El represor esperaba "reconocimiento"

DECLARO EL EX JEFE DE LA POLICIA FEDERAL DE SAN NICOLAS

Muñoz es uno de los tres imputados en el juicio por la represión en la ciudad bonaerense señaló ante el Tribunal. Dijo que entregó al único sobreviviente de la masacre de la calle Juan B. Justo, por entonces un bebé de cinco meses.

 Por Sonia Tessa

Jorge Muñoz era jefe de la Policía Federal en San Nicolás el 19 de noviembre de 1976, y como tal, fue uno de los responsables de la masacre de la calle Juan B. Justo, en la que a las 6 de la mañana del 19 de noviembre de 1976 asesinaron a Omar Amestoy, Ana María Fettolini, María Eugenia y Fernando Amestoy y Ana María Granada. El comisario general retirado es uno de los tres acusados en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en esa ciudad del norte bonaerense. Ayer, frente al Tribunal Federal Oral número 2, decidió ejercer el derecho a la declaración indagatoria, que es una herramienta de defensa, y como tal, no lo obliga a decir la verdad. Así, planteó frente al Tribunal que esperaba "si no una felicitación, al menos un reconocimiento" por haber entregado al único sobreviviente de esa masacre, un bebé de cinco meses, a los profesionales del hospital San Felipe y a la justicia. Aquel niño protegido apenas por un colchón creció con la identidad cambiada y a los 19 años supo que era Manuel Goncalves Granada. Hoy es querellante de la causa. "Si bien algunos miembros de otras fuerzas, por los motivos que tuvieran, han sido sancionados por quedarse con bebés en forma no normal, a quienes hemos actuado de acuerdo a la ley, no entiendo por qué se me sindica como autor mediato, si las circunstancias están claras", se defendió para dar pie al relato de lo que siempre calificó como "enfrentamiento", una versión desmentida por el estado de indefensión de las víctimas.

En la jornada de indagatorias, el responsable de la represión en San Nicolás, que fuera jefe del Area 132 del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, Manuel Fernando Saint Amant, acusado en las tres causas que se tramitan, se abstuvo de declarar. La causa Alvira juzga la desaparición de los militantes santafesinos María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Angélica Spotti, así como sustracción de bienes y secuestro de los niños Fernando Alvira, Víctor y Matías Almada. En tanto, la tercera causa es por el secuestro y torturas a José Emilio Mastroberardino. Tampoco habló quien fuera jefe del Batallón de Ingenieros 101 de San Nicolás, Antonio Bossie, acusado solo por la masacre de la calle Juan B. Justo, como Muñoz.

En la indagatoria, Muñoz se refugió en el confuso relato de un supuesto enfrentamiento. Según su declaración, fueron al lugar sin datos previos de inteligencia, sino a "ver qué había en esa casa", como resultado de un anónimo, después de otro enfrentamiento fraguado en el barrio Las Mellizas. En realidad, según publicó Página/12 el 8 de abril pasado, existió un enfrentamiento en esa vivienda, pero fue entre policías de la provincia de Santa Fe y federales de San Nicolás, y como consecuencia del intercambio de disparos murieron dos agentes de la Federal, Vicente Testa y Carlos Loyola. Ese supuesto enfrentamiento se utilizó como excusa para el operativo que se realizó pocas horas después en la calle Juan B. Justo.

Según contó, golpeó la puerta de la casa, al grito de "policía" y recibió como respuesta dos disparos. Luego, siempre según la indagatoria, permaneció escondido enfrente de la vivienda atacada, y el teniente del Ejército que lo acompañaba pidió refuerzos, que llegaron al mando de Bossie. Pese a las dificultades para actuar desde el escondite, Muñoz dijo haber dado órdenes para que tiraran la granada de gases lacrimógenos por la claraboya del baño. Esas emanaciones provocaron la muerte por asfixia de María Eugenia y Fernando, de 5 y 3 años. El presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, le preguntó si Bossie había hecho referencia a la existencia de niños en el lugar. Según Muñoz -y en contra de las declaraciones de testigos del barrio -el militar había gritado: "Si hay menores, déjenlos salir". Muñoz también relató el intento de fuga de Ana Granada. Cuando el magistrado le preguntó cómo podría haberlo visto desde su escondite, Muñoz debió reconocer que repetía el relato del suboficial Fernando Gandulfo, autor de los disparos que terminaron con la vida de la militante. De hecho, Venegas Echagüe también le preguntó si él había dado la orden de ultimarla, y él dijo que Gandulfo había actuado en defensa propia. El cuerpo de Granada tenía 14 impactos de bala.

