Para investigar mejor
La medida fue pedida por los hijos de la sobreviviente del terrorismo de estado asesinada el 29 de marzo. Un testigo de identidad reservada vinculó a represores.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
La Cámara Penal de Rafaela hizo lugar al pedido de la querella para que el juez de Instrucción Nº2, Alejandro Mognaschi, decline su competencia en la investigación del asesinato de Silvia Suppo y la causa pase al fuero federal, donde un testigo de identidad reservada vinculó el crimen con un imputado por delitos de lesa humanidad. "La Cámara falló a favor nuestro", dijo a Rosario/12, la abogada Lucila Puyol, quien representa a los hijos de Silvia, Andrés y Marina Destéfani, junto a sus colegas Paula Condrac y Guillermo Munné. La resolución fue conocida por Andrés y Marina el sábado a la mañana, después de haber estado el viernes en Buenos Aires, donde se entrevistaron con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la Casa Rosada y luego con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, quienes ratificaron su apoyo al pedido de la familia Suppo para que el caso sea investigado como un hecho de lesa humanidad y no como un delito común.
Por el homicidio de Suppo, el 29 de marzo último, el juez Mognaschi procesó a dos trapitos: Rodrigo Sosa, de 19 años y su primo, Rodolfo Cóceres, de 22, quienes confesaron su participación en el homicidio y negaron cualquier connotación política. En los primeros días de setiembre, un testigo de identidad reservada declaró ante el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y vinculó el crimen con un imputado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el magistrado ante un pedido de la entonces fiscal Cinthia Gómez ordenó desglosar el testimonio de la causa que investiga el martirio de Suppo, en 1977, y lo remitió en sobre cerrado a su colega de Rafaela.
Posteriormente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa que instruye Mognaschi, pero éste rechazó el planteo. Y también desestimó un pedido de inhibitoria de la querella para que decline su competencia y remita el expediente al fuero federal. Los abogados querellantes apelaron entonces la resolución del juez, pero éste la volvió a rechazar, por lo que tuvieron que recurrir en queja ante la Cámara Penal de Rafaela.
La Cámara adoptó dos resoluciones, primero, hizo lugar a la queja al considerar que la apelación había sido mal denegada por Mognaschi. Y esta semana, admitió el pedido de declinatoria del juez, por lo que ahora Moghaschi deberá desprenderse del expediente y enviárselo al juez Rodríguez.
Pero la situación aún es más compleja. En setiembre, al ordenar el desglose del testimonio de identidad reservada, el juez Rodríguez consideró que no era competente para entender en el caso. Los abogados querellantes apelaron esa resolución ante la Cámara Federal de Rosario, que hace dos días resolvió avocarse al asunto en un plenario de las dos salas. Así que es probable que hasta que la Cámara de Rosario no resuelva, Rodríguez no avanzará en la investigación del asesinato de Suppo. La otra hipótesis es si la Cámara de Rosario ratifica la incompetencia de Rodríguez, con lo cual el conflicto deberá ser resuelto por el tribunal superior común: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ayer, Andrés Destéfani ponderó el fallo de la Cámara Penal de Rafaela. "Estamos contentos, es lo que veníamos reclamando", dijo en un diálogo con Rosario/12. "La Cámara tuvo la buena actitud de garantizarnos a todos que el crimen se investigue en el ámbito que tiene que ser, que es la justicia federal, el ámbito que está diseñado y cuenta con los recursos para investigar este tipo de causas. La señal que dio la Cámara de Rafaela es buena. Ahora, habrá que seguir luchando por lo que viene de acá en adelante", agregó.
Andrés y Marina recibieron la noticia el sábado a la mañana porque el viernes habían estado en Buenos Aires, donde el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, los recibió en la Casa Rosada y luego se entrevistaron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén. En las audiencias fueron acompañados por el responsable de la Unidad de Intervención y Victimología del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Linares. "El jefe de Gabinete renovó su compromiso y su preocupación por la causa porque tiene la misma idea que nosotros, que debía pasar a la justicia federal. Y comprometió todos los recursos que se puedan aportar desde el Estado para llegar a una investigación lo más profunda posible", comentó Andrés.
"Incluso, el jefe de Gabinete nos ratificó todo el apoyo de la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, quien no pudo recibirnos porque estaba reunida con el presidente de México, pero nos transmitió sus palabras: que renovaba todo su apoyo y que el gobierno estaba dispuesto a ofrecer todo lo que estuviera a su alcance para que la causa avance", agregó.
Más tarde, los hijos de Silvia fueron recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. "Fue una reunión bastante extensa, donde le planteamos algunos puntos concretos de la causa y algunas cuestiones que nos preocupan. El doctor Alén también nos dijo lo mismo, que debía intervenir la justicia federal y se comprometió a seguir apoyando y trabajar al lado nuestro para lograr el esclarecimiento del caso", concluyó Andrés.
