El espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo denunció que en el caso que investiga el asesinato de la sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, asesinada tras dar testimonio en el juicio que condenó al ex juez Víctor Brusa por delitos de lesa humanidad, existe una "inacción de la justicia". Y detallaron que tras la orden de la Corte Suprema de pasar la causa a la Justicia federal, el juez a cargo ordenó pasar al juicio oral y, desde entonces, no se realizaron nuevas medidas de investigación. Además, apuntaron que se aceptó como defensor de oficio de los acusados, a quien fue abogado de Brusa.
Suppo fue apuñalada el 29 de marzo de 2010 en su comercio de la ciudad de Rosario, tras sufrir amenazas por su rol en los juicios de lesa humanidad, especialmente por haber sido importante testigo del juicio que condenó al ex juez Brusa a 21 años de prisión por apremios ilegales durante la dictadura militar.
También impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela, en una investigación cuyos imputados viven en la misma ciudad.
La agrupación recordó que a un año del asesinato, "resultó alentadora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de elevar (el caso) a fuero federal", pero criticaron que "la primera decisión del juez federal Reynaldo Rodríguez -a días de haber sido designado como juez actuante por la Corte Suprema de Justicia- fue elevar la causa a juicio oral, sin haber realizado una mínima investigación y desoyendo la orden del órgano supremo de justicia".
Además, consideraron "llamativa" la vinculación del defensor de oficio de los imputados en la causa, Fabio Procajlo, quien "fue defensor de Brusa en la causa en donde el testimonio de Silvia Suppo fue determinante para condenarlo a prisión por delitos de lesa humanidad en 2009".
También puntualizaron "evidentes irregularidades en el accionar policial" dado que "ningún funcionario policial fue citado a declarar ni apercibido" y que "hasta el momento los jueces y fiscales sólo se ocuparon de acumular fojas y testimoniales sin relacionar los hechos, ni pedir ampliaciones, ni intervenir en los testimoniales y declaratorias".
"Es evidente que existe una intención de que se terminen el plazo legal de dos años para la instrucción, con el claro objetivo de elevar a juicio sin investigar", denunciaron. "Seguimos exigiendo que se realice una investigación profunda y exhaustiva para conocer a los autores intelectuales y materiales de su asesinato",finalizaron.
Suppo fue apuñalada el 29 de marzo de 2010 en su comercio de la ciudad de Rosario, tras sufrir amenazas por su rol en los juicios de lesa humanidad, especialmente por haber sido importante testigo del juicio que condenó al ex juez Brusa a 21 años de prisión por apremios ilegales durante la dictadura militar.
También impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela, en una investigación cuyos imputados viven en la misma ciudad.
La agrupación recordó que a un año del asesinato, "resultó alentadora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de elevar (el caso) a fuero federal", pero criticaron que "la primera decisión del juez federal Reynaldo Rodríguez -a días de haber sido designado como juez actuante por la Corte Suprema de Justicia- fue elevar la causa a juicio oral, sin haber realizado una mínima investigación y desoyendo la orden del órgano supremo de justicia".
Además, consideraron "llamativa" la vinculación del defensor de oficio de los imputados en la causa, Fabio Procajlo, quien "fue defensor de Brusa en la causa en donde el testimonio de Silvia Suppo fue determinante para condenarlo a prisión por delitos de lesa humanidad en 2009".
También puntualizaron "evidentes irregularidades en el accionar policial" dado que "ningún funcionario policial fue citado a declarar ni apercibido" y que "hasta el momento los jueces y fiscales sólo se ocuparon de acumular fojas y testimoniales sin relacionar los hechos, ni pedir ampliaciones, ni intervenir en los testimoniales y declaratorias".
"Es evidente que existe una intención de que se terminen el plazo legal de dos años para la instrucción, con el claro objetivo de elevar a juicio sin investigar", denunciaron. "Seguimos exigiendo que se realice una investigación profunda y exhaustiva para conocer a los autores intelectuales y materiales de su asesinato",finalizaron.
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