Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

miércoles, 30 de diciembre de 2009

FUE EXCARCELADO EL GENOCIDA CARLOS SFULCINI (A) “CARLOS BIANCHI” O “CARLITOS”.


Día de los inocentes.


No lo supimos hasta el 28 de diciembre, tremenda ironía a las cuales nos quieren acostumbrar desde el poder. De menor impacto general que aquel deleznable indulto de también un 28 de diciembre, pero muy en consonancia con ciertos anuncios  para “las fiestas”. Después de todo, la Ley de Punto Final que paralizó los juicios contra los verdugos del pueblo como antesala del Punto Final, que pretendía aniquilarlos directamente para siempre, fue promulgada por Alfonsín un 24 de diciembre de 1986, como regalo de Nochebuena y Navidad. En definitiva, el pueblo siempre está expuesto a que un funcionario notable le sacuda con el peor de los golpes a sus expectativas con una reedición de “la casa está orden...” y un “felices fiestas”.
Lo cierto es que pese a la participación en el expediente en que se investiga la desaparición del compañero Tito Messiez, nada se nos había notificado de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que la semana pasada, y siguiendo con su tradición de obrar como “Área Judicial del Cuerpo II de Ejército” dejó en libertad a uno de sus secuestradores y asesino, Carlos Sfulcini, tal como lo hiciera con muchos represores imputados acá o en Santa Fe en  las causas actualmente en desarrollo. Por citar un ejemplo muy difundido en los últimos días, mencionamos el del concejal electo de San Lorenzo, Pedro Pili Rodríguez, al cual el Cuerpo le rechazó su ingreso.

Si la decisión de la Cámara es repudiable, no menos lo es la conducta del titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, el que nada informó a la querella, entendiendo sin duda que la siguiente disposición legal está de adorno, no lo obliga a respetarla o que solamente debe ser aplicada si las víctimas se enteran de lo que pasa por otros medios propios Así se debe  superar de alguna providencial manera el secreto cómplice de los Tribunales y reclamar que se  informe sobre lo que,  de todas maneras,  ya se supo. Como tantas veces lo hemos denunciado, el siguiente texto del Código de Procedimientos  no parece importarle demasiado al juez:

Art. 80. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho:
…...
b) A ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado;

Pero lo cierto es que la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones a los DDHH durante el Terrorismo de Estado, se enteró de la libertad de Sfulcini porque la querella la anotició, y recién 6 horas después pudo comprobar por boca del secretario del Juzgado que efectivamente, mientras ellos permanecían rigurosamente ajenos a todo, el criminal exhibía su libertad en su domicilio de España 344.
Esta cohabitación de la “imparcialidad” de los jueces con la “asistencia a la víctima” está dando sistemáticamente estos frutos de oscuros resultados que permanecen celosamente custodiados en los secretos  ambientes de los Tribunales hasta que esas víctimas logran develar de alguna manera la realidad que se oculta para beneficio de los genocidas, que entre tanto se pasean entre la gente honesta de nuestro pueblo, obligada a convivir con la inmundicia de sus existencias.
En días de festejos por la primera condena a unos pocos imputados por “lesa humanidad”, después de más de 30 años de impunidad para los asesinos del pueblo, por unos pocos delitos y si se quiere menores comparados con los homicidios que cometieron en una enorme asociación ilícita como es el denominado “plan sistemático de exterminio”, se producen cotidianamente aberrantes decisiones y se deslizan sin mayor estrépito conductas desdeñosas del Poder Judicial, como que los juicios federales se suspenden por vacaciones, agregando más tiempo sin condena al que ya dispusieron durante todo ese larguísimo período en que reptaron distintos funcionarios de “la Justicia”. O como los permisos para que los milicos asesinos pasen las fiestas con sus familias, tal el caso de Guerrieri, premiado por el TOF 1 de Rosario.
De hecho que la UADH no imitará esa conducta de reptiles. Una cosa son ellos, y otra el accionar comprometido con la verdadera Justicia que sólo el pueblo sabe exprimir hasta de las piedras, cueste lo que cueste.
Informados de lo que estaba sucediendo -y por la buena voluntad de compañeros cuya humilde colaboración adquiere dimensiones  extraordinarias en ciertos momentos- montamos guardia para reiniciar la insustituible labor de marcar a los represores donde fuera y bajo las condiciones que sea que se encuentren. Acá ponemos a disposición de todo el pueblo la cara siniestra de Sfulcini, uno de los sujetos más beneficiados por el “Área Judicial del Cuerpo II de Ejército”.
Por todo esto seguiremos con nuestra lucha en la calle por CASTIGO A LOS ASESINOS DEL PUEBLO y en particular, para que éste esté donde corresponde, es decir, entre rejas.
VER VIDEO GENOCIDA EN SU CASA 
http://uadh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=5

martes, 22 de diciembre de 2009

El ex juez Brusa condenado a 21 años



Por Juan Carlos Tizziani

Víctor Brusa se convirtió ayer en el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a 21 años de cárcel efectiva por apremios ilegales en ocho casos durante la dictadura, cuando era la mano derecha del juez Fernando Mántaras, un nazi confeso, a quien años después sucedió en el mismo cargo, ya durante el gobierno de Carlos Menem. Brusa no fue el único. En el banquillo, lo acompañó un grupo de tareas que recibió penas que oscilan entre 23 y 19 años de prisión por secuestros y torturas: los ex policías Héctor Colombini y Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto Perizzotti (22), Mario Facino (20) y la ex carcelera María Eva Aebi (19). "No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y estuvo sostenido durante tanto tiempo por intereses espúreos", dijo la vicegobernadora Griselda Tessio. La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Celina Koffman se ilusionó con el futuro: "La justicia todavía existe, es cuestión de luchar por ella".
Cientos de santafesinos se congregaron ayer en el microcentro frente a la Casa de Justicia para escuchar el veredicto en la calle, entre aplausos y llantos. La esquina de Primera Junta y San Jerónimo fue rodeada con vallas para seguir por pantallas gigantes la lectura del presidente del Tribunal, Roberto López Arango, un juez de Paraná, a quien secundaron los conjueces, Andrea Creus y Carlos Renna.
El debate comenzó el 1º de setiembre: se extendió tres meses, pero las víctimas tardaron 25 años en llevar a juicio a Brusa desde que lo denunciaron ante la Conadep en 1984. Y once años, desde que lo acusaron ante el juez español Baltazar Garzón, quien ordenó la extradición y su captura internacional. Ese el origen del proceso que finalizó ayer. "Comienza a terminarse la impunidad en Santa Fe", dijo la vicegobernador Tessio, que siguió la lectura de la sentencia desde la sala de audiencias. Lo acompañaron otros funcionarios del gobierno de Hermes Binner, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y el secretario de Justicia, Roberto Vicente. Y en la calle, entre el público, se sumó la ministra de Cultura, "Chiqui" González.
El Tribunal dividió la resolución en quince puntos, los primeros a favor de los imputados al considerar cosa juzgada una denuncia contra Ramos y anular uno de los cargos contra Aebi, por una falla en la investigación en primera instancia. Pero después, comenzaron las condenas: 21 años a Brusa, 23 a Colombini y Ramos, 22 a Perizzotti, 20 a Facino y 19 a Aebi. Las penas son levemente inferiores a las que habían pedido los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti: 23 para Brusa; 25 años para Ramos y Colombini; 24 para Perizotti y 23 Facino y Aebi, pero mantienen la graduación del Ministerio Público, con el agregado que se cayó una de las imputaciones a la única mujer del banquillo. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 15 de febrero de 2010, a las 12.
"Estamos satisfechos con la condena", dijo el abogado querellante Horacio Coutaz, que representó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio. "El Tribunal reconoció el plan sistemático de exterminio y eso es muy importante. Las condenas son muy altas, están dentro de las que podíamos preveer más allá de que nosotros habíamos pedido el máximo", agregó. Coutaz solicitó 25 años de prisión para los seis imputados.
Las primeras de salir de la audiencia fueron las Madres de Plaza de Mayo. Koffman tenía los ojos iluminados. "La lucha no ha sido en vano. Estamos muy emocionadas porque los argentinos y sobre todo los jóvenes se merecen que estos genocidas estén en la cárcel. Tienen las penas que se merecen porque han hecho mucho daño, no sólo a las víctimas sino a familias enteras. La justicia todavía existe en este país, es cuestión de luchar por ella", se ilusionó Koffman.
Tessio también ponderó el veredicto. "Las penas son condignas y ejemplarizadoras, estoy conforme porque se ha cerrado una etapa de impunidad en la ciudad de Santa Fe. No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y que no llegó al cargo por concurso ni por las reglas de las democracia, sino que fue sostenido por intereses espúreos. Entonces, tener esas personas condenadas con todo su grupo de tareas es una cosa muy importante", dijo.
El Tribunal ordenó también abrir una veintena de causas solicitadas por la querella y la fiscalía, entre ellas a un legislador del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, Horaldo Senn, señalado por una de las víctimas en el juicio como colaborador de los grupos de tareas. "Ahora se inicia otro gran debate en la sociedad santafesina porque el Tribunal planteó que hubo un plan de exterminio", dijo uno de los querellantes, José Schullman. "Entonces, lo que habrá que discutir es quién se enriqueció con ese plan de exterminio. El Tribunal dijo que hubo complicidad cívica con la dictadura. Y hay empezar a buscar quiénes fueron los cómplices de la sociedad santafesina como nosotros planteamos en nuestro alegato. Este no es un fallo sobre el pasado, es sobre el futuro", precisó Schullman.
El veredicto que se escuchó en la calle fue como un duelo para comenzar a cerrar las heridas del genocidio. Una mezcla de angustia y alivio.
* Patricia Isasa (querellante): "Esto es un antes y un después. Un punto final para la mano dura, los tratos inhumanos y crueles en cualquier lugar y por cualquier motivo. Estamos absolutamente conformes con las condenas que me parecen ejemplificadoras. Me parece bueno para la sociedad santafesina, para que comience a preguntarse: ¿qué nos ha pasado que esta gente como Víctor Brusa o Mario Facino, sentenciada por crímenes de lesa humanidad ha ocupado altísimos cargos públicos?".
* Jorge Pedraza (querellante): "Parecía imposible. Es una condena al posibilismo. Decían que no se podía y al final se pudo. Había muchos que decían: '¿Cómo vamos a llegar a eso? En Santa Fe es imposible lograr una condena de este tipo'. Bueno, al final se pudo".
* Daniel García (querellante): Salió de la audiencia con los ojos enrojecidos. "¿Saben dónde van mis pensamientos?", preguntó. "A los compañeros que no están: a Cacho, a Enrique, a Lucía, que fueron compañeros nuestros que ya no están. Esos son los verdaderos dueños de todo esto porque eran los mejores. Hoy, nuestro pensamiento está con ellos".
* Roberto Cepeda (testigo): "Me siento en paz. Este es el triunfo de la lucha, de la solidaridad y del amor".
* Elsa Ramos (Familiares de Desaparecidos): "Siento una felicidad inmensa que me emociona y me conmueve. Agradezco a estos jueces por haber sido tan probos y honestos para condenar nada menos que a un ex juez federal. La pelea ha sido muy grande".

