Por Sonia Tessa
Aunque recién ayer por la tarde comenzaron las indagatorias, por la mañana se reanudaron las audiencias de la causa Díaz Bessone. Después de un cuarto intermedio para terminar de definir las cuestiones preliminares, la secretaria Silvana Andalaf leyó la resolución del Tribunal Federal Oral que -con voto dividido hizo lugar a algunos de los planteos de la defensa, ninguno de los cuales impidió el inicio del debate propiamente dicho. Por un lado, declararon la nulidad parcial de algunos procesamientos por tormentos a casi todos los acusados, por considerar que no habían sido incluidos en tiempo y forma en la acusación. Pero el punto crucial fue el rechazo de la participación como querellantes por el delito específico de asociación ilícita de aquellos casos que no se ventilan en este juicio oral, dado que aún se encuentran en etapa de instrucción. Las caras largas de las abogadas y los abogados querellantes eran elocuentes, no esperaban esa resolución, que impide querellar a un grupo importante de víctimas y familiares por este delito, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es decir, algunas víctimas podrán acusar a estos cinco imputados por asociación ilícita, y otras tendrán vedado ese derecho.
Así lo entendió Beatriz Barabani, autora del único voto que rechazaba la nulidad planteada por el abogado defensor Germán Artola. "Adoptar tal temperamento, significaría privar la posibilidad de querellar por tal delito", expresó con toda claridad la magistrada -que esta semana preside el Tribunal en su voto. En cambio, Jorge Benegas Echagüe consideró que se debía "diferenciar entre quienes acusan y aquellos que aún no han superado la etapa de instrucción". A esa postura adhirió Otmar Paulucci. Es decir que Esperanza Labrador, cuyo esposo Víctor y su hijo Palmiro fueron asesinados, mientras Miguel Angel se encuentra desaparecido, no tiene derecho a querellar a estos cinco acusados por haber formado una banda con el fin de secuestrar, torturar y asesinar a personas por razones políticas. En la misma situación están, entre otros, Elida Luna, esposa del desaparecido Daniel Gorosito y Marcelo Jalil, hermano de Sergio, desaparecido.
Al salir de la audiencia, Gabriela Durruty, abogada de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, afirmó que estudiarán la resolución, con la que adelantó que no estaba de acuerdo, para discutirla, ya que reservaron derechos. Para Nadia Schujman, de Hijos, la decisión del Tribunal significa "un certificado de defunción a la posibilidad de estos querellantes de acusar por asociación ilícita" y consideró que "debido a una decisión judicial de elevar algunos casos y dejar otros en instrucción, ahora se toma esta medida, sin tener presentes todas las expectativas que se generan en los querellantes".
La audiencia propiamente dicha comenzó después de las 12. En el banquillo, en el extremo izquierdo de la sala, el principal acusado estaba vestido con un traje gris. Homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita son los cuatro cargos por los que deberá responder, al igual que José Lofiego, del que lo separaba un gendarme, en la misma hilera de sillas. José Scortecchini, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, así como el civil Ricardo Chomicki, seguían sentados en el orden habitual. Ellos no están acusados de homicidio, pero sí del resto de los delitos. Del otro lado del vidrio, la mayoría de los asientos estaban ocupados. Cada uno de los asistentes mostró la foto de algún desaparecido. La memoria de Estrella Augusta González, Sergio Abdo Jalil, Susana María Busaniche, Nora Larrosa, Norma Valentinuzzi de Maggio, Gustavo Ramón Bruzzoni Godone, Oscar Medina, Daniel Gorosito, Graciela María y Susana María Busaniche, así como de Cristina Bettanín fue recuperada por sus compañeros de antes y de ahora en el lugar donde esperan encontrar justicia.
Aunque recién ayer por la tarde comenzaron las indagatorias, por la mañana se reanudaron las audiencias de la causa Díaz Bessone. Después de un cuarto intermedio para terminar de definir las cuestiones preliminares, la secretaria Silvana Andalaf leyó la resolución del Tribunal Federal Oral que -con voto dividido hizo lugar a algunos de los planteos de la defensa, ninguno de los cuales impidió el inicio del debate propiamente dicho. Por un lado, declararon la nulidad parcial de algunos procesamientos por tormentos a casi todos los acusados, por considerar que no habían sido incluidos en tiempo y forma en la acusación. Pero el punto crucial fue el rechazo de la participación como querellantes por el delito específico de asociación ilícita de aquellos casos que no se ventilan en este juicio oral, dado que aún se encuentran en etapa de instrucción. Las caras largas de las abogadas y los abogados querellantes eran elocuentes, no esperaban esa resolución, que impide querellar a un grupo importante de víctimas y familiares por este delito, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es decir, algunas víctimas podrán acusar a estos cinco imputados por asociación ilícita, y otras tendrán vedado ese derecho.
Así lo entendió Beatriz Barabani, autora del único voto que rechazaba la nulidad planteada por el abogado defensor Germán Artola. "Adoptar tal temperamento, significaría privar la posibilidad de querellar por tal delito", expresó con toda claridad la magistrada -que esta semana preside el Tribunal en su voto. En cambio, Jorge Benegas Echagüe consideró que se debía "diferenciar entre quienes acusan y aquellos que aún no han superado la etapa de instrucción". A esa postura adhirió Otmar Paulucci. Es decir que Esperanza Labrador, cuyo esposo Víctor y su hijo Palmiro fueron asesinados, mientras Miguel Angel se encuentra desaparecido, no tiene derecho a querellar a estos cinco acusados por haber formado una banda con el fin de secuestrar, torturar y asesinar a personas por razones políticas. En la misma situación están, entre otros, Elida Luna, esposa del desaparecido Daniel Gorosito y Marcelo Jalil, hermano de Sergio, desaparecido.
Al salir de la audiencia, Gabriela Durruty, abogada de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, afirmó que estudiarán la resolución, con la que adelantó que no estaba de acuerdo, para discutirla, ya que reservaron derechos. Para Nadia Schujman, de Hijos, la decisión del Tribunal significa "un certificado de defunción a la posibilidad de estos querellantes de acusar por asociación ilícita" y consideró que "debido a una decisión judicial de elevar algunos casos y dejar otros en instrucción, ahora se toma esta medida, sin tener presentes todas las expectativas que se generan en los querellantes".
La audiencia propiamente dicha comenzó después de las 12. En el banquillo, en el extremo izquierdo de la sala, el principal acusado estaba vestido con un traje gris. Homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita son los cuatro cargos por los que deberá responder, al igual que José Lofiego, del que lo separaba un gendarme, en la misma hilera de sillas. José Scortecchini, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, así como el civil Ricardo Chomicki, seguían sentados en el orden habitual. Ellos no están acusados de homicidio, pero sí del resto de los delitos. Del otro lado del vidrio, la mayoría de los asientos estaban ocupados. Cada uno de los asistentes mostró la foto de algún desaparecido. La memoria de Estrella Augusta González, Sergio Abdo Jalil, Susana María Busaniche, Nora Larrosa, Norma Valentinuzzi de Maggio, Gustavo Ramón Bruzzoni Godone, Oscar Medina, Daniel Gorosito, Graciela María y Susana María Busaniche, así como de Cristina Bettanín fue recuperada por sus compañeros de antes y de ahora en el lugar donde esperan encontrar justicia.
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