“Supe que mi mamá me había salvado la vida”

El testimonio de Manuel Gonçalves Granada en el juicio por el crimen de San Nicolás

El único sobreviviente de la llamada Masacre de la calle Juan B. Justo, cuando fue asesinada su familia en 1976, contó cómo recuperó su identidad y destacó la importancia del juicio: “Sólo en días como hoy le encuentro sentido a haber sobrevivido”, dijo.

 Por Sonia Tessa
Desde San Nicolás

Manuel Gonçalves Granada se pregunta todos los días por qué le tocó sobrevivir. Tenía cinco meses el 19 de noviembre de 1976, cuando las fuerzas conjuntas de la Policía Bonaerense, la Federal y el Ejército atacaron la casa de Juan B. Justo 676 en San Nicolás, acribillaron a su mamá, Ana María del Carmen Granada; al matrimonio de Omar Alfredo Amestoy y Ana María Fettolini, y asfixiaron con gases lacrimógenos a Fernando Amestoy, de tres años, y a María Eugenia, de cinco. Manuel fue protegido por su mamá con colchones, adentro de un placard, y por eso se salvó. El juez de menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, lo dio en adopción de manera irregular, sin buscar a su familia. “Ahí perdí mi identidad”, contó ayer. Durante 19 años fue Claudio Novoa, y en 1995 empezó a averiguar quién era. “Cuando me encontré con esta historia, supe que no sólo mis padres no me habían abandonado sino que mi mamá me había salvado la vida”, expresó frente al Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que juzga a los militares Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Bossie, así como al ex jefe de la Policía Federal Jorge Muñoz, por esa masacre. “Más allá de que la Justicia llega tarde y no repara todo, es necesaria”, dijo. “Para algunos de los que están acá, esto es un trabajo, a otros los incomoda estar acá. Lo cierto es que para mí es la historia de mi vida”, argumentó sobre el valor del juicio en marcha. “Sólo en días como hoy le encuentro sentido a haber sobrevivido”, se sinceró.

La audiencia se realizó en el Concejo Deliberante de San Nicolás, adonde se trasladó el Tribunal. Afuera estaba repleto de militantes de derechos humanos y nietos recuperados, que fueron a acompañar a uno de los suyos.

Manuel rescató que, pese a haber hecho “montones de cosas” para que estos procesos llegaran, nunca los tomó de “manera personal”. “Yo quiero que este país sea otro y no puedo tolerar que los tipos que vinieron a esa casa, la destruyeron y asesinaron a todos, estén libres”, dijo con la voz apretada por la emoción. “Todos los días”, contó, se pregunta por qué sobrevivió sólo él. “Siempre estoy en falta, y seguramente no estoy haciendo todo, pero hago lo que puedo. Al resto sólo le pido que haga lo que corresponde”, fue su frase final, con la voz quebrada. Todo el público lloraba y los aplausos fueron interminables. La presidenta del Tribunal, Beatriz Caballero de Baravani, le agradeció el testimonio.

El relato de Manuel comenzó desde el principio de su recobrada identidad. Su papá era Gastón Roberto José Gonçalves y su mamá, Ana María del Carmen Granada. Eran militantes en Escobar, perseguidos desde antes del último golpe militar. Gastón desapareció el mismo 24 de marzo de 1976. Cuando Manuel supo quiénes eran sus padres, en 1995, en la Argentina estaban vigentes las leyes de impunidad. “Difícilmente alguien se pueda poner en el lugar de una persona que perdió su identidad. A mí me cuesta hoy todavía”, explicó ayer. Apareció la necesidad de saber. “Nunca los iba a conocer, la construcción de quiénes fueron ellos la hice a través de terceros”, rememoró. El primer destino fue Escobar, donde militaban Gastón y Ana. “Eran alfabetizadores de adultos. A través del testimonio de mucha gente, fui conociéndolos. Gente que aprendió a escribir con mi papá y mi mamá, y me lo agradecía a mí porque a ellos no se lo podían decir.”

Por entonces, el intendente de Escobar era el comisario Luis Patti, condenado a prisión perpetua el 14 de abril del año pasado por la desaparición del papá de Manuel, entre otros delitos de lesa humanidad. Ese padre le legó un hermano, Gastón, el bajista de los Pericos, que tras el testimonio de Manuel no paraba de secarse las lágrimas en la vereda del Concejo.

Cuando fue a San Nicolás, Manuel empezó por el cementerio, ya que el cuerpo de su madre estaba en el osario. Después visitó el lugar de la masacre. Sólo tenía un recorte de diario, con la foto de una ventana. Un día se animó a tocar el timbre en la casa lindera al 676. Lo atendió una señora “bastante mayor”, por la ventana, sin abrir la puerta. “Sí, es la casa que está acá a la izquierda. Cuando vos golpeaste la puerta, estaba hablando de eso, porque nosotros nunca nos olvidamos de lo que pasó acá. Hace 24 años de eso”, le dijo la mujer. No pensaba decirle quién era porque “no podía casi hablar”. La mujer le dijo: “Siempre lo recuerdo porque de acá sacaron a un bebé que estaba vivo y nunca supimos qué pasó con él”. Cuando Manuel le dijo que él era ese bebé, la vecina cerró la ventana. El pensó que era el momento de irse, pero la mujer abrió la puerta, lo abrazó y lo invitó a comer. En un rato, los vecinos de toda la cuadra estaban a su alrededor, contando lo que había ocurrido. “Me costó mucho procesar esa información, era lo que yo había vivido, pero con otros ojos. Después me di cuenta de que yo lo tenía registrado de alguna manera”, rememoró.

En sus constantes idas a San Nicolás, Manuel ingresó en la casa donde fue la masacre. “Los dueños me permitieron entrar. Para mí significaba mucho estar ahí porque en esa casa había estado con mi mamá.” Y siguió: “El dueño de casa me fue relatando que estaba todo roto, los muebles agujereados a balazos. Me contó que se habían llevado todo lo que había en la casa. Me dijo que habían encontrado la casa destruida, que tuvieron que hacerla de nuevo”.

El jardín argentino

El perro cruzó el jardín desierto de los Tribunales Federales para ir en frente, directo al palco levantado sobre Oroño, la murga se desplegaba entre las palmeras, el perro había salido disparando del jardín que parecía un cementerio, buscó el césped húmedo del paseo y se limpió las patas. Olga Moyano venía con la pancarta de la murga: La Memoriosa, desde que la armó lleva la pancarta con el nombre bordado rodeado de símbolos inconfundibles, el pañuelo blanco es el primero que resalta, hace muchos años que habla con el mismo entusiasmo de su murga; los que están ahora, los murgueros de ahora, vienen del grupo de apoyo a las Madres de la Plaza 25 de Mayo, todos saltaban dentro de sus trajes luminosos. Primero el perro se echó junto al público, después se metió entre el público a merodear; después el perro negro de ojos avispados se subió al palco y se echó de nuevo, no para descansar, paraba las orejas, movía la cabeza más rápido que la cola para cazar al vuelo la voz del micrófono. La murga cantaba sus canciones, las letras pedían que la justicia no se durmiera, que se mantuviera despabilada, la murga cantaba y bailaba frente a los Tribunales Federales como jugando un partido largamente deseado, tratando de no tapar el cartel que la había convocado: 3 de Julio de 2012. Comienza el Primer Juicio Oral por Delito de Lesa Humanidad cometidos en San Nicolás / Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de tus venas/ Latinoamérica, Calle 13. El perro ya se había bajado del palco y seguía otra vez la murga, la siguió un trecho hasta que aprovechó una brecha en el tránsito de Oroño y cruzó, quería ver el jardín que brillaba a un paso, iba a atravesar el portón que se había abierto milagrosamente.

