La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas denunciaron ayer que "la seguridad de los testigos y querellantes y el derecho a garantizar la realización de las audiencias orales en la causa Díaz Bessone, se ve puesta nuevamente en riesgo". Es que el Tribunal Oral ll compuesto por Beatriz Caballero de Barabani, Jorge Venegas Echagüe y Otmar Paulucci -que rechazó los pedidos de detención de los imputados en la causa- resolvió frente a la feria judicial de enero que Ruben Lofiego, Mario Marcote, Carlos Scortecchini, Ramon Vergara y Ricardo Chomicki "sólo deban presentarse a firmar semanalmente ante el Patronato de Liberados de la Provincia de Santa Fe". "Pese a la gravedad y a la importancia de esta decisión, hasta la fecha el Tribunal no ha notificado a las partes querellantes, dejando aún más expuestas a las víctimas que valientemente dan su testimonio audiencia tras audiencia", dice el texto firmado por Elida Luna, Héctor Medina, Lilian Echegoy y Gabriela Durruty entre otros.
Ambas organzaciones exigen "la inmediata detención de Lofiego, Marcote, Vergara, Scortechini y Chomiki, y la notificación a las querellas cada vez que la situación de libertad varíe, como mínima medida de seguridad".
El texto del comunicado conjunto señala:
"El 31 de mayo del 2009 denunciamos que la sala ll de la Cámara de Casación Penal concedía la libertad a conocidos represores, torturadores y asesinos que cumplían nefastas funciones en el Servicio de Informaciones de la policía de la Provincia de Sta Fe, donde funcionara el centro clandestino de secuestro, tortura y desaparición, lugar por el que pasaron más de dos mil compañeros. Nuevamente -como lo hicimos durante todos estos años- reiterábamos que nos resultaba inadmisible la conclusión de la Cámara, al equiparar mecánicamente los criterios jurídicos aplicables a los delitos comunes con los casos de delitos de lesa humanidad".
"Sosteníamos -y lo hacemos hoy- que las excarcelaciones de Lofiego alias "el Ciego" o "Dr Menguele", Marcote alias "el Cura", Vergara alias "el Sargento" o "Pelado", entre otros pone en riesgo permanente a una sociedad y especialmente a los particulares damnificados como los testigos querellantes y familiares de los compañeros desaparecidos, además de la gravedad de marcar precedente histórico de impunidad".
"Pedíamos a la Corte Suprema que garantizara justicia y devolviera a estos represores a la cárcel, luego de haber gozado de más de treinta años de una impunidad. Y no fuimos escuchados".
"Así comenzaron los juicios con los asesinos viviendo tranquilamente en sus casas, teniendo que presentarse los días de audiencias en el tribunal, aunque más de una vez hemos debido soportar que no estén en la sala con la excusa de algún malestar. A veces simplemente pedían estar en la habitación contigua, y su pedido era tenido en cuenta aunque exigiáramos que debían estar en la sala".
"Esto nos lleva a otra reflexión: evidentemente el grado de perversión en los represores está unido a su cobardía. Y hoy tal vez como corolario de un año que termina, con un claro mensaje del comportamiento de los jueces que llevan adelante los juicios en Rosario, debemos volver a denunciar, desde Familiares y Liga Argentina, que la seguridad de los testigos y querellantes y el derecho a garantizar la realización de las audiencias orales en la causa Diaz Bessone, se ve puesta nuevamente en riesgo".
"No podemos menos que denunciar este nuevo atropello a la justicia, esa justicia compuesta por hombres y mujeres que deben estar a la altura histórica que nos toca vivir, juzgando y condenando a quienes se consideraron dueños de la vida y de la muerte de miles de argentinos".
Ambas organzaciones exigen "la inmediata detención de Lofiego, Marcote, Vergara, Scortechini y Chomiki, y la notificación a las querellas cada vez que la situación de libertad varíe, como mínima medida de seguridad".
El texto del comunicado conjunto señala:
"El 31 de mayo del 2009 denunciamos que la sala ll de la Cámara de Casación Penal concedía la libertad a conocidos represores, torturadores y asesinos que cumplían nefastas funciones en el Servicio de Informaciones de la policía de la Provincia de Sta Fe, donde funcionara el centro clandestino de secuestro, tortura y desaparición, lugar por el que pasaron más de dos mil compañeros. Nuevamente -como lo hicimos durante todos estos años- reiterábamos que nos resultaba inadmisible la conclusión de la Cámara, al equiparar mecánicamente los criterios jurídicos aplicables a los delitos comunes con los casos de delitos de lesa humanidad".
"Sosteníamos -y lo hacemos hoy- que las excarcelaciones de Lofiego alias "el Ciego" o "Dr Menguele", Marcote alias "el Cura", Vergara alias "el Sargento" o "Pelado", entre otros pone en riesgo permanente a una sociedad y especialmente a los particulares damnificados como los testigos querellantes y familiares de los compañeros desaparecidos, además de la gravedad de marcar precedente histórico de impunidad".
"Pedíamos a la Corte Suprema que garantizara justicia y devolviera a estos represores a la cárcel, luego de haber gozado de más de treinta años de una impunidad. Y no fuimos escuchados".
"Así comenzaron los juicios con los asesinos viviendo tranquilamente en sus casas, teniendo que presentarse los días de audiencias en el tribunal, aunque más de una vez hemos debido soportar que no estén en la sala con la excusa de algún malestar. A veces simplemente pedían estar en la habitación contigua, y su pedido era tenido en cuenta aunque exigiáramos que debían estar en la sala".
"Esto nos lleva a otra reflexión: evidentemente el grado de perversión en los represores está unido a su cobardía. Y hoy tal vez como corolario de un año que termina, con un claro mensaje del comportamiento de los jueces que llevan adelante los juicios en Rosario, debemos volver a denunciar, desde Familiares y Liga Argentina, que la seguridad de los testigos y querellantes y el derecho a garantizar la realización de las audiencias orales en la causa Diaz Bessone, se ve puesta nuevamente en riesgo".
"No podemos menos que denunciar este nuevo atropello a la justicia, esa justicia compuesta por hombres y mujeres que deben estar a la altura histórica que nos toca vivir, juzgando y condenando a quienes se consideraron dueños de la vida y de la muerte de miles de argentinos".
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