A más de tres meses del brutal asesinato de Silvia Suppo, testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad, no hubo avances significativos en la investigación. Organismos de Derechos Humanos, junto a organizaciones políticas y sociales continúan exigiendo al Estado una investigación rigurosa y profunda. enREDando dialogó sobre el estado de la causa con Valeria Silva, militante de HIJOS Regional Santa Fe.
Silvia Suppo fue asesinada a puñaladas el 29 de marzo, dentro de su negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata, en la vecina ciudad de Rafaela. Desde entonces, según denuncian abogados de HIJOS (Regional Santa Fe), las pericias e investigación se han desarrollado en forma irregular y desprolija.
El testimonio de Silvia, testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad, fue determinante en el juicio a los responsables del terrorismo de Estado en la ciudad de Santa Fe, cuyas sentencias fueron dictaminadas en diciembre pasado. A su vez, la testigo impulsaba la investigación por la desaparición de su compañero Reinaldo Hammeter, secuestrado en 1977.
Las hipótesis policial y judicial apuntan únicamente a la versión del robo seguido de muerte. Por su parte, el gobierno provincial no descarta ninguna hipótesis sobre el motivo del asesinato. Con profundo dolor y preocupación, desde un primer momento, organismos de Derechos Humanos, junto a organizaciones políticas y sociales vienen exigiendo que se realice una investigación rigurosa y profunda, para esclarecer además si hubo un móvil político en el asesinato.
A nivel local, los vecinos de Rafaela también están brindando su apoyo y acompañando fundamentalmente a Marina y Andrés, los hijos de Silvia, en esta lucha por la verdad y la justicia. Desde la primera marcha el pueblo los viene apoyando, y lo sigue haciendo a través de la participación en actos, aceptando y pegando volantes en sus negocios.
enREDando dialogó sobre el tema con Valeria Silva, abogada y militante de HIJOS Regional Santa Fe:
¿Cuál es el estado de la causa en este momento? En qué puntos se ha podido avanzar?
- Lamentablemente no hemos tenido grandes avances, y esto se debe a la falta de una investigación compleja y profunda, desde la querella se piden medidas e informes que tardan en concretarse pero van dando algunos resultados. Un ejemplo claro es la aparición del video de la terminal y el remisero, en estos dos puntos se puede pensar en un avance en materia de investigación.
¿Cómo analizan que está siendo la actuación policial, sigue habiendo desprolijidades como las denunciadas en el inicio de la investigación?
- Ya no podemos pensar en desprolijidades, son verdaderas irregularidades, la policía de Rafaela niega tener en su poder el video de la terminal, siendo que el concesionario de la terminal declara que se lo entregó al propio Amaya (sub. jefe de la unidad regional V).
Perder o esconder un elemento de prueba tan importante no es una simple desprolijidad. Como tampoco lo es la situación con el remisero: después de más de dos meses la policía no pudo encontrar al remisero que habría llevado a los imputados a la terminal, la querella pide que se secuestren los libros de la remisería, y de éstos surge el dato de dicho remisero. El juez cita a declarar a esta persona, pero antes la policía le tomó declaración en sede policial, situación que ya no podemos calificar como desprolija. Esto no debería ser tolerada por el juzgado ni por la fiscalía.
¿Cómo observan que está siendo la actuación a nivel judicial?
- En líneas generales vemos un apuro por elevar a juicio la causa, empeño que no se ve reflejado en materia investigativa, no sentimos que se de prioridad en establecer claramente cómo fueron los hechos, la sensación es que la simple declaración de los auto incriminados pareciera bastar para los responsables a nivel judicial. Si bien declaran públicamente que no descartan ninguna hipótesis tanto a nivel policial como judicial, la única hipótesis que desarrollan es el robo seguido de muerte.
La falta de rastros de defensa, la limpieza y precisión de las puñaladas en su mayoría mortales, lo poco que se robaron, el conocimiento de la victima, y las mismas declaraciones de los imputados que dicen que lo primero que hacen es matar a Silvia Suppo, nos da la pauta de que el móvil era el asesinato de Silvia.
¿Cómo evalúan que se está actuando desde la secretaría de Derechos Humanos (SDH), y desde el gobierno provincial en general?
-Recientemente un funcionario de la secretaria salió a respaldar el accionar policial, el director de la memoria el Dr. Pedraza declaró en medios que no se puede hablar de “crimen político” y elogió el trabajo policial en este caso. Otro fue el Ministro de Seguridad, Gaviola, que afirmó que "no le consta" que le hayan entregado el video (de la terminal) a la policía.
A pesar de todo lo que venimos denunciando, tanto en este caso como en otros casos, se trata de deslindar responsabilidades, poniendo todo en el plano de delitos comunes, producto de la inseguridad cotidiana, para no tomar medidas políticas, que puedan cambiar la delicada y riesgosa situación por la que atravesamos todos los que estamos relacionados con causas de delitos de lesa humanidad.
Desde el gobierno provincial no vemos ningún interés en apoyar o acompañar a la familia, de hecho no se les ofreció asesoramiento jurídico que se hiciera cargo de su reclamo de establecer si hubo un móvil político, ni se designó un equipo especial que llevara adelante las investigaciones, o alguna medida que hiciera pensar que esclarecer este caso es importante para el gobierno.
¿Saben si actualmente el Programa de Protección a Testigos y Querellantes de la SDH está siendo utilizado por querellantes/ sobrevivientes en juicios por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Santa Fe?
- Si en algunos casos, y en otros no. Marina y Andrés Destéfani, los hijos de Silvia Suppo, recientemente renunciaron al Programa, basados fundamentalmente en las declaraciones públicas del Dr. Pedraza cuando “afirma que fue un delito común”. Si para la secretaria SDH fue un crimen común, no tiene sentido que ellos estén en un programa que protege a víctimas de delitos de lesa humanidad.
Creemos que el gobierno debe tomar una posición clara, o protege a testigos y querellantes y asume lo que está sucediendo, o protege su propio funcionamiento ignorando que en la provincia de Santa Fe hay atentados contra testigos y querellantes de los juicios contra el terrorismo de Estado.
Dado el complejo escenario de la investigación, ¿Creen que podrá llegarse a un esclarecimiento de fondo?
- Si claro, los juicios a los genocidas son una clara muestra de que se puede, no sabemos cuanto tiempo nos tome, pero seguiremos luchando hasta que se esclarezca a fondo el asesinato de Silvia Suppo.
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