domingo, 20 de diciembre de 2009

Rosario: 22/12 : la sentencia contra los genocidas


El fin de la impunidad

Los abogados defensores de los seis acusados arguyeron que los delitos prescribieron. Pero el fiscal Martín Suárez Faisal les contestó: "Se trata de hacer justicia".

por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Llega el día del veredicto. El Tribunal Oral de Santa Fe anunciará mañana, a las 18, su sentencia en el juicio al ex juez Víctor Brusa y cinco policías acusados por secuestros y torturas: Héctor "Pollo" Colombini, Eduardo Ramos, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aevi y Mario Facino. La fiscalía y la querella pidieron penas que oscilan entre 25 y 20 años de cárcel efectiva, mientras que la defensa solicitó la absolución de los imputados. Un debate en el que el abogado Gastón Caglia, defensor de Colombini, levantó sospechas contra los jueces por si llegaban a "trocar una sentencia por cargos públicos" y la defensora oficial Judith Didier se despachó con otro argumento sorprendente: "El tiempo sin juzgar hizo que se borren los efectos del delito, que se diluya la necesidad de aplicar la pena". El fiscal Martín Suárez Faisal retrucó a los dos. "El tiempo de la impunidad no diluyó los efectos del delitos, al contrario las heridas quedaron abiertas. Entonces, no se tratar de trocar una sentencia por cargos, se trata hacer justicia", afirmó.
El debate cerró con los alegatos, réplicas y contrarréplicas de las partes. El defensor oficial Fabio Procajlo, que defiende a Brusa y a la ex carcelera Aebi insistió con la prescripción de la causa. Su colega Didier adhirió al planteo de Procajlo, pero intentó reforzarlo con un argumento sorprendente: "El tiempo sin juzgar hizo que se borren los efectos del delito, que se diluya la necesidad de aplicar la pena", afirmó Didier.
El fiscal Suárez Faisal no la dejó pasar. "De ninguna manera pasó (lo que sostuvo Didier), por el contrario, el tiempo de impunidad hizo que los efectos de todos estos delitos que hoy se juzgan persistieran, que las heridas quedaran abiertas".
"En consecuencia, la necesidad juzgamiento y sanción no solamente no está diluida, como afirma la defensora, sino que hoy, está más vigente que nunca", agregó Suárez Faisal. Y le apuntó a Caglia. "No se trata, como dijo desafortunadamente algún defensor de trocar una sentencia por cargos públicos o de buscar la tranquilidad económica. Se trata de la gran oportunidad que hoy tienen los señores magistrados, el honor y la responsabilidad de efectuar, como representantes del Poder Judicial de la Nación, una decidida contribución a la vigencia de los derechos humanos y a la democracia argentina, que es lo que en definitiva, en este juicio, todos vinimos a pedir de ese Tribunal", afirmó el fiscal.
Un rato antes, Suárez Faisal había desestimado otro planteo del defensor de Brusa que sostuvo que los apremios ilegales no eran delitos de lesa humanidad. Precisamente, Brusa está acusado por ochos casos de apremios ilegales.
"El defensor Procajlo dijo que los apremios ilegales no son delitos de lesa humanidad porque no están incluidos en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Esta afirmación de ninguna manera se puede compartir, justamente porque el inciso k de dicho artículo, que leyó el mismo defensor, luego de tipificar una serie de conductas específicas, establece que se entenderán también de lesa humanidad 'los actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las víctimas' y eso es justamente lo que ha pasado en este caso respecto de la conductas atribuidas a Brusa", dijo el fiscal.
Y en ese sentido, recordó "lo expuesto ya en 1996 por el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en el fallo 'Erdemovic', cuando dijo que los dlitos de lesa humanidad eran los 'actos de violencia que dañan a los seres humanos golpeando lo más esencial para ellos; su vida, libertad, bienestar físicos, salud o su dignidad'. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo", sostuvo Suárez Faisal.
Ya en su alegato, el fiscal había rebatido la teoría de los perejiles que planteó la defensa de Brusa, a quien definió como "el perfecto colaborador" del aparato represivo. Según el fiscal, Brusa llegó a dónde llegó, por un motivo: la "criminal convicción" de que la lucha contra insurgente "debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún en el ámbito de la justicia". "Esa comunión ideológica con su jefe: el ex juez federal Fernando Mántaras, un nazi declarado, lo transformó en el perfecto colaborador, tanto del juez como de las Fuerzas Armadas y de seguridad con sede en la zona", dijo Suárez Faisal. Y citó un informe de la Side que elaboró el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe incorporado como prueba en el juicio, que dice: "Brusa ha colaborado estrechamente con la fuerza en la LCS (lucha contra la subversión). Es amigo y colaborador del Ejército Argentino".

jueves, 17 de diciembre de 2009

Cómo apelar a todas las excusas


Por Juan Carlos Tizziani



El defensor oficial Fabio Procajlo y su segundo Fernando Sánchez pidieron ayer la absolución de sus dos defendidos: el ex juez Víctor Brusa y la ex carcelera María Eva Aebi, por el principio de la duda. Fueron cuatro horas de argumentos para desarrollar la teoría de los perejiles. "Brusa y Aebi no formaron parte del plan sistemático de exterminio" ni "eran conscientes de la represión ilegal", dijo Procajlo. A su criterio, ninguno de los dos sabía lo que hacían. "Brusa era un empleado judicial y Aebi una policía con dos años de antigüedad, ambos eran muy jóvenes", abundó el defensor.
La defensa completó los alegatos en la penúltima semana del juicio a Brusa y los cinco policías. Primero, les tocó Procajlo y Sánchez, quien planteó una nulidad que puso en guardia a la querella: una supuesta violación al principio de congruencia entre el procesamiento de Aebi y el auto de elevación a juicio por las denuncias de Vilma Pompeya Gómez, que si prospera podría aliviar a la ex carcelera de uno de los cargos que pesan sobre ella.
Después, siguieron las defensoras oficiales Adriana Gastaldi y Judith Didier que patrocinan al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino y al ex oficial de Inteligencia de la Policía santafesina, Eduardo Ramos.
La audiencia continuará hoy, a las 13, para que la querella pueda responder la nulidad que planteó la defensa y luego podrían seguir las réplicas y contrarréplicas de las partes. La última palabra la tendrán los imputados. Facino ya anunció que quiere aprovechar ese momento para dirigirse al Tribunal y habrá que ver qué hacen los demás. Los únicos que hablaron hasta ahora fueron Ramos y el ex jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212, Juan Calixto Perizzotti. Brusa persistió en su silencio. Por lo tanto, si el lunes hablan los imputados, el martes podría conocerse la sentencia.
Procajlo apeló a todas las excusas para demostrar que defendía perejiles. "Brusa y Aebi estaban afuera del plan sistemático de represión ilegal. Y si hubieran formado parte de ese plan, es obvio que hoy estarían imputados en la megacausa que se tramita en instrucción, donde sí se están investigando homicidios y desapariciones. Pero no forman parte ni van a formar parte", exageró. Una chicana. El defensor pasó por alto que Brusa y Aebi están procesados por "asociación ilícita" en la causa que instruye el conjuez Ricardo Lazzarini y formaba parte de la que hoy está en juicio, mientras que Brusa ya fue imputado en otra megacausa en trámite en el Juzgado Federal Nº 2.