El ex comisario de la Federal también repitió el argumento de los suicidios de Omar Amestoy y Fettolini, que fue totalmente desacreditado por varias pruebas. De acuerdo con el legajo de Conadep, el matrimonio recibió disparos a quemarropa. Sin embargo, Muñoz relató que Bossie había ingresado a la casa de la calle Juan B. Justo cuando los tres adultos estaban muertos, y que él lo acompañó. También esta cronología difiere de los relatos de testigos. Según la versión policial, cuando entraron, vieron los cuerpos del matrimonio con disparos, ella en el parietal izquierdo y él en el derecho. Más tarde, cuando Venegas Echagüe quiso indagar si había podido comprobar con sus sentidos ese dato tan preciso, admitió que lo había leído en el expediente realizado durante la misma dictadura por el juez Luis Milesi, en el que se omitieron importantes pruebas. Después de varias contradicciones, Muñoz decidió no hablar más.

Fernando Alvira, hijo de desaparecidos en San Nicolás

Un momento de sensaciones encontradas

Tenía nueve meses cuando el Ejército secuestró a sus padres. Fue enviado a un orfanato, donde sus abuelos maternos fueron a buscarlo. En la causa por la sustracción de Fernando está acusado Saint Amant en el juicio oral y público que se realiza en Rosario.

 Por Sonia Tessa

Fernando Alvira tenía nueve meses el 5 de mayo de 1977, cuando un grupo de tareas del Ejército irrumpió en la casa de San Nicolás en la que vivían su mamá, María Cristina Alvira; su papá, Horacio Arístides Martínez, y donde estaba de visita Raquel Alvira, hermana de su madre. Cuando las fuerzas bajo las órdenes de Manuel Fernando Saint Amant, por entonces jefe del Area 132 del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, secuestraron a los tres militantes, dejaron al bebé a cargo de un vecino, Juan Perazzo, con estrictas órdenes de llevarlo a un orfanato. El vecino cumplió, y el bebé permaneció muchos días en la institución, hasta que los abuelos maternos fueron a buscarlo. Allí, el sacerdote Miguel Regueiro les exigió a Carlos Alberto Alvira y su esposa que firmaran un documento incriminando a los hoy desaparecidos por actividades que entonces se denominaban "subversivas". Desesperados por recuperar al niño, el documento fue firmado. "Solamente bajo esa coerción me entregaron", dijo ayer, en la puerta de los Tribunales federales, Fernando, aquel bebé. En la causa por la sustracción de Fernando está acusado Saint Amant en el juicio oral y público que se realiza en el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario. Con un cúmulo de "sentimientos encontrados", Fernando llegó ayer para escuchar la audiencia, pero no pudo entrar porque comenzó la etapa del juicio en la que no ingresan testigos ni querellantes. En su caso, también estaban procesados Regueiro y Diego Ricardez, que murieron.

Fernando tiene 35 años y será papá por primera vez en setiembre. Cuando tenía nueve meses, la vuelta con su familia demoró. "Estuve unos cuantos días, hasta que mis abuelos maternos se enteraron de lo que pasó. En esa época no había internet, celulares, no había teléfonos prácticamente", sitúa el relato. La familia Alvira vivía en una pequeña colonia agrícola del norte santafesino, Colonia San Roque, cerca de Reconquista. Entonces, las familias materna y paterna se pusieron de acuerdo para que el niño creciera en la ciudad de Santa Fe, donde vivían los padres de Horacio Martínez. "Con la expectativa de que mis viejos se convirtieran en presos legales, y quedaran detenidos en Coronda o Las Flores, decidieron que me criara en Santa Fe con la familia de mis abuelos paternos", continúa su relato. La relación con los Alvira fue siempre fluida. De hecho, ayer, en la puerta de los Tribunales Federales, Fernando ﷓que vive en La Plata﷓ aprovechó para "ponerse al día" con su tía Adriana Alvira ﷓hermana de María Cristina y Raquel﷓ y sus primos. Todos ellos residen en Romang, y vienen a las audiencias a presenciar el esperado juicio.

