RECLAMAN AL GOBERNADOR BINNER EL ESCLARECIMIENTO DEL CRIMEN
Por Juan Carlos Tizziani
A casi dos meses del asesinato de Silvia Suppo, una marcha convocada por el Foro contra la Impunidad y la Justicia se plantó anoche en la plaza de Mayo para reclamarle a Hermes Binner "una investigación a fondo y el esclarecimiento de un crimen político". Se lo pidieron de dos maneras: en los discursos, en la plaza de Mayo, y en una carta que después dejaron en la Casa Gris. "El asesinato de Silvia, luchadora ejemplar, es la máxima expresión del costo que tiene la impunidad en la provincia", dice el petitorio del Foro que agrupa a organismos de derechos humanos, expresiones sociales y políticas.
Fue una marcha no muy numerosa, pero precisa en la demanda. "Exigimos que se investigue a fondo y se esclarezca este crimen", dijo la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Celina Kofman, en el arranque del acto. "Los organismos de derechos humanos nunca hemos aceptado como única alternativa la hipótesis del robo. Puede ser que lo sea. Pero más bien nos da por pensar en un crimen político porque Silvia fue testigo en el juicio al (ex juez Víctor) Brusa, que mandó a prisión a seis represores y era testigo en el próximo juicio por la desaparición de su ex compañero (Reinaldo Hattemer, en enero de 1977, en Rafaela). Esas casualidades son causalidades. Los organismos de derechos humanos no podemos permitir que bajo la cobertura de un robo se encubra un crimen político de extrema gravedad", planteó Kofman.
"Los juicios van a seguir y tenemos que asegurar la integridad de los compañeras y compañeros que ponen el cuerpo y la vida después de haber sufrido cárcel y torturas para que los genocidas vayan presos. No queremos otro caso como Julio López, que fue muy emblemático. Desde la primera hora dijimos que (la desaparición de López) tenía todas las características de un secuestro. No nos equivocamos. Pero se perdieron dos meses en idas y venidas pensando que el compañero que con tanta valentía había declarado (en el juicio a Echecolatz) pudo haber perdido la memoria o tenía miedo", agregó.
"Venimos a entregarle una carta al gobernador -explicó Celina-. Le pedimos una investigación a fondo de este asesinato y que desmantele el aparato represivo que aún hoy tiene capacidad operativa para hacer secuestros y amenazas que sufrimos continuamente los organismos de derechos humanos, los querellantes y la sociedad comprometida".
La presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos de Rosario (APDH), Norma Ríos, coincidió que el crimen de Suppo es "político". "Y así fuera un robo, el crimen sigue siendo político porque la realidad es que los testigos, los querellantes y todos los que luchamos para que los genocidas vayan a la cárcel estamos en peligro", afirmó.
"Hace unos días escribí una carta imaginaria para Silvia en la que decía que nos sentíamos culpables por no lograr que el campo popular, por tantas razones, se una en una marcha interminable a lo largo y ancho del país para lograr justicia en un crimen que para la APDH es político. Y es político porque ya un gobierno nos quiso hacer creer que un señor que era el principal testigo contra Echecolatz se había ido a tomar el te con la tía. No lo creímos, salimos a la calle y tuvimos razón".
Ríos recordó también los fallos de la Cámara Nacional de Casación que dejaron en la calle a los represores "Lofiego, Marcote y Rito Vergara, tres hombres que están procesados y van a ser juzgado dentro de un mes. Tenemos que pedirle una vez más a esta justicia vergonzante que meta presos a estos genocidas que ahora entrarán a Tribunales por la misma puerta que entramos nosotros y a un juicio, donde se contará cómo violaban y cómo asesinaban. Esto no es un problema del pasado o de unos pocos, es un problema del presente y de toda la sociedad argentina", agregó.
Por Juan Carlos Tizziani
A casi dos meses del asesinato de Silvia Suppo, una marcha convocada por el Foro contra la Impunidad y la Justicia se plantó anoche en la plaza de Mayo para reclamarle a Hermes Binner "una investigación a fondo y el esclarecimiento de un crimen político". Se lo pidieron de dos maneras: en los discursos, en la plaza de Mayo, y en una carta que después dejaron en la Casa Gris. "El asesinato de Silvia, luchadora ejemplar, es la máxima expresión del costo que tiene la impunidad en la provincia", dice el petitorio del Foro que agrupa a organismos de derechos humanos, expresiones sociales y políticas.
Fue una marcha no muy numerosa, pero precisa en la demanda. "Exigimos que se investigue a fondo y se esclarezca este crimen", dijo la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Celina Kofman, en el arranque del acto. "Los organismos de derechos humanos nunca hemos aceptado como única alternativa la hipótesis del robo. Puede ser que lo sea. Pero más bien nos da por pensar en un crimen político porque Silvia fue testigo en el juicio al (ex juez Víctor) Brusa, que mandó a prisión a seis represores y era testigo en el próximo juicio por la desaparición de su ex compañero (Reinaldo Hattemer, en enero de 1977, en Rafaela). Esas casualidades son causalidades. Los organismos de derechos humanos no podemos permitir que bajo la cobertura de un robo se encubra un crimen político de extrema gravedad", planteó Kofman.
"Los juicios van a seguir y tenemos que asegurar la integridad de los compañeras y compañeros que ponen el cuerpo y la vida después de haber sufrido cárcel y torturas para que los genocidas vayan presos. No queremos otro caso como Julio López, que fue muy emblemático. Desde la primera hora dijimos que (la desaparición de López) tenía todas las características de un secuestro. No nos equivocamos. Pero se perdieron dos meses en idas y venidas pensando que el compañero que con tanta valentía había declarado (en el juicio a Echecolatz) pudo haber perdido la memoria o tenía miedo", agregó.
"Venimos a entregarle una carta al gobernador -explicó Celina-. Le pedimos una investigación a fondo de este asesinato y que desmantele el aparato represivo que aún hoy tiene capacidad operativa para hacer secuestros y amenazas que sufrimos continuamente los organismos de derechos humanos, los querellantes y la sociedad comprometida".
La presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos de Rosario (APDH), Norma Ríos, coincidió que el crimen de Suppo es "político". "Y así fuera un robo, el crimen sigue siendo político porque la realidad es que los testigos, los querellantes y todos los que luchamos para que los genocidas vayan a la cárcel estamos en peligro", afirmó.
"Hace unos días escribí una carta imaginaria para Silvia en la que decía que nos sentíamos culpables por no lograr que el campo popular, por tantas razones, se una en una marcha interminable a lo largo y ancho del país para lograr justicia en un crimen que para la APDH es político. Y es político porque ya un gobierno nos quiso hacer creer que un señor que era el principal testigo contra Echecolatz se había ido a tomar el te con la tía. No lo creímos, salimos a la calle y tuvimos razón".
Ríos recordó también los fallos de la Cámara Nacional de Casación que dejaron en la calle a los represores "Lofiego, Marcote y Rito Vergara, tres hombres que están procesados y van a ser juzgado dentro de un mes. Tenemos que pedirle una vez más a esta justicia vergonzante que meta presos a estos genocidas que ahora entrarán a Tribunales por la misma puerta que entramos nosotros y a un juicio, donde se contará cómo violaban y cómo asesinaban. Esto no es un problema del pasado o de unos pocos, es un problema del presente y de toda la sociedad argentina", agregó.
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