Scortecchini habría violado el régimen de libertad que le impuso la Justicia.
El equipo jurídico de la liga Argentina por los Derechos Humanos del Hombre (Ladh) y la organización de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Rosario pidió ayer la prisión efectiva del ex comisario principal durante la dictadura, José Carlos Antonio Scortecchini, uno de los acusados por delitos de lesa humanidad en la causa Díaz Bessone, por considerar que “violó” el protocolo de libertad preestablecido por la Justicia. Por ese motivo, los abogados que actúan en la causa pidieron la revocación inmediata de ese beneficio.
El jueves, Scortecchini no respondió en dos oportunidades a la supervisión del personal de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Penitenciaria (ex Patronato del Liberado), por lo que se informó a los miembros del Tribunal Oral Federal Nº2, que sustancia el juicio en Rosario, de la “falta” en que incurrió el imputado. También se dio inmediato aviso a la Unidad Fiscal a cargo de Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. Es que al principio se temió por un intento de fuga, por lo que se accionaron todos los mecanismos de alerta judicial.
Desde que el tribunal decidió la excarcelación de cinco de los seis imputados, se estableció un régimen de control aleatorio en los domicilios de los acusados. Anteayer, cuando personal judicial fue a supervisar el domicilio de Scortecchini, éste no respondió el llamado dos veces. La primera visita fue a las 8.30 y la segunda ocurrió por la tarde. En ambas oportunidades no se pudo dar con el represor. Recién cerca de la medianoche apareció Scortecchini, quien adujo que no escuchó el timbre por estar afectado su domicilio a un corte de luz y tampoco pudo oír el llamado a viva voz por haber estado en el fondo de su casa, trabajando en un taller.
Según pudo saber La Capital, ya se había librado una orden de detención apenas se conoció la “desaparición” del ex comisario, pero se habría revocado al aparecer nuevamente en su domicilio. Scortecchini tuvo que rendir cuenta ayer de su situación en tribunales, aunque se desconoce qué medida podrían tomar los funcionarios judiciales ante la falta en que incurrió el imputado de delitos de lesa humanidad.
Scortecchini, junto a los ex policías Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, Ramón Vergara y Ricardo Chomicky, están libres. El único que cumple prisión preventiva domiciliaria en este proceso es el principal imputado en la causa, el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone.
El secretario de Asuntos Penales de la provincia, Juan Lewis, explicó ayer a La Capital que cuando el tribunal decidió excarcelar a los represores, en vez de encomendarle la supervisión de los imputados mientras dure el proceso a la Policía Federal, se elaboró un plan conjunto entre el Ministerio de Justicia y los magistrados actuantes. “La tarea de supervisar que los acusados estén en sus hogares la hace la Dirección Provincial de Control y Asistencia Penitenciaria y deben informar al tribunal si ocurre alguna anomalía, como sucedió con el caso en cuestión”, por el de Scortecchini.
El funcionario dijo que desde comenzaron las audiencias, aparte de este problema con Scortecchini, hubo otro al principio del juicio cuando uno de los imputados (Chomicky) dio una dirección que no se correspondía con su verdadero domicilio.
Scortecchini está siendo juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos mientras se desempeñó como policía dentro del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.
“Esta situación demuestra a las claras de la inutilidad de los mecanismos de control dispuestos por el Tribunal Oral Federal 2”, dijeron los organismos de derechos humanos, quienes volvieron a pedir que todos los imputados en la causa “tengan prisión efectiva y en cárcel común”, como sugirió la Corte Suprema de la Nación.
El jueves, Scortecchini no respondió en dos oportunidades a la supervisión del personal de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Penitenciaria (ex Patronato del Liberado), por lo que se informó a los miembros del Tribunal Oral Federal Nº2, que sustancia el juicio en Rosario, de la “falta” en que incurrió el imputado. También se dio inmediato aviso a la Unidad Fiscal a cargo de Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. Es que al principio se temió por un intento de fuga, por lo que se accionaron todos los mecanismos de alerta judicial.
Desde que el tribunal decidió la excarcelación de cinco de los seis imputados, se estableció un régimen de control aleatorio en los domicilios de los acusados. Anteayer, cuando personal judicial fue a supervisar el domicilio de Scortecchini, éste no respondió el llamado dos veces. La primera visita fue a las 8.30 y la segunda ocurrió por la tarde. En ambas oportunidades no se pudo dar con el represor. Recién cerca de la medianoche apareció Scortecchini, quien adujo que no escuchó el timbre por estar afectado su domicilio a un corte de luz y tampoco pudo oír el llamado a viva voz por haber estado en el fondo de su casa, trabajando en un taller.
Según pudo saber La Capital, ya se había librado una orden de detención apenas se conoció la “desaparición” del ex comisario, pero se habría revocado al aparecer nuevamente en su domicilio. Scortecchini tuvo que rendir cuenta ayer de su situación en tribunales, aunque se desconoce qué medida podrían tomar los funcionarios judiciales ante la falta en que incurrió el imputado de delitos de lesa humanidad.
Scortecchini, junto a los ex policías Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, Ramón Vergara y Ricardo Chomicky, están libres. El único que cumple prisión preventiva domiciliaria en este proceso es el principal imputado en la causa, el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone.
El secretario de Asuntos Penales de la provincia, Juan Lewis, explicó ayer a La Capital que cuando el tribunal decidió excarcelar a los represores, en vez de encomendarle la supervisión de los imputados mientras dure el proceso a la Policía Federal, se elaboró un plan conjunto entre el Ministerio de Justicia y los magistrados actuantes. “La tarea de supervisar que los acusados estén en sus hogares la hace la Dirección Provincial de Control y Asistencia Penitenciaria y deben informar al tribunal si ocurre alguna anomalía, como sucedió con el caso en cuestión”, por el de Scortecchini.
El funcionario dijo que desde comenzaron las audiencias, aparte de este problema con Scortecchini, hubo otro al principio del juicio cuando uno de los imputados (Chomicky) dio una dirección que no se correspondía con su verdadero domicilio.
Scortecchini está siendo juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos mientras se desempeñó como policía dentro del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.
“Esta situación demuestra a las claras de la inutilidad de los mecanismos de control dispuestos por el Tribunal Oral Federal 2”, dijeron los organismos de derechos humanos, quienes volvieron a pedir que todos los imputados en la causa “tengan prisión efectiva y en cárcel común”, como sugirió la Corte Suprema de la Nación.
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