EXPUSO LA DEFENSORA DEL REPRESOR GUERRIERI
Por José Maggi
Las defensas de los represores de la causa Amelong-Guerrieri, comenzaron ayer a explicar sus argumentos. El primer turno fue para la defensa del imputado Oscar Pascual Guerrieri, quien integrara el Cuerpo Comando del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar con el grado de Teniente Coronel. Apenas comenzó la audiencia, testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y público, desplegaron las fotos de los desaparecidos y la jueza Beatríz Caballero de Baravani ordenó desalojar la sala.
Los abogados de oficio que en doble turno se tomaron unas cuatro horas para su alegato no dejaron de "reconocer la repugnancia de los delitos de esta laya, la gravedad de los hechos y el marco histórico en que se produjeron", según dijo Mariana Grasso, abogada de la defensa. No obstante la letrada intentó demostrar que "la prueba de cargo producida durante el juicio no resultaría suficiente para acreditar la responsabilidad de Guerrieri en los hechos por los que se lo acusa".
La defensa solicitó que, "en caso de dictarse una sentencia condenatoria, se mantengan las actuales condiciones de detención de Guerrieri, esto es, prisión domiciliaria, argumentando razones de salud y la avanzada edad del imputado". Grasso intentó relativizar algunos aspectos de la contundente prueba producida durante el proceso, aunque reconoció hechos como "el plan sistemático aplicado durante la dictadura militar".
Grasso apeló al derecho internacional e hizo alusión a varios autores de la biblioteca garantista con la intención de atemperar la pena solicitada por las querellas y la fiscalía. La defensora oficial también se refirió a la cobertura periodística del juicio. "Afecta la garantía de imparcialidad. En todos los casos los justiciables eran tratados con el apelativo de 'genocidas' o 'asesinos'" dijo Grasso.
La abogada del represor apuntó también contra el paso del tiempo como estrategia para debilitar la fortaleza de las declaraciones de los testigos.
Los organismos de derechos humanos y grupos que integran el espacio Juicio y Castigo habían anunciado que "harían presente en el juicio a los desaparecidos". Así cuando comenzó la audiencia desde el público, en medio de cantos y gritos de justicia, desplegaron las fotos de los desaparecidos de la causa y las pegaron sobre las paredes y el blindex que divide el recinto. La jueza de Baravani, que presidía el tribunal, ordenó desalojar la sala. Ya afuera del tribunal, los organismos realizaron una conferencia de prensa y explicaron que "la idea fue que las víctimas ausentes, los compañeros que no están porque sus cuerpos fueron ocultados por los asesinos, que no pueden mirar a la cara a sus verdugos, se tengan que bancar la presencia de los desaparecidos
Por José Maggi
Las defensas de los represores de la causa Amelong-Guerrieri, comenzaron ayer a explicar sus argumentos. El primer turno fue para la defensa del imputado Oscar Pascual Guerrieri, quien integrara el Cuerpo Comando del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar con el grado de Teniente Coronel. Apenas comenzó la audiencia, testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y público, desplegaron las fotos de los desaparecidos y la jueza Beatríz Caballero de Baravani ordenó desalojar la sala.
Los abogados de oficio que en doble turno se tomaron unas cuatro horas para su alegato no dejaron de "reconocer la repugnancia de los delitos de esta laya, la gravedad de los hechos y el marco histórico en que se produjeron", según dijo Mariana Grasso, abogada de la defensa. No obstante la letrada intentó demostrar que "la prueba de cargo producida durante el juicio no resultaría suficiente para acreditar la responsabilidad de Guerrieri en los hechos por los que se lo acusa".
La defensa solicitó que, "en caso de dictarse una sentencia condenatoria, se mantengan las actuales condiciones de detención de Guerrieri, esto es, prisión domiciliaria, argumentando razones de salud y la avanzada edad del imputado". Grasso intentó relativizar algunos aspectos de la contundente prueba producida durante el proceso, aunque reconoció hechos como "el plan sistemático aplicado durante la dictadura militar".
Grasso apeló al derecho internacional e hizo alusión a varios autores de la biblioteca garantista con la intención de atemperar la pena solicitada por las querellas y la fiscalía. La defensora oficial también se refirió a la cobertura periodística del juicio. "Afecta la garantía de imparcialidad. En todos los casos los justiciables eran tratados con el apelativo de 'genocidas' o 'asesinos'" dijo Grasso.
La abogada del represor apuntó también contra el paso del tiempo como estrategia para debilitar la fortaleza de las declaraciones de los testigos.
Los organismos de derechos humanos y grupos que integran el espacio Juicio y Castigo habían anunciado que "harían presente en el juicio a los desaparecidos". Así cuando comenzó la audiencia desde el público, en medio de cantos y gritos de justicia, desplegaron las fotos de los desaparecidos de la causa y las pegaron sobre las paredes y el blindex que divide el recinto. La jueza de Baravani, que presidía el tribunal, ordenó desalojar la sala. Ya afuera del tribunal, los organismos realizaron una conferencia de prensa y explicaron que "la idea fue que las víctimas ausentes, los compañeros que no están porque sus cuerpos fueron ocultados por los asesinos, que no pueden mirar a la cara a sus verdugos, se tengan que bancar la presencia de los desaparecidos
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