Chispas de oro, toquecitos de luz temblorosa sobre las hojas recién regadas iluminaron al perro, no las patas, tampoco las orejas, cabeza y cola, sólo el hocico que consiguió meter entre las rejas, que se doró con la luz celeste del cielo ganado para el jardín. Ganado palmo a palmo al entorno cada vez más edificado, más abarrotado de edificios que buscan altura, defendido contra cielo y tierra ,el jardín pegado al de los Tribunales Federales perfuma descansado, con suavidad de terciopelo, y desparrama virtud: es un jardín que se aplica a su belleza. Iluminado por las flores de estación que decoran los bordes como un festón. El diseño de rectas en cruz para los canteros y el camino central, aviva un costado, los árboles ahí crecen libres, coposos, sombrean generosamente la puerta alta y doble de hermosa madera lustrada que aguarda para recibir al final de la escalera ,tan ancha como blanca; es el camino ,el acceso a la Misericordia, unos cuántos peldaños blancos y ya se puede golpear la puerta. La iglesia ( cubre con vitrales de colores sus rosetones para que la luz disminuya y envuelva al alma sin perturbarla) , más el colegio privado, se levantan a continuación, se desarrollan, hacen su vida, pero primero, para anunciarlos, está el jardín. El perro no podía apartar los ojos, ni sus sentidos, ¡un goce, que lo condenen si no!

Quebrando su silencio: las voces llegaban desde afuera, reventaban en el aire, el jardín perdió su paz, dejó oír el slamp de la puerta que se cerró, alguien cruzó en un suspiro, el perro no tuvo la oportunidad de merodear unos segundos. El jardín recuperó su estado, ni un alma, desierto, nadie entre sus macizos. El perro saltó, no perdió ni un pelo en el salto, perdió el perfume que lo había envuelto; absorbido por los cantos de Oroño, por la gente que en el bulevar seguía el juicio, se dejó arrastrar por la murga, formó parte de la ronda. ¡Fuera!, le gritaban los que pasaban a toda velocidad para alejarse de los tribunales federales lo más rápido posible, contradiciendo esa voluntad el perro se pegó más a la murga, ladraba las espaldas de los que volaban, volaban y desaparecían de Oroño en un batir de alas; el perro reventaba los tímpanos, ¡Eh, eh,! le gritaban los que corrían, gritaban esquivándolo, el perro les resultaba difícil de entender.

 Por Gloria Lenardón

Traslado de José Scortecchini a Marcos Paz

Ninguna razón para quedarse en su casa

La defensa del condenado a diez años de prisión por delitos de lesa humanidad había la solicitado prisión domiciliaria por una depresión que no se comprobó.

 Por José Maggi

El Tribunal Oral Federal Nº 2 resolvió que el ex policía José Carlos Scortecchini sea trasladado al penal de Marcos Paz para cumplir su condena por terrorismo de estado a 10 años de prisión. La defensa del condenado había argumentado su estado depresivo para lograr su detención domiciliaria, que fue descartada tras la pericia realizada. La defensa de Scortecchini, condenado a 10 años de prisión en el juicio Díaz Bessone, había sostenido ante el TOF II que el represor posee una "personalidad de base depresiva, habiendo tenido desde el año 1987 episodios de mayor depresión que derivaron en varias oportunidades en internaciones psiquiátricas". Con esta base, solicitó que el ex miembro de la patota de Feced sea trasladado a su domicilio para cumplir su condena en la comodidad de su hogar, acorde la depresión que lo aqueja.

En igual sentido, la presentación hacía alusión a la situación de "stress que el condenado padece mientras permanece detenido, lo cual redundaría en un desmedro de su salud".

En este sentido, el fiscal de la causa Feced, Gonzalo Stara, se opuso al pedido del represor manifestando que se trataba de una reedición de requerimientos ya realizados por la defensa en otras oportunidades, rechazadas con anterioridad por el tribunal.

De todos modos, el TOF II ordenó la realización de una pericia, dado que la defensa de Scortecchini sostenía que la permanencia del represor en una unidad de detención ponía en peligro su vida.

Finalmente, la pericia tuvo lugar el día 5 de julio, y fue realizada por Noemí Ruth Ghirardi y Estela Noemí Taylor, médicas forenses de la justicia nacional, integrándose la pericia con los peritos de parte de la defensa, el psiquiatra Néstor Julio Borghi, y por el Ministerio Público Fiscal la médica psiquiatra y legista Gisela Felibert.

El examen dio como resultado que "el alojamiento en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal no afectaría su evolución clínica si se cumple con algunos requisitos previstos por los profesionales". Con la sola excepción del perito presentado por la defensa, los integrantes de la junta pericial coincidieron en que el condenado puede perfectamente cumplir su condena en un establecimiento penitenciario.

En su resolución, los integrantes del TOF II ordenaron entonces el traslado de Scortecchini a la Unidad II de Marcos Paz. Entre otras consideraciones los jueces manifestaron que "como bien lo señalara el fiscal en su dictamen no existe impedimento alguno para que el imputado pueda atender adecuadamente las dolencias invocadas en su lugar de detención". Ello se corrobora con lo informado por el propio penal N II de Marzos Paz, quienes cuentan con una unidad médico asistencial donde el interno puede ser asistido por todas sus dolencias y realizar los controles necesarios.

Cabe recordar que Scortecchini no solamente fue condenado por los tres jueces de la causa Díaz Bessone, sino que se encuentra a la fecha procesado por la comisión de 12 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y tormentos agravados, y por la comisión del delito de homicidio calificado en perjuicio de Gloria Fernández y Oscar Manzur.

Consultado por la decisión el fiscal Stara manifestó que consideró que "se ha arribado a la decisión más ajustada a derecho, cumpliendo adecuadamente no solo con lo resuelto en la condena del juicio Díaz Bessone, sino con la normativa relativa a delincuentes de lesa humanidad. Hemos advertido ya -agregó- la preocupación que embarga a las víctimas del terrorismo de estado en el sentido de evitar que los planteos relacionados con el estado de salud de los imputados se constituyan en el último bastión de impunidad para los represores", indicó Stara.

El efecto indeleble del miedo

Declararon vecinos como testigos de la masacre de la calle Juan B. Justo

El Tribunal Federal escuchó los testimonios de ocho vecinos de la casa en la que fueron asesinados tres militantes y dos niños. "Fue una situación muy traumática para todos los testigos", señaló la abogada querellante Oberlin.

 Por Sonia Tessa
Desde San Nicolás

Los efectos del terrorismo de estado extienden sus telarañas más allá de aquellos militantes que perdieron su vida o lo sintieron en carne propia. En la primera audiencia con testigos de la causa por la masacre de la calle Juan B. Justo 676 de San Nicolás, el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario se constituyó en el Concejo Deliberante de esta y recibió los testimonios de ocho vecinos de aquella casa en la que fueron asesinados los militantes Omar Amestoy, Ana María Fettolini, Ana del Carmen Granada, los niños Fernando (3 años) y María Eugenia Amestoy (cinco) y en la que sobrevivió Manuel Goncalves Granada, de cinco meses, hoy querellante en la causa. La habitante de la vivienda de enfrente, Elida Rodríguez, fue gráfica: "Había muchísimos corriendo por los techos de mi casa. Decían 'abran la puerta y saquen a los chicos'. Cuando nos arrimamos a la ventana, los tiros iban todos para el mismo lado. Estábamos muy asustados", relató la mujer. Pese a los años, y las experiencias reparadoras de justicia, el miedo sigue disciplinando, como quedó expresado en la mayoría de los testimonios de la audiencia de ayer. "Vimos cuando sacaron a las criaturas, que los pusieron corriendo en una camioneta de la policía", relató la mujer. De manera muy fresca, dijo que "nunca había visto policías de tantos colores".

El comienzo de la audiencia se demoró porque uno de los imputados, Manuel Fernando Saint Amant, que fue jefe del Area 132 del Ejército hasta 1977, manifestó estar descompuesto. Los controles médicos pertinentes -que determinaron su buen estado de salud- hicieron que el primer testigo se sentara a declarar pasadas las 12.30. En esta causa también están acusados el ex militar de la plana mayor de San Nicolás, Antonio Bossié y quien fuera jefe de la Policía Federal en esta ciudad, Jorge Muñoz.

El dueño de la casa alquilada por los Amestoy, donde se produjo la masacre, Nicolás Donatelli, se amparó en una dolencia sufrida en 1991 para explicar su falta de recuerdos. No le había impedido declarar en 2005. La siguiente testigo, su esposa María Tadeo de Donatelli contó que el mismo día de la masacre fue a ver cómo había quedado la casa. "Estaba rodeada de militares toda la cuadra. A la tarde, cuando quise ir por la vereda de enfrente no me dejaron pasar. Me puse a llorar y el guardia me preguntó por qué lloraba. Le dije que era la dueña de la casa. Entonces me dejó entrar sola. Estaba toda averiada", dijo la mujer. Recordó que las puertas estaban "todas agujereadas" y el baño "todo roto, con los azulejos reventados". En el baño, que no daba a la calle, estaban los niños, Fernando y María Eugenia, y además de la granada de gases lacrimógenos tirada a través de la claraboya, que les provocaron asfixia, había impactos de bala.

