POR OCHO CASOS DE APREMIOS ILEGALES, PRIVACION DE LA LIBERTAD Y TORMENTOSEl abogado Horacio Coutaz, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, alegó durante cinco horas por todos los hechos y todas las víctimas y al final solicitó la pena máxima prevista para estos delitos: 25 años de prisión.
Por Juan Carlos Tizziani
La querella solicitó 25 años de cárcel para el ex juez Víctor Brusa y los cinco policías que son juzgados por delitos de lesa humanidad: Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos. En el arranque de los alegatos, el abogado Horacio Coutaz, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acusó a Brusa por ocho casos de "apremios ilegales" y a sus compañeros de banquillo por "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos" en distintos hechos. Y retrucó la teoría de los perejiles. "Se ha dicho que los que están sentados aquí no son los ideólogos del terrorismo de estado, pero sí estoy convencido que ha quedado probado en este juicio que se están juzgando a algunos de sus más fieles, metódicos y obedientes ejecutores", afirmó. Coutaz pidió también se que se amplíe la investigación a otros denunciados en el debate oral, entre ellos tres militares del Destacamento de Inteligencia Militar 122; tres miembros del Poder Judicial: la jueza de Rosario, Laura Cosidoy; el ex secretario del Jugado Federal de Santa Fe, Víctor Montti, que ya es investigado y el ex sumariante, Jorge Nuñez, que acompañaba a Brusa a tomar declaraciones en centros clandestinos. Y una decena de policías: el ex jefe de la comisaría 4ª, Ricardo Ferreyra que sucedió a Facino; dos laderos de Ramos: Juan Eduardo González y Víctor Hugo Cabrera, que participaron en la detención de uno de los querellantes, José Schulman, el 22 de noviembre de 1977 y los jefes de la seccional 1ª en 1976. El abogado lamentó el desguace del juicio por la muerte de dos militares imputados (el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón y el experto en Inteligencia Militar, Nicolás Correa) y la decisión del Tribunal de apartar a un tercero (el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini) por problemas de salud. "Lamentamos no tenerlo a Marcellini, porque habría sido el primer egresado de la Escuela de las Américas en llegar a juicio", dijo Coutaz.
"La querella sostiene que no media ningún tipo de atenuante para las conductas" de Brusa y compañía. Porque todos explicó formaron "parte de manera voluntaria y convencida del plan sistemático de terror y de una maquinaria estatal que concentró el poder absoluto, que tuvo un control absoluto de las instituciones" que hace difícil que uno pueda imaginar "algún condicionamiento para hacer lo que hicieron". No hubo "ninguna fuerza mayor, externa o interna y ningún estado de necesidad" que pueda disminuir un ßpice el grado de responsabilidad que les cabe"
"Por el contrario, todo lo que uno encuentra cuando se acerca a estos tristes y lamentables hechos es un agravante". Ellos eran "funcionarios públicos con la suma del poder, que mancillaron las instituciones, se ensañaron con seres indefensos, se solazaban con el dolor (de sus víctimas) y aprovecharon estas circunstancias para dar rienda suelta a acciones incalificables".
Coutaz dijo que ninguno de los acusados demostró algún "tipo de arrepentimiento o siquiera un esbozo de culpa, más bien todo lo contrario". Y se preguntó: "¿Si no es para estos crímenes, para cuáles reservó el legislador el máximo de la pena?". "La gravedad de estos delitos, la crueldad demostrada por los autores, las secuelas sicofísica de las víctimas, la condición de policías y miembro del Poder Judicial, deben ser tomados en cuenta".
Más adelante, Coutaz rebatió la teoría de los perejiles. "Se ha dicho mucho que aquí no están sentados los máximos responsables. No son las víctimas las que tienen explicar porque se ha enjuiciado hasta ahora a sólo seis personas. Más bien es la justicia la que tiene que dar esta explicación", dijo. "También se ha dicho éstos no son los ideólogos del terrorismo, pero sí estoy convencido que ha quedado probado en este juicio que se están juzgando a algunos de sus más fieles, metódicos y obedientes ejecutores".
