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martes, 5 de febrero de 2013

Piden apartar al juez Villafuerte Ruzo de causas contra represores

Parcialidad y demoras burdas

Alejandra Gils Carbó opinó que el juez federal de San Nicolás no debe intervenir en el caso de Cambiaso y Pereyra Rossi, en el que le llevó seis años definir la citación de los imputados, entre los que está Luis Patti.

 Por Victoria Ginzberg

Comportamiento parcial. Demoras burdas. Compromiso personal contrario al avance de la instrucción. Así define la procuradora Alejandra Gils Carbó el desempeño del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo en las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Por ese motivo opinó que debe aceptarse la recusación contra el magistrado presentada por el fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, en la investigación sobre el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, cuyo principal acusado es el subcomisario preso Luis Abelardo Patti. “Si bien el apartamiento del magistrado sería para este caso particular, según se desprende de su conducta y de los argumentos del dictamen, correspondería que Villafuerte Ruzo no intervenga en ningún expediente relacionado con los crímenes de la última dictadura”, coincidieron ante Página/12 Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y Murray.

La conducta de Villafuerte Ruzo es, desde hace años, un obstáculo para el avance de las investigaciones que involucran a los represores. Sus demoras motivaron más de 30 pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia, recursos de reposición, apelación y queja por parte de Murray y reiterados oficios de la Unidad Fiscal que encabezan Parenti y Jorge Auat a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Cámara Federal de Casación Penal y a la Corte Suprema.

Luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el juez dejó sentado que reabría las causas vinculadas al terrorismo de Estado “sólo en virtud de un deber funcional”, pero que él pensaba que este hecho violaba derechos fundamentales de los imputados. Esta opinión no implicó su apartamiento de estas causas, ya que se consideró que no constituía un caso de “prejuzgamiento típico”. El juez Fernando Barbará, de la Cámara Federal de Rosario, señaló en esa oportunidad: “Inequívoco es que la causal invocada por el Ministerio Público no se encuentra legislada en el artículo 55 del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación) ni en ningún otro artículo ni código, me animaría a decir, del mundo. Y ello por cuanto resulta a todas luces insólito e imprevisible para cualquier legislador que un juez instructor pueda invocar que acomete su tarea en cumplimiento de un deber funcional pese a que considera que al hacerlo viola los derechos humanos y principios constitucionales como el del debido proceso, irretroactividad de las leyes y legalidad”.

Gils Carbó explica en su dictamen que lo que podía sospecharse por aquella opinión del juez fue confirmado por su comportamiento en los trámites judiciales. Por ejemplo, a Villafuerte Ruzo le llevó seis años ordenar la citación de Patti y otros dos represores de la Unidad Regional de Tigre en el expediente sobre el asesinato, el 14 de mayo de 1983, en un bar de Rosario, de dos militantes peronistas. “El Ministerio Público promovió la reapertura de este proceso en marzo de 2005. El juez evitó expedirse en respuesta a ese planteo por más de dos años, hasta que en agosto de 2007 rechazó la petición, mas sin expedirse sobre el fondo del planteo, sino sólo alegando medidas de prueba pendientes de producción. Recién en agosto de 2010 el magistrado resolvió el fondo de la petición, reabriendo la instrucción del caso. Las citaciones a prestar declaración indagatoria que el agente fiscal había solicitado en 2005 fueron finalmente resueltas en octubre de 2011”, señala Gils Carbó. Una de las maniobras de Villafuerte Ruzo consistió en, literalmente, “cajonear” los expedientes: concedía las apelaciones, pero no enviaba los documentos a la Cámara. “Un simple trámite que no debería insumir mayor tiempo, a lo sumo, algunos días, ha llegado a dilatarse cerca de un año y medio”, dice el informe de la Unidad Fiscal que fundamentó el dictamen de la procuradora.

El caso del asesinato de Gastón Gonçalves ejemplifica, para Murray, la actitud del juez. “Para Villafuerte Ruzo no había pruebas ni siquiera para llamar a indagatoria a Patti, pero luego la causa cambió de jurisdicción, pasó a San Martín y con la instrucción que habíamos hecho acá, dos jueces de primera instancia y una Cámara Federal, lo procesaron, un Tribunal Oral lo condenó y Casación confirmó la sentencia. Es hora de que se analice el contenido de sus fallos”, señaló el fiscal a Página/12.

Hay una causa sobre crímenes de la última dictadura en la que Villafuerte Ruzo ya fue apartado. Es la investigación sobre la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León. Víctor Martínez estaba con el sacerdote cuando se produjo el choque en la Ruta 9. Martínez contó que llevaban documentos con denuncias sobre desapariciones, que el obispo fue asesinado y que él mismo estuvo secuestrado. Villafuerte Ruzo lo procesó por falso testimonio y, en ese caso, la Cámara de Casación admitió la recusación.

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