiscalías y las querellas. Lo más destacado e inédito fue que el tribunal ordenó la inmediata detención de los condenados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, atento al peligro de fuga y el derecho de las víctimas a ver satisfechas “sus legítimas pretensiones”, luego de “haber tenido que sobrellevar con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia, la ingente cantidad de obstáculos habidos para la investigación y juzgamiento de estos crímenes”.
Ni siquiera la absolución de Pedro Travagliante empañó la satisfacción por las condenas a otros nueve integrantes de la patota de Feced, el grupo de tareas de la policía rosarina que actuó en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, por el que pasaron alrededor de dos mil detenidos durante la última dictadura militar cívico-militar. Además de Nast, también Eduardo “Picha” Dugour, Julio “Darío” Fermoselle y Ernesto “Managua” Vallejo fueron condenados a 22 años de prisión. Ramón “Rommel” Ibarra recibió una condena de 20 años, Ovidio “Vasco” Olazagoitía (18 años) y Ricardo Torres sólo de ocho. José “El Ciego” Lofiego, que ya cumple su prisión perpetua en la cárcel de Marcos Paz, fue condenado a 12 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos a otras dos víctimas. Lofiego, que conducía las torturas en el SI, siguió la sentencia desde Marcos Paz. Todos fueron condenados por privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y asociación ilícita. En el último caso menos Lofiego, que ya había sido condenado por ese delito. Tanto la fiscalía encabezada por Gonzalo Stara como las querellas habían pedido la perpetua de Altamirano y 25 años para el resto de los imputados.
El parlante en el cantero de Oroño ya se había apagado cuando Berros leyó la segunda resolución, inédita y de gran impacto: el TOF revocó las excarcelaciones, y ayer mismo ordenó el traslado de los condenados a instituciones del Servicio Penitenciario Federal, dada la “peligrosidad procesal” de su estado de libertad. Sólo quedó exceptuado Olazagoitía, de 78 años, beneficiado con prisión domiciliaria. Torres, Dugour y Fermoselle permanecían excarcelados. Nast, Ibarra y Vallejo estaban detenidos en el penal policial de la Jefatura de la Policía provincial en Rosario, donde se cuestionaron las condiciones de seguridad. En tanto, Altamirano cumplía su prisión preventiva en la cárcel provincial Unidad 3, también en Rosario.
La jueza Berros “le ordenó a Gendarmería que en este momento los llevaran a darse de baja, a recoger sus enseres personales y remitirlos a Buenos Aires para ser distribuidos en cárceles comunes”, relató Gabriela Durruty, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, sobre la segunda resolución leída ayer. “Esto marca una diferencia con otros juicios, en los que se ordenó la prisión en cárceles comunes de los imputados, pero una vez que quedara firme la condena, lo que en este caso no sucede”, explicó Jessica Pellegrini, de la misma querella. “Los mismos jueces han dado muchos fundamentos sobre por qué la prisión tiene que ser efectiva desde este mismo momento como una forma de cautelar la condena”, agregó.
El tribunal que presidió la jueza de Entre Ríos, junto a su comprovinciano Roberto López Arango y la santafesina María Ivón Vella, enmarcó los delitos de lesa humanidad en el “segundo genocidio argentino”. “Estamos más que felices por estas consideraciones ejemplares del tribunal. Han reiterado que estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, con lo cual no sólo se toma una dimensión jurídica de lo que fue este genocidio ocurrido desde el año ’76 sino que, también, resignifica el primer genocidio, que fue el de los pueblos originarios, sobre el cual se cimentó nuestro país”, consideró Pellegrini.
Dentro de la sala de audiencias estaba la Madre de Plaza 25 de Mayo Elsa “Chiche” Massa, quien concurrió temprano a escuchar la sentencia. En cambio, otra de las Madres, Norma Vermeulén, llegó un poco más tarde y presenció el veredicto desde afuera, rodeada de testigos, querellantes e históricos militantes por los derechos humanos.
Al salir de Tribunales, la abogada de H.I.J.O.S., Nadia Schujman, se permitió expresar toda su emoción. “Estoy muy feliz, muy orgullosa. Entre todos los que estamos acá, y mucha gente más que no está, conseguimos llegar hasta acá. Esta sentencia es la construcción colectiva de cientos de personas que hicieron su aporte a lo largo de 30 años, personas que ya no están, personas que están y que construyeron esta causa que tanto les molesta a los imputados que haya sido una reconstrucción colectiva y que, como acaba de decir este tribunal, con tanta entereza y paciencia esperaron tan injustamente tantos años”, expresó con la voz quebrada.
