Un hombre declaró en la justicia federal bajo la figura de identidad reservada. Habría señalado que el hijo de un represor mandó a matar a la mujer. Su relato se giró a Rafaela, donde se investiga el crimen. Preocupación del Gobierno por las derivaciones.
Héctor M. Galiano
La semana pasada se presentó en el juzgado federal Nº 1 de Santa Fe un hombre que llegó acompañado por miembros de un organismo de Derechos Humanos. Declaró ante el juez Reinaldo Rodríguez que contaba con información que podría aclarar el homicidio de la ex militante de la JP y ex presa política Silvia Suppo, ocurrido el lunes 29 de marzo de este año. Hasta el momento, dos jóvenes, (primos entre ellos, de 18 y 22 años) están imputados en el hecho, caratulado como “homicidio calificado”
En el fuero provincial el juez penal de Rafaela, Alejandro Mognascchi, es el que lleva adelante la investigación que tiene muchos elementos de prueba para acusar a los detenidos, además de las confesiones de autoría de ambos, en sede policial y también tribunalicia. En este expediente están constituidos los hijos de la víctima como querellantes, patrocinado por los abogados Guillermo Munné y Lucila Puyol. Ambos impulsaron la declaración del testigo de identidad reservada en el fuero federal. La figura esta prevista para proteger a testigos en causas por tráfico de estupefacientes (aunque operativamente no funciona), pero se ha ampliado en otros casos, como por ejemplo en atentados terroristas (Causa Amia). “El juez Rodríguez accedió al pedido teniendo en cuenta que todavía no hay imputados, por lo cual el derecho a defensa no se vería menoscabado por el medio de prueba”, dijo una fuente judicial confiable a Notife.
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El testigo de identidad reservada llegó hasta el juzgado federal acompañado por cuatro integrantes de una organización de Derechos Humanos de la provincia. Actualmente vive a 50 kilómetros de la capital santafesina y es por ello que fue trasladado en un patrullero de la policía de Santa Fe hasta el ingreso al juzgado. Reinaldo Rodríguez le tomó el testimonio en el que se desplegó una historia bastante confusa y controvertida. Expresó, como dato de interés, que tenía información sobre la muerte de Silvia Suppo, sindicó a dos delincuentes comunes de la zona de la cuenca lechera que, a pedido del hijo de uno de los represores condenados en Santa Fe por delitos de lesa humanidad, mataron a la mujer en los últimos días de marzo. “Es un bluff”, arriesgó una fuente incontrastable que tuvo acceso a la declaración, “De todos modos se corrió vista a la Fiscal y luego el juez resolvió enviar la declaración en sobre lacrado al juzgado de Rafaela”, completó la fuente.
El miércoles pasado, el diario rafaelino Castellanos publicó una nota (repleta de adjetivaciones) en la que daba cuenta del tratamiento que el juez Mognascchi le dio al testimonio del testigo. Peligrosamente, también el diario lanzó una hipótesis de conflicto intracarcelaria en el penal de Coronda , abonada en la idea que uno de los apuntados como sicarios podría tomar represalias. Este viernes, representantes de distintos organismos de Derechos Humanos y ex detenidos por causas políticas información –no oficialmente- que “por la seriedad de la información y por razones de seguridad no pudimos informar abiertamente por lo que acudimos a las autoridades nacionales, que nos brindaron todo su apoyo y pusieron a trabajar en el tema al organismo competente (…) con estos elementos, nos presentamos a Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Dr. Rodríguez en la causa “Hattemer-Suppo-Destéfani” donde los hijos de Silvia –Marina y Andrés- son querellantes, solicitando se autorice una testimonial con identidad reservada. A lo solicitado, el juez corrió vista a la fiscalía, a cargo de la fiscal Cintia Gómez de Martínez y el día martes 31 de agosto se concretó la testimonial. Ese día se hicieron presentes los funcionarios de nación mencionados”, señalaron los ex detenidos ilegales durante la última dictadura cívico - militar.
Rodríguez tomó la testimonial con un representante del Ministerio Público, que 24 horas más tarde pidió el desglose de la testimonial del expediente federal y remitirlo al juez rafaelino. Mognascchi recibió el testimonio en sobre lacrado y ordenó algunas diligencias de rigor. Aún Notife no pudo establecer de qué forma el juez rafaelino incorporó al expediente el testimonio del testigo de identidad reservada. La figura no está contemplada por el Código Procesal Penal (ni el viejo, escrito e inquisidor, ni el moderno de transición) de la provincia, por lo que la validez como prueba pende de un hilo.
A priori, el juez penal sospecha de la versión del testigo reservado. Es más, pensaba cancelar la instrucción en lo próximos días y firmar el decreto de elevación a juicio. Ahora, deberá extender los plazos y descartar de plano cualquier relación –por más mínima que fuese – entre los denunciados, la víctima y el supuesto instigador.
