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domingo, 17 de abril de 2011

Los coroneles organizados para eliminar

Fueron procesados dos militares retirados de alto rango por el asesinato de una militante política.

Se trata de José María González y Jorge Roberto Diab, ambos con alta responsabilidad en inteligencia durante la última dictadura en Santa Fe. El juez los acusó por el asesinato de Luci Gómez, una militante de la juventud peronista.
Por Juan Carlos Tizziani  Desde Santa Fe

El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó a los coroneles retirados José María González y Jorge Roberto Diab, por el homicidio de una militante de la Juventud Peronista, Gladys Lucía Gómez ("Luci"), en febrero de 1976, la última víctima de la masacre del camino de Las Moras que el Equipo Argentino de Antropología Forense recién logró identificar en setiembre de 2010, tras ser inhumada como NN hace 35 años. González era el jefe del Area 212 y Diab el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y ya estaban procesados por asesinato de las otras tres víctimas del crimen: Olga Teresita Sánchez, Graciela Siryi y María Cristina Mattioli, que también militaban en la JP. Los dos militares formaron parte de una "organización criminal" que tenía como objetivo "la eliminación física" o la "neutralización ideológica de los opositores políticos". Y desde ese aparato del terrorismo de estado, "comandaron, organizaron o ejecutaron" los delitos de lesa humanidad que se les imputan, dice el fallo judicial al que tuvo acceso Rosario/12.

"Lucy" Gómez y sus compañeras fueron secuestradas entre el 27 y el 28 de febrero de 1976, en Santa Fe. Sus cuerpos aparecieron casi un mes después, el 19 de marzo, en una fosa común cerca de Coronda, en el camino a Larrechea, con las manos atadas y disparos en la cabeza. Los inhumaron como NN en el cementerio de Coronda, donde una investigación judicial los rescató en 1998 y tardó trece años en devolverles la identidad: Sánchez fue identificada en 2004; Mattioli, en 2007; Siryi, en 2008 y Gómez, recién en setiembre de 2010. En la causa, se investiga también el secuestro de Mario Luis Totterau, esposo de Mattioli, que sigue desaparecido.

En la resolución, el juez Rodríguez ordenó un embargo sobre los bienes de los dos represores "hasta cubrir la suma de 500 mil pesos", pero les mantuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, a pesar de los crímenes impunes. Diab está imputado por 34 homicidios y González por 23, y este año debería ir a juicio oral por uno de esos casos: el secuestro y la muerte de Mario Osvaldo Marini y la privación ilegal de la libertad de la esposa de éste, Ana María Cavadini, el 9 de diciembre de 1975. Las cuentas de ambos, incluyen los cuatro asesinatos en el camino de Las Moras.

González y Diab formaron parte "de la organización de un plan sistemático criminal que tenía como fin la eliminación física o neutralización ideológica de los opositores políticos, desde estructura estatal. Ocupaban importantes cargos dentro del aparato represivo y desde allí comandaron, organizaron o ejecutaron las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se les imputan", dice el fallo judicial. González asumió como jefe del Area 212 en diciembre de 1974, la noche del golpe del 24 de marzo de 1976 derrocó al gobernador Carlos Sylvestre Begnis y se convirtió en el primer interventor de la dictadura en la provincia hasta mayo de 1976 y en diciembre de 1976, cedió la jefatura del Area 212 a su sucesor, el coronel Juan Orlando Rolón ya fallecido, quien ocupó el cargo hasta 1979. Mientras que Diab se desempeñó en Destacamento de Inteligencia Militar 122 durante cuatro años, desde el 12 de diciembre de 1975 hasta 1979, como jefe de la Primera Sección y segundo jefe de la unidad.

El fallo de 34 fojas prueba la "inescindible relación" entre "la tarea de inteligencia" que se realizaba "en el Destacamento 122 al que pertenecía Diab, en un grado jerárquico de mando" y "los operativos" de los grupos de tareas. Pero no sólo para señalar el "objetivo" "como se identificaba a las víctimas de la represión sino también por su "colaboración habitual como grupo operativo" en los secuestros y crímenes.

En la indagatoria, Diab admitió que su "actividad" en el Destacamento 122 "era la reunión de información y coordinación de los distintos objetivos que se marcaban". Por lo que el juez Rodríguez recordó un fallo de la Cámara Federal de Rosario sobre cómo operaba el terrorismo de estado. "Todas las víctimas declararon haber sido aprendidas y objeto de torturas para obtener información y esa información (") volvía a servir para detectar nuevos sospechosos, que a su vez serían detenidos y torturados para obtener más datos", agregó.

Los dos imputados "desempeñaron puestos de altar jerarquía militar" en el aparato represivo de Santa Fe. "En tal carácter, impartieron directivas a sus subordinados, en forma conjunta o alternada, para cumplir con el objetivo de la eliminación física o neutralización ideológica" y "supervisaron su efectivo cumplimiento dentro de sus respectivas atribuciones. En ese cometido, tenían poder de decisión sobre los operativos represivos llevados a cabo en esta jurisdicción y el destino final de las víctimas".

Según Rodríguez, en la causa hay pruebas "suficientes y concordantes" que acreditan la "la intervención de González y Diab como partícipes necesarios" en el "homicidio" de "Lucy" Gómez, "hecho éste que habría sido perpetrado por parte de fuerzas militares y/o policiales bajo su dependencia", concluyó.

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