En este juicio oral y público, por la forma en que se van elevando las causas por delitos de lesa humanidad, sólo Altamirano estaba acusado de asesinato. El tribunal lo consideró responsable del homicidio “triplemente agravado” de los hermanos de nacionalidad peruana Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. Entre los agravantes incluyeron el que fue cometido para “procurar impunidad por un delito anterior”. Es que el asesinato de estos jóvenes se cometió en un operativo fraguado tras el crimen del estudiante de Ingeniería, Conrado Galdame, de 25 años, que fue interceptado por la patota de Feced en la calle, en la madrugada del 16 de diciembre de 1978. Le encontraron bonos de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y se lo llevaron. En el Servicio de Informaciones lo tuvieron tabicado y atado. Uno de los represores, Antonio “Tony” Tuttolomondo, lo mató jugando a la ruleta rusa. Entonces, la patota fue a allanar la casa en la que vivía con los hermanos Céspedes Chuang, y los mató también.
Tuttolomondo está prófugo, Altamirano fue condenado por los dos homicidios, Nast y Torres fueron condenados por las privaciones ilegales de la libertad. “En el caso Galdame están totalmente satisfechas nuestras expectativas. Por fin llegó un poco de verdad y de justicia para una causa tan emblemática, que no está cerrada, porque quedan imputados por juzgar y quedan víctimas por ser reparadas. Estas condenas son un primer gran paso”, consideró Schujman. H.I.J.O.S. querelló como organización por esta causa, ya que los familiares directos de las víctimas murieron.
Uno de los testigos del caso Galdame es Angel Ruani, actual secretario de Seguridad Comunitaria. Ayer salió exultante de la sala de audiencias. “Es una condena impecable, que va a sentar jurisprudencia a nivel nacional”, dijo sonriente.
Hubo penas entre prisión perpetua y ocho años y una absolución. El tribunal señaló que los familiares sobrellevaron “con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia” los obstáculos hasta el juzgamiento de los crímenes.
Por Sonia Tessa
Desde Rosario
El sol caía a plomo sobre el cantero central de bulevar Oroño, frente a los Tribunales Federales. Una multitud miraba el televisor que transmitía el veredicto. Había banderas, fotos de la Madre de Plaza de Mayo Herminia Severini, globos de colores, termos, mates y, sobre todo, mucha expectativa. Nueve de los diez acusados fueron condenados. Cuando la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 2, Noemí Berros, leyó la pena de 22 años de prisión para Lucio “Ronco” Nast por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, los aplausos la acompañaron desde afuera. La explosión fue mayor cuando dictó la prisión perpetua para Carlos “Caramelo” Altamirano, culpable del asesinato de los hermanos peruanos Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. En la calle y adentro de la sala de audiencias hubo un estallido de alegría. La mayoría de las condenas fue acorde con los pedidos de las fiscalías y las querellas. Lo más destacado e inédito fue que el tribunal ordenó la inmediata detención de los condenados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, atento al peligro de fuga y el derecho de las víctimas a ver satisfechas “sus legítimas pretensiones”, luego de “haber tenido que sobrellevar con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia, la ingente cantidad de obstáculos habidos para la investigación y juzgamiento de estos crímenes”.
Ni siquiera la absolución de Pedro Travagliante empañó la satisfacción por las condenas a otros nueve integrantes de la patota de Feced, el grupo de tareas de la policía rosarina que actuó en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, por el que pasaron alrededor de dos mil detenidos durante la última dictadura militar cívico-militar. Además de Nast, también Eduardo “Picha” Dugour, Julio “Darío” Fermoselle y Ernesto “Managua” Vallejo fueron condenados a 22 años de prisión. Ramón “Rommel” Ibarra recibió una condena de 20 años, Ovidio “Vasco” Olazagoitía (18 años) y Ricardo Torres sólo de ocho. José “El Ciego” Lofiego, que ya cumple su prisión perpetua en la cárcel de Marcos Paz, fue condenado a 12 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos a otras dos víctimas. Lofiego, que conducía las torturas en el SI, siguió la sentencia desde Marcos Paz. Todos fueron condenados por privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y asociación ilícita. En el último caso menos Lofiego, que ya había sido condenado por ese delito. Tanto la fiscalía encabezada por Gonzalo Stara como las querellas habían pedido la perpetua de Altamirano y 25 años para el resto de los imputados.