La tercera testigo fue la hija del matrimonio Donatelli, Pascualina, que eludió detalles sobre el momento del tiroteo (la familia vivía a una cuadra y media), y del estado posterior del inmueble. Los fiscales Adriana Saccone y Juan Murray le leyeron su declaración en la etapa de instrucción, para "refrescarle la memoria".

Si de desmemoria se trata, el otro hijo de los Donatelli, Carlos Alberto, no sólo negó haber escuchado el tiroteo, sino también haber visto cómo había quedado la casa. En el público, Manuel Goncalves se agarraba la cabeza. Esos mismos testigos le habían contado a él que había impactos incluso en el placard donde él fue escondido cuando era bebé. Murray leyó una parte de sus declaraciones en instrucción, y Donatelli las negó, pese a haber reconocido su firma. La abogada de la querella, Ana Oberlin, le preguntó si tenía miedo o había recibido amenazas. La respuesta también fue negativa. En el público, muchos se quedaron esperando que el presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echague, o los magistrados Beatriz Caballero de Baravani y Omar Digerónimo, le advirtieran sobre el peligro de cometer el delito de falso testimonio.

Después de la audiencia, Oberlin subrayó que los testigos hayan concurrido a cumplir con su deber. "Fue una situación muy traumática para todos los vecinos, el impacto del asesinato de los niños es notorio. Y aún así, todos tuvieron la valentía de cumplir con su deber", dijo la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El efecto indeleble del miedo resalta aún más la declaración de Rodríguez. "Creo que a las criaturas se las llevaron en una camioneta policial pero no sé, sinceramente, porque estábamos completamente asustados. Los sacaron envueltos en algo, corriendo, a ver si las criaturitas revivían", dijo la mujer, quien contó su preocupación por "el pibe chiquitito que la mamá llevaba en un cochecito". Aquel bebé era Manuel. "Había como tres o cuatro clases de uniformes, que nunca había visto", abundó sobre el despliegue de 100 efectivos de distintas fuerzas de seguridad para matar a tres militantes y sus hijos.

Sigue el juicio por amenazas a testigos de derechos humanos

Desde los correos de Yahoo

La causa contra Juan Gil, ex integrante de la guardia Rural Los Pumas en Reconquista, continúa mañana con la declaración de la presidenta de la compañía de correos electrónicos. Desde una cuenta de esa firma se enviaron las intimidaciones.

Con la presencia de la presidenta de Yahoo Argentina, Jacqueline Berzón, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe retoma mañana, a las 9, las audiencias de la causa por amenazas contra Juan Gil, un ex policía, integrante de Los Pumas, devenido en profesor de química en democracia, que operaba desde la ciudad de Reconquista. La jornada será especial, ya que la ejecutiva declarará sólo frente a la presidenta del Tribunal, María Ivón Vella. La convocaron por pedido del fiscal Martín Suárez Faisal, porque el acusado, en su indagatoria, puso en duda que la información remitida por la empresa fuera veraz. La causa se inició por una denuncia de los integrantes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, y daba cuenta de la recepción de correos electrónicos contra ese organismo, así como situaciones de difamación e intimidación. Los mismos mails fueron recibidos por la Fiscalía Federal de Reconquista y el Consejo Deliberante. Se trata de la primera causa en todo el país por amenazas contra testigos de causas de derechos humanos.

El juicio oral y público comenzó el 12 de julio pasado, con un tribunal que, además de Ivón Vella, completan José María Escobar Cello y Roberto López Arango. Los abogados querellantes son Iván Bordón y José A. Zaragoza. Más de 30 testigos pasaron desde entonces a lo largo de ocho audiencias, y demostraron la legalidad de los procedimientos judiciales que permitieron identificar a Juan Gil como autor de las amenazas.

Luego de una investigación de seis meses, la Fiscalía Federal de Reconquista determinó que este ex Personal Civil de Inteligencia, que formó parte de la guardia rural Los Pumas, era el autor de las amenazas que circularon por mail, firmados bajo el nombre de La Hermandad, y que se referían al expediente judicial 50\06, que investiga en Reconquista a los responsables de la represión ilegal en la zona durante la última dictadura.

Los mails incluían detalles sobre las declaraciones testimoniales de las víctimas además de acusaciones y amenazas de venganza. El fiscal federal Roberto Salum y su secretario abrieron un expediente que mantuvieron en reserva hasta la llegada del nuevo juez Aldo Alurralde, quien hizo lugar al pedido de allanamiento solicitado por el Ministerio Público. Los investigadores realizaron cruces informáticos, rastreos de cuentas de e﷓mail, informes de inteligencia y de dominios de los IP de las computadoras de un cíber desde donde La Hermandad realizaba sus amenazas.

Gil hizo una declaración indagatoria de cinco horas, y en su defensa dijo que le habían hackeado la cuenta de correo electrónico. Sus defensores son los abogados Gonzalo Miño y Mauricio Bonchini. "El equipo jurídico que lo defiende es el mismo del ex general Ramón Díaz Bessone y tiene a su cargo la defensa de Manuel Fernando Saint Amant, en San Nicolás. Esto da la pauta de que Gil no es un personaje menor", puntualizó Raúl Borsatti, integrante de la agrupación Norte Amplio por los Derechos Humanos. "La guardia rural Los Pumas fue esencial en la inteligencia y represión política de la zona. A simple vista, Gil podría parecer como un policía más, pero no es así. Este tipo realmente ha sido un personaje nefasto", agregó el militante.

La declaración de Berzón se realizará mañana, tras dos convocatorias fallidas, una de ellas con la fuerza pública. Finalmente, la presidenta del Tribunal pudo comunicarse con la ejecutiva que reside en Capital Federal y pactaron un encuentro.

A partir del jueves 30 de agosto comenzarán los alegatos, y en septiembre se conocerá la sentencia. La causa contra Gil es inédita en el país. "Es la primera vez que se puede capturar a un tipo que amenaza a testigos de causas de derechos humanos", indicó Borsatti. Gil abrió en su casa la cuenta de correo que había creado en un cibercafé, y de ese modo permitió que se lo identificara.

Delitos económicos de la dictadura

ORDENARON ABRIR OTRA PARTE DE LA CAUSA DE LA BIBLIOTECA VIGIL.

Lo ordenó el juez Bailaque y con "plenos efectos penales". Es para establecer las responsabilidades de la intervención a partir de 1977. Se sospechan delitos como "robo agravado, estafas y otras defraudaciones contra el patrimonio de la biblioteca".

 Por Lorena Panzerini

El juez Marcelo Bailaque ordenó abrir la investigación sobre los delitos económicos cometidos en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, durante la última dictadura militar, "con plenos efectos penales". El requerimiento de instrucción fue impulsado por el fiscal Gonzalo Stara, para establecer las responsabilidades ante la intervención de la Vigil, en 1977; y el juez hizo lugar la semana pasada. Al parecer, no hay antecedentes en la provincia de una investigación de delitos económicos, que revisten la categoría de delitos de lesa humanidad por su conexión con los hechos de los que fueran víctimas los ex directivos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue la primera en hablar de un tema "aún no ventilado" en los tribunales: el genocidio cultural. "Hubo un plan orquestado desde el Poder Ejecutivo Nacional para destruir todo vestigio de educación democrática y de libre pensamiento. Así lo demuestran los decretos e instrucciones dictados que se pusieron en vigor en todo el territorio de la Nación. Es una de las deudas pendientes, así como la de comenzar a desenmascarar a los civiles que pergeñaron dichas normas y los que las ejecutaron en los diversos cargos de la educación y la cultura", resaltaron desde la organización.

En el marco de la causa Feced, a mediados de julio, el juez Bailaque resolvió tener por parte querellante a los directivos de la biblioteca --sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones de la policía--, que recuperaron sus cargos en la Comisión Directiva, el 30 de julio pasado: Augusto Duri, Raúl y Antonia Frutos; y también a la hija de Augusto, Celina Duri. Además, resolvió aceptar a la APDH, para impulsar la investigación de los hechos.