La medida fue pedida por los hijos de la sobreviviente del terrorismo de estado asesinada el 29 de marzo. Un testigo de identidad reservada vinculó a represores.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
La Cámara Penal de Rafaela hizo lugar al pedido de la querella para que el juez de Instrucción Nº2, Alejandro Mognaschi, decline su competencia en la investigación del asesinato de Silvia Suppo y la causa pase al fuero federal, donde un testigo de identidad reservada vinculó el crimen con un imputado por delitos de lesa humanidad. "La Cámara falló a favor nuestro", dijo a Rosario/12, la abogada Lucila Puyol, quien representa a los hijos de Silvia, Andrés y Marina Destéfani, junto a sus colegas Paula Condrac y Guillermo Munné. La resolución fue conocida por Andrés y Marina el sábado a la mañana, después de haber estado el viernes en Buenos Aires, donde se entrevistaron con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la Casa Rosada y luego con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, quienes ratificaron su apoyo al pedido de la familia Suppo para que el caso sea investigado como un hecho de lesa humanidad y no como un delito común.
Por el homicidio de Suppo, el 29 de marzo último, el juez Mognaschi procesó a dos trapitos: Rodrigo Sosa, de 19 años y su primo, Rodolfo Cóceres, de 22, quienes confesaron su participación en el homicidio y negaron cualquier connotación política. En los primeros días de setiembre, un testigo de identidad reservada declaró ante el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y vinculó el crimen con un imputado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el magistrado ante un pedido de la entonces fiscal Cinthia Gómez ordenó desglosar el testimonio de la causa que investiga el martirio de Suppo, en 1977, y lo remitió en sobre cerrado a su colega de Rafaela.
Posteriormente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa que instruye Mognaschi, pero éste rechazó el planteo. Y también desestimó un pedido de inhibitoria de la querella para que decline su competencia y remita el expediente al fuero federal. Los abogados querellantes apelaron entonces la resolución del juez, pero éste la volvió a rechazar, por lo que tuvieron que recurrir en queja ante la Cámara Penal de Rafaela.
La Cámara adoptó dos resoluciones, primero, hizo lugar a la queja al considerar que la apelación había sido mal denegada por Mognaschi. Y esta semana, admitió el pedido de declinatoria del juez, por lo que ahora Moghaschi deberá desprenderse del expediente y enviárselo al juez Rodríguez.
Pero la situación aún es más compleja. En setiembre, al ordenar el desglose del testimonio de identidad reservada, el juez Rodríguez consideró que no era competente para entender en el caso. Los abogados querellantes apelaron esa resolución ante la Cámara Federal de Rosario, que hace dos días resolvió avocarse al asunto en un plenario de las dos salas. Así que es probable que hasta que la Cámara de Rosario no resuelva, Rodríguez no avanzará en la investigación del asesinato de Suppo. La otra hipótesis es si la Cámara de Rosario ratifica la incompetencia de Rodríguez, con lo cual el conflicto deberá ser resuelto por el tribunal superior común: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ayer, Andrés Destéfani ponderó el fallo de la Cámara Penal de Rafaela. "Estamos contentos, es lo que veníamos reclamando", dijo en un diálogo con Rosario/12. "La Cámara tuvo la buena actitud de garantizarnos a todos que el crimen se investigue en el ámbito que tiene que ser, que es la justicia federal, el ámbito que está diseñado y cuenta con los recursos para investigar este tipo de causas. La señal que dio la Cámara de Rafaela es buena. Ahora, habrá que seguir luchando por lo que viene de acá en adelante", agregó.
Andrés y Marina recibieron la noticia el sábado a la mañana porque el viernes habían estado en Buenos Aires, donde el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, los recibió en la Casa Rosada y luego se entrevistaron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén. En las audiencias fueron acompañados por el responsable de la Unidad de Intervención y Victimología del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Linares. "El jefe de Gabinete renovó su compromiso y su preocupación por la causa porque tiene la misma idea que nosotros, que debía pasar a la justicia federal. Y comprometió todos los recursos que se puedan aportar desde el Estado para llegar a una investigación lo más profunda posible", comentó Andrés.
"Incluso, el jefe de Gabinete nos ratificó todo el apoyo de la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, quien no pudo recibirnos porque estaba reunida con el presidente de México, pero nos transmitió sus palabras: que renovaba todo su apoyo y que el gobierno estaba dispuesto a ofrecer todo lo que estuviera a su alcance para que la causa avance", agregó.
Más tarde, los hijos de Silvia fueron recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. "Fue una reunión bastante extensa, donde le planteamos algunos puntos concretos de la causa y algunas cuestiones que nos preocupan. El doctor Alén también nos dijo lo mismo, que debía intervenir la justicia federal y se comprometió a seguir apoyando y trabajar al lado nuestro para lograr el esclarecimiento del caso", concluyó Andrés.
No hay comentarios:
Publicar un comentario