"Este momento genera un cúmulo de sensaciones completamente encontradas. La satisfacción de algo que por fin se logró, que me parece increíble, pero por otro lado está la sensación de que quisiera tener a mi viejos", se sincera Fernando, que se crió con la firme advertencia de sus abuelos de evitar cualquier participación política ya sea en la escuela secundaria, la Industrial de Santa Fe, como en la Universidad Nacional del Litoral, donde Fernando estudió Ingeniería química. "Estaba pensando en el viaje hacia acá que esta pequeña lucha personal hace que el país que les dejemos, o que yo le deje a mis hijos, sea un poquito más justo. Es otro motivo para decir yo tengo que estar acá", dijo en la mañana fría de ayer, este científico, que es investigador del Conicet, del Centro de Investigaciones Opticas, donde trabaja con láseres de alta potencia, y también es docente de la Universidad Nacional de Quilmes.

Impulsan la investigación de los delitos económicos cometidos contra la Biblioteca Vigil

"Es una deuda con nuestra democracia"

Lo dijo el fiscal federal Stara que ya emitió el dictamen correspondiente. También fueron aceptados como querellantes los ex directivos de ese proyecto cultural que fue desmantelado por la dictadura militar.

 Por Lorena Panzerini

Eran poco más de las dos de la madrugada del 10 de mayo de 1977, cuando Augusto Duri recién llegaba a su casa, después de vender bizcochos en Cañada de Gómez. Era el trabajo que había conseguido tras ser removido de la presidencia de la biblioteca Constancio C. Vigil, por el terrorismo de estado, que buscaba "normalizar" la institución mediante una intervención. Todavía estaba despierto cuando "gente de la Armada" irrumpió en su casa para llevárselo, al igual que en las de otros siete miembros de la comisión directiva. Casa por casa, todos fueron cargados en un camión para terminar en la Jefatura de Policía de Rosario, donde fueron detenidos y torturados, hasta la Navidad de ese año. Treinta y cinco años después, Augusto, su hija Celina ﷓que tenía 11 años cuando fue sometida a interrogatorio por Telmo Alcides Ibarra, integrante de la Patota de Feced, con un arma sobre su escritorio﷓, y los ex directivos Raúl y Antonia Frutos, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fueron aceptados como querellantes en la causa que investigará esos delitos de lesa humanidad. La Justicia Federal también apuntará a investigar los delitos económicos, que no tienen antecedentes en la provincia, contra el patrimonio social y cultural de la Vigil. "Vamos a ver reactivada la biblioteca", se esperanzó Augusto, orgulloso.

Pocos días antes que comenzara la feria judicial, el juez Federal Nº 4, Marcelo Bailaque, resolvió tener por parte querellante a los ex directivos de la biblioteca, en la causa Feced. También resolvió aceptar la participación de la APDH, para impulsar la investigación de los hechos que tuvieron como víctimas a los ex directivos y a la hija de uno de ellos.

En tanto, la semana que viene el fiscal de la causa, Gonzalo Stara, impulsará el dictamen para iniciar formalmente la investigación de los delitos económicos cometidos en la ex Biblioteca Popular, que revisten la categoría de delitos de lesa humanidad por su conexión con los hechos de los que fueran víctimas los directivos de la mutual, sobrevivientes del Servicio de Informaciones, enmarcados todos ellos en el plan sistemático de represión ilegal desplegado durante el terrorismo de estado, que incluyó numerosos delitos contra la propiedad que aún no fueron investigados.

La Vigil llegó a constituir su Editorial Biblioteca en el mayor proyecto editorial que funcionó en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado en el interior de Argentina. La última dictadura que asoló al país, la intervino el 25 de febrero de 1977. En ese entonces, se desarticuló la organización institucional, se persiguió y secuestró a sus dirigentes, se liquidó el sistema educativo con el cierre de numerosos cursos y escuelas, fueron cesanteados docentes, empleados y obreros, se interrumpieron prestaciones esenciales (guardería, servicio materno﷓infantil), se vendieron sus propiedades, se destruyeron o robaron no menos de 80 mil libros. Hechos que para la APDH y las víctimas constituyeron un "verdadero genocidio cultural" contra el patrimonio de "todos los rosarinos".

En diálogo con Rosario/12, el fiscal Stara señaló: "Solicité al juez Bailque que indague a los miembros de la denominada patota de Feced por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados cometidos en perjuicio de los ex directivos de Vigil en el ámbito del ex servicio de informaciones, y se encuentra pendiente de resolución". Al mismo tiempo, y en relación a los delitos económicos, indicó: "Propusimos la realización de una pericia contable. La investigación de los hechos que desmantelaran la experiencia de la Biblioteca Popular Constancio Vigil es una deuda de nuestra democracia. Desde la fiscalía investigaremos las responsabilidades que le cupieron a quienes llevaron adelante el desguace de la tan reconocida mutual, emblema de nuestra ciudad".

