Estupor y repudio de los organismos de derechos humanos.
(ver comunicado publicado) Vacaciones para los represores
El Tribunal Federal Oral flexibilizó las medidas de control a los cinco imputados de la causa Díaz Bessone que permanecen en libertad. Lofiego, Marcote, Scortecchini, Vergara y Chomicki sólo deberán firmar lunes y viernes durante la feria judicial.
Por José Maggi
El Tribunal Oral Federal Nº 2 flexibilizó los requisitos de control sobre los cinco imputados de la Causa Díaz Bessone. Sin haber notificado a las querellas, el tribunal le permitió a José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Antonio Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicki -que mantienen su libertad en el curso del juicio por delitos de lesa humanidad- que sólo se presenten a firmar ante el Patronato de Liberados los días lunes y viernes. En tres oportunidades la fiscalía federal pidió la detención de los imputados, y se la negaron, en tanto la querella hizo lo propio al principio del juicio, pero no obtuvieron respuesta alguna. El TOF ni siquiera les contestó.
La agrupación Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la COAD (gremio que nuclea a los docentes universitarios), junto a otras organizaciones, denunciaron "con mucho pesar e indignación", una vez más, "las infamantes condiciones en que los imputados del juicio oral de la causa Díaz Bessone transitan por las audiencias" y pusieron el grito en el cielo por la flexibilización de los requisitos de control.
Ramón Genaro Díaz Bessone es el único de los seis imputados que cumple prisión domiciliaria. "Desde el primer día del debate, allá por julio de 2010, las querellas y el ministerio público fiscal solicitaron la detención de los juzgados, que gozaban inexplicablemente de libertad. En tres oportunidades el Tribunal Oral Federal 2 negó la solicitud, aún cuando la propia Corte Suprema de Justicia estableció los cánones a tener en cuenta en estos casos", indicó la abogada querellante Gabriela Durruty.
"El pedido fue también realizado por los distintos testigos que valientemente aportaron su relato en las audiencias, casi como un requerimiento desesperado. A pesar de los años de democracia, de la nulidad de las leyes de impunidad y del desarrollo de los juicios, siguen cruzándose por las calles con sus verdugos", afirmaron por su parte en un comunicado de prensa los organismos de derechos humanos.
Segun Durruty, "la fragilidad del control quedó expuesta cuando José Scortecchini se ausentó de su domicilio durante los controles que se realizan para comprobar su comparecencia y con la excusa de un presunto corte de luz, de no escuchar el timbre, y otros pretextos por el estilo, lejos de perder el injusto beneficio, fue premiado por el tribunal con dos horas más para ausentarse de su domicilio".
Por su parte según denunciaron Familiares, la Liga y APDH, "al comienzo de la feria judicial la situación se agravó. El tribunal suspendió prácticamente todas las medidas de sujeción ordenadas. Ya no deben permanecer en sus casas sin ausentarse más de dos horas, ni estar de lunes a miércoles a disposición del tribunal, sino simplemente registrar sus firmas en el patronato de liberados los días lunes y viernes. Sólo eso".
Los denunciantes especificaron que "después de un nuevo rechazo al recurso interpuesto por la fiscalía, después de ignorar por completo a las querellas, que no fueron notificadas", el Tribunal Federal Oral decidió hacer aún más leves los mecanismos de control. La indignación de los organismos de derechos humanos se debe, además, al ninguneo hacia las querellas, "a pesar de que en un escrito conjunto, todas manifestaron con claridad al tribunal su legitimación para intervenir en estas decisiones de trascendencia para sus representados".
El caso de Scortecchini es quizás el más grotesco: el ex policía enjuiciado por terrorismo de estado en la causa Díaz Bessone, argumentó ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 los primeros días de marzo que no estaba en su domicilio de Saavedra al 2600 porque estaba desempeñándose como instructor en la escuela de aviación Flying Time Srl.
Scortecchini no había podido ser hallado en su vivienda de Saavedra y Callao en la mañana del jueves 3 de marzo porque "estaba en el patio con albañiles y al no haber energía eléctrica, no funcionó el timbre", y no escuchó los llamados a viva voz que le realizaron los empleados civiles del Patronato de Liberados que lo chequea dos veces por semana entre jueves y domingo.
Según el Tribunal que le otorgó ese beneficio Scortecchini no podía ausentarse por más de dos horas de esa dirección "salvo por razones urgentes de salud, y además deberá informarse si está realizando alguna actividad laboral y en este caso indicar el lugar y horario que lo hace". El imputado comunicó que los jueves, viernes y sábado, de 14 a 19, presta servicios como instructor. Ahora el TOF le amplió en dos horas el permiso.
