Los afiliados represores
La semana pasada el Tribunal de Disciplina del PJ eligió sus autoridades y resolvió darle curso al pedido del vicepresidente del partido. La próxima reunión será el 20 de agosto para expedirse y emitir dictamen sobre la expulsión de ambos.
El Tribunal de Disciplina del PJ santafesino dio curso a un pedido de expulsión de los represores Mario Facino y Eduardo Ramos y resolvió producir su dictamen el próximo 20 de agosto, por lo que si es favorable el justicialismo podría ser el primer partido político de la provincia que cancela las fichas de dos condenados por crímenes de lesa humanidad. Facino y Ramos ya cumplen una sentencia de 20 y 23 años de prisión por secuestros y torturas de detenidos políticos, aunque ahora el ex presidente comunal de San José del Rincón afronta un segundo juicio por el "homicidio" de una militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, donde la querella le solicitó prisión perpetua y la Fiscalía 25 años de cárcel. "Hay razones políticas, éticas y jurídicas para expulsarlos", dijo Jorge Fernández, vicepresidente del PJ.
Fernández formalizó la solicitud de expulsión de Facino y Ramos en una nota ante el consejo provincial partidario. Y luego éste la remitió al Tribunal de Disciplina, pero con una segunda nota de estilo que firma el propio presidente del PJ y jefe del bloque de senadores, Ricardo Spinozzi.
La semana pasada el Tribunal de Disciplina se constituyó en la sede del PJ, eligió sus autoridades y resolvió darle curso al pedido del vicepresidente del partido. La próxima reunión será el 20 de agosto para expedirse y emitir dictamen, según confirmaron a Rosario/12 fuentes partidarias. En el encuentro, fue elegido presidente del Tribunal un dirigente histórico del justicialismo, Jorge Albertengo y secretaria la ex concejala de Rosario, Verónica Riera. Los otros miembros son el ex concejal de Santa Fe, Virgilio Viglieca, Edmundo Fernández, Jorge Rocas, Sergio Battistoni y Emilio Sánchez García.
En diciembre último, en el juicio al ex juez Víctor Brusa, el Tribunal Oral Federal condenó a Ramos a 23 años de cárcel por la "privación ilegal de la libertad agravada" a cinco víctimas de la dictadura (Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Stella Vallejos, Patricia Isasa y José Schulman y "tormentos" (a Bugna, Cámara, Vallejos, Isasa y Jorge Pedraza). Y a Facino a 20 años de prisión por "privación ilegal de la libertad" a tres ex detenidos políticos (Patricia Isasa, José Schulman y Eduardo Almada) y "tormentos" a Isasa. Pero ahora, Facino es juzgado la desaparición y asesinato de otra militante política, Alicia López, donde la querella le pidió "prisión perpetua" y el Ministerio Público Fiscal una pena de 25 años de cárcel y que se unifique con la condena anterior. No será el último proceso: los dos represores también están imputados en otra causa por "asociación ilícita" que podría llegar a juicio oral el año que viene.
La expulsión de Ramos de las filas del PJ ya había sido reclamada hace más de una década por una de sus víctimas, Anatilde Bugna, quien lo denunció como "uno de los torturadores de la dictadura" que aparece "en el informe de la Conadep Santa Fe del año 1984". "La violación de los derechos humanos durante el terrorismo de estado y la impunidad posterior a través de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos han generado consecuencias profundas en el conjunto de la sociedad, han impedido el castigo a los culpables y la posibilidad de definir en el plano social que es lo permitido y lo prohibido, que es lo lícito o lo ilícito, lo ético y lo que no lo es", escribió Bugna hace trece años. Rosario/12 publicó esa nota que nunca fue tratada por el Tribunal de Disciplina del PJ.
El 23 de junio, cuando declaró en el juicio por el asesinato de Alicia López, José Schulman volvió a denunciar que Facino y Ramos seguían afiliados al PJ. "Lo más irónico de la situación por no decir trágico es que el PJ permitió que este Facino fuera presidente comunal de San José del Rincón. Quiero denunciar a la sociedad santafesina que Facino y Ramos siguen siendo afiliados al PJ de la provincia de Santa Fe. Un partido que alberga en sus padrones a personas que han sido condenadas por crímenes tremendos", dijo en la sala del juicio.
Fernández se hizo eco entonces de las denuncias de Bugna y Schulman y pidió que la expulsión de Ramos y Facino "ad referendum" del congreso partidario. "Hice las consultas y me dijeron que los dos estaban afiliados al PJ. Yo pensaba que Ramos no estaba en el padrón porque había sido afiliado de Acción por la República (el partido que fundó el ex ministro Domingo Cavallo), pero me informaron que se reafilió en el año 2000 y el que lo presentó fue el ex senador nacional Jorge Massat", explicó Fernández.
"Así que solicité como afiliado y vicepresidente del partido que el Tribunal de Disciplina constate si Facino y Ramos son afiliados; en su caso, desde cuándo y quién los presentó ambos. Y en caso de ser afiliados, pedí la inmediata expulsión del PJ por estar condenados por delitos de lesa humanidad", dijo Fernández. Y justificó el reclamo en "en razones políticas, éticas y jurídicas. Ya hay una condena judicial y es por delitos gravísimos".