Según consta en la presentación de octubre pasado ante el fiscal Stara, el 25 de febrero de 1977, una "comisión normalizadora", apoyada por las fuerzas armadas de la policía, ingresó a la sede de la Biblioteca Vigil prohibiendo el acceso a los directivos. En marzo, la Comisión Directiva fue obligada a renunciar y en abril asumió como interventor el Coronel del Ejército retirado Sócrates Alvarado. Dos meses después, comenzó el secuestro de los miembros de la ex comisión directiva.

Tras ser aceptados como parte querellante, la APDH que dirige Norma Ríos en Rosario manifestó su satisfacción. "Como acompañantes de las víctima, nos parece importante que se sepa qué pasó con el patrimonio de la Vigil, luego que los represores se hicieron cargo de los destinos de la biblioteca", señaló Eliana Masegosa, abogada del organismo de Derechos Humanos. En ese sentido, aseguró que el de la dictadura fue "un plan sistemático": "Primero secuestraron a los directivos, después despojaron a la Vigil de todos sus bienes, para luego continuar con la persecución de alumnos, directivos y la quema de libros. No es casualidad lo que planteamos, y eso es lo que queremos demostrar como organismo ante la Justicia".

La APDH se presentó como querellante por ser un organismo de Derechos Humanos habilitado por el artículo 83, con la nueva modificación del Código Procesal Penal de la Nación. En ese sentido, las abogadas de la organización comenzarán con un trabajo de recolección de pruebas para "que haya una labor conjunta con el fiscal y que la ciudad pueda entender qué había en ese lugar de Alem y Gaboto".

El testimonio de Augusto Duri, a 35 años de la intervención de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, conmueve. A sus 78 años, el sueño de ver reactivada la esquina de Alem y Gaboto con el proyecto educativo que gestó su administración -y que poco después vio destrozado- cobra sentido con la investigación que comenzará la Justicia Federal. "La verdadera víctima de toda esta situación es la biblioteca. Porque nuestros secuestros fueron una excusa para la liquidación. El cese impactante de la educación y de la cuestión cultural de la biblioteca fueron en perjuicio de toda la comunidad", señaló el hombre, que encabeza la única lista para la elección de la nueva comisión directiva, el 30 de julio próximo. "Buscamos que la Vigil vuelva a desarrollar su tarea cultural, educativa y social que en su memento nos prestigió; que llegó a tener 20 mil socios y más de 350 empleados", rememoró. Según indicó, el ministerio de Educación de la dictadura militar le negó a los directivos de la biblioteca el permiso para lanzar la famosa rifa que se vendía en varias provincias del país. "Nos dijeron que no porque nuestra institución representaba un estado, dentro de otro estado". Pese a la situación terrible que le tocó vivir junto a su esposa y también a su padre, Platón Frutos, Augusto sostiene: "Guardo los buenos recuerdos", como si hubieran existido algunos, en medio de "sesiones de picana", por estar acusados de "flamear la bandera roja" en Alem y Gaboto.

Por primera vez comenzó un juicio por amenazas a testigos de crímenes de lesa humanidad

El día jueves 12 de julio comenzó en Santa Fe el juicio oral y público al ex policía de la Guardia Rural “Los Pumas”, ex PCI y ex docente cesanteado Juan José Luis Gil, acusado de amenazas agravadas a través de emails de una  organización autodenominada “La Hermandad”. Ante el Tribunal Federal compuesto por los Doctores María Ivon Vella, José Escobar Cello y Otmar Paulucci cada parte comenzó a plantear sus estrategias. La Fiscalía está a cargo del Dr. Martín Suárez Faisal.

La causa tuvo su origen a partir de una denuncia efectuada ante la Policía Provincial y luego en la Fiscalía Federal en el año 2009 por la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, de Reconquista (Santa Fe). Durante 5 meses de ese año numerosas personas, ENTRE ELLOS TESTIGOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD,  fueron amenazadas a través de correos electrónicos, hecho que causó gran conmoción social en el norte santafesino. Hasta que este represor fue detenido en octubre de ese año, en un allanamiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su domicilio.