El defensor de Brusa atacó una de las pruebas que más comprometen a su defendido: un informe de la Side, producido por el Destacamento de Inteligencia Militar 122 que lo define: "Ha colaborado estrechamente con la fuerza en la LCS (lucha contra la subversión). Es amigo y colaborador del Ejército Argentino".
"El informe de la Side carece en forma absoluta de valor probatorio. Sólo está firmado en la primera hoja, en la carátula, pero en el texto concreto no está firmado. Creo que se debería haber citado a esta persona (que lo firmó), si es que vive, para que declare", dijo Procajlo. Otra chicana. El documento está firmado por el ex director de Informaciones de la provincia y ex delegado de la Side en Santa Fe, teniente coronel Rondello Barbaresi, que falleció hace cinco años: el 20 de febrero de 2004.
"Por otra parte, si el informe se considera válido, vamos a ver en qué época del proceso se hizo", dijo Procajlo. Y agregó: "Brusa fue propuesto como juez (federal de Santa Fe, apoyado por el Destacamento de Inteligencia Militar 122, en agosto de 1981) y el ministro de Justicia del proceso (Alberto Rodríguez Varela) no aceptó su designación. O sea que tan amigo no era. Bueno, al final, lo terminaron nombrando en la democracia", expresó con cierto toque irónico.
"Y también dice que Brusa colaboró en la lucha contra la subversión. Bueno, se puede interpretar que colaboró en la lucha legal (sic). Uno de los querellantes dijo que había una represión legal y otra ilegal. Puede ser que haya participado de la represión legal".


El informe de la Side ya había sido citado por el fiscal Martín Suárez Faisal para alegar "los motivos que lo llevaron (a Brusa) a delinquir". Según el fiscal, Brusa "tenía la criminal convicción que la lucha contra la subversión debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún en el ámbito de la justicia". Esa "comunión ideológica" con el ex juez federal Fernando Mántaras lo "transformó en el perfecto colaborador, tanto del juez como de las Fuerzas Armadas y de seguridad".
Procajlo rebatió al fiscal. Insistió que el documento de la Side es "inadmisible porque sólo tiene la firma (del teniente coronel Barbaresi) en la carátula. "Además, ¿qué fecha tiene ese informe? Ese informe está fechado (el 13 de agosto de 1981), cuatro años más tarde de los hechos" por los que se juzga a Brusa en el juicio. "¿Y qué acredita? En el peor de los casos, que tenía una buena relación con el Ejército cuatro años después. ¿Por qué vamos a pretender que cuatro años antes era igual?", se preguntó el defensor.

jueves, 10 de diciembre de 2009

A Pili Rodriguez no lo dejaron asumir en el Concejo de San Lorenzo

En una tensa sesión al concejal electo le negaron su diploma. (Foto: J. Granata)

El Concejo Municipal de San Lorenzo esta mañana le negó el diploma de concejal a Pedro Pili Rodríguez, por su pasado como ex funcionario de la dictadura y estar procesado por delitos de lesa humanidad.

Luego de una durísima discusión, seis de los ocho concejales le negaron la asunción a Rodríguez, mientras que uno de los ediles optó por la abstención. La punta de lanza de la impugnación estuvo en manos de la concejala del SI Marcela Lozano, pero la medida también contó con el apoyo del radicalismo y el Frente para la Victoria.

La agrupación Hijos emitió un comunicado "felicitando al pueblo sanlorencino y a sus representantes por haber estado a la altura del proceso de profundización de la democracia y lucha contra la impunidad iniciado desde hace más de treinta años por nuestras Madres Plaza de Mayo".

Fuente : La Capital

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Video donde un represor relata asesinatos




VIDEO SOBRE LA CALAMITA, QUINTA DE FUNES, ESCUELA MAGNASCO Y LA INTERMEDIA

El "Tucu" en el circuito del terror

El Tribunal Oral Federal número 2 proyectó ayer el video con el circuito de la represión donde Costanzo aparece relatando cómo fueron asesinados 14 militantes que estuvieron alojados en uno de los centro clandestino de detención.

Por Sonia Tessa

"¿Se acuerda de esta habitación?", le preguntó el juez Jorge Venegas Echagüe a Eduardo Costanzo, en La Intermedia. "Cómo no me voy a acordar, si acá fue la comida", respondió el imputado en la causa Guerrieri, antes de relatar con lujo de detalles cómo fueron asesinados 14 militantes que estuvieron alojados en ese centro clandestino de detención, propiedad de la familia Amelong. "Trajeron un whisky que estaba fullero, y la única que tomó fue María", recordó nuevamente. María se descompuso, y la llevaron a una habitación, donde la asesinaron. Fue la primera que murió esa noche. Costanzo señaló cómo estaban sentados "los montoneros" y los integrantes del que llamó "Grupo de Operaciones Especiales" en la mesa, y también indicó cómo se había ubicado. Contó que les ordenaron que dejaran el auto a un kilómetro del centro clandestino de detención, y le pidieron a Jorge "Barba" Cabrera que llevara una torta. El relato de Costanzo, el mismo de su indagatoria, pero esta vez in situ, continuó con la aparición de Oscar Pascual Guerrieri, vestido de verde y con un FAL en la espalda, quien les dijo a los prisioneros que estaba por llegar el Comandante Jáuregui, que no le hablaran de Perón porque lo había tenido preso. A partir de entonces, según el relato de Costanzo, empezaron a llamar uno por uno a los cautivos a otra habitación, y los asesinaron de dos balazos en el corazón. Apilaron los cuerpos desnudos en una galería, que Costanzo también señaló, los envolvieron con mantas y los llevaron en un camión Mercedes Benz 608 hacia el aeropuerto. El video del reconocimiento judicial de cuatro centros clandestinos de detención en el marco del juicio oral y público contra cinco represores pudo verse ayer, en la última jornada de audiencias.

Fue en la habitación donde se realizó la última cena donde Costanzo expresó su "indignación" por la muerte de los 14 militantes. "Yo no era partícipe de matarlos, si habían vivido un año con nosotros. Han colaborado con el Ejército, les han pagado mal. Esa fue la locura de Guerrieri, Jorge Fariña y Juan Daniel Amelong", dijo el imputado. En la jornada de reconocimiento, Costanzo recorrió la Calamita, el primer centro clandestino de detención donde estuvieron las personas cuya desaparición se investiga. En el lugar de cautiverio de Granadero Baigorria, Costanzo dio detalles sobre la ubicación de los detenidos y señaló el lugar llamado "sala de situación", donde Fariña escribía las indicaciones en un pizarrón. En la Quinta de Funes, el imputado aseguró haber atendido el llamado telefónico del diario mexicano Unomásuno tras la fracasada Operación México.

El circuito represivo que recorrió Costanzo incluyó la Escuela Magnasco, donde los cautivos fueron llevados tras la frustrada operación de inteligencia. Allí pasaron buena parte del verano, en una habitación que el imputado señaló, así como la entrada por la que llegaron, en varios autos y un camión, en enero de 1978. En La Intermedia fue donde más se detuvo Costanzo, ya que fue el lugar donde asesinaron a Eduardo Toniolli, Fernando Dusex, Carlos Laluf, Marta María Benassi, Jorge Novillo, Stella Hillbrand de Del Rosso, Miguel Angel Tossetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Liliana Nahs de Bruzzone, Teresa Soria de Sklate y Marta María Forestello.

Según relató Costanzo, esa misma noche, llegó en un auto el cadáver de Raquel Negro, que había sido llevada al Hospital Militar de Paraná para dar a a luz a mellizos. "La trajeron en el baúl de un auto, tenía las manos y los pies atados con alambre, y una bolsa en la cabeza", relató con crudeza el represor que rompió el pacto de silencio. Según dijo, todos los cuerpos fueron arrojados desde un avión.

El video que transmitió ayer el Tribunal incluyó además el reconocimiento judicial de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, con tres de los sobrevivientes: Olga Moyano, Juan Rivero y Ramón Verón. Moyano fue exhaustiva en sus descripciones, y las remitió permanentemente a su testimonio judicial. Llevaba una remera con los nombres de los tres compañeros desaparecidos de ese centro clandestino de detención: Hilda Cardozo, Ariel Morandi y Susana Miranda. Cardozo era la compañera de Verón que, al reconocer el lugar donde estuvieron secuestrados, revivió uno de los momentos más duros de su cautiverio. "Esto era una gran habitación. Acá me hicieron despedir a mí de Hilda, que yo conté que nos abrazamos y se burlaban de nosotros. Fue en el centro de este salón. Yo todavía lo siento que es este piso", dijo Verón. Las argollas de la vieja caballeriza donde colgaban a los prisioneros cuando llegaban altos jefes militares no están más, pero los tres sobrevivientes pudieron señalar con certeza adónde habían estado.

martes, 8 de diciembre de 2009

Escrache a un represor imputado devenido en concejal


Para que no asuma un represor

Un amplio abanico de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y estudiantiles de Rosario y de San Lorenzo convocaron ayer al Encuentro por la memoria, la verdad y la justicia, que se realizó en el parador turístico frente al Campo de la Gloria y que contó con espectáculos artísticos, entre ellos el recital de Raly Barrionuevo como cierre. El objetivo era exigir que el concejal electo Pedro "Pili" Rodríguez no ocupe su banca por estar procesado en causas de lesa humanidad, cuando este fuera director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Lorenzo.