El Tribunal Federal Oral flexibilizó las medidas de control a los cinco imputados de la causa Díaz Bessone que permanecen en libertad. Lofiego, Marcote, Scortecchini, Vergara y Chomicki sólo deberán firmar lunes y viernes durante la feria judicial.
Por José Maggi
El Tribunal Oral Federal Nº 2 flexibilizó los requisitos de control sobre los cinco imputados de la Causa Díaz Bessone. Sin haber notificado a las querellas, el tribunal le permitió a José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Antonio Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicki -que mantienen su libertad en el curso del juicio por delitos de lesa humanidad- que sólo se presenten a firmar ante el Patronato de Liberados los días lunes y viernes. En tres oportunidades la fiscalía federal pidió la detención de los imputados, y se la negaron, en tanto la querella hizo lo propio al principio del juicio, pero no obtuvieron respuesta alguna. El TOF ni siquiera les contestó.
La agrupación Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la COAD (gremio que nuclea a los docentes universitarios), junto a otras organizaciones, denunciaron "con mucho pesar e indignación", una vez más, "las infamantes condiciones en que los imputados del juicio oral de la causa Díaz Bessone transitan por las audiencias" y pusieron el grito en el cielo por la flexibilización de los requisitos de control.
Ramón Genaro Díaz Bessone es el único de los seis imputados que cumple prisión domiciliaria. "Desde el primer día del debate, allá por julio de 2010, las querellas y el ministerio público fiscal solicitaron la detención de los juzgados, que gozaban inexplicablemente de libertad. En tres oportunidades el Tribunal Oral Federal 2 negó la solicitud, aún cuando la propia Corte Suprema de Justicia estableció los cánones a tener en cuenta en estos casos", indicó la abogada querellante Gabriela Durruty.
"El pedido fue también realizado por los distintos testigos que valientemente aportaron su relato en las audiencias, casi como un requerimiento desesperado. A pesar de los años de democracia, de la nulidad de las leyes de impunidad y del desarrollo de los juicios, siguen cruzándose por las calles con sus verdugos", afirmaron por su parte en un comunicado de prensa los organismos de derechos humanos.
Segun Durruty, "la fragilidad del control quedó expuesta cuando José Scortecchini se ausentó de su domicilio durante los controles que se realizan para comprobar su comparecencia y con la excusa de un presunto corte de luz, de no escuchar el timbre, y otros pretextos por el estilo, lejos de perder el injusto beneficio, fue premiado por el tribunal con dos horas más para ausentarse de su domicilio".
Por su parte según denunciaron Familiares, la Liga y APDH, "al comienzo de la feria judicial la situación se agravó. El tribunal suspendió prácticamente todas las medidas de sujeción ordenadas. Ya no deben permanecer en sus casas sin ausentarse más de dos horas, ni estar de lunes a miércoles a disposición del tribunal, sino simplemente registrar sus firmas en el patronato de liberados los días lunes y viernes. Sólo eso".
Los denunciantes especificaron que "después de un nuevo rechazo al recurso interpuesto por la fiscalía, después de ignorar por completo a las querellas, que no fueron notificadas", el Tribunal Federal Oral decidió hacer aún más leves los mecanismos de control. La indignación de los organismos de derechos humanos se debe, además, al ninguneo hacia las querellas, "a pesar de que en un escrito conjunto, todas manifestaron con claridad al tribunal su legitimación para intervenir en estas decisiones de trascendencia para sus representados".
El caso de Scortecchini es quizás el más grotesco: el ex policía enjuiciado por terrorismo de estado en la causa Díaz Bessone, argumentó ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 los primeros días de marzo que no estaba en su domicilio de Saavedra al 2600 porque estaba desempeñándose como instructor en la escuela de aviación Flying Time Srl.
Scortecchini no había podido ser hallado en su vivienda de Saavedra y Callao en la mañana del jueves 3 de marzo porque "estaba en el patio con albañiles y al no haber energía eléctrica, no funcionó el timbre", y no escuchó los llamados a viva voz que le realizaron los empleados civiles del Patronato de Liberados que lo chequea dos veces por semana entre jueves y domingo.
Según el Tribunal que le otorgó ese beneficio Scortecchini no podía ausentarse por más de dos horas de esa dirección "salvo por razones urgentes de salud, y además deberá informarse si está realizando alguna actividad laboral y en este caso indicar el lugar y horario que lo hace". El imputado comunicó que los jueves, viernes y sábado, de 14 a 19, presta servicios como instructor. Ahora el TOF le amplió en dos horas el permiso.
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