Primer día

Luego de todos los trámites formales, impugnaciones frustradas por parte de los abogados de José Luis GIL, etc  éste hizo uso de su derecho a la defensa hablando durante más de cinco horas defendiéndose, acusando y disparando todo tipo de adjetivos hacia autoridades judiciales, policiales, docentes, ciudadanos diversos, instituciones de Reconquista  y a la Asociación Norte Amplio DDHH.

El día viernes  13 de julio testimoniaron Jorge Micelli, Pablo Rolón, Raúl Borsatti, Alejandro Vidoz y Hugo Ruiz. No haciéndolo por falta de tiempo Carlos Echegoy y Raúl Medina, mientras que Juan Carlos Arce, dueño de un ciber ubicado al lado del domicilio del policía Gil donde se crearon las casillas de correo falsas, presentó certificación de salud. Los testigos convocados hasta ahora son 30, entre ellos varios miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El juicio se reanudará el día 2 de agosto próximo previéndose en total una
duración de dos meses.

San Nicolás : un coronel acusado

 Por Sonia Tessa

La historia del militante montonero Víctor Almada podría ser parte de una película de acción. El 21 de abril de 1977 volvía a su casa, tras llevar a reparar la moto con la que corría carreras en San Nicolás. Anochecía cuando bajó del colectivo en la ruta 9. Alcanzó a ver un movimiento extraño en su casa. Allí estaban Regina Spotti, su esposa, y sus hijos Víctor, de un año y ocho meses, y Martín, de ocho meses. Escapó corriendo a través de un baldío, pasó por el hotel Desirée y rodeó la manzana para volver a ver qué pasaba. La casa se la alquilaban a José Emilio Mastrobernardino, que además vivía en una de las habitaciones. La vivienda fue destruida, como también el galpón donde Almada tenía su taller de tapicería. Lo único que podía hacer era escapar. No supo sino años después que la patota volvería un rato después por el propietario de la casa, para secuestrarlo y torturarlo con el objetivo de que delatara a su inquilino, aunque no supiera nada. Mastrobernardino falleció poco tiempo después.

El requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía en la causa Mastrobernardino se leyó ayer en la audiencia del primer proceso oral y público por delitos de lesa humanidad en San Nicolás, que realiza el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario. El único imputado en esta causa –una de las tres acumuladas– es el coronel Manuel Saint Amant, jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército.

Aquella noche, Almada se escondió detrás de las torres de alta tensión ubicadas frente a su casa, mientras observaba a 8 o 9 hombres llevarse a su esposa y sus hijos. Escuchaba llorar a los nenes, pero sabía que no podía entregarse, porque era hombre muerto. Estaba sucio, ya que había trabajado en el taller todo el día. Así, se fue a pedirle a un compañero del motociclismo la gauchada de guardarse durante la noche. Le prestaron plata y ropa para que fuera a buscar a su madre a la Capital Federal. El único objetivo era recuperar a los chicos. Después de varios días de idas y venidas, el propio Saint Amant les devolvió los niños a los abuelos maternos, los padres de Regina. Por eso está imputado también por la privación ilegítima de la libertad de los pequeños. Regina Spotti está desaparecida.

La misma noche del secuestro de su esposa y sus hijos, y después de que Almada lograra escaparse, la patota volvió para secuestrar al dueño del inmueble. A Mastrobernardino se lo llevaron, lo torturaron durante varios días, para que delatara a Almada. No podía hacerlo, ya que desconocía todo sobre su inquilino. Ni siquiera sabía que era militante de la Juventud Peronista. Cuando lo liberaron, la salud de Mastrobernardino estaba muy deteriorada, no sobrevivió mucho tiempo. Su privación ilegal de la libertad es la tercera causa acumulada en el juicio que se realiza en Rosario. No tiene querellantes porque su familia se negó. Tiempo después del secuestro, cuando Almada volvió a preguntar en qué podía colaborar, le dijeron que su presencia había sido dañina, que no querían verlo más. Y así lo hizo. Es la única de las tres causas que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario en la que sólo acusa el Ministerio Público Fiscal, representado por Adriana Saccone y Juan Murray.

El lunes 30 de julio, después de la feria, se retomarán las audiencias.

San Nicolás: El “nido de subversivos”

EL CASO DE LAS DESAPARICIONES EN SAN NICOLAS
Un grupo de ex alumnos del Don Bosco fue secuestrado por el Primer Cuerpo, que quería atacar al obispo local. La causa que ahora llegó a juicio gira sobre los delitos del genocida Manuel Saint Amant.