A su vez, la agrupación Hijos Rosario ya ha lanzado un escrache a Rodríguez en caso que asuma. "El Concejo sanlorencino no puede ungir como hombre de la democracia a un funcionario de la dictadura, que se dedicó a entregar a trabajadores de San Lorenzo, donde hay gran cantidad de obreros desaparecidos" expresó ayer Juane Basso ante la consulta de Rosario/12.

Cabe recordar que Rodríguez se presentó por una lista vecinalista en las últimas elecciones legislativas y cosechó unos cinco mil votos, suficientes para ocupar una banca de concejal.

" Rodríguez está procesado como partícipe necesario por delitos de lesa humanidad ocurridos en la dictadura, y actualmente se encuentra libre bajo fianza".

Entre otros los diputados provinciales Antonio Riestra, Gerardo Rico y Alicia Gutiérrez se sumaron al pedido al Concejo local para que con sus facultades rechace el diploma Rodríguez por "falta de idoneidad moral" para ocupar un cargo electivo.

Basso explicó que "algunos pocos han hecho alusión a que no se puede ir contra el voto popular, pero hay que dejar en claro que acá se objeta a una persona y no al partido y su programa, que tendrán la misma representación en el Concejo a través del suplente de Rodríguez". Y recordó que "cuando escrachamos a Patti en 1999 en Escobar, donde era intendente, todos nos decían que era una locura. Cuando lanzamos la campaña para que no asuma en Diputados dijeron lo mismo. Pero después de tantos años de lucha y a pesar de la impunidad que lo amparó por más de treinta años, hoy Patti está preso" recordó Basso.

Además el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo llegar su adhesión al pedido, con argumentos leídos en el acto junto a la carta de la vicegobernadora Griselda Tessio, apoyando el pedido de las organizaciones convocantes al acto, entre ellas La Ventolera, Madres y Abuelas de Plaza 25 de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, entre otros.

Raquel Negro: "La militancia era la razón de su vida"


DECLARO JORGE NEGRO, HERMANO DE RAQUEL AUN DESAPARECIDA
Por José Maggi

El hermano de la desaparecida Raquel Negro declaró ayer a la tarde en el juicio Guerrieri-Amelong. "La militancia era la razón de su vida, lo hacía para que su hijo Sebastián viviera en un país mejor". Con esta frase Jorge Negro recordó ayer a su hermana asesinada luego de parir mellizos en el Hospital Militar de Paraná. También lo hicieron

Delia Palau de Negro, quien remarcó que estaba allí dando su historia "en honor a su suegra, quien nunca bajó los brazos y siguió esperándola cada noche", y Maríaa Estela Benassi, hermana de Marta, desaparecida de la Quinta de Funes.

Jorge relató también cómo "los primeros días de enero de 1978 tocó la puerta de la casa de su madre en la capital provincial, una joven monja vestida con sus hábitos, que traía de la mano a Sebastián Alvarez, el hijo que Raquel había concebido junto a Marcelino Alvarez, que ya estaba desaparecido".

"Sebastián se quedó con su abuela, la madre de Raquel, que pensó que lo enviaba por unos días, pero después en febrero llegó una carta de Tulio Valenzuela fechada en enero del 78 en Holanda, donde explicaba en ella lo que había pasado: la frustrada Operación Mexico, y lo que ya se sabe que pasó después", agregó Jorge. En esa carta Tucho pedía que criaran a Sebastián como a un hijo, y así lo hizo primero su madre y después él mismo junto a su esposa Delia Palau de Negro, que también declaró ayer.

El hermano de Raquel recordó que en el año 1980 se fueron a vivir a Formosa, y que perdieron contacto con la familia Valenzuela. Es más Jorge Negro confesó que recién se enteró que Raquel podía haber tenido hijos mellizos por el libro de Miguel Bonasso Recuerdos de la muerte.

"Hasta que finalmente apareció hace un año Sabrina, mi sobrina", dijo Jorge con sus ojos llenos de lágrimas, en referencia a uno de los mellizos de Raquel. En su relato Jorge remarcó que "a Sebastián lo criamos como a un hijo, a su abuela, mi madre, le decia mamá y a mi esposa, la llamaba tía".

Luego fue el turno de un emocionante testimonio: el de Delia Palau de Negro, quien remarcó que estaba allí dando su historia "en honor a su suegra, la madre de Raquel y Jorge quien nunca bajó los brazos y siguió esperándola cada noche".

El otro testimonio fue el de María Estela Benassi, hermana de Marta, desaparecida de la Quinta de Funes: "Estoy aquí en honor a mi padre que debió soportar la pérdida de una hija y la demencia en la que sumió este hecho a mi madre en los últimos diez años de su vida. Mi padre debió sostenerla, mostrándose fuerte. Por eso en secreto y en silencio iba al río y arrojaba de tanto en tanto una flor para mi hermana, buscando alcanzarla en algún lugar donde pudiera estar".

Brusa y Cía no eran unos "perejiles"

POR OCHO CASOS DE APREMIOS ILEGALES, PRIVACION DE LA LIBERTAD Y TORMENTOS

El abogado Horacio Coutaz, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, alegó durante cinco horas por todos los hechos y todas las víctimas y al final solicitó la pena máxima prevista para estos delitos: 25 años de prisión.

Por Juan Carlos Tizziani

La querella solicitó 25 años de cárcel para el ex juez Víctor Brusa y los cinco policías que son juzgados por delitos de lesa humanidad: Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos. En el arranque de los alegatos, el abogado Horacio Coutaz, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acusó a Brusa por ocho casos de "apremios ilegales" y a sus compañeros de banquillo por "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos" en distintos hechos. Y retrucó la teoría de los perejiles. "Se ha dicho que los que están sentados aquí no son los ideólogos del terrorismo de estado, pero sí estoy convencido que ha quedado probado en este juicio que se están juzgando a algunos de sus más fieles, metódicos y obedientes ejecutores", afirmó. Coutaz pidió también se que se amplíe la investigación a otros denunciados en el debate oral, entre ellos tres militares del Destacamento de Inteligencia Militar 122; tres miembros del Poder Judicial: la jueza de Rosario, Laura Cosidoy; el ex secretario del Jugado Federal de Santa Fe, Víctor Montti, que ya es investigado y el ex sumariante, Jorge Nuñez, que acompañaba a Brusa a tomar declaraciones en centros clandestinos. Y una decena de policías: el ex jefe de la comisaría 4ª, Ricardo Ferreyra que sucedió a Facino; dos laderos de Ramos: Juan Eduardo González y Víctor Hugo Cabrera, que participaron en la detención de uno de los querellantes, José Schulman, el 22 de noviembre de 1977 y los jefes de la seccional 1ª en 1976. El abogado lamentó el desguace del juicio por la muerte de dos militares imputados (el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón y el experto en Inteligencia Militar, Nicolás Correa) y la decisión del Tribunal de apartar a un tercero (el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini) por problemas de salud. "Lamentamos no tenerlo a Marcellini, porque habría sido el primer egresado de la Escuela de las Américas en llegar a juicio", dijo Coutaz.

"La querella sostiene que no media ningún tipo de atenuante para las conductas" de Brusa y compañía. Porque todos explicó formaron "parte de manera voluntaria y convencida del plan sistemático de terror y de una maquinaria estatal que concentró el poder absoluto, que tuvo un control absoluto de las instituciones" que hace difícil que uno pueda imaginar "algún condicionamiento para hacer lo que hicieron". No hubo "ninguna fuerza mayor, externa o interna y ningún estado de necesidad" que pueda disminuir un ßpice el grado de responsabilidad que les cabe"

"Por el contrario, todo lo que uno encuentra cuando se acerca a estos tristes y lamentables hechos es un agravante". Ellos eran "funcionarios públicos con la suma del poder, que mancillaron las instituciones, se ensañaron con seres indefensos, se solazaban con el dolor (de sus víctimas) y aprovecharon estas circunstancias para dar rienda suelta a acciones incalificables".

Coutaz dijo que ninguno de los acusados demostró algún "tipo de arrepentimiento o siquiera un esbozo de culpa, más bien todo lo contrario". Y se preguntó: "¿Si no es para estos crímenes, para cuáles reservó el legislador el máximo de la pena?". "La gravedad de estos delitos, la crueldad demostrada por los autores, las secuelas sicofísica de las víctimas, la condición de policías y miembro del Poder Judicial, deben ser tomados en cuenta".

Más adelante, Coutaz rebatió la teoría de los perejiles. "Se ha dicho mucho que aquí no están sentados los máximos responsables. No son las víctimas las que tienen explicar porque se ha enjuiciado hasta ahora a sólo seis personas. Más bien es la justicia la que tiene que dar esta explicación", dijo. "También se ha dicho éstos no son los ideólogos del terrorismo, pero sí estoy convencido que ha quedado probado en este juicio que se están juzgando a algunos de sus más fieles, metódicos y obedientes ejecutores".