Casi al mismo tiempo, la fiscalía solicitó requerimiento de instrucción por los hechos de "robo agravado, daño agravado, estafas y otras defraudaciones cometidos contra el patrimonio de la biblioteca". Estos fueron considerados "hechos susceptibles de ser encuadrados dentro del plan sistemático de represión clandestina e ilegal implantado en nuestro país como política de estado a partir del 24 de marzo de 1976".

La APDH representada por la presidenta de la delegación Rosario, Norma Ríos, y patrocinada por la abogadas María del Carmen Martínez, Matilde Gatti y Eliana Masegosa; y los tres directivos de la Vigil patrocinados por los abogados Marcelo Abaca y Marcelo Scalona interpusieron las querellas que profundizan las denuncias, haciendo hincapié en los delitos económicos "cometidos por quienes arrasaron esa institución emblemática, destruyendo los logros de años de trabajo y esfuerzo mancomunado", recordaron. Ríos planteó que "es a destacar que en la denuncia de la APDH se nombra a los cómplices civiles de los genocidas, colaboradores, en la ejecución de crímenes de lesa humanidad como torturas, muertes y desapariciones; y que son parte del genocidio cultural y económico. Civiles que continuaron a través de los años reivindicando lo actuado, negociando los bienes de la Vigil, y aportando a la impunidad desde el espacio de poder, universidades y cargos políticos; mientras las víctimas de tanta infamia luchaban cada día de estos más de 35 años para llegar a la verdad y la justicia, sin perder la memoria".

Consultado por Rosario/12, el fiscal Stara señaló que hoy recibirá a los abogados querellantes. "Tanto los abogados de la APDH como los particulares que patrocinan a los miembros de la comisión directiva, son los que tienen mayor caudal de información, por lo que la idea es trabajar mancomunadamente en el aporte de datos".

El 25 de febrero de 1977 una "comisión normalizadora" ingresó a la sede de la Biblioteca Vigil. Agustín Feced, Telmo Alcides Ibarra, el contador Canceleri, el capitán de Corbeta César Esteban Molina --quien sería designado interventor-- y el abogado Maldonado Puig prohibieron el acceso a los directivos, rodeados de personal policial que ingresó al edificio central.

Anularon las salidas transitorias de tres condenados en Sanra Fé

Brusa y Cía sin privilegios

Casación revocó las salidas transitorias del ex juez, Ramos y Aevi porque un Tribunal de Santa Fe no informó al Ministerio Público Fiscal el resultado "de las diligencias que apuntaban a mejorar los lazos familiares y sociales" de los condenados.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

La Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar a un planteo del fiscal general Martín Suárez Faisal y revocó las salidas transitorias del ex juez Víctor Brusa y de otros dos integrantes de la patota de la represión: el ex policía Eduardo "Curro" Ramos y la ex carcelera María Eva Aebi. Es otro fallo unánime de la Sala II -integrada por los camaristas Alejandro Slokar, Pedro David y Angela Ledesma﷓, la misma que hace tres meses, el 18 de mayo, ratificó la sentencia que pesa sobre los tres represores. En diciembre de 2009, Brusa había sido condenado a 21 años de cárcel, Ramos a 23 y Aebi a 19 años, pero en diciembre de 2011, el mismo Tribunal Oral de Santa Fe que los mandó a prisión -integrado por dos conjueces﷓, los benefició con "un régimen de salidas transitorias para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales". Ocho meses después, Casación anuló aquel fallo y ordenó dictar otro, pero ya sin los dos conjueces Andrea Creus y Carlos Renna, que fueron separados de la causa. "El juez no sólo necesita convencerse a sí mismo, sino también a los litigantes y a la sociedad, de la justicia de una decisión, pues una sentencia arbitraria implícitamente, ocasiona un desprestigio al Estado mismo", advirtió la Cámara.

Brusa fue el primer juez del país condenado por delitos de lesa humanidad. Y el primero en la provincia, beneficiado con salidas transitorias (dos cada quince días) por el mismo Tribunal que lo mandó a prisión. Un privilegio que compartió con Ramos y Aebi durante ocho meses, desde el 29 de diciembre de 2011, cuando los tres pasaron el fin de año en casa. Los beneficios de Brusa y compañía provocaron una conmoción entre sus denunciantes, que lo consideraron una "desmesura" y hasta una "arbitrariedad", aún cuando uno de los requisitos que debían cumplir era "no relacionarse con personas relacionadas con el delito cometido y/o sus víctimas".

El fiscal Suárez Faisal impugnó las salidas de Brusa, Ramos y Aebi con varios argumentos. Uno resultó clave. Sostuvo que el Tribunal integrado por el juez de Paraná, Roberto López Arango y los conjueces Creus y Renna "se limitó a requerir la opinión del Ministerio Público Fiscal respecto del primigenio pedido del defensor oficial", luego ordenó "distintas actuaciones" y por último concedió las salidas transitorias, pero sin "correr vista sobre el resultado de esas nuevas diligencias al Ministerio Público".

Un olvido que fulminó el fallo de las salidas transitorias. "Una omisión que es causal de nulidad", sostuvo la Cámara. Porque "el Ministerio Público Fiscal, es parte necesaria del incidente" y al "no poder argumentar" sobre el trámite, el "tribunal tampoco pudo escuchar esas razones". "Esta omisión deviene en causal de nulidad del pronunciamiento recurrido", máxime cuando el doctor Suárez Faisal cuestionó "los extremos fácticos" que esgrimió el Tribunal para beneficiar a los represores.

Por lo tanto, "la resolución impugnada no cumple con el parámetro legales, pues a la hora de evaluar la procedencia de las salidas transitorias se limita a afirmar dogmáticamente: 'Brusa ha cumplido el requisito temporal del art. 17, inc. I.a) de la ley 24.660, y reúne también las demás condiciones establecidas por los incisos II, III, y IV de la citada normativa'". Un fundamento en clave, indescifrable para el común, que la Cámara retrucó: "Es en los considerandos donde el juez no sólo necesita convencerse a sí mismo, sino también a los litigantes y a la sociedad, de la justicia de la decisión, pues una sentencia arbitraria implícitamente, ocasiona un desprestigio al Estado mismo".

Y luego cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia, "según el cual una de las pautas más seguras para verificar si la inteligencia de una disposición es racional y congruente con el resto del sistema del cual forma parte, es la consideración de sus consecuencias, análisis que en la resolución recurrida aparece soslayado".

"La Corte ha entendido históricamente que la misión judicial no se agota con la sola consideración indeliberada de la letra de la ley. En primer término porque, sin mengua de ella, es ineludible función de los jueces, en cuanto órganos de aplicación del ordenamiento jurídico vigente, determinar la versión, técnicamente elaborada, de la norma aplicable al caso, tarea a que esta Corte se ha referido aludiendo al establecimiento del sentido jurídico de la ley como distinto de su acepción semántica o vulgar, y como resultado de una interpretación sistemática y razonable. Y también porque los jueces son, en cuanto ministros de la ley, servidores del derecho para la realización de la justicia, que puede alcanzarse con resoluciones positivamente valiosas, derivadas razonablemente del ordenamiento jurídico vigente".

La Cámara recordó no sólo quién es Brusa ("la particular naturaleza de los hechos que se le atribuyeron y el alto grado de verisimilitud" derivó en la confirmación de la condena) sino también un criterio de la Corte ("la necesidad de evitar decisiones que pongan en riesgo la responsabilidad internacional del Estado argentino ante la obligación de juzgar y sancionar a responsables por delitos de lesa humanidad").

Y por lo tanto, la obligación del Tribunal Oral de un "mayor celo en el trámite y en el análisis sobre la viabilidad de las salidas transitorias, pues pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda responsabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación".

Detuvieron en Bariloche al represor Pirincha Peralta

Cayó un peso pesado

La detención se produjo después de una persecución de 30 kilómetros, que terminó con Peralta bajándose de su auto. Para detener su huída, los efectivos le dispararon en la pierna.

