Base alegatos contra represores

EL EQUIPO JURIDICO DE H.I.J.O.S. ROSARIO ADELANTA LOS FUNDAMENTOS DE LO QUE SERAN LOS ALEGATOS EN LA ETAPA FINAL DEL PROCESO A LOS REPRESORES.

"Estos juicios tienen un valor colectivo y otro de reparación para las víctimas"

En medio de la feria judicial, los abogados de la organización preparan los alegatos junto a los querellantes. Respecto de lo actuado hasta aquí ponderaron el criterio del Tribunal Oral Federal número 2, que es uno de los pocos en el país en homologar las desapariciones forzadas de personas con homicidios. Pero también destacaron: "Estos no son los juicios que queremos, son los que tenemos".

 

Por Sonia Tessa

Con el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Rosario en un impasse por la feria judicial, el equipo jurídico de H.I.J.O.S. prepara los alegatos en conjunto con los querellantes que patrocinan. Y plantearon un balance crítico del proceso, del que fueron impulsores en 2002. Por un lado, ponderaron el criterio del Tribunal Oral Federal número 2, que es uno de los pocos en el país en homologar las desapariciones forzadas de personas con homicidios, pero también destacaron: "Estos no son los juicios que queremos, son los que tenemos". Ana Oberlin, Lucas Ciarnello, Alvaro Baella y Nadia Schujman son los abogados de la organización H.I.J.O.S que patrocinan, entre otras víctimas directas y familiares, a los querellantes Sebastián Alvarez (hijo de Raquel Negro) y -recientemente a Sabrina Gullino (hija de Negro y Tulio Valenzuela, que recuperó su identidad hace un año y medio). Para estos abogados y militantes de derechos humanos, lo importante es que se dicte la sentencia contra los represores. "Queremos que estén presos y de por vida", dijo Oberlin. Hubieran querido ver condenados a Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo antes de fin de año, pero las audiencias se dilataron. "No están todos los delitos ni todos los imputados, por distintas razones. Una es la forma misma en que se llevó adelante la represión. Ellos se ampararon en los alias, y tuvieron diversas formas de ocultar su identidad", agregó Oberlin.

 

Los profesionales entienden que estos juicios tienen un valor colectivo, pero también de reparación para las víctimas. Por eso comparten el proceso de escritura de alegato. "Con ellos discutimos y tomamos mandato en cuanto a los pedidos de pena. Y por eso trabajaremos junto a ellos los alegatos, van a escribir una parte", afirmó Baella. Por su parte, Oberlin subrayó: "Estos juicios no son nuestros, son históricos, tienen una trascendencia social inusitada, pero básicamente son los juicios de las víctimas. Hay que respetar mucho lo que quieren las víctimas y cómo los impacta esta situación. Porque estos son juicios de todos, pero los actores en los que se encarna este proceso son las víctimas concretas". Para la abogada, uno de los ejes de su trabajo es "tener en cuenta qué les pasa a las víctimas que están poniéndose en juego y pasando por el dolor que les implica pasar por esto".

 

El 1 de diciembre de 2002, los abogados de H.I.J.O.S. hicieron una presentación pidiendo la reapertura de las causas que habían sido truncadas por las leyes de punto final y obediencia debida. Pasaron siete años y cuatro jueces de instrucción hasta que lograron sentar a los represores en el banquillo de los acusados. En el medio, un hito se produjo el 8 de octubre de 2003, cuando el entonces juez federal Omar Di Jerónimo declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón.

 

* Raquel Negro. "A nosotros nos cuesta que se imputen todos los delitos", indicó Oberlin. El caso más emblemático es el de Raquel Negro, que fue secuestrada en Mar del Plata en enero de 1978, junto a su pareja Tulio Valenzuela, y su pequeño hijo Sebastián, de un año y medio. Ella estaba embarazada, y "estando cautiva dio a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná, se supone que en los primeros días de marzo. En 2004, cuando Sebastián se presentó como querellante, sus abogadas "el escrito está firmado por Oberlin y Schujman pidieron que se investigue "la privación ilegítima de la libertad de Sebastián Álvarez; la desaparición de Raquel Carolina Negro (debido a que la última vez que fue vista con vida fue estando secuestrada en los centros clandestinos de detención aquí investigados), así como también sobre la apropiación y supresión de identidad de sus hijos". No lograron que la fiscalía aceptara la privación ilegítima de la libertad del niño. "Después, cuando Eduardo Costanzo empezó a hablar, dijo que Raquel Negro había sido asesinada en Paraná, y luego traída acá. La fiscalía tomó el criterio de que la desaparición de esta víctima debía investigarse en Paraná, y así fue", indicó Oberlin, como una prueba de las dificultades que encontraron durante los siete años de proceso. "En ese momento, perdimos como en la guerra", dijo sobre las diferencias entre lo que pidieron y lo que obtuvieron. Y señaló que no es el único delito que para ellos falta en el proceso. "En esta causa hay varios niños privados de la libertad con sus padres, como Pablo del Rosso", agregó la abogada. También Victoria, la hija de Marta María Forestello, fue secuestrada junto a su madre siendo una beba. Oberlin reiteró: "No todos los delitos que nosotros pedimos quedaron dentro de este juicio". En ese punto, mencionó las discrepancias de criterios que surgieron del paso de cuatro jueces de instrucción diferentes, así como "las reticencias propias del Poder Judicial para investigar este tipo de delitos".