Para Mognascchi está sumamente probado que Rodolfo Valentino Cóceres y su primo Rodrigo Sosa fueron los autores del homicidio de Silvia Suppo en el local “Todo Cuero” el pasado 29 de marzo. La mujer murió como consecuencia de 8 heridas corto punzantes provocadas por los imputados, una de ellas en la zona del hemitorax, que resulto ser la mortal. Ingresó con vida a las 11.20 al Samco Jaime Ferré de Rafaela y, a pesar del esfuerzo enorme del cirujano Diego Lanzotti, la mujer falleció algunos minutos después.
Los dos imputados reconocieron que mataron a Suppo porque iba a reconocerlos. Alrededor de las 10 de la mañana del lunes 29 de marzo ingresaron a local “Todo Cuero” para pedir cambio de billetes de bajo valor. Al observar la desprotección de la mujer se fueron para luego volver con la intención de robarle.
En la indagatoria, el imputado Sosa, alias “Michito” le dijo al juez que ingresaron para robarle. "Yo la agarré del cogote (sic) pero ella logró sacarme el cuchillo que llevaba en la cintura (…) Cóceres ve esta situación y se va por detrás de la mujer, la agarra y le da golpes con el cuchillo a la mujer en las costillas, yo aprovecho y recupero el cuchillo y le doy puntazos mientras Cóceres la lleva para atrás (del local). La suelto y cae al piso. Luego me dice Cóceres que vuelva hasta donde estaba la mujer y, como la vi con los ojos abiertos, le di más puntazos en la espaldas, serían dos o tres”, dijo Sosa en la indagatoria que consta en la foja 284 del expediente original. El 12 de abril pasado, el juez Mognaschi procesó a Sosa y Cóceres por el delito de Homicidio Calificado y transformó en prisión preventiva la detención que ya venían sufriendo los autores del hecho.
Mucho ruido
Desde el lamentable episodio de la muerte de Silvia Suppo, muchas conjeturas se desplegaron sobre el móvil del crimen. “Es la penosa historia de una mujer que durante 35 años de su vida luchó contra la injusticia y la exclusión social, y justo ésa exclusión la mata”, dijo uno de los querellantes en la causa Brusa a Notife. Suppo estuvo detenida en la Guardia de Infantería Reforzada durante la última dictadura militar. Antes de ser “blanqueada” en la GIR fue torturada y violada en una casita que el Ejército tenía en Santo Tomé y que era un centro clandestino de torturas, hasta hoy, sin identificar. Producto de las violaciones Suppo quedó embarazada y debió abortar por pedido de Juan Perizotti, entonces jefe de la GIR, que le dijo “que ese error lo iban a corregir”. La historia de muerte y dolor también alcanzó a su ex pareja Reinaldo Hattemer, secuestrado en una Iglesia rafaelina en la dictadura y desaparecido por los verdugos. El hermano de la mujer. Hugo Rogelio, también estuvo preso pero logró escaparse de los represores por un descuido de los guardias que lo custodiaban en una sala del Hospital Cullen. Se escapó por los trechos malherido, fue protegido por un matrimonio del barrio Roma que le dio un dinero para viajar a la provincia de Buenos Aires. Allí se contactó con Monseñor Casaretto que lo sacó vestido de cura en el baúl de su auto por la frontera entre Argentina y Brasil.
El brutal crimen habilitó también hipótesis trasnochadas y deliberadamente falsas. Desde asegurar que Sosa y Cóceres recibieron 2 mil pesos para matar a Suppo y que “era un comentario frecuente en el barrio San Agustín”, donde fueron detenidos. También se intentó (en vano) abonar la teoría que un grupo de desconocidos llego a Rafaela ese día en un auto y ése mismo día desapareció por completo. Pura fantasía.
Los abogados que patrocinan a los hijos de Suppo ingresaron tarde al expediente. Igualmente pidieron medidas fundamentadas. Por ejemplo, el 22 de abril propusieron una prueba pericial ofrecida por la Nación y que estaría a cargo del doctor Alberto J. Linares “a los fines de indicar y/o proponer expertos en la realización de análisis de cabellos, pisadas, huellas y sangre o ADN de la víctima y de la ropa de los imputados encontradas en un descampado (…) también un análisis de las uñas cortadas del cuerpo de la víctima el 29 de marzo por el equipo Forense de la Policía”. Las respuestas recibidas no arrojaron datos de importancia para la causa. Sí, la querella pudo probar la incompetencia policial en la entrega de un video de la Terminal de Ómnibus de Rafaela en donde aparecen Sosa y su primo en las cintas en vídeo aportadas. Por paradojas del destino, el jefe de la URV, Juan Mondino, fue uno de los oficiales de rango que el ministerio de Seguridad envió a Estados Unidos a capacitarse en el FBI el mes pasado.
Desde el Gobierno santafesino se sigue el caso de cerca y con prudencia por las posibles derivaciones que podrían tener el tema si “se mal informa, o si la noticia es difundida con inexactitudes”, señaló un funcionario del ministerio de Justicia.
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