 Por Sonia Tessa

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo ayer por la mañana, cerca de Bariloche, a César Heriberto "la Pirincha" Peralta, represor de la patota de Feced que actuó en el Servicio de Informaciones de Rosario, con pedido de captura del juez federal Marcelo Bailaque por 29 delitos de lesa humanidad. La detención se produjo después de una cinematográfica persecución de 30 kilómetros, que terminó con Peralta bajándose de su auto y corriendo. Para detener su huída, los efectivos le dispararon en la pierna derecha. Peralta será juzgado en la segunda parte de la causa Ramón Genaro Díaz Bessone, conocida como Feced. Fue mencionado por la inmensa mayoría de los testigos y víctimas, ya que es uno de los responsables emblemáticos del centro clandestino de detención que funcionó en San Lorenzo y Dorrego, donde estuvieron cautivas alrededor de 2000 personas. De 57 años, el ex policía, que fue comisario de la seccional 20 en plena etapa democrática, estaba prófugo desde el 28 de agosto de 2006.

Por pedido de Bailaque, la PSA hizo tareas de inteligencia para determinar que Peralta vivía en las calles Llonquimay y Padre Milanesio de San Martín de los Andes. Ayer, a las 7 de la mañana, cuando el represor salió con su familia en un Fiat Weekend blanco, los efectivos allanaron el domicilio. Después de confirmar su identidad, dispusieron que se lo interceptara en Dina Huapi, a 18 kilómetros de Bariloche, en la ruta nacional 40, con la asistencia de la policía rionegrina.

Al ser detenido por la policía, Peralta hizo descender a sus acompañantes y realizó el gesto de extraer un arma de sus ropas. Esta actitud llevó al jefe del operativo, el mayor Guillermo Frankemberger, a pararse frente al vehículo. Dispuesto a evadirse, Peralta reinició la marcha con violencia, impactó al policía en una pierna y giró en "u" en la ruta, para huir velozmente hacia el norte.

Los efectivos de la PSA le dispararon a las ruedas y comenzaron a perseguirlo por más de 30 kilómetros, hasta el acceso a Paso Córdoba, en Confluencia Traful. Se trata de un camino de cornisa muy trabado, lo que obligó a Peralta a disminuir la marcha y permitió que la PSA pudiera alcanzarlo. Igualmente, embistió a una de las camionetas de la PSA, que se había arrimado a un costado, para hacerla caer a un acantilado, pero no lo logró. Finalmente, se detuvo poco más adelante y bajó del auto, para correr hacia un bosque cercano.

Los perseguidores intimaron al represor a detenerse y mostrar sus manos. Como siguió en su carrera le dispararon a las piernas, provocándole dos impactos en la extremidad derecha. Una vez que lograron detenerlo, Peralta fue trasladado al hospital zonal de Bariloche fuera de peligro, donde quedó internado, con custodia, a disposición de la justicia federal. Intervino el magistrado de Bariloche, Leonidas Moldes.

Peralta fue uno de los jefes policiales exonerados durante la gestión de Jorge Obeid, en 1997. Está imputado también en la causa de Conrado Galdame, asesinado el 16 de diciembre de 1978 en el Servicio de Informaciones. Desde el año pasado, el Ministerio de Justicia de la Nación ofrecía una recompensa de 100.000 pesos por datos de su paradero.

Continúa juicio contra represor acusado de amenazas

El juicio que se realiza en Santa Fe contra el ex personal civil de inteligencia Juan José Luis Gil, acusado de amenazar a investigadores en una causa por delitos de lesa humanidad, continuará mañana con la declaración de una representante de Yahoo Argentina, dijeron hoy voceros judiciales.

Se trata de Jacqueline Berzón, a quien el Tribunal Oral Federal pretende interrogar sobre la cuenta de correo electrónico atribuida al acusado y que fue utilizada para amenazar a personas vinculadas a la investigación de delitos de lesa humanidad.

Por otra parte, trascendió que la sentencia se leerá entre el 23 y el 24 de agosto, es decir con una semana de retraso, ya que según el cronograma original trazado por el Tribunal Oral, integrado por María Ivon Vella, José Escobar Cello y Otmar Paulucci, la lectura estaba prevista para el 17 de agosto.

Gil, de 67 años, está siendo juzgado por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", que tienen una pena prevista que va de los cinco a los diez años de prisión.

El ex policía está acusado de haber amenazado mediante correos electrónicos a funcionarios judiciales, querellantes y otras personas vinculadas a la denominada Causa 50 "Base Aérea", que investiga los delitos de la represión ilegal en Reconquista.

En las últimas audiencias declararon la directora del Profesorado 4 de Reconquista, Silvia Gauna; la periodista Mariela Cabás, Alejandro Córdoba y Angélica Pirani.

En ese sentido, allegados a la querella aclararon que el acusado "nunca dio clases en el Instituto de Formación Docente de Reconquista", sino que se desempeñó como profesor de la Escuela de Enseñanza Media 203 y de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos número 1020, en la que además fue vicedirector".

También declararon los oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Pultera y Fernando Telpuk.

Ambos narraron lo sucedido en un allanamiento realizado en el domicilio de Gil, en octubre de 2009, en el que efectuó amenazas contra Telpuk.

También se escucharon los testimonios de José Cofre Villagra (testigo del allanamiento y vecino del imputado), Facundo Ramírez (experto informático de la Policía Aeroportuaria) y Martín Posatieris (aeroportuario).

Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista Mario Alurralde, por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.

Gil niega haber creado la cuenta de correo (negritovega16@yahoo.com.ar) de la que partieron las amenazas.

Mediante los correos, firmados por una presunta organización secreta llamada "La hermandad", se hacía alusión a una "causa armada" por la Fiscalía, y se amenazaba con "ejecutar" a los fiscales José Ignacio Candioti y Salum, y al abogado Gabriel Hernández.

Juicio San Nicolás : Memorias con nombre propio

Cada juicio por delitos de lesa humanidad es la ventana a nuevas historias dramáticas, pero también heroicas, con nombres propios. ¿Por qué seguir asistiendo a esas audiencias cuando es conocido el modus operandi y la inconcebible crueldad del terrorismo de Estado? Para que la memoria tenga rasgos particulares, que hable de las personas.

 Por Sonia Tessa

En el preciso instante en que Adriana Alvira empezó a contar su historia, la desaparición de sus hermanas María Cristina y Raquel, secuestradas junto a Horacio Martínez el 5 de mayo de 1977 en su casa de Alvear 1519 en San Nicolás; el valor del juicio que se desarrolla por delitos de lesa humanidad en esa ciudad, a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, volvió a agigantarse. Como cada vez que un testigo cuenta lo vivido. En la causa Alvira, que juzga la desaparición de seis personas, el acusado es Manuel Fernando Saint Amant, que fue jefe del Area 132 del Comando del Primer Cuerpo de Ejército. No sólo se trata del estado argentino juzgando a quienes cometieron los crímenes en su nombre, sino también de la tardía reparación de cada historia particular, de cada resistencia. Pero además, los juicios todavía permiten avanzar en la investigación: la declaración de una vecina de María Rosa Baronio y Eduardo Reale, otros dos desaparecidos de la misma causa Alvira, permitirá investigar a otro militar, de apellido Poncio, que -según dijo-, participó del operativo (ver aparte). El juicio muestra además, la "generosidad" (según palabras del propio fiscal Juan Patricio Murray) del juez de instrucción Carlos Villafuerte Ruso, que sobreseyó, entre otros, al suboficial Roberto Nilson Suárez, quien -llamado como testigo- se contradijo hasta exasperar a los presentes. "Llegamos al juicio oral con muchos menos imputados de los que se podía llegar. Con los tres casos pasó lo mismo. El juez nunca investigó y también sobreseyó pese a contar con pruebas. Villafuerte Ruso dejó explícita su opinión sobre los hechos, pese a que no correspondía, y todos esos problemas que tuvimos en la causa hoy se expresan en el juicio oral y público", expresó Ana Oberlin, abogada de Hijos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El juicio continúa este martes, desde las 9.30, en los Tribunales Federales de Rosario, con la declaración del abogado santafesino Jorge Pedraza. Acumula tres causas: la caratulada Alvira, donde se juzga la desaparición de las hermanas Raquel y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Regina Spotti. En este expediente también se trata la sustracción ilegal de Fernando Alvira, hijo de María Cristina y Martínez, como así también de los dos niños de Spotti, Víctor y Martín Almada. La otra causa es por la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976, donde un operativo conjunto mató a Ana del Carmen Granada, Omar Amestoy, Ana María Fettolini y los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años. En esta causa, además de Saint Amant están imputados el ex jefe de la policía federal de San Nicolás, Jorge Muñoz, y el militar retirado Antonio Bossie, que integraba la plana mayor del Area 132. El martes 21 de agosto comenzarán los testigos de esta causa, todos declararán en San Nicolás, adonde volverá a constituirse el Tribunal integrado por Beatriz Caballero de Baravani, Jorge Venegas Echagüe y Omar Digerónimo. Se espera que el primero sea Manuel Gonçalves Granada, el único sobreviviente de la masacre, que tenía cinco meses cuando su madre fue asesinada. Antes, ella lo escondió en un placard, dentro del moisés, envuelto en un colchón, para protegerlo de las balas y los gases lacrimógenos. La tercera causa es por el secuestro de José Emilio Mastroberardino, propietario de la casa que alquilaban Spotti y su marido, Víctor Almada, quien logró escapar cuando llegaba a su casa. A Mastroberardino lo tuvieron una semana detenido ilegalmente, por haberles alquilado la casa a los Almada.

