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domingo, 16 de septiembre de 2012

Santa Fé: Postergan el juicio por la represión ilegal. El primero que juzgará las violaciones


Es la primera vez que llegarán a la instancia oral los delitos sexuales como parte de una causa de lesa humanidad en la provincia y la segunda vez en el país. Son siete imputados, dos ex oficiales de la Fuerza Aérea y cinco policías.  Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe 

El juicio a la patota que operó en el norte santafesino bajo el mando de la III Brigada Aérea de Reconquista será el primero en la provincia -y el segundo en el país- que juzgará los abusos sexuales y la violación en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad y parte del plan sistemático de la represión. La audiencia estaba prevista para el 27 de setiembre, pero el Tribunal Oral de Santa Fe la postergó hasta el 19 de noviembre porque falta "producir algunas pruebas ofrecidas por las partes", según una fuente judicial. Son siete imputados: dos ex oficiales de la Fuerza Aérea: el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez. Y cinco policías que integraban el grupo de tareas: Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Arnaldo Neuman y Horacio Machuca. Todos están acusados por "privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados" entre diez y cuarenta casos, pero cuatro de ellos (Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca), también por "violaciones reiteradas" a una adolescente de 16 años que cumplió los 17 en el chupadero. En la investigación, ella identificó a sus violadores: "Sambuelli decía que él tenía el poder, que él podía hacer lo que quería conmigo", dijo la jovencita.

Los tormentos sexuales ya se denunciaron en tres juicios en Santa Fe, pero es la primera vez que serán juzgados como delitos de lesa humanidad. En la causa contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros integrantes de la patota, tres víctimas denunciaron violaciones, entre ellas Silvia Suppo, asesinada en Rafaela dos meses después de la condena. Lo mismo sucedió en el juicio al ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo Barcos -fallecido el mes pasado-, a quien acusó una de sus víctimas, Amalia Ricotti. Y en el proceso al ex comisario Mario Facino, ex jefe de la comisaría 4ª, donde fue violada y asesinada Alicia López, militante de las Ligas Agrarias, en octubre de 1976.

Precisamente, en el caso Barcos, el fiscal general Martín Suárez Faisal pidió que las violaciones sufridas por la víctima fueran consideradas delitos de lesa humanidad, porque formaban parte del plan sistemático de la represión. Y así lo declaró el Tribunal Oral de Santa Fe en la sentencia que lo condenó a once años y medio de prisión.

En abril del año pasado, en el procesamiento de Sambuelli y compañía, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, coincidió con el Tribunal Oral de Santa Fe que los "abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio" son delitos de lesa humanidad, "como ocurrió en el caso de Ricotti", dijo en una resolución de 115 páginas. "Resulta comprensible que la víctima no haya mencionado en anteriores presentaciones tal padecimiento, pudiendo hacerlo recién luego de superar la vergüenza y humillación que implica haber sido sometida a semejante práctica degradante, que lamentablemente parece haber sido habitual en hechos como los que aquí se juzgan. Por ello consideramos que la violencia sexual soportada por las víctimas de estos aberrantes crímenes, también constituye una forma más de tormentos, y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad", señaló el juez Alurralde al citar el fallo del Tribunal santafesino.

"El Estatuto de Roma establece entre los modos de comisión de los crímenes de lesa humanidad 'la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable". "La violencia sexual ha sido utilizada históricamente (...) para causar terror o humillación (...)", agregó Alurralde.

Después del golpe, la III Brigada Aérea de Reconquista se convirtió en un centro clandestino, por donde pasaron decenas de víctimas. El jefe era el brigadier Jorge Arturo Van Thienen, ya fallecido. Y seguían en la cadena de mandos, Sambuelli (que era capitán y jefe de Inteligencia) y Benítez (que era teniente). El 24 de marzo de 1976, Sambuelli asumió como interventor de la Municipalidad de Reconquista y Benítez como interventor de la Unidad Regional 9 de Policía de Reconquista, que estaba bajo el "control operacional" de la Fuerza Aérea.

Varias víctimas identificaron a Sambuelli, entre ellas una joven de 16 años que lo señaló como uno de sus violadores. "Sambuelli decía que él tenía el poder, que él podía hacer lo que quería conmigo", dijo la adolescente. Otros represores también le dijeron lo mismo. Y el juez Alurralde valoró todas las pruebas y le creyó: "Los presuntos violadores perseguían como objetivo degradar física y moralmente la deponente, por entonces una adolescente, lo que de hecho consiguieron", escribió el magistrado.

El fiscal Roberto Salum -que asistirá al fiscal Suárez Faisal en las audiencias- ya dijo cómo operaba el sistema represivo en el norte de la provincia, que a diferencia de lo que ocurrió en Santa Fe y Rosario, estaba bajo el mando de la Aeronáutica. "Las órdenes bajaban desde el jefe de la Base Aérea, que en ese momento era Van Thienen, y de Sambuelli y llegaban a los ejecutores directos que eran los policías detenidos", dijo."Incluso, uno de los imputados admitió que después del golpe de 1976, la Policía dependía de la III Brigada. Entendemos que hemos hecho un mapa importante de cómo funcionaba el sistema represivo en el norte santafesino", explicó el fiscal.

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