Por Sonia Tessa.
Tres horas demoró ayer el inicio del juicio oral y público de la causa Feced II, que investigará la participación de diez integrantes de la llamada patota de Feced en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, como privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y asociación ilícita, así como los asesinatos de Conrado Galdame, Rory Chuang Céspedes y su hermana María Antonieta, en diciembre de 1978. La razón de la inusitada demora fue la llegada en ambulancia de José Lofiego, ya condenado a prisión perpetua por otros delitos de lesa humanidad. Lofiego arguyó razones de salud para ser eximido de participar en la audiencia, de modo tal que volverá al penal de Marcos Paz, donde está alojado junto a otros represores.
Además, el imputado Lucio Nast no participó de la audiencia por estar descompuesto, lo que provocó su internación. La presidenta del Tribunal Oral Federal número 2, Noemí Berros, informó a la defensa que comenzarían el debate con la lectura de las requisitorias de elevación a juicio en las que no estuviera involucrado el ausente.
El primero en la fila de los acusados era Lo Fiego, en silla de ruedas. A su izquierda se sentó Ovidio Olazagoitia (alias El Vasco), le siguieron Carlos "Caramelo" Altamirano; José Torres; Ramón Telmo "Rommel" Ibarra; Eduardo "Picha" Dugour; Julio "Darío" Fermoselle; Pedro "Traba" Travagliante y Ernesto "Managua" Vallejos. Son acusados por delitos cometidos contra 42 víctimas. Sólo Altamirano está acusado por el homicidio de Conrado Galdame, ocurrido en el 16 de diciembre de 1978 en el Servicio de Informaciones, al que siguió un operativo en la casa donde vivía el estudiante junto a los hermanos Chuang Céspedes, en el que fraguaron un enfrentamiento armado. En esta causa, la agrupación Hijos será querellante.
El Tribunal integrado por Berros, Roberto López Arango, María Ivón Bella y el juez suplente José María Escobar Cello trató, antes de las lecturas de rigor en el comienzo de los juicios, los planteos de la defensa encabezada por Gonzalo Miño. El abogado particular había recusado al tribunal en pleno e incluso a Escobar Cello. Esa presentación fue rechazada, pero el profesional recurrió. La resolución del Tribunal fue clara: no había motivos para la recusación. Incluso, Berros le indicó a Miño que "actúe a favor de los verdaderos intereses de los imputados". "La causa de mención tiene su origen más alejado en el tiempo, ya que las víctimas comenzaron a denunciar en 1984. La suspensión deviene violatoria de los derechos de víctimas e imputados", leyó Berros con todas las letras. Y aunque no lo dijo de ese modo, le pidió a Miño que deje de dilatar el proceso. De hecho, le indicó que el Tribunal ya no aceptará planteos por escrito. De ese modo, limitarán las posibilidades de suspender o retardar audiencias para tratar planteos de las defensas. "No debe olvidarse que se trata de los delitos más graves que puedan juzgarse, los de lesa humanidad", dijo también la presidenta del Tribunal, que viaja desde Entre Ríos para este juicio, al igual que López Arango. Ivón Bella y Escobar Cello vienen desde Santa Fe.
Tras la parada de carro de Berros a Miño, comenzaron a leerse los requerimientos de la causa que investiga la privación ilegal de la libertad de Graciela Borda Osella, en la que el único acusado es Lofiego.
Para cumplir con la disposición de la Cámara de Casación Penal que dispuso medidas para agilizar los procesos, la secretaria del Tribunal Silvana Andalaf leyó un resumen de cada requerimiento de elevación a juicio, sin entrar en las justificaciones jurídicas que muchas veces se repiten. Los casos, el grado de participación de cada imputado y la calificación legal fueron los aspectos que se leyeron en la causa Ibarra, Fermoselle, Olazagoitia, Travagliante, Vallejo y Dogour.