Cada juicio es además, como dijo Ingrid Schetgel, militante de Hijos y maestra, "una fenomenal enseñanza sobre la dictadura". La suspensión del estado de derecho queda patente en los relatos. Por ejemplo, el de María Inés Albuerno, vecina de la pareja que integraban Baronio y Reale. Esa mujer se preguntó, cuando vio cómo se llevaban a la joven en un auto, si "nadie podía hacer nada". Y decidió hacer lo que consideró correcto: avisar a la policía. La mujer no sabía que esa fuerza era parte de la maquinaria del terror. Por eso, desde el Espacio Juicio y Castigo convocan a asistir a los juicios, tras un trámite sencillo: la presentación de una fotocopia del documento nacional de identidad. Se trata de una historia que es presente.

* Al hall del Concejo Municipal de San Nicolás llegó Susana Lagorio en busca de Manuel Gonçalves Granada, el martes, el primer día que el juicio se hizo en esa ciudad. A Susana los ojos se le llenaron de lágrimas una y otra vez desde el momento en que pudo ver de nuevo a aquel bebé que tuvo en brazos hace 35 años, en el hospital San Felipe, en la habitación a la que habían confinado al único sobreviviente de la masacre de la calle Juan B. Justo. En la madrugada del 19 de noviembre de 1976, a ese centro de salud llegaron tres cadáveres de personas adultas. Y tres niños. Manuel tenía cinco meses, estaba en su moisés, con las vías respiratorias afectadas por los gases lacrimógenos. Fernando Amestoy, de 3 años, llegó asfixiado y murió en pocos minutos. María Eugenia, de cinco, pudo decir su nombre. La niña tenía una colita en el pelo, recuerda Lagorio, y sobrevivió algunas horas. El bebé, en cambio, vivió, solo, durante cuatro meses, en una habitación separada del resto de los niños internados en el hospital de agudos. Sólo la familia del policía Ricardi estaba autorizada para verlo.

Las enfermeras, las mucamas del hospital, sólo podían entrar a la habitación con custodia policial. Si los efectivos llevaban gorras, el bebé lloraba, inconsolable. "Era un bebé precioso, chiquito", dice Susana y hace el gesto de acunarlo en sus brazos. "Fue emocionante. Yo era mucama, auxiliar de enfermería, un poquito de todo. Lo tuve en brazos. Hay muchas enfermeras que lo cuidaron", dijo, aún tratando de reponerse del impacto del reencuentro. Más tarde, Manuel dirá, con su capacidad reflexiva, que muchas veces se pregunta cómo sobrevivió, tan pequeño, al desamparo. De qué se tomaba aquel bebé de cinco meses para aferrarse a la vida. Y contará que, cuando su hija cumplió cinco meses, entró en crisis al pensar que ése fue todo el tiempo que tuvo para compartir con su mamá.

* Beatriz Baronio fue la primera testigo. Los problemas de sonido en la sala del Concejo Deliberante hicieron difícil seguir su testimonio, pero igual fue inevitable emocionarse cuando contó el momento en que recibió el anónimo con el aviso del secuestro de su hermana, María Rosa. Su madre le arrancó el papel de las manos, comenzó a gritar. Era demasiado para esa madre que acaba de enterrar a Alberto Baronio, su hijo mayor, asesinado por el Ejército el 21 de abril de 1977 en Zárate. María Rosa y su pareja, Eduardo Reale, fueron secuestrados el 4 de mayo, pero el aviso llegó tarde a la familia, 20 días después. "Mi papá no salió nunca más desde lo que pasó con mis hermanos. Y de mi mamá, me acuerdo de despertarme a la madrugada con el llanto de ella", dijo Beatriz en la audiencia, el martes pasado. Su hermana María Rosa estudiaba en la Universidad Nacional del Litoral y fue suspendida por sus actividades políticas. Como todos los desaparecidos de la causa Alvira, fue a San Nicolás a refugiarse de la persecución, y vivió allí desde fines de 1975. "Nosotros íbamos a visitarla a San Nicolás, hacía una vida normal", dijo Beatriz. El dolor quedó a flor de piel cuando contó qué la carcome. "A mí me pone muy mal porque mi hermana estaba embarazada de tres meses. Yo no sé lo que pasó con ella, no sé si la agarraron y la mataron. No sé si mi sobrino nació o no", dijo la mujer.

* La historia de la familia Alvira tuvo como portavoz a Adriana, que tenía 16 años cuando desaparecieron sus hermanas Raquel y María Cristina. Vicente Marcial Alvira era un productor de Colonia San Roque, en el extremo norte de la provincia, que a partir de 1977 viajó primero a San Nicolás, para recuperar a su nieto Fernando, y luego infinidad de veces a Buenos Aires, para pedir datos sobre sus hijas. "Un día, mi papá se tomó el tren, compró un diario y vio una solicitada de las Madres de Plaza de Mayo. Supo que no estaba solo, que éramos muchos los que buscábamos a nuestros familiares", relató Adriana frente al Tribunal. La demora de los juicios se hace carne en Vicente Alvira. Nunca pudo ver juzgado, ni siquiera, al máximo responsable de esas desapariciones, Saint Amant. Y hay más: murieron impunes otros dos acusados en la causa, el mayor Diego Ricardez y el sacerdote Miguel Angel Regueiro, que ejecutó la coerción para entregar al bebé de nueve meses a su familia. Vicente Alvira debió firmar que sus hijas eran delincuentes subversivas para recuperar a su nieto.

* El testigo más esperado en la ciudad de San Nicolás fue, claro, José María "Cholo" Budassi. Cuando salió del Concejo Deliberante, los aplausos y los abrazos fueron interminables. "Es nuestro héroe local", dijo una vecina, con lágrimas en los ojos. El Cholo tenía 19 años cuando fue secuestrado, en la calle, camino a su casa, el 4 de mayo de 1977, a las 22. Pasó por tres centros clandestinos de detención en su ciudad. En la Brigada de Investigaciones estuvo con María Regina Spotti, que era su responsable en la organización Montoneros. Permaneció con ella, en el mismo lugar, tres o cuatro días, y fue el último que pudo escucharla viva. "En el momento en que no había guardias, a veces hablábamos con Regina por la pared. Ella me preguntó si sabía algo de sus hijos, de su compañero. Me contó que tenía una hermana, Claudia, que estaba detenida en Devoto. Que la habían careado con un compañero, Tito, que cayó en el río, y que después pudimos saber que era Carlos Armando Grande", relató el Cholo, integrante de la Mesa por la Memoria en su ciudad, el miércoles, frente al Tribunal, con la sala repleta de público que quería escucharlo, y más gente afuera. "En medio de ese infierno, la esperanza no tenía color, con ella nos acompañamos en esos breves días de mayo. Me tranquilizaba oírla. Con los años, muchas noches desperté escuchando su voz, era de una dulzura resignada. Aunque no la veía, yo me la imaginaba del otro lado, quizás por eso no puedo olvidarla, porque aunque sé que ya no está, la sigo escuchando", escribió el Cholo en 2009. Preso hasta la Navidad de 1982, cuando recuperó su libertad tenía 25 años. "Creo que aprendí más de la militancia y del compromiso político en la cárcel que en el breve lapso de mi militancia anterior", dijo ante una pregunta capciosa del abogado defensor de Saint Amant, Mauricio Bonchini.

