Daniel García y Alba Sánchez cuestionan que el gobierno provincial haya designado a José Serruya, yerno del propietario de un lugar donde estuvieron secuestrados.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
La designación de un funcionario político en el gobierno de Hermes Binner planteó más interrogantes a dos víctimas de la dictadura. Daniel García y Alba Sánchez estuvieron secuestrados en un centro clandestino al que el grupo de tareas llamaba "El Borgia" y que ellos denunciaron como una quinta en San José del Rincón, propiedad del abogado Jorge Ayala Bergero, ya fallecido. Ambos reconocieron el chupadero junto a otros dos sobrevivientes en el juicio al ex juez Víctor Brusa, aunque después el Tribunal sentenció que "no se había probado" que la casa fuera la misma que denunciaba el matrimonio. "Ese fallo fue una sorpresa", dijo García. "Pero hubo más, esta semana nos enteramos que seis días antes del reconocimiento de la casa, el gobierno de Binner designó en un cargo político en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia al contador José Alfredo Serruya. ¿Quién es este funcionario? El yerno de Ayala Bergero", agregó. "Puede ser que esto no pruebe nada, pero el ministro (de Justicia y Derechos Humanos, Héctor) Superti debería explicar por qué y de qué manera este hombre llega al gobierno", tiró García.
En diálogo con Rosario/12, García dijo que recién ahora se enteró de la designación del yerno de Ayala Bergero como director de Recursos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. El decreto es el número 2180 del 12 de noviembre de 2009 y está refrendado por Superti. Lo que llamó la atención a García y a su esposa son las fechas: Serruya fue nombrado en la Secretaría de Derechos Humanos seis días antes del reconocimiento de la casa de su suegro, que se realizó el 18 de noviembre de 2009. "El contador Serruya es esposo (de la abogada) Sanyal Ayala Bergero, quien defendió la posición de su familia y de su padre en el juicio a Brusa", explicó García.
"A nosotros ya nos había sorprendido el fallo del Tribunal que dijo que 'no se había probado' que esa era la casa donde estuvimos secuestrados", desde diciembre de 1977 a mayo de 1978. "O sea, negaron las pruebas. Nosotros consideramos que la prueba que aportamos era abundante en cuanto a testimonios, incluso de quienes vivieron en esa casa en una época posterior y por la cantidad de datos que habíamos dado. Nosotros tenemos la seguridad de que esa era la casa y por eso nos sorprendió el fallo".
"También nos había sorprendido la actitud de la Fiscalía en el momento del reconocimiento y ante la presión de la doctora Ayala Bergero de Serruya, porque nosotros íbamos a un reconocimiento y no a un intercambio de opiniones con la hija del dueño sobre si esa era la casa donde estuvimos secuestrados. Sin embargo, todo eso se produjo. Incluso, el Tribunal no sólo fue permisivo sino que alentó eso, la Fiscalía se hizo a un lado y no participó y de la misma manera actuaron los abogados de la querella. Esto nos tenía sorprendido y mucho más cuando salió el fallo", sostuvo García.
"Y ahora -agregó descubrimos por este decreto (Nº 2180) que, llamémosle por casualidad, seis días antes del reconocimiento el gobierno nombró en la Secretaría de Derechos Humanos al yerno de Ayala Bergero, heredero vivo del dueño de la casa que denunciamos y esposo de quien asumió la defensa de esa casa. Entonces, comienzan a cerrar algunas cosas".
García se preguntó también "por qué no se llegó a fondo en el tema (del ex mayor del Ejército y hoy empresario inmobiliario) Eduardo Villa, quien tuvo como abogado a Ayala Bergero durante 40 años y era socio del teniente coronel Benito Guglielmone, ya fallecido. Esto cierra cuando en el juicio (al ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo) Barcos, éste dice que quien lo introduce en el mundo de la inteligencia militar fue Guglielmone, que era socio de Villa. Todas estas cuestiones nos hacen ver que hay un sector que no permite que se vaya a fondo. De cualquier manera, esto es una situación nueva. Por lo tanto, vamos a insistir sobre el tema de El Borgia".
¿De qué manera van a insistir? -preguntó Rosario/12.
Vamos a esperar el juicio por asociación ilícita a estos mismos personajes que fueron condenados en el juicio a Brusa y en el cual nosotros somos querellantes. De última, que designen al yerno de Ayala Bergero en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia no prueba absolutamente nada, pero hay que convenir que por lo menos es sospechoso y deja al Poder Ejecutivo y al ministro Superti en una situación muy poco cómoda. Creo que ellos deberían dar una respuesta de cómo llega este hombre al gobierno de Binner porque no se nombra en esos cargos a cualquiera que pasa por la calle. Debe haber alguna relación política porque no se designa a un director provincial así nomás.
Y lo designan en el Secretaría de Derechos Humanos.
Claro, no lo nombran en Aguas Santafesinas, en Defensa Civil. Lo designan en Derechos Humanos. Por la edad que tiene no fue partícipe de aquella época, pero es el yerno de Ayala Bergero -concluyó García.