 

* Cecilia Nazabal. Para los abogados de H.I.J.O.S., el paso del tiempo tuvo una consecuencia muy dolorosa. "En el medio de este juicio se murió Cecilia Nazabal, eso fue un golpe tristísimo. Y tiene que ver con la dilación", dijo Oberlin. En medio del dolor por lo irreparable, la abogada consideró que Cecilia fue "la que más tiempo le dedicó a la causa, quien desarrolló buena parte de la investigación. Fue terrible que se muriera como se murió, sin haber podido declarar".

 

Pero allí también tienen algo para decir, ya que Cecilia "con la salud deteriorada, pero en pie concurrió a las primeras audiencias, donde se leyeron los requerimientos de elevación a juicio, las únicas que pudieron ver los testigos antes de sentarse frente al Tribunal. "Nosotros hicimos una presentación donde pedimos que declararan los ofendidos "es decir, las víctimas y sus familiares en primer lugar. Eso se resolvió desfavorablemente", recordó Baella, quien puntualizó que la presentación de H.I.J.O.S. estuvo en línea no sólo con el Código Procesal Penal de la Nación, sino también con la doctrina internacional de derechos humanos, con los tratados internacionales sobre los derechos de las víctimas de delitos de lesa humanidad. "A los familiares les generaba muchísima angustia y dolor la espera, porque tampoco podían participar del juicio", apuntó Baella. Y Oberlin fue más allá: "No fue anecdótico, al contrario. Cecilia estaba muy ansiosa, esperando desde hace muchos años. No sólo 32 años, sino los últimos siete. Y ella fue una pionera. Primero, la audacia de intentar presentarlo, poner la cara. Luego, que se animaran a ir, a pararse frente a los jueces. No hay que olvidar que en 2002 la situación era muy diferente, y aquello fue un acto de audacia". También recordó que "Cecilia participó en todas las testimoniales de la etapa de instrucción, y siempre aportaba muy buenas preguntas. Fue muy activa durante todos los años de la investigación".

 

Por eso, destacaron la movida realizada al principio del juicio para lograr que primero declararan las víctimas. "No esperábamos, por supuesto, la muerte de Cecilia, pero nos parecía injusto sustraer a los familiares que eran además testigos, de la posibilidad de presenciar el juicio", indicó Oberlin.

 

En cambio, en la causa Guerrieri, comenzaron los testigos contextuales, como el presidente del CEMIDA, Horacio Ballester, y periodistas que escribieron sobre estos temas. Sólo el sobreviviente Jaime Dri declaró en las primeras audiencias.

* Homicidios. Aún así, y con el juicio en marcha, subrayan enfáticamente el criterio del Tribunal, que sentará precedentes. "La interpretación del Tribunal fue que en virtud de cómo se dieron las privaciones ilegítimas de la libertad y el tiempo transcurrido, se trata de homicidios", indicó Ciarnello.

Un balance crítico no puede ignorar que este juicio tiene algunas particularidades: un integrante de la patota que relata, por ejemplo, cómo asesinaron a los 14 militantes que estuvieron alojados primero en Quinta de Funes, luego en la escuela Magnasco y más tarde en La Intermedia, donde los mataron. Y también la presencia de un sobreviviente "Jaime Dri que puede identificar por nombre de guerra a los cinco imputados, a los que les vio la cara. "Es distinto, sin dudas, de otras causas que llevamos en otros lados, en las que hay muchos sobrevivientes, pero estaban todos tabicados y no podían ver a sus captores. Por eso, hoy no pueden identificarlos", dijo Oberlin. Y Ciarnello aportó: "En esta causa tenés a todos los imputados con autorías directas, no tenés que recurrir a las inferencias de las víctimas".

 

* Instancia reparadora. Por otra parte, los abogados de H.I.J.O.S. valoraron que "este juicio fue una instancia reparadora para los familiares de las víctimas". Y mencionaron, por ejemplo, a la familia de Marta María Benassi, a quienes ellos no representan. "Porque habían sido muy vapuleados por el tema de la actitud colaboracionista de los que hoy están desaparecidos", indicaron.

 

Para Oberlin, "este juicio viene a poner las cosas en su lugar, y determina quiénes fueron las víctimas militantes y quiénes los represores". La posición debatida por H.I.J.O.S. es que "toda persona que entró por la fuerza a un centro clandestino de detención es víctima". Sobre los prisioneros de Quinta de Funes, para Oberlin, forma parte de "la terrible perversión con la que se llevó adelante el sistema represivo, por eso tiene aristas particulares". Al tiempo que recordó que los cautivos "tenían a sus familias de rehenes, los represores sabían donde vivía cada uno de sus familiares, y esa era la presión constante. Además, el grupo operativo visitaba a las familias en actitud intimidatoria". Para la abogada, "no se puede igualar a alguien que está libre con alguien que está detenido". Por eso, afirmó: "No queremos negar que tiene particularidades, pero queremos que quede muy claro con la sentencia que ésta fue una cara de la perversa represión ilegal".

La causa conocida como Quinta de Funes investiga 14 desapariciones, y Fábrica de Armas otras tres. Las privaciones ilegítimas de la libertad son 28, así como la aplicación de tormentos.