Afuera, como en cada inicio de juicios por crímenes de lesa humanidad, una pequeña multitud se congregó en la vereda de Oroño 940. Circularon mates, pancartas, hubo una radio abierta y la certeza de que el sexto juicio en la ciudad era un hecho. A partir del jueves próximo, desde las 10, será el turno del aguante, ese abrazo colectivo a testigos víctimas y querellantes que se enfrentan, esta vez en Tribunales, a sus represores.
Además, el imputado Lucio Nast no participó de la audiencia por estar descompuesto, lo que provocó su internación. La presidenta del Tribunal Oral Federal número 2, Noemí Berros, informó a la defensa que comenzarían el debate con la lectura de las requisitorias de elevación a juicio en las que no estuviera involucrado el ausente.
El primero en la fila de los acusados era Lo Fiego, en silla de ruedas. A su izquierda se sentó Ovidio Olazagoitia (alias El Vasco), le siguieron Carlos "Caramelo" Altamirano; José Torres; Ramón Telmo "Rommel" Ibarra; Eduardo "Picha" Dugour; Julio "Darío" Fermoselle; Pedro "Traba" Travagliante y Ernesto "Managua" Vallejos. Son acusados por delitos cometidos contra 42 víctimas. Sólo Altamirano está acusado por el homicidio de Conrado Galdame, ocurrido en el 16 de diciembre de 1978 en el Servicio de Informaciones, al que siguió un operativo en la casa donde vivía el estudiante junto a los hermanos Chuang Céspedes, en el que fraguaron un enfrentamiento armado. En esta causa, la agrupación Hijos será querellante.
El Tribunal integrado por Berros, Roberto López Arango, María Ivón Bella y el juez suplente José María Escobar Cello trató, antes de las lecturas de rigor en el comienzo de los juicios, los planteos de la defensa encabezada por Gonzalo Miño. El abogado particular había recusado al tribunal en pleno e incluso a Escobar Cello. Esa presentación fue rechazada, pero el profesional recurrió. La resolución del Tribunal fue clara: no había motivos para la recusación. Incluso, Berros le indicó a Miño que "actúe a favor de los verdaderos intereses de los imputados". "La causa de mención tiene su origen más alejado en el tiempo, ya que las víctimas comenzaron a denunciar en 1984. La suspensión deviene violatoria de los derechos de víctimas e imputados", leyó Berros con todas las letras. Y aunque no lo dijo de ese modo, le pidió a Miño que deje de dilatar el proceso. De hecho, le indicó que el Tribunal ya no aceptará planteos por escrito. De ese modo, limitarán las posibilidades de suspender o retardar audiencias para tratar planteos de las defensas. "No debe olvidarse que se trata de los delitos más graves que puedan juzgarse, los de lesa humanidad", dijo también la presidenta del Tribunal, que viaja desde Entre Ríos para este juicio, al igual que López Arango. Ivón Bella y Escobar Cello vienen desde Santa Fe.
Tras la parada de carro de Berros a Miño, comenzaron a leerse los requerimientos de la causa que investiga la privación ilegal de la libertad de Graciela Borda Osella, en la que el único acusado es Lofiego.
Para cumplir con la disposición de la Cámara de Casación Penal que dispuso medidas para agilizar los procesos, la secretaria del Tribunal Silvana Andalaf leyó un resumen de cada requerimiento de elevación a juicio, sin entrar en las justificaciones jurídicas que muchas veces se repiten. Los casos, el grado de participación de cada imputado y la calificación legal fueron los aspectos que se leyeron en la causa Ibarra, Fermoselle, Olazagoitia, Travagliante, Vallejo y Dogour.
Afuera, como en cada inicio de juicios por crímenes de lesa humanidad, una pequeña multitud se congregó en la vereda de Oroño 940. Circularon mates, pancartas, hubo una radio abierta y la certeza de que el sexto juicio en la ciudad era un hecho. A partir del jueves próximo, desde las 10, será el turno del aguante, ese abrazo colectivo a testigos víctimas y querellantes que se enfrentan, esta vez en Tribunales, a sus represores.
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