Cada juicio por delitos de lesa humanidad es la ventana a nuevas historias dramáticas, pero también heroicas, con nombres propios. ¿Por qué seguir asistiendo a esas audiencias cuando es conocido el modus operandi y la inconcebible crueldad del terrorismo de estado? Para que la memoria tenga rasgos particulares, que hable de las personas.

El barrio como testigo

El 4 de mayo de 1977, María Inés Albuerno se preguntó si nadie iba a hacer nada para impedir que secuestraran a Mary, la chica que vivía frente a su casa. Tomó la bolsa de los mandados, fue a visitar a una amiga, y se decidió a hacer la denuncia en la comisaría, donde le dijeron que se iban a ocupar. Más tarde, vio que un camión del Ejército se llevaba los muebles y los objetos del "matrimonio joven", que eran María Rosa Baronio y Eduardo Reale, aunque ella no lo sabía. Una semana después, llegó el joven a su propia casa, y al ver que estaba ocupada por las fuerzas de seguridad, salió corriendo, perseguido con disparos. En el barrio se dijo que había tomado la pastilla de cianuro.

El miércoles pasado, en el juicio oral y público, identificó como una de las personas que estaba en los operativos a un militar que vivía cerca de su casa, en la peatonal 2 de San Nicolás, del barrio Don Bosco, una calle que sólo tiene 2 cuadras. Dijo que su apellido era Ponce, y después lo mencionó como Poncio. De inmediato, la fiscal Adriana Saccone pidió que se libre un oficio para averiguar si había algún militar con esos apellidos en 1977, en San Nicolás. Antes de terminar la audiencia, pudieron comprobar en documentación ya existente en esa época había en San Nicolás un militar de apellido Ponci. De este modo, la declaración de una vecina, después de 35 años, permite abrir una investigación sobre otro de los participantes de la represión ilegal.

Testimonio de "Cholo" Baldassi en el juicio de San Nicolás

La represión la vivió en carne propia

Fue secuestrado y torturado en 1977. "Más que información, parecía que buscaban destruirnos como personas", dijo ayer ante el tribunal. Apenas salió, comenzó a trabajar para reconstruir la historia de aquellos con los que compartió cautiverio.

 Por Sonia Tessa - Desde San Nicolás

José María "Cholo" Budassi dedicó su vida a investigar la represión en San Nicolás y recuperar la memoria de los compañeros desaparecidos. "Estar vivo para contarlo es algo que ha signado mi vida. Hoy, frente al Tribunal, es el momento", dijo ayer en el Concejo Deliberante, donde se realizó la audiencia por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta ciudad. Budassi es testigo en la causa Alvira ﷓﷓por las desapariciones de María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Regina Spotti﷓﷓ y al mismo tiempo es querellante en la causa por su propio secuestro, el de su amigo Pablo Leonardo Martínez y la desaparición de Gerardo Cámpora y Carlos Farayi, a la que se conoce como la de los ex alumnos del Colegio Don Bosco. Antes de terminar su testimonio, Budassi planteó su descontento. "Vengo a declarar como testigo en esta causa, pero también declaro como víctima y quiero expresar que todavía no entiendo por qué la causa del colegio Don Bosco no puede estar en este juicio. Por una decisión del juez (federal de San Nicolás, Carlos) Villafuerte Ruso, se desdobló, cuando es evidente por la fecha de los hechos y por los mismos documentos de inteligencia militar que se trata del mismo operativo", planteó. La presidenta del Tribunal Oral Federal número 2, Beatriz Caballero de Baravani, atinó a decirle que se trataba de "cuestiones procesales que no hemos podido evitar".

Después de la audiencia, la abogada de la querella particular, Ana Oberlin, subrayó que el desdoblamiento es una de las tantas decisiones criticables del juez de instrucción. La profesional de Hijos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apuntó que en las tres causas de San Nicolás "se llega al juicio oral con muchos menos de los imputados que se podría llegar. Villafuerte Ruso nunca investigó la conexión entre los distintos hechos y sólo dejó acusados a los que no podía obviar". "En la masacre de la calle Juan B. Justo está muy claro, porque había elementos para procesar a muchas otras personas. El juez de instrucción dilató los tiempos, fragmentó las causas, dejó que los acusados permanecieran libres pese a la gravedad de los delitos, y todas esas deficiencias las estamos pagando en el juicio oral", enfatizó la abogada.

En la causa de la masacre se investiga el asesinato de Omar Amestoy, Ana María Fettolini, los niños de 5 y 3 años María Eugenia y Fernando Amestoy y Ana del Carmen Granada. Por ese hecho están acusados el que fuera jefe del Area Militar 132 del Primer Cuerpo de Ejército, Manuel Fernando Saint Amant, el militar retirado Antonio Bossie y el ex jefe de la policía Federal, Jorge Muñoz. En la causa Alvira, en cambio, sólo se juzga a Saint Amant, al igual que en el secuestro de José Emilio Mastroberardino.

A Budassi nadie le contó cómo fue la represión en su ciudad. La vivió en carne propia. El testigo relató su secuestro, el 4 de mayo de 1977, cuando volvía a su casa por calle Almafuerte, manejando la camioneta familiar. Esa noche, lo llevaron a una casa operativa de la patota, cerca de la fábrica Somisa, en el barrio del Golf. Allí lo torturaron. "A veces, más que información, parecía que buscaban destruirnos como personas, obligarnos a traicionarnos a nosotros mismos y a quienes queríamos", dijo el Cholo. A la mañana siguiente, escuchó que llevaban a ese lugar a otras personas. Sintió voces de mujeres, eran una o dos. Le hicieron lo mismo que él ya había sufrido. "Para alguien que la vivió, es aún más desesperante escuchar que a otro lo torturan", expresó su dolor.

Al día siguiente, el Cholo intentó escaparse. Llegó a saltar por la ventana y correr unos metros, pero lo recapturaron. Lo llevaron a otro sitio. "Estuve en una celda, pedí para ir al baño y nadie me contestaba. En un momento escuché una voz que me decía 'gordo, gordo, ¿sos vos?'. Era María Regina Spotti, una compañera que había sido secuestrada el 21 de abril, a la que conocía de la militancia barrial. Ella le dijo que estaban en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás. Al menos hasta el domingo 8 de mayo de 1977 estuvo allí y, cuando los guardias no controlaban, pudo conversar con María Regina. "Fui la última persona que pudo escucharla con vida. Es un compromiso muy grande", se sinceró Budassi.

Después de mantenerlo al menos tres días en la Brigada de Investigaciones, Budassi volvió a ser trasladado, a un lugar que estaba sobre la ruta 21, en el camino a Villa Constitución. En ese lugar eran "unos cuantos". Advirtió que además del matrimonio que escuchó el primer día, había algunas personas más. Allí permaneció hasta el 24 de mayo, cuando a él y a su amigo Pablo Martínez les fraguaron una detención en la comisaría 1ª de Junín. Supo por un subcomisario que el obispo Ponce de León había pedido por su vida. Budassi continuó detenido hasta la Navidad de 1982. Apenas salió, comenzó a trabajar para reconstruir la historia, pudo conocer los nombres de las personas con las que compartió cautiverio, que hoy forman parte de la causa Alvira. A partir de 2003, empezó a colaborar con el Equipo Argentino de Antropología Forense y tuvo acceso a un documento de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires que describía claramente la represión en San Nicolás entre enero y julio de 1977. Allí estaban los nombres de todos los militantes desaparecidos en la zona. Budassi aportó hace años ese documento a la causa.