La semana pasada el Tribunal de Disciplina del PJ eligió sus autoridades y resolvió darle curso al pedido del vicepresidente del partido. La próxima reunión será el 20 de agosto para expedirse y emitir dictamen sobre la expulsión de ambos.
El Tribunal de Disciplina del PJ santafesino dio curso a un pedido de expulsión de los represores Mario Facino y Eduardo Ramos y resolvió producir su dictamen el próximo 20 de agosto, por lo que si es favorable el justicialismo podría ser el primer partido político de la provincia que cancela las fichas de dos condenados por crímenes de lesa humanidad. Facino y Ramos ya cumplen una sentencia de 20 y 23 años de prisión por secuestros y torturas de detenidos políticos, aunque ahora el ex presidente comunal de San José del Rincón afronta un segundo juicio por el "homicidio" de una militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, donde la querella le solicitó prisión perpetua y la Fiscalía 25 años de cárcel. "Hay razones políticas, éticas y jurídicas para expulsarlos", dijo Jorge Fernández, vicepresidente del PJ.
Fernández formalizó la solicitud de expulsión de Facino y Ramos en una nota ante el consejo provincial partidario. Y luego éste la remitió al Tribunal de Disciplina, pero con una segunda nota de estilo que firma el propio presidente del PJ y jefe del bloque de senadores, Ricardo Spinozzi.
La semana pasada el Tribunal de Disciplina se constituyó en la sede del PJ, eligió sus autoridades y resolvió darle curso al pedido del vicepresidente del partido. La próxima reunión será el 20 de agosto para expedirse y emitir dictamen, según confirmaron a Rosario/12 fuentes partidarias. En el encuentro, fue elegido presidente del Tribunal un dirigente histórico del justicialismo, Jorge Albertengo y secretaria la ex concejala de Rosario, Verónica Riera. Los otros miembros son el ex concejal de Santa Fe, Virgilio Viglieca, Edmundo Fernández, Jorge Rocas, Sergio Battistoni y Emilio Sánchez García.
En diciembre último, en el juicio al ex juez Víctor Brusa, el Tribunal Oral Federal condenó a Ramos a 23 años de cárcel por la "privación ilegal de la libertad agravada" a cinco víctimas de la dictadura (Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Stella Vallejos, Patricia Isasa y José Schulman y "tormentos" (a Bugna, Cámara, Vallejos, Isasa y Jorge Pedraza). Y a Facino a 20 años de prisión por "privación ilegal de la libertad" a tres ex detenidos políticos (Patricia Isasa, José Schulman y Eduardo Almada) y "tormentos" a Isasa. Pero ahora, Facino es juzgado la desaparición y asesinato de otra militante política, Alicia López, donde la querella le pidió "prisión perpetua" y el Ministerio Público Fiscal una pena de 25 años de cárcel y que se unifique con la condena anterior. No será el último proceso: los dos represores también están imputados en otra causa por "asociación ilícita" que podría llegar a juicio oral el año que viene.
La expulsión de Ramos de las filas del PJ ya había sido reclamada hace más de una década por una de sus víctimas, Anatilde Bugna, quien lo denunció como "uno de los torturadores de la dictadura" que aparece "en el informe de la Conadep Santa Fe del año 1984". "La violación de los derechos humanos durante el terrorismo de estado y la impunidad posterior a través de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos han generado consecuencias profundas en el conjunto de la sociedad, han impedido el castigo a los culpables y la posibilidad de definir en el plano social que es lo permitido y lo prohibido, que es lo lícito o lo ilícito, lo ético y lo que no lo es", escribió Bugna hace trece años. Rosario/12 publicó esa nota que nunca fue tratada por el Tribunal de Disciplina del PJ.
El 23 de junio, cuando declaró en el juicio por el asesinato de Alicia López, José Schulman volvió a denunciar que Facino y Ramos seguían afiliados al PJ. "Lo más irónico de la situación por no decir trágico es que el PJ permitió que este Facino fuera presidente comunal de San José del Rincón. Quiero denunciar a la sociedad santafesina que Facino y Ramos siguen siendo afiliados al PJ de la provincia de Santa Fe. Un partido que alberga en sus padrones a personas que han sido condenadas por crímenes tremendos", dijo en la sala del juicio.
Fernández se hizo eco entonces de las denuncias de Bugna y Schulman y pidió que la expulsión de Ramos y Facino "ad referendum" del congreso partidario. "Hice las consultas y me dijeron que los dos estaban afiliados al PJ. Yo pensaba que Ramos no estaba en el padrón porque había sido afiliado de Acción por la República (el partido que fundó el ex ministro Domingo Cavallo), pero me informaron que se reafilió en el año 2000 y el que lo presentó fue el ex senador nacional Jorge Massat", explicó Fernández.
"Así que solicité como afiliado y vicepresidente del partido que el Tribunal de Disciplina constate si Facino y Ramos son afiliados; en su caso, desde cuándo y quién los presentó ambos. Y en caso de ser afiliados, pedí la inmediata expulsión del PJ por estar condenados por delitos de lesa humanidad", dijo Fernández. Y justificó el reclamo en "en razones políticas, éticas y jurídicas. Ya hay una condena judicial y es por delitos gravísimos".
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