En el petitorio, Coutaz solicitó que se abran causas a los denunciados en el juicio. Estos son:

* Héctor Melitón Martínez y Julio César Domínguez. Oficiales del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Los denunciaron Daniel García, Alba Sßnchez y Andrea Trincheri.

* Domingo Morales. Otro oficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Ya está procesado en la megacausa. Recientemente se agregó una investigación por las torturas que denunció María Cecilia Mazzetti y ahora Coutaz reclamó que se lo investigue por la denuncia de Roberto Cepeda, a quien Morales trasladó desde un centro clandestino de Córdoba a la 4ª.

* Laura Cosidoy. Jueza del Tribunal Oral de Rosario. Era defensora oficial ante la Cámara Federal de Rosario durante la dictadura. La denunció uno de los ex presos políticos, Francisco Klaric que declaró en el juicio. Coutaz pidió que se profundice la investigación "sobre la presunta comisión de delitos como defensora oficial de Klaric".

* Victor Montti. Las declaraciones de Barquín y (del ex secretario del Juzgado Federal, Luis Rodolfo) De Aguirre en la causa 540/07 del Juzgado Federal Nº 2, Secretaría Penal respecto de Montti. Y copias certificadas de los habeas corpus de García y Sanchez para "investigar la presunta comisión de delitos por parte de Montti".

* Jorge Nuñez. Sumariante del Juzgado Federal. Declaró en el juicio como testigo. Coutaz solicitó que le abran dos causas. Una por las denuncias de Klaric, Anatilde Bugna, Ana María Cßmara y Carlos Pacheco, entre otros. Y otra, por falso testimonio.

* Jefes de la comisaría 1ª. Los denunciaron Patricia Isasa, Marta Berra, Graciela Roselló, Vilma Pompeya Gómez, Mariano Millán Medina y Froilán Aguirre. A esto, deberán sumarse los hechos sufridos por la fallecida María Rosa Sedrán y sus hijos Luciano y María de los Milagros Almirón que declararon en el juicio cuando estuvieron detenidos en la comisaría 1ª y en la Guardia de Infantería Reforzada. Milagros tenía 14 años y Luciano 16.

* Ricardo Ferreyra. Sucedió a su colega Mario Facino como jefe de la 4ª, en 1977. En el juicio declaró como testigo. Coutaz solicitó que "se investigue su responsabilidad por los delitos cometidos en la 4ª durante 1977 y 1978 respecto de las víctimas de autos".

* Oscar Váldez. Abogado de la Policía. Lo denunció una de las víctimas, Anatilde Bugna, como integrante del Departamento Informaciones (D 2) de la Policía santafesina. En el gobierno de Jorge Obeid se desempeñó en la oficina de Asuntos Jurídicos de la ex Dirección de Drogas Peligrosas, cuando Colombini era el subdirector.

* Juan Eduardo González y Víctor Hugo Cabrera. Fueron mencionados por Ramos en su indagatoria como los policías que lo acompañaron en la detención de José Schulman, el 22 de noviembre de 1977. Coutaz pidió que se amplíe la investigación por los hechos que denunció Schulman a González y Cabrera.

* Eduardo José Córdoba. Declaró como testigo. Coutaz lo denunció por falso testimonio.

* Eduardo Quiroga. Un ex montonero que se pasó al grupo de tareas. Lo identificaron como "José" tres denunciantes: García, Sánchez y Trincheri. Según algunos testigos, trabajó en la Cervecería Santa Fe.

* Horaldo Senn. Ex secretario de Seguridad de Córdoba y hoy legislador del Partido Justicialista en esa provincia. Coutaz solicitó que se lo investigue por "la presunta comisión de delitos" de lesa humanidad, según testimonio de Carlos Chiarulli".

* José Ricardo Lago Castro. Era un preso común que colaboró con el grupo de tareas en la 4ª. Coutaz pidió que se remita copias de las declaraciones en el juicio de todos los detenidos políticos que lo mencionaron, entre ellos Klaric, Barquín, Roberto Cepeda, Maulín, Froilán Aguirre.

* Los torturadores del ex intendente Noé Campagnolo y del ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda.

* Héctor Valls. Médico. La actuación del doctor Valls, de acuerdo a las declaraciones de Klaric.

El represor Fariña desmiente todo


Niega conocer a los represores Bueno y Constanzo

El Mayor Fariña desmiente todo

El ex militar que está siendo juzgado en Rosario pidió ayer ampliar su testimonio. Además declaró el analista mexicano Carlos Osorio, quien presentó los Documentados desclasificados sobre la Quinta de Funes.

Por Sonia Tessa

La ampliación de la indagatoria del imputado el ex mayor Rubén Fariña y el documentado testimonio del analista mexicano Carlos Osorio -que respaldó con documentos desclasificados de distintas agencias de Inteligencia el relato del único sobreviviente de la Quinta de Funes, Jaime Dri fueron las novedades fundamentales de la audiencia de ayer en el marco del juicio contra cinco genocidas. Fariña negó conocer al ex agente de Inteligencia Gustavo Bueno, y también desmintió a Eduardo Costanzo, pero luego se enredó cuando dijo no recordar quiénes eran las personas con las que trabajaba en 1978. "Nunca estuve en la Fábrica Militar", afirmó Fariña, al tiempo que consideró "el dúo Costanzo-Bueno debería estar internado en un psiquiátrico".

"Desmiento absolutamente todas las declaraciones de Costanzo referidas a mi persona en su última ampliación de indagatoria (el 9 de noviembre pasado), al igual que las anteriores. Todas son absolutamente falsas", dijo Fariña sentado frente al Tribunal, al tiempo que deslizó que entre el 3 de febrero y el 3 de marzo de 1978 estuvo de vacaciones con su familia en Mar del Plata. También afirmó que debía ser ascendido y trasladado en enero de 1978, pero debido a su conocimiento del destino -en el que había pasado más de cinco años le pidieron que permanezca más tiempo en Rosario. En marzo de 1978 -según su relato lo pusieron a cargo de la Central de Reunión de Información para "garantizar la seguridad de las delegaciones extranjeras" que llegarían a la ciudad en el Mundial.

Dijo que a Pagano y Costanzo los conoció poco, ya que no dependían de él. Indicó que a fines de 1977 fue ascendido a oficial mayor del Ejército y afirmó también: "Yo no lo conozco a Bueno, tampoco sé de qué habla, nunca estuvo en el Destacamento". Un rato más tarde, cuando le pidieron precisiones sobre lo que significaba la Reunión de Información, indicó que tenía colaboración de personal orgánico e inorgánico, pero dijo no recordar quiénes eran. La abogada de H.I.J.O.S. Ana Claudia Oberlin le preguntó cómo podía ser que afirmara no conocer a Bueno, si al mismo tiempo no podía mencionar a las personas con las que trabajaba. El imputado ensayó una respuesta, que no quedó clara. Sí fue claro, sin embargo, que su tarea consistía en "detectar elementos sospechosos" antes del Mundial 78. También se negó -en malos términos a detallarle a la fiscal Mabel Colalongo qué quería decir esa expresión.

Valiosos documentos

Cuando terminó la ampliación de indagatoria de Fariña, fue el turno del analista mexicano, que trabaja en la ONG The National Security Archive, especializada en analizar documentos desclasificados por los organismos de Inteligencia de Estados Unidos. Osorio también es asesor de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en la investigación de los archivos del horror. Además de detallar cómo obtuvo los documentos que trajo para incorporar en la causa, Osorio hizo una descripción cronológica. Se trata de documentación tanto de la embajada de Estados Unidos en Uruguay y Argentina, como de la Dirección Federal de Seguridad de México y la policía de Paraguay. "Es increíble que documentos que vengan de agencias tan dispares coincidan con el libro (Recuerdos de la muerte, de Miguel Bonasso, basado en el testimonio de Jaime Dri) de manera tan cabal", expresó el testigo.

El primero de los documentos aportados por Osorio data del 18 de enero de 1978: la declaración de Tulio Valenzuela que hizo fracasar la operación México. Allí el militante montonero relata cómo un grupo integrado por tres miembros de Inteligencia del Ejército, más otro montonero que colaboraba con los militares, Carlos Laluf, y él mismo llegaron al país azteca con nombres falsos con el objetivo de matar a la conducción nacional de Montoneros. Una vez en México, Valenzuela denunció lo ocurrido, relató que había estado en la Quinta de Funes, contó que había otros militantes allí, y responsabilizó al Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri, por el destino de su compañera, Raquel Negro, que estaba embarazada, y de su hijo por venir.

El otro documento, del 19 de enero, es un artículo del diario Unomásuno, donde se registró la conferencia de prensa de Valenzuela. En tanto, un documento del mismo día, pero de la Dirección Federal de Seguridad de México, tiene las fotos de Laluf y Amelong, con sus nombres falsos Miguel Vila y Manuel Funes. Luego de una ardua investigación, Osorio logró dar con Dri para que los identificara. Otras tres personas participaban de la comitiva. Valenzuela, Jorge Cabrera (como Carlos Alberto Carabeta) y Rubén Fariña (como Eduardo Ferrer). Sin embargo, Osorio indicó que los últimos dos nombres no habían surgido de "documentos de la misma calidad" de los otros tres.