Una maliciosa pregunta del defensor particular de Fernando Saint Amant, Mauricio Bonchini, puso a Budassi en situación de responder a qué se refería cuando habló de "traicionarse a sí mismo y a las personas que quería". En ese momento, Budassi no pudo contener la emoción. "Para mí es muy doloroso responderlo. No sé si puede interpretarlo una persona que no pasó por el secuestro y la tortura", describió el testigo, quien lo puso en primera persona: "Me destruyó cuando me dijeron 'boludo, por qué no lo nombraste a Pablo si lo tenemos adentro desde las 5 de la tarde'. Por lo cual todo el esfuerzo, toda la resistencia que yo hice para no nombrarlo...". En ese momento, Budassi no pudo seguir hablando. El fiscal Juan Murray pidió la palabra. "Se están investigando hechos de los que el señor Budassi ha sido víctima, no la organización a la que pertenecía", puntualizó para impugnar las preguntas revictimizadoras.

Antes de abandonar el recinto, Budassi aclaró que estaba allí como "militante popular que padeció la cárcel y la persecución por razones que hoy son como respirar, que los jóvenes participen en los centros de estudiantes y se comprometan con un mundo mejor es lo que nosotros queríamos". El aplauso de la sala fue el broche de oro de la declaración.

Un dolor imposible de definir

DECLARARON BEATRIZ BARONIO Y ADRIANA ALVIRA, HERMANAS DE DESAPARECIDAS

Después de 35 años, pudieron contar sus historias frente al tribunal que lleva adelante el juicio a represores en San Nicolás.

 Por Sonia Tessa
Desde San Nicolás

Buscaron a sus hermanas durante años. Querían volver a verlas vivas o, al menos, saber qué había pasado con ellas. Después de 35 años, ayer pudieron contar sus historias frente a un tribunal. Beatriz Baronio y Adriana Alvira se abrazaron con ganas al final de la primera jornada de testimonios del juicio oral y público de la primera causa por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Fue en el hall del Concejo de esta ciudad, adonde ayer se trasladó el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario para tomar los primeros testimonios. Las dos testigos --de los cinco que pasaron en la primera jornada-- eran adolescentes cuando la vida de sus familias se desbarató. Adriana brindó un minucioso y conmovedor relato de la desaparición de sus hermanas Raquel y María Cristina, y su yerno, Horacio Martínez, el 5 de mayo de 1977 en su casa de Alvear 1519. Cada historia que se despliega en estos juicios renueva el dolor, le da carnadura al terrorismo de estado.

Baronio tenía 15 años el día que recibió un anónimo en su casa, en Elortondo, destinado a su padre. Atinó a abrirlo: la esquela escrita a máquina por "un buen amigo" les avisaba que Rosa Baronio y su pareja, Eduardo Reale, habían sido secuestrados en San Nicolás. Los cinco desaparecidos forman parte de la causa Alvira, que incluye a María Regina Spotti, secuestrada en su casa, en el kilómetro 4 de la ruta 188, el 21 de abril de 1977.

Para la familia Baronio, la cosa había empezado un mes antes: el 21 de abril, en Zárate, el Ejército mató a Alberto Baronio y a Mónica, su pareja, embarazada de cinco meses. Esos cuerpos pudieron recuperarlos un mes después. Por entonces, con 20 días de demora, les llegó el aviso sin firma del secuestro de Rosa y Eduardo. La pareja fue privada de la libertad en la calle, el 4 de mayo de 1977. El padre, Carlos Alberto, hombre de campo, viajó una y otra vez a Buenos Aires para averiguar sobre el destino de su hija, pero jamás obtuvo respuestas. "Lo único que pedían mis padres, y es lo que yo quiero, es saber qué hicieron con ella", dijo ayer Beatriz.

El último testimonio de la tarde fue el de Adriana Alvira. El dolor se respiraba en la sala. María Cristina y Horacio, el esposo, eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista en 1975, y tras ser suspendidos en la Universidad Nacional del Litoral decidieron mudarse a San Nicolás. "La persecución política era muy fuerte", contó Adriana. Raquel, la otra hermana, estudiaba Derecho y también fue suspendida de la UNL y decidió volver a Colonia San Roque, la población del norte de la provincia, donde vivía la familia.

María Cristina y Horacio tuvieron un bebé en San Nicolás. "Fernandito está hermoso. Se parece mucho a Horacio. Dice ma-ma y pa-pa. Lo pongo así porque el mocoso lo dice así", son algunas de las frases que leyó Adriana de las cartas que enviaba su hermana.

A fines de abril, Raquel viajó 550 kilómetros para visitar a su sobrino. Estaba en la casa de su hermana el 5 de mayo, al mediodía, cuando entró el Ejército. María Cristina cocinaba. Los militares dejaron a Fernando, de nueve meses, al cuidado de un vecino, por instrucciones del propio coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército, que ordenó llevarlo a un orfanato.

Vicente Marcial Alvira debió firmar un papel acusatorio de sus hijas para recuperar a Fernando. Rogó por datos. Empeñó su vida en la búsqueda. Viajó desde Colonia San Roque a Buenos Aires una y otra vez, en soledad. Sembraba a destiempo, se endeudó, vendió una parte del campo. "No sabíamos ni siquiera en qué día vivíamos. Para nosotros había lluvia y sol, porque de eso dependía que mi padre pudiera salir a la ruta para tomar el tren a Buenos Aires", rememoró Adriana. Ellos mismos redactaban los hábeas corpus porque no conseguían un abogado que lo hiciera. En 1984, uno de los sobrevivientes de San Nicolás, Pablo Leonardo Martínez, le escribió a Adriana para contarle que había compartido cautiverio con María Cristina, Raquel y Horacio. "Escuchó cuando torturaban a mis hermanas", dijo Adriana, y parecía que no podría continuar. "Es un dolor indecible, imposible de definir. Es como alguien que se muere muchas veces, y uno está ahí al lado. O no está", sintetizó.

El silencio era tan fuerte

Víctor Almada, Omar Mastroberardino y Fernando Alvira también dieron testimonio ayer en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Almada relató el secuestro de su esposa, María Regina Spotti, junto con sus hijos, Víctor y Martín, de un año y ocho meses y de ocho meses. Mastroberardino se refirió a ese mismo secuestro, en el que se llevaron a su tío, José Emilio Mastroberardino, que alquilaba la casa a la familia Almada. Aunque su tío dedicaba la vida al reparto de frutas, y jamás había militado, estuvo una semana secuestrado.

Fernando Alvira, que tenía nueve meses cuando secuestraron a sus padres María Cristina y Horacio Martínez, hizo llorar a toda la sala. Entró con una foto de sus padres en las manos. "Cuando tenía ocho o nueve años, se me venía el mundo abajo cuando me preguntaban quiénes eran mis padres", le dijo a los jueces Beatriz Caballero de Baravani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe. "En setiembre va a nacer mi hijo, Bautista, y también va a sufrir las consecuencias de la tragedia que vivió mi familia en mayo de 1977, porque dos de sus cuatro abuelos no van a estar. Y eso no es justo", afirmó. El silencio era tan fuerte que llegaban a escucharse las lágrimas del público.

Rosario : Acto por Mariano Ferreyra

Diferentes organizaciones como el Partido Obrero, CTA Rosario, COAD y ATE marcharon ayer desde la plaza Sarmiento hasta la Bolsa de Comercio, en la jornada de inicio del juicio por el asesinato del militante Mariano Ferreyra. Las organizaciones políticas, sociales y gremiales reclamaron que el crimen del militante del PO culmime con "cárcel y perpetua para todos los culpables".

La movilización comenzó a las 18 en la plaza Sarmiento, en San Luis y Corrientes y se trasladó hasta la sede de la Bolsa de Comercio (Corrientes y Córdoba), donde se realizó el acto.

Las principales consignas de la convocatoria fueron "justicia por Mariano, perpetua a Pedraza y a todos los responsables" y "castigo a los funcionarios y empresarios cómplices y avance las causas paralelas". También se repudió la "burocracia sindical", la "tercerización y precarización laboral" y la "persecución a los luchadores sindicales".

Las organizaciones que promovieron la movilización recordaron que "Mariano fue asesinado por participar de un reclamo para que los obreros tercerizados pasaran al convenio ferroviario". Asimismo, los dirigentes presentes como Gustavo Brufman, Gustavo Teres, Norma Ríos de APDH Alejandro Parlante y Carlos Blanco del PO, se quejaron porque "los funcionarios de la Secretaría de Transporte, como Jaime y Schiavi, sin embargo, no comparecerán en el juicio y tampoco las patronales de Ugofe, partícipes del negociado y colaboradoras de la patota".