Querellantes y testigos apuntaron contra la Cámara de Casación por demorar la causa y luego beneficiar con los plazos de la prisión preventiva a los imputados por crímenes de lesa humanidad.
Por Jorge Kaplán / La Capital
La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la excarcelación de José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote y Ramón Rito Vergara, ex policías de la provincia imputados por crímenes de lesa humanidad en el marco de la megacausa Feced. Víctimas, familiares, querellantes y organismos de derechos humanos repudiaron la liberación de los sindicados represores, y expresaron su seria preocupación por la seguridad de los más de cien testigos del juicio oral que dará comienzo el 21 de julio. Además, advirtieron sobre el riesgo de que los acusados se fuguen, teniendo en cuenta “la abrumadora prueba en su contra” y la posibilidad concreta de recibir duras condenas.
Querellantes y organismos se quejaron de haberse enterado de las excarcelaciones —que se concretaron el viernes— por los medios de comunicación y recién en la mañana de ayer.
Héctor Chinche Medina, secretario gremial de Sitratel, testigo y querellante en la causa, resumió: “Queremos que los compañeros y querellantes sepan que están en libertad los represores que están acusando. Queremos que la Corte se pronuncie. Además, hay una responsabilidad de la provincia por la garantía de cada uno de los ciudadanos que son testigos y querellantes en esta causa”. Y enfatizó: “Todos sabemos la responsabilidad de estas personas en la desaparición de cientos de compañeros, por lo tanto lo que les espera es la cadena perpetua. No somos ingenuos y sabemos que les están dando la posibilidad de que se fuguen o que amedrenten a testigos”.
Querellantes y organismos se quejaron de haberse enterado de las excarcelaciones —que se concretaron el viernes— por los medios de comunicación y recién en la mañana de ayer.
Héctor Chinche Medina, secretario gremial de Sitratel, testigo y querellante en la causa, resumió: “Queremos que los compañeros y querellantes sepan que están en libertad los represores que están acusando. Queremos que la Corte se pronuncie. Además, hay una responsabilidad de la provincia por la garantía de cada uno de los ciudadanos que son testigos y querellantes en esta causa”. Y enfatizó: “Todos sabemos la responsabilidad de estas personas en la desaparición de cientos de compañeros, por lo tanto lo que les espera es la cadena perpetua. No somos ingenuos y sabemos que les están dando la posibilidad de que se fuguen o que amedrenten a testigos”.
Como Grassi. De esta manera, los seis imputados que serán llevados a juicio el 21 de julio están en libertad (ver aparte). Al respecto, Leticia Faccendini, abogada de parte de la querella, señaló que “vamos a ir a juicio con una prueba que es irrefutable y con probabilidad alta de condena, y hasta tanto la Corte Suprema no se manifieste dejándola firme, los genocidas van a seguir en libertad. Un ejemplo fue el caso del cura pedófilo (Julio) Grassi que lo condenaron pero se fue a su casa”.
Ahora, los abogados insistirán ante la Corte Suprema de la Nación para que revoque las excarcelaciones. Faccendini argumentó que “un Estado de derecho no puede medir con la misma vara delitos comunes, y aplicar las garantías propias del derecho penal interno, frente a delitos de lesa humanidad”. Recordó que “el Estado está obligado a juzgarlos ante la comunidad internacional”. Además, la letrada dijo que Casación “no puede estar aplicando un plazo de preventiva cuando la misma Cámara durante años cajoneaba incidentes demorándolos”.
La excarcelación fue decidida por Casación hace un año, pero el fiscal de Cámara presentó un recurso de queja ante la Corte, pero como esa solicitud no tiene efectos suspensivos, hasta que la Corte no se expida —algo que aún no ha hecho—, los acusados salen en libertad.
La abogada Daniela Asinari indicó que “no sólo vamos a esperar lo que decida la Corte sino que también vamos a intentar presentar nuestros reclamos ante el Tribunal Oral”.
Explicó que “la prisión preventiva está para resguardar el proceso, y el hecho de que estas personas estén en nuestras calles afecta seriamente el proceso, el derecho al acceso a la justicia de las víctimas”.
Ahora, los abogados insistirán ante la Corte Suprema de la Nación para que revoque las excarcelaciones. Faccendini argumentó que “un Estado de derecho no puede medir con la misma vara delitos comunes, y aplicar las garantías propias del derecho penal interno, frente a delitos de lesa humanidad”. Recordó que “el Estado está obligado a juzgarlos ante la comunidad internacional”. Además, la letrada dijo que Casación “no puede estar aplicando un plazo de preventiva cuando la misma Cámara durante años cajoneaba incidentes demorándolos”.
La excarcelación fue decidida por Casación hace un año, pero el fiscal de Cámara presentó un recurso de queja ante la Corte, pero como esa solicitud no tiene efectos suspensivos, hasta que la Corte no se expida —algo que aún no ha hecho—, los acusados salen en libertad.
La abogada Daniela Asinari indicó que “no sólo vamos a esperar lo que decida la Corte sino que también vamos a intentar presentar nuestros reclamos ante el Tribunal Oral”.
Explicó que “la prisión preventiva está para resguardar el proceso, y el hecho de que estas personas estén en nuestras calles afecta seriamente el proceso, el derecho al acceso a la justicia de las víctimas”.
Igualados. Laura Ferrer, ex detenida por la patota de Agustín Feced, señaló que “el mayor problema es que nosotros vamos a entrar al tribunal a declarar de la misma forma que ellos como acusados, sabiendo que son los culpables de la muerte de los compañeros que pasaron por el Servicio de Informaciones”.
La querellante Marta Bertolino apuntó que “esta liberación es efecto de los bolsones de impunidad que hay en el Poder Judicial, donde la Sala 2 de Casación permanentemente toma este tipo de definiciones. No pueden seguir en una Argentina democrática”.
Por su parte, Elida Luna, de Familiares de Desaparecidos, expresó su estupor por las excarcelaciones, y planteó que “nos preocupa muchísimo el funcionamiento del Programa de Protección de Testigos de la provincia para que familiares y querellantes se enteren por los medios. Hay que ver si hay que reestructurarlo, porque es increíble lo que ha pasado”.
En una conferencia realizada en el ex Servicio de Informaciones, querellantes y organismos, calificaron de “barbaridad que (los ex policías) estuvieran presos en Jefatura, custodiados por la misma fuerza de seguridad que integraban y con la cual tienen relaciones totalmente tramadas”. También expresaron su solidaridad organizaciones sociales y gremiales, y los concejales del PJ Norma López y Arturo Gandolla.
La querellante Marta Bertolino apuntó que “esta liberación es efecto de los bolsones de impunidad que hay en el Poder Judicial, donde la Sala 2 de Casación permanentemente toma este tipo de definiciones. No pueden seguir en una Argentina democrática”.
Por su parte, Elida Luna, de Familiares de Desaparecidos, expresó su estupor por las excarcelaciones, y planteó que “nos preocupa muchísimo el funcionamiento del Programa de Protección de Testigos de la provincia para que familiares y querellantes se enteren por los medios. Hay que ver si hay que reestructurarlo, porque es increíble lo que ha pasado”.
En una conferencia realizada en el ex Servicio de Informaciones, querellantes y organismos, calificaron de “barbaridad que (los ex policías) estuvieran presos en Jefatura, custodiados por la misma fuerza de seguridad que integraban y con la cual tienen relaciones totalmente tramadas”. También expresaron su solidaridad organizaciones sociales y gremiales, y los concejales del PJ Norma López y Arturo Gandolla.
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