Una segunda publicación de Unomásuno, fechada el 20 de enero de 1978, da cuenta de la conversación telefónica entre un periodista de ese diario y el general Galtieri, que atendió el teléfono en la Quinta de Funes. "No controlo a mis hombres en el exterior", les dijo el militar, quien titubeó cuando le preguntaron si allí estaban alojados otros militantes montoneros, y específicamente Raquel Negro.

La enumeración de Osorio incluyó también el documento de la Dirección Federal de Seguridad de México del 21 de enero de 1978, donde se consigna que los cuatro infiltrados se habían ido del país. En el archivo del terror del Paraguay, al que Osorio tiene acceso privilegiado, encontró documentos que certificaron la huida de Jaime Dri del control de personal de la Marina. El 20 de julio de 1978, se pide la identificación del militante, que se escapó de un taxi en Pilcomayo. Al día siguiente, el 21 de julio de 1978, la policía de Paraguay transcribe un pedido de búsqueda de una "agencia de inteligencia de un país amigo" (que indubitablemente es la Argentina), con fotos de Dri.

Entre los numerosos documentos que aportó Osorio, también llevó un archivo extrasecreto de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, del 30 de diciembre de 1977. Allí se consigna el arresto de varios militantes montoneros, entre ellos Dri. Otros papeles secretos, tanto de la Embajada Argentina en Uruguay como en Argentina, ratifican los relatos de Dri, así como la búsqueda internacional que desató su desaparición, en la que incluso se involucró el Vaticano.

En tanto, el secretario Osvaldo Facciano informó que el acusado Oscar Pascual Guerrieri se encuentra internado hasta mañana en el hospital Militar de Campo de Mayo, donde le practicarán una videoendoescopía. Después de 20 días sin audiencias, ayer se acumularon novedades para informar en el inicio de la jornada. Entre ellas, que la Defensoría General de la Nación rechazó las excusaciones de Mariana Grasso y Héctor Galarza Azzoni, defensores de oficio de Guerrieri y Juan Daniel Amelong.

domingo, 6 de diciembre de 2009

Hora de los alegatos


COMIENZA LA ULTIMA ETAPA DEL JUICIO CONTRA BRUSA

Los querellantes leerán hoy y mañana. El miércoles será el turno de la fiscalía. La semana que viene alegarán los defensores del ex juez y cinco policías imputados.

Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe que juzga por delitos de lesa humanidad al ex juez Víctor Brusa y a cinco policías: Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi, Héctor Colombini y Eduardo Ramos comenzará a escuchar hoy los alegatos de la acusación. Arrancará el abogado Horacio Coutaz, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y luego seguirán sus colegas de las querellas: Alejandra Romero Niklison y Guillermo Munné y más tarde, Leticia Faccendini y Jesica Pellegrini, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). El miércoles próximo alegarán los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti y la semana que viene las defensas de los imputados.

La audiencia está prevista para las 8.30, pero antes de los alegatos, el Tribunal deberá clausurar la etapa de pruebas y resolver sobre dos cuestiones que quedaron pendientes la semana pasada:

*La pericia psicológica y psiquiátrica a la imputada Aebi que el defensor oficial Fabio Procajlo pidió al Hospital Psiquiátrico Mira y López de Santa Fe. El dictamen no llegó a la audiencia del martes último, así que el Tribunal amplió el plazo hasta hoy para incorporarlo como prueba de la defensa.

*La incorporación al juicio por lectura del testimonio de un sobreviviente de la dictadura que falleció en 2006, Eduardo Alfredo Almada. El Tribunal ya lo había dispuesto, pero la defensora oficial Adriana Gastaldi, patrocinante de Facino, impugnó esa decisión porque a su criterio "lesionaría el derecho de defensa" del ex jefe de la comisaría 4ª. El argumento fue rebatido por los fiscales y la querella, por lo que el Tribunal se tomó hasta hoy para resolver un incidente que no es menor. Facino está acusado por cuatro hechos: la privación ilegal de la libertad de Almada, Patricia Isasa, José Schulman y los tormentos a Isasa, así que su situación podría mejorar si se cae la denuncia de un testigo que murió hace tres años en un accidente. Entre otras cosas, Almada dijo que uno de los jefes del grupo de tareas que operaba en la seccional 4ª era Nicolás Correa. "Su sola presencia causaba terror", afirmó. Y lo acusó de haber sacado de la 4ª a la docente Alicia López, que está desaparecida. Por este hecho, Facino está imputado por el homicidio de Alicia en otra causa que ya fue elevada a juicio oral.

Clausurada la etapa de prueba, comenzarán los alegatos. El doctor Coutaz alegará por todos los hechos y todas las víctimas en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Luego seguirán sus colegas Romero Niklison y Munné, que representan a seis querellantes en el juicio: Anatilde Bugna, Patricia Traba, Stella Vallejos, Jorge Pedraza, Daniel García y Alba Sánchez. Y por último lo harán las doctoras Faccendini y Pellegrini de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), que patrocinan a otros dos querellantes: José Schulman y Patricia Isasa.

El miércoles continuarán los fiscales Suárez Faisal y Candioti que alegarán por todos los hechos y todas las víctimas y plantearán la calificación legal y la responsabilidad de los imputados.

La semana que viene le tocará a las defensas: Brusa y Aebi serán defendidos por Procajlo y su segundo, Fernando Sánchez; Facino y Ramos por la defensora oficial Judith Didier y la doctora Gastaldi. Y Perizzotti y Colombini por sus abogados, Claudio Torres del Sel y Gastón Caglia, respectivamente.

Brusa es acusado por "apremios ilegales" en ocho casos, mientras que los demás están imputados por "privación ilegal de la libertad y tormentos": Ramos en ocho casos, Colombini en seis; Perizzotti y Aebi en cinco y Facino en tres (más uno de tormentos). Todos delitos en concurso real que tienen una pena máxima de 25 años de cárcel.

El juicio comenzó el 1º de setiembre y durante las audiencias declararon más de 100 testigos ante un Tribunal integrado por el juez subrogante Roberto López Arango (del Tribunal Oral de Paraná) y los dos conjueces y abogados santafesinos: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus. La cuarta jueza es otra vocal del Tribunal Oral de Paraná, la doctora Lilia Carnero.

EL ESPACIO JUICIO Y CASTIGO Y LA REANUDACION DE AUDIENCIAS EN ROSARIO


Con el arte y por la memoria

Distintas organizaciones volverán a llenar de arte y memoria el cantero de Oroño al 900 para acompañar la reanudación de las audiencias del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Costanzo.

Por Sonia Tessa

El espacio Juicio y Castigo volverá mañana, a partir de las 12, a llenar de arte y memoria el cantero de Oroño al 900 para acompañar la reanudación de las audiencias del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. El proceso se reanudará mañana, a las 9.30, en el primer piso de Oroño 940, con las indagatorias del periodista mexicano Carlos Osorio, así como el ex empleado de la Fábrica Militar Orlando Ponce, Delia Palau de Negro, familiar de Raquel Negro y María Estela Benassi, familiar de Marta Benassi. Por la tarde, declarará la abogada Carmen Maidagan. Mientras el tribunal Federal Oral escuche los testimonios, afuera habrá radio abierta, música en vivo, intervenciones artísticas y una muestra colectiva de fotos que organiza la Red de Solidaridad con Chiapas. En tanto, el martes, en San Lorenzo, el Encuentro por la memoria, al verdad y la justicia de esa localidad realizará una marcha, a las 16, al parador turístico, para exigir que el Concejo Municipal deniegue el acceso a la banca de Pedro Pili Rodríguez, quien está procesado como partícipe necesario por delitos de lesa humanidad.

En Rosario, la jornada de acompañamiento comenzará mañana al mediodía y tendrá el broche de oro a las 18, con dos obras de Teatro por la Identidad. Las obras serán "El Hombre perro", dirigida por Alejandro García y con las actuaciones de Gisella Sogne, María Celia Ferrero, Romina Tamurello; así como "Pátina", de Verónica Mato, a su vez actriz y codirectora junto a Fernando Scorsela. El elenco lo completan Susana Souto y Luján Fernández Luna.

Si bien esta semana se seguirán escuchando testimonios en el juicio Guerrieri, el lunes que viene (14 de diciembre) está previsto que comiencen los alegatos. "Estamos en las instancias finales del juicio, y para el próximo, que es la megacausa conocida como Feced, el gobierno provincial ya dijo que cederá un lugar para que el proceso pueda ser realmente público", indicó Florencia Delnegro, de APDH, que integra el heterogéneo abanico de organizaciones que trabajan articuladas en el espacio Juicio y Castigo. "No vamos a tolerar que la causa Feced sea en la misma sala, por eso nos vamos a poner firmes para que se encuentre un lugar acorde", agregó la militante. Y además, la inminencia de la sentencia, los llevó a bautizar las actividades previstas para hoy como "Jornada de lucha y alegría".