Desde Santa Fe
La designación de un funcionario político en el gobierno de Hermes Binner planteó más interrogantes a dos víctimas de la dictadura. Daniel García y Alba Sánchez estuvieron secuestrados en un centro clandestino al que el grupo de tareas llamaba "El Borgia" y que ellos denunciaron como una quinta en San José del Rincón, propiedad del abogado Jorge Ayala Bergero, ya fallecido. Ambos reconocieron el chupadero junto a otros dos sobrevivientes en el juicio al ex juez Víctor Brusa, aunque después el Tribunal sentenció que "no se había probado" que la casa fuera la misma que denunciaba el matrimonio. "Ese fallo fue una sorpresa", dijo García. "Pero hubo más, esta semana nos enteramos que seis días antes del reconocimiento de la casa, el gobierno de Binner designó en un cargo político en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia al contador José Alfredo Serruya. ¿Quién es este funcionario? El yerno de Ayala Bergero", agregó. "Puede ser que esto no pruebe nada, pero el ministro (de Justicia y Derechos Humanos, Héctor) Superti debería explicar por qué y de qué manera este hombre llega al gobierno", tiró García.
En diálogo con Rosario/12, García dijo que recién ahora se enteró de la designación del yerno de Ayala Bergero como director de Recursos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. El decreto es el número 2180 del 12 de noviembre de 2009 y está refrendado por Superti. Lo que llamó la atención a García y a su esposa son las fechas: Serruya fue nombrado en la Secretaría de Derechos Humanos seis días antes del reconocimiento de la casa de su suegro, que se realizó el 18 de noviembre de 2009. "El contador Serruya es esposo (de la abogada) Sanyal Ayala Bergero, quien defendió la posición de su familia y de su padre en el juicio a Brusa", explicó García.
"A nosotros ya nos había sorprendido el fallo del Tribunal que dijo que 'no se había probado' que esa era la casa donde estuvimos secuestrados", desde diciembre de 1977 a mayo de 1978. "O sea, negaron las pruebas. Nosotros consideramos que la prueba que aportamos era abundante en cuanto a testimonios, incluso de quienes vivieron en esa casa en una época posterior y por la cantidad de datos que habíamos dado. Nosotros tenemos la seguridad de que esa era la casa y por eso nos sorprendió el fallo".
"También nos había sorprendido la actitud de la Fiscalía en el momento del reconocimiento y ante la presión de la doctora Ayala Bergero de Serruya, porque nosotros íbamos a un reconocimiento y no a un intercambio de opiniones con la hija del dueño sobre si esa era la casa donde estuvimos secuestrados. Sin embargo, todo eso se produjo. Incluso, el Tribunal no sólo fue permisivo sino que alentó eso, la Fiscalía se hizo a un lado y no participó y de la misma manera actuaron los abogados de la querella. Esto nos tenía sorprendido y mucho más cuando salió el fallo", sostuvo García.
"Y ahora -agregó descubrimos por este decreto (Nº 2180) que, llamémosle por casualidad, seis días antes del reconocimiento el gobierno nombró en la Secretaría de Derechos Humanos al yerno de Ayala Bergero, heredero vivo del dueño de la casa que denunciamos y esposo de quien asumió la defensa de esa casa. Entonces, comienzan a cerrar algunas cosas".
García se preguntó también "por qué no se llegó a fondo en el tema (del ex mayor del Ejército y hoy empresario inmobiliario) Eduardo Villa, quien tuvo como abogado a Ayala Bergero durante 40 años y era socio del teniente coronel Benito Guglielmone, ya fallecido. Esto cierra cuando en el juicio (al ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo) Barcos, éste dice que quien lo introduce en el mundo de la inteligencia militar fue Guglielmone, que era socio de Villa. Todas estas cuestiones nos hacen ver que hay un sector que no permite que se vaya a fondo. De cualquier manera, esto es una situación nueva. Por lo tanto, vamos a insistir sobre el tema de El Borgia".
¿De qué manera van a insistir? -preguntó Rosario/12.
Vamos a esperar el juicio por asociación ilícita a estos mismos personajes que fueron condenados en el juicio a Brusa y en el cual nosotros somos querellantes. De última, que designen al yerno de Ayala Bergero en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia no prueba absolutamente nada, pero hay que convenir que por lo menos es sospechoso y deja al Poder Ejecutivo y al ministro Superti en una situación muy poco cómoda. Creo que ellos deberían dar una respuesta de cómo llega este hombre al gobierno de Binner porque no se nombra en esos cargos a cualquiera que pasa por la calle. Debe haber alguna relación política porque no se designa a un director provincial así nomás.
Y lo designan en el Secretaría de Derechos Humanos.
Claro, no lo nombran en Aguas Santafesinas, en Defensa Civil. Lo designan en Derechos Humanos. Por la edad que tiene no fue partícipe de aquella época, pero es el yerno de Ayala Bergero -concluyó García.
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