 Por Sonia Tessa

A los 54 años, José María Budassi siente un “reverdecer de la militancia”. Secuestrado a los 19, el 4 de mayo de 1977, era uno de los ex alumnos del colegio Don Bosco de San Nicolás a los que habían señalado como “elementos subversivos”, dentro de una estrategia que culminó con el accidente fraguado que sufrió el 11 de julio de 1977 el obispo Carlos Ponce de León. Justamente, entre la documentación que llevaba el prelado en viaje a Buenos Aires estaban los pedidos por el paradero de Budassi, a quien sus compañeros llaman Cholo. Su militancia incansable desde 1983 para reconstruir la memoria en una ciudad esquiva llegó a una primera meta el martes pasado, con el comienzo del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás.

Después de describirlo así, Budassi aclara que “todavía falta llegar a la sentencia”. No es poco. Manuel Saint Amant es el principal imputado, fue jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército entre octubre de 1975 y octubre de 1977, y por ende máximo responsable de la represión ilegal en la zona. La posibilidad de sentarlo en el banquillo estuvo en duda hasta marzo, cuando la fiscal Mabel Colalongo y los abogados de la querella impugnaron las pericias del Cuerpo Médico Forense que lo declaraban incapaz. “Quedó en evidencia que los genocidas están entrenados para fingir”, afirmó Budassi. La próxima audiencia es el miércoles, cuando se terminarán de leer los requerimientos de las querellas y la fiscalía.

Budassi es testigo en el juicio. Es querellante de la causa que investiga la desaparición de dos ex alumnos del colegio Don Bosco, Gerardo Cámpora y Carlos Farayi, y el secuestro de varios ex alumnos de la institución. Las querellas, representadas por los abogados de Hijos Rosario, Ana Oberlin, Lucas Ciarniello Ibáñez, Alvaro Baella y Carolina Ibáñez, pidieron que esa causa se acumulara con una de las que forman el juicio actual, la causa Alvira, pero no obtuvieron respuesta positiva.

Budassi estuvo encarcelado hasta la Navidad de 1982. Al salir, no se quedó quieto. En el verano de 1983 ya formaba parte del Grupo de Base por los Derechos Humanos de su ciudad y fue a volantear en la puerta del cine donde proyectaban la película Missing.

“Soy testigo en la causa que se llama Alvira, que reúne la desaparición de compañeros que eran militantes de la Juventud Peronista, que estaban viviendo en San Nicolás en aquel tiempo. Fui secuestrado como ellos en ese mismo período, que va del 21 de abril a los 10 primeros días de mayo del ’77. Estuvimos en los centros clandestinos con estos compañeros. En mi caso, con Regina Spotti, que yo la conocía de afuera, porque en el verano de 1976 militábamos juntos en los barrios de San Nicolás”, relata Budassi, con hablar pausado. “Cuando me llevaron a uno de los centros clandestinos en los que estuve, la brigada de investigaciones de San Nicolás, ella me escuchó y a la noche pudimos hablar. Fue el día después de caer, ésa fue la última noticia que nos quedó de Regina.”

La causa Alvira juzga la desaparición de Spotti, las hermanas Rosa Raquel y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio y Eduardo Reale. “El matrimonio de María Cristina Alvira y Horacio Martínez, y la cuñada de Martínez, cayeron el 4 de mayo. Yo escuché cuando los trajeron, incluso escuché la sesión de torturas. No los conocía, pero me di cuenta de que eran un matrimonio y que había otra mujer, y escuché la situación. Fue lo que más me conmovió, hasta intenté fugarme en ese momento. A raíz de eso tuvieron que levantar ese centro clandestino y a mí me llevaron a la Brigada de Investigaciones”, relata Budassi sobre aquellos días.

Pasó por tres centros clandestinos de San Nicolás. “El 24 de mayo, un tipo al que llamaban ‘el jefe’, hizo una perorata toda la madrugada, era como que estábamos en un salón grande y a la madrugada a mí y a mi compañero de la escuela secundaria, Pablo Martínez (también testigo en esta causa) nos metieron en el baúl de un coche y nos llevaron a Junín. Allá hicieron un simulacro de detención legal, digamos. Y del resto de los compañeros nunca más tuvimos noticias, nunca más supimos qué pasó.”

Budassi tiene claro que el secuestro de ellos tenía un fin específico para Saint Amant. “Querían armar un caso con ex alumnos del colegio Don Bosco. Detuvieron a compañeros nuestros que habían tenido en algún momento algún acercamiento, alguna militancia, alguna participación, y estigmatizaron al colegio como un nido de la subversión. Saint Amant, que era un ultracatólico preconciliar, tenía una confrontación con Ponce de León.”

