Acerca de lo que consta y de lo que no consta

Por Víctor Salami, Beatriz Pfeiffer* 

Quienes suscribimos esta manifestación decimos: ¡Hasta cuándo los gobiernos van a despegarse tanto del sentir del pueblo!: "no me avisaron", "yo no sabía" y ahora, "no me consta".

"No me consta", dice el Gobierno de la provincia a través de su Ministro Gaviola "que la policía haya tenido en su poder los videos que le entregó la concesionaria de la terminal de ómnibus el día 29 de marzo".

A todos nos consta que la investigación del crimen de nuestra compañera Silvia Suppo tiene muchos puntos oscuros.
A todos nos consta que Silvia era una testigo importantísima en los juicios por terrorismo de estado que se siguen en Santa Fe y que su muerte beneficia a muchos genocidas, algunos de ellos vecinos de Rafaela.
También nos consta que la "prolijidad" -según los dichos de Gaviola de la policía en la investigación hasta ahora no pudo encontrar ninguna prueba que relacione el crimen con la autoimputación de los dos detenidos.
Nos consta que en el lugar del crimen nunca se realizó un cerco policial y fue invadido por personas que iban y venían pisoteando posibles huellas y moviendo objetos. Eso es "contaminación del lugar del hecho" y lo aclaramos por si alguien no entendió: no hay huellas, ni rastros que hayan podido ser identificados.
Al ministro de seguridad no tiene que constarle nada, lo que tiene que decir es si la prueba se entregó o no y, si se entregó, ¿por qué no la tiene el juez desde el mismo 29 de marzo?.
Pero ya que el ministro está opinando sobre la investigación, que nos cuente cómo la policía a las seis horas del crimen de Silvia ya tenía los nombres de los supuestos asesinos y había detenido a la esposa de uno de ellos y todavía, aún hoy, no pudo encontrar al remisero que los trasladó de la casa a la terminal de ómnibus.
Evidentemente, hay muchas cosas que no le constan al ministro. Como tampoco le consta al Gobierno de Santa Fe que en esta provincia fueron dejados en libertad, además de los genocidas Lofiego, Marcote y Vergara, cuatro más que están procesados por delitos de lesa humanidad y que son: el teniente coronel Jorge Roberto Diab y el capitán Domingo Morales, ambos operaban como 2º y 3º del Destacamento de Inteligencia Militar 122, procesados por 46 y 16 homicidios -respectivamente de militantes políticos, asociación ilícita, secuestros y torturas entre 1976 y 1977 y la supresión de identidad de una niña; el general Carlos Alberto Settel y el suboficial Mario Carmelo Ferger, imputados por la desaparición y el homicidio de dos soldados conscriptos: Edgardo Ferreyra y Roberto Daniel Suárez, en 1977. Esto también tiene que ver con la seguridad de los testigos y querellantes como Silvia Suppo.

Nosotros/as, testigos, denunciantes, querellantes, compañeros/as y militantes políticos en defensa de la plena vigencia de los derechos humanos decimos que son las autoridades del ejecutivo provincial quienes tienen la obligación de aportar a la justicia los elementos probatorios y de convicción acerca del crimen, mientras tanto nosotros/as seguimos sosteniendo esclarecimiento ya del crimen político de la compañera Silvia Suppo.

*Firman también: Lydia Vieyra, José Villarreal, Vilma Pompeya Gomez, Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Carlos Raviolo, Carlos Borgna, Froilan Aguirre, Liliana Gomez, Laura Ferrer Varela, Alfredo Vivono, Maria Alejandra Fracassi, Lucila Puyol, Valeria Silva, Natalia Vega y siguen las firmas.