Una de las organizaciones que convoca mañana, la Red de Solidaridad con Chiapas, convocó dejar palabras de "acompañamiento y apoyo para todos los compañeros que están declarando con todo el valor y recordando ese terrorismo de estado frente a sus represores". Así, mañana se escucharán todos esos mensajes para que "luego de la dureza de los testimonios, los cumpas puedan llevarlos y sepan que, desde distintos lugares del mundo, los están escuchando y que no están solos". El espacio Juicio y Castigo se constituyó para acompañar este primer juicio pero, "vino para quedarse", se entusiasmaron Delnegro y otra de las integrantes del espacio, Sabrina Gullino, que la semana pasada se constituyó como querellante ya que es la hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, dos de los desaparecidos que pasaron por la Quinta de Funes.

Al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos de Rosario acompañarán mañana la actividad contra la impunidad en San Lorenzo. Allí, el jueves, está previsto que Pili Rodríguez asuma como concejal de la ciudad, pese a estar procesado por delitos de lesa humanidad, aunque ahora se encuentra libre bajo fianza (ver aparte). "Exigimos al Concejo Municipal de San Lorenzo denegar su acceso a la banca, ya que tienen la facultad para hacerlo", dice el texto de la convocatoria para el martes, a las 16. "La gente de San Lorenzo viene peleando contra la impunidad desde hace años, porque Rodríguez nunca debió ser candidato", apuntó Delnegro.

"Sólo tuve la sensación del fin"


EN LA CAUSA BRUSA, EL TESTIMONIO DE UNA DOCENTE SANTAFESINA EXILIADA EN AUSTRIA.

María Cristina Boidi, envió su testimonio desde Austria al Tribunal Oral de Santa Fe que juzga al ex juez Víctor Brusa y a cinco policías, entre ellos el ex jefe de la 4ª, Mario Facino. Boidi reveló que después de los tormentos Facino la vio en un calabozo.

Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Una docente santafesina exiliada en Viena relató su paso por el circuito represivo de la dictadura, desde su secuestro en la comisaría 4ª hasta su martirio en un centro clandestino ubicado en las afueras de Santo Tomé. "En ese sentimiento sin espacio, ni tiempo, ni límites, solo tuve la sensación de fin. Sentí que allí no había más chance para un después. Que estaba en manos de la absoluta impunidad", dijo María Cristina Boidi, en un testimonio que envió desde Austria al Tribunal Oral de Santa Fe que juzga al ex juez Víctor Brusa y a cinco policías, entre ellos el ex jefe de la 4ª, Mario Facino. Boidi reveló que después de los tormentos en el chupadero el grupo de tareas la volvió a dejar en la 4ª. Facino la vio en un calabozo. "El se tapó teatralmente los ojos ante mis hematomas y las huellas de la violencia en mi cuerpo y me dijo: "No los quiero ver, es una brutalidad. Voy a informar, pero yo no puedo hacer demasiado. No tengo nada que ver con esto"". Ella le dijo que era el responsable de la comisaría, pero Facino le contestó que "estábamos en una situación especial". Entonces, le rogó que un médico curara sus heridas y una hemorragia vaginal, pero "el médico nunca llegó".

Boidi había sido citada a declarar como testigo en el juicio a Brusa y compañía. Un problema de salud le impidió viajar a Santa Fe, pero envió su testimonio al Tribunal desde Viena, certificado por la embajada argentina en Austria. El defensor oficial Fabio Procajlo, que patrocina a Brusa y a otra imputada, María Eva Aebi, se opuso a que el relato de Boidi se incorpore al juicio, pero después retiró la objeción y aceptó que el Tribunal lo acumule a la causa como documento y pueda ser valorado en los alegatos y en la sentencia.

Boidi fue detenida el 11 de noviembre de 1975. La llevaron a la Jefatura de Policía de la provincia y luego a la seccional 4ª, mientras allanaban su casa y detenían a su madre que también padeció malos tratos. "Estuve incomunicada y desaparecida durante varios días": primero, en la 4ª y después, en otro centro clandestino en las afueras de Santo Tomé, donde "me torturaron y fui víctima de todo tipo de apremios ilegales", recordó.

El 20 de noviembre, la pasaron a la cárcel del Buen Pastor, donde "vivíamos junto a otras presas políticas en una situación precaria y miserable, carentes de las más mínimas medidas de salubridad". El golpe de marzo de 1976 empeoró las condiciones de detención. "Fui encerrada una celda durante las veinticuatro horas del día con otras compañeras y sus hijos, tres niños pequeños".

El 14 de octubre de 1976, un operativo militar la volvió a trasladar con otros de presos políticos en "condiciones denigrantes y violatorias de todo derecho". El vuelo partió desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Buenos Aires. Su destino era la cárcel de Villa Devoto.

Las penurias de Boidi comenzaron el 6 de noviembre de 1975 cuando regresaba de dar clases en el profesorado de la escuela Almirante Brown. Eran alrededor de las 20. En la esquina de San Martín y Junín, a metros de su casa, vio "a un joven desconocido tirado en el piso, a quien uno de los propietarios de un negocio de compraventa de autos (Buggy Automotores) le apuntaba con una pistola. Le pregunté qué estaban haciendo con esa pistola y por qué no dejaban en paz a ese muchacho. Lo hice sin reflexionar y sin medir las consecuencias", afirmó. Ese joven era el abogado Jorge Pedraza, querellante en el juicio, a quien la docente no conocía.

Cinco días después, el 11 de noviembre, Boidi fue detenida en la escuela de enseñanza media Constituyentes, donde era directora. Ya habían tomado como rehén a su madre y allanado su domicilio. "La casa fue dada vueltas totalmente", dijo. Y denunció que le robaron sus libros y parte del archivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Santa Fe, del que era cofundadora. "Me sustrajeron todas mis fotos, textos académicos escritos para la Universidad del Litoral y objetos personales" de ella y de su madre.

La noche del 12 de noviembre de 1975, alrededor de las 22, Boidi ya estaba en una celda de la comisaría 4ª, cuando la fue a buscar el grupo de tareas. Cuatro hombres la encapucharon y le ataron las manos atrás. La subieron a un vehículo y se dio cuenta "por la respiración agitada" que había otro secuestrado. No lo pudo ver, pero ese joven era Pedraza, que también tenía el rostro cubierto por una capucha.

El relato de Boidi coincide con el testimonio de Pedraza en el juicio sobre el traslado al centro de torturas y un ruido que les quedó grabado en la memoria a ambos: el cruce del auto por un paso a nivel ferroviario. Ya en el chupadero, la ataron de pies y manos, boca a arriba, en un camastro. "Eran tres o cuatro hombres. Comenzaron a torturarme con la picana, me tiraban agua para que el golpe de electricidad fuera más intenso. Me picanearon en la zona genital, en los pechos, en las axilas, en las encías, en los oídos. Me introdujeron diversos objetos ásperos y cortantes en la vagina. Me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza que me impedía respirar, hasta el punto casi de la asfixia. Estos métodos se repitieron mezclados con insultos, burlas, comentarios y una clara sexualización de la violencia", relató Boidi.

"Entre el sonido de una radio a todo volumen y escasos momentos de silencio", Boidi pudo escuchar "gritos y quejidos de dolor", con lo cual confirmó su sospecha que en el centro clandestino estaba el otro detenido que habían trasladado con ella. "Yo no puedo precisar la duración de los tormentos. No tenía reloj", dijo la docente. "En ese sentimiento sin espacio, ni tiempo, ni límites, sólo tuve la sensación de fin, de final. Sentí que allí no había más chance para un después. Que estaba en manos de la absoluta impunidad".

"Después de varias horas, me hicieron vestir nuevamente. Me llevaron fuera de la casa. Me pusieron en una bolsa y me dijeron que me tirarían al río porque yo no había dado ninguna información"Estuve en esa situación, tal vez, alrededor de una hora". Hasta que la desatan y la suben a un auto que ahora sí pude ver: era un Renault blanco.

"Con los años y los testimonios de muchas víctimas del terrorismo de estado, pienso que ese lugar donde fui torturada puede haber sido la trágicamente famosa "Casita", cercana a Santo Tomé".

El grupo de tareas la volvió a dejar en la comisaría 4ª, donde sufrió un simulacro de fusilamiento. La ayudó un policía de la seccional, que "me acompañó al baño. Yo no podía caminar, pero él me arrastró hasta el baño y me dijo que no debía tomar agua", dijo. Allí volvió a escuchar en la celda de al lado "los gritos de dolor de otro preso que había sido víctima de torturas. Con el tiempo, supe que era Pedraza, el joven a quien yo había intentado ayudar en la esquina de mi casa (en San Martín y Junín, el 6 de noviembre de 1975) y que estuvo detenido en el mismo período en la comisaría 4ª".

"Al día siguiente, casi sin moverme, con hemorragias vaginales, intensos dolores y el cuerpo cubierto de moretones, pedí hablar con el jefe de la comisaría. Cuando Facino vino a mi celda, se tapó teatralmente los ojos ante mis hematomas y las huellas de la violencia en mi cuerpo y me dijo: "No los quiero ver, es una brutalidad. Voy a informar, pero yo no puedo hacer demasiado. No tengo nada que ver con esto"". Boidi le planteó que él era el jefe de la seccional y por lo tanto "responsable de su integridad y su vida. Facino me dijo que sí, pero que estábamos en una "situación especial". Le pedí un médico para que evaluara mi estado de salud, las consecuencias de la tortura y constara en forma escrita mi deplorable estado. Me dijo que lo solicitaría. El médico nunca llegó", concluye parte del testimonio.

martes, 1 de diciembre de 2009

Un represor con status de ¡¡refugiado!!