En el petitorio, Coutaz solicitó que se abran causas a los denunciados en el juicio. Estos son:
* Héctor Melitón Martínez y Julio César Domínguez. Oficiales del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Los denunciaron Daniel García, Alba Sßnchez y Andrea Trincheri.
* Domingo Morales. Otro oficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Ya está procesado en la megacausa. Recientemente se agregó una investigación por las torturas que denunció María Cecilia Mazzetti y ahora Coutaz reclamó que se lo investigue por la denuncia de Roberto Cepeda, a quien Morales trasladó desde un centro clandestino de Córdoba a la 4ª.
* Laura Cosidoy. Jueza del Tribunal Oral de Rosario. Era defensora oficial ante la Cámara Federal de Rosario durante la dictadura. La denunció uno de los ex presos políticos, Francisco Klaric que declaró en el juicio. Coutaz pidió que se profundice la investigación "sobre la presunta comisión de delitos como defensora oficial de Klaric".
* Victor Montti. Las declaraciones de Barquín y (del ex secretario del Juzgado Federal, Luis Rodolfo) De Aguirre en la causa 540/07 del Juzgado Federal Nº 2, Secretaría Penal respecto de Montti. Y copias certificadas de los habeas corpus de García y Sanchez para "investigar la presunta comisión de delitos por parte de Montti".
* Jorge Nuñez. Sumariante del Juzgado Federal. Declaró en el juicio como testigo. Coutaz solicitó que le abran dos causas. Una por las denuncias de Klaric, Anatilde Bugna, Ana María Cßmara y Carlos Pacheco, entre otros. Y otra, por falso testimonio.
* Jefes de la comisaría 1ª. Los denunciaron Patricia Isasa, Marta Berra, Graciela Roselló, Vilma Pompeya Gómez, Mariano Millán Medina y Froilán Aguirre. A esto, deberán sumarse los hechos sufridos por la fallecida María Rosa Sedrán y sus hijos Luciano y María de los Milagros Almirón que declararon en el juicio cuando estuvieron detenidos en la comisaría 1ª y en la Guardia de Infantería Reforzada. Milagros tenía 14 años y Luciano 16.
* Ricardo Ferreyra. Sucedió a su colega Mario Facino como jefe de la 4ª, en 1977. En el juicio declaró como testigo. Coutaz solicitó que "se investigue su responsabilidad por los delitos cometidos en la 4ª durante 1977 y 1978 respecto de las víctimas de autos".
* Oscar Váldez. Abogado de la Policía. Lo denunció una de las víctimas, Anatilde Bugna, como integrante del Departamento Informaciones (D 2) de la Policía santafesina. En el gobierno de Jorge Obeid se desempeñó en la oficina de Asuntos Jurídicos de la ex Dirección de Drogas Peligrosas, cuando Colombini era el subdirector.
* Juan Eduardo González y Víctor Hugo Cabrera. Fueron mencionados por Ramos en su indagatoria como los policías que lo acompañaron en la detención de José Schulman, el 22 de noviembre de 1977. Coutaz pidió que se amplíe la investigación por los hechos que denunció Schulman a González y Cabrera.
* Eduardo José Córdoba. Declaró como testigo. Coutaz lo denunció por falso testimonio.
* Eduardo Quiroga. Un ex montonero que se pasó al grupo de tareas. Lo identificaron como "José" tres denunciantes: García, Sánchez y Trincheri. Según algunos testigos, trabajó en la Cervecería Santa Fe.
* Horaldo Senn. Ex secretario de Seguridad de Córdoba y hoy legislador del Partido Justicialista en esa provincia. Coutaz solicitó que se lo investigue por "la presunta comisión de delitos" de lesa humanidad, según testimonio de Carlos Chiarulli".
* José Ricardo Lago Castro. Era un preso común que colaboró con el grupo de tareas en la 4ª. Coutaz pidió que se remita copias de las declaraciones en el juicio de todos los detenidos políticos que lo mencionaron, entre ellos Klaric, Barquín, Roberto Cepeda, Maulín, Froilán Aguirre.
* Los torturadores del ex intendente Noé Campagnolo y del ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda.
* Héctor Valls. Médico. La actuación del doctor Valls, de acuerdo a las declaraciones de Klaric.
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