El parlante en el cantero de Oroño ya se había apagado cuando Berros leyó la segunda resolución, inédita y de gran impacto: el TOF revocó las excarcelaciones, y ayer mismo ordenó el traslado de los condenados a instituciones del Servicio Penitenciario Federal, dada la “peligrosidad procesal” de su estado de libertad. Sólo quedó exceptuado Olazagoitía, de 78 años, beneficiado con prisión domiciliaria. Torres, Dugour y Fermoselle permanecían excarcelados. Nast, Ibarra y Vallejo estaban detenidos en el penal policial de la Jefatura de la Policía provincial en Rosario, donde se cuestionaron las condiciones de seguridad. En tanto, Altamirano cumplía su prisión preventiva en la cárcel provincial Unidad 3, también en Rosario.
La jueza Berros “le ordenó a Gendarmería que en este momento los llevaran a darse de baja, a recoger sus enseres personales y remitirlos a Buenos Aires para ser distribuidos en cárceles comunes”, relató Gabriela Durruty, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, sobre la segunda resolución leída ayer. “Esto marca una diferencia con otros juicios, en los que se ordenó la prisión en cárceles comunes de los imputados, pero una vez que quedara firme la condena, lo que en este caso no sucede”, explicó Jessica Pellegrini, de la misma querella. “Los mismos jueces han dado muchos fundamentos sobre por qué la prisión tiene que ser efectiva desde este mismo momento como una forma de cautelar la condena”, agregó.
El tribunal que presidió la jueza de Entre Ríos, junto a su comprovinciano Roberto López Arango y la santafesina María Ivón Vella, enmarcó los delitos de lesa humanidad en el “segundo genocidio argentino”. “Estamos más que felices por estas consideraciones ejemplares del tribunal. Han reiterado que estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, con lo cual no sólo se toma una dimensión jurídica de lo que fue este genocidio ocurrido desde el año ’76 sino que, también, resignifica el primer genocidio, que fue el de los pueblos originarios, sobre el cual se cimentó nuestro país”, consideró Pellegrini.
Dentro de la sala de audiencias estaba la Madre de Plaza 25 de Mayo Elsa “Chiche” Massa, quien concurrió temprano a escuchar la sentencia. En cambio, otra de las Madres, Norma Vermeulén, llegó un poco más tarde y presenció el veredicto desde afuera, rodeada de testigos, querellantes e históricos militantes por los derechos humanos.
Al salir de Tribunales, la abogada de H.I.J.O.S., Nadia Schujman, se permitió expresar toda su emoción. “Estoy muy feliz, muy orgullosa. Entre todos los que estamos acá, y mucha gente más que no está, conseguimos llegar hasta acá. Esta sentencia es la construcción colectiva de cientos de personas que hicieron su aporte a lo largo de 30 años, personas que ya no están, personas que están y que construyeron esta causa que tanto les molesta a los imputados que haya sido una reconstrucción colectiva y que, como acaba de decir este tribunal, con tanta entereza y paciencia esperaron tan injustamente tantos años”, expresó con la voz quebrada.
En este juicio oral y público, por la forma en que se van elevando las causas por delitos de lesa humanidad, sólo Altamirano estaba acusado de asesinato. El tribunal lo consideró responsable del homicidio “triplemente agravado” de los hermanos de nacionalidad peruana Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. Entre los agravantes incluyeron el que fue cometido para “procurar impunidad por un delito anterior”. Es que el asesinato de estos jóvenes se cometió en un operativo fraguado tras el crimen del estudiante de Ingeniería, Conrado Galdame, de 25 años, que fue interceptado por la patota de Feced en la calle, en la madrugada del 16 de diciembre de 1978. Le encontraron bonos de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y se lo llevaron. En el Servicio de Informaciones lo tuvieron tabicado y atado. Uno de los represores, Antonio “Tony” Tuttolomondo, lo mató jugando a la ruleta rusa. Entonces, la patota fue a allanar la casa en la que vivía con los hermanos Céspedes Chuang, y los mató también.
Tuttolomondo está prófugo, Altamirano fue condenado por los dos homicidios, Nast y Torres fueron condenados por las privaciones ilegales de la libertad. “En el caso Galdame están totalmente satisfechas nuestras expectativas. Por fin llegó un poco de verdad y de justicia para una causa tan emblemática, que no está cerrada, porque quedan imputados por juzgar y quedan víctimas por ser reparadas. Estas condenas son un primer gran paso”, consideró Schujman. H.I.J.O.S. querelló como organización por esta causa, ya que los familiares directos de las víctimas murieron.
Uno de los testigos del caso Galdame es Angel Ruani, actual secretario de Seguridad Comunitaria. Ayer salió exultante de la sala de audiencias. “Es una condena impecable, que va a sentar jurisprudencia a nivel nacional”, dijo sonriente.
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