Cuando cayó, Budassi recién comenzaba a cursar en la Escuela de Asistentes Sociales Diocesanos, que pertenecía al Obispado. “Hacía diez días que habían empezado las clases. Cuando me secuestraron, mi familia recurrió al obispo porque era un referente y porque yo venía del Don Bosco. Ponce de León tuvo una fuerte intervención, lo fue a ver a Saint Amant, insistió sobre mi paradero”, recordó el militante. “Me quedó claro que Ponce de León tuvo que ver con nosotros, porque cuando estábamos en Junín, en una oportunidad vino el subcomisario y me preguntó quién era yo. Cuando le dije que era Budassi, me dijo: ‘Ah, vos sos el que pidió el obispo’. A nosotros nos llevaron de Junín a San Nicolás como detenidos políticos el 8 de julio y el 11 Ponce de León tuvo un accidente de características muy similares al de (el obispo de La Rioja, Enrique) Angelelli. Viajaba a Buenos Aires, llevaba carpetas con los casos nuestros.”

Al ser liberado de la cárcel de La Plata, en la que pasó la mayor parte de su detención, Budassi tenía 25 años. “No bien salimos, con Pablo Martínez tratamos de empezar a recoger datos, cuando todavía no se sabía qué iba a pasar. Cuando se formó la Conadep, fuimos juntos y declaramos. En las listas de desaparecidos del informe, por coincidencia de fechas y averiguaciones con familiares, pudimos ligar los alias que conocíamos de los compañeros con sus nombres, sus caras y sus historias”, relató.

Para Budassi, la posibilidad de juzgar a Saint Amant debía cuidarse. “Era fundamental llegar a este juicio, más allá de que las causas particulares nuestras estuvieran o no, porque después hay entre ocho y diez causas que ya han sido elevadas para juicio oral, que estamos esperando que nos asignen fecha.” En todas, Saint Amant es el principal acusado. Por eso fue desesperante sentir que se escurría del proceso. “Su estrategia, como la de muchos genocidas, es la de su estado de salud. Le hicieron tres pericias, pero como había cierta connivencia entre el Cuerpo Médico Forense y las defensas, los entrenan a los genocidas para responder o conducirse en los tests que les hacen. Al introducir peritos de parte de organizaciones de la sociedad civil, se planteó otra batería de tests distintos. Y ahí quedó en evidencia que simulaba. Pero hasta hace poco todavía estábamos en ascuas sobre si iba o no a estar presente. Si era exceptuado, había dos causas que se caían”, explicó Budassi.

Como docente de Artes Gráficas de la Escuela de Artes de San Nicolás, Budassi se refugió durante la “década de amnesia” del ’90 en la investigación sobre la historia de vida de los compañeros desaparecidos y también en la enseñanza de la memoria a sus alumnos. En 2004, cuando se reactivaron las causas penales, todo era incertidumbre. “El juicio es como la culminación de un largo trecho, de un camino bastante largo. Yo lo cuento desde el ’83, cuando hicimos esa primera denuncia en la Conadep. Pero cuando empezamos esta etapa, que se abrió en 2003-2004, donde pasó a concretarse en un juicio penal, no sabíamos si íbamos a llegar a este lugar. Después, en el trayecto uno empezó a ver que íbamos a determinados lugares. El compromiso de las chicas y chicos de Hijos con las causas, sobre todo con esta Justicia que pone tantas trabas, es admirable, yo reverdecí mi militancia con ellos”, dice con una mirada que trasunta bondad y compromiso.

El desprecio por la vida de los hijos de los militantes populares

Una constante en la causa

Al asesinato de Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, ayer se recordaron los casos de la privación ilegítima de la libertad de Carlos Alvira, de nueve meses y de Víctor y Martín Almada, de un año y siete meses, secuestrados junto a su madre.