Gustavo Bueno declaró en la sede de la Policia Federal de Brasil dónde recibió consejos

Gustavo Bueno fue asistido durante la declaración testimonial por un policía federal de Brasil -más allá de sus defensores públicos-, en un hecho "realmente inédito". Ante esta situación, se suspendió la medida que hoy prosigue ante un juez criminal.

Por José Maggi

La declaración testimonial del represor argentino Gustavo Bueno- detenido por Interpol en Brasil- fue suspendida ayer por el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1, Otmar Paulucci, quien viajó como parte de una comitiva compuesta por una fiscal, dos abogadas querellantes y un defensor oficial. "Suspendimos la medida por la participación policial en la declaración del testigo, incluso por sobre su defensa, un hecho realmente inédito", explicó Paulucci a Rosario/12, quien luego de dos jornadas consecutivas de estar en contacto con el detenido no pudo profundizar en sus dichos de 1984 que permitieron conocer entonces el funcionamiento detallado del aparato represivo en Rosario. La comitiva denunció maltrato y atropellos de un efectivo de la policía local, quien aseguró que Bueno tiene calidad de "refugiado". La declaración continuará hoy ante un juez criminal federal. "Durante toda la audiencia, los policías se dirigieron en forma agresiva e intimidatoria hacia la comitiva. Llegaron a manifestarnos que aquí no éramos nadie, que éramos extranjeros", denunció la abogada de Hijos Ana Oberlin.

El primer juicio contra represores se trasladó esta semana a la ciudad brasilera Belem do Pará, para tomar la declaración de Bueno, quien había brindado un testimonio clave durante los '80 en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para la realización de esta medida viajó una comisión formada por Paulucci, junto al secretario Osvaldo Facciano, la fiscal Mabel Colalongo, las abogadas querellantes Ana Oberlin y Virginia Blando, además de Germán Artola, como defensor de los imputados de la causa Guerrieri Amelong. En tanto se sumó en Belém la cónsul argentina, María Margarita Ahumada.

"Por decisión del Superior Tribunal Brasilero, orden emitida por la Ministra Ellen Gracie (integrante de ese Tribunal), se delegó la realización de la medida en la Policía Federal de Brasil, pese a que la rogatoria del presidente del Tribunal Oral 1, solicitaba que se tomara ante un juez con competencia criminal. La posibilidad de la realización de una medida de estas características ante la policía está prevista en el Tratado de Cooperación en Materia Penal Argentina/Brasil", explicó la abogada de Hijos.

El 30 de noviembre, la comitiva argentina se presentó en la Policía Federal de Belém do Pará, donde estaba prevista la realización de la testimonial y donde está actualmente detenido Bueno. En ese lugar se hallaban presentes la persona que dirigiría la medida (comisionada al efecto e integrante de la Policía Federal), el represor Bueno, junto con dos abogadas defensoras oficiales brasileras -debido a la existencia de un proceso de extradición en curso por pedido del juez federal rosarino Marcelo Bailaque, en relación con la causa "Gazzari Barroso"- y un delegado de la Policía Federal que comanda la custodia de Bueno, Mendes Filter. También se hallaba presente un efectivo de Interpol.

"Se nos hizo saber en ese momento que Bueno tiene calidad de refugiado en este país, cuestión que no fue acreditada, presuntamente debido a que tuvo que escapar de Argentina por correr riesgo su vida en los años 80", contó la abogada de Hijos.

Oberlin afirmó sorprendida que "desde el comienzo de la medida existieron diversas dificultades, dadas fundamentalmente por la participación e interrupción continua del delegado de la policía federal, quien le hacía manifestaciones al testigo y a nosotros. Por ello, en diversas oportunidades solicitamos que no se le autorizara el uso de la palabra. Ello determinó que el Jefe de la Delegación también se sumara al acto. Este último, lejos de intervenir ante la actitud incorrecta del primer oficial, se sumó a las interrupciones, aconsejando a Bueno que no declarara ante tal o cual pregunta".

En horas de la tarde, el mismo se interrumpió y se pasó a un cuarto intermedio hasta el día de ayer, martes. Según informaron miembros de la delegación argentina, ayer "volvieron a suscitarse distintos inconvenientes". Primero la defensora informó que Bueno no iba a declarar mas allí, que s'olo lo haría ante un juez criminal, lo que provocó una serie de planteos por parte de la querella y una advertencia del conflicto internacional que se podía generar.

"En ese momento la defensora de Bueno, se comunicó con alguien -no sabemos con quién y volvió al recinto para decirnos que continuemos con la medida. Nosotros, cansados de esta situación y considerando que no se estaban garantizando las condiciones necesarias para llevar adelante la medida, definimos retirarnos del lugar e ir al Juzgado Federal a solicitar que un juez criminal tomara la audiencia", expresó Oberlin.

"Al llegar al Juzgado Federal, el trato fue muy distinto. Fuimos recibidos por diferentes secretarios, quienes estaban al tanto de la situación, debido a la intervención de las autoridades argentinas aquí", señaló Oberlin, quien indicó que "finalmente, la testimonial será tomada en el día de mañana (por hoy) en el Juzgado Federal, ante un juez con competencia criminal".

Ofensiva de la defensa de los represores


Dejan en suspenso testimonio contra Facino

Por Juan Carlos Tizziani


El Tribunal Oral postergó hasta el lunes la clausura de la etapa de pruebas a la espera de un informe sicológico y siquiátrico de la ex carcelera en la Guardia de Infantería Reforzada, María Eva Aebi y dejó en suspenso la declaración de un testigo fallecido en 2006, Eduardo Alfredo Almada, que acusó al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino. Las dos decisiones sobresalieron en la audiencia de ayer en la que el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, enumeró las pruebas producidas en la etapa de instrucción y en los tres meses del juicio que arrancó el 1ª de setiembre. El lunes comenzarán los alegatos de la acusación, pero antes los jueces resolverán si incorporan el informe sobre la salud mental de Aebi y si aceptan o rechazan el testimonio de Almada. Facino está acusado por cuatro hechos: la privación ilegal de la libertad de Almada, Patricia Isasa, José Schulman y los tormentos a Isasa, por lo tanto, su situación puede mejorar y mucho si se cae la denuncia de un testigo que murió hace tres años en un accidente que dejó interrogantes.

El primer debate se planteó sobre el pedido del defensor oficial, Fabio Procajlo, al Hospital Siquiátrico Mira y López de Santa Fe para que informe sobre la salud de Aebi, que no llegó a tiempo para el cierre de la etapa de pruebas. "¿Cuál es la situación de ese informe sicológico de su defendida?", le preguntó López Arango.

Diligenciamos el oficio pero no pudimos localizar a la directora del hospital. Me manifestaron que iban a intentar elaborarlo en el día de hoy (por ayer), pero no tuvimos respuestas -le contestó el defensor de Aebi y Brusa.

Dado que ésta puede ser una prueba relevante para la defensa, yo propongo que posterguemos el plazo hasta el lunes. Si el informe llega en tiempo y forma, lo incorporamos; de lo contrario, cerraremos esta etapa y empezaremos con los alegatos. ¿Hay algún inconveniente? -preguntó López Arango.

Ningún inconveniente -le respondió el fiscal Martín Suárez Faisal.

Sin oposición del Ministerio Público, Procajlo logró cuatro días más para que el informe sicológico y siquiátrico de su defendida se sume a la prueba. Otra defensora oficial, Adriana Gastaldi se opuso a que la declaración de Almada se incorpore por lectura porque lesionaría "el derecho de defensa" de su defendido Facino.

Los argumentos de Gastaldi fueron rebatidos por los fiscales Suárez Faisal y José Ignacio Candioti y el abogado querellante Horacio Coutaz. La defensora había citado un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un testigo que no pudo ser localizado, pero Suárez Faisal precisó que el caso Almada es distinto porque no se trata de "una prueba dirimente o definitiva" sino que tenía que ser valorada junto con otras que ya están en la causa. En el fallo que mencionó Gastaldi "toda la prueba consistía en la introducción del testimonio por lectura y nada más, en cambio aquí llevamos tres meses de debate en los que declararon más de cien testigos, por lo tanto no pueden asimilarse un caso a otro". Candioti agregó más fundamentos al citar un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal. Y Coutaz dijo que "la defensa no se opuso cuando se ofreció la incorporación del testimonio de Almada por lectura y tampoco hizo ninguna mención en el requerimiento de elevación a juicio". El Tribunal resolverá el lunes.

Almada declaró en la causa en etapa de instrucción, el 29 de abril de 2003, dos años antes de que el juez Reinaldo Rodriguez cite a indagatoria a Facino, el 1º de marzo de 2005. Pero no llegó testimoniar en el juicio, falleció en 2006. Almada acusó a Facino y a uno de los jefes del grupo de tareas que operaba en la comisaría 4ª, Nicolás Correa. "Su sola presencia causaba terror", dijo. Y reveló que Correa fue quien trasladó a la docente desaparecida Alicia López, torturada y agonizante en la 4ª. Por este hecho, Facino está imputado por el homicidio de Alicia en otra causa que ya fue elevada a juicio oral.