 Por Sonia Tessa

El desprecio por la vida de los hijos de los militantes populares es una de las constantes en las causas que forman parte del juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás. Al asesinato de Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, por emanación de gases lacrimógenos, ayer se sumaron otras muestras durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la otra causa, caratulada Alvira, donde se juzga la desaparición de seis militantes montoneros entre abril y mayo de 1977. En esa causa se detalla la privación ilegítima de la libertad de Carlos Fernando Alvira, de nueve meses, hijo de los desaparecidos María Cristina Alvira y Horacio Martínez, y también de Víctor y Martín Almada, de un año y ocho meses y siete meses. Estos dos bebés fueron secuestrados junto a su madre, María Regina Spotti, el 21 de abril de 1977, de su casa del kilómetro 4 de la ruta 188, en San Nicolás. Cuando irrumpió la patota, el esposo de la víctima, Víctor Almada, volvía a su hogar, y alcanzó a esconderse, aunque pudo observar cómo un grupo de entre 8 y 9 hombres vestidos de civil se llevaban a su familia. Tanto Fernando Alvira como Víctor y Martín Almada fueron restituidos después de algunos días a los abuelos, con intervención directa del principal imputado de la causa, Manuel Saint Amant, que era jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército. En el caso de Fernando Alvira, también participó el que era capellán del Batallón de Ingenieros, el sacerdote Miguel Regueiro, quien ofició de "mediador" para obligar a los abuelos maternos a firmar un documento que calificaba a sus hijas como delincuentes que habían abandonado al nene, bajo amenazas de impedirles que se lo llevaran. Regueiro estaba imputado en la causa, pero murió el año pasado. Lo mismo ocurrió con Diego Ricardes, otro imputado en la causa Alvira. De este modo, sólo Saint Amant responderá ante la justicia por estos crímenes.

Puntual, comenzó ayer la segunda jornada del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Con la presencia de Manuel Gonþalves, se completó durante la mañana la lectura de los requerimientos de elevación a juicio por la causa de la masacre de la calle Juan B. Justo 676, donde el 19 de noviembre de 1976 mataron a María del Carmen Fettolini, Omar Amestoy, los niños Fernando (3 años) y María Eugenia (5), así como a Ana del Carmen Granada, y en la que Manuel -que tenía cinco meses- fue el único sobreviviente porque su madre lo envolvió en colchones y lo escondió dentro de un placard. Frente a los imputados Saint Amant, Antonio Bossié y Jorge Muñoz, se leyó el requerimiento de la Fiscalía.

Luego comenzaron a leerse las requisitorias por la causa Alvira, que investiga la desaparición entre fines de abril y principios de mayo de 1977 de los militantes de la Juventud Peronista Raquel y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, María Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Regina Spotti, así como la privación ilegítima de la libertad de Fernando Alvira, y de los hijos de Spotti, Víctor y Martín Almada.

"Todos los casos investigados en estas actuaciones ocurrieron en San Nicolás, momentos en los que el imputado Saint Amant se desempeñaba como Jefe del Area 132 del Ejército", dice el requerimiento de la querella que representa a Víctor Almada, el marido de María Regina Spotti.

En cuanto a la desaparición de Spotti, también se juzgará la sustracción de los enseres, objetos de valor y materiales de trabajo que había en la casa, y fueron sustraídos por el grupo represivo. Regina Spotti fue escuchada por última vez con vida por José María Budassi mientras estaban detenidos ilegalmente en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás.

Otra de las víctimas de la causa Alvira es María Rosa Baronio, secuestrada el 4 de mayo de 1977, cuando caminaba por calle Bolívar de esa ciudad. Luego, allanaron su casa. Allí secuestraon a Eduardo Luis Reale, pareja de la joven. Los represores se llevaron todos los muebles, aunque después los devolvieron. La pareja estuvo secuestrada en un centro clandestino de detención que estaría ubicado cerca del Barrio Somisa.

Las otras tres víctimas, María Cristina Alvira, Raquel Alvira y Horacio Arístides Martínez fueron secuestrados el 5 de mayo, alrededor de las 11.30, de su casa ubicada en Alvear 1519, del barrio Santa Rosa. Allí entró un grupo de entre 10 y 15 personas, entre los que había personal de la Policía de Santa Fe y personal militar del Batallón de Ingenieros de Combate 101. En el operativo participaron al menos un patrullero de la policía y un camión del ejército, mas dos vehículos particulares. El hijo de María Cristina y Horacio, Fernando, de 9 meses, quedó al cuidado de un vecino, por orden de Saint Amant, presente en el operativo. Días después, le indicaron a ese vecino que debía entregar al niño en el Batallón 101, indicación que cumplió el 9 de mayo. El bebé permaneció en un orfelinato religioso y luego fue entregado a sus abuelos, previa firma del documento incriminador. "Mi mamá lloraba porque los amenazaban con no devolver el bebé, y mi papá tuvo que firmar", rememoró el primer día del juicio Adriana, la hermana de Raquel y María Cristina.